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Gobierno y ACNUR diseñan un protocolo para garantizar la protección de menores refugiados no acompañados

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, celebró una reunión de trabajo con los máximos representantes de ACNUR en Europa y España para abordar este protocolo

Según un estudio realizado por ACNUR, el 55% de los menores migrantes no acompañados entrevistados podrían necesitar protección internacional

“La preocupación del Gobierno de Canarias y de ACNUR respecto a la situación de la infancia refugiada es máxima, por eso, hemos estado trabajando durante los últimos meses en el diseño de un protocolo que garantice la identificación y el acompañamiento de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas que necesiten de protección internacional”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, a la conclusión de la reunión celebrada hoy con representantes de ACNUR en Europa y España.

El Protocolo para la identificación y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en necesidad de protección internacional en Canarias es el resultado del trabajo conjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en España (ACNUR) y la Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias durante los últimos meses con el fin de elaborar un documento que establezca las pautas dirigidas a asegurar que estas niñas y niños, sujetos de protección, puedan ver garantizados su derecho a la protección de asilo.

Momento de la reunión entre el Gobierno de Canarias y ACNUR

Para llevar a cabo este trabajo, en los últimos meses, la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, y ACNUR han reforzado sus relaciones de colaboración, trabajando de forma conjunta en la elaboración por parte del ACNUR del citado Protocolo así como en el diseño de un informe que tiene como objetivo ampliar la información disponible sobre infancia refugiada a través de la participación directa con las y los menores, identificación de áreas de la respuesta de protección que requieren un refuerzo y proporcionar herramientas prácticas a los profesionales que intervienen con la infancia refugiada.

En este sentido, ACNUR entrevistó en los últimos cuatro meses a 576 niños y niñas no acompañados, llegados por vía marítima a Canarias y ha elaborado un informe con las principales observaciones.

“A raíz de este informe se ha detectado que más de un 55% de estos menores entrevistados pueden estar en necesidad de protección internacional”, afirmó Delgado, quien anunció que, entre las líneas de actuación diseñadas, están la puesta a disposición, tanto de la Dirección General como de las entidades colaboradoras, de un servicio gratuito de intérpretes de las lenguas mayoritarias, así como visitas a los centros de acuerdo con el mandato de Naciones Unidas y la legislación vigente, y el diseño de un protocolo de seguimiento de casos especialmente delicados de solicitantes de protección.

Por su parte, la representante de ACNUR en España, Sophie Muller, indicó que “lo importante es garantizar el acceso de los menores a su derecho al asilo”. Asimismo, indicó que la entidad apoya la propuesta desde el Gobierno de Canarias para el reparto obligatorio de los menores al resto de las comunidades autónomas ya que “permite una cuota mucho más estable y previsible lo que garantiza una mejor atención y acogida de los menores”.

 

Implementación de formación técnica específica en materia de asilo

 

El trabajo conjunto entre el Ejecutivo canario y ACNUR también se ha centrado en la capacitación del grupo de referentes de asilo y menores mediante formación impartida por ACNUR y por otros profesionales especializados “con el objetivo de reforzar sus conocimientos en el ámbito de la protección internacional, así como en el uso de las herramientas prácticas disponibles y el diseño del Protocolo contando con las aportaciones y activa participación del grupo de referentes de asilo y menores”, afirmó la consejera regional.

Para ello el protocolo incluye información para guiar a los profesionales de los servicios de protección de menores y centros de menores en Canarias en la provisión de información sobre el derecho al asilo, la identificación de menores extranjeros no acompañados en necesidad de protección internacional, la derivación al procedimiento de asilo, el seguimiento del expediente y la atención integral a sus necesidades específicas a lo largo de todo el procedimiento.

“Todas las personas menores extranjeras que lleguen a España no acompañadas por una persona adulta deben ser debidamente informados sobre sus derechos, incluyendo el derecho a pedir asilo, por ello, el diseño de este protocolo responde, por un lado, al objetivo de garantizar el derecho de la menor y el menor migrante a ser informado sobre sus derechos y, por otro, a impartir formación específica en este materia a los equipos técnicos que trabajan en el ámbito de la infancia y la adolescencia para que conozcan la ley y puedan hacer cumplir este derecho”, indicó Delgado.

Según se establece en el documento, el cumplimiento de los objetivos de este protocolo es responsabilidad de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias como entidad rectora del sistema autonómico de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, contando con el apoyo y la asesoría de ACNUR.

