Organizado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se celebra mañana en la sala Europa del Parlamento

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, organiza, a través de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, el `I Foro Ciudadanía, Innovación y Territorio´, con el objetivo de avanzar en la colaboración ciudadana efectiva y plena, buscando la implicación como persona, organización o administración en materia de participación, gobierno abierto e innovación pública y aportando una óptica territorial. El Foro se celebra mañana martes, 28 de noviembre, en la sala Europa del Parlamento de Canarias, y contará con la intervención de referentes en la materia en el ámbito universitario, empresarial y metodológico.

El encuentro persigue identificar elementos de innovación social para la participación ciudadana, adquirir herramientas y aprender de la experiencia de los procesos metodológicos comprometidos en la construcción de sus territorios resilientes. Para ello, este foro aborda la problemática actual en materia de procesos participativos desde una triple perspectiva, abarcando los derechos y deberes individuales en un contexto comunitario; los espacios formales a informales para el debate y la toma de decisión, así como la cohesión territorial y social como ejes de la participación.

Según explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto, cada ponente aportará su experiencia, tratando temáticas comunes como son el marco normativo y reglas para la participación, los canales y herramientas que favorezcan en la ciudadanía el desarrollo de la cultura participativa; los espacios de encuentro y relación donde la gente pueda formarse en los asuntos de la vida pública, y el Gobierno abierto.

Entre los restos a los que se enfrenta la Participación Ciudadana está la falta de cohesión social, necesaria para lograr un crecimiento económico sólido y sostenible, tal y como se recoge la Unión Europea como eje transversal para el plan Next Generation EU.

La estrategia europea plantea que el crecimiento debe ser inteligente, sostenible e integrador. Las claves para el desarrollo territorial pasan por la innovación, la investigación, el empleo, la formación, la custodia del medio ambiente, la adaptación al cambio climático, y la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Además, un considerable porcentaje de la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones y ejercen una movilización individualizada y digital.

Partimos, pues, según indica Alberto, de un escenario con baja participación de las sociedades en los asuntos de interés general y las vías de confrontación que se están utilizando para hacer valer sus posicionamientos están desplazando a los espacios formales institucionales. Una sociedad individualizada, con un gran contraste entre las tendencias de la pertenencia y la percepción sobre los movimientos sociales que tenían y se tienen en la actualidad.

Debemos impulsar la participación institucional. La población ya no intenta reivindicar sus derechos a través de un sindicato o de un partido político. Buscan nuevas formas de movilización o de reivindicación en redes horizontales con poca formalización de la estructura y pocas responsabilidades organizativas. Por ello, en las democracias tradicionales occidentales, se percibe un creciente alejamiento de la ciudadanía respecto a las formas tradicionales de participación ciudadana.

En este contexto, se aboga por reivindicar los vínculos locales, dado los buenos resultados del nivel de participación de los actores locales y demás agentes públicos en el desarrollo de las comunidades, ya que cuando existe un alto grado de participación de los actores locales en los proyectos sociales y productivos, además de una mayor participación de la población, se identifican nuevos escenarios y espacios de desarrollo territorial innovadores.

Puede consultar el programa en: https://www.forociter.es/

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Noticia actualizada el 15/11/2023 por obligación de comunicación de proyectos financiados con  fondos europeos

El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública autonómica

Permitirá, por un lado, sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente, y, por otro, fomentar la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos, que estarán recogidos en un entorno abierto gracias a la metadatación

Se trata de un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Todo ello en el marco del componente 11 e inversión 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la línea estratégica 1, relativa a la Administración orientada a la ciudadanía

Durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales

El objetivo, además de la conservación permanente de la documentación del Archivo General, es su posterior integración en el archivo electrónico único, para su puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y la ciudadanía en general

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado, a propuesta de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y el proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar la primera fase de la transición del actual Archivo General de la Administración Pública autonómica al Archivo General Digital, mediante la implementación de actuaciones masivas de digitalización y metadatación –los datos relevantes se registran en un entorno abierto– de una parte de la documentación conservada de forma permanente en el citado archivo, y su posterior importación e integración en el archivo electrónico único, para que actúe como unificador y conservador del patrimonio documental de la Administración Pública de la CAC.

Con ello también se persigue facilitar la puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y de la ciudadanía en general de este patrimonio, fomentando, de este modo, la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos –que estarán recogidos en un entorno abierto–, con la previsión de sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente en el Archivo Electrónico Único de la Administración Pública autonómica.

Además, en esta primera fase, está prevista la transformación en documentación electrónica e integración en su correspondiente expediente digital de documentación con valor histórico e informativo, pero con vigencia administrativa, como puede ser toda la relativa al movimiento asociativo.

A través de este proyecto piloto se quiere determinar el alcance en coste y tiempo de estos procesos de digitalización sustitutiva, con el propósito de planificar sucesivas anualidades hasta la configuración completa del Archivo General Digital de la Administración Pública de la CAC.

