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El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento borrador que se ha ido consensuando con las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos, el Tercer Sector y la mayoría de partidos incluye medidas por valor de 1.425 millones para 2020 en sus siete prioridades estratégicas

El texto aboga por la unidad de acción ante la Unión Europea y el Ejecutivo central para mantener el Estado de bienestar y los logros conseguidos por Canarias en los nuevos REF y Estatuto de Autonomía

El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), concebido para combatir los efectos de la pandemia COVID-19, prevé una inversión inicial de 5.725,7 millones de euros en las Islas desde este año hasta 2023; de ellos, 1.425 millones se reservan al ejercicio 2020, estos con ficha ya cerrada. Así se contempla en el borrador casi definitivo visto hoy por el Consejo de Gobierno y ya entregado a los firmantes del Pacto del mismo nombre, del que emana esta iniciativa, rubricada el pasado 30 de mayo (Día de Canarias) y negociada desde entonces con numerosas reuniones celebradas entre los integrantes de ese foro.

El objetivo central de ese proyecto integral pasa por mantener y fortalecer los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, de manera que nadie se quede atrás por esta crisis imprevista y mundial, especialmente los colectivos más vulnerables. Además, el Plan para la Reactivación aspira a que el Archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados, con el empleo recuperado, con mayor sostenibilidad integral gracias a la aplicación de la Agenda 2030, con un turismo más competitivo, con más acceso a la vivienda pública, con una administración más moderna y con el máximo desarrollo posible de textos legales clave para Canarias, como son los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2018, así como el refuerzo de la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE).

El documento, también denominado Plan Reactiva Canarias, aún puede ser modificado estos días durante la última revisión de los participantes en su redacción: los cabildos, a través de la Fecai; los 88 municipios canarios (con la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE; las cámaras de comercio; los sindicatos UGT y CCOO; los colegios profesionales de Trabajo Social; los agentes del Tercer Sector, y los partidos signatarios, que representan el 80% de los diputados del Parlamento regional, al ser apoyado ese Pacto por PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre, para luego ser debatido en la Cámara autonómica, en principio en el pleno del 27 de ese mismo mes.

La intención es desarrollarlo al completo (este año hay muchas medidas que ya se están aplicando o se han implantado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado) hasta el año 2023. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogó desde el día siguiente a aquel sábado 14 de marzo por la elaboración de un plan específico para la recuperación de las Islas ante una situación de amplia crisis, con especial afección en Canarias dentro de España y de la UE debido al elevado peso del turismo en las Islas (35% del PIB regional y 40% del empleo). Se busca un Plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Para su control y seguimiento, de hecho, el proyecto incluye mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.

La búsqueda de esa unidad y del acuerdo masivo derivó en el Pacto del 30 de mayo pasado, en el que se definió un total de siete prioridades estratégicas o bloques que, en el caso del presente ejercicio de 2020, incluyen una ficha financiera de 1.425 millones de euros (financiación ya cerrada).

De los 1.425 millones de euros para 2020 (como se puede comprobar en el cuadro incluido al final de esta nota), el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con la suma de 440,4 millones.

547 millones para actividad económica y 190 para empleo en 2020

Otros bloques estratégicos, como la atención a los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, la pobreza infantil, las víctimas de malos tratos, los discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…), dispondrán de 45 millones en este 2020. Sin embargo, los esfuerzos principales se dirigirán a la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo son 190,84. La simplificación y coordinación administrativa, por su parte, acapara 200,5 millones, con los que se pretende facilitar los proyectos y licencias, ahorrar pasos burocráticos y dinamizar así la economía y el empleo. La inversión se completa con 500.000 euros para la Agenda 2030 de Canarias.

Aquellos 1.425 millones de euros para 2020 suponen un considerable esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Administración General del Estado debido a la merma de ingresos tributarios por la pandemia en este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta el sistema fiscal singular con que se cuenta en las Islas. Para alcanzar esa cifra, se han incluido 373 millones no reembolsables que corresponden al Archipiélago del Fondo COVID aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto Ley 22/2020, del 16 de junio. Con ellos, se pretende compensar los aumentos de los gastos en sanidad, educación y transporte. Asimismo, se introducen 176 millones para cubrir la reducción de la recaudación tributaria en las Islas y hasta 389 millones por autorizarse el uso de superávit de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma. Esa cifra se aplica por la merma de ingresos por impuestos propios o derivados del Bloque de Financiación Canario en este 2020.

Para este ejercicio, el Gobierno central también aporta 14 millones con el fin de reforzar los servicios sociales, en función del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Por su parte, el Ejecutivo canario ha reajustado 100 millones del Presupuesto regional vigente, cantidad que se añade a otros 373 obtenidos de partidas contempladas en esas cuentas que se consideran útiles ante lo sucedido por la pandemia de la COVID-19.

La financiación prevista en el trienio 2021-23

Aunque se trata de una cifra potencialmente modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, pues existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y porque el Plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia, para el periodo 2021-2023 se ha calculado inicialmente un total de 3.400,7 millones de euros.

Igualmente, para el citado periodo de tres años se establece un refuerzo financiero total de 900 millones en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda), lo que da un resultado global de gasto para 2021-2023 de 4.300,7 millones de euros.

Las cifras más relevantes, de nuevo, atienden en 2021-2023 a la reactivación económica y la generación de empleo. En este sentido, se proyecta, de momento, un desembolso de hasta 2.028 millones para el reimpulso empresarial y económico y de 741 millones para el empleo. En los casos de la Agenda 2030 y de la agilización administrativa, lo más relevante son las medidas relacionadas con la progresiva implantación e incorporación de esas acciones a los procesos de gestión pública; por ello, la ficha financiera tiene un papel secundario en tales prioridades estratégicas.

Los presupuestos del Estado para 2021 y el Fondo Europeo de Recuperación

Desde 2021, los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital.

Además, resulta esencial que Canarias haga valer sus singularidades por la lejanía y la insularidad ante la UE, su actual condición de región RUP, a la hora de obtener ayudas o financiación pública para proyectos que a incluir en el Fondo Europeo de Recuperación, dada la mayor afección de la pandemia en las Islas por su modelo económico. Unos efectos que se suman a las debilidades estructurales que ya presentaba el Archipiélago en cuanto a diversificación económica, empleo, salarios y otros parámetros.

