La iniciativa legislativa establece los requisitos de la figura que prestará apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las personas mayores de 75 años en las actuaciones procesales

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha sacado hoy a información pública el proyecto de decreto por el que se regula la figura del personal experto facilitador que presta apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las personas mayores de 75 años, en las sedes judiciales y fiscales. Se abre ahora un periodo de consulta que finaliza el 2 de septiembre y que permitirá presentar alegaciones a dicha iniciativa.

Nieves Lady Barreto manifestó que su departamento apuesta por la “humanización de la Justicia” y que la puesta en marcha del facilitador judicial en Canarias, “garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva para que estas personas puedan entender y hacerse entender en un juzgado”.

Iniciada la tramitación del proyecto de decreto por la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, la iniciativa fue sometida a consulta pública previa y durante meses se completó con reuniones en varias islas con los colectivos afectados, organizaciones y asociaciones del tercer sector, a las que acudió la consejera, con el objetivo de recabar propuestas sobre el perfil profesional y enriquecer el proyecto de decreto que ahora se somete a información pública, a través del portal de Transparencia.

El reglamento propuesto regula los requisitos, principios de actuación y procedimientos para la designación de facilitadores expertos, así como la creación de un registro administrativo que garantice su disponibilidad y capacitación. Este proyecto tiene como objetivo principal establecer un sistema estructura de apoyos y ajustes procesales que asegure la tutela judicial efectiva promoviendo la igualdad y humanizando la justicia en las sedes judiciales de las islas.

Para poder ser designados como personas facilitadoras judiciales, los profesionales deben ser licenciados/as, graduados/as en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, psicopedagogía, licenciado en derecho no ejerciente como abogado y contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: estar en posesión de alguna acreditación o de un certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Además, deben de estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en procesos judiciales;  acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o de y las personas mayores y, por último, carecer de antecedentes penales, aportando certificado de Delitos de Naturaleza Sexual o bien permitiendo a la administración pública a comprobar el contenido del registro de Delitos de Naturaleza Sexual.

Otro de los requisitos que recoge el proyecto de decreto es estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal experto facilitador.

Se trata de ofrecer a estos colectivos un nuevo servicio que dé respuesta a una mayor humanización de la justicia apostando por la accesibilidad del sistema judicial, avanzando en la eliminación de todo tipo de barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión. En esta línea de actuaciones la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderlo.

En la idea de humanizar la justicia también se ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las menores víctimas que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

Este decreto se aplicará en todas las actuaciones procesales en las que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y la persona mayor con una edad de setenta y cinco años o más, participe en las dependencias de los juzgados, Tribunales de Instancia adscritos a alguno de los partidos judiciales de la Comunidad de Autónoma de Canarias, Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia de Canarias todos los órdenes jurisdiccionales, así como las fiscalías de Canarias.

El documento completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/IP-Proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regula-la-figura-del-personal-experto-facilitador-para-prestar-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo-y-a-las-personas-mayores-en-las-sedes-judiciales-y-fiscales/

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La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha reunido al Consejo Municipal de Canarias para la toma de conocimiento del Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, sobre la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. En la sesión celebrada el día 6 de mayo, los ayuntamientos de Canarias que representan a los municipios en el citado Consejo, se dan por informados del contenido y de los efectos de la iniciativa legislativa del Gobierno de Canarias, que han elaborado conjuntamente las Consejerías de Obras Públicas. Vivienda y Movilidad y de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Esta nueva norma, aprobada por el Consejo de Gobierno el 21 de abril y publicada en el BOC, con entrada en vigor el 23 de abril, se someterá a convalidación en la próxima sesión plenaria parlamentaria, prevista para los días 13 y 14 de mayo.

El Decreto ley 3/2025 está destinado a resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias urbanísticas, y pretende dar un impulso decidido a la promoción de viviendas en las islas. Entre otros aspectos, los Ayuntamientos podrán agilizar la concesión de licencias urbanísticas con plenas garantías jurídicas en un plazo menor y se contempla la figura de la vivienda asequible incentivada, enfocada en beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas, y que convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en desarrollarla.

En el Consejo Municipal de Canarias están representados los municipios de Canarias con un alcalde o alcaldesa por cada isla y, además de los alcaldes o alcaldesas de los municipios capitales de provincia.

