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Canarias culmina un hito para la I+D+i con la aprobación de la nueva Ley Canaria de la Ciencia

  •      La norma dota al Archipiélago de un marco estable para impulsar la investigación, fortalecer la innovación, favorecer la transferencia de conocimiento y simplificar la gestión administrativa del sistema científico

El Parlamento de Canarias aprobó hoy la nueva Ley Canaria de la Ciencia, una norma que establece el marco jurídico para reforzar el sistema canario de investigación, desarrollo e innovación y avanzar hacia un modelo más estable, coordinado y preparado para responder a los grandes retos sociales, económicos y tecnológicos del Archipiélago.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que la aprobación de la Ley supone «un paso histórico para Canarias y el resultado de un trabajo colectivo que comenzó hace muchos meses, escuchando a las universidades, a los organismos de investigación, a las empresas innovadoras y al conjunto del ecosistema científico». Según afirmó, «esta ley nace del diálogo y del consenso, con el objetivo de dotar a Canarias de un instrumento útil que permita consolidar la ciencia y la innovación como una política estratégica para el futuro de nuestras islas».

La norma culmina un proceso iniciado por el Gobierno de Canarias con la elaboración del anteproyecto, que fue sometido a información pública y al correspondiente proceso de participación con los principales agentes del sistema canario de I+D+i. Tras incorporar las aportaciones recibidas y obtener los informes favorables preceptivos, incluido el del Consejo Consultivo de Canarias, el texto inició su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, donde fue objeto de debate, comparecencias, presentación de enmiendas y trabajo en comisión hasta su aprobación definitiva por el legislativo canario.

Con esta ley, Canarias contará con un nuevo marco normativo propio que permitirá planificar de forma más eficaz las políticas públicas de investigación e innovación, reforzar la coordinación entre los distintos agentes del sistema y avanzar hacia una financiación más estable y previsible de la actividad científica.

El nuevo texto incorpora, además, medidas dirigidas a impulsar la carrera investigadora, favorecer la atracción y retención de talento, mejorar la transferencia del conocimiento hacia el tejido productivo y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la gestión de proyectos de I+D+i, una de las principales demandas trasladadas por el sector durante los últimos años. Asimismo, fortalece la gobernanza del sistema y reconoce el papel estratégico de universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, empresas innovadoras y resto de entidades que integran el ecosistema canario de ciencia e innovación.

Para la consejera, uno de los principales avances de la nueva norma reside precisamente en que «no solo reconoce el valor de quienes investigan, sino que crea mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo». En este sentido, señaló que la Ley «contribuirá a reducir cargas administrativas, ofrecer una mayor estabilidad al sistema y favorecer una colaboración más estrecha entre todos los agentes que generan conocimiento e innovación en Canarias».

Machín subrayó que disponer de esta ley «permitirá afrontar con mayores garantías desafíos estratégicos para Canarias como la diversificación económica, la transformación digital, la sostenibilidad, la transición energética o la mejora de la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, situando el conocimiento como uno de los principales motores de desarrollo del Archipiélago».

Tras su aprobación parlamentaria, comenzará la implantación progresiva de los instrumentos previstos en la norma para desarrollar el nuevo modelo de gobernanza, planificación y coordinación del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación.

La consejera concluyó asegurando que «la aprobación de esta ley no representa el final de un proceso legislativo, sino el comienzo de una nueva etapa para la ciencia en Canarias. A partir de ahora, el reto es convertir este marco normativo en oportunidades reales para las personas investigadoras, las empresas innovadoras, las universidades y, en definitiva, para el conjunto de la sociedad canaria».

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Sanidad invierte 48.700 euros en una nueva sala para la unidad de cirugía menor del Centro de Salud de Añaza

Los trabajos realizados han permitido contar con un nuevo espacio para procesos de cirugía menor básica

Esta Unidad atiende a un total de 55.381 usuarios de las zonas básicas de salud de Tincer, El Chorrillo, Barranco Grande y Añaza

La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado una inversión de 48.716.93 euros en una nueva sala para la Unidad de Cirugía Menor Básica del Centro de Salud de Añaza.

Los trabajos, con una duración de aproximada de tres meses, han permitido habilitar un nuevo espacio destinado a procesos de cirugía menor básica. La cirugía menor engloba técnicas sencillas y de corta duración, que se realizan sobre tejidos superficiales y/o de fácil acceso, bajo anestesia local y sobre las que no se esperan que exista complicaciones post quirúrgicas significativas.

