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Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Este servicio, que comenzará con el colegio de Abogados de Las Palmas y que se irá extendiendo al ámbito competencial del resto de colegios de abogacía de Canarias, entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre.

El proyecto que se prestará en los centros de refugiados y migrantes contará con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), organización que colaborará con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y apoyo técnico en materia de protección internacional.

Las personas ingresadas en centros penitenciarios, así como en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) contarán con un servicio de orientación jurídica que pondrá en marcha la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas.

Para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la orden por la que concede una subvención directa, con carácter excepcional de interés público, de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas. El período de realización de la actividad objeto de subvención abarca del 20 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Bonnet especifica que el proyecto se inicia con el Colegio de Abogados de Las Palmas, pero es intención del Gobierno de Canarias extenderlo al ámbito de todos los colegios de abogacía de Canarias, de tal forma que todas aquellas personas que pasen por las mismas situaciones en distintas islas reciban la adecuada asistencia y asesoramiento.

El servicio, detalla, se prestará por abogadas y abogados especializados que deberán superar una formación específica para tal fin, que actualmente se está diseñando y se impartirá en la primera quincena de septiembre, de tal manera que la asistencia jurídica sea efectiva a partir de la segunda quincena de dicho mes.

La Viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, destaca la importancia de que el proyecto cuente con la participación de ACNUR, organización que ofrecerá sus recursos y conocimiento, tanto en la formación de profesionales, como con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y con apoyo técnico en materia de protección internacional para las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en los CIE y CATE.

Personas internas en centros penitenciarios

Mediante esta actuación, se prestará inicialmente servicio de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario a las personas internas recluidas en los centros penitenciarios situados en el ámbito competencial del Colegio de Abogados de Las Palmas (Las Palmas I y II, así como, en el caso de Fuerteventura, la prisión de Tahiche en Lanzarote).

El contenido de esta asistencia se centrará en el asesoramiento sobre su situación penitenciaria, obtención de permisos y posibilidades de progresión de grado, asistiendo a las personas internas en la elaboración de peticiones y recursos dirigidos tanto al Centro Directivo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y asesoramiento en materia de régimen penitenciario y sistema disciplinario, asistiendo en la elaboración de alegaciones y recursos en los expedientes disciplinarios que se les incoen.

Asimismo, se orientará sobre la situación penal de cada persona interna, en particular en materia de acumulación de penas, sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad; y se contactará con el representante legal que tenga designada la defensa y representación de la persona interna con el fin de garantizar la asistencia letrada efectiva y la presentación de los escritos y recursos necesarios para garantizar sus derechos o promover su designación para el caso de que carezca de asistencia letrada o no esté siendo efectivamente prestada.

Personas refugiadas y migrantes

El proyecto incluye la prestación del servicio de orientación y asesoramiento jurídico para las personas refugiadas y migrantes que se encuentran dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Acogida Temporal de Extranjeros del ámbito competencial del Colegio de abogados de Las Palmas. En concreto, actualmente en el CIE Barranco Seco y el CATE Barranco Seco y El Matorral de Fuerteventura.

El contenido de esta asistencia se basará en entrevistas con las personas detenidas en los centros para conocer sus circunstancias personales concretas, con el fin de determinar si concurren supuestos que permitan solicitar y obtener residencia legal en España o protección internacional; así como en asesorar a dichas personas en materia garantías legales en materia de extranjería.

Además, las personas refugiadas y migrantes recibirán información y asesoramiento en materia de derechos, el procedimiento de asilo y la posibilidad de presentar denuncias y quejas ante el Juzgado de Control de los CIEs.

Este proyecto se llevará a cabo en cumplimiento y consonancia con una proposición no de ley, aprobada por la Cámara Autonómica, sobre orientación y asistencia jurídica a personas internas de centros penitenciarios y centros de inserción social que requería del Gobierno de Canarias el impulso de las actuaciones necesarias para dotar económicamente estos servicios.

Bonnet precisa que su objeto, no obstante, y dadas las particulares circunstancias concurrentes, se ha extendido, no solo a las personas internas en centros penitenciarios, sino también a las que se encuentren en centros de internamiento de extranjeros donde las necesidades de asesoramiento y las circunstancias de vulnerabilidad son, si cabe, mayores.

