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Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Este servicio, que comenzará con el colegio de Abogados de Las Palmas y que se irá extendiendo al ámbito competencial del resto de colegios de abogacía de Canarias, entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre.

El proyecto que se prestará en los centros de refugiados y migrantes contará con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), organización que colaborará con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y apoyo técnico en materia de protección internacional.

Las personas ingresadas en centros penitenciarios, así como en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) contarán con un servicio de orientación jurídica que pondrá en marcha la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas.

Para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la orden por la que concede una subvención directa, con carácter excepcional de interés público, de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas. El período de realización de la actividad objeto de subvención abarca del 20 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Bonnet especifica que el proyecto se inicia con el Colegio de Abogados de Las Palmas, pero es intención del Gobierno de Canarias extenderlo al ámbito de todos los colegios de abogacía de Canarias, de tal forma que todas aquellas personas que pasen por las mismas situaciones en distintas islas reciban la adecuada asistencia y asesoramiento.

El servicio, detalla, se prestará por abogadas y abogados especializados que deberán superar una formación específica para tal fin, que actualmente se está diseñando y se impartirá en la primera quincena de septiembre, de tal manera que la asistencia jurídica sea efectiva a partir de la segunda quincena de dicho mes.

La Viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, destaca la importancia de que el proyecto cuente con la participación de ACNUR, organización que ofrecerá sus recursos y conocimiento, tanto en la formación de profesionales, como con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y con apoyo técnico en materia de protección internacional para las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en los CIE y CATE.

Personas internas en centros penitenciarios

Mediante esta actuación, se prestará inicialmente servicio de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario a las personas internas recluidas en los centros penitenciarios situados en el ámbito competencial del Colegio de Abogados de Las Palmas (Las Palmas I y II, así como, en el caso de Fuerteventura, la prisión de Tahiche en Lanzarote).

El contenido de esta asistencia se centrará en el asesoramiento sobre su situación penitenciaria, obtención de permisos y posibilidades de progresión de grado, asistiendo a las personas internas en la elaboración de peticiones y recursos dirigidos tanto al Centro Directivo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y asesoramiento en materia de régimen penitenciario y sistema disciplinario, asistiendo en la elaboración de alegaciones y recursos en los expedientes disciplinarios que se les incoen.

Asimismo, se orientará sobre la situación penal de cada persona interna, en particular en materia de acumulación de penas, sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad; y se contactará con el representante legal que tenga designada la defensa y representación de la persona interna con el fin de garantizar la asistencia letrada efectiva y la presentación de los escritos y recursos necesarios para garantizar sus derechos o promover su designación para el caso de que carezca de asistencia letrada o no esté siendo efectivamente prestada.

Personas refugiadas y migrantes

El proyecto incluye la prestación del servicio de orientación y asesoramiento jurídico para las personas refugiadas y migrantes que se encuentran dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Acogida Temporal de Extranjeros del ámbito competencial del Colegio de abogados de Las Palmas. En concreto, actualmente en el CIE Barranco Seco y el CATE Barranco Seco y El Matorral de Fuerteventura.

El contenido de esta asistencia se basará en entrevistas con las personas detenidas en los centros para conocer sus circunstancias personales concretas, con el fin de determinar si concurren supuestos que permitan solicitar y obtener residencia legal en España o protección internacional; así como en asesorar a dichas personas en materia garantías legales en materia de extranjería.

Además, las personas refugiadas y migrantes recibirán información y asesoramiento en materia de derechos, el procedimiento de asilo y la posibilidad de presentar denuncias y quejas ante el Juzgado de Control de los CIEs.

Este proyecto se llevará a cabo en cumplimiento y consonancia con una proposición no de ley, aprobada por la Cámara Autonómica, sobre orientación y asistencia jurídica a personas internas de centros penitenciarios y centros de inserción social que requería del Gobierno de Canarias el impulso de las actuaciones necesarias para dotar económicamente estos servicios.

Bonnet precisa que su objeto, no obstante, y dadas las particulares circunstancias concurrentes, se ha extendido, no solo a las personas internas en centros penitenciarios, sino también a las que se encuentren en centros de internamiento de extranjeros donde las necesidades de asesoramiento y las circunstancias de vulnerabilidad son, si cabe, mayores.