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto innovador, en el que se incluye, además, un subproyecto piloto de incorporación de Inteligencia Artificial al metadatado para su evaluación, el sistema y los resultados obtenidos permitirán protocolizar y regular los requerimientos y directrices de los procesos de digitalización sustitutiva que garanticen jurídicamente, en aquellos casos que sea posible, la eliminación de los originales físicos sustituidos por expedientes electrónicos auténticos e interoperables. Unas pautas que podrán servir de orientación a otras administraciones que decidan emprender iniciativas similares.

Con este motivo, recientemente tuvo lugar un encuentro entre representantes del Gobierno de Canarias y de la empresa adjudicataria, en el que se expuso que, durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales.

Seguridad y confidencialidad

Este proceso se realizará en instalaciones del Gobierno por personal propio de la empresa y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la extracción de datos relevantes de los documentos que permitan una gestión más eficiente de los expedientes, y por tanto una mejora en la atención a los ciudadanos.

Conviene recordar que, en sus orígenes, y al amparo del artículo 14 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo como principal atribución la competencia de recoger, conservar y servir toda la documentación de las instituciones propias de la CAC y recopilar en el soporte adecuado la documentación histórica.

Años después, en el Decreto 76/2003, de 12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se configuró el Archivo General como un centro director del Sistema de Archivos y se ampliaron sus funciones iniciales, eminentemente de custodia y conservación, a las de organización, tratamiento y servicio de los documentos con valor histórico, determinándose también su participación en el establecimiento de los valores de la documentación para disponer la conservación, eliminación y difusión de la misma.

Consecuentemente, el Archivo General se constituía como centro coordinador de los archivos centrales de todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, que recibiría de estos los documentos con valor histórico para garantizar su integridad y conservación permanente, por cuanto constituían y constituyen parte del patrimonio documental canario.

Finalmente, es el actualmente vigente Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el que configura el Archivo General como unidad administrativa adscrita a la consejería competente en materia de archivos, ratificándose sus funciones como archivo receptor de las series documentales con valor histórico custodiadas en los archivos centrales departamentales y como garante de la integridad y conservación permanente de dichos documentos.

Sin embargo, 32 años después de su creación por la citada Ley 3/1990, de 22 de febrero, el Archivo General de la Administración Pública de la CAC nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito, por lo que en ningún momento ha podido ejecutar el fin para el cual fue concebido, es decir, como sistema receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario.

Como consecuencia de ello, la documentación con valor histórico de la Administración Pública de la CAC ha permanecido custodiada todos estos años por los archivos centrales departamentales, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos para la preservación documental a largo plazo, con el subyacente riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio documental canario.

En el marco de la modernización y de la administración digital, que lleva implícita la adaptación al escenario del expediente electrónico, con el consecuente objetivo de cero papel, la constitución de un depósito de custodia de documentación tradicional, en soporte papel, pierde el sentido, pero se mantiene la acuciante necesidad de configurar e implementar un archivo unificador y conservador del patrimonio documental canario, dotado, además, de todas las herramientas para facilitar su uso.

De ahí que se haya considerado determinante configurar en formato digital el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, y regulado en el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la CAC, como fase definitiva del Archivo Electrónico Único reglado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eslabón imprescindible en la cadena evolutiva digital.

Nota actualizada- Fondos Next Generation

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Permitirá, por un lado, sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente, y, por otro, fomentar la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos, que estarán recogidos en un entorno abierto gracias a la metadatación

Se trata de un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales

El objetivo, además de la conservación permanente de la documentación del Archivo General, es su posterior integración en el archivo electrónico único, para su puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y la ciudadanía en general

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado, a propuesta de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y el proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar la primera fase de la transición del actual Archivo General de la Administración Pública autonómica al Archivo General Digital, mediante la implementación de actuaciones masivas de digitalización y metadatación –los datos relevantes se registran en un entorno abierto– de una parte de la documentación conservada de forma permanente en el citado archivo, y su posterior importación e integración en el archivo electrónico único, para que actúe como unificador y conservador del patrimonio documental de la Administración Pública de la CAC.

Con ello también se persigue facilitar la puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y de la ciudadanía en general de este patrimonio, fomentando, de este modo, la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos –que estarán recogidos en un entorno abierto–, con la previsión de sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente en el Archivo Electrónico Único de la Administración Pública autonómica.

Además, en esta primera fase, está prevista la transformación en documentación electrónica e integración en su correspondiente expediente digital de documentación con valor histórico e informativo, pero con vigencia administrativa, como puede ser toda la relativa al movimiento asociativo.

A través de este proyecto piloto se quiere determinar el alcance en coste y tiempo de estos procesos de digitalización sustitutiva, con el propósito de planificar sucesivas anualidades hasta la configuración completa del Archivo General Digital de la Administración Pública de la CAC.

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto innovador, en el que se incluye, además, un subproyecto piloto de incorporación de Inteligencia Artificial al metadatado para su evaluación, el sistema y los resultados obtenidos permitirán protocolizar y regular los requerimientos y directrices de los procesos de digitalización sustitutiva que garanticen jurídicamente, en aquellos casos que sea posible, la eliminación de los originales físicos sustituidos por expedientes electrónicos auténticos e interoperables. Unas pautas que podrán servir de orientación a otras administraciones que decidan emprender iniciativas similares.