 

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El SCE forma y contrata a 45 personas sin trabajo para la rehabilitación de 150 viviendas de San Bartolomé

Visita a las 150 viviendas de Bellavista

Elena Máñez visita al alumnado de un proyecto que se desarrolla gracias a una subvención de 1,3 millones de euros del SCE y que cuenta con la colaboración del Instituto Canario de la Vivienda y la Fundación Laboral de la Construcción

La consejera destaca “la colaboración de las administraciones con la iniciativa privada en un sector clave para la recuperación económica” y señala “la importante presencia de mujeres” participantes pese a tratarse de “una actividad masculinizada”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), impulsa con una subvención de 1,3 millones de euros un proyecto de formación y contratación de 45 personas sin trabajo durante un año para la rehabilitación de 150 viviendas públicas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Mediante una visita a los bloques de Bellavista, la consejera, Elena Máñez, examinó este lunes los detalles del Plan de Formación y Empleo para la Rehabilitación y la Eficiencia Energética, en desarrollo desde el pasado agosto gracias al convenio de colaboración entre el SCE, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y la Fundación Laboral de la Construcción.

“Es un proyecto completo en un contexto de crisis como la actual, porque se realiza en un sector clave para la recuperación económica como la construcción, une la colaboración entre administraciones públicas como el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con la iniciativa privada, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, y además cumple un objetivo social al rehabilitar viviendas”, destacó la consejera, que subrayó además “la importante presencia de mujeres” en el proyecto “pese a tratarse de una actividad, la construcción, muy masculinizada”.

De hecho, casi se alcanza la paridad de género entre las 45 personas que se benefician de la iniciativa, un proyecto que les ofrece cualificación profesional a la vez que favorece su inserción laboral.

Además de Elena Máñez, se desplazaron hasta el entorno de las calles Alfredo Kraus y Teresa Berganza el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, y María Isabel Santana como directora del Icavi, organismo adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en representación de la administración autonómica. También acudieron a la visita la alcaldesa de San Bartolomé, María Concepción Narváez, las concejalas de Cultura y Desarrollo Local, María Elena Espino, de Igualdad, Diversidad y Juventud, Irasema Hernández, y el edil de Vivienda, Alexis Gustavo Moreno, por la administración local, junto a la presidenta del Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas, María de la Salud Gil, y el vicepresidente, José Manuel Ojeda, entre otras personas representantes de la entidad sin ánimo de lucro constituida por la patronal y los sindicatos del sector.

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Canarias pone en marcha el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas para atender con garantía la crisis de la COVID-19

Se trata del primero de los tres juzgados solicitados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al Ministerio de Justicia para atender el incremento de litigios generados por la crisis del coronavirus en el ámbito social y mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas, el primero de los tres que se solicitó el pasado verano al Ministerio de Justicia para hacer frente al aumento de los litigios derivados de la crisis de la COVID-19.

La Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria cuenta desde el pasado 30 de diciembre con esta nueva dotación, cuya creación se promovió en junio durante la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. En este encuentro, además del juzgado ya en funcionamiento, se instó a la creación del Juzgado de los Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas, que está previsto que entren en funcionamiento el próximo mes de junio.

Como señala la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estos tres órganos judiciales se han creado con carácter urgente dada la situación excepcional generada por la crisis económica actual, que ha hecho que se hayan incrementado los litigios mercantiles y sociales. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo autonómico asumió el compromiso de dotarlos de medios materiales y personales adecuados. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas contempladas en el Plan de Choque de la Administración de Justicia para hacer frente a los efectos de la crisis de la COVID-19.

El plan se centra en atender las necesidades de las jurisdicciones más afectadas por las circunstancias actuales (mercantil y social) en el que, además de un sistema de refuerzos implantado desde septiembre de 2020 al que han podido acogerse voluntariamente los juzgados de esos órdenes jurisdiccionales, prevé la creación de estas tres nuevas unidades judiciales.

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Justicia y la Cámara de Comercio de Las Palmas impulsan un proyecto piloto de mediación mercantil

Julio Pérez presenta proyecto de mediación en Cámara de Comercio de Las Palmas

La iniciativa está subvencionada con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, periodo en el que se aspira a resolver de forma satisfactoria, al menos, 28 de 50 procesos. Si la valoración para entonces es positiva se podría prorrogar y extender al resto del Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presentó ayer viernes la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación para la resolución amistosa de conflictos en el ámbito mercantil, acto celebrado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. También acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el presidente de esa institución, José Sánchez Tinoco, y el secretario general de la misma, Luis Padrón.

