Respondiendo a la situación excepcional que se está produciendo, la Dirección General de Relaciones con la Justicia ha autorizado aumentar temporalmente la ratio de asistencia de los abogados del turno de extranjería

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha acordado con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife establecer mecanismos de control e inspección que garanticen la calidad de la asistencia jurídica que se presta a los migrantes que llegan de manera irregular, especialmente a aquellos que necesitan protección internacional.

La labor de control de calidad es competencia del propio Colegio de Abogados, que se ha comprometido a elaborar cuestionarios de evaluación por cada una de las pateras asistidas al objeto de poder valorar la eficacia de los servicios legales prestados, a lo que se sumarán inspecciones aleatorias in situ para presenciar la labor de los abogados.

Ha sido la Dirección General de Relaciones con la Justicia quien ha planteado esta exigencia de control de calidad en la asistencia, una vez que ha autorizado la petición del Colegio de Abogados, reiterada también por el delegado del Gobierno en Canarias, de incrementar el número de personas que pueden ser atendidas por cada abogado en cada llegada de migrantes.

“Entendemos que la petición viene justificada por la demanda extraordinaria de asistencia legal a migrantes que se está produciendo en las últimas semanas con las llegadas masivas, principalmente a la isla de El Hierro, que superan la capacidad para organizar de modo eficaz el servicio, ocasionando una demora en los tiempos de respuesta, y por eso la hemos autorizado, pero ligada a la exigencia ineludible de que el propio Colegio, que es quien tiene las competencias para hacerlo, establezca medidas de control de calidad”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

Esta ampliación de la ratio de asistencias de cada abogado es una medida temporal y específica para la situación y se aplicará solo en los casos en los que sea necesario, según aclara Rodríguez.

La ampliación de la ratio por circunstancias excepcionales ya estaba prevista por la Resolución 1097/2023 de fecha de 17 de mayo, de la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

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La consejera de Bienestar Social participó hoy en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se abordó la acogida a los menores extranjeros no acompañados. La titular de área expresó su agradecimiento a todas las comunidades que de forma unánime se han ofrecido a recibir menores

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, denunció este miércoles la situación de emergencia que Canarias está viviendo en materia de atención a menores extranjeros no acompañados. La responsable del área expuso esta realidad en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a la que asistieron representantes de todas las comunidades autónomas.

En el encuentro se acordó la acogida solidaria por parte de las comunidades autónomas de 396 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta, lo que permitirá que sean trasladados 347 menores desde las Islas. El montante global que aporta el Ministerio para ello asciende a 20 millones de euros.

Delgado agradeció “enormemente” la solidaridad de las comunidades autónomas, pero recordó que la acogida de los menores extranjeros no acompañados debe ser un “asunto de estado” y que ha de ser el Gobierno central quien legisle y financie la atención a estos niños, niñas y adolescentes que llegan sin red familiar a un país desconocido. “Desde 2021 hasta ahora se han derivado 365 menores a otras comunidades autónomas. Le agradecemos a todas las comunidades su colaboración, pero este reparto no puede ser una cuestión de solidaridad, el Estado debe adoptar una regulación nacional en esta materia”, añadió.

“El Gobierno de Canarias no puede tutelar en solitario a más de 3.000 chicos y chicas, como tenemos en la actualidad. Están llegando una media de 100 menores que llegan cada día y es necesario que podamos brindarles no solo una primera acogida, sino de acompañarlos en sus proyectos de vida”, expuso en su intervención ante las comunidades autónomas».

“Todas las comunidades autónomas han aprobado por unanimidad el reparto de menores de forma solidaria para esta anualidad, han hecho un esfuerzo por incrementar el número de traslados iniciales y en breve podremos materializar los convenios con las comunidades para efectuar los primeros traslados”, explicó la consejera.

Delgado adelantó que, a petición de las comunidades autónomas, se prevé crear “un grupo de trabajo para ver cómo debe hacerse el reparto y cómo será la acogida y, sobre todo, para exigir a Europa mayor financiación para España y, en particular Canarias, para hacer acogida integral como se merecen”. Para Delgado, es fundamental que el Estado garantice financiación plurianual a las comunidades autónomas.

Para terminar, la titular del área recalcó en varias ocasiones que las instituciones europeas deben implicarse más en la realidad que vive el Archipiélago y no olvidar que esta comunidad autónoma es frontera sur de la Unión Europea.

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El órgano, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, resuelve la convocatoria por casi cuatro millones de euros, para financiar proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral para 564 personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes o con discapacidad

El Servicio Canario de Empleo, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, ha concedido 3.993.664,32 euros a treinta y ocho proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral, para 564 personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, que fueron convocados en régimen de concurrencia competitiva.