Con este motivo, recientemente tuvo lugar un encuentro entre representantes del Gobierno de Canarias y de la empresa adjudicataria, en el que se expuso que, durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales.

Seguridad y confidencialidad

Este proceso se realizará en instalaciones del Gobierno por personal propio de la empresa y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la extracción de datos relevantes de los documentos que permitan una gestión más eficiente de los expedientes, y por tanto una mejora en la atención a los ciudadanos.

Conviene recordar que, en sus orígenes, y al amparo del artículo 14 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo como principal atribución la competencia de recoger, conservar y servir toda la documentación de las instituciones propias de la CAC y recopilar en el soporte adecuado la documentación histórica.

Años después, en el Decreto 76/2003, de 12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se configuró el Archivo General como un centro director del Sistema de Archivos y se ampliaron sus funciones iniciales, eminentemente de custodia y conservación, a las de organización, tratamiento y servicio de los documentos con valor histórico, determinándose también su participación en el establecimiento de los valores de la documentación para disponer la conservación, eliminación y difusión de la misma.

Consecuentemente, el Archivo General se constituía como centro coordinador de los archivos centrales de todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, que recibiría de estos los documentos con valor histórico para garantizar su integridad y conservación permanente, por cuanto constituían y constituyen parte del patrimonio documental canario.

Finalmente, es el actualmente vigente Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el que configura el Archivo General como unidad administrativa adscrita a la consejería competente en materia de archivos, ratificándose sus funciones como archivo receptor de las series documentales con valor histórico custodiadas en los archivos centrales departamentales y como garante de la integridad y conservación permanente de dichos documentos.

Sin embargo, 32 años después de su creación por la citada Ley 3/1990, de 22 de febrero, el Archivo General de la Administración Pública de la CAC nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito, por lo que en ningún momento ha podido ejecutar el fin para el cual fue concebido, es decir, como sistema receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario.

Como consecuencia de ello, la documentación con valor histórico de la Administración Pública de la CAC ha permanecido custodiada todos estos años por los archivos centrales departamentales, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos para la preservación documental a largo plazo, con el subyacente riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio documental canario.

En el marco de la modernización y de la administración digital, que lleva implícita la adaptación al escenario del expediente electrónico, con el consecuente objetivo de cero papel, la constitución de un depósito de custodia de documentación tradicional, en soporte papel, pierde el sentido, pero se mantiene la acuciante necesidad de configurar e implementar un archivo unificador y conservador del patrimonio documental canario, dotado, además, de todas las herramientas para facilitar su uso.

De ahí que se haya considerado determinante configurar en formato digital el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, y regulado en el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la CAC, como fase definitiva del Archivo Electrónico Único reglado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eslabón imprescindible en la cadena evolutiva digital.

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La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana afirma que “las islas contribuyen activamente al décimo compromiso del cuarto Plan de Gobierno Abierto de España, que va desde la centralización de los datos abiertos hasta la puesta en marcha de la Red Canaria de Gobierno Abierto”

La Red Canaria de Gobierno Abierto busca fortalecer la colaboración entre esta comunidad autónoma y las entidades locales para transversalizar las políticas del Gobierno Abierto

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, ha anunciado en la inauguración de las III Jornadas de Gobierno Abierto, organizadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, y celebradas el jueves 1 y viernes 2 de diciembre en los Jameos del Agua, en Lanzarote, que Canarias tiene la voluntad formal de solicitar su entrada en la Alianza Internacional de Gobierno Abierto (OGP) directamente como comunidad subnacional, siguiendo la estela de otras regiones.

Según Marta Saavedra, Canarias se convierte en la capital del gobierno abierto por unos días, con la celebración de las jornadas ‘El Gobierno Abierto en el escenario de la Agenda 2030’, una tercera edición en la que se incide en la identificación de las mejores prácticas en esta materia, desde la perspectiva que la Agenda 2030 le aporta, así como las nuevas metas para que las instituciones sean más abiertas, más participativas y más colaborativas, a través de los ODS.

En su intervención, ha querido recordar que se cumplen dos años desde la celebración de las primeras jornadas del gobierno abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, un encuentro cuya relevancia “hoy permanece, pues de las conclusiones que obtuvimos se extrajeron múltiples ideas que servirían para marcar los objetivos de nuestras acciones durante estos años, contribuyendo a que, a fecha de hoy, tengamos diversos reconocimientos y premios por ser una de las comunidades autónomas más comprometidas con el gobierno abierto”.

La titular de Transparencia y Participación Ciudadana ha hecho hincapié en la importancia del gobierno abierto “desde la dimensión de la gobernanza pública y ante el reto de mejorar las administraciones para hacerlas más cercanas, transparentes, inclusivas y participativas”.

Ha afirmado que las islas contribuyen activamente al  décimo compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto de España, compromisos que van “desde la centralización en un único punto de acceso de todos los datos abiertos de Canarias en el nuevo portal de datos abiertos, hasta la puesta en marcha de la Red Canaria de Gobierno Abierto, un convenio de cooperación interadministrativa a la que se han suscrito los siete cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios, con el propósito de difundir los valores del gobierno abierto entre los empleados y empleadas de las Administraciones Públicas, y gracias al soporte formativo del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y con muchos otros fines, como la colaboración entre las Administraciones Públicas para el fomento de la participación ciudadana y el desarrollo de la transparencia”.