Pérez explicó que el proyecto está subvencionado con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, e incluye la realización de unas jornadas de formación y capacitación de los mediadores que se ha llevado a cabo recientemente, así como la designación y compensación económica que estos recibirán por sus servicios. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, tras lo cual se valorarán sus resultados que, si resultan positivos, permitirían su prórroga y extensión al resto del Archipiélago. La meta, explicó Vallejo, es alcanzar un resultado satisfactorio en, al menos, 28 de 50 procesos.

El consejero indicó que la Consejería apuesta, en consonancia con el mandato contemplado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, por promover mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos con la puesta en marcha de esta iniciativa en uno de los ámbitos que, de forma más intensa, está viviendo las consecuencias de la crisis sanitaria.

Para Pérez, resulta llamativo que este tipo de medidas tiene más demanda en la resolución de conflictos de tipo familiar que los de otros tipo, como el mercantil, y explicó que su impulso contribuiría a aliviar la presión que reciben los órganos judiciales de la materia. Al respecto, Vallejo indicó que cada tribunal mercantil aborda, de media, unas 600 causas al año, lo que explica la importancia de este proyecto.

Además, aludió a un argumento de carácter político y moral en apoyo a la mediación: La mejor solución de los conflictos sociales no siempre es que se resuelvan mediante un combate a cuyo término haya un ganador y un perdedor, sino que es mejor, y más fácil de ejecutar, por un acuerdo entre las partes. También se sirve a la justicia, y a la seguridad, a través de la mediación, remarcó.

En este sentido, Pérez indicó que es necesario contar con una estructura ágil que dé respuesta a los conflictos existentes entre las partes. Por ello, la Consejería apuesta por impulsar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflicto mediante el recurso a la mediación, que es un instrumento que permite a las partes obtener una solución consensuada y no traumática a su conflicto, y de mucho más fácil ejecución. Señaló que se trata de una fórmula más rápida y barata que un proceso judicial que, además, concluye con una sentencia que requiere ser ejecutada, mientras que en la mediación no sucede lo mismo.

De esta manera, enfatizó, se permite aligerar la carga de los juzgados mercantiles, a lo que Vallejo añadió que, en el caso de la provincia de las Palmas, casi dobla la que se considera como carga máxima adecuada por el Consejo General del Poder Judicial

El proyecto, realizado en coordinación con los dos juzgados de lo mercantil de la provincia, prevé que estos órganos judiciales puedan derivar al servicio de mediación de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gran Canaria procesos en el que ambas partes sean empresarios y tengan su domicilio en la Isla, así como aquellos procesos referidos a procedimientos de propiedad industrial en los que los juzgados de lo mercantil de las Palmas tienen competencia en toda la Comunidad Autónoma.

Serán los órganos judiciales quienes decidan qué procesos deben ser derivados a mediación, informando a las partes de la existencia de este proceso, que será totalmente gratuito para ellas.

Por su parte, la Cámara de Comercio será la encargada de designar a los mediadores y actuar como interlocutora con los órganos judiciales. De igual modo también podrá activar servicios de mediación extrajudicial, en los que las partes acudan directamente a la Cámara para resolver su conflicto cuando este no haya sido judicializado.

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Justicia destaca y felicita a los jueces de Las Palmas por la mejora de la atención a la infancia en los tribunales

Julio Pérez, Carla Vallejo y Marta Bonnet, tras el acto del premio de Calidad de la Justicia

El consejero Julio Pérez afirma en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria por la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia que la justicia no tiene por qué ser áspera ni distante, y menos aún cuando se ven involucrados niños o niñas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, remarcó ayer viernes en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria que el Gobierno de Canarias continúa avanzando en la adaptación de los espacios, la dotación de medios y la formación necesaria para mejorar la atención a la infancia en el ámbito judicial ya que, explicó, la justicia no tiene por qué ser áspera, distante, fría ni lejana, y menos aun cuando se ven involucrados niños o niñas.

El consejero felicitó a los jueces de Las Palmas, en la persona de su Decano, el magistrado Oscar González, por el premio conseguido, y les animó a continuar, en el deseo de que además sirvan de ejemplo a otros operadores jurídicos que deben tratar con niños y niñas y no siempre logran hacerlo como lo están haciendo los juzgados y tribunales de Las Palmas.

Al acto acudieron también la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, y el decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar Gonzalez, entre otros.

