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Gobierno y abogacía trabajan para actualizar conceptos a retribuir del turno de oficio y agilizar su tramitación

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete a constituir un grupo de trabajo con el fin de clarificar criterios y revisar conceptos que hayan podido quedar excluidos

Julio Pérez aboga por fomentar la mediación como vía para reducir la alta tasa de litigiosidad que hay en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, que ha estado encabezado por su presidente, Juan Antonio Rodríguez, con el objetivo de abordar distintos aspectos relacionados con el turno de oficio y sus actuales criterios de remuneración, que en 2021 supuso más de 22 millones de euros y la aprobación de un crédito suplementario.

Durante el encuentro, en el que también participaron la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, el presidente de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Jonay Ríos, así como Dulce García, Ignacio Herrero y José Manuel Mentado, en representación de los colegios de abogados de La Palma, Lanzarote y Las Palmas, respectivamente, Julio Pérez se ha comprometió a crear un grupo de trabajo entre la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Consejo para, entre otros, clarificar y consensuar los criterios interpretativos vigentes, a la hora de remunerar la asistencia jurídica gratuita a abogados y procuradores, y revisar las instrucciones en relación con el turno especial de extranjería y los servicios adicionales por incompatibilidad.

En ambos casos, según ha explicado Mónica Ceballos, se trata de establecer criterios invariables y mejorar los trámites y el procedimiento de justificación o liquidación de las subvenciones entregadas a los colegios y que tienen como fin remunerar a los abogados y abogadas los servicios de asistencia gratuita. El compromiso del titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad incluye también el estudio, por parte del grupo de trabajo, de una posible modificación de la orden del 17 de mayo de 2019, para retribuir aquellos conceptos excluidos en la actualidad, como puede ser la intervención de los letrados y las letradas en procedimientos de instrucción que se archivan por sobreseimiento, en un momento posterior a la guardia, gracias a la eficaz intervención de estos.

Julio Pérez ha mostrado igualmente al Consejo su disposición a analizar si es necesario constituir un turno especial de atención a menores víctimas de delitos, de acuerdo con las últimas novedades legislativas que garantizan la defensa de estos menores e instan a los colegios a dar formación a sus miembros.

A lo largo de la reunión, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apostado por fomentar la mediación como vía para reducir la alta tasa de litigiosidad que hay en Canarias, que sitúa a las islas a la cabeza del país.

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La Consejería de Justicia traslada a los colegios de abogacía su disposición para facilitar el teletrabajo

Reunión de Julio Pérez con el Consejo Canario de Abogados

El consejero Julio Pérez remarcó también la disposición de su departamento para continuar en las tareas de modernización de la Administración de Justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy al presidente del Consejo Canario de Abogados, Rafael Massieu, la disposición del Gobierno de Canarias para facilitar el trabajo a distancia por parte de este colectivo en el marco de un encuentro sostenido para abordar la situación de las y los profesionales de la abogacía por la crisis del COVID-19.

Al encuentro asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet. Massieu es también el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas. Asimismo, participaron el decano de los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner. y el de La Palma, José Antonio Rodríguez. A la reunión estaba convocado el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viña, que finalmente no pudo asistir.

El consejero remarcó la disposición de su departamento para continuar en las tareas de modernización de la Administración de Justicia, en colaboración con los colegios de la abogacía de manera que se facilite la realización no presencial de muchos trámites esenciales.

La reunión sirvió asimismo para abordar la habilitación del mes de agosto para la actividad judicial, que se centrará en las actuaciones que se consideren urgentes; así como para profundizar en la constitución de canales permanentes de comunicación, como podría ser la Comisión Mixta entre la consejería y los colegios de abogacía, el conjunto de operadores jurídicos, y las instrucciones para la desescalada.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad aborda la función de la abogacía en la sociedad

Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

Julio Pérez participa en el ciclo de conferencias Escuela Canaria de Juristas, organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, analizará este jueves la función de la abogacía en la sociedad dentro del Ciclo Escuela Canaria de Juristas, que celebra la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT).

La ponencia de Pérez, abierta al público general, comenzará a las 19.00 horas y tendrá lugar en la sede de la RSEAPT, situada en la calle San Agustín número 23 de San Cristóbal de La Laguna. Estas jornadas, que comenzaron el pasado lunes 2 de marzo, versan sobre temas como la abogacía, la importancia de la figura del notario o la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, entre otros.

Como señala el director de la RSEAPT, José Carlos Alberto, este ciclo aborda un análisis de todas las enseñanzas de Derecho, lo que incluye a la abogacía, notarios, jueces y fiscales. Sobre la conferencia de Pérez, resalta que se trata de un “eminente abogado que ha estado en la función pública, reúne un abanico que da una visión conjunta de lo que son los juristas en la sociedad, por lo que tiene un campo muy amplio”.