 

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El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

La actuación de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo

El Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para la llevar a cabo el desarrollo del Palacio de Justicia en el municipio capitalino. Para ello, modificará parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, para lo que se han elaborado normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del Plan.

El objetivo es dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente, pero distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar. La propuesta de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas que acogerán el Palacio de Justicia (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo anunciaron hoy los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Julio Pérez y José Manuel Valbuena, respectivamente, junto al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante la presentación de las normas aplicables de manera transitoria.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte del Palacio de Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento, ampliando las zonas verdes en el espacio de Cabo Llanos.

Julio Pérez detalló que se ha terminado la elaboración de las normas urbanísticas, que posibilitarán edificar un nuevo edificio que permitirá concentrar todos los órganos judiciales y servicios complementarios, aunque en varios edificios. Normas que, apuntó, sustituyen a las vigentes para el espacio de Cabo Llanos y que deben estar en armonía con aquellas que regulan las actividades públicas y privadas en la zona.

Emplazamiento, dotaciones y equipaciones  

Para la composición de dichas normas, llevada a cabo por la empresa pública Gestur, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad estableció varios criterios y directrices, como el emplazamiento de manera definitiva en la zona de Cabo Llanos y el mantenimiento de las dotaciones y equipaciones básicas (educativas, sanitarias y plaza pública, entre otros), y se decidió que los nuevos edificios se proyectaran manteniendo la ocupación y el aprovechamiento del actual Palacio de Justicia. “Todo ello con la mayor delicadeza, respeto y coordinación con las demás administraciones y sobre todo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene la potestad de la planificación de la ciudad”, remarcó Pérez.

Valbuena indicó que el objetivo perseguido en Santa Cruz de Tenerife es lograr una centralidad administrativa que optimice y mejore la relación de la ciudadanía con las administraciones, aportando un principio de economía y agilidad al sistema administrativo judicial. Manifestó que el hecho de contar con una bolsa de suelo de titularidad pública en Cabo Llanos aporta al proyecto viabilidad económica, además de una importante ganancia de aprovechamiento ciudadano de más de 50.000 metros cuadrados y un frente marítimo envidiable en Santa Cruz de Tenerife.

Detalló que la siguiente fase será la evaluación ambiental de la propuesta y la publicación del informe del impacto ambiental estratégico para, después, tramitar la propuesta de suspensión, que irá acompañada de las Normas Sustantivas Transitorias. Posteriormente, agregó, se podrá pasar a una tramitación final, donde tendrá que someterse a un proceso de audiencia por parte de las administraciones públicas y de consulta pública que terminarían con la futura aprobación, si todo sale bien, en el Consejo de Gobierno. Es un proceso que se prevé que esté disponible a lo largo de 2022.

“Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un día importante” afirmó Bermúdez, quien señaló que con la propuesta se resuelve el anhelo de todo el sector jurídico y judicial y de la ciudadanía al concentrar en un mismo espacio las sedes judiciales en la capital tinerfeña y también permite una mejor ordenación de la zona, que contará, dijo, con mayores espacios de equipamiento público y zonas verdes.

Se trata también de una propuesta de mejora para los vecinos y vecinas de la zona y para toda la ciudadanía que transiten por ella, remarcó Bermúdez, quien destacó el trabajo realizado por la Concejalía de Urbanismo y por el consejero Julio Pérez.

Cambios urbanísticos

Para llevar a cabo los cambios urbanísticos se han elaborado unas Normas Sustantivas Transitorias de aplicación en el ámbito de la suspensión que viabilizan, planifican y regulan la adaptación de la ordenación vigente a los nuevos requerimientos funcionales y necesarios para la implantación del Palacio de Justicia en tanto el instrumento correspondiente asume la nueva ordenación.

Los objetivos territoriales se basan en la centralidad administrativa, la economía y agilidad del sistema administrativo judicial, la cobertura del programa de necesidades de la Administración de Justicia, la accesibilidad intermodal (aeropuerto, puerto, tranvía y coche), la repercusión en la zona y la disponibilidad del suelo, así como en la viabilidad económica.

Desde el punto de vista urbanístico, contempla la cobertura urbanística e inserción en el sistema de planeamiento, un espacio de calidad para la ciudadanía (Plaza de la Justicia), movilidad óptima, dotación y equipamientos locales y agilidad y armonía del planeamiento.

