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Franquis busca el consenso con los sectores y las administraciones implicadas para el puerto de Santa Águeda

La comisión interdepartamental creada hace un año concluye que la solución más viable es que el puerto tenga un uso compartido entre industrial y deportivo durante un periodo de tiempo razonable para permitir la adaptación de las normas urbanísticas que propicien el traslado de la cementera al polígono industrial de Arinaga

El consejero y presidente de Puertos Canarios se ha reunido con los representantes de la empresa cementera CEISA, los vecinos, los representantes empresariales y turísticos, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria para alcanzar un “gran acuerdo de isla” que permita mantener la actividad industrial en otro punto y convertir el actual puerto en una instalación vinculada al uso turístico y deportivo

La clave para el consenso radica en el mantenimiento de la industria y de los puestos de trabajo asociados así como el desarrollo turístico sostenible de la zona, manteniendo las peculiaridades de esa pieza territorial estratégica en la isla de Gran Canaria

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha informado hoy que está trabajando con todos los sectores implicados en una serie de actuaciones que se recogerán en un “gran acuerdo de la isla” cuya finalidad será propiciar la transformación del actual puerto de Santa Águeda, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, para que pase del actual uso industrial a uno más acorde con los usos turísticos que los diferentes documentos de planeamiento insulares y municipales conceden a esta zona del sur de la isla de Gran Canaria. El consejero inició esta ronda de conversaciones ayer mismo tras dar cuenta al Gobierno de las recomendaciones extraídas de la Comisión de Trabajo interdepartamental que se creó el pasado año, y de la que también formaron parte la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, para analizar y valorar los usos de las instalaciones portuarias de Santa Águeda.

“El miércoles pasado trasladamos al Gobierno las recomendaciones de esa comisión de trabajo que, lo que viene a concluir es que el puerto se destine a un uso industrial y deportivo, por tanto, que sea un uso compartido”, afirmó Franquis, “esta recomendación está razonada por los diferentes informes que se han realizado desde el punto de vista socioeconómico, medioambiental, de planificación urbanística y también desde el ámbito territorial, con la única intención de defender el interés general. Los informes de los costes y beneficios que se producen en los tres escenarios que se manejaban en un principio, indican que el escenario del uso compartido es en el que mejor se adapta en base a los usos futuros de ese puerto. Además, este uso compartido será temporal y es compatible con las actuaciones urbanísticas que se tienen que desarrollar en el futuro en la zona de El Pajar”.

Sebastián Franquis, también en calidad de presidente de la empresa pública Puertos Canarios, ha mantenido en los últimos dos días varias reuniones con los representantes de la cementera CEISA, de sectores económicos y sociales de la zona, así como del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria en el que les ha transmitido las recomendaciones de la Comisión de trabajo que pretende, en una primera fase, mantener con un carácter temporal, el uso industrial del puerto, compatibilizándolo posteriormente con el uso de ocio y deportivo, y finalmente propiciar el traslado tanto de la concesión portuaria industrial como de la propia fábrica al Puerto de Arinaga. “Y lo hacemos por dos razones fundamentales: porque la sociedad de Gran Canaria así lo ha venido determinando en su planificación insular (tanto el PIO vigente como el que se encuentra en trámite) y porque estamos convencidos que, con el cambio del uso del puerto y el traslado de la industria a Arinaga, todas las partes salen ganando al propiciar un desarrollo turístico de la zona acorde con los valores del barrio de El Pajar”, dijo Franquis.

Las recomendaciones del informe de conclusiones de esta Comisión serán elevadas ahora al consejo de administración de Puertos Canarios, que es el organismo competente para dar las diferentes concesiones sobre el puerto de El Pajar.

Esta comisión interdepartamental se creó hace un año con un calendario de entrevistas con todas las partes implicadas y el encargo de elaborar varios informes sectoriales (socioeconómico, de evaluación del impacto ambiental y la evaluación del impacto sobre la ordenación territorial a nivel local e insular sobre el futuro del puerto de Santa Águeda, o el de disponibilidad de espacio en el Puerto de Arinaga). La Comisión de Trabajo partió de la hipótesis de tres escenarios posibles: mantener el uso industrial del puerto tal y como está, cambiar su uso al de un puerto deportivo y de ocio dedicado fundamentalmente al turismo, o un uso mixto de ambos escenarios.

El consejero Franquis valoró que la evaluación socioeconómica que se ha realizado en estos meses sobre el futuro de este puerto, identificando los costes y beneficios sociales de todas las opciones posibles, indica que la opción con mayor beneficio social es la del uso mixto. Sin embargo, y aunque en una primera fase se pueda combinar ambos usos, el objetivo que se persigue es llegar a un acuerdo con todas las partes para que en un plazo razonable se pueda trasladar tanto la concesión portuaria de uso industrial como la propia fábrica de cemento al lugar indicado para ello (el Puerto de Arinaga) cumpliendo así con la vocación del uso de ocio y turístico sostenible previsto en la planificación insular del Cabildo de Gran Canaria.

