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La Consejería de Presidencia clausura el primer taller de aprendizaje en laboratorios de ciudadanía

Esta iniciativa tiene como objetivo formar en competencias para la planificación, organización y acompañamiento de procesos de cocreación colectiva

Esta formación, desarrollada en San Bartolomé de Tirajana y en San Cristóbal de La Laguna en sus sesiones presenciales, coincide con la puesta en marcha de la Escuela de Ciudadanía del Gobierno de Canarias

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha clausurado el primer taller de aprendizaje en facilitación de laboratorios de ciudadanía, que ha contado con la participación de 25 personas. Esta actividad, que se enmarca dentro de la Escuela de Ciudadanía del Gobierno de Canarias, ha tenido como objetivo formar en competencias para la planificación, organización y acompañamiento de procesos de cocreación colectiva coincidiendo con la tercera convocatoria 2025 de los Laboratorios de Ciudadanía.

El taller, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, se ha impartido en San Bartolomé de Tirajana y en San Cristóbal de La Laguna y ha estado orientado a personas con interés en desarrollar está labor, vinculadas a colectivos sociales o asociativos para el desarrollo de la actividad en sus propias comunidades, así como a profesionales de la facilitación en activo que quieran actualizar sus conocimientos.

En ese sentido, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto, destaca que este taller permitirá la capacitación de personas para obtener los conocimientos, herramientas y competencias básicas para el desarrollo de su labor. “Las personas facilitadoras contarán con la formación necesaria para propiciar espacios de participación ciudadana y que puedan cocrear soluciones a problemas o necesidades locales como ejercicio de corresponsabilidad social en los asuntos públicos de su entorno”, resalta.

Asimismo, la directora explica que “la Escuela de Ciudadanía es una iniciativa que promueve la participación activa de los canarios y canarias en las materias que incumben a sus comunidades locales y a sus municipios”.

El curso consta de un total de 50 horas, de las cuales 20 son lectivas de forma presencial y online y 30 horas de trabajo autónomo.

Escuela de Ciudadanía

El desarrollo de esta formación ha coincidido con la puesta en marcha de la Escuela de Ciudadanía del Gobierno de Canarias, que es una iniciativa pública destinada a fomentar la participación activa de la ciudadanía en los asuntos comunitarios, locales o regionales.

Es un espacio de formación, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas, que busca capacitar a personas para que participen de forma activa en la vida pública de su municipio, comarca o región.

Sus objetivos son fomentar competencias para la planificación, organización y acompañamiento de procesos colectivos ciudadanos, impulsar la corresponsabilidad, empoderamiento y colaboración ciudadana, así como sensibilizar sobre la participación ciudadana y reconocer cuando se practica bien.

La Escuela de la Ciudadanía va dirigida a personas vinculadas a colectivos sociales o asociaciones, personas con interés en la facilitación de procesos participativos y a profesionales de la participación que quieran actualizar sus conocimientos, así como la ciudadanía en general no organizada, como los y las responsables políticos y técnicos de las instituciones

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La Consejería de Presidencia saca a información pública el proyecto de decreto que regula el facilitador judicial

La iniciativa legislativa establece los requisitos de la figura que prestará apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las personas mayores de 75 años en las actuaciones procesales

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha sacado hoy a información pública el proyecto de decreto por el que se regula la figura del personal experto facilitador que presta apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las personas mayores de 75 años, en las sedes judiciales y fiscales. Se abre ahora un periodo de consulta que finaliza el 2 de septiembre y que permitirá presentar alegaciones a dicha iniciativa.

Nieves Lady Barreto manifestó que su departamento apuesta por la “humanización de la Justicia” y que la puesta en marcha del facilitador judicial en Canarias, “garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva para que estas personas puedan entender y hacerse entender en un juzgado”.

Iniciada la tramitación del proyecto de decreto por la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, la iniciativa fue sometida a consulta pública previa y durante meses se completó con reuniones en varias islas con los colectivos afectados, organizaciones y asociaciones del tercer sector, a las que acudió la consejera, con el objetivo de recabar propuestas sobre el perfil profesional y enriquecer el proyecto de decreto que ahora se somete a información pública, a través del portal de Transparencia.