Ámbito de suspensión

El ámbito de la suspensión en Cabo Llanos se desarrolla como dos espacios rectangulares, ortogonales entre sí. La primera de ella se extiende de Este a Oeste entre las calles Álvaro Rodríguez López, Adán Martín Menis, una peatonal, que discurre junto a la sede de la compañía petrolífera canaria Disa y un edificio residencial, y la avenida La Constitución o autopista de conexión TF-4, incluida en el ámbito. Esta parte crece irregularmente al suroeste para incluir los suelos situados entre el Espacio Cultural El Tanque y las dos torres.

Es segundo espacio, Norte-Sur, se delimita entre la rotonda de entrada a la avenida Tres de Mayo, el trazado de las avenidas La Constitución y Víctor Zurita Soler, y su encuentro al Sur con el primer espacio rectangular. Por último, el ámbito extiende un brazo en dirección Sur incluyendo así parte de la avenida de La Constitución, aproximadamente hasta su encuentro con la avenida Manuel Hermoso Rojas.

El ámbito de la suspensión encierra una gran extensión de suelos vacantes y únicamente dos edificaciones: el actual Palacio de Justicia y un edificio de oficinas cuya ejecución no ha llegado a término. La gran mayoría de los suelos no se destinan a ningún uso en la actualidad, exceptuando el desarrollo de algunos usos temporales, como el depósito municipal de vehículos y un recinto destinado a la hostelería.

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Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

El proyecto, financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, abre nuevas líneas de investigación en posibles fosas

El trabajo se ha centrado en una labor de indagación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes

Un estudio financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha permitido elaborar una lista contrastada de 182 víctimas mortales relacionadas directamente con la represión generada durante la represión franquista en Tenerife entre personas desaparecidas, fallecidas por ejecuciones extrajudiciales o como consecuencia de las acciones represivas o torturas sufridas en prisión y  aquellas ejecutadas en consejos de guerra. Esta indagación abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas de personas desaparecidas.

En relación al perfil de las 182 víctimas, en la mayoría de los casos se trataba de hombres jóvenes, en torno a los 30 años de edad, miembros de organizaciones obreras y/o partidos republicanos, con especial preeminencia del sindicato anarcosindicalista de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), si bien también afectó a integrantes del Parido Socialista, el Partido Comunista y la Izquierda Republicana. Dentro de los mismos había personas trabajadoras y campesinos, pero también integrantes de la pequeña y mediana burguesía.

La mayoría pertenecían a la isla de Tenerife, pero también existe un número importante de personas naturales de otras islas de la provincia occidental y de la Península, lo que señala a Tenerife como punto de centralización de la represión franquista en las islas occidentales. Según los testimonios recuperados y los nuevos recabados, la represión no terminó en el asesinato de estas personas, sino que además se extendió a sus familias, que padecieron procesos de acoso e indefensión y que motivó una parte sustancial de la emigración producida en la posguerra.

En el proyecto de investigación, realizado entre noviembre de 2020 y abril de 2021 por las investigadoras Nuria Álvarez Rodríguez y María Laura Bencomo Fernández, se indica que si bien el número de personas desaparecidas y los asesinatos tuvo que ser bastante superior, solo se recogen en el estudio los datos contrastados durante el estudio, que se ha centrado en una labor de investigación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes.

Esta indagación ha permitido actualizar y arrojar luz sobre los efectos de la represión franquista en la isla de Tenerife y abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas, ya que se han investigado igualmente las potenciales localizaciones en las que pudieran hallarse parte de las personas desaparecidas avanzado en nuevas líneas de trabajo que pueden llegar a ser productivas, según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Proyecto de interés público

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se trata de un proyecto de interés público pues supone una acción más en el fortalecimiento de los valores democráticos, de libertad y de justicia social para la sociedad española, y supone un acto de materialización de los compromisos que derivan de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Otro de los objetivos fundamentales de esta investigación ha sido el análisis de diferentes puntos señalados por la historiografía y la tradición oral como lugares en donde se localizaban víctimas mortales en fosas, tales como el cementerio de San Juan, en La Laguna, una fosa localizada en torno a Los Rodeos, una sepultura descubierta en el interior de una antigua cárcel en La Laguna, el Pozo en Fuente Cañizares en La Laguna, una cueva en el Tablero, una cueva de Bocacangrejo, el Pozo de los Alemanes en Arona, unas localizaciones en Valle Jiménez y San Andrés y por último, la localización de las fosas existentes en el interior del Cementerio de Santa Lastenia, que se relaciona con las personas fusiladas en la batería del Barranco de El Hierro.