El Plan Reactiva Canarias también podrá costearse con recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones), con los Fondos Estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27 y con las cuentas estatales hasta 2023 y además las regionales, que se espera que dispongan de forma creciente de más ingresos tributarios a medida que se reduzcan los efectos de la pandemia.

Con el fin de que los efectos de la COVID-19 fueran los mínimos posibles manteniéndose los gastos públicos, el Gobierno regional ha inyectado hasta ahora, en 2020, unos 8.067 millones en la economía isleña, mientras que los cabildos han aportado 1.652 y los consistorios, 2.106. Junto al Ejecutivo central, el esfuerzo global en el Archipiélago asciende a 16.800 millones.

Como se ha indicado hasta ahora, el Plan Reactiva Canarias da especial prioridad al mantenimiento de la capacidad asistencial en la sanidad pública canaria y a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Se hace no solo por mejorar este pilar fundamental del Estado de bienestar para los residentes y ante la evolución de la pandemia, sino como atractivo y garantía de presente y futuro para el turismo. Así, se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.

En el ámbito social, además se prevé desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 y fortalecer al máximo los servicios sociosanitarios con más y mejores conciertos con el Tercer Sector y una mayor coordinación interadministrativa. Así, se quiere aligerar los hospitales en el capítulo de enfermos crónicos mediante una red potenciada de centros para mayores y con una mejor teleasistencia o atención en el hogar. Además, lejos de debilitarse, se atiende mejor la dependencia y la discapacidad.

Otro de los objetivos clave pasa por mejorar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ahora queda reforzada con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y que se completa con la Renta Canaria de Ciudadanía. Se calcula que ese Ingreso Mínimo que aporta el Estado supondrá unos 180 millones anuales en las Islas.

En educación, con la seguridad de los alumnos y del personal docente ante la COVID como prioridad máxima, también se quiere estrechar la brecha digital que el confinamiento evidenció, aparte de reforzar todo lo posible la educación a distancia, mejorar el apoyo a las familias con menos recursos y la educación de 0 a 3 años en beneficio de la conciliación familiar y del acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias.

Con el objetivo doble de reimpulsar el subsector de la construcción, y en aras a cumplir un derecho básico de la ciudadanía, se busca ampliar el parque de vivienda de alquiler social, con más ayudas para las familias con pocos recursos y el pago de los suministros básicos.

Recuperar y adaptar la economía, con un subsector turístico más moderno

En cuanto al ámbito económico y el empleo, se defiende el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor durante el tiempo necesario, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el subsector turístico (el principal en Canarias), sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento, eso sí, recuerda que, entre abril y agosto, esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones en apoyo de los autónomos por el cese de actividad.

Además, el Plan apuesta por garantizar cada año los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y diversas medidas de modernización del Servicio Canario de Empleo, de formación de sectores poblacionales con más dificultades de reincorporación laboral y de apoyo a los autónomos, empresas de economía social, cooperativas o compañías de integración social. Para todos ellos, aparte de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se reforzarán mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio de 2020, se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.

El esfuerzo por la formación se orientará, en especial, al ámbito turístico (idiomas…), así como a las nuevas tecnologías y el I+D+i. Además, el Plan pretende una lucha más activa contra la economía sumergida y ayudas a las empresas, reduciendo la morosidad con el reordenamiento de pagos o mayores garantías de deuda. Para esto, en este 2020 se reservan 20 millones.

El desarrollo del REF incluye la adaptación de los instrumentos fiscales a la nueva realidad generada por el coronavirus, así como el mejor aprovechamiento de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales, de manera que se impulse la inversión y la creación de empresas y empleos.

Por supuesto, el turismo, su recuperación y modernización resultan esenciales en este Plan. Para ello, siguiendo el proyecto Canarias Fortaleza, se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.

También se prevé apostar por los eventos culturales y deportivos como atractivos añadidos y por el consumo de productos canarios (de cercanía o kilómetro cero, con mucho menor huella de carbono), en cumplimiento también de la Agenda 2030 y reforzando así la marca Elaborado en Canarias y la soberanía alimentaria. En esta misma línea, ahora ligándola al ámbito sanitario, se contempla impulsar la producción de material sanitario en las Islas.

Sin salir de la economía, el impulso a la construcción no solo se busca con nueva vivienda social y con reformas de éstas, sino vinculándolo a la modernización turística y hotelera, así como a la obra pública (carreteras, centros docentes, sanitarios…), siempre atendiendo a los criterios de sostenibilidad.

En cuanto al transporte, se compensará a las empresas del subsector por las consecuencias de la pandemia (175 millones en ayudas globales en 2020), se tomarán todas las medidas para que se cumpla con la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco para los residentes, se impulsará la movilidad sostenible y se modernizarán puertos y aeropuertos.

El Plan Reactiva Canarias apoya al sector primario con la búsqueda del adelanto de las ayudas del Posei comunitario y del Posei adicional, con especial atención a cultivos como el tomate y el plátano, entre otros, reduciendo los costes de los insumos de la ganadería (REA), reforzando las subvenciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícola, y exigiendo las ayudas al agua de riego contempladas en los Presupuestos estatales (ocho millones de euros).

Mecanismos de control y cumplimiento de lo previsto

En busca del mayor rigor, fiscalización y cumplimiento de este Plan, la iniciativa contempla un punto final, el 10, denominado Cuadro de mando. Ello permitirá una continua y adecuada evaluación de su desarrollo, de sus resultados y de su contribución a alcanzar las metas fijadas. Para ello, habrá una comisión de seguimiento del Plan, con reuniones trimestrales y una sesión de control monográfica de periodicidad anual.

