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La Comisión sobre el puerto de Santa Águeda cita a la alcaldesa y a la plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda

Los consejeros Sebastián Franquis y José Antonio Valbuena, y la consejera Yaiza Castilla presiden una nueva jornada del proceso participativo que se abrió para dar voz a todos los sectores implicados en el futuro desarrollo de esta instalación portuaria del sur grancanario

La Comisión ya ha encargado los dos primeros estudios, a la ULPGC y a una empresa técnica especializada, que servirán para consolidar las conclusiones del dictamen que se elevará al Consejo de Gobierno al finalizar el actual proceso de evaluación

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, han presidido hoy una nueva jornada de la Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que futuros de las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, dando continuidad de esta forma al proceso participativo con las administraciones, los agentes sociales y empresariales implicados, abierto en junio pasado. En la jornada celebrada hoy en la sede de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, se ha dado audiencia a la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, y a la plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda que han mostrado su parecer sobre el futuro destino de esta instalación portuaria.

Durante la celebración de esta nueva jornada de la Comisión de Trabajo se dio cuenta también de los estudios que ya se han encargado y que permitirán elevar al consejo de Gobierno la decisión final sobre esta infraestructura portuaria, una decisión que no será vinculante y en el que siempre primará el interés general de la ciudadanía. Esta comisión deberá elaborar un dictamen sobre el futuro del puerto situado en Santa Águeda, calificado como de uso industrial y cuya concesión ostenta actualmente la empresa cementera CEISA Sin embargo, esta concesión de dominio público vencerá en octubre de 2022 y por eso se ha creado esta Comisión, para estudiar las alternativas posibles para el futuro de este puerto que pertenece a la red autonómica de la entidad Puertos Canarios, que preside el consejero Franquis.

Esta nueva jornada del proceso participativo celebrada hoy comenzó con la participación de la alcaldesa Conchi Narváez que defendió que es compatible el desarrollo turístico de la zona con que esta instalación portuaria siga conservando un uso industrial y a que la cementera CEISA renueve la concesión sobre el mismo.

Tras escuchar a la alcaldesa los consejeros citaron a la Comisión de Trabajo a los representantes de la Plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda que conforman varios colectivos vecinales de este barrio de San Bartolomé, y que también defienden que el puerto de Santa Águeda sea usado por la cementera de forma prioritaria.

Los consejeros Franquis y Valbuena y la consejera Castilla agradecieron la participación del ayuntamiento y de la plataforma en este proceso informativo en el que el Gobierno de Canarias quiere escuchar a todos los afectados para contar con los suficientes elementos de juicio antes de tomar una decisión al respecto. Las declaraciones de la alcaldesa y de la plataforma se sumarán a las de los representantes de la cementera CEISA y de los empresarios turísticos agrupados en la FEHT que ya fueron recibidos en las primeras jornadas de este proceso participativo.

Por otra parte, durante la jornada de trabajo de hoy también se informó que ya se han encargado los informes preliminares que se decidieron al conformarse esta Comisión de Trabajo Interdepartamental. De esta forma, se ha encargado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un completo estudio socio económico sobre la actividad actual y las propuestas que se plantean para el puerto de Santa Águeda y un segundo informe a una empresa especializada para que realice un estudio de alternativas desde el punto de vista técnico sobre las distintas opciones que existen para esta infraestructura.

El Gobierno de Canarias ha constituido este grupo de trabajo para llevar a cabo el análisis de las opciones posibles para la nueva concesión y proponer la decisión óptima en base al mayor interés público de las mismas. Con este motivo, la Comisión de Trabajo interdepartamental quiere escuchar en los próximos meses a todos los afectados y evaluar todos los análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto, unos razonamientos que estarán fundamentados sobre informes técnicos avalados por expertos en las materias implicadas que ya están siendo encargados.

Los tres consejeros del Gobierno canario coincidieron en que el trabajo en esta Comisión se va a desarrollar “con absoluta discreción”, con la finalidad de escuchar y valorar las distintas posiciones que manifiesten los sectores implicados en Santa Águeda desde la más absoluta neutralidad y con el objetivo único y exclusivo de defender el interés general de la ciudadanía canaria en la toma de decisiones finales sobre el futuro de este puerto.