Pese a la ralentización de los trabajos debido a la pandemia motivada por la COVID-19, se ha avanzado en nuevas líneas de investigación y se ha adelantado el trabajo de perfilar la ubicación de dichas localizaciones, para en un futuro proyecto poder sondear algunos de los que parecen tener más probabilidades de poseer restos de víctimas mortales.

Para la ejecución del proyecto, denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad concedió el 14 de noviembre de 2020 una ayuda directa con carácter excepcional de interés público a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife, por importe de 15.900 euros.

Carla Vallejo señala que los datos derivados de dicha investigación abonan la posibilidad de profundizar en las investigaciones iniciadas y justifican en algún caso el inicio de labores de prospección.

En esta línea, indica, el Gobierno de Canarias sigue trabajando en diversos proyectos para localizar a las personas desaparecidas afectadas por la represión de aquel momento histórico y este año emprenderá otros proyectos en el mismo sentido, en el marco de los compromisos en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática constituida el pasado mes de marzo.

En dicha conferencia se aprobó, por unanimidad, el reparto y distribución de tres millones de euros, para actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, de los que 71.707,65 de euros corresponden a Canarias.

Así, con cargo a dichos fondos se han propuesto dos proyectos a desarrollar en la isla de La Palma; uno para un estudio con Geo-radar 3D multifrecuencia en una cela situada en Fuencaliente y, el otro, para la realización de sondeos en busca de fosas de personas represaliadas de la Guerra Civil, cada uno de los cuales cuenta con un presupuesto de 15.996 euros.

Se contempla asimismo una partida de 5.889,51 euros para llevar a cabo un estudio sobre posible localización de las víctimas canarias de la Guerra Civil que figuran como desaparecidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como otro proyecto, por importe de 33.826,14 euros, para la revisión y actualización del Mapa Georeferenciado de Fosas de Canarias y del Portal de Memoria Histórica de Canarias.

 

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El Gobierno levanta el toque de queda, mantiene el resto de medidas y trabaja en el recurso ante el Supremo

El Gobierno levanta el toque de queda, mantiene el resto de medidas contra la COVID y trabaja en el recurso de casación ante el Supremo

La restauración y los lugares de ocio, entre otras actividades, continuarán con sus restricciones de horario y aforo para el mejor control de la pandemia, en virtud de las restricciones aplicadas según los informe de Salud Pública

El Ejecutivo autonómico, que tiene tres días de plazo para presentar el recurso de casación ante el Supremo, hace un llamamiento a la responsabilidad personal y cívica para evitar repuntes y seguir cumpliendo con las normas en vigor

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió en la tarde de este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, convocado de forma urgente tras notificarse la aclaración del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Según anunció el portavoz gubernamental, Julio Pérez, tras ese Consejo, el Gobierno asume la decisión del TSJC de este domingo y deja sin efecto desde esta misma noche el toque de queda, la prohibición de entrar o salir de islas en nivel 3 o 4 de alerta (según el sistema de semáforos establecido en el Archipiélago, pero que en la actualidad no tiene aplicación efectiva al estar todas las islas en niveles 1 y 2) y las limitaciones de eventos de culto en el exterior.

Pérez insistió en que el resto de restricciones, sobre el número máximo de personas en reuniones públicas y privadas, distancia social, ocio nocturno y otras medidas, continúan vigentes. Esta decisión del Consejo de Gobierno se produce tras la petición que en el día de hoy realizaron tanto el Ejecutivo canario como el Ministerio Fiscal en la línea de aclarar el alcance del auto de ayer, domingo.

El portavoz también confirmó que el Gobierno trabaja ya en la elaboración de un recurso de casación bajo los argumentos del interés general y la salud pública esgrimidos en el informe en que se fundamentó el acuerdo de Gobierno del pasado jueves, texto elaborado por los técnicos de Salud Pública y respaldado además por los miembros del comité asesor sanitario del Ejecutivo regional.