 

  • ANEXOS CON TABLAS FINANCIERAS PARA 2020 y 2021-23

I) Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 424.746.983,58 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 15.689.776,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 45.069.883,39 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 190.848.804,00 €
5. Impulso de la actividad económica 547.389.223,30 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 200.834.161,85 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 500.000,00 €
TOTAL 1.425.018.831,20 €

II) Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 429.700.000,00 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 93.000.000,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 75.500.000,00 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 741.030.000,00 €
5. Impulso de la actividad económica 2.012.265.496,78 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 310.000,00 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 0,00 €
TOTAL 3.384.805.496,78 €

 

Se debe tener en cuenta que la aportación total del Plan Reactiva Canarias para el periodo de ejecución 2020-23 (cuatro años), la de 5.725,7 millones, incluye los 900 millones de refuerzo en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda) durante el trienio 2021-23, lo que da el resultado global de gasto ya indicado: 5.725,7 millones. Esta cifra resulta de sumar la ficha cerrada para 2020, 1.425 millones; la prevista para el periodo 2021-23, 3.400,7, y los 900 millones reseñados.

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Yaiza Castilla anuncia la creación de la primera Ley Canaria de Industria

25112019 Reunión Yaiza Castilla con Asinca

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio informó a la Junta Directiva de Asinca que el texto persigue la modernización del tejido industrial y que se armonizará con las materias previstas en el Estatuto de Autonomía y el REF

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla anunció hoy  a los industriales canarios, representados en la patronal Asinca, la creación de la primera Ley de Industria de Canarias.

Castilla mantuvo en la mañana de hoy un encuentro con la junta directiva de la Asociación Industrial de Canarias y con su presidente, Gonzalo Medina Ventura, al frente, a la que informó de los principales objetivos y líneas de actuación de su departamento para la legislatura y, más detalladamente, para el próximo año y para lo que cuentan con un presupuesto de 13.794.663 millones de euros, un 30,38% más que en 2019.

La consejera de Industria estuvo acompañada en la reunión por el Viceconsejero de Industria y Comercio, Justo Artiles, y por la Directora General de Industria, Yolanda Luaces. En la misma, Yaiza Castilla trasladó a los industriales canarios que el principal objetivo de las líneas de actuación que se han diseñado para el sector industrial es “potenciar  la empleabilidad a través de programas de ayudas dirigidas a incrementar la capacidad productiva de las empresas, como es la modernización de estructuras y digitalización de procedimientos, y acciones de mejora del entorno donde desarrollan su actividad”, entre las que citó la importante apuesta por la regeneración de áreas industriales.

Castilla defendió ante la patronal industrial con representación en ambas provincias canarias, que el proyecto de su departamento se ha configurado como “un plan de contingencia global con medidas, unas novedosas y otras de continuidad, pero potenciadas presupuestariamente, que ayuden a amortiguar los efectos de la desaceleración económica en la que ya estamos inmersos”.

El presidente regional de Asinca, Gonzalo Medina, valoró el anuncio de la consejera y aseguró que “una Ley Canaria de Industria refuerza el compromiso del Gobierno con la industria para que sea un sector estratégico para el Archipiélago. Es una gran noticia que  ahora habrá que desarrollar y trabajar de forma conjunta para que los proyectos se conviertan en una realidad”.

Entre estas medidas, la consejera de Turismo, Industria y Comercio citó la elaboración de la nueva Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la actualización del Observatorio Industrial de Canarias y la futura Ley de Industria de Canarias.

Con dicho texto normativo, para el que no existen precedentes en la Comunidad Autónoma, se pretende regular, ordenar y actualizar todas las actividades que se desarrollan en torno al sector industrial,  con especial incidencia en las actividades de innovación, digitalización de procedimientos, emprendeduría y modernización del tejido industrial en general. Además, según palabras de Castilla, la ley se proyecta también como “una oportunidad para armonizar y vincular al sector industrial con el actual desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias y el Régimen Económico y Fiscal”.

Los representantes de Industria en el Gobierno solicitaron en esta reunión a Asinca su colaboración e implicación en el desarrollo del texto normativo con el que se perseguirá el máximo consenso que garantice una tramitación ágil y fundamentada  hasta su aprobación definitiva por el Parlamento de Canarias.

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Economía, Conocimiento y Empleo impulsará un modelo de desarrollo económico “equitativo, justo y sostenible”

Carolina Darias

La consejera, Carolina Darias San Sebastián, comparece en comisión parlamentaria para informar de las líneas estratégicas de su departamento para la X Legislatura.

Insta a crear capacidades para generar un conocimiento inteligente, sostenible e integrador; a ofrecer oportunidades a todas las personas para que puedan acceder a un trabajo de calidad y al diálogo con los agentes sociales y económicos para crear un modelo económico “equilibrado y resiliente”.

La igualdad de género será un objetivo transversal que impregnará todas las áreas, propiciando políticas orientadas a la reducción de la brecha salarial, el impulso de las mujeres en la ciencia y su participación activa en la economía regional.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo impulsará un modelo de desarrollo económico para Canarias que facilite un crecimiento “equitativo, justo y sostenible”, alineado con los objetivos recogidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que aproveche “todas las fortalezas adquiridas en el proceso de especialización inteligente iniciado en 2014 hasta 2020”. Tal como explicó la consejera este viernes en comisión parlamentaria para explicar las líneas estratégicas del departamento para la X Legislatura, el Gobierno del que forma parte “quiere hacer del progreso social una de sus señas de identidad”, un progreso, subrayó, “que no es sinónimo de crecimiento económico sin límites, sino de un desarrollo humano sostenible”.

“Nuestro propósito, es que, a través de este modelo de desarrollo económico especializado, podamos contribuir a generar riqueza y, a la vez, un mercado laboral que pueda ofrecer a todas las personas, independientemente de su edad y condición, un empleo digno y decente, así como un amplio repertorio de oportunidades para el emprendimiento”, dijo, al tiempo que llamó a crear capacidades para generar un conocimiento inteligente, sostenible e integrador; a ofrecer oportunidades a todas las personas para que puedan acceder a un trabajo de calidad y al diálogo con los agentes sociales y económicos para crear un modelo económico “equilibrado y resiliente”.

Darias expuso a los grupos parlamentarios las líneas estratégicas de las tres áreas que componen la Consejería, con unos objetivos y acciones “muy condicionados” por una finalidad transversal: la igualdad de género. “Realizaremos políticas que coadyuven a reducir la brecha salarial, el impulso de las mujeres en la ciencia y su participación activa en la economía de nuestras islas”, afirmó la consejera.

