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El Gobierno abre a la participación pública el Decreto de Fomento de la Responsabilidad Social de las Empresas

Responsabilidad Social

Las personas interesadas en trasladar sus aportaciones al documento podrán hacerlo a través del Portal de Participación Ciudadana del Ejecutivo autonómico

La Dirección General de Trabajo y la Dirección General de Transparencia y Participación Pública del Gobierno de Canarias han puesto en marcha de manera conjunta el proceso de consulta pública previa para recibir aportaciones de la ciudadanía al proyecto de Decreto por el que se aprueban las medidas para promover y fomentar la responsabilidad social de las empresas.

Para participar en el proceso, las personas interesadas pueden hacer llegar sus aportaciones, hasta el próximo 14 de junio, a través de la sede electrónica del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno autonómico (https://bit.ly/3giy1IW).

El Decreto de Fomento de Responsabilidad Social de la Empresas pretende regular el procedimiento para que aquellas empresas que, de forma voluntaria, quieran acreditarse como empresas socialmente responsables, con lo que podrían obtener una serie de ventajas tanto fiscales como de acceso prioritario a los procesos de licitación pública en todas las administraciones canarias.

Las empresas socialmente responsables obtendrán un sello en el que les será reconocido su comportamiento ético y responsabilidad en temas tan relevantes como el respeto al medio ambiente, las relaciones laborales en el seno de sus empresas o políticas dirigidas a las políticas de consumo e inversión saludables.

Para ello, se creará un registro de empresas que cumplan con la responsabilidad social empresarial, oficinas para su fomento y participación, así como un consejo que, como órgano colegiado, llevará a cabo políticas de acreditación de las empresas socialmente responsables, el análisis y evaluación, la información y la publicidad de las políticas a desarrollar.

 

 

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Canarias regula por primera vez el transporte terrestre en La Graciosa para preservar sus valores medioambientales

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda elabora un proyecto de reglamento que dará cobertura legal a la posterior ordenanza municipal que regulará el transporte de mercancías y pasajeros por la isla

El proyecto de reglamento se encuentra en proceso de información pública y abierto a la participación ciudadana con el objetivo de recabar la opinión de los residentes en la isla y de cualquier persona o entidad afectada

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través de la Dirección de Transportes, acaba de publicar en el portal de participación del Gobierno de Canarias el proyecto del reglamento que desarrollará el transporte por carretera en la isla de La Graciosa con el objetivo puesto siempre en la preservación de los valores medioambientales de este territorio que forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Se trata del primer instrumento normativo de esta naturaleza que se tramita para esta isla por parte del Ejecutivo canario pese a que la Ley de Ordenación del Transporte de Canarias, aprobada en 2007, recoge específicamente la necesidad de aprobar un reglamento para La Graciosa.

Este proyecto de reglamento, que más tarde será aprobado vía decreto, tiene como fin regular por primera vez a nivel autonómico la movilidad en la isla, atendiendo a las singularidades y características del territorio, a la vez que contempla las necesidades de movilidad de quienes residan o visiten la isla. La aprobación del reglamento por parte del Gobierno canario proveerá al ayuntamiento de Teguise, de quien depende administrativamente La Graciosa, de la cobertura legal imprescindible para desarrollar una ordenanza municipal de tráfico específica para dicha isla.

El borrador de esta normativa se encuentra en proceso de información pública una vez se han incorporado al mismo las aportaciones tanto del Ayuntamiento de Teguise como del Cabildo de Lanzarote. Durante este proceso se recabará también las aportaciones del organismo autónomo Parques Nacionales al estar incluida La Graciosa en el ámbito del Parque Natural Marítimo- Terrestre del Archipiélago Chinijo. Este proyecto de reglamento está también disponible para consulta pública a través del portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía, y de cualquier entidad afectada, en el proceso de elaboración de este reglamento. Se podrán realizar aportaciones a la misma hasta el próximo 7 de mayo.