El Gobierno levanta el toque de queda, mantiene el resto de medidas contra la COVID y trabaja en el recurso de casación ante el Supremo
El Gobierno levanta el toque de queda, mantiene el resto de medidas contra la COVID y trabaja en el recurso de casación ante el Supremo

Pérez hizo un llamamiento a la responsabilidad y conciencia ciudadana para que, aunque en estos días no haya toque de queda, se sigan cumpliendo todas las normas y se tenga claro que, desde el cierre de la restauración y de lugares de ocio público (como los parques), por la noche y la madrugada “no habrá nada que hacer en la calle: no queremos ver en las Islas las imágenes que se han dado en otras regiones”, recalcó. Aunque no existirá esa limitación para deambular o circular por las vías y espacios públicos, el Ejecutivo insiste en que Salud Pública considera que el mejor medio para seguir bajando los contagios y la incidencia de la pandemia son las medidas adoptadas el pasado jueves. Por eso, este será el argumento central en el que se fundamentará su recurso ante el Supremo.

En la actualidad, ninguna isla se encuentra en el nivel 3 o 4, por lo que no se había establecido ningún cierre perimetral en Canarias. El Gobierno regional subraya que siguen totalmente plenas las medidas sobre aforos, uso de mascarillas, distancia social, limitación de horarios de algunas actividades, las pruebas PCR para alojarse en hoteles de las Islas, el uso limitado de gimnasios, sobre el ejercicio físico en público o las actividades deportivas.

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El Gobierno canario implanta un sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica

Implantación sistema sistema de comparecencias judiciales a distancia, geolocalizadas y con identificación biométrica

Se sustituye la personación física por una identificación remota que, progresivamente, se generalizará al resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria un sistema remoto de comparecencias por el que se sustituye la personación física por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Se trata de una experiencia pionera en todo el Estado que, progresivamente, se generalizará al resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, explica que se trata del Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto (SCAAR), desarrollado por la empresa Inetum para la Administración de Justicia de Canarias y cuya implantación implica gran cantidad de ventajas, tanto para la persona sobre la que se fija la medida judicial de comparecencias periódicas, que podrá sustituirlas, si así lo consiente, por su verificación remota a través de su teléfono móvil, como para la propia Administración de Justicia.

Vallejo detalla que mediante esta tecnología se pasa de un proceso netamente manual y humano de verificación de comparecencias a un sistema íntegramente digital que, además, se integrará dentro del Sistema de Gestión Procesal generando notificaciones y alertas inmediatas. Destaca que se gana en eficiencia y maximización de las capacidades de recursos humanos de la Administración de Justicia al informatizar una labor que antes solo podía hacerse a través de la presencia física directa.

Asimismo, resalta su especial trascendencia y virtualidad en estos momentos de crisis sanitaria, pues evita traslados y acumulación de personas en los órganos judiciales y profundiza en la tónica de apoyarse en las nuevas tecnologías para mejorar el servicio público.

Sistema remoto

El Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto habilita la sustitución de la personación física en los días marcados por la autoridad judicial cuando se acuerda una medida cautelar por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Para su desarrollo, ya implementado y contrastado con éxito en mercados como el de la aeronáutica, control de fronteras o bancario, entre otros, cuenta con sistemas de verificación documental y sistemas de biometría facial.

Se trata de una solución bifásica en la que la persona compareciente verifica su identidad con cualquier documento válido y genera su credencial biométrica a través de reconocimiento facial. Una vez generada la credencial, se emplea para verificar su identidad a distancia acompañada de una geolocalización que permite verificar que la persona se encuentra en el territorio en el que debe permanecer.

De esta manera hay una doble comprobación. En primer lugar, una verificación de la identidad de la persona, indispensable para garantizar la comparecencia, y en segundo lugar la identificación biométrica que confirma y evita el fraude de identidad.

En cuanto a la seguridad y fiabilidad, los sistemas de biometría facial soportan tecnologías para evitar usos fraudulentos con máscaras o fotografías que puedan propiciar una suplantación de identidad y garanticen que, en base a un algoritmo calculado entre una tasa definida la evidencia facial capturada, es de una persona real y coincidente con la tenedora del documento verificado

 

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Vanoostende valora que el Gobierno de España cumpla con la transferencia de los fondos para el agua de regadío

La subvención contempla una partida estatal de ocho millones

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha mostrado su satisfacción por la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy, martes día 22, del real decreto que autoriza la transferencia de las ayudas destinadas a abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos para el riego agrícola, cuya cuantía asciende a ocho millones de euros.