Objetivos

En el área de Economía, según adelantó Carolina Darias, la Consejería profundizará en la Estrategia de Especialización Inteligente, ampliando las actuaciones hacia las posibilidades abiertas por la economía circular y la economía azul; impulsará la mejora de la productividad en todos los sectores, especialmente en aquellos que más contribuyen al PIB; facilitará una respuesta eficaz a la situación generada por la posibilidad de una salida sin acuerdo de la UE del Reino Unido y facilitará la adaptación al mercado único digital de las empresas. Asimismo, se ha propuesto dar apoyo a las organizaciones y empresas de economía social como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad; combatir la economía sumergida y el mal uso de algunas figuras societarias y laborales, así como reducir las trabas y cargas administrativas y fiscales que sean injustificadas.

En el área de Empleo, la consejera fijó como objetivos principales mejorar la inserción de personas desempleadas en empleos de calidad; consolidar la concertación social y el diálogo social como eje central del diseño, planificación y ejecución de las Políticas de Empleo, en colaboración con los agentes sociales y económicos; mejorar la seguridad y la salud de todos los trabajadores y trabajadoras; impulsar la creación de empleos vinculados al nuevo modelo de especialización de la economía; mejorar los resultados en materia de emprendimiento y autoempleo; estimular la negociación colectiva e impulsar el Tribunal Laboral Canario y el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC).

En el área de Conocimiento, Darias señaló la necesidad de aumentar la inversión pública y estimular la inversión privada en I+D+i; fortalecer y mejorar el ecosistema de investigación e innovación; diseñar y desarrollar una agenda digital para Canarias y facilitar la compra pública de servicios innovadores para impulsar la creación de empresas innovadoras.

Acciones

La consejera afirmó que para conseguir estos objetivos será necesario poner en marcha una serie de acciones, de las que enumeró las más relevantes. Así, en materia de Economía, la Consejería apoyará todas las iniciativas encaminadas a proteger a los sectores productivos de los posibles efectos del ‘brexit’; desarrollará el nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) para impulsar la diversificación económica; diseñará un plan para avanzar en internacionalización, aprovechando la Zona Especial de Canarias (ZEC) y la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria, e impulsará la transformación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para que se convierta en un instrumento eficaz en el nuevo modelo económico.

En cuanto al Empleo, Carolina Darias expresó su intención de lograr los objetivos marcados con acciones que den una “respuesta sistemática a la difícil situación del empleo en Canarias”. Para ello, el departamento que dirige diseñará una nueva estrategia de activación del empleo, con la participación directa de los agentes económicos y sociales; impulsará políticas activas de empleo adaptadas a las personas, con especial atención a las jóvenes, desempleadas de larga duración y mujeres; favorecerá la empleabilidad y movilidad intersectorial de los trabajadores desde los sectores en transición a la economía sostenible; impulsará el trabajo realizado por el Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Canarias; diseñará planes de formación en gestión de la innovación para directivos y empresas y elaborar un plan de actuación en las oficinas de empleo para combinar de manera eficaz la gestión de las prestaciones y la cercanía con las personas beneficiarias.

PIEC

Tras la reciente firma con el Estado del convenio del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), el departamento que dirige Darias incorporará nuevas líneas de acción vinculadas a esta financiación, como un plan de empleo para limpieza y reforestación de las zonas afectadas por el incendio de Gran Canaria; un plan de choque para jóvenes con abandono escolar temprano, con formación en competencias clave, digitales e idiomas, y un plan de formación del sector primario para la recuperación del entorno rural en todas las islas.

En materia de Conocimiento, la consejera explicó que un ecosistema de investigación e innovación “es mucho más que el conocimiento, la tecnología y la empresa”, ya que solo se sostiene “si lo entendemos como una colaboración entre sociedad y administraciones públicas”. Así, defendió el desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias hasta su culminación en 2020 o 2023 y crear un nuevo plan de I+D+i; impulsar la digitalización inteligente de la sociedad y la participación de las empresas en el mercado único digital y promover la cultura científica mediante dos iniciativas pioneras: ‘Ciencia en el Parlamento’ y ‘Ciencia en el Gobierno’.

“En definitiva, nos proponemos avanzar en la configuración de un modelo económico para Canarias que aproveche al máximo nuestras fortalezas para lograr un crecimiento económico con equidad, soportado por una mejora de la productividad basada en el conocimiento y en unas condiciones de trabajo decentes”, concluyó Darias.

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Román Rodríguez dice que el respeto a las leyes de estabilidad presupuestaria no supondrá una renuncia a la agenda

Esta mañana tomaron posesión de su cargo el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Fermín Delgado García, y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, afirmó que, aunque la situación heredada es preocupante, “el nuevo Ejecutivo no va a renunciar a la mejora de las políticas sociales con las que nos hemos comprometido y tomaremos las decisiones pertinentes para buscar el respeto a las leyes de estabilidad presupuestaria”.

Román Rodríguez hizo estas declaraciones esta mañana en el acto de toma de posesión de dos altos cargos de su departamento, como son el nuevo viceconsejero de Hacienda y Planificación, Fermín Delgado García, y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz.

El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos puntualizó que, en esta nueva etapa de gobierno de progreso dirigida hacia la mayoría social, la primera alarma ha venido de la mano de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, con los datos del primer semestre, alertaba del incumplimiento de la regla de gasto, uno de los parámetros de Ley de Estabilidad. Añadió que la responsabilidad de esta situación se ha atribuido a la reducción de ingresos que se iban a producir en virtud de la situación económica de cierto enfriamiento, la ausencia de Ley de Presupuestos ordinaria estatal y a la reducción de impuestos.

Román Rodríguez explicó que la Comunidad Autónoma toma parte activa en el último punto como consecuencia de la reducción de impuestos y los menores ingresos detectados tras la caída de los recursos del bloque de financiación canario del REF. Un aspecto, que, afirmó, está unido a la política fiscal a la baja de los últimos años. Asimismo, expresó su preocupación por la autorización de gastos en educación y sanidad con reducción de jornada que se hizo pese a que la ley no daba cobertura a esta decisión.

Román Rodríguez junto al viceconsejero de Hacienda y Planificación, Fermín Delgado García, y al director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz.
Toma del posesión del viceconsejero de Hacienda y Planificación, Fermín Delgado García.

Sentenció que, en estos momentos y con los datos provisionales a primer semestre, la situación es de incumplimiento de la regla de gasto y de un más que previsible déficit excesivo.