En este sentido, el consejero de Gobierno Abierto del Cabildo de Lanzarote, Jorge Peñas, ha señalado que “hace casi un año, este espacio acogió la presentación y firma del marco estratégico de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y, desde entonces, se conoce como Pacto de los Jameos la apuesta de toda la sociedad canaria para que las Islas den un salto en sostenibilidad social, económica y medioambiental en esta década”, destacando así que estas jornadas son una muestra más de esa responsabilidad adquirida “para avanzar con rapidez hacia un desarrollo más sostenible en el marco de la Agenda Canaria 2030”.

Asimismo, Peñas se ha mostrado convencido de que de estas jornadas “saldrá la hoja de ruta que tendremos que seguir en los próximos años para hacer realidad una nueva gobernanza para un tiempo nuevo”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica, Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Jesús Ezequiel Domínguez, ha destacado la estrategia de gobernanza inteligente que supone la Red Canaria de Gobierno Abierto, que asume los valores de transparencia, datos abiertos y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, para hacer frente a problemas complejos, siendo importante  que “poco a poco, nuestros ayuntamientos y administraciones más cercanas a los ciudadanos, vayan incorporándose a estos modelos de gobernanza pública”, como así lo demuestran los 17 municipios ya adheridos de los 88 que conforman nuestro mapa, “por lo que todavía queda un trabajo duro”.

“Con la Red Canaria de Gobierno Abierto se busca fortalecer la colaboración entre esta comunidad autónoma y las entidades locales para transversalizar las políticas del Gobierno Abierto”, ha apuntado Domínguez.

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 José Antonio Valbuena ha explicado que también se han incorporado a este portal los resultados de las distintas sesiones y talleres de participación ciudadana que se han desarrollado en la isla

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha incorporado en el portal web sobre el marco territorial para la recuperación de la normalidad tras la erupción de La Palma (https://lapalma.planderecuperaciondecanarias.es/prclp/) los resultados de los trabajos científicos que se han desarrollado hasta el momento sobre este proceso y que ayudarán a la toma de decisiones territoriales en el entorno.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, ha explicado que “a través de este enlace se podrán consultar multitud de mapas con previsiones sobre estimación de enfriamiento de coladas, espesores del nuevo campo de lavas, dificultades para nuevas cimentaciones de edificios e infraestructuras, susceptibilidad frente a inestabilidad de taludes y laderas, situación del entorno del cono, localización de puntos de emisión visible de gases, etc.”.

“El objetivo es que cualquier ciudadano o entidad que lo desee pueda acceder a la misma información de referencia que tiene la administración pública, basada en los trabajos de los profesionales del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y la Universidad de La Laguna, a través de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y del Grupo de investigación Geomorfología, Paisaje y Sociedad en Territorios Volcánicos (GPS-VOLTER)”, ha señalado.

Valbuena ha añadido que en esta web también se encuentran disponibles los resultados y las conclusiones de las distintas sesiones de trabajo de participación ciudadana que se han desarrollado a través de los encuentros informativos desarrollados en colaboración con el Cabildo de La Palma y los talleres específicos con los vecinos y vecinas afectadas.

En este sentido, el consejero quiso agradecer la labor y el esfuerzo que han desempeñado los equipos de trabajo habilitados para este fin por parte de las empresas públicas Gesplan, Gestur y Grafcan, todas ellas dependientes de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

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El consejero de Administraciones Públicas clausura la jornada ‘Prioridades TIC en las AAPP de Canarias ante los Fondos Next Generation’, donde se han premiado los proyectos de la Red Canaria de Gobierno Abierto y la implantación del teletrabajo durante la pandemia

Asegura que, en los últimos tres años, se han producido avances demostrables en modernización, tanto en transparencia y digitalización como en estabilización y evaluación basada en datos, aunque reconoce que “queda mucho trabajo por hacer”

Junto a las dos direcciones generales premiadas, Transparencia y Participación Ciudadana y Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, también interviene en la jornada la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha apuntado este miércoles, en la clausura de la jornada Prioridades TIC en las AAPP de Canarias ante los Fondos Next Generation, que “la modernización de la Administración no puede ser fuente de una nueva desigualdad”, a la vez que ha destacado que este proceso “no se entiende sin la transparencia y la digitalización”.

Durante esta jornada, organizadas por la revista Sociedad de la Información Digital, la Consejería recibió dos premios Socinfo Digital CANARIAS TIC, uno en la categoría Gobierno Abierto, por el proyecto Red Canaria de Gobierno Abierto, y otro en la categoría Gestión del Cambio en las Administraciones Públicas, por el proyecto Telebrabajo, de la noche a la mañana.

Julio Pérez ha abundado en la idea de que, con estos dos galardones, recibidos por las direcciones generales de Transparencia y Participación Ciudadana y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, se están resaltando dos de los principios centrales defendidos por este Gobierno desde el inicio del mandato, en concreto la digitalización y la transparencia, junto a la estabilidad y la evaluación basada en datos.

