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El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

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Administraciones Públicas encarga la elaboración de un mapa de la violencia machista en Canarias

Gráficos en tablet

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que está financiado con 378.738 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los datos extraídos aportarán una fuente de información fiable y accesible y permitirán una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la entidad pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN) la elaboración de un proyecto que permitirá trazar un mapa que refleje la violencia machista que sufren las mujeres en el Archipiélago. Los datos obtenidos posibilitarán conocer con mayor profundidad el problema de la violencia contra la mujer en Canarias, vinculando datos estadísticos con datos judiciales y procediendo a su georreferenciación, lo que facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas para su erradicación.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que lleva por nombre Analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano: transparencia judicial territorial basada en datos judiciales georreferenciados. Análisis de datos relacionados con las mujeres víctimas de violencia de género. Fase 1, y está financiado con 378.738,40 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En esta iniciativa se priorizará el análisis por datificación de colectivos de alta sensibilidad, en concreto de las mujeres víctimas de violencia de género, lo que también hace cumplir con el quinto eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Así, con el proyecto se buscará anticipar realidades previsibles, a partir de datos actuales y comportamientos del pasado. Para ello se utilizarán técnicas de analítica predictiva que permitirán, por ejemplo, la obtención de datos no existentes por elaboración.

Convenio de Estambul

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, este “ambicioso trabajo” tiene por objeto la elaboración de un “mapa de la violencia machista en Canarias acorde además con la consideración que de la misma hace el Convenio de Estambul, esto es, no solo la violencia contra la pareja o expareja, sino toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo”.

A partir de los diversos datos, que se obtienen tanto de fuentes judiciales como extrajudiciales y georreferenciando los mismos dentro del territorio canario con un importante nivel de detalle, es posible llevar a cabo un análisis y una predicción de la incidencia de la violencia machista que, además de aportar una fuente de información fiable y accesible a la ciudadanía de acuerdo con los principios de una política de Gobierno Abierto, permitirá una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces, pues estarán basadas en datos concretos.

“No podemos olvidar que la violencia machista que sale a la luz es solo la punta del iceberg, existiendo grandes bolsas de impunidad dado que muchos de estos casos no se denuncian. Este estudio pretende abordar esa realidad y medirla aplicando técnicas de analítica predictiva basada en datos que nos den información fiable sobre, por ejemplo, incidencia de la violencia machista en un determinado municipio, su relación con la adopción de políticas públicas específicas, situación socioeconómica que posibilita un diagnóstico del que luego desarrollar planes concretos de actuación”, insiste la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Asistencia a las víctimas

Este mapa permitirá también a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mejorar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género al contar con nuevos datos centrados en los derechos de las víctimas, de los que no siempre se cuenta con la información de calidad necesaria que impulse la toma de decisiones y, muy especialmente, respecto a colectivos vulnerables cuya datificación estadística centrada en las personas no existe en muchos casos.

Además, los datos que se extraigan de esta iniciativa serán acorde a la iniciativa Open Data del Gobierno de Canarias, que está asentada en las normativas de apertura de datos en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. De hecho, con el proyecto se avanza en una mayor transparencia basada en datos judiciales que además serán fácilmente accesibles y que permitirá cumplir con la estrategia marco de Gobierno Abierto.

En esta primera fase, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de este año, GESPLAN elaborará los dos primeros módulos del proyecto. En el primero se hará la definición del proyecto, la recolección de datos, el análisis de estos, la adecuación normativa, estadística, modelado y despliegue de la solución metodológica, incluyendo la primera publicación de datos judiciales con apertura de canales de visualización y reutilización. La novedad del segundo módulo respecto al primero es que se incluirá la primera publicación de datos estadísticos poblacionales, datos socioeconómicos, datos geográficos y datos de caso ciudadano en el ámbito de especialización solicitado.

Una vez concluida esta primera fase, en la anualidad 2021 podría realizarse un nuevo encargo para la culminación de otros módulos en el que se recogería planes como la creación de visualizadores de datos de propósito general y específico para el análisis de gestión unificadores de todos los datos y adecuación para divulgación mediante portal web, así como acciones de promoción, concienciación y formación con técnicas de transparencia judicial territorial basada en datos para la rendición de cuentas, la participación en foros de especialización y la divulgación del esfuerzo organizativo hacia los ODS propuestos.

