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Derechos Sociales y ACNUR amplían su espacio de colaboración en Canarias

Noemí Santana destaca la excelente sintonía con la Agencia de la ONU para los refugiados en la atención a los menores migrantes acogidos en las islas

La representante en España de la Agencia, Sophie Muller, exige un protocolo de reparto en todo el territorio estatal

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, mantuvo una reunión de trabajo con Sophie Muller, representante de ACNUR en España, en la que se despacharon asuntos relacionados con la colaboración que ambas instituciones sostienen a la hora de afrontar la acogida de menores migrantes y refugiados. Tanto desde el área dirigida por Santana como desde la Agencia de la ONU para los refugiados, se ha acordado continuar con ese vínculo y ampliar el espacio de colaboración con la suma de personal y formación.

Santana destacó el trabajo conjunto desarrollado durante la presente legislatura, donde se ha tenido que responder a una crisis migratoria relevante. “ACNUR ha sido un apoyo fundamental para la Consejería. Trabajamos de la mano, especialmente en la formación de nuestro personal técnico. Nos están ayudando en la actuación de la protección internacional de estos niños y niñas y en ese sentido, hemos podido dar pasos agigantados”, subrayó.

Por su lado, la representante de ACNUR en España subrayó que en la reunión celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria viene a reforzar la “excelente colaboración que hemos tenido con la Consejería en los últimos tres años en aspectos como sensibilización o en la información a estos menores de sus derechos. Son elementos muy importantes que nos llevan a buscar todo espacio de colaboración posible”.

Canarias ha recibido en los últimos meses casi 3.000 menores migrantes no acompañados. En estos momentos, la comunidad autónoma tiene la guarda y custodia de 2.442 niños, niñas y jóvenes menores no acompañados. De ellos, alrededor de 400 son susceptibles de solicitar asilo, ya sea por proceder de zonas con conflictos bélicos como Mali o por sufrir discriminación por razones de género u orientación sexual. Existen casos, por ejemplo, de niñas que huyen de matrimonios concertados.

En ese sentido, Santana abordó la importancia de que se ponga en marcha un protocolo de corresponsabilidad entre otros territorios del Estado para poder afrontar en mejores condiciones esta realidad. “Canarias ha tenido que hacer un esfuerzo enorme en los últimos tres años. Desde hace bastante tiempo es señalado que el marco legislativo de nuestro país para que no solo las comunidades que hacemos frontera tengamos que hacer frente a esta acogida, debiendo ser una cuestión de corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas y de la Unión Europea”, expuso.

Desde ACNUR, Muller también insto a que se produzca esa respuesta desde otras comunidades y que, además, se haga de una forma regulada. “Es urgente trabajar en el reparto entre comunidades. El hecho de que las comunidades receptoras sean las encargadas de todo el trabajo de acogida y tutela de estos niños que llegan en situaciones humanitarias muy graves es una carga muy importante. Debe haber un reparto sistematizado que no se entienda solo como un gesto de solidaridad, algo a largo plazo”, expresó.

En el marco de la reunión, Muller indicó a Santana, que estuvo acompañada por la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y de Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, que en próximas fechas ampliarán su personal en las islas y pondrán a disposición de los menores que pidan protección internacional un servicio de traductores.

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El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda el aumento registrado, a lo largo de esta legislatura, en la dotación presupuestaria que garantiza este servicio

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé poner en marcha un proyecto piloto en Canarias para facilitar a las personas migrantes el acceso a sus derechos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha trasladado este miércoles a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo canario de dar continuidad y mayor calidad a la asistencia letrada que reciben las personas migrantes que llegan a las islas.

Julio Pérez y Sophie Muller, que han participado, de forma telemática, en una reunión de trabajo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Consejería y el organismo internacional, a la que también han asistido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, las oficiales de protección del ACNUR Carolina Mateos y María Vallés, y la oficial sobre el terreno en Canarias Claudia Pérez, además de la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, igualmente por vía telemática, han destacado la sintonía y coincidencia que existe entre los objetivos del ACNUR y la responsabilidades del departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En este sentido, Julio Pérez ha hecho hincapié en que desde el inicio de la presente legislatura se han perfeccionado los mecanismos de asistencia jurídica gratuita a migrantes y, para ello, ha recordado el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la prestación de este servicio y la ampliación de crédito aprobada con este fin, además de la reducción del número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno, con el objetivo de prestar una atención jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

Por parte de los representantes del ACNUR, se ha insistido en la importancia de contar con suficientes intérpretes para ayudar a mejorar la atención de migrantes una vez que llegan a las islas y, de ese modo, facilitarles el acceso a sus derechos. El organismo internacional prevé dar solución al déficit existente actualmente, sobre todo de especialistas en lenguas minoritarias africanas, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto de apoyo a los colegios de abogacía, que incluye formación en esta materia y un catálogo de buenas prácticas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la preocupación que existe en el Gobierno canario por hacer ver y convencer a la Unión Europea de que la gestión de las fronteras es una responsabilidad del conjunto de la UE, no solo del país o territorio por el que llegan las personas migrantes.