Por ello, anunció que se tomarán “de forma responsable y dialogada medidas para revertir esta situación y garantizar el respeto a las leyes de estabilidad presupuestaria”. Añadió que la política fiscal será un recurso y destacó que las decisiones presupuestarias y fiscales las decidirá el Parlamento.

Nuevos altos cargos

Por  otro lado, el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Económicos se refirió a los recién nombrados altos cargos de su departamento, el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Fermín Delgado García, y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz.

Toma de posesión del director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz.
Toma de posesión del director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz.

Señaló que son figuras clave en el equipo que se está conformando y a los que les une un vínculo de muchos años. Asimismo, resaltó que ambos “combinan formación, trabajo y compromiso social con la Canarias actual y de futuro que se está construyendo”.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna, Fermín Delgado ha sido desde julio de 2011 asesor en materia económica y presupuestaria del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Con anterioridad, fue asesor en asuntos económicos y de ordenación del territorio de Presidencia del Gobierno durante el mandato de Román Rodríguez  y ha ejercido también como economista en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.

Asimismo de 2003 a 2008 estuvo al frente de los tres proyectos europeos Germobanco Agrícola de la Macaronesia, lo que le valió la distinción de la fundación Tenerife Rural con un premio por su labor en defensa de la conservación de la biodiversidad agrícola de la Macaronesia. A esto se suma su labor como economista en entidades como la Cooperativa del campo de La Candelaria y de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, así como una amplia experiencia docente.

Por su parte, José Julián Isturitz es doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con tres másteres en prevención y gestión de riesgos a la comunidad, en prevención de riesgos laborales y en seguridad, además de postgrado en gerencia de áreas de salud y gestión hospitalaria, y en dirección de centros sociosanitarios. Asimismo, cuenta con diploma en dirección de la Administración pública y en protección del patrimonio, además de ser profesor doctor acreditado por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.

En el sector público ha sido director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, gerente del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, director gerente y consejero de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad del Gobierno de Canarias, así como director gerente de la empresa pública Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Catalunya. Su experiencia profesional en el ámbito privado ha estado vinculada a puestos directivos en el área de prevención de riesgos laborales, sociosanitario y hospitalario, especialmente en el entorno de la telemedicina y la teleasistencia.

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La ultraperiferia cuesta a las empresas canarias el 8% de su facturación

Presentación del estudio sobre el coste de la ultraperiferia

Fernando Clavijo y Pedro Ortega presentan el tercer ‘Estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias’

Las empresas canarias soportan un sobrecoste del 8% en su facturación por la condición ultraperiférica de las Islas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presentó esta mañana a los agentes económicos y sociales de las islas los principales resultados del tercero ‘Estudio sobre el coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias’, en el que se actualizan los datos obtenidos en los anteriores estudios, realizados en 2001 y 2010.

El informe fue encargado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias que dirige Pedro Ortega, quien participó con el presidente en el acto, así como en la presentación previa que se realizó a la Federación Canaria de Islas (FECAI).

El presidente explicó que “la existencia de una estrategia europea para las RUP hace indispensable cuantificar los sobrecostes asociados a la ultraperiferia para abordar las próximas revisiones de las medidas que aplica la UE”.

“Es precisamente la existencia y cuantía de esos sobrecostes lo que diferencia nuestra situación de otras regiones, como Baleares, y lo que fundamenta la mayor intensidad permitida a nuestras ayudas”.

En este sentido, Fernando Clavijo recordó la importancia de este estudio que “acredita la existencia de los sobrecostes en los que se fundamentan las excepciones que Europa autoriza a las RUP para que podamos tener ayudas de funcionamiento. En la práctica”, dijo, “se trata del documento que permite a Canarias contar con las ayudas al transporte de mercancías, las ayudas del POSEI adicional, o con incentivos fiscales como la ZEC, la bonificación por producción de bienes corporales o el AIEM”.

Novedades del estudio

El presidente explicó que el trabajo presentado hoy muestra un mayor nivel de detalle con respecto a los estudios anteriores, permitiendo un desglose de sobrecostes en ocho sectores económicos y tres grupos de islas (orientales, capitalinas y occidentales).

En cuanto al sobrecoste de la doble insularidad, el estudio confirma la existencia de mayores sobrecostes en las islas no capitalinas, y dentro de éstas, mayores sobrecostes en las islas occidentales respecto a las orientales; así, el sobrecoste de las islas capitalinas representa el 6,9% de la facturación de sus empresas, mientras que en el caso de las islas no capitalinas orientales dicho sobrecoste es del 7,4% y en el caso de las occidentales representa el 10%.

En este contexto, Fernando Clavijo añadió que “los resultados de este estudio justifican muchas de las medidas que se han incluido en el nuevo REF, en el que la atención a las especiales necesidades de las islas no capitalinas se configura como principio”.

Presentación del estudio sobre el coste de la doble insularidad en Canarias
Presentación del estudio sobre el coste de la doble insularidad en Canarias

Asimismo, el presidente se refirió también a otras medidas como la conocida como ley de Islas verdes, concebida para fomentar el desarrollo de las islas no capitalinas occidentales, “que son precisamente, como refleja el estudio, las que sufren unos mayores sobrecostes”.

Por su parte, Pedro Ortega aseguró que los resultados del estudio confirman que el volumen máximo de acumulación de ayudas regionales de funcionamiento que establece el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), situado en el 30% del volumen de negocios por empresa, permite cubrir los sobrecostes que soportan las empresas canarias, con independencia del sector en el que opere.

En este contexto, destacó la importancia de disponer de datos actualizados sobre los sobrecostes que soporta Canarias por tratarse de “un elemento fundamental para justificar y garantizar la permanencia del régimen específico de las RUP”

Pedro Ortega recordó que sin bien los regímenes que ahora están en vigor serán prorrogados por la Comisión Europea hasta 2022, en la próxima legislatura “habrá que renegociar esos regímenes, y el estudio que hoy presentamos constituirá, en ese sentido, una herramienta indispensable”.

Principales resultados

El estudio se basa en datos relativos al año 2016, obtenidos tanto de estadísticas oficiales como de las encuestas que contestaron 2.805 empresas, incluyendo autónomos, con al menos una persona asalariada.