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El Gobierno quiere impulsar, a través de Radio ECCA, un plan general de “alfabetización digital” para toda Canarias

Lucas López, director general de Radio ECCA; Amparo Osorio, directora gerente de Radio ECCA; Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra, directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias; y Goretti Almeida, subdirectora educativa de Radio ECCA.

Se pretende el aprendizaje de los conocimientos básicos para el manejo de todos los recursos y servicios digitales, en general, y en especial de los que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el director general de Radio ECCA, Lucas López, acordaron, tras la reunión mantenida el pasado 1 de julio, preparar la creación y, en su caso, la puesta en marcha de un programa de “alfabetización digital” para la ciudadanía de las Islas.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones centrales de la emisora en Las Palmas de Gran Canaria y en él también estuvieron presentes el director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra; la directora gerente de Radio ECCA, Amparo Osorio; y la subdirectora educativa de Radio ECCA, Goretti Almeida.

Pérez planteó a la emisora la puesta en funcionamiento, en la segunda mitad de este año, de un programa educativo destinado al público en general que permita a la ciudadanía conocer las herramientas digitales con las que cuenta para hacer los trámites administrativos, de manera que acerque la administración electrónica a las personas que todavía no están familiarizadas con ella.

El consejero hizo hincapié en que el programa difunda los conocimientos básicos para el manejo del amplio abanico de recursos y servicios digitales que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía, pero también para los representantes de las asociaciones y fundaciones inscritas en el registro del Gobierno de Canarias.

Con esto se pretende que la ciudadanía aprenda, a través de este programa, a obtener el certificado digital, que conozca el funcionamiento de la Sede Electrónica, que acceda a los principales servicios y recursos digitales del Gobierno o que sepa descargarse y presentar los documentos necesarios para realizar las diferentes gestiones en línea.

Precisamente en los últimos meses, con motivo de la crisis generada por la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha avanzado en esta tarea. Así, con el Ingreso Canario de Emergencia se gestionaron, telefónicamente, 30.000 solicitudes que no necesitaron desplazamientos ni presentación de papeles, mientras que durante el Estado de Alarma se incrementó del 22% inicial al 54% actual la digitalización de documentos.

Alcanzar la tramitación electrónica íntegra de todos los procedimientos administrativos es uno de los objetivos prioritarios que este Gobierno se ha propuesta alcanzar en su mandato y para ello promueve un modelo de administración más eficaz, eficiente y cercana, con la que la ciudadanía, autónomos y empresas puedan relacionarse con comodidad, sencillez y seguridad jurídica, tanto presencial como telemáticamente.

Radio ECCA cuenta con programas firmados con el Gobierno de Canarias en los que se promueve el aprendizaje e inserción laboral de colectivos vulnerables, así como más de 400 acciones formativas, entre las que se incluyen tres titulaciones oficiales como son la Educación Secundaria, Bachillerato y el Ciclo Superior en Integración Social.

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Aprobado el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Firma Pacto de Canarias

La iniciativa impulsada por el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, se firma en el Parlamento por todos los grupos políticos, salvo PP y Cs, y obtiene el respaldo de las administraciones locales e insulares (Fecam y Fecai) y de las organizaciones empresariales y sindicales representativas, más los colectivos sociales

Casi un mes después de ser propuesto con un documento base o de partida para su análisis, discusión y participación por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (el 1 de mayo pasado), el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias ya está aquí; ha llegado para quedarse.

Hoy, sábado 30 de mayo y Día de Canarias, en la jornada que conmemora el nacimiento de nuestra Comunidad Autónoma en 1983, hace 37 años, el Archipiélago ya cuenta con un Pacto respaldado por el amplio consenso político de los grupos parlamentarios, más del 80% del pleno del Parlamento de Canarias, y avalado por las administraciones públicas insulares y locales, con presencia de la Fecai y la Fecam, aparte de las organizaciones empresariales y sindicales representativas en el Archipiélago, las cámaras de Comercio de las Islas, los colegios profesionales de Trabajo Social y las entidades y colectivos del llamado Tercer Sector.