Como La Graciosa es un territorio reducido y de especial fragilidad, en el que cualquier alteración podría influir notablemente en la idiosincrasia de la isla, este reglamento tiene como fin regular el transporte para lograr la cohesión y el equilibrio territorial.

Por todo esto, el reglamento pretende regular el transporte por carretera estableciendo una normativa específica, a través de una ordenanza municipal, tanto para el transporte particular, de viajeros o de mercancías, que se desarrolle exclusivamente en La Graciosa. La ordenanza que nacerá de este reglamento afectará a los vehículos que realicen actividades de desplazamiento de mercancías, transporte de viajeros en vehículos todo terreno (de cinco a nueve plazas), transporte privado particular de quienes residan o visiten la isla y vehículos destinados para el transporte colectivo de viajeros con vehículos de hasta 21 plazas.

Estos vehículos deberán contar con los requisitos previos determinados por el Ayuntamiento de Teguise para la obtención de la autorización municipal y, si procediese, de la autorización para el uso de las vías del organismo autónomo Parques Nacionales al formar parte, salvo los núcleos urbanos de Caleta de Sebo y Pedro Barba, del Parque Natural Marítimo- Terrestre del Archipiélago Chinijo.

Además, el reglamento autonómico dictamina que, en lo que atañe al transporte público colectivo de viajeros, será la ordenanza del Ayuntamiento de Teguise la que determinará el número máximo de vehículos para la realización de este servicio con carácter regular, indicando paradas, horarios y tarifas de este.

 

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Más de 600 personas participan en los seminarios sobre la futura Ley de Biodiversidad

La Consejería de Transición Ecológica ha recogido aportaciones de entidades, colectivos y profesionales de cara a la elaboración del borrador definitivo de la Ley

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha celebrado esta semana el último de los ocho seminarios virtuales en los que más de 600 personas han podido debatir, analizar y hacer llegar sus aportaciones de cara al borrador definitivo de la futura Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural.

El último de los encuentros contó con la presencia del consejero del Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, y el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, agradecieron el esfuerzo del equipo organizador y la predisposición y el principio de colaboración que imperó en todos los intervinientes.

Los ocho seminarios, que abordaron distintas temáticas que afectan a esta Ley, se celebraron durante los últimos dos meses. De manera paralela, también se llevaron a cabo siete talleres, uno de periodistas especializados en ciencia, otro de medio ambiente y otros con sectores especializados y expertos.

José Antonio Valbuena agradeció todas las aportaciones y sugerencias realizadas y señaló que se tendrán en cuenta en los distintos procesos por los que tiene que pasar este texto normativo hasta su aprobación definitiva. “Esta Ley, que esperamos que inicie su trámite parlamentario a finales de este año, pretende ser lo más ambiciosa posible y velar por la protección de nuestra riqueza medioambiental”, añadió.

Por su parte, Miguel Ángel Pérez subrayó la importancia de este proceso de participación, que nunca se había realizado en la fase previa a la elaboración del borrador de una ley. “Este trabajo de participación ciudadana no se acaba aquí, ya que se podrán hacer alegaciones en los distintos procesos de información pública preceptivos de cualquier texto normativo”, añadió.

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El Ejecutivo inicia una ronda de contactos para presentar el proceso participativo de la Ley de Gobierno Abierto

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se reúnen con el Comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de Canarias

La futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, que en estos momentos elabora la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo canario, dirigida por Julio Pérez, iniciará este mes de marzo el proceso participativo que servirá para recabar aportaciones en la redacción del texto. Se trata del siguiente trámite a llevar a cabo, tras la fase de consulta pública previa cerrada el pasado mes de enero en el que la ciudadanía pudo realizar sus aportaciones al informe-propuesta y que contará con la participación de expertos en gobierno abierto, agentes clave implicados en las materia y ciudadanía en general.

Con vistas a animar a la participación de los distintos órganos institucionales de Canarias, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, iniciaron con el comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, una ronda de contactos para explicar los objetivos del proceso participativo, que se extenderá de marzo a junio de este año.

Alejandro Rodríguez recordó durante el encuentro, que tuvo lugar en el Parlamento de Canarias, que con el actual proceso participativo también se busca hacer pedagogía de la transparencia, la participación ciudadana y la apertura de datos, los tres pilares del Gobierno Abierto, y que las administraciones públicas velen por ellos y los adopten entre sus principios de actuación.

Por su parte, Marta Saavedra avanzó a Cerdán que la nueva ley, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública; y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se actualizará la normativa en materia de Transparencia en aspectos tan importantes como la regulación del derecho de acceso a la información pública, por cuyo cumplimiento vela el Comisionado de Transparencia.

La ley canaria de gobierno abierto regulará también la participación ciudadana y los datos abiertos, que con el avance tecnológico y la evolución de las nuevas herramientas digitales requieren de una normativa actualizada. Con el objeto de cumplir con la filosofía del gobierno abierto, se ha optado por llevar a cabo este proceso participativo para la redacción de la ley, cuyos elementos clave de alto consenso que se identifiquen, serán considerados por el equipo de redacción para su inclusión en la norma.

Por su parte, Cerdán indicó que el órgano que dirige propondrá iniciativas que permitan avanzar y profundizar en su materia y, en este sentido, señaló su preocupación por que se recoja un reglamento de sanciones a las instituciones por los incumplimientos en transparencia que se hagan de la futura ley.

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Transición Ecológica cierra el periodo de consulta pública sobre Lomo de Riquiánez con 22 aportaciones ciudadanas

En el proceso han participado asociaciones y particulares, entre los que se encuentran propietarios de fincas y personas interesadas en el uso deportivo de la zona

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha cerrado con 22 aportaciones ciudadanas el proceso de consulta pública previa sobre los contenidos de la declaración de Lomo de Riquiánez, en Arucas (Gran Canaria), como espacio natural protegido en la categoría de Paisaje Protegido. El trámite se llevó a cabo del 23 de diciembre de 2020 al 1 de febrero de 2021 y ha recibido aportaciones, principalmente, por parte de asociaciones y particulares, entre los que se encuentran propietarios de fincas y personas interesadas en el uso deportivo de la zona.

El responsable de este Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, señala que “todas las propuestas recibidas en el periodo de consulta pública previa han contribuido a un mejor conocimiento sobre la opinión, principalmente de particulares, acerca del objeto de la declaración del espacio y su posterior regulación por parte del instrumento que ordene este espacio natural protegido.”

“Las 22 aportaciones recibidas corresponden a la regulación del uso deportivo en la zona, la compatibilidad del uso residencial y vacacional, la inclusión de valores sobre charcas y restos con valores arqueológicos y etnográficos y la manifestación de conformidad con la declaración del espacio”, subrayó el consejero.

José Antonio Valbuena ha agradecido la participación de particulares y colectivos en esta consulta pública, entre ellos, la Asociación de Scouts – Exploradores Bentaya y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). “Sus contribuciones a los contenidos de la declaración de Lomo de Riquiánez como espacio natural protegido son indispensables para concretar los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, detectar la necesidad y oportunidad de su aprobación, profundizar en el desarrollo de los objetivos de la norma e incorporar las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”, señala.

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El Gobierno canario debatirá con colectivos y ciudadanía la futura Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales

José Antonio Valbuena señala que se está ultimando el texto que impulsará la defensa de los ecosistemas, la conservación de los hábitats y las poblaciones silvestres

El 2 de marzo se celebrará la primera de las ocho sesiones virtuales en las que se presentará y debatirá el futuro texto normativo para enriquecerlo con aportaciones externas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, debatirá con colectivos, entidades y ciudadanía, en general, el borrador de la futura Ley de la Biodiversidad y de los Recursos Naturales, que servirá para proteger y conservar el rico patrimonio ecológico del Archipiélago.

