Logo del Gobierno de Canarias

Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Este servicio, que comenzará con el colegio de Abogados de Las Palmas y que se irá extendiendo al ámbito competencial del resto de colegios de abogacía de Canarias, entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre.

El proyecto que se prestará en los centros de refugiados y migrantes contará con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), organización que colaborará con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y apoyo técnico en materia de protección internacional.

Las personas ingresadas en centros penitenciarios, así como en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) contarán con un servicio de orientación jurídica que pondrá en marcha la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas.

Para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la orden por la que concede una subvención directa, con carácter excepcional de interés público, de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas. El período de realización de la actividad objeto de subvención abarca del 20 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Bonnet especifica que el proyecto se inicia con el Colegio de Abogados de Las Palmas, pero es intención del Gobierno de Canarias extenderlo al ámbito de todos los colegios de abogacía de Canarias, de tal forma que todas aquellas personas que pasen por las mismas situaciones en distintas islas reciban la adecuada asistencia y asesoramiento.

El servicio, detalla, se prestará por abogadas y abogados especializados que deberán superar una formación específica para tal fin, que actualmente se está diseñando y se impartirá en la primera quincena de septiembre, de tal manera que la asistencia jurídica sea efectiva a partir de la segunda quincena de dicho mes.

La Viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, destaca la importancia de que el proyecto cuente con la participación de ACNUR, organización que ofrecerá sus recursos y conocimiento, tanto en la formación de profesionales, como con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y con apoyo técnico en materia de protección internacional para las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en los CIE y CATE.

Personas internas en centros penitenciarios

Mediante esta actuación, se prestará inicialmente servicio de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario a las personas internas recluidas en los centros penitenciarios situados en el ámbito competencial del Colegio de Abogados de Las Palmas (Las Palmas I y II, así como, en el caso de Fuerteventura, la prisión de Tahiche en Lanzarote).

El contenido de esta asistencia se centrará en el asesoramiento sobre su situación penitenciaria, obtención de permisos y posibilidades de progresión de grado, asistiendo a las personas internas en la elaboración de peticiones y recursos dirigidos tanto al Centro Directivo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y asesoramiento en materia de régimen penitenciario y sistema disciplinario, asistiendo en la elaboración de alegaciones y recursos en los expedientes disciplinarios que se les incoen.

Asimismo, se orientará sobre la situación penal de cada persona interna, en particular en materia de acumulación de penas, sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad; y se contactará con el representante legal que tenga designada la defensa y representación de la persona interna con el fin de garantizar la asistencia letrada efectiva y la presentación de los escritos y recursos necesarios para garantizar sus derechos o promover su designación para el caso de que carezca de asistencia letrada o no esté siendo efectivamente prestada.

Personas refugiadas y migrantes

El proyecto incluye la prestación del servicio de orientación y asesoramiento jurídico para las personas refugiadas y migrantes que se encuentran dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Acogida Temporal de Extranjeros del ámbito competencial del Colegio de abogados de Las Palmas. En concreto, actualmente en el CIE Barranco Seco y el CATE Barranco Seco y El Matorral de Fuerteventura.

El contenido de esta asistencia se basará en entrevistas con las personas detenidas en los centros para conocer sus circunstancias personales concretas, con el fin de determinar si concurren supuestos que permitan solicitar y obtener residencia legal en España o protección internacional; así como en asesorar a dichas personas en materia garantías legales en materia de extranjería.

Además, las personas refugiadas y migrantes recibirán información y asesoramiento en materia de derechos, el procedimiento de asilo y la posibilidad de presentar denuncias y quejas ante el Juzgado de Control de los CIEs.

Este proyecto se llevará a cabo en cumplimiento y consonancia con una proposición no de ley, aprobada por la Cámara Autonómica, sobre orientación y asistencia jurídica a personas internas de centros penitenciarios y centros de inserción social que requería del Gobierno de Canarias el impulso de las actuaciones necesarias para dotar económicamente estos servicios.

Bonnet precisa que su objeto, no obstante, y dadas las particulares circunstancias concurrentes, se ha extendido, no solo a las personas internas en centros penitenciarios, sino también a las que se encuentren en centros de internamiento de extranjeros donde las necesidades de asesoramiento y las circunstancias de vulnerabilidad son, si cabe, mayores.

 

Etiquetas

El BOC publica hoy los nuevos baremos de asistencia jurídica gratuita

Captura de pantalla de la Orden 2679 de 17 de mayo de 2019

El director general de Justicia, Cesáreo Rodríguez, recuerda que se trata del cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones, José Miguel Barragán, que el año pasado se reunió con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía y tras reconocer la labor de las y los profesionales del turno de oficio, acordó con esas instituciones la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis

El Boletín Oficial de Canarias de hoy publica la orden por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría. Se trata, como recuerda el director general de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, del cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que el año pasado tras reunirse con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía y reconocer la labor de las y los profesionales del turno de oficio, acordó con esas instituciones la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis.

Barragán ha remarcado en reiteradas oportunidades el compromiso del Ejecutivo autonómico con la ciudadanía más vulnerable en el acceso a la justicia, por lo que esta actuación, explica Rodríguez, materializa una necesaria actualización de los conceptos y cuantías de las bases económicas y módulos de compensación a las y los profesionales que intervienen en el servicio de la asistencia jurídica gratuita, no solo para el restablecimiento de las cuantías, sino también para ajustar los mismos a la normativa procesal vigente.

Rodríguez destaca, en particular, el incremento de las guardias que corresponden de forma específica a la atención de las víctimas de violencia de género, una apuesta por la mejora de su protección al contar ahora con ahora con 18 de manera específica para este fin.

Como se recordará, el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita de Canarias, fija los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las y los profesionales de la abogacía y procuraduría, los cuales han sido objeto de distintas modificaciones.

Entre esas modificaciones, destaca la disminución de los baremos de la compensación económica llevada a cabo en 2012 justificada entonces en la necesidad de reducir el déficit público. Esta medida se tomó tras haber reducido también el número de guardias y asistencia a la persona detenida o a la víctima del delito a quienes prestan el servicio. Ahora, la mayoría de estas guardias pasan a ser de 24 horas.

Rodríguez explica que, al haber ahora una coyuntura económica que está permitiendo superar las dificultades económicas que motivaron la anterior reducción de las cuantías, y para atender las propias demandas de las y los profesionales (que pedía restituir los baremos al nivel previo a la crisis), la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 contempló la posibilidad de llevarlo a cabo, como en efecto, acordó la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. En la adopción de la medida se ha contado con la participación de los cuatro colegios de Abogacía de Canarias (Las Palmas, Lanzarote, La Palma y Santa Cruz de Tenerife).

Barragán vuelve a destacar el importante esfuerzo desempeñado por las y los profesionales del turno de oficio al haber soportado durante los últimos años la rebaja que sufrieron sus retribuciones como consecuencia de los recortes impuestos por el Gobierno central durante la crisis, mientras que Rodríguez apunta que el Gobierno canario es consciente de que con la intensa actividad habida en los últimos ejercicios del turno de oficio, los Colegios de Abogacía vienen soportando una carga de trabajo que, en algunos casos, resulta excesivamente gravosa.

Etiquetas