La responsable regional del área ha valorado de forma positiva que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, “haya cumplido con Canarias, por lo que a principios de año sacaremos la convocatoria para unas ayudas fundamentales en una comunidad en la que el regadío supone casi un 70% de la superficie cultivada”.

En esta línea, explicó que “todos los años se producen retrasos en la aprobación de esta medida, a lo que hay que sumar la demora propia de la situación de crisis sanitaria, que no ha sido impedimento para garantizar el pago de las ayudas al sector agrícola en 2021”.

La titular de Agricultura subrayó que con estas subvenciones “se garantiza la moderación de los precios del agua, permitiendo abaratar el sobrecoste que supone para los agricultores canarios, sobre todo, en una época donde la sequía afecta de forma severa a los trabajadores del sector”.

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El Gobierno promueve un debate jurídico en el segundo año de la reforma estatutaria en el marco de su desarrollo

Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo autonómico organiza unas jornadas que abordarán las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o las posibilidades y límites del texto estatutario durante seis sesiones, que se celebrarán en la modalidad online

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha organizado, en colaboración con Presidencia del Gobierno, unas jornadas que tienen como objetivo examinar y analizar el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía de Canarias coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma del texto estatutario, continuando con la línea de trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo canario. Así lo expone el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que añade que, por este motivo, el Gobierno promueve un debate jurídico a través de unas jornadas que se celebrarán en seis sesiones, entre los días 5 y 19 de noviembre, en la modalidad online, a través de un entorno virtual, para salvar las dificultades que se derivan de la actual situación sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, participará el 5 de noviembre en la apertura de las jornadas que llevan por título ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura autonómica (2019-2023).

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la resolución por la que se convocan las jornadas, que tendrán lugar los días 5, 6, 10, 12, 17 y 19 de noviembre y estás dirigidas al personal funcionario y laboral de todos los grupos de las Administraciones Públicas de Canarias (Administración Local, Autonómica y General del Estado), el personal de administración y servicios de las Universidades Públicas de Canarias y el del Parlamento de Canarias. El número de plazas asciende a 150 y la presentación de las solicitudes se podrá realizar hasta el próximo 22 de octubre a través de la Secretaría Virtual del ICAP.

La directora del ICAP, Eva de Anta, informa de que profesionales de reconocido prestigio abordarán diferentes aspectos sobre la norma institucional básica de Canarias, como las posibilidades y límites del nuevo estatuto, las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o el marco competencial.

De Anta, detalla que el contenido de las jornadas se presentará principalmente a través de paneles en los que analizarán entre otros asuntos, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, el papel de las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa, la articulación de los derechos de la ciudadanía y las políticas sociales y el desarrollo de las competencias sobre actividades económicas, empleo e infraestructuras.

Las jornadas se enmarcan en programa de actividades del ICAP para 2020 y se desarrollarán durante seis sesiones. En horario de mañana y con un total de 19 horas lectivas servirán para analizar las implicaciones de la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y su posible proyección en los próximos años.

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El Gobierno aplaude los cambios aprobados en la gestión de la compensación estatal al transporte de mercancías

La consejera Alicia Vanoostende recalca que “es fundamental compensar por parte del Estado los sobrecostes de Canarias, tanto en la importación de insumos necesarios para la actividad agraria local como para la exportación”

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha valorado este martes, 2 de junio, el nuevo respaldo dado por el Gobierno de España al sector primario de las Islas tras la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy de un Real Decreto que amplía los costes subvencionables en el transporte de mercancías agrarias con destino y origen en Canarias, una decisión que supone, según subrayó la propia consejera, “una mejora significativa en la compensación del coste del transporte de mercancías agrarias, tal y como define el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), y con ello facilita la exportación de nuestros productos hacia la Península y el resto de Europa”.

Vanoostende recalcó que “es fundamental compensar por parte del Estado los sobrecostes de Canarias, tanto en la importación de insumos necesarios para la actividad agraria local como para la exportación de nuestros productos”.

Además, resaltó “el gran paso que implica la simplificación administrativa de esa herramienta de apoyo al sector a la hora de tramitar la subvención, que es esencial para la defensa de las actividades del sector agrario” con proyección hacia el exterior.

La titular canaria de Agricultura subrayó la necesidad de “seguir trabajando en medidas de ese tipo, de manera especial en las que garanticen el apoyo público adecuado para trasladar mayor competitividad a los tomates canarios de exportación con vistas a la próxima campaña”.

