Lugar, fecha y hora del incidente:
Golf Costa Adeje, municipio de Adeje
19/01/2023
18:22 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Golf Costa Adeje, municipio de Adeje
19/01/2023
18:22 horas
El documento ya obtuvo el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias y entrará en vigor cuando se publique en el BOC
El ICAVI inicia en febrero el proceso de convocatorias trimestrales para que las familias que llevan viviendo como inquilinos en una vivienda pública antes de 1996 soliciten la propiedad.
A estos vecinos se les ofrecerá una bonificación del 50% del precio que deberían pagar por sus casas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 19 de enero, de manera definitiva, el decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas.
El documento fue elevado al Consejo de Gobierno tras la aprobación a finales de diciembre del Consejo Consultivo de Canarias, que emitió el dictamen preceptivo favorable al decreto impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.
Este Decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el BOC, permitirá a las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años acceder a su propiedad en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.
El Decreto aprobado hoy es el primero que se pone en marcha por el Gobierno de Canarias en diez años y viene a llenar el vacío y a calmar la incertidumbre ocasionada por anteriores gobiernos en los inquilinos de estas viviendas que querían acceder a su propiedad y no podían desde el año 2013.
El Ejecutivo, mediante este decreto, ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y, del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.
El ICAVI, tras la aprobación de hoy y su posterior publicación en el BOC, planifica iniciar a lo largo del mes de febrero la publicación de las distintas convocatorias para que las familias que lo deseen, y cumplan con los requisitos exigidos, soliciten la propiedad de las viviendas en las que viven como inquilinos. Estas convocatorias se publicarán de forma trimestral a lo largo de 2023 hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto. Una vez publicada cada una de estas convocatorias, los vecinos de los grupos incluidos en ellas tendrán hasta un año de plazo para solicitar la propiedad de la vivienda que habitan como inquilinos.
Con la aprobación de hoy, y su próxima entrada en vigor, con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.
Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.
Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.
La nueva norma persigue impedir el juego de los menores de edad, de las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y de los colectivos necesitados de especial protección
Revisa también el régimen sancionador en lo que afecta a la presencia de menores en establecimientos de juego y el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias
Prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y que el ente público RTVC emita publicidad que promueva el juego, tanto presencial como ‘online’
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, que será remitido ahora al Parlamento de Canarias para su tramitación reglamentaria por el trámite de urgencia y el procedimiento de lectura única.
La nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.
También prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego -tanto presencial como online-, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.
Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya había presentado al Gobierno, el 22 de abril de 2021, informe y texto articulado del Anteproyecto de Ley. Este, tras quedar enterado, había manifestado su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y había acordado que se continuara con su tramitación. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2022, ya como proyecto de ley, fue tomado en consideración por el Gobierno y remitido al Consejo Consultivo para su preceptivo dictamen.
Con la nueva ley se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.
En dicha resolución se instaba al Gobierno, en el ámbito de su competencia, a regular con eficacia la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego, exigiendo a estos la instalación no solo de un servicio de recepción a la entrada del inmueble, sino también de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en las máquinas de tabaco. Todo ello con el objetivo de impedir el juego a los menores de edad y a las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, también llamadas autoprohibidas, o a aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.
Además, se exhortaba al Ejecutivo canario a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego, hasta la entrada en vigor de la nueva norma, y a impulsar la creación de una mesa de expertos, junto con un proceso de participación ciudadana, para una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como para la puesta en marcha de suficientes campañas de información, prevención y concienciación en los distintos ámbitos que se estimen necesarios.
En cumplimiento de la citada resolución, el Gobierno de Canarias ya aprobó el Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas hasta el 31 de diciembre de 2020. Tras su promulgación, el Parlamento aprobó la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.
La disposición transitoria segunda de esta última ley establece que el Gobierno de Canarias impulsará, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la mencionada resolución, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos
El Consejo de Gobierno ha aceptado, en su sesión de hoy, la delegación del Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote), en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.
La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.
El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.
La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.
Hasta el momento, se han asumido 24 delegaciones de este tipo, repartidas entre evaluación ambiental estratégica de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos (tanto de ayuntamientos como de cabildos). Se encuentran en trámite otras cuatro delegaciones de corporaciones locales de las islas.
La nueva norma persigue sustituir la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, para afrontar las competencias asumidas tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias en la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial
Es responsable también de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para integrar las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración el proyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias y remitirlo al Consejo Consultivo de Canarias, para que emita, con carácter de urgencia, su preceptivo dictamen, debido a la cercanía del final de la presente legislatura y para garantizar la aprobación de la ley, en tanto que fija el marco de relaciones entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las islas en materia de seguridad policial.
La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.
Esta reforma ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto: las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias.
Tras la reforma, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos. Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.
Tales cometidos no se agotan con la regulación legal, sino que, con el fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo al reglamento su desarrollo más pormenorizado.