Como iniciativas concretas de este último año promovidas o apoyadas por el Ejecutivo autonómico, cabe destacar la apertura de Salas de Lactancia para su uso por los profesionales y la ciudadanía que acceda a las instalaciones judiciales; las obras para la instalación y adecuación de la oficina de asistencia a las víctimas del delito, contando con espacios adecuados de espera para familias y menores, y la organización de las jornadas formativas y divulgativos Los menores en el contexto de la violencia machista, celebrada los días 12 y 13 de noviembre.

El Consejo General del Poder Judicial realiza una convocatoria anual para la concesión de este premio con el que se pretende reconocer a los órganos judiciales, las oficinas o administraciones relacionadas con la Administración de Justicia por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

En la convocatoria de este año, el Decanato de las Palmas de Gran Canaria presentó como candidatura al premio el proyecto, iniciado desde 2017, que culminó con la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, y que finalmente ha sido reconocido con este galardón. Se encuadra en una serie de iniciativas destinadas a mejorar el tratamiento y la atención que, principalmente a las víctimas menores de edad, se ofrece en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, así como a las y los menores que deben acudir a los juzgados de familia.

Al respecto, Pérez destacó la importancia que tiene la cantidad de recursos asignados a la justicia para alcanzar su finalidad, pero sobre todo, la calidad del servicio mismo que se presta, que debe tener como norte la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

No hay que olvidarse de los recursos que precisan quienes prestan este servicio, indicó, pero hay que tener muy presente la calidad que deben recibir las ciudadanas y los ciudadanos, añadió en referencia a la iniciativa que recibió el galardón. También destacó que no se trata de un proyecto nuevo, sino que es una iniciativa desarrollada bajo distintos equipos, y no solo el actual, por lo que puso en valor la continuidad dada hasta la consecución del resultado conseguido.

En este sentido, el Gobierno ha dado su apoyo y sostén económico a distintas iniciativas del decanato que incluyen, entre otras, la elaboración del protocolo de actuación en caso de víctimas o testigos menores de edad; la puesta en marcha de la Sala Gesell para declaraciones y exploraciones de menores; el protocolo de acompañamiento Vía libre a la infancia; la adaptación del lenguaje de los documentos que deben entregarse a la víctima a través de la técnica de lectura fácil; la aprobación e inicio de las obras de la casa de la infancia en los institutos de medicina legal, y el proyecto divulgativo y formativo dirigido al alumnado de los Colegios de Las Palmas Aprendiendo en Justicia.

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El Gobierno de Canarias y Fedeport impulsan la declaración de Puerto Seguro ante la COVID-19

Presentación de Puerto Seguro

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la sociedad pública Proexca, apoya a la Federación Canaria de Empresas Portuarias para la definición de procesos y la acreditación en seguridad frente a la pandemia

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentó este viernes junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y el presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport), José Juan Ramos, el proyecto conjunto para poner en marcha una acreditación de Puerto Seguro en los recintos costeros de titularidad estatal en la comunidad autónoma ante la crisis sanitaria de la COVID-19, certificación que contará con un protocolo concreto y según la actividad de cada empresa que opera en las áreas portuarias, confeccionado en base a las recomendaciones de los principales organismos nacionales e internacionales en materia de seguridad sanitaria.

Como explicó la consejera, se trata de “un proyecto pionero” y que puede convertirse “en un referente”, ya que “no existe una iniciativa similar con tanta intensidad en ningún otro puerto que conozcamos”. “También es un ejemplo claro de colaboración público-privada, pues la responsabilidad de las administraciones es acompañar a las empresas de nuestra tierra para transitar este tiempo de dificultades sin precedentes, una crisis que ha tenido un especial impacto en Canarias”, subrayó Elena Máñez.

Además, la consejera de Economía argumentó que Puerto Seguro “contribuye a generar la certidumbre necesaria para los negocios portuarios al incorporar un nuevo valor añadido a estas infraestructuras públicas, ya que establece unos criterios normalizados para estandarizar los diferentes procesos, por lo que con esta certificación se potencia la marca de Canarias en el exterior y se impulsa tanto la recuperación como la diversificación de la economía”.

Presentación de Puerto Seguro
La viceconsejera de Economía, Almudena Estévez, durante su intervención.