“La transparencia y la evaluación basada en los datos son instrumentos que en la vida actual permiten a la ciudadanía crear criterios propios y fomentar su participación en la toma de decisiones en las distintas administraciones”, ha resaltado el titular de Administraciones Públicas. Así mismo, en cuanto al proyecto de digitalización impulsado por su Consejería, ha resaltado que se han producido avances demostrables en los últimos tres años –aumento del consumo de las líneas de comunicación interna, de los correos electrónicos, de las líneas telefónicas o las firmas electrónicas–, sobre todo a raíz de la implantación del teletrabajo, pero ha reconocido que “queda mucho trabajo por hacer” aunque gracias al impulso tomado se podrá hacer frente a las demandas que la sociedad realizará en el futuro. Además, ha alertado de que la digitalización “no puede ser una fuente de desigualdad para las personas que se quedan al margen de la informática” sino “que tiene que ser un camino para que más personas se sientan partícipes de los proyectos colectivos”.

Mientras, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, ha compartido el galardón de la Red Canaria de Gobierno Abierto con el resto de instituciones participantes en este convenio, es decir, los cabildos de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), a quienes ha agradecido públicamente su compromiso con la misma.

Por su parte, el director Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, ha dedicado el galardón al equipo que dirige y a los empleados públicos, quienes al principio del confinamiento en el año 2020 lograron crear una solución para que la Administración no se paralizara, dando lugar a una plataforma integral de teletrabajo que es referencia para otros organismos del país.

Víctor Melián ha sido, además, uno de los ponentes de la jornada, con una comunicación titulada Prioridades TIC en las administraciones públicas de Canarias ante los Fondos Next Generation, al igual que la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, que ha disertado sobre Regulación del Gobierno del Dato, bases para un Gobierno Inteligente.

*En la imagen, el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián; la directora de la revista Sociedad de la Información Digital, Carolina Sánchez; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra; y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

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En el primero de los casos, se valora el impulso, fortalecimiento y mejora de la calidad de la participación ciudadana en la gestión pública y en la toma de decisiones

En el segundo, que, tras decretarse el estado de alarma debido a la pandemia, más de 80.000 personas pudieran realizar su trabajo desde casa, de forma rápida, fiable y segura, evitando así el colapso administrativo y manteniendo los servicios públicos a la ciudadanía

Julio Pérez destaca que, junto al impulso de las direcciones generales premiadas, debe hacerse notar el esfuerzo de todas las consejerías por secundarlo

El jurado de los Premios Socinfo Digital CANARIAS TIC, organizados por la Revista Sociedad de la Información Digital, ha concedido a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dos premios, uno en la categoría Gobierno Abierto, por el proyecto Red Canaria de Gobierno Abierto, y otro en la categoría Gestión del Cambio en las Administraciones Públicas, por el proyecto Telebrabajo, de la noche a la mañana.

Unos premios que serán entregados este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria y que, en opinión de Julio Pérez, “deben ser entendidos como un reconocimiento a toda la Administración autonómica y, en particular, a las secretarías generales de los departamentos, y a los órganos transversales, como la Intervención General, y también a los centros de formación, como el ICAP”.

En este sentido, el consejero ha recalcado que “los esfuerzos de transparencia y de digitalización o son colegiados y comunes o son incompletos y quizá ineficaces”. Para el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “aunque las direcciones generales de esta Consejería sean el ‘motor de arranque’ y tengan una especial responsabilidad en impulsar la transparencia, la digitalización y la modernización, sus esfuerzos se dirigen, por un lado, a la ciudadanía y, por otro, a los propios departamentos y a su personal, porque sin ellos no serviría de nada ni el impulso ni el arranque. No se puede quitar mérito a las direcciones generales de Transparencia y Participación Ciudadana y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, que los han ganado, sin que ello impida recordar a las personas destinatarias de sus esfuerzos», ha afirmado.

En el primero de los casos, el jurado ha valorado el impulso, fortalecimiento y mejora de la calidad de la participación ciudadana en la gestión pública y en la toma de decisiones, con el objetivo de mejorar los resultados y lograr una mayor calidad democrática.

Según ha destacado la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta Saavedra, para ello, se llevó a cabo un trabajo de coordinación donde se plantearon reuniones con representantes institucionales de las distintas administraciones públicas canarias para el diseño y planificación de la Red Canaria de Gobierno Abierto, definiendo su valor interadministrativo y el ámbito de actuación.

Las instituciones participantes fueron los cabildos de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), la Dirección General de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Las líneas estratégicas y los objetivos que se pretenden conseguir con la creación de esta Red, tal y como ha puesto de manifiesto la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, forman parte de uno de los dos compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España.

En el segundo premio, el jurado ha tenido en cuenta que, tras decretarse el estado de alarma debido a la pandemia, más de 80.000 personas, de todos los departamentos del Gobierno y de las ocho islas, pudieron realizar su trabajo desde casa, de forma rápida, fiable y segura, evitando así el colapso administrativo y manteniendo los servicios públicos a la ciudadanía.

