Respondiendo a la situación excepcional que se está produciendo, la Dirección General de Relaciones con la Justicia ha autorizado aumentar temporalmente la ratio de asistencia de los abogados del turno de extranjería

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha acordado con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife establecer mecanismos de control e inspección que garanticen la calidad de la asistencia jurídica que se presta a los migrantes que llegan de manera irregular, especialmente a aquellos que necesitan protección internacional.

La labor de control de calidad es competencia del propio Colegio de Abogados, que se ha comprometido a elaborar cuestionarios de evaluación por cada una de las pateras asistidas al objeto de poder valorar la eficacia de los servicios legales prestados, a lo que se sumarán inspecciones aleatorias in situ para presenciar la labor de los abogados.

Ha sido la Dirección General de Relaciones con la Justicia quien ha planteado esta exigencia de control de calidad en la asistencia, una vez que ha autorizado la petición del Colegio de Abogados, reiterada también por el delegado del Gobierno en Canarias, de incrementar el número de personas que pueden ser atendidas por cada abogado en cada llegada de migrantes.

“Entendemos que la petición viene justificada por la demanda extraordinaria de asistencia legal a migrantes que se está produciendo en las últimas semanas con las llegadas masivas, principalmente a la isla de El Hierro, que superan la capacidad para organizar de modo eficaz el servicio, ocasionando una demora en los tiempos de respuesta, y por eso la hemos autorizado, pero ligada a la exigencia ineludible de que el propio Colegio, que es quien tiene las competencias para hacerlo, establezca medidas de control de calidad”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

Esta ampliación de la ratio de asistencias de cada abogado es una medida temporal y específica para la situación y se aplicará solo en los casos en los que sea necesario, según aclara Rodríguez.

La ampliación de la ratio por circunstancias excepcionales ya estaba prevista por la Resolución 1097/2023 de fecha de 17 de mayo, de la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

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El respeto a la dignidad de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, mayores o menores, ha hecho necesario ampliar su ámbito de actuación

Ha establecido también una línea específica de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y ofrecer una mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

También se han mantenido contactos con ACNUR para mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con los migrantes se produzca de la forma adecuada

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario gasta 25 millones de euros al año -medio millón a la semana- en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en el archipiélago, según ha explicado este miércoles en el Parlamento de Canarias su titular, Julio Pérez, al ser preguntado por la diputada del PSOE Matilde Fleitas sobre el proyecto piloto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para facilitar a las personas migrantes el acceso a la debida asistencia letrada.

Julio Pérez ha señalado que, aunque todos somos conscientes de los problemas que causa a Canarias la inmigración ilegal, la gestión de los menores no acompañados y la necesidad de organizar derivaciones hacia la Península y, en su caso, repatriaciones, eso no releva a las islas de la necesidad de respetar la dignidad de las personas migrantes y de proporcionar mecanismos para que sea respetada. Uno de esos mecanismos, ha dicho, es la asistencia jurídica, cuyo ámbito ha sido necesario ampliar, desde hace años, para que llegara a los inmigrantes, con independencia de si eran legales o ilegales, menores o mayores.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que las islas cuentan con un buen servicio de asistencia jurídica gratuita, que se ha intentado mejorar, reduciendo, por ejemplo, el número máximo de intervenciones con inmigrantes por letrado, lo que ha provocado algún conflicto, que aún persiste, con los colegios de abogados, debido, fundamentalmente a las retribuciones.

Además, ha dicho, se ha establecido también una línea de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y puedan ofrecer una asistencia de mayor calidad a las personas migrantes, de manera particular aquellas que están ingresadas en centros penitenciarios, de internamiento o de atención temporal. Se trata, según ha advertido Julio Pérez, de que los letrados puedan prestar un servicio de orientación para que estas personas puedan ejercitar sus derechos, ya que se había observado que no lo hacían por desconocimiento, sobre todo el derecho a solicitar la condición de refugiado.

En la misma línea de respetar su dignidad y velar por sus derechos, ha apuntado que también se han establecido contactos con la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con las personas migrantes se produzca de forma más adecuada, ya que la lengua en la que hablan no siempre es el francés o lenguas árabes, sino otras lenguas.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda el aumento registrado, a lo largo de esta legislatura, en la dotación presupuestaria que garantiza este servicio

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé poner en marcha un proyecto piloto en Canarias para facilitar a las personas migrantes el acceso a sus derechos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha trasladado este miércoles a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo canario de dar continuidad y mayor calidad a la asistencia letrada que reciben las personas migrantes que llegan a las islas.

Julio Pérez y Sophie Muller, que han participado, de forma telemática, en una reunión de trabajo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Consejería y el organismo internacional, a la que también han asistido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, las oficiales de protección del ACNUR Carolina Mateos y María Vallés, y la oficial sobre el terreno en Canarias Claudia Pérez, además de la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, igualmente por vía telemática, han destacado la sintonía y coincidencia que existe entre los objetivos del ACNUR y la responsabilidades del departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En este sentido, Julio Pérez ha hecho hincapié en que desde el inicio de la presente legislatura se han perfeccionado los mecanismos de asistencia jurídica gratuita a migrantes y, para ello, ha recordado el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la prestación de este servicio y la ampliación de crédito aprobada con este fin, además de la reducción del número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno, con el objetivo de prestar una atención jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

Por parte de los representantes del ACNUR, se ha insistido en la importancia de contar con suficientes intérpretes para ayudar a mejorar la atención de migrantes una vez que llegan a las islas y, de ese modo, facilitarles el acceso a sus derechos. El organismo internacional prevé dar solución al déficit existente actualmente, sobre todo de especialistas en lenguas minoritarias africanas, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto de apoyo a los colegios de abogacía, que incluye formación en esta materia y un catálogo de buenas prácticas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la preocupación que existe en el Gobierno canario por hacer ver y convencer a la Unión Europea de que la gestión de las fronteras es una responsabilidad del conjunto de la UE, no solo del país o territorio por el que llegan las personas migrantes.

Del mismo modo ha mostrado su confianza en que, ante la situación que se ha generado en Ucrania, el ACNUR pueda cumplir sus cometidos con la eficacia que ha demostrado en otras ocasiones y que es ampliamente conocida.

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