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El Gobierno inicia el proceso participativo con los agentes implicados para evaluar el futuro de Santa Águeda

La Comisión de Trabajo que presiden los consejeros Sebastián Franquis y José Antonio Valbuena, y la consejera Yaiza Castilla, se ha entrevistado hoy con representantes de la empresa CEISA así como de la patronal hotelera y de la restauración del sur de la isla

La Comisión prepara también el encargo de los primeros estudios socioeconómicos que, junto a las entrevistas con los implicados, permitirá realizar un dictamen no vinculante sobre el futuro del puerto con el único criterio de la defensa del interés general

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, han presidido hoy la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que se le pueden dar en un futuro a las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, una jornada que ha servido para dar inicio al proceso participativo con los agentes sociales y empresariales implicados, una de las piezas que conforman esta Comisión, junto a los estudios socioeconómicos, y que permitirá elevar al consejo de Gobierno la decisión final  sobre esta infraestructura portuaria, una decisión que no será vinculante y en el que siempre primará el interés general de la ciudadanía.

El proceso participativo ha dado inicio con una reunión con los representantes de la empresa cementera CEISA, que ostenta actualmente la concesión sobre el puerto de Santa Águeda al que actualmente se le da uso exclusivamente industrial. Sin embargo, esta concesión de dominio público vencerá en octubre de 2022 y por eso se ha creado esta Comisión, para estudiar las alternativas posibles para el futuro de este puerto que pertenece a la red autonómica de la entidad Puertos Canarios, que preside el consejero Franquis.

Tras los representantes de la cementera, los consejeros citaron a la Comisión de Trabajo al presidente, José María Mañaricúa, y a otros miembros de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), colectivo que aboga por dar un uso distinto al industrial a las instalaciones portuarias de Santa Águeda.

“Estamos dando continuidad de lo que anunciamos hace escasamente un mes, cuando creamos la Comisión de Trabajo entre las tres consejerías aquí representadas para elaborar una propuesta no vinculante que elevar al Gobierno en los primeros meses del año que viene sobre el uso final del puerto”, explicó el consejero Franquis, “lo que hemos hecho hoy es iniciar el proceso participativo con la empresa CEISA y con representantes del sector turístico de la isla, escuchar sus propuestas, sus informes y su opinión sobre la decisión que debemos tomar en el futuro. Esa propuesta final estará elaborada desde la base, con la participación de todos para que esa decisión histórica esté vinculada al interés general de Gran Canaria y de toda Canarias. Eso es lo que le hemos transmitidos tanto a los empresarios de CEISA como del turismo, y es lo mismo que le diremos al resto de agentes sociales y económicos, y a las instituciones que citemos en las próximas semanas”.

“El objetivo de la Comisión es el que es, nos hemos puesto de acuerdo precisamente para valorar los escenarios posibles siendo conscientes de la importancia que tendrá la decisión final en estos sectores estratégicos que, además, de forma sectorial están en mi Consejería como son Industria y Turismo”, añadió Castilla. “Sabemos los problemas que existen ahora mismo y queremos dar la mejor solución posible y una respuesta en la que se anteponga el interés general que se merecen todos los canarios y canarias y por supuesto, las tres opciones que se barajan para este puerto son las que hemos pactado entre todos los miembros de la Comisión. Por lo tanto, estamos en la misma línea, no hay discrepancias en ese sentido”.

El Gobierno de Canarias ha constituido este grupo de trabajo para llevar a cabo el análisis de las opciones posibles para la nueva concesión y proponer la decisión óptima en base al mayor interés público de las mismas. Con este motivo, la Comisión de Trabajo interdepartamental quiere escuchar en los próximos meses a todos los afectados y evaluar todos los análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto, unos razonamientos que estarán fundamentados sobre informes técnicos avalados por expertos en las materias implicadas que ya están siendo encargados.

“Como les he insistido en otras ocasiones, el Gobierno va a llevar un trabajo en esta Comisión con absoluta discreción, de escuchar mucho y no opinar absolutamente nada”, señaló el consejero Sebastián Franquis, “por eso, ya estamos encargando los informes correspondientes para incorporarlos en esta Comisión, informes como el territorial, para concretar en qué afecta a los planes insulares y municipales en su desarrollo urbanístico; también vamos a pedir un informe socioeconómico sobre la actividad actual y las propuestas que se planteen; y por último, un informe medioambiental porque lo exige la decisión, el momento y la estrategia de cambio climático del propio Gobierno canario. Todo este proceso persigue un objetivo único y exclusivo, el de defender el interés general de todos los canarios y canarias en esta Comisión”.

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El Gobierno encargará varios estudios para evaluar el uso futuro del puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria

Los consejeros Sebastián Franquis, Yaiza Castilla y José Antonio Valbuena han constituido hoy la Comisión de Trabajo que analizará el uso futuro de este puerto situado en El Pajar y abrir un proceso participativo con todos los afectados del que emanará un dictamen, de carácter consultivo no vinculante, en el que el único criterio que prevalecerá será la defensa del interés general

La Comisión ha fijado un calendario para escuchar a la empresa, a los agentes económicos y sociales implicados, a las administraciones locales y evaluar los informes que se encargarán con la finalidad de elevar al consejo de Gobierno, en el primer trimestre de 2022, la decisión final

El Gobierno de Canarias ha constituido hoy la Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que se le pueden dar en un futuro a las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, un puerto al que actualmente se le da uso industrial por parte de la empresa cementera CEISA, pero cuya concesión de dominio público vencerá en octubre de 2022. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, preside esta Comisión de Trabajo como presidente de la empresa pública Puertos Canarios, a la que pertenece el muelle de Santa Águeda, una comisión en la que también están presentes los titulares de las consejerías de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, y que ha establecido hoy un cronograma en que se ha fijado el primer trimestre de 2022 como la fecha límite para elevar al consejo de Gobierno la decisión final  sobre esta infraestructura portuaria, una decisión que no será vinculante y en el que siempre primará el interés general de la ciudadanía.

“La principal y única competencia que tiene esta comisión es proponer al Gobierno de Canarias una propuesta que, lógicamente, no será vinculante, sino una propuesta para que el Ejecutivo tome una decisión en torno al primer trimestre del año que viene. Lo que hemos hecho hoy es trazar el calendario y los ejes de actuación: escuchar mucho, hacer, proponer y explicar con total transparencia. Estos son los cuatro ejes sobre los que regirán todo el trabajo de la Comisión que hemos constituido”, aseguró el consejero Franquis, “estos cuatro ejes, a los que se suma hablar muy poco o nada desde el Gobierno, definen la manera en que la Comisión ejercerá su responsabilidad sobre el puerto objeto de estudio”.

Según defiende Yaiza Castilla, el Puerto de Santa Águeda tiene una situación geográfica estratégica, al estar situado en una zona clave de Gran Canaria, “por lo que es una infraestructura de interés general para Canarias, que puede tener una enorme trascendencia en los ámbitos económico, laboral, social, industrial, turístico y paisajístico”. De ahí, que el Gobierno se haya propuesto el objetivo de “consensuar la mejor decisión posible para este espacio y garantizar el cumplimiento del interés público”, añadió

El Gobierno de Canarias ha constituido este grupo de trabajo para llevar a cabo el análisis de las opciones posibles para la nueva concesión y proponer la decisión óptima en base al mayor interés público de las mismas. Con este motivo, la Comisión de Trabajo interdepartamental quiere escuchar en los próximos meses a todos los afectados y evaluar todos los análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto, unos razonamientos que estarán fundamentados sobre informes técnicos avalados por expertos en las materias implicadas que van a ser encargados en las próximas semanas.

De esta forma, el consejero Franquis adelantó que será necesario realizar una evaluación socioeconómica de cuál puede ser el futuro de este puerto, identificando los costes y beneficios sociales de todas las opciones posibles. Para realizar este análisis del coste-beneficio social se contará con varios informes y se tendrán en cuenta no solo los aspectos económicos y financieros directos e indirectos sobre los agentes implicados sino también otros efectos que deben ser evaluados por los órganos que componen esta mesa de trabajo, como es la evaluación del impacto ambiental (deterioro paisajístico, ruido, contaminación, etcétera) y la evaluación del impacto sobre la ordenación territorial a nivel local e insular.

La Comisión de Trabajo parte de la hipótesis de tres escenarios previos a los que se podrían sumar en los próximos meses nuevas opciones que pueden surgir de los informes de los expertos, del análisis de los estudios encargados y en general, de todo el proceso participativo que comienza ahora.

