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La Bolsa de Vivienda Vacía, con cuatro millones de euros, pondrá en el mercado más de 400 pisos asequibles

Franquis explica en sede parlamentaria los detalles de esta iniciativa novedosa que se incluye en el Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, para incentivar a los propietarios privados de pisos vacíos a cambio de garantías de cobro y ayudas para la rehabilitación

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy en el Parlamento de Canarias la puesta en marcha de un nuevo programa de Bolsa de Vivienda Vacía al que la Consejería destinará cuatro millones de euros para sacar este mismo año al mercado de alquiler, y a precios asequibles, más de 400 pisos de particulares que se encuentran vacíos en el Archipiélago.  

“El objetivo del programa de viviendas vacías de propiedad privada es conseguir que los inmuebles desocupados se destinen al alquiler a precio reducido a cambio de una serie de incentivos”, aseguró Franquis, “el acceso a la vivienda es un problema histórico en Canarias, por eso para este Gobierno garantizar este derecho es una prioridad con mayúsculas y aparece en la agenda política, económica y social de este Ejecutivo».

El consejero recordó que en Canarias no se construye vivienda pública desde 2009 y que hay más de 17.000 solicitantes de viviendas, por eso anunció que, además de iniciar la construcción de 2.000 nuevas viviendas públicas en esta legislatura, se busca sacar al mercado parte de las más de 138.000 viviendas vacías que según el ISTAC se reparten por todas las islas.

“El proyecto de la Bolsa de Vivienda forma parte del Pacto Social y Político por el acceso a una vivienda Digna en Canarias, documento con el que pretendemos lograr un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia común en materia de vivienda, y que está enfocado a resolver el problema al que se enfrentan miles de ciudadanos cada día con una política integral en este sentido que sea sistemática, coherente y sostenible”.

Para activar esta Bolsa de Vivienda Vacía, se dota al programa de cuatro millones de euros que serán gestionados a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICV) para aflorar esas viviendas de particulares que ahora mismo permanecen vacías. El programa de Vivienda Vacía destina dos de estos millones a abonar incentivos a los propietarios para que saquen al mercado sus casas, y otros dos millones de euros a pagar las rehabilitaciones (con un tope de 4.000 euros por propiedad) de esas viviendas vacías que estén en mal estado.

Entre los incentivos que contempla esta Bolsa de Vivienda se incluye una ayuda de 3.000 euros al propietario por cederla al programa durante cinco años. Además se ofrecen una serie de garantías que cubriría el ICV tales como una garantía de cobro de rentas, la contratación de un seguro multirriesgo de hogar, garantía de devolución de la vivienda en el mismo estado de conservación, tramitación del Certificado de Eficiencia Energética (a voluntad del propietario), tramitación de la fianza, asesoría jurídica y contratación de un seguro de impagos de alquiler.

“El objetivo del gobierno en el primer año de la puesta en marcha del programa es incorporar 400 viviendas privadas en el mercado destinadas a ciudadanos que no pueden acceder a los actuales precios de alquiler en el mercado libre”, explicó Franquis, “es una iniciativa que ya se ha probado con éxito en otras comunidades autónomas y que queremos probar también en Canarias para dar mayores oportunidades a las familias a acceder a una vivienda digna y a un precio asequible”.

El consejero recordó que se buscará también la complicidad de los ayuntamientos a través de convenios en los que los mismos podrán participar ofreciendo información de la bolsa a sus vecinos, mediante partidas económicas o con recursos habitacionales. También indicó Franquis que esta será una bolsa mixta compuesta de viviendas públicas y privadas ya que la misma se nutrirá además con las casas que va a adquirir la empresa pública Visocan a grandes propietarios para ponerlas a disposición de las familias sin recursos, para lo que cuenta con una partida de 4,5 millones de euros.

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Franquis se compromete a gestionar ante el Estado la recuperación de los fondos ARRU de Valtierra y Titerroy

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, se ha comprometido hoy en el Parlamento de Canarias ante la diputada y también alcaldesa de Arrecife, a gestionar ante el Gobierno de España la recuperación de los fondos que nunca llegaron a emplearse para financiar las áreas de rehabilitación y renovación urbanas (ARRU) de los barrios de Valterra y Titerroy, de la capital conejera.

“En lo que se refiere a estas dos áreas de renovación hay que empezar de cero”, aseguró Franquis en sede parlamentaria, “por eso me comprometo ante esta cámara, y públicamente, a coordinarnos y trabajar conjuntamente con el ayuntamiento de Arrecife para encontrar una solución que beneficie a los verdaderos afectados, que son los vecinos que residen en estas viviendas”.

El consejero anunció que ya hay planteada una reunión en las próximas semanas con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para tratar varios asuntos relacionadas con la vivienda en las Islas, y será en ese foro en el que planteará la necesidad de retomar estos dos ARRU, que afectan a 86 viviendas en ambos barrios, que se intentaron iniciar en 2011 y no pudieron salir adelante finalmente.