Del mismo modo ha mostrado su confianza en que, ante la situación que se ha generado en Ucrania, el ACNUR pueda cumplir sus cometidos con la eficacia que ha demostrado en otras ocasiones y que es ampliamente conocida.

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Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Este servicio, que comenzará con el colegio de Abogados de Las Palmas y que se irá extendiendo al ámbito competencial del resto de colegios de abogacía de Canarias, entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre.

El proyecto que se prestará en los centros de refugiados y migrantes contará con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), organización que colaborará con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y apoyo técnico en materia de protección internacional.

Las personas ingresadas en centros penitenciarios, así como en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) contarán con un servicio de orientación jurídica que pondrá en marcha la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas.

Para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la orden por la que concede una subvención directa, con carácter excepcional de interés público, de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas. El período de realización de la actividad objeto de subvención abarca del 20 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Bonnet especifica que el proyecto se inicia con el Colegio de Abogados de Las Palmas, pero es intención del Gobierno de Canarias extenderlo al ámbito de todos los colegios de abogacía de Canarias, de tal forma que todas aquellas personas que pasen por las mismas situaciones en distintas islas reciban la adecuada asistencia y asesoramiento.

El servicio, detalla, se prestará por abogadas y abogados especializados que deberán superar una formación específica para tal fin, que actualmente se está diseñando y se impartirá en la primera quincena de septiembre, de tal manera que la asistencia jurídica sea efectiva a partir de la segunda quincena de dicho mes.

La Viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, destaca la importancia de que el proyecto cuente con la participación de ACNUR, organización que ofrecerá sus recursos y conocimiento, tanto en la formación de profesionales, como con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y con apoyo técnico en materia de protección internacional para las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en los CIE y CATE.

Personas internas en centros penitenciarios

Mediante esta actuación, se prestará inicialmente servicio de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario a las personas internas recluidas en los centros penitenciarios situados en el ámbito competencial del Colegio de Abogados de Las Palmas (Las Palmas I y II, así como, en el caso de Fuerteventura, la prisión de Tahiche en Lanzarote).

El contenido de esta asistencia se centrará en el asesoramiento sobre su situación penitenciaria, obtención de permisos y posibilidades de progresión de grado, asistiendo a las personas internas en la elaboración de peticiones y recursos dirigidos tanto al Centro Directivo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y asesoramiento en materia de régimen penitenciario y sistema disciplinario, asistiendo en la elaboración de alegaciones y recursos en los expedientes disciplinarios que se les incoen.

Asimismo, se orientará sobre la situación penal de cada persona interna, en particular en materia de acumulación de penas, sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad; y se contactará con el representante legal que tenga designada la defensa y representación de la persona interna con el fin de garantizar la asistencia letrada efectiva y la presentación de los escritos y recursos necesarios para garantizar sus derechos o promover su designación para el caso de que carezca de asistencia letrada o no esté siendo efectivamente prestada.

Personas refugiadas y migrantes

El proyecto incluye la prestación del servicio de orientación y asesoramiento jurídico para las personas refugiadas y migrantes que se encuentran dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Acogida Temporal de Extranjeros del ámbito competencial del Colegio de abogados de Las Palmas. En concreto, actualmente en el CIE Barranco Seco y el CATE Barranco Seco y El Matorral de Fuerteventura.

El contenido de esta asistencia se basará en entrevistas con las personas detenidas en los centros para conocer sus circunstancias personales concretas, con el fin de determinar si concurren supuestos que permitan solicitar y obtener residencia legal en España o protección internacional; así como en asesorar a dichas personas en materia garantías legales en materia de extranjería.

Además, las personas refugiadas y migrantes recibirán información y asesoramiento en materia de derechos, el procedimiento de asilo y la posibilidad de presentar denuncias y quejas ante el Juzgado de Control de los CIEs.

Este proyecto se llevará a cabo en cumplimiento y consonancia con una proposición no de ley, aprobada por la Cámara Autonómica, sobre orientación y asistencia jurídica a personas internas de centros penitenciarios y centros de inserción social que requería del Gobierno de Canarias el impulso de las actuaciones necesarias para dotar económicamente estos servicios.

Bonnet precisa que su objeto, no obstante, y dadas las particulares circunstancias concurrentes, se ha extendido, no solo a las personas internas en centros penitenciarios, sino también a las que se encuentren en centros de internamiento de extranjeros donde las necesidades de asesoramiento y las circunstancias de vulnerabilidad son, si cabe, mayores.

 

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