El Gobierno de Canarias desarrolla cerca de 50 actuaciones destinadas a la construcción y a la rehabilitación en la Isla

Pablo Rodríguez y Augusto Hidalgo han mantenido un encuentro para establecer sinergias que permitan seguir avanzando en la puesta a disposición de inmuebles en el mercado

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado que el Ejecutivo está desarrollando cerca de 50 iniciativas en materia de vivienda en la isla de Gran Canaria, que comprenden tanto proyectos de rehabilitación como de construcción de nuevos inmuebles, para hacer frente a la demanda habitacional existente.

Pablo Rodríguez ha analizado estos datos, junto al director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, en una reunión mantenida hoy con el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y técnicos de ambas administraciones.

Pablo Rodríguez ha insistido en que “una de las prioridades de esta Consejería es impulsar políticas y acciones que permitan mejorar el acceso a la vivienda, no solo en Gran Canaria, sino en todo el Archipiélago. Por ello, entendemos que la colaboración con otras administraciones es fundamental para aplicar los instrumentos necesarios para dar respuesta a los canarios y canarias que requieren de una vivienda”.

Por su parte, Augusto Hidalgo ha apuntado que “en este mandato, en los próximos cuatro años, Gran Canaria se puede convertir en la punta de lanza de la construcción de viviendas públicas protegidas. Para ello, colaboraremos con recursos propios para que el Gobierno de Canarias pueda realizar todo los proyectos posibles. En esta reunión, hemos acordado coordinar con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) los trabajos para que el Ejecutivo determine en qué zonas se puede construir vivienda y que se tenga en cuenta al Cabildo como elemento de reserva para colaborar económicamente o para ayudar a los ayuntamientos a urbanizar suelo”.

Plan de Vivienda de Canarias 2020 – 2025

Durante el encuentro, la Consejería ha dado cuenta del estado del Plan canario de la Vivienda en la isla de Gran Canaria. Esta iniciativa pretende equilibrar el mercado inmobiliario incentivando la construcción y puesta en el mercado de vivienda de protección oficial. Por un lado, de promoción pública para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda de las familias vulnerables y, por otro, de promoción privada a precios de renta y venta asequibles para la mayor parte de la población que, aún teniendo ingresos económicos, están excluidos del mercado de la vivienda libre.

Dentro de este Plan, el ICAVI cuenta, actualmente, con diez actuaciones en marcha, ocho de ellas destinadas a la construcción de nuevos inmuebles en Gran Canaria, de las cuales, dos ya se encuentran en ejecución y permitirán dotar al municipio de Ingenio de 24 nuevos inmuebles.

En cuanto a proyectos redactados pendiente de licitar obras, dispone de cuatro actuaciones:  siete viviendas en Gáldar, dos promociones de 36 y 37 en Telde y 18 en el municipio de Teror.

Además, hay un proyecto licitado en fase de supervisión de 36 viviendas en Telde y otro pendiente de licitar la redacción de proyecto para 13 inmuebles en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020 – 2025, también se ofrecen subvenciones destinadas a la construcción como la que se ha otorgado a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA) para el desarrollo de 101 viviendas, divididas en dos actuaciones.

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Por otro lado, los programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, subvencionados con fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea, han permitido la puesta en marcha, por un lado, del Programa 1, destinado a la rehabilitación de inmuebles en el entorno residencial a través de 12 actuaciones en 561 viviendas ubicadas en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, San Mateo, Firgas, Moya, Telde, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo y San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana; y, por otro, del Programa 6, a través de  ocho actuaciones destinadas a la construcción de 45 viviendas en Santa María de Guía,  52 en Gáldar y 34 en Santa Lucía de Tirajana, destinadas al alquiler asequible en edificios energéticamente eficientes.

Además, la Consejería deriva fondos a administraciones locales para el desarrollo de promociones privadas; en este caso, en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de El Secadero y Tamaraceite Sur, con 63 y 166 inmuebles, respectivamente.

A esto se suma la partida procedente del Programa de Rehabilitación en edificios y viviendas de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) que la Consejería transfiere al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para acometer acciones en 899 viviendas distribuidas en 23 edificios en el barrio de La Paterna.

Asimismo, la Consejería también se encuentra ultimando los proyectos correspondientes al programa de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRU) del Plan Estatal de Vivienda con 20 actuaciones en municipios grancanarios.