Para ello, la Comisión de Trabajo ha acordado hoy establecer un proceso de participación de todos los agentes implicados en el futuro uso de este puerto, desde los responsables de CEISA, a representantes empresariales de los sectores afectados (turismo y construcción), agentes sociales, representantes vecinales, a las administraciones afectadas (principalmente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo de Gran Canaria), y a todos aquellos que la Comisión considere necesario escuchar antes de tomar una decisión.

Sebastián Franquis ha anunciado también que la Comisión ha aprobado hoy en su primera sesión un calendario de actuaciones y plazos con fechas aproximadas con la finalidad de poder elevar al consejo de Gobierno el dictamen no vinculante con la opción elegida antes de finales de marzo del años 2022.

Además de los tres consejeros ya citados, completan la comisión de trabajo por parte del Gobierno de Canarias el viceconsejero de Infraestructura y Transportes, Gustavo Santana, la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui, el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Justo Artiles, y el viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, Leopoldo Díaz.

La creación de esta Comisión interdepartamental, ha indicado Franquis, se justifica porque las decisiones sobre el futuro inmediato del uso del puerto de Santa Águeda deben tener una trascendencia transversal, ya que abarca todos los aspectos relacionados con el modelo social, económico, laboral, turístico, energético y paisajístico de todo el Archipiélago Canario. El Puerto de Santa Águeda, situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y limítrofe con el de Mogán, está ubicado geográficamente en un enclave natural, entre grandes polos de desarrollo turístico en el sur de la isla de Gran Canaria y es un puerto de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias al que ahora mismo se le da un uso industrial.

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Se crea una comisión de trabajo para analizar el uso futuro del puerto de Santa Águeda, en el Sur de Gran Canaria

La actual concesión vence en octubre de 2022 y está en manos de una empresa que desarrolla la única actividad industrial de producción de cemento del Archipiélago

El Gobierno de Canarias ha aprobado en el consejo celebrado hoy la creación de una Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que se le pueden dar en un futuro a las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. A este puerto actualmente se le da uso industrial pero la concesión de dominio público vencerá en 2022.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presidirá la Comisión de Trabajo como presidente de la empresa pública Puertos Canarios, a la que pertenece el muelle de Santa Águeda, una comisión en la que también estarán presentes los titulares de las consejerías de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena.

Completan esta comisión por parte del Gobierno de Canarias el viceconsejero de Infraestructura y Transportes, Gustavo Santana, la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui, el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Justo Artiles, y el viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, Leopoldo Díaz. Además, cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar, podrán asistir a las reuniones de la Comisión de Trabajo las personas titulares de otros órganos superiores o unidades administrativas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o de otras administraciones públicas.

Esta Comisión de Trabajo tendrá como objetivos fundamentales los siguientes: analizar e intercambiar información sobre la situación actual de la concesión y su afectación por las políticas sectoriales del Gobierno de Canarias; y analizar y debatir las diferentes propuestas de utilización del dominio público portuario una vez expire la concesión actual.

La creación de esta Comisión interdepartamental se justifica porque las decisiones sobre el futuro inmediato del uso del puerto de Santa Águeda deben tener una trascendencia transversal, ya que abarca todos los aspectos relacionados con el modelo social, económico, laboral, turístico, energético y paisajístico de todo el Archipiélago Canario.

El Puerto de Santa Águeda, situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y limítrofe con el de Mogán, está ubicado geográficamente en un enclave natural, entre grandes polos de desarrollo turístico en el sur de la isla de Gran Canaria y es un puerto de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias al que ahora mismo se le da un uso industrial.

Por todo esto, desde el Gobierno canario se considera de máxima importancia realizar un análisis transversal en el seno de la Administración regional, ya que la decisión sobre el destino y uso futuro del citado puerto debe hacerse a corto o medio plazo ante el vencimiento de la actual concesión en octubre de 2022. Hay que recordar que esa concesión actualmente está en manos de una empresa que desarrolla la única actividad industrial de producción de cemento del Archipiélago.

Por último, las conclusiones de esta Comisión de Trabajo se elevarán al consejo de Gobierno para su valoración y aprobación y, posteriormente, se trasladarán al consejo de administración de Puertos Canarios.

 

 

 

 

 

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