El trabajo conjunto entre ambas instituciones incluyen la propuesta de un marco formativo puesto adaptado a las necesidades manifestadas por la Dirección General para fortalecer el conocimiento y el manejo de este tipo de situaciones por parte del personal de los centros y de los propios técnicos del servicio así como la detección y derivación de víctimas de violencia sexual y posibles afectados por problemas de salud mental para derivación al recurso que se estime más adecuado y la interlocución con la Oficina de Asilo y Refugio, órgano competente en materia de refugiados.

“Es imprescindible este trabajo conjunto con ACNUR a fin de garantizar la protección de estos menores que, recordemos, son sujetos de protección y como tales, desde la Administración debemos garantizar su atención, acogida y protección”, concluyó la consejera.

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Delgado: “Esperamos una llegada importante de menores migrantes y refugiados en los próximos meses”

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, celebró hoy una reunión de trabajo con la representante de ACNUR en España, Sophie Muller

Durante 2023, han llegado a las costas canarias un total de 1.598 menores migrantes y refugiados, 1.483 niños y 115 niñas

“Esperamos una llegada importante de menores, mujeres y familias migrantes y refugiadas en las próximas semanas”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el transcurso de la reunión de trabajo que celebró hoy con Sophie Muller, la Representante en España de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

En este encuentro, se analizó el reto que representan las llegadas de niños y niñas migrantes y refugiados no acompañados, un colectivo especialmente vulnerable en el que las necesidades de protección internacional pueden ser mayores que en adultos, debido a las circunstancias específicas que motivan su salida y la ausencia de posibilidad de regreso a corto plazo. Es necesario, por tanto, unir fuerzas para identificar y proteger a las niñas y niños refugiados y abordar la situación de los dispositivos de acogida inmediata de Canarias. Para ello, afirmó Delgado, pedimos no sólo la solidaridad del resto de comunidades autónomas sino también dar cumplimiento del acuerdo alcanzado en el marco de la XXVI Conferencia de presidentes de marzo de 2022 donde ya quedó patente la necesidad de acoger a estos niños y niñas de forma corresponsable dentro del territorio español, así como la implicación de la Unión Europea en esta línea ya que, recordó, “Canarias es frontera sur de Europa”.

Según datos de la Consejería, en lo que va de año, han llegado a las islas un total de 186 pateras y cayucos, en los cuales viajaban 1.598 menores no acompañados, 1.483 niños y 115 niñas. Además, se registraron 13 menores desaparecidos y 5 perdieron la vida.

En este sentido, la consejera aclaró que durante el mes de agosto se ha registrado una inferior llegada de niños y niñas en relación a meses anteriores aunque, insistió, “esperamos que la llegada de menores así como de mujeres y familias a nuestras costas buscando una oportunidad de vida mejor se incrementará considerablemente en los meses de septiembre y octubre. Es habitual que primero lleguen adultos varones y, en siguientes oleadas, se sumen más mujeres y niños migrantes y refugiados”.

Este fue uno de los asuntos que centraron la reunión de trabajo celebrada en Tenerife con la responsable de ACNUR, Sophie Muller, en la que se abordó la necesidad de continuar y ampliar la cooperación entre ambas instituciones a fin de garantizar la protección jurídica y social de los menores migrantes y refugiados.

A este respecto, Muller compartió la “Guía para profesionales que trabajan con niños y niñas refugiados no acompañados” publicada por ACNUR junto con la Universidad Pontificia Comillas, y reiteró la disposición de ACNUR a colaborar con el Gobierno canario y, entre otras medidas, apoyar el grupo de referentes de asilo y la mesa de infancia migrante y refugiada en Canarias para el desarrollo de un protocolo de actuación y acompañamiento en los casos de asilo de menores en Canarias.

Asimismo, en la reunión se abordó la situación de las mujeres que llegan por mar a las Islas Canarias. Muchas de ellas son supervivientes de persecución por motivos de género en sus países de origen, como mutilación genital femenina, matrimonios forzados o violencia de género, o durante la ruta. ACNUR recordó que es fundamental gestionar las llegadas de mujeres migrantes y refugiadas desde un enfoque de género que garantice una correcta identificación de sus necesidades, así como su protección y derivación a dispositivos de asistencia adecuados.

 

 

 

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Derechos Sociales y ACNUR amplían su espacio de colaboración en Canarias

Noemí Santana destaca la excelente sintonía con la Agencia de la ONU para los refugiados en la atención a los menores migrantes acogidos en las islas

La representante en España de la Agencia, Sophie Muller, exige un protocolo de reparto en todo el territorio estatal

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, mantuvo una reunión de trabajo con Sophie Muller, representante de ACNUR en España, en la que se despacharon asuntos relacionados con la colaboración que ambas instituciones sostienen a la hora de afrontar la acogida de menores migrantes y refugiados. Tanto desde el área dirigida por Santana como desde la Agencia de la ONU para los refugiados, se ha acordado continuar con ese vínculo y ampliar el espacio de colaboración con la suma de personal y formación.