El reglamento propuesto regula los requisitos, principios de actuación y procedimientos para la designación de facilitadores expertos, así como la creación de un registro administrativo que garantice su disponibilidad y capacitación. Este proyecto tiene como objetivo principal establecer un sistema estructura de apoyos y ajustes procesales que asegure la tutela judicial efectiva promoviendo la igualdad y humanizando la justicia en las sedes judiciales de las islas.

Para poder ser designados como personas facilitadoras judiciales, los profesionales deben ser licenciados/as, graduados/as en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, psicopedagogía, licenciado en derecho no ejerciente como abogado y contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: estar en posesión de alguna acreditación o de un certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Además, deben de estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en procesos judiciales;  acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o de y las personas mayores y, por último, carecer de antecedentes penales, aportando certificado de Delitos de Naturaleza Sexual o bien permitiendo a la administración pública a comprobar el contenido del registro de Delitos de Naturaleza Sexual.

Otro de los requisitos que recoge el proyecto de decreto es estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal experto facilitador.

Se trata de ofrecer a estos colectivos un nuevo servicio que dé respuesta a una mayor humanización de la justicia apostando por la accesibilidad del sistema judicial, avanzando en la eliminación de todo tipo de barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión. En esta línea de actuaciones la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderlo.

En la idea de humanizar la justicia también se ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las menores víctimas que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

Este decreto se aplicará en todas las actuaciones procesales en las que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y la persona mayor con una edad de setenta y cinco años o más, participe en las dependencias de los juzgados, Tribunales de Instancia adscritos a alguno de los partidos judiciales de la Comunidad de Autónoma de Canarias, Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia de Canarias todos los órdenes jurisdiccionales, así como las fiscalías de Canarias.

El documento completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/IP-Proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regula-la-figura-del-personal-experto-facilitador-para-prestar-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo-y-a-las-personas-mayores-en-las-sedes-judiciales-y-fiscales/

 

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Barreto convoca a los colectivos de discapacidad intelectual y mayores para humanizar la asistencia judicial

La Consejería de Presidencia pondrá en marcha la figura de los facilitadores para asistir en los trámites y en la comprensión de las resoluciones

Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, inicia este miércoles en Fuerteventura la ronda de reuniones con colectivos de personas con discapacidad intelectual y asociaciones de mayores para perfilar la figura del facilitador que va a poner en marcha el Gobierno de Canarias en los juzgados para facilitar la comprensión de las sentencias, resoluciones y cualquier tipo de documentación o comunicación que se produzca dentro de un proceso judicial. 

“Se trata de ayudar a que las personas con discapacidad intelectual y las personas mayores puedan entender todo el proceso, todo lo que se dice, y que sea fácil y entendible la sentencia o auto que se dicte. Esto ayuda a que tengan derecho pleno de la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional”, explica la consejera.

La figura del facilitador ya funciona desde enero, a modo de proyecto piloto, en los juzgados de Arrecife. El siguiente paso que dará la Consejería de Presidencia es aprobar el reglamento que regule su implantación en todos los juzgados y que defina el perfil profesional y sus cometidos específicos.

Canarias se convertirá así en la segunda Comunidad Autónoma de todo el país, después de Madrid, en regular esta figura, dando cumplimiento a lo establecido en la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada en diciembre del año pasado. Podrán contar con la asistencia de un facilitador las personas con discapacidad intelectual y los mayores de 80 años.

La iniciativa se ha sometido a consulta pública previa en el portal de participación ciudadana del Gobierno de Canarias y los ciudadanos y organizaciones podrán hacer sus aportaciones a través de esta vía hasta el 14 de octubre.

Paralelamente, la consejera Nieves Lady Barreto, junto al viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, llevará a cabo una ronda de reuniones en cada una de las ocho islas para recabar la máxima participación e implicación de las organizaciones y asociaciones que representan a los colectivos implicados.

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