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El consejero ha recordado que este Ejecutivo fue el encargado de reunir a la Mesa del Transporte tras más de dos años sin convocarse

Este decreto fue apoyado por todos los Cabildos en la Comisión General de Cabildos y por todos los municipios en el Consejo Municipal de Canarias

Tras su convalidación en el Parlamento de Canarias, Rodríguez ha solicitado su tramitación como proyecto de ley para conocer las modificaciones que se consideren necesarias para mejorar el texto actual

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado en sesión parlamentaria que la implicación del sector ha sido “una pieza clave” durante el proceso de elaboración del decreto ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, convalidado por el Parlamento de Canarias el pasado mes de septiembre.

“Este Gobierno ha demostrado un claro interés en involucrar al sector del transporte en sus decisiones estratégicas. Prueba de ello es la convocatoria de la Mesa del Transporte por parte de la directora general de Transportes, María Fernández, en diciembre, después de más de dos años sin que el gobierno del ‘Pacto de las Flores’ la celebrara. Esta acción evidencia la voluntad del Ejecutivo de escuchar al sector y trabajar de manera conjunta para afrontar los retos actuales, impulsando un diálogo necesario para mejorar la movilidad y ofrecer todas las garantías durante el proceso de elaboración del decreto ley en materia de transporte terrestre”, ha puntualizado Rodríguez.

El consejero ha detallado que esta actuación “ha seguido fielmente la línea de trabajo y las aportaciones de los miembros de la Mesa, que el 19 de julio,  acordaron no reactivar el proyecto de modificación de la anterior legislatura, que la profundidad de la modificación dependiera de las aportaciones del sector y que no se elaborase “desde cero” una nueva Ley de Ordenación del Transporte Terrestre”.

Asimismo, Rodríguez ha insistido en que fue el sector y los cabildos los que trasladaron al equipo de la Dirección General de Transportes “la necesidad de realizar esta modificación concreta para ajustarnos al marco jurídico europeo con carácter de urgencia”.

“La decisión de desarrollar el Decreto Ley fue respaldada tanto por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias como por el Consejo Consultivo de Canarias, quienes ratificaron que la figura del Decreto Ley era la adecuada para esta modificación puntual y que, además, posteriormente, fue apoyada por todos los Cabildos en la Comisión General de Cabildos y por todos los municipios en el Consejo Municipal de Canarias”, ha añadido Rodríguez.

El Gobierno de Canarias es plenamente consciente de que el texto de este decreto ley puede ser mejorado. En esta línea, Rodríguez ha recordado que, prueba de ello, “hemos solicitado que se tramite como proyecto de ley, ya que este procedimiento permitiría que los distintos sectores interesados puedan dirigirse a los partidos con representación parlamentaria para proponer las modificaciones que considerasen necesarias para mejorar el texto actual del Decreto Ley”.

Además, el consejero ha informado de que “en apenas unos meses, hemos dado solución a algunos de los principales problemas del sector. Estamos trabajando en una reforma mucho más amplia y profunda, que realmente sea el revulsivo que nuestro sistema de transporte terrestre necesita”.

“Esa será la oportunidad de abordar los cambios estructurales que el sector demanda, y lo haremos de la mano, y con el consenso necesario para garantizar una legislación eficaz y duradera”, ha concluido Rodríguez.

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Este lunes se ha publicado en el BOC el decreto ley que evita la concentración de locales de juego y regula la distancia de los salones de los centros educativos, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha adoptado un conjunto de medidas urgentes e inaplazables para garantizar la protección de la infancia en el ámbito de la actividad de los juegos de azar y las apuestas en Canarias a través del Decreto ley 7/2024, de 31 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado hoy en BOC.

El decreto ley permite para ganar en celeridad y corregir la situación generada por una sentencia judicial que permite instalar salones de juego a menos de 300 metros de centros educativos de educación Infantil y Primaria, una vez finalizada la moratoria en el sector del juego a 31 de diciembre de 2023. “El objetivo es doble: por un lado, proteger a los menores desde los 6 años y, por otro, evitar la concentración de locales de juego al incluir limitaciones en la instalación de bingos entre salones”, explica la consejera, que aclara que la norma publicada hoy tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2024.

La disposición final séptima de este Decreto ley modifica la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas para determinar reglamentariamente la zona de influencia en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego por la previa existencia de un centro de enseñanza o un centro permanente de atención a los menores. La prohibición será extensiva a los bares, cafeterías o establecimientos similares, situados en la indicada zona de influencia que no tengan por actividad principal la práctica del juego.