A juicio del director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, responsable del proyecto, la creación de un entorno favorable y seguro, de alta disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad implicó mucha coordinación, comunicación, formación técnica-funcional, nuevos medios y ampliación de recursos técnicos, humanos, nuevos procesos y organización. Su impacto en la ciudadanía y en el personal público fue muy alto al mantener la continuidad de la prestación de los servicios públicos y la ejecución de políticas públicas sociales y económicas para toda la sociedad civil canaria.

Además, esta iniciativa, que contó con el apoyo y esfuerzo del equipo liderado por la directora de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, significó una diferenciación competitiva de alto valor público, de muy difícil imitación por parte de otras administraciones públicas locales, nacionales e internacionales, en un tiempo récord. Conviene subrayar que ha sido considerada buena práctica de éxito en la Comunidad Autónoma de Canarias en la gestión organizativa y tecnológica durante la crisis de la pandemia primero y la erupción del volcán de La Palma después.

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El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia inaugura una jornada sobre Empresa Pública y Sostenibilidad en la que se presenta la ‘Guía de Responsabilidad Social para las Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’

El documento tiene como finalidad orientar a las empresas públicas canarias en la estrategia de la triple sostenibilidad: ambiental, social y buen gobierno

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Manuel Martínez, ha aprovechado este miércoles la inauguración de la Jornada Empresa Pública y Sostenibilidad, organizada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, para poner en valor la Responsabilidad Social Corporativa en la Administración y las empresas públicas.

En dicha jornada, que ha servido para presentar la ‘Guía de Responsabilidad Social para las Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’, editada por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Manuel Martínez, ha abogado por lograr “un equilibrio entre la protección del medioambiente, el crecimiento económico y la justicia social”. En este sentido, ha destacado el papel fundamental que deben jugar las administraciones públicas a la hora liderar este modelo e implantar en las empresas públicas estos criterios.

Para el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, “algo sostenible es algo que perdura en el tiempo y estamos viendo que el modelo económico actual, con los criterios actuales, no se está sosteniendo”, pues consumimos cada vez más recursos naturales, contaminamos cada vez más y cada vez hay mayor desigualdad. “Debemos convertirnos -ha apuntado, en referencia a la administración y las empresas públicas- en un modelo a seguir y demostrar que, desde lo público, se puede impulsar el crecimiento económico, respetando el medioambiente y contribuyendo a que las condiciones laborales de nuestros empleados y empleadas públicas sean justas”.

En referencia a la guía, ha indicado que lo que pretende es “iniciar un diálogo entre todos los sectores de la Administración Pública para poner en valor la sostenibilidad”, no solo en lo relacionado con el medioambiente, sino también con el crecimiento económico y la justicia social.

La presentación de la guía se ha desarrollado tras la salutación del director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz, y ha corrido a cargo de Raquel Sierra, socióloga y técnica del Área de Proyector de Innovaris SL, que ha expuesto la metodología aplicada en el estudio, Alexis Robles, socio director de Innovaris SL, que ha explicado el contexto y configuración del estudio, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, que ha detallado el resultado y las conclusiones del trabajo.

Marta Saavedra, que ha hecho varias referencias al prólogo de la guía, escrito por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y que pone el acento en la ejemplaridad de lo público, ha manifestado que “las entidades públicas deben autoexigirse en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia bajo un punto de partida: la evaluación del impacto que sus acciones tendrán en el entorno de actuación de sus actividades y en los actores que intervendrán en ellas, pero, sobre todo, cómo llega este impacto a los o las receptores finales”.

A su juicio, “todo lo que está vinculado a la Administración Pública está ligado a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que es el pilar fundamental de la sostenibilidad del sector público”.

“Con esta guía consideramos importante no solo potenciar la responsabilidad social del sector público, sino también dar a conocer ejemplos de acciones que ya se están realizando en algunas de las empresas”, ha insistido Saavedra.

Una guía sostenible

La guía, que ha sido impresa en papel reciclado y con tintas ecológicas, y cuya versión digital estará disponible en próximas fechas en la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se divide en cuatro bloques. El inicial cuenta con el prólogo escrito por el consejero Julio Pérez. Tras él se explica la metodología empleada y el objetivo de la elaboración de esta publicación, que no es otro que el de orientar y aportar información de valor para que las empresas públicas mercantiles de Canarias puedan encaminar su estrategia de responsabilidad social organizando los recursos que les permitan impulsar proyectos vinculados a la Agenda Canaria 2030.

La tercera parte de la guía recoge el diagnóstico desde el punto de vista ambiental, social y de buen gobierno de las empresas públicas canarias partícipes en el estudio. En este sentido, el documento indica recomendaciones relacionadas con estos tres ámbitos de la sostenibilidad para que estas entidades avancen en la RSC.

Desde el punto de vista ambiental se recomienda que se tengan en cuenta criterios medioambientales, sociales y de innovación en la contratación pública, a través de la sensibilización y concienciación interna, la formación específica, o la colaboración y transferencia de conocimiento e intercambios de experiencias, entre otros.

Por su parte, desde el punto de vista social y de buen gobierno, los consejos son diversos, entre otros apostar por la integración en la plantilla de las empresas a personas procedentes de colectivos desfavorecidos, avanzar en el fomento del bienestar emocional de los empleados y empleadas, implantar un Plan de Igualdad en la empresa y difundirlo entre las personas empleadas mediante boletines o charlas informativas, o fomentar el consumo responsable y sostenible entre la plantilla de la empresa, entre otros valores.

