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El Gobierno de Canarias acuerda con el Colegio de Abogados un mejor control de calidad en la atención a migrantes

asistencia jurídica turno de oficio

Respondiendo a la situación excepcional que se está produciendo, la Dirección General de Relaciones con la Justicia ha autorizado aumentar temporalmente la ratio de asistencia de los abogados del turno de extranjería

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha acordado con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife establecer mecanismos de control e inspección que garanticen la calidad de la asistencia jurídica que se presta a los migrantes que llegan de manera irregular, especialmente a aquellos que necesitan protección internacional.

La labor de control de calidad es competencia del propio Colegio de Abogados, que se ha comprometido a elaborar cuestionarios de evaluación por cada una de las pateras asistidas al objeto de poder valorar la eficacia de los servicios legales prestados, a lo que se sumarán inspecciones aleatorias in situ para presenciar la labor de los abogados.

Ha sido la Dirección General de Relaciones con la Justicia quien ha planteado esta exigencia de control de calidad en la asistencia, una vez que ha autorizado la petición del Colegio de Abogados, reiterada también por el delegado del Gobierno en Canarias, de incrementar el número de personas que pueden ser atendidas por cada abogado en cada llegada de migrantes.

“Entendemos que la petición viene justificada por la demanda extraordinaria de asistencia legal a migrantes que se está produciendo en las últimas semanas con las llegadas masivas, principalmente a la isla de El Hierro, que superan la capacidad para organizar de modo eficaz el servicio, ocasionando una demora en los tiempos de respuesta, y por eso la hemos autorizado, pero ligada a la exigencia ineludible de que el propio Colegio, que es quien tiene las competencias para hacerlo, establezca medidas de control de calidad”, explica el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

Esta ampliación de la ratio de asistencias de cada abogado es una medida temporal y específica para la situación y se aplicará solo en los casos en los que sea necesario, según aclara Rodríguez.

La ampliación de la ratio por circunstancias excepcionales ya estaba prevista por la Resolución 1097/2023 de fecha de 17 de mayo, de la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

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El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

Aprobada una resolución en la que se dictan nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica que rigen este servicio

Clarifica la aplicación del Turno Especial de Extranjería y determina los conceptos por los que se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales, y las incompatibilidades con el letrado de guardia

La partida presupuestaria destinada a esta prestación en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha aprobado, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, una resolución orientada a mejorar las retribuciones que reciben los abogados y procuradores por sus actuaciones profesionales en la asistencia jurídica gratuita, cuya partida presupuestaria en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros.

En concreto, ha dictado nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica para la retribución por este servicio de los colegios de abogados y procuradores.

Según ha explicado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, dicha resolución determina cómo se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales por los juzgados de instrucción, que, a partir de ahora, se hará por el concepto de “procedimiento abreviado con conformidad en instrucción”, del apartado I. Jurisdicción Penal, de los módulos y bases de compensación económica de los profesionales de la abogacía.

También define el criterio por el que se deben retribuir las incompatibilidades con el letrado de guardia, que se llevará a cabo por el concepto “asistencia ordinaria”, del apartado IX. 1. Guardias, de los citados módulos y bases de compensación económica.

Para acreditar la existencia de dicha incompatibilidad, deberá motivarse tal circunstancia en la certificación, acreditándose suficientemente que dicho servicio no pudo prestarse por ninguno de los letrados/as que estaban de guardia el día en cuestión en el partido judicial afectado y aportarse comunicación judicial o policial que justifique la incompatibilidad.

Igualmente, clarifica la anterior instrucción sobre la aplicación del Turno Especial de Extranjería, que incluye la asistencia en comisaría o brigada de extranjería, juzgado, centro de internamiento de extranjeros o similar, solicitud de protección internacional/asilo, así como los recursos de reforma y apelación contra la orden de internamiento, si fuese necesario, y recurso de alzada y contencioso administrativo contra la orden de expulsión.

Para evitar computar doblemente los servicios prestados por los profesionales de la abogacía, al aplicar conjuntamente el módulo y los importes relativos al Turno Especial de Extranjería y los importes relativos al recurso contencioso administrativo incluida vía administrativa, previa preceptiva contra la orden de expulsión para los mismos sujetos, la compensación económica que corresponde a estos servicios es la del Turno Especial de Extranjería.