Esta nueva regulación no sólo es más ambiciosa en cuanto a su ámbito objetivo, sino que, igualmente, pretende incorporar a la normativa autonómica las innovaciones introducidas en la legislación estatal con incidencia en materia de policía local, como la policía de proximidad, el ejercicio de funciones de policía judicial, la posibilidad de asociacionismo municipal para el ejercicio de funciones asignadas a las policías locales o los cambios introducidos en la legislación funcionarial y sobre igualdad de género, atendiendo a las previsiones de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y acogiendo, asimismo, las previsiones de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de Igualdad Social y no Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales.
La nueva ley se estructura en 64 artículos, distribuidos en cuatro títulos -Disposiciones generales, De la Policía Local, Régimen funcionarial de la Policía Local y Competencias Autonómicas en materia de ordenación general y coordinación-, complementados con ocho disposiciones adicionales -Vigilantes municipales, Asociación de municipios para la prestación de servicios de policía local, Funcionarios de las policías locales canarias víctimas de violencia de género, Sistema de información de la Policía Local Canaria, Planes de igualdad, Acceso de personal militar de tropa y marinería, Situaciones de embarazo, puerperio, lactancia y maternidad y Correspondencia entre categorías y empleo-, tres transitorias -Procedimiento de ingreso de provisión de vacantes en tramitación, Expedientes disciplinarios y Comisión de Coordinación de Policía Local de Canarias y la Subcomisión de Participación de las Policía Locales-, una derogatoria y cuatro finales.
La tramitación de esta norma está prevista en el Programa Legislativo del Gobierno de Canarias y en ella se ha venido trabajando desde el principio de esta legislatura, si bien las circunstancias extraordinarias vividas en el área de Seguridad y Emergencias -la pandemia por la covid-19 y la erupción volcánica de La Palma, entre otras- han dificultado su preparación y tramitación anterior, que se ha agilizado y acelerado una vez lograda cierta normalidad.
Lugar, fecha y hora del incidente:
Montaña Roja, municipio de Granadilla de Abona
19/01/2023
13:14 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Playa La Cueva, municipio de Antigua
19/01/2023
11:56 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Urbanización Polígono Industrial Risco Prieto, municipio de Puerto del Rosario
19/01/2023
12:53 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Avenida El Muelle, municipio de Mogán
19/01/2023
11:30 horas
El programa de las Jornadas ofrece actualización sobre conocimientos vinculados al diagnóstico y tratamiento de pacientes con TDAH
El Área de Salud de Fuerteventura, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, organiza las IX Jornadas sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que se celebrarán el viernes 27 de enero en el salón de actos del Hospital General de Fuerteventura.
El objetivo principal de esta iniciativa formativa es actualizar conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de pacientes con TDAH ante las transformaciones en los paradigmas debido a que no solo se considera un trastorno de la infancia sino también en los adultos, con algunas características diferenciales respecto a la presentación en la infancia y la adolescencia.
Estas jornadas, que este año alcanzan su novena edición, comenzaron a celebrarse en 2005 y, desde entonces, han participado alrededor de 65 ponentes y han contado siempre con el apoyo de Dirección de Área de Salud y de la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura, además de la colaboración de asociaciones de familiares y pacientes y de las áreas de servicios sociales.
Programa de la jornada
Durante esta actividad formativa, diversos profesionales abordarán aspectos vinculados al TDAH, orientados a diferentes vertientes. Así, los especialistas Gladi Rodríguez y Juan Hernández expondrán el TDAH en la consulta de Pediatría y en la Unidad de Atención Temprana en Fuerteventura, respectivamente; Raquel Esteves lo abordará desde el ámbito educativo, mientras que Guillermo Pirez expondrá las dificultades en la transición del adolescente a adulto. Por su parte, Ana Patricia Vásquez comentará la alimentación y hábitos saludables y Óscar Herreros disertará sobre tratamientos farmacológicos. Finalmente, Coral Naranjo representará a FUNTEAC Fundación Canaria de Apoyo a los Trastornos del Neurodesarrollo con una conferencia sobre la labor desarrollada con pacientes y familiares con TDHA.
El TDHA
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo que padece entre un dos y un cinco por ciento de la población infantil. Se le define por una triada de síntomas: inatención, hiperactividad e impulsividad.
El TDAH es uno de los trastornos más importantes dentro de la Psiquiatría Infanto-Juvenil, constituyendo cerca del cincuenta por ciento de su población clínica. Es una alteración crónica y suele comenzar a revelarse antes de los once años. Se estima que más del 80 por ciento de los niños y niñas continuarán presentando problemas en la adolescencia, y entre el 40-50 por ciento, en la edad adulta.
La directora del Área de Salud de Fuerteventura, Sandra Celis, considera que “debemos congratularnos por el compromiso y esfuerzo de todos los agentes implicados en la celebración de estas jornadas de formación y en el tratamiento del TDH prestado en el área, ya que demuestran que Fuerteventura continúa en una línea ascendente de calidad y participación en Sanidad y aprovecha la oportunidad para felicitar a los responsables de estos proyectos por sus decisiones convirtiendo en realidad iniciativas profesionales encaminadas a la mejora asistencial”.
Por su parte, el gerente de los Servicios Sanitarios, José Luis Rodríguez, se ha mostrado muy satisfecho y complacido con la implicación de los profesionales del Área de Salud en estas acciones formativas.