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La Consejería ha firmado la orden por la que podrán incorporarse al sistema de ayudas más de 76 familias que habían quedado fuera del proceso

El Ejecutivo culmina los pagos de todas las subvenciones hasta el 31 de agosto

El plan ’La Palma 700’, con una financiación  de 100 millones de euros, es una de las propuestas para mitigar la crisis habitacional tras el volcán

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha agilizado el pago de las ayudas al alquiler concedidas a las familias que perdieron su vivienda durante la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma.

El consejero Pablo Rodríguez ha explicado que, desde el momento en el que su equipo asumió la responsabilidad en materia de vivienda, “la Consejería se ha volcado en la reconstrucción de La Palma, para dar una solución eficaz a una crisis que se prolonga ya durante dos años”. Rodríguez ha detallado que una de las acciones más urgentes ejecutadas desde el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha sido poner al día las ayudas al alquiler para los afectados, abonando el retraso que existía hasta el mes de agosto.

En este sentido, ha hecho hincapié en que se han incorporado al sistema a 76 nuevas personas afectadas que llevaban esperando un año para beneficiarse de estas ayudas y que pronto podrán recibirlas con carácter retroactivo.

Para cumplir con este compromiso adquirido con la ciudadanía de La Palma, la Consejería está realizando los trámites para materializar una modificación presupuestaria con la que se incrementarán los 4,2 millones de euros contemplados inicialmente para dar cobertura a estas ayudas. Esta modificación presupuestaria permitirá dar cobertura a las necesidades de las familias más vulnerables de la Isla.

La Palma 700: Un plan ambicioso para hacer frente a la escasez de inmuebles

Por otro lado, el director del ICAVI, Antonio Ortega, ha hecho hincapié en la puesta en marcha del plan ‘La Palma 700’, una iniciativa que busca  construir al menos 700 viviendas para mitigar la crisis habitacional de isla. “Es una herramienta que profundizará en la colaboración del Gobierno de Canarias con los ayuntamientos de los municipios afectados por la erupción de Cumbre Vieja, que contará con una inversión inicial de 100 millones de euros para construir viviendas en terrenos cedidos por los consistorios».

Antonio Ortega ha avanzado que la Consejería se encuentra gestionando con los ayuntamientos la posibilidad de que cedan terrenos municipales, que no tienen categoría de urbanos, como urbanos no consolidados, urbanizables, urbanos no sectorizados y rústicos, para poder aplicar los instrumentos de ordenación pertinentes para que los suelos puedan construirse de forma inmediata.

Asimismo, otra de las líneas de trabajo emprendidas por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad es la lucha contra la despoblación de las zonas rurales en todas las Islas. “Para ello, estamos poniendo en marcha el programa ‘Rural Life 5×1000: Fortaleciendo nuestros pueblos’, que tiene como objetivo la construcción, al menos, de cinco viviendas por cada 1.000 habitantes en los municipios que cuenten con una población inferior a 20.000. Con ello, se pretende fijar la población en las zonas rurales mediante la oferta de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler”, ha explicado Ortega.

‘Rural Life 5×1000: Fortaleciendo nuestros pueblos’ actuará en cerca de 58 municipios, para construir más de 2.000 viviendas en zonas rurales con un presupuesto superior a 187.000.000 euros. “Este proyecto es especialmente importante para islas como La Palma, en la que las familias buscan una oportunidad para desarrollar su proyecto de vida en el entorno rural”, ha concluido Ortega.

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El Ejecutivo ha anunciado que solicitará la convocatoria de la Comisión Bilateral para defender la aplicación del Estatuto de Autonomía en esta materia

El Ministerio para la Transición Ecológica atribuye al departamento de Política Territorial la potestad para dirimir este asunto con la Comunidad Autónoma

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario, que dirige Antonio Acosta, ha solicitado, en una reunión mantenida con la directora general de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, Ana María Oñoro, y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez, el “traspaso completo y sin interpretaciones” de las funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral.

“Las costas de Canarias son fundamentales para el desarrollo económico y social de las Islas, por lo que las decisiones sobre la protección, el uso y el disfrute del dominio público deben ser defendidas desde el propio Archipiélago, teniendo en cuenta nuestras singularidades”, ha destacado Acosta.