Además, también se establece que cada profesional designado por el Colegio de Abogados atenderá como máximo a 6 personas, salvo casos excepcionales que se deberán justificar debidamente.

Esta resolución tendrá plenos efectos jurídicos y será aplicada a partir de la certificación correspondiente al segundo trimestre de 2023 que presenta cada uno de los cuatro colegios de abogados del archipiélago.

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Julio Pérez: “La dotación de más recursos es importante, pero de nada sirve si no están bien administrados”

Julio Pérez: “La dotación de más recursos es importante, pero de nada sirve si no están bien administrados”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad demanda también avances en organización y mejoras en la eficiencia con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor

Destaca que el Gobierno de Canarias ha respondido a la obligación de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil con la creación de dos nuevos juzgados, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria, ambos con plantilla completa

Resalta, igualmente, que se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos a disposición de la Administración de Justicia para que pueda hacer frente a cargas de trabajo superiores y mantener las altas tasas de resolución

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado, recientemente, que, si bien el incremento en la dotación de recursos es importante, de nada sirve si no están bien administrados. Por ello, ha apuntado que un aumento de los medios humanos y materiales debe venir acompañado de los necesarios avances en organización y mejora de la eficiencia, con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor, siendo este un reto que tanto la Administración Pública como la sociedad deben asumir como prioritario.

Las palabras de Julio Pérez han sido pronunciadas con motivo de la inauguración del Congreso Nacional ‘Reestructuración y Reforma Concursal: un primer examen seis meses después’, celebrado en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Un evento organizado, además de por esta entidad, por los colegios oficiales de Economistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como por el Aula de Formación del Colegio de Abogados de Las Palmas, y dirigido a profesionales con el fin de analizar el impacto de las reformas llevadas a cabo en la Ley Concursal.

Durante su intervención, el consejero destacó la evolución de la legislación en este ámbito y los importantes cambios producidos en la forma en que la sociedad y las instituciones públicas abordan los procesos de insolvencia, introduciéndose mecanismos tan necesarios como la segunda oportunidad o los procedimientos especiales para personas físicas.

Como responsable del área de Justicia en el Gobierno de Canarias, ha destacado la obligación de su departamento de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil, que, como toda la justicia en las islas, aborda cargas de trabajo superiores a las que serían adecuadas y que, sin embargo, mantiene una alta tasa de resolución.

En este sentido, ha dicho que a este compromiso se ha respondido creando en los últimos años dos nuevos juzgados –Mercantil 2, en Santa Cruz de Tenerife, y Mercantil 3, en Las Palmas de Gran Canaria–, dotados de plantilla completa, y se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos al servicio de la Administración de Justicia.

Junto a Julio Pérez, también han participado en la inauguración el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho; el vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Jorge Zurita; y el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas Luis Calonge. Entre los asistentes se encontraba la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo.

A lo largo de las dos jornadas en las que se ha desarrollado el Congreso, se han abordado, mediante distintas mesas, diferentes materias. Entre ellas, “Estatuto Jurídico de los agentes intervinientes en el concurso de acreedores. Administración Concursal. Retribución y otras cuestiones discutidas. Otros agentes: principales novedades”; “El Concurso de Persona Natural. El Epi: La buena fe y procedimiento. El crédito público en el Epi. Cuestiones prejudiciales. El tratamiento de la vivienda habitual”; “Procedimiento especial de microempresa: ámbito objetivo y subjetivo. Especialidades procedimentales. Comunicación de negociaciones. Apertura del procedimiento especial. Procedimiento de liquidación”; y “Procedimiento especial de Microempresa (2): procedimiento de continuación: cuestiones. Nombramiento de administrador concursal. Calificación abreviada”.

Además, los participantes han tenido la oportunidad de abordar otros asuntos como “Cuestiones procesales. Principales novedades. Principio de agilidad y eficiencia: reglas de liquidación. El incidente concursal”; “Planes de reestructuración: ámbito objetivo. Extensión. Reglas de cómputo. Efectos. Formación de clases”; y “Planes de reestructuración (2): aprobación y homologación de los planes de reestructuración. Protección de la financiación. Incumplimiento. El experto de la reestructuración. La contratación publica en los supuestos de reestructuración y de concurso de acreedores”.