Esta Unidad atiende a un total de 55.381 usuarios de las zonas básicas de salud de Tincer, El Chorrillo, Barranco Grande y Añaza, prestando asistencia de forma ambulatoria y segura para procedimientos quirúrgicos sencillos. Desde su implementación en abril del 2022 y hasta finales del 2025, la unidad ha atendido a 10.872 usuarios, mejorando así la accesibilidad de los usuarios a su centro de salud de referencia.

De esta manera, permite resolver de forma ambulatoria y segura procedimientos quirúrgicos sencillos, evitando derivaciones innecesarias y mejorando la accesibilidad del paciente a intervenciones que, de otro modo, podrían suponer mayores tiempos de espera en el ámbito hospitalario. Entre otros procedimientos se utilizar para tratamiento de quistes, verrugas, uña encarnada, entre otros.

Este recurso asistencial evita derivaciones mejora la accesibilidad del paciente a intervenciones que, de otro modo, podrían suponer mayores tiempos de espera en el ámbito hospitalario.

La metodología de trabajo las unidades de cirugía se fundamentan en un proceso asistencial basado en el ‘Protocolo de Cirugía Menor en Atención Primaria’, coordinado por la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud, que permite homogeneizar la asistencia y atención en esta red de unidades, eleva los niveles de seguridad, minimizando la variabilidad clínica y los riesgos asociados.

Unidades de cirugía menor

La red de Atención Primaria de Tenerife cuenta con dieciséis unidades situadas en las zonas básicas de salud de Guía de Isora, Adeje, San Isidro, Candelaria, Añaza, Toscal, Anaga, Barrio de la Salud, La Cuesta, La Laguna-San Benito, Laguna-Mercedes, Laguna- Universidad,Tejina, La Orotava, Los Realejos, Casco-Botánico e Icod.

Asimismo, se dispone de equipos de Cirugía Menor Avanzada en los Centros de Salud de Taco y La Vera para dar cobertura a toda la zona norte de Tenerife y gran parte de la zona metropolitana y sur. Además de las intervenciones de carácter urgente que se hace por parte del personal sanitario en sus consultas en otras zonas básicas de salud, estas unidades especializadas complementan la actividad y permiten desarrollar el Protocolo de Cirugía menor del Servicio Canario de la Salud.

Durante 2025, los servicios de Cirugía Menor Básica Atención Primaria atendieron un total de 42.660 usuarios y Cirugía Menor Avanzada atendieron a 31.447 usuarios.

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El Gobierno de Canarias conoce modelos de éxito en agrovoltaica para avanzar en su regulación

La Consejería de Transición Ecológica y la de Agricultura visitan dos instalaciones pioneras en Gran Canaria que compatibilizan la producción agrícola y la generación de energías renovables
El Ejecutivo autonómico trabaja en la elaboración del primer reglamento de agrovoltaica de Canarias para favorecer el desarrollo de estos proyectos con seguridad jurídica y garantizando la actividad agraria

El Gobierno de Canarias continúa dando pasos para situar al Archipiélago a la vanguardia del desarrollo de la agrovoltaica con la elaboración del primer reglamento específico que regulará este tipo de instalaciones en las islas. Con este objetivo, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, y el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García Cabello, han visitado este lunes dos proyectos de referencia en Gran Canaria que demuestran la compatibilidad entre la producción agrícola y la generación de energías renovables. Durante las visitas, los viceconsejeros estuvieron acompañados por el gerente de Ayagaures Medioambiente, Antonio Díaz; por la directora ejecutiva del Grupo Félix Santiago Melián, Laura Santiago; así como personal de Gesplan, de ambas consejerías y de las dos empresas.

La jornada comenzó en las instalaciones de Ayagaures Medioambiente, en el municipio de Agüimes, donde ambos responsables conocieron la planta agrovoltaica El Vivero, un proyecto diseñado sobre una estructura tipo invernadero que permite producir energía solar al tiempo que se mantiene la actividad agrícola y viverística. La instalación constituye un ejemplo de aprovechamiento eficiente del suelo al compatibilizar la producción de plantas destinadas a jardinería y su comercialización con la generación de electricidad mediante energía fotovoltaica.

Se estima que la planta de una potencia de 490 kWp producirá anualmente 780,33 MWh de energía eléctrica, contribuyendo a reducir las emisiones asociadas a la generación energética en Gran Canaria. Esta producción permitirá evitar la emisión de aproximadamente 307,45 toneladas de CO₂ equivalente al año.  Además, el proyecto ha contado con financiación de los fondos Next Generation.