En este sentido, la consejera señaló que una de las prioridades del Gobierno, en el marco del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, es “apoyar y acompañar a nuestras empresas en este difícil tránsito de la crisis”. Este proyecto, indicó, “es un ejemplo de colaboración público-privada para contribuir a proyectar la marca de Canarias como un entorno seguro y con garantías para el desarrollo de la actividad económica”, algo de especial relevancia “en un ámbito tan importante para nuestra economía como son nuestros puertos”

Mediante la firma de un acuerdo de cooperación, la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), empresa pública adscrita a la consejería dirigida por Máñez, presta apoyo técnico y financiero a la patronal Fedeport para la actual definición de los nuevos protocolos durante las diferentes operaciones, la posterior acreditación ante los organismos internacionales de la seguridad sanitaria en los puertos canarios y la difusión global de las buenas prácticas como un nodo logístico en el escenario mundial.

Posicionamiento global

“La comunidad empresarial pretende ir más allá de los protocolos establecidos por las administraciones públicas, incluso por encima de los mínimos fijados por la Organización Marítima Internacional, para mejorar el actual posicionamiento de los negocios canarios en el contexto global”, destacó José Juan Ramos antes calificar al sector portuario como un elemento esencial de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía del Gobierno de Canarias.

Con 120.000 euros de presupuesto total, 30.000 euros aportados desde Proexca, el proyecto Puerto Seguro también cuenta con la participación del grupo empresarial SGS, de origen suizo y referente mundial en procesos de inspección, verificación, ensayos y certificación, además de la colaboración institucional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Precisamente, Luis Ibarra resaltó la “seguridad y confianza que trasladamos a los armadores internacionales entre los factores más importantes” para el actual mantenimiento de la actividad económica en el Puerto de La Luz pese a la crisis actual, por lo que “dar este paso adicional para la certificación internacional como destino seguro es un bien intangible de enorme valor”.

Además, “la declaración de Puerto Seguro puede replicarse en los restantes recintos de las Islas que se quieran adherir a la iniciativa”, explicó la viceconsejera de Economía e Internacionalización, Almudena Estévez, que también apuntó entre las repercusiones adicionales del nuevo proyecto la próxima elaboración de un documento normativo (UNE) sobre seguridad sanitaria en las instalaciones portuarias.

En el marco de la declaración de Puerto Seguro, Fedeport ya trabaja en la elaboración de varios protocolos como el documento referente a la manipulación de mercancías en la flota pesquera, que garantiza la seguridad sanitaria en las procesos portuarios al limitar las posibles interferencias entre personal tripulante y operadores locales con diversas medidas (mediciones de temperatura, control de la tarjeta sanitaria o realización de test, dotación de equipos de protección individual, establecimiento de circuitos o desinfección de los materiales).

El proyecto Puerto Seguro ofrece más información a través de la web fedeport.com y el correo gerencia@fedeport.com.

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Canarias trabaja con las autoridades portuarias en un corredor marítimo seguro para el turismo de cruceros

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, y el de Sanidad, Blas Trujillo, se reúnen con los presidentes de las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife para coordinar los protocolos sanitarios que se exigirán a las navieras que quieren operar en las Islas y poder recuperar a 400.000 cruceristas a partir de otoño

Entre las medidas de seguridad que se reclamarán a las compañías se encuentra contratar un seguro para todos los cruceristas que cubra sus gastos en el caso de alguna incidencia por coronavirus, la de revisar y desinfectar los barcos después de cada viaje o que los barcos no superen el 60 o 70% de su capacidad

 

El Gobierno de Canarias y las autoridades portuarias de las dos provincias canarias han acordado hoy poner en marcha un comité técnico para establecer un protocolo de medidas sanitarias que se exigirán a las compañías de turismo de cruceros que operan en las Islas con la finalidad de crear un corredor marítimo seguro para los cruceros y reactivar a este sector que se encuentra en suspenso desde que se limitó la movilidad a causa de la crisis sanitaria del COVID-19. Este corredor marítimo seguro permitiría la reactivación del sector este mismo otoño y de esta forma poder recuperar a algo más del 40% de turistas que habitualmente solían visitar las islas en crucero, es decir, a unos 400.000 visitantes entre octubre de este año y mayo de 2021.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, junto al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y los presidentes de las autoridades portuarias de Las Palmas, Luis Ibarra, y la de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, han decidido crear un comité técnico con los especialistas de Salud Pública para establecer todas las medidas sanitarias necesarias que se exigirán a las navieras para garantizar la seguridad tanto de los tripulaciones como de los turistas de cruceros y la de los residentes en las Islas, y situar a Canarias también como un referente de seguridad y confianza a nivel internacional en el turismo de cruceros. Ambas autoridades portuarias informaron a los consejeros regionales que cinco compañías internacionales de cruceros, y con amplia experiencia en las Islas, se han interesado por activar este tipo de viajes con sus barcos realizando cruceros sólo y exclusivamente entre los puertos del Archipiélago.