En el cuarto y último apartado se presentan acciones o proyectos destacados relacionados con la RSC de las empresas que han participado en el estudio.

La guía ha sido elaborada por la consultora Innovaris S.L. a partir del estudio de las empresas públicas mercantiles del Gobierno de Canarias en relación con la experiencia, los proyectos y las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que han desarrollado y que actualmente ejecutan.

Las empresas públicas que han participado en el estudio han sido el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, Cartografía de Canarias (GRAFCAN), Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS), Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. Unipersonal (GESPLAN), Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Promotur Turismo Canarias, Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA), Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN), Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) y Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A. (VISOCAN). Así mismo, también ha sido partícipe del estudio la entidad pública Radio Televisión Canaria S.A, que, pese a ser independiente de la Administración y del Gobierno, aceptó la invitación a realizar la encuesta y entrevista.

Tras la presentación de la guía, ha tenido lugar una mesa redonda, bajo el título ‘RSC, buen gobierno y sostenibilidad en las empresas públicas’, en la que han participado el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, su homólogo de Empleo, Gustavo Santana, la responsable de Información no Financiera del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, Elsa Castillo, la project manager de Sostenibilidad y RSC de Forética, María Ordovás, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, y la directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de la Asociación Española de Normalización-UNE, Paloma García.

La clausura de la jornada ha correspondido al viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera.

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Cuenta con recomendaciones y propuestas de acción práctica para unas entidades que juegan un papel clave en la prestación de servicios a la ciudadanía

A través de este documento, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reafirma su voluntad de seguir contribuyendo a la difusión de estrategias alineadas con la sostenibilidad para Canarias

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha editado una ‘Guía de Responsabilidad Social para la Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’, cuyo objetivo es orientar hacia el buen gobierno a todos aquellos que ostentan responsabilidades en las empresas públicas de esta Comunidad Autónoma.

Tal y como apunta en su prólogo el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ese buen gobierno se ha de manifestar en “perseguir el bien común y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, concienciando y haciendo partícipes a empleados y empleadas del reto al que se enfrentan, a la vez que se logra la confianza de la población, gracias a una gestión transparente y un comportamiento ético ejemplar”.

En opinión de Julio Pérez, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas públicas, y así se hace constar en la guía, “es un pilar fundamental para la sostenibilidad del sector público, debido al relevante papel que juegan” en la prestación de servicios a la ciudadanía. Por eso, subraya, “a la vez que se les exige calidad, hay que demandarles ejemplaridad social, económica y ambiental en el desarrollo de su labor”.

Para la realización de esta guía, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana invitó a todas las empresas públicas mercantiles del Gobierno de Canarias a participar en un estudio efectuado, durante 2021, por la firma Innovaris SL, sobre la experiencia, los proyectos y las acciones de RSC que han desarrollado y que actualmente ejecutan, lo que permitió desarrollar un diagnóstico de partida para la elaboración del citado documento.

Con dicho estudio, se buscaba conocer el estado de las empresas públicas de Canarias en relación con la responsabilidad social, económica y ambiental, para así facilitar el desarrollo e impulso de diferentes acciones que permitan cumplir con los requisitos de la Agenda 2030 canaria y nacional en materia de RSC.

En este sentido, la ‘Guía de Responsabilidad Social para la Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’ cuenta con recomendaciones y propuestas de acción muy prácticas, que sirven de orientación a quienes gestionan las políticas de actuación del sector público, bajo la premisa de los contenidos que recoge la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, además de la experiencia de las buenas prácticas de algunas de las empresas analizadas.

Este documento, que reafirma la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de seguir contribuyendo a la difusión de estrategias alineadas con la sostenibilidad para Canarias, será presentado el próximo miércoles, en una jornada que tendrá lugar en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 10:00 horas, a la que es posible asistir, bien de forma presencial, previa inscripción en gobiernoabierto@gobiernodecanarias.org, o bien a través del canal de YouTube de Canarias Gobierno Abierto.

La jornada será inaugurada por el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, junto con la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz, que se encargarán de la salutación a los asistentes. La presentación de la guía correrá a cargo de Raquel Sierra, socióloga y técnica del Área de Proyector de Innovaris SL, que hablará de la metodología aplicada en el estudio, Alexis Robles, socio director de Innovaris SL, que expondrá el contexto y configuración del estudio, y Marta Saavedra, que dará cuenta del resultado y conclusiones del trabajo.

También está prevista una mesa redonda, bajo el título ‘RSC, buen gobierno y sostenibilidad en las empresas públicas’, en la que participarán el viceconsejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Manuel Martínez, su homólogo de Empleo, Gustavo Santana, la responsable de Información no Financiera del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, Elsa Castillo, la project manager de Sostenibilidad y RSC de Forética, María Ordovás, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, y la directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de la Asociación Española de Normalización-UNE, Paloma García.

La clausura de la jornada la llevará a cabo el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera.