“He planteado a todos los representantes de los sectores con los que me he sentado estos últimos días, empresariales, sociales e institucionales, en que es necesario alcanzar un gran acuerdo de isla en el que se comprometan todas las administraciones implicadas y todo el sector privado, en promover la transformación de esa zona de El Pajar potenciando el uso turístico con dos premisas: proteger el empleo y el tejido productivo actual de los residentes en la zona”, concretó Sebastián Franquis.

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La Comisión sobre el puerto de Santa Águeda cita a la alcaldesa y a la plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda

Los consejeros Sebastián Franquis y José Antonio Valbuena, y la consejera Yaiza Castilla presiden una nueva jornada del proceso participativo que se abrió para dar voz a todos los sectores implicados en el futuro desarrollo de esta instalación portuaria del sur grancanario

La Comisión ya ha encargado los dos primeros estudios, a la ULPGC y a una empresa técnica especializada, que servirán para consolidar las conclusiones del dictamen que se elevará al Consejo de Gobierno al finalizar el actual proceso de evaluación

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, han presidido hoy una nueva jornada de la Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que futuros de las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, dando continuidad de esta forma al proceso participativo con las administraciones, los agentes sociales y empresariales implicados, abierto en junio pasado. En la jornada celebrada hoy en la sede de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, se ha dado audiencia a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, y a la plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda que han mostrado su parecer sobre el futuro destino de esta instalación portuaria.

Durante la celebración de esta nueva jornada de la Comisión de Trabajo se dio cuenta también de los estudios que ya se han encargado y que permitirán elevar al consejo de Gobierno la decisión final sobre esta infraestructura portuaria, una decisión que no será vinculante y en el que siempre primará el interés general de la ciudadanía. Esta comisión deberá elaborar un dictamen sobre el futuro del puerto situado en Santa Águeda, calificado como de uso industrial y cuya concesión ostenta actualmente la empresa cementera CEISA Sin embargo, esta concesión de dominio público vencerá en octubre de 2022 y por eso se ha creado esta Comisión, para estudiar las alternativas posibles para el futuro de este puerto que pertenece a la red autonómica de la entidad Puertos Canarios, que preside el consejero Franquis.

Esta nueva jornada del proceso participativo celebrada hoy comenzó con la participación de la alcaldesa Conchi Narváez que defendió que es compatible el desarrollo turístico de la zona con que esta instalación portuaria siga conservando un uso industrial y a que la cementera CEISA renueve la concesión sobre el mismo.

Tras escuchar a la alcaldesa los consejeros citaron a la Comisión de Trabajo a los representantes de la Plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda que conforman varios colectivos vecinales de este barrio de San Bartolomé, y que también defienden que el puerto de Santa Águeda sea usado por la cementera de forma prioritaria.

Los consejeros Franquis y Valbuena y la consejera Castilla agradecieron la participación del ayuntamiento y de la plataforma en este proceso informativo en el que el Gobierno de Canarias quiere escuchar a todos los afectados para contar con los suficientes elementos de juicio antes de tomar una decisión al respecto. Las declaraciones de la alcaldesa y de la plataforma se sumarán a las de los representantes de la cementera CEISA y de los empresarios turísticos agrupados en la FEHT que ya fueron recibidos en las primeras jornadas de este proceso participativo.

Por otra parte, durante la jornada de trabajo de hoy también se informó que ya se han encargado los informes preliminares que se decidieron al conformarse esta Comisión de Trabajo Interdepartamental. De esta forma, se ha encargado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un completo estudio socio económico sobre la actividad actual y las propuestas que se plantean para el puerto de Santa Águeda y un segundo informe a una empresa especializada para que realice un estudio de alternativas desde el punto de vista técnico sobre las distintas opciones que existen para esta infraestructura.

El Gobierno de Canarias ha constituido este grupo de trabajo para llevar a cabo el análisis de las opciones posibles para la nueva concesión y proponer la decisión óptima en base al mayor interés público de las mismas. Con este motivo, la Comisión de Trabajo interdepartamental quiere escuchar en los próximos meses a todos los afectados y evaluar todos los análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto, unos razonamientos que estarán fundamentados sobre informes técnicos avalados por expertos en las materias implicadas que ya están siendo encargados.

Los tres consejeros del Gobierno canario coincidieron en que el trabajo en esta Comisión se va a desarrollar “con absoluta discreción”, con la finalidad de escuchar y valorar las distintas posiciones que manifiesten los sectores implicados en Santa Águeda desde la más absoluta neutralidad y con el objetivo único y exclusivo de defender el interés general de la ciudadanía canaria en la toma de decisiones finales sobre el futuro de este puerto.

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El Gobierno inicia el proceso participativo con los agentes implicados para evaluar el futuro de Santa Águeda

La Comisión de Trabajo que presiden los consejeros Sebastián Franquis y José Antonio Valbuena, y la consejera Yaiza Castilla, se ha entrevistado hoy con representantes de la empresa CEISA así como de la patronal hotelera y de la restauración del sur de la isla

La Comisión prepara también el encargo de los primeros estudios socioeconómicos que, junto a las entrevistas con los implicados, permitirá realizar un dictamen no vinculante sobre el futuro del puerto con el único criterio de la defensa del interés general

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, han presidido hoy la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que se le pueden dar en un futuro a las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, una jornada que ha servido para dar inicio al proceso participativo con los agentes sociales y empresariales implicados, una de las piezas que conforman esta Comisión, junto a los estudios socioeconómicos, y que permitirá elevar al consejo de Gobierno la decisión final  sobre esta infraestructura portuaria, una decisión que no será vinculante y en el que siempre primará el interés general de la ciudadanía.

El proceso participativo ha dado inicio con una reunión con los representantes de la empresa cementera CEISA, que ostenta actualmente la concesión sobre el puerto de Santa Águeda al que actualmente se le da uso exclusivamente industrial. Sin embargo, esta concesión de dominio público vencerá en octubre de 2022 y por eso se ha creado esta Comisión, para estudiar las alternativas posibles para el futuro de este puerto que pertenece a la red autonómica de la entidad Puertos Canarios, que preside el consejero Franquis.

Tras los representantes de la cementera, los consejeros citaron a la Comisión de Trabajo al presidente, José María Mañaricúa, y a otros miembros de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), colectivo que aboga por dar un uso distinto al industrial a las instalaciones portuarias de Santa Águeda.

“Estamos dando continuidad de lo que anunciamos hace escasamente un mes, cuando creamos la Comisión de Trabajo entre las tres consejerías aquí representadas para elaborar una propuesta no vinculante que elevar al Gobierno en los primeros meses del año que viene sobre el uso final del puerto”, explicó el consejero Franquis, “lo que hemos hecho hoy es iniciar el proceso participativo con la empresa CEISA y con representantes del sector turístico de la isla, escuchar sus propuestas, sus informes y su opinión sobre la decisión que debemos tomar en el futuro. Esa propuesta final estará elaborada desde la base, con la participación de todos para que esa decisión histórica esté vinculada al interés general de Gran Canaria y de toda Canarias. Eso es lo que le hemos transmitidos tanto a los empresarios de CEISA como del turismo, y es lo mismo que le diremos al resto de agentes sociales y económicos, y a las instituciones que citemos en las próximas semanas”.

“El objetivo de la Comisión es el que es, nos hemos puesto de acuerdo precisamente para valorar los escenarios posibles siendo conscientes de la importancia que tendrá la decisión final en estos sectores estratégicos que, además, de forma sectorial están en mi Consejería como son Industria y Turismo”, añadió Castilla. “Sabemos los problemas que existen ahora mismo y queremos dar la mejor solución posible y una respuesta en la que se anteponga el interés general que se merecen todos los canarios y canarias y por supuesto, las tres opciones que se barajan para este puerto son las que hemos pactado entre todos los miembros de la Comisión. Por lo tanto, estamos en la misma línea, no hay discrepancias en ese sentido”.

El Gobierno de Canarias ha constituido este grupo de trabajo para llevar a cabo el análisis de las opciones posibles para la nueva concesión y proponer la decisión óptima en base al mayor interés público de las mismas. Con este motivo, la Comisión de Trabajo interdepartamental quiere escuchar en los próximos meses a todos los afectados y evaluar todos los análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto, unos razonamientos que estarán fundamentados sobre informes técnicos avalados por expertos en las materias implicadas que ya están siendo encargados.

“Como les he insistido en otras ocasiones, el Gobierno va a llevar un trabajo en esta Comisión con absoluta discreción, de escuchar mucho y no opinar absolutamente nada”, señaló el consejero Sebastián Franquis, “por eso, ya estamos encargando los informes correspondientes para incorporarlos en esta Comisión, informes como el territorial, para concretar en qué afecta a los planes insulares y municipales en su desarrollo urbanístico; también vamos a pedir un informe socioeconómico sobre la actividad actual y las propuestas que se planteen; y por último, un informe medioambiental porque lo exige la decisión, el momento y la estrategia de cambio climático del propio Gobierno canario. Todo este proceso persigue un objetivo único y exclusivo, el de defender el interés general de todos los canarios y canarias en esta Comisión”.

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