“Es una buena noticia porque las navieras ven que Canarias es una zona con una amplia seguridad sanitaria donde poder desarrollar su actividad, que Canarias ofrece todas las garantías desde el punto de vista sanitario para llevar a cabo este tipo de turismo”, aseguró el consejero Franquis, “son empresas europeas y los turistas que traerían serían únicamente europeos, por tanto, cumplirían con todas las exigencias sanitarias que estamos planteando, y una vez nos confirmen que se cumplen todas esas exigencias, trasladaremos al Gobierno de España, que es en definitiva quien tiene que dar la autorización, que permita la apertura de nuestros puertos al turismo de cruceros”.

Entre las medidas que se les exigirán a las compañías de cruceros para garantizar tanto la seguridad de los residentes en las Islas como la de los ocupantes de estos barcos está la de suscribir un seguro por parte de las navieras que cubra todos los gastos de los cruceristas que puedan resultar contagiados por el COVID-19. “Se trata de garantizar que los cruceristas tengan cubiertos todos los gastos derivados de una incidencia por coronavirus: repatriación, gastos médicos y estancias en cuarentena”, explicó el consejero Franquis.

Además de los controles que ya se realizan habitualmente a todos los viajeros que entran en Canarias por vía aérea, que es por donde llegarán los cruceristas a los puertos base, se exigirá, entre otras, que los barcos no superen el 60 o 70% de su capacidad, que amplíen sus plantillas sanitarias a bordo, la limpieza y desinfección de los barcos después de cada viaje, o establecer un protocolo de seguimiento de las naves cada vez que atraquen en un puerto de las Islas.

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La viceconsejera de Economía, la embajadora de Eslovenia y agentes empresariales analizan vías de colaboración

Encuentro con la embajadora de Eslovenia

La reunión, impulsada por la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), es la segunda mantenida este año con la representante eslovena en el país y está orientada a analizar posibles vías de cooperación en el ámbito económico

La viceconsejera de Economía e Internacionalización, Almudena Estévez, participó este jueves en un encuentro de trabajo con la embajadora de Eslovenia en España, Renata Cvelbar Bek, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, y representantes de las organizaciones empresariales. La reunión, impulsada por la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), es la segunda mantenida este año con la representante eslovena en el país y está orientada a analizar posibles vías de colaboración en el ámbito económico, especialmente en aquellos sectores de actividad que permitan un desarrollo sostenible y complementario para ambos territorios.

Como señaló la viceconsejera durante su intervención, Canarias y Eslovenia tienen puntos en común, como su posición geoestratégica como nodos europeos de acceso a mercados con grandes tasas de crecimiento, condición que puede ser aprovechada por las empresas exportadoras de una y otra parte. Así, Estévez destacó que Canarias podría “impulsar la entrada de nuestros productos en los países del Este”, mientras que la parte eslovena podría recibir “interesantes aportaciones” de la canaria en materia de experiencia en gestión turística, logística o de acceso a nuevos mercados de demanda, como los africanos.

“Con esta jornada de trabajo, pretendemos activar y favorecer un modelo de colaboración entre entidades canarias y eslovenas, de forma que ambos territorios, consolidados como ‘hubs’ logísticos de negocios, puedan aunar sus complementariedades en el beneficio común de nuestras economías”, afirmó.

Asimismo, Almudena Estévez recordó que Eslovenia está impulsando de manera decidida las políticas de fomento de la economía circular, una apuesta en la que coincide con el Gobierno de Canarias, y que la alta tecnología “supone ya el 7% de sus exportaciones”.

La viceconsejera subrayó también la importancia de nuestros puertos “como facilitadores del comercio internacional” y destacó que estas infraestructuras se configuran hoy “como un referente en el Atlántico medio en materia de logística y servicios avanzados”.  “Canarias una vez más ofrece sus principales activos, basados en el talento, la conectividad, la competitividad de nuestras empresas y la bondad de nuestras infraestructuras y los pone a disposición de las empresas eslovenas para que cooperemos y construyamos juntos un modelo de crecimiento económico sostenible en nuestro entorno geográfico”, señaló.

A su juicio, en estos momentos de recesión debido a la pandemia de la COVID-19, “es fundamental apostar por dinamizar nuestra economía, por lo que internacionalización se consolida como una de las estrategias fundamentales a la hora de favorecer la diversificación de nuestro modelo productivo”.

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