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Este viernes han suscrito un convenio con el que establecen un marco permanente y estable de cooperación en el impulso de políticas de gobierno abierto

El convenio impulsará, a través del ICAP, la formación del personal público de las instituciones del Archipiélago en los principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y apertura de datos

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los siete cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han firmado este viernes, 18 de febrero, un convenio para implantar la Red Canaria Interadministrativa de Gobierno Abierto, que permitirá establecer un marco permanente y estable de cooperación en el desarrollo, fomento y promoción de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos, sensibilización y formación en materia de gobierno abierto entre las distintas administraciones públicas dentro de la Comunidad Autónoma.

La red constituye uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España y también es una respuesta para alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 16, que aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a la ciudadanía, y el 17, que fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible.

En el convenio se recoge que el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) creará un programa de formación general en materia de gobierno abierto, tanto para cargos electos y altos cargos como personal al servicio de las distintas instituciones públicas del Archipiélago.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, resaltó que los principios de gobierno abierto son mecanismos que fortalecen el estado de derecho. Insistió en que este convenio es un mecanismo de perfeccionamiento para hacer más sólidas las instituciones y que, a su vez, permite mejorar la gestión y liderazgo colectivo de todas las administraciones del Archipiélago.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro y de la Federación Canaria de Islas (Fecai), apuntó que este convenio interadministrativo es “relevante porque mejora la democracia, da la oportunidad a la gente a tener cauces para expresarse y hace más transparentes a las instituciones. Es un ejercicio relevante de puesta en funcionamiento de mecanismos que mejoran la vida de la gente”, señaló.

Mientras, la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, indicó que con este convenio “se da un paso más para hacer una sociedad más justa y eficaz” y mostró el compromiso de la Federación para dar difusión y promover las adhesiones al convenio de los ayuntamientos del Archipiélago. “No nos cabe duda de que se irán sumando las entidades locales a esta iniciativa que facilitará el trabajo para avanzar en la justicia y la constitución de instituciones responsables a todos los niveles”, agregó.

En el acto también estuvieron presentes, entre otros, la directora del Instituto Canario de Administración Pública, Eva de Anta; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta Saavedra, y sus homólogas de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y de Función Pública, Montserrat García; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret; la vicepresidenta tercera del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón; el consejero de Gobierno Abierto de Lanzarote, Jorge Peñas; el vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera, Alfredo Herrera; el consejero de Gobierno Abierto, Información, Transparencia y Participación Ciudadana del Cabildo de Fuerteventura, Jonathan Gil; el jefe de servicio de Innovación del Cabildo de La Palma, Juan Bermejo; el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán; el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón; el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica, Transparencia y Participación de la FECAM y alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, además de otros representantes de la Red Canaria de Gobierno Abierto.

Los compromisos de la Red

Las partes firmantes del acuerdo se comprometen a fortalecer el diálogo y la interlocución interadministrativa, y con la sociedad civil, en el desarrollo de iniciativas relacionadas con el gobierno abierto.

También canalizarán, promoverán y darán a conocer iniciativas de gobierno abierto que afecten a las distintas corporaciones; potenciarán el intercambio y la difusión de buenas prácticas de gobierno abierto, así como, la búsqueda de soluciones compartidas en los asuntos que se planteen; promoverán y colaborarán en campañas de sensibilización y divulgación sobre el gobierno abierto, prestando especial atención al personal al servicio de las administraciones públicas de canarias; informarán a la ciudadanía de las actividades y resultados obtenidos, y ejecutarán los compromisos acordados en las reuniones de la Red.

Con este convenio, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, asume las obligaciones de promover el marco normativo necesario para impulsar el gobierno abierto en las instituciones y la ciudadanía canaria; apoyar a las administraciones canarias en la consecución de sus objetivos de una gobernanza abierta y promover en la administración pública del Gobierno de Canarias y de su sector público institucional el desarrollo y mejora de prácticas de gobierno abiertas a la ciudadanía.

Además, el ICAP, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, propondrá un programa de formación general en gobierno abierto para los cargos electos, altos cargos y personal al servicio de las administraciones públicas y de la Fecam, que contribuya a la sensibilización y formación en esta materia.

Por su parte, los cabildos insulares se comprometen con la suscripción a este convenio a contribuir a la sensibilización e implicación activa de la sociedad civil, el sector privado y otras entidades locales, públicas y privadas, en cuantas acciones de gobierno abierto se lleven a cabo por iniciativa propia o del Gobierno de Canarias; promover y defender la inserción de los principios y acciones de gobierno abierto en los respectivos procesos de localización de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo las estrategias locales y autonómica de desarrollo sostenible, y promover el trabajo colaborativo y transversal en sus gobiernos locales, para asegurar la apropiación y corresponsabilidad del gobierno abierto por parte del personal técnico y directivo de sus instituciones.

Por último, desde la Fecam se comprometen a difundir a los ayuntamientos canarios toda la información relativa a la iniciativa de gobierno abierto, así como promover las adhesiones de los municipios canarios al Convenio. También colaborará tanto con la Comunidad Autónoma como con las corporaciones locales para el desarrollo y avance de la iniciativa de gobierno abierto; realizará un seguimiento al desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos en la red entre los ayuntamientos de Canarias adheridos, y reforzará los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas.

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