La rúbrica de ese Pacto para la Reactivación, necesario para proceder a la dinamización económica y a la protección sanitaria y social tras los efectos de la pandemia de la COVID-19, se produjo formalmente este sábado en el Parlamento de Canarias, donde estamparon su firma sobre el documento final hasta 16 representantes de instituciones y organizaciones de ámbitos diferentes. Ese acuerdo, que ya es el Pacto de Canarias, contó con los apoyos de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno autonómico, con el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, con mayoría absoluta en la Cámara regional. A estos partidos además se sumó Coalición Canaria-PNC, lo que elevó el apoyo a esa iniciativa en el plano político a más del 80% de los 70 diputados que conforman el Parlamento de Canarias. Solo se quedaron al margen de tan amplio consenso el PP y Ciudadanos, esta formación con dos diputados en el grupo Mixto.

Este Pacto para la Reactivación Social y Económica por la COVID-19 es de los primeros que se aprueba con amplio respaldo político y casi apoyo pleno en los ámbitos administrativo, económico, sindical y social en toda España.

Pensando en los colectivos más vulnerables

Tras confirmarse el amplio apoyo político a la iniciativa lanzada por Torres y el respaldo prácticamente total en los ámbitos administrativos, empresariales, sindicales y sociales de las Islas, el presidente de Canarias se mostró muy satisfecho por el “gran logro conseguido”, un éxito que “es de todos” y hay que atribuírselo, como antes en el mismo lugar se hizo con el Premio Canarias 2020, “a toda la sociedad isleña”. Torres subrayó que ya fija la mirada, junto a su Gobierno, para seguir actuando, ahora con esta nueva guía, y así “evitar que la pandemia derribe los cimientos del Estado del bienestar”.

Como explicó en su intervención el presidente de Canarias, la pandemia de la COVID-19 “nos ha amedrentado con la muerte, y también con la pobreza y las desigualdades”. Por eso, el proceso de reactivación en las Islas, cuya senda primero define el Pacto y luego concretará un plan de desarrollo de acciones con sus fichas financieras específicas, “debe plantearse en sus dimensiones social y económica con el objetivo claro de que nadie se quede atrás” en esta crisis y de que no se produzcan “recortes en los recursos de asistencias esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Éstas son áreas que no solo han de ser conservadas, sino potenciadas”, recalcó el presidente regional.

El Pacto firmado esta mañana es una manera de afrontar la construcción del futuro en Canarias y una forma de reconocer que, tras la pandemia de la COVID-19, “tendremos que hacer muchos esfuerzos”, indicó Torres. El Pacto que hoy se ratificó en el Parlamento de Canarias “es la herramienta más importante para lograr sobreponernos a la actual situación” de crisis, sostuvo el presidente autonómico, y ahora “se apoya para conservar los servicios públicos fundamentales; reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias; atender a los más vulnerables; mantener y recuperar el empleo; reimpulsar la actividad económica; agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos, e impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”. Éstos son los siete grandes bloques de actuación definidos en el Pacto.

Expuestas esas necesidades generales posCOVID-19 en las Islas, el presidente de Canarias remarcó que el apoyo a ese documento “compromete a los que lo han firmado a defender su contenido y nuestras singularidades en todos los ámbitos posibles: a escalas española y europea; a través de los representantes públicos en las Cortes y en las instituciones comunitarias, y por medio de la capacidad que tienen los empresarios, sindicatos y todas las organizaciones canarias que se han comprometido en la reactivación de nuestra tierra”, detalló Torres.

“Canarias -añadió- es, objetivamente, la comunidad autónoma más afectada por la pandemia en el ámbito económico porque la COVID-19 ha golpeado a nuestro principal sector productivo, el turismo, y además lo ha hecho en el peor momento: en plena temporada alta”, recordó el presidente regional.

Agradecimiento por el trabajo de los que apoyaron y los que no lo hicieron

Amplio consenso en la firma del Pacto para la reactivación
Amplio consenso en la firma del Pacto para la reactivación

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma en el país. A partir de entonces, lamentó Torres, “ya nada fue igual. Se truncó la normalidad. Canarias había empezado bien el año. Los datos de enero, febrero y los primeros 14 días de marzo invitaban al optimismo. Incluso se avanzaba que en 2021 podíamos tener unos índices históricos de empleo, con una tasa de paro inferior al 17%. La economía funcionaba. Las perspectivas eran halagüeñas. Pero el 14 de marzo todo se paró”, relató el presidente de Canarias como muestra de lo rápido que se desencadenaron los acontecimientos de esta crisis inicialmente sanitaria.

Ángel Víctor Torres también tuvo hoy unas palabras de agradecimiento “a los que han apoyado el Pacto con su firma y a quienes finalmente no lo han hecho. He de reconocerles a todas y todos el trabajo realizado”, afirmó. Luego admitió que “todo pacto implica renuncias y generosidad, abandonar posturas individuales y acordar propuestas colectivas. Cualquier pacto siempre es un paso adelante. Pactar nunca es una debilidad. Sinceramente, creo que es una fortaleza. Y en estos momentos, una necesidad. Seguiremos tendiendo la mano”, subrayó el presidente de Canarias.

A continuación, Torres indicó que “hoy, 30 de mayo y Día de Canarias, en este Parlamento, que empezó a funcionar hace exactamente 37 años, comienza una nueva travesía que, si la realizamos con determinación y unidad, la culminaremos con éxito los próximos años”.

El presidente de Canarias cerró su alocución con la afirmación de “que es eso lo que esperan los hombres y mujeres de Canarias: que demos una respuesta firme desde una postura común, coordinada y efectiva. Nuestro pueblo siempre ha demostrado una capacidad de lucha, constancia y resistencia indudables”, concluyó.

Las partes, directrices y previsión presupuestaria para 2020 del Pacto

El documento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas, el Pacto de Canarias, consta de tres bloques: uno, la declaración institucional; dos, el que desarrolla de forma más pormenorizada el Pacto en sí, y tres, el anexo con la previsión presupuestaria.

Esa segunda parte se divide en varios epígrafes y tiene su inicio en la definición del origen y las consecuencias elementales de la que primero fue una crisis sanitaria para luego convertirse en algo más integral con efectos económicas y sociales de gran impacto. El Pacto además analiza los efectos de la pandemia de la COVID-19 en esos tres ámbitos esenciales y estructura los campos generales de actuación en siete. Éstas son las prioridades estratégicas.

A partir de ahí, tras concretar los fines centrales que se persiguen, en esencia reactivar la economía, atender las demandas sociales básicas con solvencia y garantizar la cobertura sanitaria universal, el documento ya rubricado identifica los instrumentos más potentes para pasar a la acción, a saber: la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE); las relaciones Canarias-Estado; el papel de los cabildos y los ayuntamientos; la defensa de los cambios normativos; la capacidad inversora pública y privada; la internacionalización; el diálogo social permanente, y la articulación de una mesa de seguimiento del denominado Pacto de Canarias.

En el cuadro presupuestario que forma parte de ese anexo, que solo puede considerarse como una previsión, se aporta una cifra global de 18.535 millones de euros para 2020. Ese umbral resulta de la suma de las aportaciones previstas al menos desde cinco vías: Comunidad Autónoma de Canarias, que ya aporta su Presupuesto de ingresos para 2020 con la merma prevista por el descenso de la recaudación tributaria en 1.500 millones de euros (7.220 millones de euros); los fondos de los ayuntamientos (2.273 millones); los recursos de los cabildos (1.960); los fondos del Estado (3.163), y la financiación privada (3.919).

Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Discurso del presidente de Canarias

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El Gobierno de Canarias levanta la suspensión de acceso a la información pública en materia de COVID-19

Con motivo del estado de alarma se habían suspendido los procedimientos  de tramitación de las solicitudes de información pública, que cuentan con el plazo de un mes para ser respondidas a partir de su registro en la unidad responsable de tramitarlas

El Gobierno de Canarias, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha acordado en el Consejo de Gobierno la continuación del  procedimiento administrativo de solicitudes de acceso a la información pública relacionada con la COVID-19, que se tramitan al amparo de la Ley 12/2914, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, ante los diferentes órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes.

De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma COVID-19, se suspendieron los términos y se interrumpieron los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público, afectando por tanto al procedimiento de acceso a la información que regula la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; así como la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esa ley recoge que las entidades tienen un plazo máximo de un mes para dictar resolución desde la recepción de las solicitudes, tiempo que podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

Sin embargo, la disposición adicional tercera del citado Real Decreto supuso la suspensión de las tramitaciones de todas las solicitudes de información dirigidas a las administraciones públicas. Por este motivo, a instancias de la Dirección General de Transparencia, adscrita a la Consejería cuyo titular es Julio Pérez y con vistas a garantizar la transparencia en materia de la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha optado por volver a activarlas en aquellas cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria que afecta estos días al conjunto del país. Para el resto de solicitudes, se espera retomar dicho trámite una vez se levante el estado de alarma.

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, área dirigida por Marta Saavedra, ha venido impulsando desde el pasado mes de marzo numerosas iniciativas en materia de transparencia relacionadas con la COVID-19.

En el Portal de Transparencia se continúa actualizando la publicidad activa sin haberse interrumpido su acceso durante el estado de alarma. Además, se ha incorporado un espacio específico en el portal para la información sobre la COVID-19. Incluye el acceso directo al cuadro de mando con toda la información sobre la pandemia. Un cuadro de mando en el que la ciudadanía puede monitorizar en tiempo real la evolución del coronavirus en el Archipiélago con datos que se pueden discernir incluso por códigos postales.

También el equipo de informática del Portal de Transparencia de Canarias ha asesorado en el diseño de contenidos e información de la página web específica del virus, que ha sido desarrollada por la Dirección de Modernización y Calidad de los Servicios.

La atención telefónica del Gobierno de Canarias recibe casi 270.000 llamadas en once días

La atención telefónica del Gobierno de Canarias recibe casi 270.000 llamadas en once días

La línea 900 112 061 refuerza la atención telefónica sobre el Coronavirus con el uso de dos nuevas salas y la incorporación de más enfermeros y enfermeras en los próximos días

Hoy domingo se ha iniciado la instalación de dos nuevos call centers para la atención telefónica, en un Colegio de Las Palmas (CEIP Iberia) y en un Instituto de Santa Cruz (IES Alcalde Bernabé Rodríguez)

El teléfono gratuito de información sobre el coronavirus 900 112 061, puesto en marcha por el Gobierno de Canarias para atender las consultas de la ciudadanía sobre el COVID19, desde información general a posibles casos, atendió un total de 61.592 llamadas entre los días 10 y 20 de marzo. En ese mismo período, el servicio de cita previa del Servicio Canario de la Salud (SCS) a través del 012 registró un total de 199.996 llamadas. A ellas se suman las llamadas de información general del Gobierno de Canarias.

Los equipos del Servicio Canario de la Salud y de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad están satisfechos con los buenos tiempos de respuesta del nivel 1 de atención telefónica, que se han reducido hasta 42 segundos en primer nivel, con un tiempo medio de locución fue de 03:11 minutos, pero se muestran preocupados con mejorar los tiempos de respuesta en los niveles técnicos sanitarios. Así lo explica el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien apuesta por resolver los tiempos en el nivel 2 de atención de enfermería, y en el 1-1-2, donde las conversaciones son mucho más largas generando mayores tiempos de espera.

Refuerzos

En ese sentido, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo Hernández, destaca que se han habilitado dos nuevas salas para la atención telefónica sobre el Coronavirus, lo que permitirá que en los próximos días se incorpore más personal técnico. Al mismo tiempo, esto permitirá incorporar más personal a las salas del 1-1-2.

Además, se está trabajando para habilitar dos centros educativos como centros de llamadas para poder contar con mayor capacidad, y se está analizando la incorporación de servicios de psicólogos que permitan atender las necesidades de la población.

Hernández destaca asimismo que se ha reforzado la línea 900, permitiendo la atención en distintos idiomas a través de la traducción simultánea, así como los sistemas informáticos para permitir el seguimiento y control de llamadas.

En cuanto a información general, Hernández agrega que se ha aumentado el personal documentalista para responder a todas las preguntas ciudadanas con gestiones con el gobierno estatal, todos los departamentos del Ejecutivo canario y el resto de las administraciones públicas.

Hernández especifica que se está actuando con proactividad para incorporar todas las cuestiones que van surgiendo en cuestión de horas, permitiendo combatir la desinformación, y subraya que se ha reorganizado el servicio de información y atención telefónica del teléfono 012, y se han priorizado los servicios urgentes, sanitarios y esenciales.

En ese sentido, afirma que se ha actualizado la información relacionada con sanidad, protocolos, seguridad, estado de alarma, empleo, agencia tributaria, turística y cita previa, así como con información para extranjeros que se encuentren en Canarias, todo ello con el objetivo de poder dar respuesta a cualquier pregunta relacionada con la situación actual.

También se ha incrementado la atención tributaria, con el centro de llamadas de Grecasa y de la Agencia Tributaria Canaria, y se ha intensificado el trabajo del Servicio Canario de Empleo con su propio servicio de atención.

Tres números de teléfono y tres niveles de atención

El servicio telefónico de llamadas del Gobierno de Canarias está ahora mismo organizado en tres servicios. El número 012, para información general del Gobierno; el 1-1-2, sólo para llamadas de emergencia; y el servicio Info Coronavirus 900 112 061, para información sobre la situación del estado de alarma, coronavirus y comunicar posibles casos.

Este último servicio Info Coronavirus contempla tres niveles de atención telefónica: el nivel 1, para atender la información; el nivel 2, para el triaje de enfermería; y el nivel 3, para las pruebas y el seguimiento. Este protocolo, puesto en marcha desde hace casi un mes, ha permitido reducir la presión telefónica en el 1-1-2, que se debe utilizar solo para emergencias.

El consejero Julio Pérez resalta la importancia del servicio telefónico Info Coronavirus 900 112 061, que funciona las 24 horas del día, ya que, tras los servicios sanitarios y los de seguridad, forma parte de la primera línea de lucha contra el coronavirus dado que permite a la ciudadanía permanecer informada con datos fiables, combatiendo la desinformación, atendiendo sus demandas y preocupaciones y prestando atención sanitaria.

Pérez hace un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para que se informe siempre a través de fuentes oficiales, incluyendo los teléfonos y la página web y redes sociales del Gobierno de Canarias, que continuarán transmitiendo información de forma permanente con el máximo rigor y transparencia, y pide que se sigan las recomendaciones de las autoridades. Asimismo, insiste en que para realizar consultas sobre el virus hay que llamar al 900 112 061 y que el servicio telefónico 1-1-2 se debe utilizar exclusivamente para las emergencias. Las consultas generales del Gobierno de Canarias, que en estos días priorizan los servicios sanitarios y urgentes, se pueden dirigir al 012.

Un alto volumen de llamadas

Julio Pérez ha detallado también que del total de casi 270.000 llamadas recibidas entre los días 10 y 20 de marzo, 14.254 se correspondieron con el nivel 1, de información del coronavirus; y 20.343 con el nivel 2 (triaje de enfermería); así como 199.999 de cita previa al SCS a través del 012, a las que se suman otras 3.854 que fueron derivadas desde la línea 900 al servicio de información telefónico 012. El número de llamadas se completa con consultas de información general, llamadas con interpretación por idiomas y por las denominadas ‘no contactadas’, realizadas por personas que cuelgan el teléfono antes de que se establezca el contacto.

El aumento de servicios y de personal ha obligado a disponer de mayor espacio físico, para mantener la distancia personal entre los operadores y operadoras, por lo que hoy domingo día 21 se ha comenzado a habilitar dos nuevos centros de atención telefónica, uno en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Iberia” de Las Palmas, junto al Edificio de Servicios Múltiples, y otro en el Instituto de Educación Secundaria “Alcalde Bernabé Rodríguez”, junto al Mercado de Santa Cruz de Tenerife.

 

 

 

 

 

 

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La Administración Pública Canaria obtiene sobresaliente en el Informe Anual de Transparencia de 2018

La Administración Púbica de Canarias obtiene un sobresaliente en Transparencia

La directora general del área, Marta Saavedra, dice que pese a ello cabe aún mejorar la situación actual

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha obtenido la calificación de 9,04 puntos sobre 10 en el Informe Anual de Transparencia del año 2018. Esta nota, otorgada al conjunto de los once departamentos del gobierno autónomo (diez consejerías y Presidencia), da continuidad a la progresión en materia de transparencia experimentada desde años pasados (7,69 puntos en 2016 y 8,03 puntos en 2017). El informe, elaborado por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, evalúa el grado de cumplimiento de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la información pública de Canarias por parte de las instituciones públicas y privadas, obligadas por ley a cumplir con los preceptos de la misma.

Las competencias en materia de transparencia en el Gobierno de Canarias recaen en la Dirección General de Transparencia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez. En opinión de la directora general, Marta Saavedra, esta buena calificación obtenida por el conjunto de la Administración Pública autonómica refleja el trabajo riguroso que se ha venido desempeñando por parte del equipo que forma parte del servicio de Transparencia y Participación Ciudadana, en coordinación y comunicación constante con las unidades responsables de la información pública de todas las consejerías, que sirven para garantizar el cumplimiento de la obligación de publicación de la información establecida en la ley. No obstante, pese a ello, afirma, cabe aún mejorar la situación actual.