A los efectos previstos, se consideran centros de enseñanza y de atención a menores los que, de acuerdo con su legislación sectorial, los que figuren inscritos como tales en los registros oficiales de la Administración sectorial correspondiente y cuyos usuarios potenciales tengan una edad comprendida entre los 6 y los 17 años, ambas inclusive.

Se añade también un artículo sobre la zona de influencia entre salones recreativos y de juegos y bingos para evitar concentraciones. En concreto, el decreto ley señala que la zona de influencia en la que no podrán estar ubicados salones recreativos y de juegos, sea por nueva instalación o por traslado de los autorizados, por la previa existencia de otro salón recreativo y de juegos, será la comprendida en un radio de acción de 200 metros en línea recta, medida sobre plano, desde cada una de las puertas de acceso del que se pretende instalar.

Dicha distancia no será aplicable cuando se trate de salones recreativos y de juegos sin acceso directo a la vía pública en centros comerciales, si bien, para los que se pretendan instalar en una misma planta de dichos centros comerciales, la distancia a aplicar será la de 75 metros.

También se fija la medida de 200 metros con las mismas características como zona de influencia entre un salón recreativo y de juego y una sala de bingo.

Dicha previsión no resultará de aplicación a aquellos salones recreativos y de juegos y salas de bingo que a la entrada en vigor de esta norma cuenten con autorizaciones vigentes, así como tampoco a la renovación de dichas autorizaciones, aunque sí a las solicitudes de traslado de autorizaciones.

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Este encuentro se suma a la ronda de reuniones que el departamento está desarrollando, en coordinación con la Fecam, para dar a conocer el decreto y su aplicación

Esta reunión ha estado presidida por el director del ICAVI, Antonio Ortega; el vicepresidente segundo del Cabildo de El Hierro, Amado Carballo; y el teniente alcalde del Ayuntamiento de La Frontera, Norberto Betancor

El director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; el vicepresidente segundo del Cabildo de El Hierro, Amado Carballo; y el teniente alcalde del Ayuntamiento de La Frontera, Norberto Betancor, han mantenido hoy una reunión con los alcaldes y alcaldesas de la isla para explicar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Ejecutivo canario.

Este encuentro, en el que también ha participado el coordinador del equipo redactor del decreto ley, Fran Villar, se suma a la ronda de reuniones que el departamento está desarrollando, en coordinación con la Fecam, con diferentes colectivos para dar a conocer el decreto y su aplicación.

En este sentido, el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha explicado que el decreto “es una herramienta necesaria que facilita los trámites a las administraciones públicas para la creación de nuevas viviendas para todos los más de 26.0000 demandantes que tenemos en Canarias”.

El vicepresidente segundo del Cabildo de El Hierro, Amado Carballo, ha indicado que “con la reunión de hoy, hemos podido analizar las posibilidades de implantación y aplicación de esta norma para afrontar el reto de la generación o adquisición de suelo para ponerlo a disposición del ICAVI, o incluso, promover desde la propia isla la construcción y la promoción de vivienda”.

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Frontera, Norberto Betancor, ha subrayado que “ha sido una reunión muy interesante para el municipio, ya que nos ha permitido conocer las herramientas del decreto y plantearnos qué porcentaje de terrenos podemos adquirir para destinarlos a viviendas”.

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La Cámara Autonómica convalida el texto y lo tramitará como proyecto de ley, tal y como había solicitado el Gobierno de Canarias

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy miércoles, 10 de abril, el decreto ley en materia agraria para la recuperación económica y social de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja, que será tramitado por la Cámara Autonómica como proyecto de ley por trámite de urgencia, tal y como había solicitado el Gobierno de Canarias.

Durante su intervención en sesión plenaria, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo regional, Narvay Quintero, señaló que el decreto tiene como objetivos principales la recuperación de la máxima superficie de cultivo afectada por el volcán, así como que el mayor número de agricultores afectados retomen la actividad, y posibilitar la protección económica a los afectados hasta que vuelvan a disponer de sus parcelas.

En este contexto, el documento establece medidas para la recuperación en condiciones de seguridad de las explotaciones agrarias afectadas por la colada de lava, así como de las construcciones e instalaciones que existían en dichos espacios, permitiendo que cada uno de los afectados pueda tomar la iniciativa de la recuperación sin perjuicio de las ayudas públicas y de la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El texto recoge también que los propietarios afectados podrán proponer a la Administración competente en materia de agricultura la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privado y reconoce a las cooperativas agrarias iniciativa para, en nombre de sus miembros, plantear estas actuaciones. Estas concentraciones privadas de tres o más afectados contarán con apoyo jurídico y financiero (del 100% de su coste). Asimismo, se prevé la compensación económica, basada en el valor real de las propiedades, para aquellas personas que no deseen continuar con la actividad agraria.

Quintero explicó que dicha norma delimita dos zonas, una de recuperación agraria y otra de recuperación agraria condicionada. La primera se divide a su vez en dos zonas, con una superficie de colada menor de diez metros, o superior a esta cantidad, que pueden ser reconstruidas con licencia municipal, salvo que se deseen recuperar edificaciones preexistentes con más de 50 centímetros de cimentación en la zona de más de 10 metros de colada, en cuyo caso se requiere además informe científico-técnico del Cabildo insular. La segunda zona alude a un espacio de recuperación agraria condicionada, es decir, aquellas áreas en las que la recuperación será posible una vez que se verifique la estabilidad del sustrato geológico mediante un informe geotécnico emitido por la corporación insular. “Es decir, una vez se determine que son espacios seguros”, añadió.

“Cabe destacar que en este decreto se reconoce una zona de recuperación que abarca aproximadamente unas setecientas hectáreas, a diferencia de los decretos del anterior equipo de gobierno, que solo reconocía 365 hectáreas de recuperación agraria en una macrofinca”, agregó Quintero.

Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes.

Regula también la recuperación de explotaciones ganaderas, concediendo a los ayuntamientos la autorización mediante la correspondiente licencia de la implantación de dicho uso en distintas categorías de suelo rústico: de protección agraria, común ordinario, y de protección paisajística.

Se suma, por tanto, al decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completa con el de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros (50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado).

Otras medidas para la recuperación

Durante su intervención, el consejero explicó que el Gobierno de Canarias solicitará en Bruselas la prórroga al menos hasta el 31 de diciembre de 2027 de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) a los agricultores afectados por la erupción volcánica al menos hasta el 31 de diciembre de 2027. Este pago, actualmente está garantizado por la Comisión Europea hasta el 31 de diciembre de 2025 a petición del actual equipo del Ejecutivo canario.

Por otro lado, Quintero recordó que el Consejo de Gobierno aprobó este lunes, 8 de abril, una partida de hasta diez millones de euros a ayudas directas, sufragadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma, dirigidas a compensar la pérdida de renta de los agricultores afectados por el volcán de La Palma y a paliar los costes de la limpieza de las cenizas generadas por la erupción.

Además, el pasado viernes, 5 de abril, la Consejería publicó la Orden por la que se convocan las subvenciones para 2024 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) destinadas a sufragar las inversiones realizadas por agricultores, agrupaciones de productores y entidades públicas para reconstruir y restablecer las fincas afectadas a su estado previo a la erupción, de los municipios de Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane. Esta línea de ayuda cuenta con fondos por valor de treinta millones de euros financiados por la Unión Europea, la Comunidad Autónoma y el Estado.

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El consejero explica los detalles de esta nueva norma, compuesta por treinta artículos, que se elevará al Consejo de Gobierno la próxima semana

El proyecto de decreto tiene como objetivo agilizar los procedimientos para hacer frente, de forma extraordinaria, a través de diferentes mecanismos, a la gran demanda de vivienda

El Ejecutivo ha contemplado las propuestas desarrolladas en esta materia por otras comunidades autónomas, adaptándolas a la realidad del suelo y de la vivienda en las islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha avanzado este miércoles los detalles del proyecto de decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, en el que se condensa la política a desarrollar por el Ejecutivo para promover la disposición de inmuebles en el mercado, especialmente los protegidos, favoreciendo y simplificando la gestión para que puedan construirse o destinarse a un uso habitacional.

A través de treinta artículos y varias disposiciones transitorias y adicionales, la norma persigue tomar decisiones sobre todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.

“La trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que vamos a priorizar la construcción de vivienda protegida en ellos, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público”, ha detallado. No obstante, Pablo Rodríguez ha puntualizado que seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública. “El decreto solo acelerará los procedimientos e impulsará los trabajos en suelos antropizados para dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas”, ha destacado.

En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.

“Uno de los puntos más importantes para impulsar la construcción de vivienda protegida es la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla”, ha explicado. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.

Asimismo, el consejero también ha destacado que se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.