Los datos indican que los sobrecostes derivados de la insularidad suponen el 8% de la facturación empresarial, frente al 7,6% de la facturación empresarial que representaban en 2008, lo que constata, por tanto, una mayor incidencia de los sobrecostes sobre las empresas canarias.

En total, los sobrecostes de ultraperiferia del sector privado canario se cuantifican en 2016 a 5.228 millones de euros. El principal sobrecoste sigue siendo el transporte de mercancías, que representa el 54,7% del total.

En términos relativos, los sobrecostes inciden de forma particularmente intensa en el sector industrial, pues suponen el 29,7% de la facturación de la industria. Seguirían el sector primario (18% de la facturación) y el comercio (10,5%).

El peso que tienen los distintos sobrecostes sobre el total sectorial presenta ciertas particularidades, relacionadas con la naturaleza de la actividad de cada sector. En turismo sobresale la participación del coste del agua (11% de los sobrecostes totales del sector) y energía (65% del total), ilustrando la particular necesidad de estos inputs en el desarrollo de su actividad.

En el sector comercio, los sobrecostes de transporte tienen un peso muy elevado, como cabía esperar, representando el 69% de sus sobrecostes totales, y las instalaciones múltiples suponen el 9,6%, evidenciando un alto impacto de la fragmentación sobre la necesidad de disponer de instalaciones en este sector.

Por otra parte, en la industria, además del transporte, hay que citar como rasgo diferencial la importancia del sobrecoste relacionado con la Capacidad Productiva Ociosa, un 30% del total (12% en el conjunto canario), evidenciando el fuerte impacto del reducido tamaño del mercado (en conflicto con la maquinaria existente, estándar, no adaptada a las necesidades del mercado canario).

  • Puede consultar el resumen ejecutivo del estudio aquí (PDF).

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Rosa Dávila resalta los beneficios del nuevo REF para atraer inversiones a las Islas

Dávila incidió en el crecimiento continuado del Archipiélago y la recuperación del mercado laboral

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, hizo hincapié esta mañana en las repercusiones del nuevo Régimen Económico y Fiscal para la economía del Archipiélago, “que ha permitido mejorar la confianza y la seguridad jurídica para seguir atrayendo capital foráneo y ofreciendo al inversor todas las garantías de que Canarias es un destino seguro”.

Dávila hizo estas declaraciones durante su intervención sobre las perspectivas de la economía canaria en el VII Foro de Finanzas organizado por Cross Capital, celebradas hoy en Santa Cruz de Tenerife, donde incidió también en aspectos relevantes como la implantación de empresas canarias en el continente africano, el incremento notable del sector audiovisual, fruto de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, o la ampliación del listado de actividades que pueden acogerse a los incentivos de la Zona Especial Canaria (ZEC).

Del mismo modo, en relación a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la responsable de Hacienda incidió en la mayor flexibilidad del incentivo, aclarando algunos términos controvertidos con el objetivo de impulsar una mayor innovación tecnológica en las empresas.

Entre las muchas medidas que incluye el nuevo REF, Rosa Dávila citó la deducción por creación de empleo, un 30% superior al estatal. “Es la primera vez que se otorga un plus para la contratación de personal similar al que se aplica en las inversiones”, recalcó.

La consejera de Hacienda recordó además que en los últimos cuatro años se han captado cerca de 120 millones de euros en inversión empresarial foránea y se han instalado casi un centenar de nuevos negocios en las Islas, algunos de la talla de Atos, Rolls Royce, Universal o King Ross, haciendo hincapié en el hecho de que  una de las universidades más prestigiosas del mundo, la London School, haya abierto recientemente un centro en Canarias para explorar los retos y oportunidades del futuro digital en el Archipiélago.

Crecimiento económico

En su intervención sobre las perspectivas de la economía canaria, Dávila puso en valor el crecimiento económico de las Islas, encadenando 17 trimestres consecutivos de subida y con un incremento interanual del 3,1% del PIB del Archipiélago en el cuarto trimestre de 2018, muy por encima del 2,5% de España y del 1,8% en el caso de la Unión Europea.

“Y todo ello a pesar de la ligera desaceleración en el sector turístico y en la inversión de las empresas, compensados por el fuerte aumento del gasto autonómico y el impacto de la política monetaria, que habría apoyado al consumo y a la construcción residencial”, dijo.

La consejera resaltó la recuperación del mercado laboral y el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en 2018, un 0,9% por encima del conjunto de España, e hizo referencia a los datos del último informe publicado por el BBVA, que concluye que el Archipiélago cerrará 2019 con un crecimiento económico del 2,4% y del 1,8% en 2020, lo que se traduciría en la posibilidad de alcanzar una tasa de paro inferior al 18%.

“Todos estos datos y cifras demuestran algo que hemos venido defendiendo desde el Gobierno de Canarias durante los últimos años: que Canarias cuenta con los incentivos fiscales, el capital humano, las condiciones naturales y un buen marco económico para convertirse en el lugar ideal para la implantación de nuevos negocios”, concluyó la consejera.

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Rosa Dávila destaca el papel de los agentes económicos de Canarias en la difusión de las ventajas fiscales del REF

La consejera de Hacienda intervino hoy en unas jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife

“La colaboración entre las instituciones públicas y los agentes socioeconómicos de Canarias es fundamental para lograr la mayor difusión posible sobre los instrumentos fiscales del Régimen Económico y Fiscal, tanto desde el punto de vista de los beneficios que pueden obtener las empresas de Canarias como a la hora de atraer inversiones a las Islas”. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, hizo estas declaraciones durante las jornadas ‘Incentivos fiscales del REF’, organizadas por el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife.

Rosa Dávila recordó que la reciente aprobación del Estatuto de Autonomía y del REF, suponen “un reconocimiento a la necesaria adaptación de las herramientas económicas a las dificultades de tener un mercado pequeño, fraccionado en ocho islas y alejado más de 1.500 kilómetros de los principales núcleos de desarrollo económico e investigación de la Unión Europea”.

La aplicación del recién aprobado REF, aseguró la consejera, situará al Archipiélago en una mejor posición y lo igualará al resto de autonomías en aspectos tan importantes como el de la financiación, la cohesión social y territorial y la dependencia energética”, entre otros.