Posteriormente, la visita se trasladó a la finca La Rosita, en el municipio de Gáldar, donde se está desarrollando otro proyecto agrovoltaico que permitirá integrar la actividad agrícola con la implantación de energía solar, consolidando un modelo que busca mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias sin renunciar a su función productiva.

En esta explotación, la instalación agrovoltaica se desarrollará sobre una plantación de plataneras mediante una estructura elevada que permite mantener íntegramente la actividad agrícola bajo los paneles solares. El proyecto contempla una potencia instalada de 440 kW, distribuida en 1.743 módulos fotovoltaicos, con una producción estimada de 745 MWh anuales, destinados al autoconsumo energético de la explotación.

La energía generada permitirá cubrir aproximadamente el 30% de las necesidades energéticas de la estación desaladora de aguas salobres que abastece de agua de riego a la propia finca y a otras explotaciones cercanas, reforzando así un modelo de economía circular que combina producción agrícola, gestión eficiente del agua y generación de energía renovable. Además, la disposición elevada de la instalación contribuye a mejorar la retención de humedad del suelo y proteger el cultivo frente al exceso de radiación solar. Asimismo, este proyecto ha supuesto una inversión total de 692.365 euros, con una ayuda de 415.419 euros de fondos Next Generation de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La viceconsejera del área, Julieta Schallenberg, destacó que “la agrovoltaica representa una oportunidad estratégica para Canarias porque permite avanzar simultáneamente en dos objetivos prioritarios para el Gobierno: incrementar la penetración de energías renovables y fortalecer nuestro sector primario. No hablamos de sustituir agricultura por energía, sino de demostrar que ambas pueden convivir y reforzarse mutuamente”.

Schallenberg explicó que la visita a ambos proyectos responde al trabajo que está desarrollando el Ejecutivo autonómico para elaborar el futuro reglamento de agrovoltaica. “Queremos conocer sobre el terreno experiencias que ya están funcionando para construir una regulación adaptada a la realidad de Canarias, que aporte seguridad jurídica, ofrezca certezas tanto al sector agrícola como al energético y garantice que la actividad agraria siga siendo el uso principal del suelo”.

La viceconsejera recordó además que el Gobierno de Canarias constituyó recientemente la Mesa de la Agrovoltaica, un espacio de colaboración entre administraciones, organizaciones agrarias, universidades, centros de investigación y empresas para definir el desarrollo de este modelo en el Archipiélago. “Nuestro objetivo es que Canarias se convierta en un referente nacional en agrovoltaica, impulsando proyectos que generen valor añadido para el territorio y contribuyan tanto a la soberanía energética como a la alimentaria”, afirmó.

Por su parte, el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García Cabello, subrayó que “la agrovoltaica puede convertirse en una herramienta muy importante para mejorar la competitividad de nuestras explotaciones agrarias. Permite optimizar el uso del suelo, diversificar las fuentes de ingresos de agricultores y ganaderos y aumentar la resiliencia del sector frente a los efectos del cambio climático”.

Asimismo, destacó que “la futura regulación será clave para que este tipo de iniciativas se desarrollen con todas las garantías, preservando siempre la capacidad productiva de nuestras fincas y asegurando que la actividad agrícola siga siendo el eje sobre el que se articulen estos proyectos”.

Durante la visita a Ayagaures Medioambiente, la delegación del Gobierno también conoció otras iniciativas vinculadas a la transición energética y la economía circular, como el Parque Eólico El Vivero con sistema de almacenamiento energético, el parque eólico Renove II, financiado mediante inversión participativa, y la planta de compostaje de la empresa, considerada un referente regional en valorización de residuos orgánicos.

Con la visita a estos dos modelos de éxito, el Gobierno de Canarias continúa avanzando en la definición del marco normativo que permitirá impulsar la agrovoltaica en las islas, favoreciendo un desarrollo equilibrado que contribuya a la descarbonización, al fortalecimiento del sector primario y a un uso más eficiente de un recurso tan limitado como el suelo.

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Educación invierte cerca de 192.000 euros en reparar las filtraciones del IES Cruz Santa, en Los Realejos

Adjudicadas a la empresa Impermeabilizaciones Teide S.L, las obras tendrán un plazo de ejecución de cinco meses con un período adicional de garantía de cuatro años

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que dirige Poli Suárez, iniciará próximamente los trabajos para la impermeabilización integral de la cubierta del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cruz Santa, en el municipio tinerfeño de Los Realejos.