Para desarrollar esta normativa, que será elevada la próxima semana al Consejo de Gobierno, la Consejería ha contemplado las propuestas desarrolladas en esta materia por otras comunidades autónomas, como Baleares, con buenos resultados, adaptándolas a la realidad del suelo y de la vivienda en las islas.

Pablo Rodríguez ha señalado que con este proyecto de decreto ley se fomenta la creación de puestos de trabajo con el impulso al sector de la construcción, en retroceso desde la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. “Además, aumentamos la oferta de vivienda, lo que permitirá equilibrar el mercado y hacer que descienda el precio del alquiler y venta en el mercado libre, e impulsamos la disponibilidad de viviendas en zonas en las que su ausencia amenaza el empleo en el sector público y turístico”, ha concluido.

Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional

En este sentido, el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque aprobado por la Consejería a finales del pasado año, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.

Por un lado, la Consejería ha acordado cubrir 72 plazas vacantes en el Instituto Canario de la Vivienda, con el objetivo de llevar a cabo una adecuada gestión y tramitación de todos los expedientes que se generan, para facilitar una mejor información y atención ciudadana.

Asimismo, se han planteado dos nuevos programas como ‘La Palma 700’, pensado para cubrir los daños materiales producidos tras la erupción volcánica, a través de 17 actuaciones, distribuidas en 11 municipios, que posibilitará la construcción de más de 600 viviendas al contar con una inversión inicial de 100 millones de euros, o el programa ‘Rural Life 5×1000: Fortaleciendo nuestros pueblos”, una medida que pretende consolidar la población en los municipios rurales de Canarias de hasta 20.000 habitantes, ofreciendo viviendas de promoción pública en régimen de alquiler.

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El documento ha contado con una alta participación de administraciones, entidades y vecinos afectados

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Agricultura, ha culminado el borrador de decreto ley de concentración parcelaria para la reconstrucción de los cultivos de platanera afectados por la lava en la isla de La Palma.

Se trata de un documento basado en el consenso y que ha contado con la participación de las administraciones y los vecinos afectados en las numerosas reuniones mantenidas en la isla para recoger y aportar las peticiones de los damnificados. Su objetivo principal es rentabilizar las explotaciones agrarias existentes antes del 19 de septiembre de 2021 y dañadas por la erupción a través de una reordenación del terreno y la redistribución de la propiedad, y que se rige por el principio básico de compensación para lograr un equilibrio entre las fincas de procedencia y las nuevas fincas que se asignan al propietario.

El proceso de reparcelación parte de un estudio de viabilidad para la reposición de las plataneras afectadas por la lava, que fue encomendado por la Consejería a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA (Tragsatec) con la finalidad de marcar las líneas de actuación a seguir para la reconstrucción de la zona. El plan incluye la delimitación y caracterización de las superficies afectadas, con la identificación del grado y tipo de afectación; un análisis global de viabilidad de la reposición en la zona dañada por las coladas, con la elaboración de un mapa de la zona afectada en donde se muestra la clasificación del territorio en función de su viabilidad para la instalación de los nuevos cultivos de platanera; además de un estudio para analizar las cuestiones jurídico-administrativas que rigen en las parcelas y terrenos afectados por la erupción.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias publicó hace meses en la web www.planvallelapalma.com el borrador de decreto ley de concentración parcelaria para la reconstrucción de las fincas sepultadas por la lava.

Cabe recordar que en las dependencias de Gesplan, ubicadas en el municipio de El Paso, en la isla de La Palma, se han atendido a los agricultores y ganaderos afectados por el decreto ley, proporcionándoles la información necesaria a sus consultas.

El director general de Agricultura, Augusto Hernández, ha destacado que “este documento supone la única vía para poder reconstruir y la garantía ante la Comisión Europea para que se puedan mantener las ayudas del POSEI para los productores que perdieron las fincas como consecuencia de la erupción volcánica; el decreto ley deberá ser aprobado por el nuevo Gobierno”.

Asimismo, explicó que “no se trata de una macrofinca común, sino que cada propietario tendrá una parcela equivalente a la que tenía al inicio del volcán”. “La Agencia de Gestión de la Normalidad en la isla de La Palma (AGESNORM), que se crea a través del decreto de Transición Ecológica, tiene flexibilidad en la toma de decisiones una vez que comience el proceso de reparcelación, y siempre en función de los condicionantes geológicos”, apuntó Hernández.