Según explicó la directora del Servicio, Dunnia Rodríguez, “el importe total se ha adjudicado a nueve proyectos de fundaciones y a veinticinco correspondientes a asociaciones y federaciones, siempre sin ánimo de lucro, porque el objetivo de esta línea de subvenciones es que cada euro llegue a las personas que más necesitan encontrar un puesto de trabajo”. En concreto, las fundaciones acumulan 903.169,92 euros subvenciones, mientras que los proyectos de las asociaciones y federaciones recibirán un impulso por 3.090.494,4 euros, como se puede consultar en el enlace https://sede.gobcan.es/empleo/sce/menu_lateral/tablon_anuncios

De los tres ámbitos de actuación diferenciados en la convocatoria, veintisiete proyectos se ocuparán de acompañar a personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla en su recorrido vital hacia la inserción laboral; dos trabajarán con migrantes; y nueve lo harán con personas con discapacidad, un colectivo prioritario, “no solo para este Gobierno, sino también para el estatal y para el Consejo de la Unión Europea, como pudimos comprobar de primera mano el pasado ocho de diciembre”, recordó Elena Máñez, consejera del área en el Ejecutivo autonómico.

Máñez se refería así a su labor en Bruselas como representante de todas las comunidades autónomas de España, ante la formación de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores del Consejo de la Unión Europea, en la que, precisamente, defendió que “a pesar de los logros obtenidos hasta la fecha y de las políticas públicas de empleo puestas en marcha, aún siguen afrontando obstáculos para acceder al mercado de trabajo, sufriendo un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que las personas sin discapacidad”.

La consejera señaló en aquella reunión cómo la inserción laboral es determinante en la vida de cualquier persona, para alcanzar una verdadera integración social y avanzó que en los presupuestos diseñados por su departamento para 2023 se va a dar un importante impulso a las políticas activas de empleo para los colectivos en exclusión.

Así, detalló que Canarias pondrá en marcha el próximo año un programa específico para personas con discapacidad y problemas de salud mental, por 3 millones de euros, que se unirá a los programas que ya tiene implantados, como estos Itinerarios integrados para la inserción laboral personas con necesidades formativas especiales, a los que se destinarán 7 millones de euros en 2023; la inserción laboral de personas con discapacidad que contará con casi 11 millones de euros el próximo ejercicio, o las subvenciones a empresas de inserción, que alcanzarán los 5 millones de euros, entre otras actuaciones.

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La partida inicial era de 68.138 euros y el incremento se llevó a cabo entre el tercer y el cuarto trimestre de 2020 para los cuatro colegios profesionales de la abogacía en las Islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, multiplicó por más de ocho la partida destinada a subvencionar la asistencia jurídica gratuita que prestan las y los profesionales del Derecho en las Islas a las personas migrantes que entran en el territorio nacional a través del Archipiélago de forma irregular. Este incremento, que supuso aumentar los fondos desde 68.138 euros hasta 563.944 euros, tuvo lugar entre el tercer y cuarto trimestre de 2020.

La directora general, Marta Bonnet, recuerda que la orden que regula esta materia es la del 17 de mayo de 2019, por la que se aprobaron los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría.

No obstante, la emergencia humanitaria que está viviendo Canarias desde 2020, causada por un repunte en la entrada de personas extranjeras puso de manifiesto la necesidad de establecer los criterios a seguir en la aplicación del turno especial de extranjería contenido en esa orden para garantizar el derecho a la asistencia jurídica a estas personas en especial situación de vulnerabilidad.

Por ello, Bonnet dictó una instrucción el 21 de octubre del año pasado que estableció los criterios a seguir en la aplicación del módulo referido al turno especial de extranjería contenido en la orden del 17 de mayo de 2019.

La instrucción establece que, con el fin de garantizar que los y las profesionales de la abogacía de Canarias presten una adecuada atención a cada una de las personas extranjeras que entren de forma irregular en territorio nacional por las costas del Archipiélago, los colegios de la abogacía de Canarias tendrán derecho a percibir unas cuantías diarias que se fijan por grupos de personas asistidas según los tramos contenidos en la Orden de 17 de mayo de 2019.

Asimismo, señala que la compensación económica a cada colegio será distribuida por estos entre los letrados y letradas que hayan prestado asistencia en el Turno Especial de Extranjería por el día en que se haya hecho efectiva la entrada irregular.

Indica, además, que el importe máximo diario a percibir por un letrado o letrada será de 942 euros siempre y cuando haya asistido, al menos, a 13 personas, ya que se pretende garantizar que se designe el número de profesionales que sean necesarios para prestar una atención adecuada.

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La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias destaca la importancia de la continua formación profesional, social y humana de las personas integrantes de los cuerpos policiales de Canarias

Durante la actividad formativa se abordarán, entre otras cuestiones, las circunstancias y características de la población migrante, así como su atención y las claves para el diálogo y la mediación

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y de los Cuerpos de Policía Local de las Islas inician mañana martes, 23 de febrero, una acción formativa para desarrollar competencias emocionales con migrantes y para actualizar, perfeccionar y unificar los criterios de actuación con personas o grupos de personas migrantes. La formación se realizará de forma presencial y se desplegará a lo largo de seis jornadas en la capital tinerfeña.