La obra, que ha sido adjudicada a la empresa Impermeabilizaciones Teide S.L. por un importe de 191.959,07 euros (IGIC incluido) y tiene un plazo previsto de ejecución de cinco meses, permitirá abordar completamente los problemas de estanqueidad que han venido afectando al centro durante años, y que empeoraron tras recientes fenómenos meteorológicos.

En concreto, los trabajos permitirán eliminar de forma definitiva las filtraciones, proteger las estructuras internas del inmueble y recuperar espacios que se han visto condicionados por la entrada de agua, lo que redundará directamente en una mejora del día a día del alumnado y del personal docente.

Importante mejora

En ese sentido, el director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, Iván G. Carro, explica que “la falta de ese mantenimiento preventivo previo y adecuado por el que el actual equipo de la Consejería viene abogando en los colegios e institutos del archipiélago mermaba la funcionalidad del recinto durante las épocas más lluviosas del año, y que estos trabajos supondrán una mejora importante y necesaria para sus instalaciones”.

Precisamente, como mejora respecto a los pliegos administrativos, la contrata incluye la ampliación voluntaria en cuatro años adicionales del plazo de garantía de los materiales aplicados, lo cual resulta especialmente interesante en una obra de estas características.

El Gobierno lanza una campaña para prevenir la violencia sexual infantil y romper la cultura del silencio

 ‘No es un secreto, es un delito’ recuerda a niños, niñas y adolescentes que ningún comportamiento con una persona adulta que les haga sentir miedo, incomodidad o daño debe mantenerse oculto.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, ha puesto en marcha la campaña institucional No es un secreto, es un delito, una acción de sensibilización dirigida a prevenir la violencia contra la infancia y la adolescencia y a combatir una de las principales barreras para su detección: el silencio.

A través de varias piezas audiovisuales, la campaña traslada un mensaje directo a niños, niñas y adolescentes: ningún comportamiento de una persona adulta que les haga sentir mal, que les incomode o que les genere miedo debe guardarse como un secreto. Pedir ayuda, hablar y contar lo que ocurre es el primer paso para activar la protección.

La campaña redirige al teléfono y chat de la Fundación Anar al 116 111 y chatanar.es La labor de la Fundación Anar es facilitar a niños, niñas y adolescentes un espacio seguro y confidencial en el que se sientan escuchados y respetados, y donde puedan expresar libremente aquello que les ocurre para encontrar alternativas a sus problemas de manera conjunta.

La necesidad de esta campaña está vinculada a una realidad que obliga a reforzar la prevención y la sensibilización. Los datos de atención a menores víctimas de violencia sexual en Canarias reflejan que el 53% de las agresiones sexuales atendidas en 2024 y 2025 fueron cometidas por personas del propio entorno familiar, lo que evidencia que muchas situaciones de violencia pueden producirse en espacios de confianza y cercanía. De las más de 242.000 peticiones de ayuda recibidas por fundación Anar el pasado año, 4.144 provenían de Canarias.

Precisamente por ello, la campaña pone el foco en romper la cultura del silencio y en recordar que la protección de la infancia requiere una actitud activa por parte de las personas adultas. La violencia contra niños, niñas y adolescentes no siempre aparece en contextos alejados o desconocidos; en muchas ocasiones ocurre en entornos cotidianos, donde escuchar, detectar señales y actuar puede marcar la diferencia.

Con el lema No es un secreto, es un delito, el Gobierno de Canarias quiere trasladar un mensaje claro de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia infantil. La iniciativa busca eliminar aquellas ideas que favorecen la ocultación, como minimizar determinadas conductas, pensar que son “cosas de niños” o evitar intervenir ante una sospecha.

La campaña no interpela únicamente a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad: familias, profesionales, entornos educativos, deportivos y comunitarios. Porque proteger a la infancia no consiste solo en disponer de recursos de atención, sino también en generar una red adulta capaz de escuchar, creer y responder.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, señala que “un niño o una niña no debe cargar nunca con un secreto que le hace daño. La responsabilidad es de las personas adultas: observar, acompañar y actuar”.

La campaña apuesta por un lenguaje directo, ético y responsable, evitando la recreación explícita de situaciones de violencia y utilizando mensajes claros para favorecer la identificación de señales de alerta. Las piezas se difundirán en redes sociales, medios digitales y otros soportes con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje y facilitar el acceso a los recursos de ayuda disponibles.

Esta actuación forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la prevención, la detección precoz y la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia.