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Barreto plantea al Comisionado para La Palma la necesidad urgente de que el Estado ingrese los 100 millones

La consejera advierte de que, si no llega la aportación del Gobierno de España, no se podrán abonar las compensaciones

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, se han reunido este viernes en Madrid con el Comisionado Héctor Izquierdo para transmitirle la “necesidad urgente” de que el Gobierno de España transfiera de una vez los 100 millones anuales para abonar las compensaciones del valor de las propiedades perdidas por el volcán. “Hasta ahora, solo han llegado los 100 millones de 2023, que son los que usamos para devolverle a las personas el valor de lo perdido el año pasado. Los de 2024 no se ingresaron y estamos ya finalizando febrero y es urgente que llegue el dinero para poder seguir con los pagos y abonar las fincas agrícolas”, advirtió la consejera.

A este respecto, Barreto explicó al Comisionado que los 50 millones que aporta el Gobierno de Canarias para esta anualidad de 2025 ya se están ejecutando desde enero, continuando con el pago de las compensaciones de primeras viviendas. “Con la segunda anualidad de los 100 millones, cuando lleguen, queremos pagar fincas agrícolas. Tenemos ya expedientes de fincas preparados para notificar desde que llegue el dinero”.

“En estos momentos hay personas con licencias para hacer fincas, pero sin el dinero. Es urgente impulsar estos expedientes para que la falta de fondos no ralentice la reconstrucción agraria”, apunta.

La consejera de Presidencia solicitó a Izquierdo que insista ante el Ministerio de Hacienda para desbloquear tanto este asunto como la deducción del 60% del IRPF, paralizada desde el mes de enero. “Ambas medidas están dentro de los presupuestos prorrogados del Estado y forman parte de los acuerdos de la Agenda Canaria. Es suficiente una orden o un decreto para sacarlos adelante y es solo cuestión de voluntad política”, apunta. “Lo que le hemos pedido al Comisionado, que conoce de primera mano cuál es la situación, es que interceda y se sume a la presión del Gobierno de Canarias”.

El compromiso del Gobierno de España de aportar 100 millones anuales durante cuatro anualidades, sumados a los 50 millones que también aportará el Gobierno de Canarias durante las mismas anualidades, se destinan a compensar los 600 millones que se perdieron en patrimonio privado a causa de la erupción, empezando con las viviendas habituales y continuando con las fincas, segundas viviendas, comercios, etc.

 

 

 

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El Gobierno trabaja para recuperar el sobresaliente en transparencia que se perdió en la pasada legislatura

La nota del Comisionado en la evaluación correspondiente al año 2022 y el primer trimestre del 2023 es de un 8,85

La última evaluación del Comisionado de Transparencia, correspondiente al año 2022 y primer trimestre del 2023, puntúa el portal de transparencia del Gobierno de Canarias con un 8,85, lo que supone un ligero aumento con respecto al último ejercicio. “Es una mejoría insuficiente. Trabajamos para volver a conseguir la máxima nota a lo largo de esta legislatura ya que nuestro objetivo es recuperar el sobresaliente que teníamos en 2018 y que bajó a un 8,59 en 2021”, señala la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto.

Alberto ha recordado que este es el compromiso de la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto. En este sentido, apunta los avances realizados en el portal de transparencia que inciden en la actualización de la información, el desarrollo de herramientas que facilitan el acceso de la ciudadanía a la información y la simplificación de los procedimientos de consulta como, por ejemplo, añadiendo la información con representaciones más sencillas o gráficas para aquellos datos de mayor complejidad.

Entre otras acciones, la directora general informa que se ha mejorado el visor de contratos y que actualmente se trabaja en el diseño de un visor de subvenciones y ayudas.

También se ha generado un histórico con la información de anteriores legislaturas, que incluye agendas y organigramas, además de las cuestiones de carácter normativo, y se han publicado 44 procedimientos de consulta pública en los que se recaban opiniones de la ciudadanía sobre iniciativas normativas en su tramitación.

“Tenemos la obligación de mantener esta tendencia y continuar la senda del ascenso, mejorando en todos los indicadores para tener un sector público transparente, accesible y que dé respuesta al ciudadano”, afirma Alberto.

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La reforma del REF cumple cinco años con novedades de calado relegadas por falta de financiación estatal

Además del descuento del 75% para los viajes de los residentes, se aprobaron medidas en favor del ahorro energético, la industria, el reciclaje, la formación, el sector primario y la promoción de viviendas de VPO

El blindaje del Régimen Económico y Fiscal de Canarias ha evitado que sus partidas financieras en los Presupuestos del Estado se resten de la financiación de la Comunidad Autónoma y las entidades locales

La última reforma de calado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias cumple su quinto aniversario este 5 de noviembre. Impulsada por el Parlamento de Canarias y aprobada en las Cortes Generales, la actualización de la parte económica del REF fue la más ambiciosa que se acometió desde su aprobación inicial en 1972.