En este sentido, el Ejecutivo regional ha anunciado que solicitará la convocatoria de la Comisión Bilateral para manifestar la necesidad de alcanzar un entendimiento entre ambas administraciones que profundice en el decreto de transferencias y garantice el cumplimiento de lo recogido en el Estatuto de Autonomía. “Desde Transición Ecológica nos han trasladado que si nuestra intención es profundizar en el decreto de transferencia, debemos dirigirnos al Ministerio de Política Territorial para abordar la aplicación del Estatuto”.

Asimismo, el director general ha trasladado que, tal y como se establece en el actual decreto de transferencias, se deben buscar vías de colaboración y cooperación Canarias-Estado para analizar los expedientes que generan diferencias en materia de interpretación jurídica. “Es necesario poner sobre la mesa la necesidad de hacer convivir la conservación y protección del dominio público con el disfrute y uso del mismo”, ha concluido Antonio Acosta.

Por último, ambas administraciones han abordado otros asuntos relacionados con procedimientos administrativos necesarios para la agilización de expedientes, valorando la urgente transferencia de aquellos que aún no han sido cedidos.

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El Ejecutivo remitirá un informe a la Secretaría de Estado  sobre el impacto que ha tenido esta medida en las Islas durante este año

El próximo mes de noviembre se convocará la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio de Carreteras para impulsar el desarrollo de los proyectos en cada isla

La Consejería y el Estado acuerdan seguir impulsando los fondos europeos en materia de vivienda, así como el Plan estatal y el canario

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha trasladado hoy al secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, la necesidad de prorrogar la bonificación del transporte terrestre un año más con la finalidad de seguir garantizando la gratuidad del servicio público de guaguas y tranvía en el Archipiélago.

“El transporte es absolutamente estratégico para Canarias. El impacto que ha tenido en las Islas ha sido muy importante, con un incremento del uso del transporte público colectivo de manera relevante, con más de 41 millones de desplazamientos en el último semestre. Es una medida que, bajo nuestro punto de vista, debe y puede prorrogarse, ya que se siguen dando las mismas circunstancias que hace un año”, ha destacado Rodríguez.

En este sentido, la Consejería elaborará un informe sobre el impacto directo de esta iniciativa, que trasladará a la Secretaría de Estado, con los datos con los que cuenta cada uno de los operadores en las Islas.

Impulso conjunto a las políticas de vivienda

Asimismo, el consejero ha transmitido el compromiso del Gobierno de Canarias para avanzar en el desarrollo de nuevas políticas de vivienda, con acciones a corto y medio plazo que permitan atajar la emergencia habitacional en las Islas. “Hemos explicado al secretario de Estado las diferentes iniciativas que queremos impulsar, a través de la construcción y la rehabilitación y también con una estrategia muy potente que impulse la entrada de vivienda vacía, pero revisando y mejorando la estrategia para que esta incorporación sea real y efectiva”.

En esta línea, el Estado ha trasladado que cuenta con suelo disponible en las islas para la construcción de inmuebles, para lo que ha solicitado al Gobierno de Canarias establecer sinergias y una estrategia conjunta para elaborar diferentes proyectos.

Ambas administraciones también han comentado el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19, y la importancia de seguir coordinando todos los proyectos con las administraciones insulares y municipales para poder justificar las partidas antes de finalizar el año.

Convocatoria de seguimiento del Convenio de Carreteras

Por otro lado, el consejero ha informado sobre el estado del Convenio de Carreteras 2018-2027, de los cuales 700 millones ya están comprometidos, el 50% de la partida presupuestaria. “Hemos abordado la necesidad de convocar la Comisión Mixta de seguimiento del Convenio el próximo mes de noviembre, para analizar prioridades que hagan posible que el convenio se pueda desarrollar en toda su extensión”.

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El Ejecutivo priorizará el establecimiento de vías provisionales a través del Puerto, que permitan mantener los flujos de tráfico actuales mientras se desarrollan los trabajos

Pablo Rodríguez explica que su departamento agilizará los trámites para licitar este año la redacción del proyecto constructivo en Torre Las Palmas y minimizar las retenciones en estos dos puntos de la ciudad

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido una reunión de trabajo junto a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, para analizar el proyecto de soterramiento y mejora de los enlaces de Belén María y Torre Las Palmas, en la capital grancanaria, y establecer líneas de coordinación conjunta que permitan reducir las afecciones al tráfico de vehículos en la zona portuaria.