“Voy a ir a esa reunión precisamente para trabajar, para pelear por estos ARRU, aún sabiendo que hay limitaciones de índole jurídica, para recuperar y ampliar el convenio que existía anteriormente con el ayuntamiento y que ahora está vencido”, apuntó Franquis desde su escaño, “es lo mejor que podemos ofrecer porque los errores son los errores, y la gestión ha sido la que ha sido, pero los que no tienen ninguna culpa de ello son las personas que viven en esos edificios. Por eso, quiero trasladarle a la alcaldesa y a toda la sociedad de Arrecife, la complicidad del Gobierno y de este consejero en que vamos a poner todo lo que está en nuestras manos, toda la capacidad de influencia política que podamos tener con el Gobierno de España, en recuperar esos recursos y proceder a la rehabilitación de esas viviendas que tanto lo necesitan y cuyos residentes no tienen culpa de la gestión de los últimos años”.

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Obras Públicas multiplicó por cinco en el segundo semestre la ejecución del presupuesto del año 2019

El mayor impulso se registra en el departamento de Carreteras de la Consejería que en junio de 2019 había dedicado a obras tan solo 3,7 millones de euro mientras que en diciembre la ejecución se llegó a multiplicar un 93% más

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, cerró el ejercicio presupuestario del año 2019 con una ejecución del gasto de 180.539.643 euros, lo que supone un 66% de las obligaciones reconocidas a principios del citado año. Estas cifras revelan que el grueso de la ejecución presupuestaria de este departamento se concentra en los meses en los que Franquis ya ostentaba la responsabilidad de la Consejería, de julio a diciembre, semestre en el que se multiplicó por cinco la cantidad de presupuesto ejecutado ya que de enero a junio, con el anterior Gobierno, el gasto del mismo área era de un 11,95%.

Estas cifras se circunscriben a las áreas de Obras Públicas y Transporte, ya que la estructura de la Consejería hasta julio no incluía al área de Vivienda, como ocurre ahora. Con estos condicionantes, la Consejería inició el año 2019 con un presupuesto de 273.243.881 euros según el ajuste de créditos definitivo y sin tener en cuenta las retenciones de no disponibilidad a las que obliga la Ley.

El mayor impulso dentro de la Consejería desde el mes de julio pasado lo experimentó el departamento de Carreteras, cuya ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2019 era de tan solo 3,7 millones de euros, es decir, un 2,65% de la partida inicial. Desde que el consejero Franquis accedió al Gobierno regional esa cantidad se multiplicó por 15, cerrando el ejercicio con una ejecución que creció un 93% más que la que se realizó en el primer semestre con el anterior Gobierno.

En estos niveles de ejecución ha influido decisivamente el nuevo impulso dado por Sebastián Franquis a muchas obras y adjudicaciones que se encontraban ralentizadas en julio del año pasado y que definitivamente fueron activadas y agilizadas a partir del segundo semestre. Obras como la segunda fase de la carretera de La Aldea, el Cierre del Anillo Insular -que se iniciaron en septiembre y noviembre pasado-, el enlace de las Chafiras-Oroteanda, la IV Fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, el tramo Costa Calma-Pecenescal o varias actuaciones en la isla de La Palma así lo corroboran.

El área de Transportes es otro de los motores de la ejecución presupuestaria de la Consejería ya que este departamento cierra el ejercicio con un 93,8% del gasto realizado sobre el presupuesto inicial ajustado, que era de 103.925.237 euros. Este área de la Consejería también experimentó un notable incremento en el segundo semestre de 2019 al pasar de un grado de ejecución del 33% a finales de junio, a alcanzar el 93,8% en diciembre, es decir, un 60% más de ejecución.

El grueso de los 96,5 millones ejecutados por la Dirección General de Transportes a finales de 2019 se destina al capítulo 4 de transferencias, es decir, a facilitar ayudas que garanticen y faciliten la movilidad y la conectividad de los residentes en canarias y de las mercancías entre las islas.

Esos casi cien millones de euros se han destinado a pagar, entre otras las ayudas que la Comunidad Autónoma paga cada año a las operadoras del transporte por carretera en canarias, una partida a la que se dedicaron 47 millones de euros en 2019 para pagar, por ejemplo, los bonos descuento de los pasajeros, o a renovación de flota. También gran parte del dinero ejecutado se destinó a pagar las bonificaciones de los viajes entre islas a los residentes en Canarias y a las subvenciones al transporte marítimo. Además, en el segundo semestre de 2019 se dio también un renovado impulso a las subvenciones que la Dirección General de Transportes da cada año a los ayuntamientos para que redacten o apliquen sus nuevos Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con la finalidad de generar una movilidad más respetuosa con el medio ambiente.

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