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Abierta la consulta pública para realizar aportaciones a la iniciativa reguladora de los PEF

Abierta la consulta pública para el reglamento de los PEF

La propuesta tiene como fin acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y las contribuciones a la misma se podrán realizar hasta el 20 de marzo

La web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias ha abierto la consulta pública previa para recabar la opinión de personas y organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura iniciativa reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), elaborada de forma conjunta entre las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. El plazo para realización de aportaciones finaliza el 20 de marzo de 2020.

La iniciativa normativa tiene como objeto acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y tiene como objetivos fundamentales llevar a cabo la ordenación del régimen de organización, funcionamiento y gestión de los PEF en Canarias, los requisitos de acceso y permanencia de las personas usuarias al mismo, fijar el plazo máximo de duración de la atención y las causas de finalización de la intervención, así como la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en los mismos.

El PEF es un recurso social especializado que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilite la relación de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás integrantes de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada, realizándose en los mismos un programa individualizado de intervención.

Más funciones

Con esta normativa, se pretende un concepto de PEF que no se limite, únicamente, a ser un medio para garantizar el cumplimiento de un concreto régimen de visitas impuesto por una autoridad judicial. Esta será una de las funciones a cumplir, pero, junto a ella, debe atenderse también a las derivaciones provenientes de los órganos administrativos que, en el ejercicio de su competencia en materia de tutela, asistencia y protección de niños, niñas y adolescentes, consideren necesaria una específica intervención familiar ante una situación de dificultad en este entorno.

Además, dado que la regulación de un recurso como los PEF tiene una clara incidencia de género, pues enlaza directamente con él ámbito de educación, cuidado y protección de las personas menores de edad, se propone una norma en la que la perspectiva de género actúe como un principio informador de todas y cada una de las intervenciones que se produzcan en el centro. Asimismo, se entiende que debe abordar también la realidad de la violencia machista.

Se estima igualmente necesario que profesionales del equipo técnico que actúen en los PEF cuenten con formación específica en materia de género desde posicionamientos que engloben el respeto y atención a la diversidad.

Según recoge el informe sobre la iniciativa, la necesidad de establecer Puntos de Encuentro Familiar, como recurso social especializado, deriva tanto de instrumentos normativos internacionales como de la propia legislación española y, específicamente, de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, Canarias no ha desarrollado una regulación jurídica específica, como si acontece en otras Comunidades Autónomas, lo que ha generado importantes lagunas jurídicas que hacen necesaria una inmediata regulación normativa con el fin de acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales que, ante la importancia y trascendencia del recurso al que afectan, no pueden cubrirse con meras directrices o protocolos de actuación.

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Torres se reúne con los principales responsables en las Islas de Cruz Roja Española y de Proyecto Hombre

Cruz Roja Canarias

El presidente de Canarias mantiene en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife dos charlas de trabajo con tan importantes ONG

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantuvo en la mañana de este miércoles, 15 de enero de 2020, dos reuniones de trabajo con los principales responsables en las Islas de Cruz Roja Española, Antonio Rico Revuelta, y de Proyecto Hombre, María del Carmen Lázaro, esta acompañada en la cita por la gerente de su misma entidad, Ana Julia Marrero.

Proyecto Hombre Canarias
Un instante de la reunión con las responsables del Proyecto Hombre.

Ambos encuentros sirvieron para conocer a fondo las actividades que desarrollan esas dos organizaciones sociales tipo ONG, sus estructuras actuales y sus necesidades y peticiones más relevantes. El presidente de Canarias también recibió información actualizada sobre los proyectos básicos que tienen activados tales entidades y a su vez el titular del Gobierno regional explicó las principales políticas que la Comunidad Autónoma prevé aplicar a lo largo de 2020 en atención social y socio-sanitaria, las contempladas en el Presupuesto del año en curso, el primero que aprueba el actual Ejecutivo canario.

En ambas conversaciones, las ONG valoraron la partida de 2,5 millones de euros incluida en los Presupuestos canarios de 2020 con destino a la atención temprana de niños con dificultades. A esa dotación se unen los 75.000 euros del área de Menores para la creación de un aula de psicomotricidad en la Universidad de La Laguna (ULL). Ambas aportaciones son nuevas en los Presupuestos de este año.

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