En este sentido, Pablo Rodríguez, junto a la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha trasladado el análisis realizado por los técnicos de la Consejería para instalar carriles provisionales durante el desarrollo de las obras, que permitan la movilidad tanto de salida como de entrada a la zona del puerto, El Sebadal y La Isleta, ocasionando las menores afecciones posibles al tráfico.

“Hemos solicitado a la presidenta de la Autoridad Portuaria que valore la posibilidad de contar con más suelos disponibles para que los viales que habilitemos durante las obras tengan mayor capacidad, para no afectar, en ningún caso, a la operativa del puerto ni a los flujos de tráfico diario que soporta esta zona de gran afluencia en Las Palmas de Gran Canaria”, ha destacado Rodríguez.

En este sentido, Beatriz Calzada ha explicado que, junto al equipo técnico de la Autoridad Portuaria, analizarán los cambios propuestos por la Consejería, y ha avanzado que, desde el puerto, ya han confirmado la posibilidad de ceder ese espacio extra para que los vehículos tengan mayor posibilidad de giro. “También hemos sugerido la posibilidad de habilitar la entrada sur. En este caso, sería para la salida de los vehículos ligeros de la instalación portuaria, para lo que necesitaríamos la posibilidad de hacer un giro dentro del túnel y ofrecer preferencia a los que vienen del puerto”.

Beatriz Calzada también ha transmitido la satisfacción del organismo portuario por contar con la colaboración del Ejecutivo canario en esta nueva etapa, ya que “hasta la fecha, no se ha contado con la necesaria coordinación entre el Gobierno y el puerto”.

Actuación simultánea en dos puntos

El proyecto de soterramiento de la Avenida Marítima y la mejora de los enlaces de Belén María y Torre Las Palmas  se ha sacado a licitación este mismo mes con un presupuesto base de 36.450.967,25 euros y un plazo de ejecución de 29 meses.

Durante la ejecución de las obras se soterrarán ambos sentidos de la Avenida Marítima, generando dos carriles, uno por sentido, mediana y arcenes exteriores, convirtiendo la actual glorieta en un enlace con paso inferior destinado a garantizar la fluidez del tráfico de vehículos procedentes del Puerto y de La Isleta mediante un carril trenzado.

El consejero Pablo Rodríguez ha concluido que “hubiese deseado encontrarme un proyecto constructivo en Torre Las Palmas, porque hubiésemos priorizado esta actuación antes que en Belén María. Sin embargo, no existe proyecto ni de trazado ni de construcción en Torre Las Palmas”.

En este sentido, ha explicado que la Consejería ha priorizado la redacción del proyecto constructivo de una de las soluciones en Torre Las Palmas, concretamente el acceso en dirección sur a Julio Luengo, cuya licitación se espera sacar este año, para contar en 2024 con el proyecto y poder ejecutar, casi de manera simultánea, dos actuaciones en los dos puntos de mayor tránsito de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a la vez que se estudian otras acciones complementarias.

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Ambas instituciones han acordado un calendario de actuaciones con el objetivo de avanzar en el proceso de ejecución de esta vía

El Ejecutivo también ha recogido las necesidades del municipio en materia de Costas para desarrollar varios proyectos en el litoral

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, ha establecido, junto al Ayuntamiento de Fuencaliente, las líneas de trabajo a seguir para continuar con la ejecución de la carretera del sur de La Palma, LP-2,  estableciendo un calendario de actuaciones.

Durante el encuentro, al que han asistido el consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, y el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, la directora les ha informado sobre las acciones que se han desarrollado en los últimos meses, indicando que ya están al día los pagos con la Unión Temporal de Empresas que ejecuta los trabajos, lo que permitirá que los trabajos se puedan reanudar próximamente.

Ambas instituciones han acordado el compromiso de sumar esfuerzos e intentar concluir los trabajos a finales de este 2023 o en las primeras semanas del 2024. Además, se han planteado las distintas alternativas de actuación sobre la LP-2 y su recuperación sobre las coladas del Tajogaite, así como la mejora de todo el tramo de esta vía a su paso por el municipio de Fuencaliente.