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, lamenta que muchas de las medidas que se incorporaron “han quedado relegadas por falta de inversión de la Administración central”.  El responsable del nuevo órgano del Gobierno de Canarias encargado de velar por el cumplimiento y modernización del fuero canario considera que “urge que el Gobierno de España asuma sus obligaciones con nuestra singularidad para que vivir, trabajar e invertir en las Islas ofrezca las mismas oportunidades que en el resto del país”.

La modificación de 2018 obliga de forma explícita a la Administración central a cumplir lo establecido en el REF. Este blindaje garantiza que los habitantes de Canarias puedan reclamar las mismas condiciones y oportunidades que los del resto del país, a pesar de vivir en una región ultraperiférica de Europa con problemas estructurales de pobreza y desempleo.

Otro hito fue su desvinculación de la financiación autonómica. En 2018, la norma precisó que los recursos tributarios que debe recibir Canarias por su hecho diferencial económico y fiscal son “adicionales” a los que reciben sus entidades locales, y en ningún caso el Ejecutivo central los puede computar en las cuentas autonómicas.

Los cinco siglos de acervo histórico del régimen especial del Archipiélago y su aval en la Constitución y por parte de la Unión Europea fueron determinantes para que Canarias consiguiera finalmente el reconocimiento de su singularidad, lo que le otorga una mayor autonomía financiera para estimular el desarrollo de la región.

La puesta en marcha de la oficina del Comisionado del REF en esta legislatura busca acercar el contenido del fuero a la población canaria “para que lo conozca, valore y defienda dada la influencia transversal que tiene en nuestra realidad”, asegura José Ramón Barrera. Asimismo, otro de sus objetivos es “seguir trabajando para que la parte económica y, en especial, la fiscal, que lleva casi intacta desde 1994 y que es clave para las Islas en la actualidad, se adapten con la potencia y flexibilidad suficientes como para impulsar nuestro futuro”.

El nuevo REF quedó plasmado en la Ley 8/2018. La norma traza la hoja de ruta para sacar a las Islas del vagón de cola de la riqueza y el empleo con un conjunto de medidas que van desde ayudas para mitigar los sobrecostes energéticos y del transporte al fomento del reciclaje, la inversión en infraestructuras turísticas y bonificaciones de impuestos para la industria.

Entre otras muchas novedades, la de mayor impacto entre la ciudadanía fue el aumento de la bonificación de los billetes aéreos y marítimos para residentes, que pasó del 50% al 75%. El Gobierno nacional destinará este año 825 millones al descuento de residente, del que además de Canarias incluye a los habitantes de Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según consta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El reconocimiento del transporte como un servicio público esencial para los isleños y el incremento de las compensaciones supuso acortar distancias. Sin embargo, el principio de continuidad territorial que se pretende favorecer encontró de frente un rápido encarecimiento de las rutas interinsulares y entre Península y Canarias, que limitó el efecto esperado.

Otra de las reivindicaciones cruciales para la economía canaria es la bonificación del transporte de mercancías. El Estado se comprometió en 2018 a reducir las tasas aeroportuarias, en especial las del tráfico de contenedores, y a compensar el 100% del coste del traslado de mercancías con la Península y otros países de la UE. El Ministerio de Transporte aún está lejos de cubrir todos estos gastos y, además, el pago de las ayudas a los empresarios canarios llega a demorarse hasta dos años.

Igualar la tarifa eléctrica

El REF también incorporó hace un quinquenio medidas para igualar las tarifas de la energía y el agua que pagan los consumidores de las Islas con las del resto del territorio. En esta línea, se establecen compensaciones para la producción de electricidad y se fija el objetivo de que el Archipiélago sea autosuficiente con renovables, algo que ha logrado desiguales resultados hasta el momento, siendo El Hierro la que mayor porcentaje de energía limpia ha implantado, con un 50%, y La Gomera la única que aún no tiene ni eólica ni solar.

Para el agua desalinizada o reutilizada también hay una batería de ayudas que suman 50 millones de euros en los PGE de este año. Unos 8,5 millones se destinan a plantas potabilizadoras, otros ocho millones para abaratar el agua desalada para la agricultura; 20 millones van para apoyar el ciclo natural del agua y 14 millones más para riego agrícola, ya sea con agua de galerías, pozos o reutilizada.

Negocios con África y América Latina

Problemas como el que ocasionó recientemente el bloqueo de la papa británica, ante el temor de una nueva plaga, también forman parte de las modificaciones introducidas en 2018. La norma indica que las autoridades regionales y nacionales deben colaborar para identificar problemas y encontrar soluciones, en particular, sobre la inspección fitosanitaria y zoosanitaria para que el Estado defienda los intereses de Canarias ante la UE.

El REF incluye medidas específicas para el sector primario. En los actuales Presupuestos Generales del Estado se consigna una partida de 21 millones de euros para complementar las ayudas europeas del POSEI, con las que financiar el 100% del fomento de la actividad agrícola, 65% del coste de seguros agrarios y proyectos para preservar las razas y especies autóctonas. En paralelo, estos fondos pretenden convertir a los establecimientos turísticos en embajadores de los productos locales. El proyecto estrella, que aún no se ha ejecutado, es la creación de un Centro Internacional de Tecnologías Agrarias, a través del que Europa pueda hacer negocios con países de África Occidental y América Latina.