El Departamento autonómico ha programado ocho sesiones virtuales, que darán comienzo el 2 de marzo y se prolongarán durante el primer trimestre del año, para presentar este futuro texto normativo, que ha coordinado la Unidad de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. En ellas se dará a conocer el borrador actual y se recibirán las aportaciones a la futura Ley. Las sesiones se realizarán los martes por la tarde, a partir del 2 de marzo, y finalizarán el 27 de abril.

Las personas interesadas en aportar su conocimiento a la construcción de la Ley, podrán inscribirse de forma gratuita, a partir del 15 de febrero, en el siguiente enlace: Proceso Participativo. Webinars Biodiversidad.

El consejero del Área, José Antonio Valbuena, explica que esta normativa, que se está ultimando, servirá para potenciar la defensa de los ecosistemas, la conservación de los hábitats y las poblaciones silvestres de Canarias, así como la de razas y variedades de cultivos autóctonos.

“Tal y como ha ocurrido en los textos normativos restantes que emanan de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, esta Ley busca el máximo consenso para una materia que afectará a todos los sectores sociales”, añade Valbuena.

“En esta Ley hemos puesto una especial atención en instrumentalizar una mejora del conocimiento, a través de la divulgación, la educación y la sensibilización hacia nuestro rico patrimonio natural y en establecer la regulación y las herramientas de ordenación de esos recursos para asegurar que se tomen las medidas adecuadas para la conservación, recuperación y restauración de especies, hábitats, procesos ecológicos esenciales, paisajes y espacios naturales, tanto marinos como terrestres”, puntualiza el consejero.

Esta nueva normativa afronta también la problemática que ha creado la introducción de especies exóticas con el objetivo de prevenir y minimizar sus efectos negativos y los de las actividades humanas perjudiciales para el medio ambiente. Por este motivo, se propone integrar la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en todas las políticas sectoriales para conseguir un verdadero modelo económico sostenible.

En este sentido, Valbuena ha señalado que se analizarán las cargas y los beneficios de la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, para proponer un reparto justo, que a su vez creará nuevos nichos de empleo, riqueza y equidad para toda la sociedad canaria.

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Comienza el trámite de la nueva Ley de Gobierno Abierto: información, datos y rendición de cuentas serán sus ejes

La nueva normativa sustituirá las actuales leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abre hasta el 24 de enero la consulta pública previa de la nueva ley

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inició este lunes, 14 de diciembre, la fase de consulta pública previa para la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de enero de 2021 a través del acceso web para la Participación Ciudadana.

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública, donde sus ejes principales son la transparencia, la apertura de datos públicos y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de diseño y toma de decisión sobre políticas públicas.

Con esta nueva reglamentación, tal como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se busca crear un marco normativo de gobierno abierto que coordine y desarrolle adecuadamente la apertura de datos a través de los datos abiertos, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También se pretende actualizar la legislación en materia de participación ciudadana, mejorar la redacción y revisar las exigencias de la normativa de transparencia y desarrollar una normativa propia de datos abiertos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, en el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del gobierno abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares de gobierno abierto, aprobadas en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana, y que hará que ambas confluyan en la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias.

La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información, a través de sus portales de transparencia. Con la nueva ley se actualizará esta normativa, incorporando la experiencia en su ejecución y desarrollo.

Respecto a la norma de participación ciudadana, esta data del año 2010, cuando prácticamente no existían referencias ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, por lo que ha quedado desfasada. De hecho, el pasado 30 de julio se acometió una reforma puntual de esta ley que permitió configurar el Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio, no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible.

En lo que respecta a la apertura de datos de las administraciones públicas de Canarias, no existe regulación de referencia dentro la comunidad autónoma y, por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de una norma de aplicación en esta área.

Así mismo, la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias ha de atender la perspectiva de género de forma integral, resultando pertinente su evaluación. Sin limitarse únicamente a la adecuación del lenguaje empleado, el futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, ha de potenciar la obtención de datos sobre el sexo de las personas en los diferentes ámbitos de actuación administrativa, así como su rango de edad, para una correcta valoración de la incidencia del género en los distintos aspectos relacionados con la administración pública y sus posibles efectos de cara a la ciudadanía en la toma de sus decisiones.