Saavedra recalca que el cumplimiento de las normas de transparencia en las administraciones públicas de Canarias constituye uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno en la actual legislatura. Así, señala, uno de los objetivos que se pretenden conseguir, desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, es el avance hacia una administración cada vez más transparente y eficaz, que responda con agilidad a las solicitudes de acceso a la información pública, cumpliendo con los principios que recoge la norma para garantizar el derecho de toda la ciudadanía a la información pública, bajo los principios de accesibilidad, veracidad, gratuidad y reutilización de los datos.

Pero para ello, argumenta Saavedra, es importante que antes se refuerce la estructura organizativa del servicio y que se opte por la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la actualización y mejora del Portal de Transparencia en la web del Gobierno de Canarias, que es mejorable, y por otro lado la participación ciudadana.
En este sentido, la directora recuerda que en los presupuestos de 2020 se apuesta por seguir avanzando, dentro del modelo de Gobierno Abierto, hacia la rendición de cuentas, donde la información que se publique sea más accesible a la ciudadanía. Durante este año se ha dado un paso significativo en la publicación de la información automatizada y en formatos abiertos, pero el objetivo final es incorporar visualizaciones que permitan mostrar a la ciudadanía la información de forma más comprensible, destaca.

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Un proyecto sobre el reparto de tareas del hogar gana el Reto de Visualización Open Data por la igualdad

Visualización del proyecto sobre el reparto de tareas del hogar gana el Reto de Visualización Open Data por la igualdad

El proyecto Datos Abiertos para la Conciliación y la Corresponsabilidad presenta visualizaciones de datos abiertos sobre la situación de las mujeres en Canarias

El proyecto Datos Abiertos para la Conciliación y la Corresponsabilidad celebró la segunda fase del programa el pasado 21 de marzo de 2019. La convocatoria presentó los datos abiertos visualizados sobre la situación de las mujeres en Canarias. Las ganadoras del Reto Open Data Mujeres Canarias fueron el Equipo Violeta, compuesto Beatriz Santos (estadística), Lilia Ana Ramos (politóloga), Esther Sanromá (matemática), Beatriz León (socióloga) y Jessica Luis (consultora BI) con una visualización sobre el reparto de las tareas del hogar entre mujeres y hombres en Canarias.

En el acto, la CEO de Iniciativa Open Data, Lourdes Muñoz, destacó la importancia que tuvo la Expedición de Datos, el evento previo al Reto de Visualización, porque unió a diferentes perfiles de personas profesionales para cumplir el objetivo de identificar información desconocida sobre la igualdad de género en el archipiélago.

Muñoz presentó a las ganadoras de esta fase y explicó que la tercera parte del proyecto culminaría con una Exposición Virtual que recogería las visualizaciones generadas dentro de las temáticas del plan de corresponsabilidad y conciliación del Gobierno de Canarias, que son trabajo, ocio y conciliación familiar.

Asimismo, la exhibición de los resultados se acompañó de infografías para animar a las personas a explorar los datos. Con ello, se consigue una doble sensibilización a través de la divulgación de las diferencias entre mujeres y hombres y la perspectiva de ver los datos como una herramienta de información.

Por su parte, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Ascensión Toledo, resaltó haber encontrado el valor social y el apoyo a la apertura de los datos. “En la expedición vimos cuál es el resultado. Un resultado que es triste y que nos debe marcar qué decisiones profesionales y políticas hay que tomar para mejorar”, señaló. Además, detalló que la temática de conciliación y corresponsabilidad es fundamental para la sociedad y que los datos pueden ayudar a darle mayor relevancia.

La portavoz del Equipo Violeta, Beatriz Santos, explicó que partieron de una idea previa para visualizar la relación entre la salud mental y la desigualdad, la autovaloración del estado de salud, la excedencia por cuidado familiar y la actividad económica, pero quedaron descartadas debido a la dificultad de encontrar esos datos. Finalmente, se decantaron por la participación en las tareas del hogar, utilizando datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

“Como vemos en los gráficos, las mujeres son las que mayoritariamente se encargan de las tareas como preparación de la comida, limpieza, compras”, explicó la experta en estadística. También destacó que en las tareas que conllevan menos responsabilidad los hombres tienen más protagonismo, aunque sigue habiendo una gran desigualdad donde las mujeres siempre hacen todo tipo de tareas.

Asimismo, la técnica del Reto Iniciativa Open Data, Eli Vivas, la representante de la organización Innovations Humans Rights, Nuria Noguera, y el experto en visualización de datos e infografía del ISTAC, Jorge Hernández, evaluaron el trabajo realizado por las ganadoras. “Estos gráficos permiten demostrar y comprobar que no hay corresponsabilidad en las tareas del hogar y esto le aporta validez al estudio”, expuso Noguera.