Digitalización e idiomas para el empleo

El Plan Integral de Empleo de Canarias, dotado este año con 45 millones de euros, también forma parte del REF. Impulsar la formación para el empleo es uno de los pilares del fuero económico. En este campo, los cambios incorporados al REF en 2018 son tan específicos que llegan a definir acciones puntuales como, por ejemplo, la necesidad de formar en idiomas a una comunidad dedicada al turismo, como la nuestra, y hacer que los trabajadores dominen las herramientas tecnológicas.

Asimismo, en la reforma se impulsó la elaboración de certificados de profesionalidad, una iniciativa que ya se ha puesto en marcha. Esta medida facilita a los trabajadores con experiencia, pero sin formación reglada, obtener un título oficial que acredite sus capacidades. También figuran en el nuevo REF la financiación de planes de formación de patronal y sindicatos, las becas para el desplazamiento entre islas de estudiantes y que se garantice la adecuada provisión de plazas de FP.

Una medida que aún no se ha puesto en marcha es la de desarrollar un Plan específico de Formación Profesional para promover los conocimientos gastronómicos vinculados al producto local. La norma puntualiza que en esta iniciativa deben participar los agentes sociales más representativos.

Más vivienda en alquiler y geriátricos

La actualización del REF incluyó nuevos incentivos para el sector productivo canario. Si bien las empresas que producen bienes corporales (tangibles) ya pagaban el 50% IRPF y del Impuesto de Sociedades, a partir de 2018 la bonificación se calcula teniendo en cuenta las ayudas del Régimen de Abastecimiento de Canarias (REA) y las del Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias.

Además, se incluyó un nuevo artículo sobre la gestión de residuos. Se introduce el deber de los poderes públicos de poner en marcha medidas para primar el reciclaje de los residuos contaminantes y favorecer la implantación de plantas de tratamiento en el Archipiélago aplicando el principio de proximidad. En los PGE de este año se asigna un millón de euros al transporte de residuos entre Islas.

La Ley del Régimen Económico y Fiscal previó también el crecimiento exponencial de la vivienda turística e intentó desincentivar su expansión prohibiendo hace cinco años utilizar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) con esa finalidad. En cambio, sí abrió la posibilidad a las empresas de invertir sus beneficios en la promoción de viviendas de VPO destinadas a arrendamiento, en centros sociosanitarios, residencias de mayores y geriátricos.

 

 

 

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La Administración Pública Canaria obtiene sobresaliente en el Informe Anual de Transparencia de 2018

La Administración Púbica de Canarias obtiene un sobresaliente en Transparencia

La directora general del área, Marta Saavedra, dice que pese a ello cabe aún mejorar la situación actual

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha obtenido la calificación de 9,04 puntos sobre 10 en el Informe Anual de Transparencia del año 2018. Esta nota, otorgada al conjunto de los once departamentos del gobierno autónomo (diez consejerías y Presidencia), da continuidad a la progresión en materia de transparencia experimentada desde años pasados (7,69 puntos en 2016 y 8,03 puntos en 2017). El informe, elaborado por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, evalúa el grado de cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la información pública de Canarias por parte de las instituciones públicas y privadas, obligadas por ley a cumplir con los preceptos de la misma.

Las competencias en materia de transparencia en el Gobierno de Canarias recaen en la Dirección General de Transparencia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez. En opinión de la directora general, Marta Saavedra, esta buena calificación obtenida por el conjunto de la Administración Pública autonómica refleja el trabajo riguroso que se ha venido desempeñando por parte del equipo que forma parte del servicio de Transparencia y Participación Ciudadana, en coordinación y comunicación constante con las unidades responsables de la información pública de todas las consejerías, que sirven para garantizar el cumplimiento de la obligación de publicación de la información establecida en la ley. No obstante, pese a ello, afirma, cabe aún mejorar la situación actual.

Saavedra recalca que el cumplimiento de las normas de transparencia en las administraciones públicas de Canarias constituye uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno en la actual legislatura. Así, señala, uno de los objetivos que se pretenden conseguir, desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, es el avance hacia una administración cada vez más transparente y eficaz, que responda con agilidad a las solicitudes de acceso a la información pública, cumpliendo con los principios que recoge la norma para garantizar el derecho de toda la ciudadanía a la información pública, bajo los principios de accesibilidad, veracidad, gratuidad y reutilización de los datos.

Pero para ello, argumenta Saavedra, es importante que antes se refuerce la estructura organizativa del servicio y que se opte por la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la actualización y mejora del Portal de Transparencia en la web del Gobierno de Canarias, que es mejorable, y por otro lado la participación ciudadana.
En este sentido, la directora recuerda que en los presupuestos de 2020 se apuesta por seguir avanzando, dentro del modelo de Gobierno Abierto, hacia la rendición de cuentas, donde la información que se publique sea más accesible a la ciudadanía. Durante este año se ha dado un paso significativo en la publicación de la información automatizada y en formatos abiertos, pero el objetivo final es incorporar visualizaciones que permitan mostrar a la ciudadanía la información de forma más comprensible, destaca.

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