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El Gobierno informa a los abogados de las principales líneas presupuestarias de Justicia para 2023

El Gobierno informa a los abogados de las principales líneas presupuestarias de Justicia para 2023

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acompañado de la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, se reúne con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

Con un presupuesto de 185 millones de euros para el próximo ejercicio, un 15% más que en 2019, el área de Justicia supone el 45,6% de todo el departamento dirigido por Julio Pérez

Julio Pérez destaca los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye, entre otras cosas, el expediente judicial electrónico, que permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido esta semana, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Rafael Massieu y José Manuel Niederleytner, respectivamente, para informarles de las líneas programáticas que contiene el presupuesto del área de Justicia en el año 2023.

Julio Pérez ha explicado a ambos decanos que, dentro de las cuentas de su departamento para 2023, cuyo montante es de 406 millones de euros, el área de Justicia tiene asignados 185 millones, lo que supone un 45,6% sobre el total y representa un 15% más que en 2019, donde ascendieron a 161 millones.

Según ha señalado, con este presupuesto se pretende ofrecer un servicio público de justicia más accesible y eficiente, y responder al desafío de la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica; y a la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, a la atención a las víctimas y al acceso a la justicia gratuita.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado los 23 millones de euros con los que se consolida el incremento de la partida destinada al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, y los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye el expediente judicial electrónico y permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica. Esta cantidad también engloba las actuaciones que tienen como fin mejorar la ciberseguridad, la interoperabilidad y mejorar los equipamientos informáticos de la Administración de Justicia.

En relación a la estrategia para la transformación digital, Julio Pérez ha detallado que el programa de modernización de la Administración de Justicia en Canarias abarca, además del expediente judicial electrónico, el proyecto de justicia digital, el equipamiento de los órganos de nueva creación, la gestión inteligente de la cita previa y la accesibilidad a los servicios públicos de justicia.

Una parte de la financiación de esta estrategia se hará a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, la adquisición de dispositivos informáticos para juzgados y salas de vista, y la implantación de servicios homogéneos digitales en el servicio Atlante web.

Durante el encuentro, también se abordó el plan de infraestructuras judiciales contemplado en el presupuesto, con la creación de nuevos órganos y la mejora de otros, bien a través del arrendamiento o la compra de inmuebles, para lo que hay previsto casi seis millones de euros; los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros ampliables a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la mediación extrajudicial y las oficinas de atención a las víctimas del delito, 110.000 euros.

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El Gobierno gasta 25 millones al año en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en Canarias

El Gobierno gasta 25 millones al año en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en Canarias

El respeto a la dignidad de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, mayores o menores, ha hecho necesario ampliar su ámbito de actuación

Ha establecido también una línea específica de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y ofrecer una mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

También se han mantenido contactos con ACNUR para mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con los migrantes se produzca de la forma adecuada

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario gasta 25 millones de euros al año -medio millón a la semana- en mantener un buen servicio de asistencia jurídica gratuita en el archipiélago, según ha explicado este miércoles en el Parlamento de Canarias su titular, Julio Pérez, al ser preguntado por la diputada del PSOE Matilde Fleitas sobre el proyecto piloto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para facilitar a las personas migrantes el acceso a la debida asistencia letrada.

Julio Pérez ha señalado que, aunque todos somos conscientes de los problemas que causa a Canarias la inmigración ilegal, la gestión de los menores no acompañados y la necesidad de organizar derivaciones hacia la Península y, en su caso, repatriaciones, eso no releva a las islas de la necesidad de respetar la dignidad de las personas migrantes y de proporcionar mecanismos para que sea respetada. Uno de esos mecanismos, ha dicho, es la asistencia jurídica, cuyo ámbito ha sido necesario ampliar, desde hace años, para que llegara a los inmigrantes, con independencia de si eran legales o ilegales, menores o mayores.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que las islas cuentan con un buen servicio de asistencia jurídica gratuita, que se ha intentado mejorar, reduciendo, por ejemplo, el número máximo de intervenciones con inmigrantes por letrado, lo que ha provocado algún conflicto, que aún persiste, con los colegios de abogados, debido, fundamentalmente a las retribuciones.