El nuevo REF, que reconoce la bonificación del 75% sobre las tarifas de transporte aéreo y marítimo de residentes, el papel de las universidades, la gestión de residuos para minimizar el impacto ambiental, mecanismos para moderar el precio del agua desalinizada y, sobre todo, la condición de región ultraperiférica de Canarias, servirá entre otras cosas, según apuntó Dávila, “para fomentar el empleo y combatir la pobreza y la exclusión social”.

La consejera explicó con detalle algunas de las novedades más importantes que incluye el nuevo régimen, como la Zona Especial Canaria y los beneficios que se derivan para el sector empresarial, la deducción por inversiones, que favorecerá la implantación de empresas en La Palma, La Gomera y El Hierro, o la eliminación del gravamen fiscal o aduanero para los artistas canarios. También hizo mención especial a la Reserva para Inversiones Canarias (RIC), la deducción por creación de empleo o las medidas encaminadas a agilizar el comercio electrónico en el Archipiélago.

Para terminar su intervención, Dávila dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los sectores, en especial al empresarial, por haber apoyado la aprobación del nuevo REF para Canarias que, en su opinión, permite dejar atrás “la inseguridad jurídica del antiguo”. Ello, asegura, atraerá capital extranjero y, por esta y otras razones, confía en que sea “el inicio de un futuro más próspero” para las Islas.

 

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El Gobierno pide al Estado que cumpla con la ley y asigne a Canarias los recursos recogidos en el REF

Pedro Ortega y Rosa Dávila en el debate de la APD sobre el nuevo REF.

Los consejeros Pedro Ortega y Rosa Dávila participaron hoy en un debate organizado por la APD sobre ‘El nuevo REF, presente y futuro’

El Gobierno de Canarias pidió hoy al Estado que cumpla con la ley y asigne a Canarias los recursos adicionales que contempla el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) y que incluyen la dotación anual de partidas presupuestarias específicas en los presupuestos generales del Estado.

Los consejeros de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Hacienda, Pedro Ortega y Rosa Dávila, respectivamente, participaron esta mañana, junto a expertos en la materia, en un debate organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre ‘El nuevo REF, presente y futuro’.

El coloquio, que estuvo presidido por el director general de APD en Canarias, Juan Miguel Sanjuán, contó también con la participación de José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y Orlando Luján, miembro del comité científico de la cátedra REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante su intervención, Pedro Ortega hizo hincapié en “la necesidad de que el conjunto de la sociedad canaria exija al Estado que cumpla con lo dispuesto en el REF, amparándose en el anclaje que tiene nuestro fuero en la Constitución Española (Disposición adicional tercera) y el Estatuto de Autonomía, y pida que en los próximos presupuestos generales se asignen a Canarias partidas específicas para financiar medidas contra la pobreza y abaratar el precio de producción del agua, tal y como recoge literalmente la ley 19/1994.

Con respecto a la parte económica, el consejero se refirió a las novedades incluidas en la nueva ley, “que sitúan a los canarios en mejores condiciones de igualdad con respecto al resto de españoles”. En este contexto, destacó cuatro grandes bloques de medidas que tienen como objetivo equiparar la calidad y los precios de los servicios que se prestan en Canarias; colocar a las empresas canarias en condiciones competitivas con respecto a las del resto del territorio español; avanzar en la igualdad social y favorecer la igualdad entre todas las islas del Archipiélago.

“Se trata de medidas de obligado cumplimiento que tienen como objetivo compensar las limitaciones estructurales que se derivan de la condición de Canarias como región ultraperiférica”, señaló el consejero, que insistió que “los canarios contamos con las máximas garantías jurídicas para conseguir que se cumple el nuevo REF”.

En el marco de las novedades dirigidas a mejorar las condiciones de igualdad de las empresas, Pedro Ortega destacó, entre otras, la reducción del mínimo de inversión exigido para acceder a los incentivos regionales, que pasa de los 900.000 a los 300.000 euros; la ampliación del límite de ayudas al funcionamiento hasta el 30% del volumen de negocio y la compensación del 100% del coste transporte de mercancías, tanto interinsular como con la Península.

Al mismo tiempo, “la ley introduce nuevas medidas dirigidas a garantizar el crecimiento de distintos sectores económicos, como el turismo, la agricultura y la industria y a potenciar el crecimiento de otros emergentes, como el relacionado con la gestión y revalorización de residuos o el de renovables”, añadió.

Por su parte, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, centró su intervención en la parte fiscal del nuevo REF, pero antes destacó la intensa labor de diálogo y consenso y la contribución de todos los agentes socioeconómicos de Canarias porque se permitió que este importante instrumento fuera aprobado finalmente.

“Este nuevo REF tiene un importante componente social gracias, en gran parte, a su desvinculación definitiva del Sistema de Financiación Autonómica, que ha permitido Canarias se pueda beneficiar por primera vez del 100% del Fondo de Competitividad”, dijo y recordó que hasta ese momento “se restaban recursos a la financiación de los servicios públicos esenciales de las Islas”.

Detalló que las mejoras del REF confieren una mayor seguridad jurídica para los inversores, con lo que se elimina uno de los principales obstáculos a la implantación de nuevas inversiones en Canarias.

Además, la nueva ZEC incluye la orientación al empleo de calidad, primándolo sobre las inversiones y favoreciendo que la actividad sea más transparente. “Esta es solo una de las mejoras de la ZEC que permitirán que siga siendo un pilar básico en la economía de las Islas para la generación de actividad y empleo tan necesaria en estos momentos.

Otro de los aspectos más importantes es que el nuevo REF incorpora un incentivo diferenciado para la creación de empleo, que es un 30% superior al estatal.

En cuanto a la Reserva para Inversiones de Canarias, la RIC, Rosa Dávila recordó que se ha dado entrada a su materialización en suelo para las actividades sociosanitarias, centros residenciales de mayores, geriátricos y centros de rehabilitación neurológica y física, lo que puede suponer sin duda un espaldarazo a los servicios públicos esenciales en las Islas”.