Proyectos en materia de Costas

En esta visita, también ha estado presente el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario, Antonio Acosta, quien también se ha interesado por las necesidades de este municipio costero en esta materia.

Acosta ha resaltado la importancia del trabajo coordinado entre administraciones para abordar todas las cuestiones relacionadas con el área de forma conjunta y respetando las singularidades del litoral canario.

Acosta se ha comprometido a revisar los proyectos planteados por el Ayuntamiento y el Cabildo, como el embarcadero de emergencia.

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La directora general de Transportes, María Fernández, ha mantenido encuentros con ambas partes para alcanzar un acuerdo que evite la huelga prevista para el 2 de octubre

El Ejecutivo establecerá en los próximos días la orden que regule los servicios mínimos que se han de mantener durante el periodo de paros por su carácter regional

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a través de la Dirección General de Transportes, que coordina María Fernández, ha mantenido encuentros con los representantes sindicales y la patronal del sector del transporte terrestre en el Archipiélago para conocer la posición de ambos tras el aviso de huelga anunciado por los sindicatos para el próximo dos de octubre.

Tras los encuentros celebrados esta semana, Fernández ha conocido la postura de ambas partes sobre la situación de los convenios laborales del sector y ha insistido en la necesidad del diálogo para alcanzar un acuerdo y consensuar medidas que mejoren las condiciones de los profesionales.

En este sentido, María Fernández ha destacado que “la voluntad del Ejecutivo regional es la de escuchar de forma activa para intentar mediar y que, de alguna manera, representantes sindicales y patronal resuelvan el conflicto lo antes posible, con el objetivo de generar el menor impacto posible en la sociedad canaria”.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Canarias será el encargado de determinar, en los próximos días, la orden de servicios mínimos para garantizar esta prestación en el transporte por carretera, asegurando la movilidad y los desplazamientos de los canarios y canarias.

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Pablo Rodríguez explica que el Ministerio mantiene un traspaso parcial, que está ocasionando retrasos en los tiempos de resolución y diferencias en materia de interpretación jurídica

“Seguiremos solicitando al Estado que las transferencias que nos corresponden se traspasen sin rebajas, ni interpretaciones ni demoras”, asegura Rodríguez

El objetivo de la nueva Dirección General es el de contar con un equipo y recursos propios suficientes que permitan velar por la protección del litoral canario

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha insistido hoy en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo regional exigirá de forma firme al Gobierno del Estado el traspaso total de las competencias en materia de Costas, para que se respete el autogobierno de las Islas en esta materia, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía.

El consejero ha destacado durante su comparecencia que dichas competencias fueron transferidas “tarde y mal” a principios de año, y que “el Estado ha decidido realizar un traspaso parcial, atendiendo a lo que ellos, unilateralmente, deciden que debemos gestionar”, con medios materiales y humanos insuficientes y sin ficha económica, lo que está ocasionando retrasos en los tiempos de resolución y diferencias en materia de interpretación jurídica.

“Seis meses después de la entrada en vigor del decreto, nos hemos encontrado con una situación caótica, ya que el Ejecutivo anterior no previó en su estructura organizativa un órgano para acoger las funciones y servicios que iban a ser traspasados por el Estado, a pesar de que era una situación que ya conocían”, ha detallado.

Configuración de un servicio plenamente canario

El Gobierno de Canarias ha establecido para esta legislatura la creación de una Dirección general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario en el organigrama de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, con el objetivo de destacar la importancia que merece la ordenación y gestión del espacio marítimo, y la necesidad de darle un tratamiento especial a una competencia que refuerza el autogobierno de las Islas.

Durante el último mes, el equipo de la nueva Dirección general ha estado trabajando en la configuración de un servicio plenamente canario, con recursos humanos, materiales y económicos suficientes; dotando a la nueva dirección de estructura económica de cara a los presupuestos de 2024, y dimensionando cuáles son las nuevas competencias y los retos para las Islas.

“Queremos que las administraciones conozcan todos los procesos y su importancia, tanto en materia de ordenación como de gestión, siempre con el objetivo de construir Canarias; generando relaciones de cercanía con las administraciones locales e insulares, agilizando y simplificando procesos de gestión en sus costas, y poniendo la Dirección General al servicio de la ordenación del litoral”, ha enfatizado Rodríguez.