Tres objetivos esenciales

La regulación de Ley de Gobierno Abierto de Canarias tendrá tres objetivos esenciales. El primero de ellos será crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno y que coordine sus pilares, el segundo fomentar e impulsar la apertura de datos en formato abierto, la transparencia comunicada y la rendición de cuentas, y por último, facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, la norma tendrá que actualizar las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas de Canarias, evitando ambigüedades y fomentando que, en la medida de lo posible, estas se basen en datos abiertos.

También tendrá que profundizar en el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa e indirectamente en el interés público y su gobernanza, promoviendo los cauces efectivos que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y en la gestión de los servicios públicos.

Por último, establecerá un único punto de acceso a los datos de las administraciones públicas de Canarias en formato abierto, con el objetivo de incrementar, paulatinamente, el número e interés de los conjuntos de datos publicados, alineándose con la apertura de los datos de alto valor que se promueve desde la Unión Europea.

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Transparencia y Gobierno Abierto, objetivos esenciales de la administración canaria

El evento ‘El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible’ podrá seguirse a través del canal de YouTube de ‘Canarias Gobierno Abierto’

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, celebrará este viernes, 11 de diciembre, la jornada El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tiene como fin aunar un proceso participativo que permita analizar la importancia de la transparencia, la participación ciudadana y la apertura y reutilización de datos en la ejecución de las políticas para el Desarrollo Sostenible.

El debate comenzará a partir de las 10.00 horas y contará con expertos de gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana y datos abiertos del ámbito canario y nacional y, dadas las restricciones actuales de aforo a los actos por la lucha contra el coronavirus, solo podrá seguirse a través del canal de YouTube de Canarias Gobierno Abierto.

El Gobierno de Canarias está elaborando una guía de gobierno abierto para implantarla en el marco de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Esta jornada es la continuación del trabajo que está haciendo la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Marta Saavedra, para realizar un diagnóstico con el que comenzar a crear esta guía. De hecho, recientemente se ha realizado unas encuestas a los empleados públicos de Canarias, a los responsables políticos y a organizaciones de la sociedad civil sobre estos pilares básicos de buen gobierno.

La jornada será inaugurada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, que participará en la primera mesa de debate, que versará sobre Gobierno Abierto y Agenda 2030. Ésta estará moderada por la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y contará con la presencia de María Pía Junquera, directora general de Gobernanza Pública; Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia; Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón; Daniel González, director insular de Modernización del Cabildo de Tenerife; e Irene Bello, delegada en Canarias de Alianza por la Solidaridad.

Posteriormente, a las 12.15, será la mesa debate de Transparencia, que estará conformada por Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León; Juan Carlos García Melián, presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA); Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia; Mikel Prat, de la Asociación por Transparencia en Canarias; María Teresa Casanova, jefa de servicio de Reclamaciones del Comisionado de Transparencia; y Clara Rodríguez, asesora técnica del Comisionado de Transparencia. Esta mesa será moderada por la jefa de servicio de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

A la tarde, desde las 16.00 horas, comenzará la mesa de debate Datos Abiertos, en la que estarán presentes Antonio Ibáñez, jefe de servicio de Transparencia y Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León; José Luis Roda, doctor en Informática de la Universidad de La Laguna; Olga Quirós, secretaria general de la Asociación Multisectorial de la Información; Lourdes Muñoz, confundadora de la Iniciativa Barcelona Open Data; Juan Bermejo, jefe de servicio de Nuevas Tecnologías del Cabildo de La Palma; Noemí Brito, socia responsable del área de Tecnología, Innovación y Economía Digital de Ceca Magán Abogados; y Jesús Alberto González, jefe de Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Canario de Estadística. Será moderada por Albérica García, coordinadora de Transparencia y Datos Abiertos del Gobierno de Canarias.