Hernández valoró aspectos técnicos, como la elección de los colores o el tipo de gráfico con barras horizontales, que calificó como correctas. Vivas resaltó que era adecuado el uso de una leyenda por gráfico, puesto que así son informaciones diferentes e independientes y es más fácil de entender para los usuarios. Toledo finalizó la jornada con agradecimientos y explicó que este proyecto culmina con la exposición virtual, disponible ya en la web.

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El Gobierno ratifica su compromiso con la memoria y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

Barragán inaugura el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas

El consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, inauguró hoy el I Congreso Administrando la memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas ciudadanas, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. En su intervención, Barragán ratificó el compromiso del Ejecutivo autonómico con la memoria y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura posterior.

En este sentido, destacó que se trata de un compromiso de las administraciones canarias en general, y en especial del Gobierno de Canarias, para con la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior que, según recordó, se ha materializado en medidas y actuaciones concretas que evidencian la preocupación e interés en lo relacionado con la memoria histórica, y marca así un camino a seguir en el futuro en esta materia que no puede tener vuelta atrás ni pausa.

En su repaso, se refirió de forma expresa a la aprobación el año pasado de la Ley de memoria histórica y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, que calificó de hito en la historia de nuestra comunidad autónoma. Explicó que salió adelante en el Parlamento autonómico con el apoyo de casi todos los grupos, que fueron quienes impulsaron su tramitación.

En particular, destacó que la norma remarca que la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista representan un “deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española”, y que la norma advierte de que “la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos”.

Su finalidad, apuntó, es articular en el ámbito de Canarias actuaciones como el fomento de la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas en ese periodo, la exhumación de sus restos, la elaboración de un registro de víctimas, facilitar el reencuentro entre parientes separados, o la divulgación de los hechos ocurridos en las Islas desde el pronunciamiento militar y sus antecedentes hasta el fin de la dictadura franquista. Además, la ley canaria reconoce de forma expresa que, en muchos casos, han sido las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y las familias de las y los desaparecidos las que han impulsado acciones tanto en materia de búsqueda de fosas como en la difusión de lo acontecido en esta etapa.

También recordó el empuje y dedicación de estas asociaciones, que llevó a que el Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del ahora presidente en funciones, Fernando Clavijo, haya acordado el año pasado la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, entre otros, a las Asociaciones Canarias de la Memoria Histórica, alta distinción que se concede a las personas, corporaciones e instituciones que, dentro o fuera de Canarias se han hecho merecedoras del reconocimiento del pueblo canario.

Con el otorgamiento de ese reconocimiento, señaló que el Gobierno canario puso en valor la labor de estas asociaciones, que fomentan la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas entre el inicio de la Guerra Civil en julio de 1936 y la aprobación de la Constitución Española en 1978, además de la elaboración de un registro de víctimas, la divulgación de los hechos ocurridos en Canarias desde el pronunciamiento militar hasta el fin de la dictadura y recobrar la dignidad personal y familiar de esas víctimas.

En definitiva, finalizó Barragán, en Canarias existe un compromiso con el impulso al reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, por lo que el Gobierno autonómico impulsa políticas y medidas en materia de memoria histórica desde el convencimiento de que la reparación moral de las víctimas y sus familiares es justa y un auténtico ejercicio de democracia.

Las jornadas

En el encuentro participan numerosas personas expertas de primer nivel que aportan sus conocimientos y experiencias en diversos aspectos. La cita, que empezó hoy, termina mañana, y tiene lugar en el Salón de Actos del Edificio Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria.

Participa el doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y médico especialista en Medicina Legal y Forense, Francisco Etxeberria, que diserta sobre la memoria histórica en el contexto de los derechos humanos, además de otros especialistas que intervendrán en tres mesas que abordarán la legislación de la memoria desde la administración autonómica (gestión y participación); la Memoria Histórica desde perspectiva forense y arqueológica, y el movimiento ciudadano por la Memoria Histórica en el Estado español.

Además, habrá tres mesas redondas en las que se debatirán las políticas de memoria en Canarias desde la ciudadanía; la memoria de los niños robados y la Ley de Memoria Histórica de Canarias y procesos participativos.

Al acto también acudió la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Ascensión Toledo.

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