En este sentido, el consejero ha señalado que “Canarias cuenta con un Estatuto de Autonomía que le permite jugar en la primera liga y que favorece que el Archipiélago pueda escribir con su puño y letra el futuro de todos los canarios y canarias, y demostrar que, a través de la buena gestión y planificación, es posible autogobernarnos con todas las garantías”.

Para concluir, Pablo Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo regional seguirá exigiendo que las transferencias que corresponden a las Islas se traspasen “sin rebajas, ni interpretaciones ni demoras”, y ha insistido en la importancia de que las decisiones sobre el litoral se tomen desde Canarias y no por un gobierno que se encuentra a miles de kilómetros de esta tierra.  «A finales de este mes nos reuniremos con el Ministerio para abordar esta cuestión y resolver cuanto antes esta situación que nos está generando muchas dificultades de gestión».

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El Ejecutivo estudia, junto a Puertos Canarios y las autoridades portuarias, la directiva 2023/956 que regula el mecanismo de ajuste por carbono en los Estados miembro

El mantenimiento de la competitividad del sector portuario en las Islas es fundamental para asegurar el transporte de mercancías con Europa y el resto del mundo

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, aborda, junto al ente público Puertos Canarios y las dos autoridades portuarias canarias, el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento y del Consejo europeo, por el que se establece un mecanismo de ajuste en frontera por carbono y, concretamente, la aplicación de este a las actividades de transporte marítimo.

En este sentido, la Consejería evalúa diferentes propuestas que contemplan las especificidades y singularidades del Archipiélago, con el objetivo de minimizar las consecuencias que tendría esta medida para el movimiento de mercancías y la economía isleña.

Con la entrada en vigor de esta normativa, y la proximidad de infraestructuras portuarias de primer nivel que están exentas de su cumplimiento, el sistema portuario en Canarias podría quedar en una situación de desventaja competitiva a corto plazo.

El Gobierno de Canarias defenderá las exenciones de tasas en el sector para no perjudicar a su competitividad, sin obviar su estrategia de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático, desarrollando políticas que permitan compensar la huella de carbono en otros ámbitos, mientras se produce la transición hacia mayores cotas de descarbonización en el sector del transporte por vía aérea y marítima.

En las próximas semanas, el Ejecutivo, junto a las administraciones portuarias, mantendrá encuentros de trabajo con profesionales del sector portuario, para elaborar una propuesta conjunta y solicitar a Europa la adaptación de la estrategia para no perjudicar a los principales motores económicos de las regiones ultraperiféricas.

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El ICAVI firma el contrato con la empresa Construplan S.L. por un valor de 7,4 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias

El proyecto incluye el desarrollo de dos edificios de cuatro plantas en una superficie de más de 3.000 metros

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha adjudicado, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el contrato para edificar una nueva promoción de sesenta y cinco inmuebles de protección oficial en el barrio de San Antonio, en el término municipal de La Orotava, en la isla de Tenerife.

El ICAVI ha firmado el contrato con la empresa Construplan Construcciones y Planificación S.L. por un importe total de 7.483.617,52 euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

Este grupo de inmuebles se edificará en una superficie de 3.393,11 metros cuadrados, y se distribuirá en dos edificios de viviendas colectivas de 4 plantas de altura, organizados en dos portales cada uno, con sus correspondientes escaleras, ascensores independientes, garaje y trasteros.

Ambos edificios contarán con un total de 32 y 33 viviendas, respectivamente, de hasta cuatro dormitorios. Asimismo, en el proyecto se incluyen dos casas reservadas a Personas con Movilidad Reducida (PMR) y un piso tutelado.

Cada edificio cuenta con un depósito de agua contra incendios, así como dos depósitos de abastecimiento, uno para cada portal, con sus correspondientes hidrocompresores.

Además, los inmuebles cumplen con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en materia de eficiencia energética, al estar dotados de placas solares para la producción de agua caliente y aislamiento térmico en toda su envolvente.

Esta nueva promoción se suma a otro lote de 65 viviendas ya construidas en el mismo término municipal y que se entregó a los demandantes en 2015, con el objetivo de continuar ampliando el parque público de viviendas en el Archipiélago.

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