Santana destacó el trabajo conjunto desarrollado durante la presente legislatura, donde se ha tenido que responder a una crisis migratoria relevante. “ACNUR ha sido un apoyo fundamental para la Consejería. Trabajamos de la mano, especialmente en la formación de nuestro personal técnico. Nos están ayudando en la actuación de la protección internacional de estos niños y niñas y en ese sentido, hemos podido dar pasos agigantados”, subrayó.

Por su lado, la representante de ACNUR en España subrayó que en la reunión celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria viene a reforzar la “excelente colaboración que hemos tenido con la Consejería en los últimos tres años en aspectos como sensibilización o en la información a estos menores de sus derechos. Son elementos muy importantes que nos llevan a buscar todo espacio de colaboración posible”.

Canarias ha recibido en los últimos meses casi 3.000 menores migrantes no acompañados. En estos momentos, la comunidad autónoma tiene la guarda y custodia de 2.442 niños, niñas y jóvenes menores no acompañados. De ellos, alrededor de 400 son susceptibles de solicitar asilo, ya sea por proceder de zonas con conflictos bélicos como Mali o por sufrir discriminación por razones de género u orientación sexual. Existen casos, por ejemplo, de niñas que huyen de matrimonios concertados.

En ese sentido, Santana abordó la importancia de que se ponga en marcha un protocolo de corresponsabilidad entre otros territorios del Estado para poder afrontar en mejores condiciones esta realidad. “Canarias ha tenido que hacer un esfuerzo enorme en los últimos tres años. Desde hace bastante tiempo es señalado que el marco legislativo de nuestro país para que no solo las comunidades que hacemos frontera tengamos que hacer frente a esta acogida, debiendo ser una cuestión de corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas y de la Unión Europea”, expuso.

Desde ACNUR, Muller también insto a que se produzca esa respuesta desde otras comunidades y que, además, se haga de una forma regulada. “Es urgente trabajar en el reparto entre comunidades. El hecho de que las comunidades receptoras sean las encargadas de todo el trabajo de acogida y tutela de estos niños que llegan en situaciones humanitarias muy graves es una carga muy importante. Debe haber un reparto sistematizado que no se entienda solo como un gesto de solidaridad, algo a largo plazo”, expresó.

En el marco de la reunión, Muller indicó a Santana, que estuvo acompañada por la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y de Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, que en próximas fechas ampliarán su personal en las islas y pondrán a disposición de los menores que pidan protección internacional un servicio de traductores.

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El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda el aumento registrado, a lo largo de esta legislatura, en la dotación presupuestaria que garantiza este servicio

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé poner en marcha un proyecto piloto en Canarias para facilitar a las personas migrantes el acceso a sus derechos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha trasladado este miércoles a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo canario de dar continuidad y mayor calidad a la asistencia letrada que reciben las personas migrantes que llegan a las islas.

Julio Pérez y Sophie Muller, que han participado, de forma telemática, en una reunión de trabajo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Consejería y el organismo internacional, a la que también han asistido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, las oficiales de protección del ACNUR Carolina Mateos y María Vallés, y la oficial sobre el terreno en Canarias Claudia Pérez, además de la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, igualmente por vía telemática, han destacado la sintonía y coincidencia que existe entre los objetivos del ACNUR y la responsabilidades del departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En este sentido, Julio Pérez ha hecho hincapié en que desde el inicio de la presente legislatura se han perfeccionado los mecanismos de asistencia jurídica gratuita a migrantes y, para ello, ha recordado el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la prestación de este servicio y la ampliación de crédito aprobada con este fin, además de la reducción del número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno, con el objetivo de prestar una atención jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

Por parte de los representantes del ACNUR, se ha insistido en la importancia de contar con suficientes intérpretes para ayudar a mejorar la atención de migrantes una vez que llegan a las islas y, de ese modo, facilitarles el acceso a sus derechos. El organismo internacional prevé dar solución al déficit existente actualmente, sobre todo de especialistas en lenguas minoritarias africanas, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto de apoyo a los colegios de abogacía, que incluye formación en esta materia y un catálogo de buenas prácticas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la preocupación que existe en el Gobierno canario por hacer ver y convencer a la Unión Europea de que la gestión de las fronteras es una responsabilidad del conjunto de la UE, no solo del país o territorio por el que llegan las personas migrantes.