El cierre será con la mesa de debate Participación Ciudadana, que a partir de las 17.30 horas tendrá presentes a Jorge Pérez Artiles, director insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria; María Dolores Hernández, de la Asociación CIMAS y Fundación CREASVI; María Luisa Blanco, doctora en Psicología y trabajadora social; Fernando Pindado, profesor colaborador de la Universidad Autónoma de Barcelona; Cristina Suárez, de la Asociación Redes; y Miguel Ongil, de la asociación ACREDITRA. El moderador será Alvaro R. Pestano, coordinador de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias. Las cuatro mesas contarán con la escucha activa de Ana María Moreno, experta en Gobernanza y Participación Ciudadana.

Consulta pública de la Ley Canaria de Gobierno Abierto

Tanto el buen gobierno como la transparencia son parte de los cinco ejes de acción en los que el Ejecutivo autonómico se propuso avanzar al inicio del mandato y en el que se está trabajando en estos momentos, dentro del Plan Reactiva Canarias, cuyos ejes 6 y 7 giran en torno a la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa y al impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. A la recientemente creada Red Canaria de Gobierno Abierto, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana tiene previsto que la próxima semana se someta a consulta pública la redacción de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto que derogará las leyes 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana.

Por otro lado, el pasado 18 de noviembre el Comisionado de Transparencia hizo público que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias logró en 2019, en el Índice de Transparencia de Canarias que elabora cada año, una puntuación de 9,55, lo que refleja las mejoras de las puntuaciones desde que se ha implantado este índice, cuando comenzó hace cuatro años con una puntuación de 7,69, que fue de 8,03 en 2017, y 9,04 en 2018.

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El Gobierno impulsa la transparencia y la participación con la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto

La red promoverá la colaboración interadministrativa entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos en materia de transparencia, participación ciudadana y apertura de datos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, realizó este jueves la presentación de la Red Canaria de Gobierno Abierto a los siete cabildos insulares y a la Federación Canaria de Municipios, en virtud de la cual se suscribirá un convenio marco que permita, de forma permanente y estable, la coordinación, colaboración e intercambio de información de las leyes canarias 12/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 5/2010 de Fomento de la Participación Ciudadana, además de avanzar la elaboración y aprobación de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto.

Tal como señala la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana de Canarias, Marta Saavedra, la Red Canaria de Gobierno Abierto busca ser un punto de encuentro entre los organismos de la administración pública de Canarias, que nace para facilitar la colaboración, el intercambio de experiencias y la coordinación entre los responsables de las administraciones, así como la sensibilización y formación a los empleados públicos en materia de gobierno abierto.

La red normalizará la acción del gobierno abierto en todas las administraciones públicas a través de la colaboración interadministrativa, lo que hará que se afiancen conocimientos en materia de participación y colaboración ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas, con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad democrática.

También profundizará en la transparencia, en la publicidad institucional y el acceso a la información pública; en los datos abiertos para su uso en formatos accesibles y mejora en la reutilización, así como en la rendición de cuentas de las administraciones públicas de las Islas mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora, permitiendo que estos estén centralizados y sean homogéneos y reutilizables.

Así mismo, gracias a la integración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), se pretende crear un programa de formación general en gobierno abierto para los cargos electos, altos cargos y trabajadores de las distintas administraciones públicas del Archipiélago que contribuya a la sensibilización y formación en esta materia y también movilizará a los servidores públicos hacia una administración más transparente, participativa y colaborativa.

En el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del Gobierno Abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16, por cuanto propugna la configuración de un nuevo marco de gobernanza pública como catalizador de sociedades pacíficas e inclusivas, generador de instituciones sólidas, eficaces y responsables en la rendición de cuentas y en la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

En la presentación de este jueves estuvieron presentes el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, además de representantes de transparencia, participación ciudadana y modernización de los sietes cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios.

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El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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