La modificación de los aspectos fiscales del REF también permite que los artistas canarios que trasladen sus obras para exposiciones fuera de las Islas tanto al reto del territorio nacional como a otros países de la Unión Europea, no estén sujetos a ningún gravamen fiscal y aduanero. “Gracias al nuevo REF, los artistas de las Islas tendrán ahora más fácil su proyección exterior y estarán mucho más cerca de optar a las mismas oportunidades de expansión que un artista que realiza su actividad en el continente”, finalizó.

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Los incentivos fiscales del REF amplían dos años su vigencia

Sede de la Comisión Europea.

Una delegación canaria trata también en Bruselas la renovación del AIEM y aclara como afectará a Las Islas la prórroga de las directivas de ayudas de Estado de finalidad regional y del Reglamento General de Exención por Categorías

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, desarrolló a lo largo de toda la jornada de hoy una intensa agenda en Bruselas para tratar asuntos como la renovación de incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal y del AIEM (Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías) y en concreto para definir como afectará la prórroga de dos años de las directivas de ayudas de Estado de finalidad regional y del Reglamento General de Exención por Categorías.

En estas reuniones el consejero canario estuvo acompañado por Ildefonso Socorro, viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea; Julián Zafra, director general de Asuntos Económicos con las UE y Carlos Portugués, consejero de Asuntos RUP en la REPER.

En el primer encuentro con Karl Soukup, director de Ayudas de Estado en la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, los representantes del Ejecutivo autonómico aclararon cómo afectará a Canarias el procedimiento de prórroga de los regímenes anunciados. Al mismo tiempo, aprovecharon para sensibilizar a la Comisión sobre la necesidad de contemplar de manera particular el caso de las RUP en el proceso de evaluación (“fitness check”) “con el fin de transmitir un mensaje de seguridad y tranquilidad a los operadores económicos en Canarias”, señaló Pedro Ortega.

La prórroga hasta 2022 abarca determinadas normas que afectan al sector empresarial canario como el Reglamento General de Exención por Categorías, el Reglamento de ‘minimis’, y las directrices de ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2014-2020, que son las que fundamentan los incentivos del REF.

También afectará a las directrices sobre ayudas para promover la inversión en capital de riesgo, las directrices de ayuda para la protección del medio ambiente y la energía, las directrices de ayudas de salvamento y reestructuración y la Comunicación sobre ayudas estatales para grandes proyectos de interés común europeo.

Los regímenes de ayudas de Estado actualmente vigentes en Canarias han sido “autorizados” en el marco del Reglamento General de Exención por Categorías y se refieren, en las que aplica el Ejecutivo autonómico, a las bonificaciones al transporte marítimo interinsular e intrainsular de viajeros residentes en Canarias; subvenciones para el fomento del despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en Canarias; subvenciones para la realización de proyectos de I+D por organismos de investigación y empresas en las áreas prioritarias de la estrategia de especialización inteligente de Canarias RIS-3; subvenciones para la producción, desarrollo y finalización de obra audiovisual canaria; modernización y diversificación del sector industrial y la ampliación de un régimen de ayudas de puesta en marcha para las compañías aéreas que operan desde las Islas Canarias.

También afectará esta prórroga a las ayudas de Estado aplicadas por el Ministerio de Fomento como el régimen de compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias y las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de pasajeros residentes en regiones no peninsulares;

Desde el Ministerio de Hacienda se aplican ayudas de Estado como las del registro especial de buques de las Islas Canarias; el Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias (AIEM); el Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF). Ayudas a la inversión y ayudas al funcionamiento; la Zona Especial Canaria (ZEC); los Incentivos Regionales y la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales en Canarias.

Continuidad del AIEM

El consejero canario de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, se reunió también esta mañana con la responsable de Fiscalidad y Aduanas de la Comisión Europea, María Teresa Fábregas.

En este caso, el consejero recordó que en junio de 2014 el Consejo Europeo aprobó el segundo gran período de vigencia del AIEM, autorizándose exenciones totales o reducciones del impuesto para determinados productos que se producen en Canarias, al tiempo que se autorizó a gravar los mismos productos importados. Esta Decisión expiraba el 31 de diciembre de 2020.

Pedro Ortega también se refirió en esta reunión al documento emitido por la Comisión Europea la pasada semana sobre la aplicación del Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías, AIEM indicando que las medidas especiales introducidas por el Consejo en 2014 “tienen una incidencia positiva en las condiciones económicas y sociales de las Islas” y señala que dichas medidas “son necesarias y proporcionales a los objetivos fijados”.

En el documento de la Comisión Europea sobre el AIEM se reconoce que, pese a la desaceleración económica provocada por la crisis financiera, “parece que la economía local empezó a recuperarse a partir de 2014, gracias también a los efectos positivos de las medidas AIEM”.

“No obstante”, agrega que, teniendo en cuenta “las desventajas relacionadas con la situación específica de las Islas Canarias, la continuación de estas medidas sigue estando justificada”.

Partiendo de la base de la declaración de la Comisión Europea que concluye que las medidas AIEM actualmente en vigor “siguen estando justificadas y son proporcionadas”, Pedro Ortega señaló que “el Gobierno de Canarias apuesta por una continuidad del tributo para el período posterior a 2020”

En este sentido, el consejero informó de que el Gobierno de Canarias, desde septiembre de 2018, envió cartas a las Confederaciones de empresarios y a los departamentos de Industria y Sector Primario del propio Ejecutivo, en los que se les requirió para que informen sobre su posición en torno al mantenimiento o inclusión de productos, que aporten datos precisos de cuántas empresas fabrican el producto en cuestión y su volumen de producción. “Todo esto se ha hecho con la intención clara de llevar a cabo un proceso transparente y que dé cabida a todos los actores implicados. pidiéndoles que se posicionen al respecto”, señaló Pedro Ortega.

La delegación canaria planteó que la modificación de algunos aspectos del AIEM se realice a la mayor celeridad, dado que “no va a ser un expediente complejo en términos de tipos y diferenciales” y propuso la puesta en marcha de mecanismos “más ágiles y flexibles de revisión de los listados de productos afectados”.

Tras asegurar con la directora de Fiscalidad y Aduanas de la Comisión Europea que el AIEM seguirá teniendo cobertura garantizada en los dos años de prórroga aprobados, el consejero propuso un mantenimiento, también después de 2022, “ del instrumento que lo sustituya o mejor convenga en su caso”.

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