Además, ha dicho, se ha establecido también una línea de financiación para que los abogados se especialicen en extranjería y puedan ofrecer una asistencia de mayor calidad a las personas migrantes, de manera particular aquellas que están ingresadas en centros penitenciarios, de internamiento o de atención temporal. Se trata, según ha advertido Julio Pérez, de que los letrados puedan prestar un servicio de orientación para que estas personas puedan ejercitar sus derechos, ya que se había observado que no lo hacían por desconocimiento, sobre todo el derecho a solicitar la condición de refugiado.

En la misma línea de respetar su dignidad y velar por sus derechos, ha apuntado que también se han establecido contactos con la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de intérpretes y que la comunicación con las personas migrantes se produzca de forma más adecuada, ya que la lengua en la que hablan no siempre es el francés o lenguas árabes, sino otras lenguas.

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Economía, Conocimiento y Empleo abre un ciclo de seminarios ‘online’ sobre el nuevo Decreto-ley de ayudas

Decreto-ley Ayudas

Los encuentros virtuales arrancan esta semana para informar a organizaciones empresariales, sectoriales y colegios profesionales, con un evento amplio el viernes, 11 de junio, abierto a todas las entidades y al público en general

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo organiza a partir de esta semana un ciclo de seminarios ‘online’ para dar a conocer los detalles del Decreto-ley que regula en Canarias las ayudas del Estado para empresas y autónomos, dotadas con 1.144 millones de euros, aprobado en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado 4 de junio. Los encuentros están dirigidos a las organizaciones empresariales, sectoriales y a los colegios profesionales. Además, el próximo viernes, 11 de junio, a las 12:00 horas, se celebrará un evento amplio que estará abierto a todas las entidades y al público en general.

En estos seminarios, en cuya apertura participará la consejera, Elena Máñez, personal de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de Empleo, los dos centros directivos de la Consejería que se encargan de la gestión de las ayudas, expondrán a las personas participantes los detalles y resolverán sus dudas sobre la convocatoria, con el objetivo de prevenir posibles futuros errores a la hora de presentar la solicitud y facilitar los trámites a las personas y entidades interesadas.

Así, está previsto celebrar un primer encuentro para organizaciones empresariales este jueves, 10 de junio, a las 17:00 horas. Estará seguido por el evento abierto a la participación pública y de todas las organizaciones, que se celebrará el viernes a las 12:00 horas. A continuación, el martes, 15 de junio, a las 17:00 horas, se celebrará un seminario dirigido a las organizaciones de autónomos y pymes, así como a sus empresas y personas asociadas; y el miércoles, 16 de junio, habrá dos: uno para las organizaciones empresariales del sector turístico y sus asociados, a las 10:00 horas, y otro para miembros de los colegios profesionales (graduados sociales, economistas, fiscales, titulados mercantiles y abogados), a partir de las 17:00 horas.

El enlace para inscribirse y participar en el evento abierto que se celebrará este viernes, 11 de junio, a las 12:00 horas, es el siguiente: https://bit.ly/3gmYaqg

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La Consejería de Justicia traslada a los colegios de abogacía su disposición para facilitar el teletrabajo

Reunión de Julio Pérez con el Consejo Canario de Abogados

El consejero Julio Pérez remarcó también la disposición de su departamento para continuar en las tareas de modernización de la Administración de Justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy al presidente del Consejo Canario de Abogados, Rafael Massieu, la disposición del Gobierno de Canarias para facilitar el trabajo a distancia por parte de este colectivo en el marco de un encuentro sostenido para abordar la situación de las y los profesionales de la abogacía por la crisis del COVID-19.

Al encuentro asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet. Massieu es también el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas. Asimismo, participaron el decano de los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner. y el de La Palma, José Antonio Rodríguez. A la reunión estaba convocado el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viña, que finalmente no pudo asistir.

El consejero remarcó la disposición de su departamento para continuar en las tareas de modernización de la Administración de Justicia, en colaboración con los colegios de la abogacía de manera que se facilite la realización no presencial de muchos trámites esenciales.

La reunión sirvió asimismo para abordar la habilitación del mes de agosto para la actividad judicial, que se centrará en las actuaciones que se consideren urgentes; así como para profundizar en la constitución de canales permanentes de comunicación, como podría ser la Comisión Mixta entre la consejería y los colegios de abogacía, el conjunto de operadores jurídicos, y las instrucciones para la desescalada.

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