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La consejera en funciones, Alicia Vanoostende, mantuvo una reunión con funcionarios de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea

La consejera en funciones de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, junto al viceconsejero en funciones del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, mantuvieron el pasado miércoles 13 de junio en Bruselas una reunión de trabajo con funcionarios de la unidad responsable del POSEI en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea para avanzar en la propuesta del departamento autonómico que se basa en permitir que los productores de plátano que han perdido sus fincas bajo la colada de lava puedan continuar cobrando la ayuda del plátano incluida en el POSEI hasta que puedan recuperar sus terrenos.

Esta cuestión ya fue planteada a los servicios de la Comisión en una primera reunión el pasado día 8 de marzo de 2023, por lo que se ha vuelto a abordar su encaje legal a partir del decreto ley de recuperación de la situación agraria en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que se ha consensuado con los propietarios afectados.

Mientras que en la anterior reunión del día 8 de marzo se presentaron a la Comisión los resultados del estudio de viabilidad para la reposición de los cultivos de platanera afectados, de cara a solicitar la inclusión de los afectados en la referida ayuda, se estudiaron los pasos técnicos necesarios para que la Comisión pueda considerar favorablemente la propuesta.

La propuesta formal para incluir esta previsión en la ayuda al plátano debe hacerse en el próximo mes de julio, en el plazo habitual del Programa POSEI Agrícola para la proposición de las modificaciones que deban entrar en vigor en la campaña siguiente, en este caso, la de 2024.

Vanoostende ha destacado que “en las campañas 2022 y 2023 ya se ha permitido, de forma transitoria, que los productores afectados cobren las ayudas a pesar de haber perdido las fincas. No obstante, dado que la regla general en las ayudas de la Política Agrícola Común impone que el beneficiario deba ser un agricultor activo, para extender esta excepción durante los años necesarios hasta que se recupere la producción platanera de los agricultores damnificados, es fundamental mostrar a la Comisión que dicha recuperación es factible y necesaria”.

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La Consejería continúa con su ronda de reuniones con los damnificados para aprobar un documento participativo que se presenta como la alternativa más viable para la recuperación de la normalidad agraria en La Palma

La Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, en La Palma, acogió en la mañana de hoy, lunes 27 de marzo de noviembre, una nueva jornada informativa para explicar el borrador de decreto ley de concentración parcelaria para la reconstrucción de los cultivos de platanera afectados por la lava.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y el director general de Agricultura, Augusto Hernández, abordaron con los afectados los pormenores de un documento altamente participativo que recoge las aportaciones y opiniones de los damnificados, siendo fundamental un consenso mayoritario para que se pueda aprobar y avanzar en la reparcelación.

La responsable regional del área aclaró las dudas de tipo colectivo e individual acerca del documento, así como las informaciones erróneas que se han vertido vinculadas a un borrador sujeto a cambios cuya finalidad es que las personas mejoren su bienestar general mediante el restablecimiento de sus activos físicos, medios de vida y su condición sociocultural y económica. “El objetivo principal que nos planteamos es el de regular dicha reparcelación, dado que el decreto contempla la reconversión de unas parcelas a otras, que serán lo más parecidas a las iniciales; no se trata de una macrofinca común, sino que cada propietario tendrá una parcela equivalente a la que tenía al inicio del volcán; es prioritario recuperar cuanto antes la normalidad agraria en la isla de La Palma”,indicó.

Vanoostende destacó que “este documento es la única vía para poder reconstruir y la garantía que tenemos ante la Comisión Europea para que se puedan mantener las ayudas del POSEI para los productores que perdieron las fincas como consecuencia de la erupción volcánica, dado que hasta el momento es la alternativa más viable”. En este sentido, recordó que el decreto se invalidaría si no cuenta con el respaldo de los afectados, por lo que este tipo de encuentros son esenciales para conocer la opinión de los verdaderos protagonistas”.

El departamento autonómico continúa con la ronda de reuniones informativas al sector y a los damnificados para debatir en consenso y con todas las partes las propuestas que se aporten para avanzar en la reparcelación.

Decreto

Se trata de un pilar fundamental del estudio de viabilidad en el que trabaja el Ejecutivo canario para rentabilizar las explotaciones agrarias existentes antes del 19 de septiembre de 2021 y afectadas por la erupción a través de una reordenación del terreno y la redistribución de la propiedad, y que se rige por el principio básico de compensación para lograr un  equilibrio entre las fincas de procedencia y las nuevas fincas que se asignan al propietario.

Cabe recordar que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en la web www.planvallelapalma.com el borrador de decreto ley de concentración parcelaria para la reconstrucción de las fincas sepultadas por la lava.

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