Julio Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad de la Laguna, donde también estudió Periodismo. Ha sido secretario de Estado de Justicia entre 2007 y 2009, además de presidente de la Junta de Obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (1984-1987), Gobernador Civil en Tenerife (1987-1991); consejero de Sanidad y Asuntos Sociales en el Gobierno de Canarias (1991-1993) y Primer Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (2011-2012).

Conferencias

La primera conferencia de este ciclo fue realizada por el expresidente del Gobierno canario Jerónimo Saavedra, y sirvió para que el experimentado político contara cómo fue su paso por la Universidad de La Laguna entre 1960 y 1980, donde inició sus estudios de Derecho y ejerció como profesor.

Para el 11 de marzo está prevista la tercera jornada del ciclo con una mesa redonda con los profesores de la Universidad de La Laguna Francisco Clavijo Hernández, Margarita Ramos Quintana y Francisco Villar Rojas, quienes detallarán las fortalezas, debilidades y retos de la Facultad de Derecho en la actualidad.

Mientras, el notario Juan Alfonso Cabello Cascajo ofrecerá la ponencia El testamento desde la experiencia notarial el día 16, clausurándose las jornadas el día 24 de marzo con la ponencia Maestros en el recuerdo, del exfiscal general del Estado Eligio Hernández Gutiérrez.

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El BOC publica hoy los nuevos baremos de asistencia jurídica gratuita

Captura de pantalla de la Orden 2679 de 17 de mayo de 2019

El director general de Justicia, Cesáreo Rodríguez, recuerda que se trata del cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones, José Miguel Barragán, que el año pasado se reunió con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía y tras reconocer la labor de las y los profesionales del turno de oficio, acordó con esas instituciones la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis

El Boletín Oficial de Canarias de hoy publica la orden por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría. Se trata, como recuerda el director general de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, del cumplimiento del compromiso asumido por el ahora consejero en funciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que el año pasado tras reunirse con el Consejo Canario de Colegios de Abogacía y reconocer la labor de las y los profesionales del turno de oficio, acordó con esas instituciones la recuperación de las retribuciones del turno de oficio al nivel previo a la crisis.

Barragán ha remarcado en reiteradas oportunidades el compromiso del Ejecutivo autonómico con la ciudadanía más vulnerable en el acceso a la justicia, por lo que esta actuación, explica Rodríguez, materializa una necesaria actualización de los conceptos y cuantías de las bases económicas y módulos de compensación a las y los profesionales que intervienen en el servicio de la asistencia jurídica gratuita, no solo para el restablecimiento de las cuantías, sino también para ajustar los mismos a la normativa procesal vigente.

Rodríguez destaca, en particular, el incremento de las guardias que corresponden de forma específica a la atención de las víctimas de violencia de género, una apuesta por la mejora de su protección al contar ahora con ahora con 18 de manera específica para este fin.

Como se recordará, el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita de Canarias, fija los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las y los profesionales de la abogacía y procuraduría, los cuales han sido objeto de distintas modificaciones.

Entre esas modificaciones, destaca la disminución de los baremos de la compensación económica llevada a cabo en 2012 justificada entonces en la necesidad de reducir el déficit público. Esta medida se tomó tras haber reducido también el número de guardias y asistencia a la persona detenida o a la víctima del delito a quienes prestan el servicio. Ahora, la mayoría de estas guardias pasan a ser de 24 horas.

Rodríguez explica que, al haber ahora una coyuntura económica que está permitiendo superar las dificultades económicas que motivaron la anterior reducción de las cuantías, y para atender las propias demandas de las y los profesionales (que pedía restituir los baremos al nivel previo a la crisis), la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 contempló la posibilidad de llevarlo a cabo, como en efecto, acordó la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. En la adopción de la medida se ha contado con la participación de los cuatro colegios de Abogacía de Canarias (Las Palmas, Lanzarote, La Palma y Santa Cruz de Tenerife).

Barragán vuelve a destacar el importante esfuerzo desempeñado por las y los profesionales del turno de oficio al haber soportado durante los últimos años la rebaja que sufrieron sus retribuciones como consecuencia de los recortes impuestos por el Gobierno central durante la crisis, mientras que Rodríguez apunta que el Gobierno canario es consciente de que con la intensa actividad habida en los últimos ejercicios del turno de oficio, los Colegios de Abogacía vienen soportando una carga de trabajo que, en algunos casos, resulta excesivamente gravosa.

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