Del mismo modo ha mostrado su confianza en que, ante la situación que se ha generado en Ucrania, el ACNUR pueda cumplir sus cometidos con la eficacia que ha demostrado en otras ocasiones y que es ampliamente conocida.

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Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Este servicio, que comenzará con el colegio de Abogados de Las Palmas y que se irá extendiendo al ámbito competencial del resto de colegios de abogacía de Canarias, entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre.

El proyecto que se prestará en los centros de refugiados y migrantes contará con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), organización que colaborará con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y apoyo técnico en materia de protección internacional.

Las personas ingresadas en centros penitenciarios, así como en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) contarán con un servicio de orientación jurídica que pondrá en marcha la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas.

Para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la orden por la que concede una subvención directa, con carácter excepcional de interés público, de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas. El período de realización de la actividad objeto de subvención abarca del 20 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Bonnet especifica que el proyecto se inicia con el Colegio de Abogados de Las Palmas, pero es intención del Gobierno de Canarias extenderlo al ámbito de todos los colegios de abogacía de Canarias, de tal forma que todas aquellas personas que pasen por las mismas situaciones en distintas islas reciban la adecuada asistencia y asesoramiento.

El servicio, detalla, se prestará por abogadas y abogados especializados que deberán superar una formación específica para tal fin, que actualmente se está diseñando y se impartirá en la primera quincena de septiembre, de tal manera que la asistencia jurídica sea efectiva a partir de la segunda quincena de dicho mes.

La Viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, destaca la importancia de que el proyecto cuente con la participación de ACNUR, organización que ofrecerá sus recursos y conocimiento, tanto en la formación de profesionales, como con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y con apoyo técnico en materia de protección internacional para las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en los CIE y CATE.

Personas internas en centros penitenciarios

Mediante esta actuación, se prestará inicialmente servicio de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario a las personas internas recluidas en los centros penitenciarios situados en el ámbito competencial del Colegio de Abogados de Las Palmas (Las Palmas I y II, así como, en el caso de Fuerteventura, la prisión de Tahiche en Lanzarote).

El contenido de esta asistencia se centrará en el asesoramiento sobre su situación penitenciaria, obtención de permisos y posibilidades de progresión de grado, asistiendo a las personas internas en la elaboración de peticiones y recursos dirigidos tanto al Centro Directivo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y asesoramiento en materia de régimen penitenciario y sistema disciplinario, asistiendo en la elaboración de alegaciones y recursos en los expedientes disciplinarios que se les incoen.

Asimismo, se orientará sobre la situación penal de cada persona interna, en particular en materia de acumulación de penas, sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad; y se contactará con el representante legal que tenga designada la defensa y representación de la persona interna con el fin de garantizar la asistencia letrada efectiva y la presentación de los escritos y recursos necesarios para garantizar sus derechos o promover su designación para el caso de que carezca de asistencia letrada o no esté siendo efectivamente prestada.

Personas refugiadas y migrantes

El proyecto incluye la prestación del servicio de orientación y asesoramiento jurídico para las personas refugiadas y migrantes que se encuentran dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Acogida Temporal de Extranjeros del ámbito competencial del Colegio de abogados de Las Palmas. En concreto, actualmente en el CIE Barranco Seco y el CATE Barranco Seco y El Matorral de Fuerteventura.

El contenido de esta asistencia se basará en entrevistas con las personas detenidas en los centros para conocer sus circunstancias personales concretas, con el fin de determinar si concurren supuestos que permitan solicitar y obtener residencia legal en España o protección internacional; así como en asesorar a dichas personas en materia garantías legales en materia de extranjería.

Además, las personas refugiadas y migrantes recibirán información y asesoramiento en materia de derechos, el procedimiento de asilo y la posibilidad de presentar denuncias y quejas ante el Juzgado de Control de los CIEs.

Este proyecto se llevará a cabo en cumplimiento y consonancia con una proposición no de ley, aprobada por la Cámara Autonómica, sobre orientación y asistencia jurídica a personas internas de centros penitenciarios y centros de inserción social que requería del Gobierno de Canarias el impulso de las actuaciones necesarias para dotar económicamente estos servicios.

Bonnet precisa que su objeto, no obstante, y dadas las particulares circunstancias concurrentes, se ha extendido, no solo a las personas internas en centros penitenciarios, sino también a las que se encuentren en centros de internamiento de extranjeros donde las necesidades de asesoramiento y las circunstancias de vulnerabilidad son, si cabe, mayores.

 

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