Así se recoge en la resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, donde se destaca la importancia de la formación continua y permanente de las personas integrantes del cuerpo autonómico y policías locales, no solo para su adecuada instrucción profesional especializada, sino también para su formación social y humana.

La actividad formativa cuenta con 160 plazas y se desarrollará en jornadas de ocho horas los días 23 y 25 de febrero y 1, 4, 8 y 25 de marzo. Las ponencias correrán tanto a cargo de personal propio del CGPC como de personal de otras administraciones y de personal ajeno a la administración pública.

Diálogo y mediación

Durante el curso se ofrecerán ponencias que versarán sobre la situación actual de la inmigración en Canarias, la atención a la persona migrante, la actuación operativa ante diferentes situaciones policiales y la legislación sobre el uso proporcional de la fuerza.

¿Quiénes son las personas migrantes? Procedencias, edades, motivos del desplazamiento, así como circunstancias y características de la población migrante; el fenómeno migratorio actual y sus efectos en la comunidad; aproximación jurídica y normativa de las migraciones marítimas y claves para el diálogo y la mediación con población migrante, serán los contenidos que se abordarán en la primera mitad de cada jornada formativa.

En la segunda parte, se tratará el uso de la fuerza y la asistencia, comunicación y resolución pacífica de conflictos, así como técnicas de intervención policial.

La resolución de la Dirección General de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias por la que se aprueba y convoca dicha acción formativa se puede consultar en la página web http://gobiernodecanarias.org/academia

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La investigación policial ha culminado con las detenciones de dos personas, a las que se les imputa un presunto delito de incitación al odio

Miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria han procedido en la mañana del 24 de septiembre de 2020 a la detención de dos personas, vecinos de Tunte, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al ser presuntamente responsables de un delito de incitación al odio relacionado con la reciente llegada de inmigrantes a la Isla de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron el pasado día 5 de agosto, donde varias decenas de vecinos montaron barricadas cuando llegó la noticia de que inmigrantes con sospechas de ser portadoras de coronavirus iban a ser trasladados a Tunte, así como el 4 de septiembre, en el que unos desconocidos atacaron a pedradas un centro de menores migrantes en Las Palmas de Gran Canaria.

La investigación policial se inició a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la cual, encomendó a miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria la realización de las pesquisas oportunas, haciéndose cargo de las mismas la Unidad de Apoyo.

A raíz de las informaciones obtenidas, los agentes de esta Unidad constataron la presencia en redes sociales y prensa digital, de videos donde se podía visualizar a varias personas promoviendo arengas entre los vecinos de Tunte, cuyo contenido podría encajar en el tipo delictivo imputado.

Tras obtener los indicios suficientes de la presunta comisión del ilícito penal, los agentes procedieron a la detención de dos personas que, tras prestar declaración en sede policial, quedaron en libertad.

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Canarias reclama al Gobierno central que habilite espacios para hacer frente a la llegada de migrantes, que se ha multiplicado por siete

Ángel Víctor Torres destaca que el 11% de los ERTE del país se ha efectuado en Canarias, “un altísimo porcentaje que evidencia la necesidad de prorrogarlos el tiempo que sea necesario”

El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han celebrado una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana; el consejero de Sanidad, Blas Trujillo; y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. Por parte del Gobierno central han intervenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha relatado, en una posterior rueda de prensa, los asuntos tratados en esta reunión. Entre ellos, ha compartido con el ministro de Inclusión los datos de los ERTE aplicados en Canarias, donde se acumula cerca el 11% de todos los ERTE del conjunto del país, “un porcentaje altísimo que evidencia la necesidad de que se prorroguen el tiempo que sea preciso”, apuntó el presidente. Otro de los puntos del orden del día fue el “buen desarrollo” del Ingreso Mínimo Vital en Canarias, con más de 3.200 hogares canarios que han recibido el primer pago, según los datos de la Consejería de Derechos Sociales.

Sobre el tercer punto, relacionado con la migración irregular, Canarias ha solicitado al Gobierno Central intensificar las medidas de vigilancia exterior “ante un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.” Ángel Víctor Torres destacó que la llegada de pateras se ha multiplicado por siete este año y reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”, apuntó. El presidente cifró en 27 las infraestructuras cedidas por Canarias, y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”. El presidente anunció que el ministro, José Luis Escrivá, visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar la realidad habitacional que hay en el Archipiélago y para avanzar también en las negociaciones sobre los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.

Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19. Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”. El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho. Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.

Torres recordó que Canarias fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.

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