La Consejería de Derechos Sociales llevó en abril al Parlamento la modificación de la ley que regula la ayuda social con el fin de agilizar

El abono de este complemento tendrá carácter retroactivo a marzo y para su cálculo se tendrá en cuenta el momento de alta en nómina, con los meses que correspondan, y el número de menores en la unidad de convivencia

Los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con menor a cargo han recibido en la nómina de julio el complemento de 50 euros por menor a cargo para unidades de convivencia beneficiarias de la PCI, una prestación de la que se han beneficiado 3.803 familias canarias.

“Este complemento viene a demostrar de nuevo el compromiso de este gobierno con las familias canarias”, ha manifestado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. “Primero hicimos una modificación para que las familias con hijos a cargo no perdieran la PCI y ahora aumentamos la cuantía para que estas familias puedan vivir un poco mejor”, significó.

Este complemento a la prestación económica se ha abonado en julio con los atrasos que corresponda a cada expediente y con carácter retroactivo a la aprobación del Decreto-ley aprobado en marzo y que estableció la modificación de la ley que regula la PCI, es decir, con carácter retroactivo a marzo de 2021. Desde el área de Derechos Sociales se destinarán para cubrir los gastos de esta prestación aproximadamente 1,9 millones.

Según explica el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, “para ajustar el baremo de dichos atrasos se tendrá en cuenta el momento de alta en nómina, con los meses que correspondan, así como el número de menores. Además, esta medida complementaria se mantendrá mientras vivan los menores en la unidad de convivencia y el expediente este activo en nómina”.

“El abono de este mecanismo social se realizará en el mismo día que el pago de la nómina de PCI pero bajo el concepto de ‘complemento por menores a cargo PCI”, señala Bermúdez quien matiza que “el listado de personas beneficiarias del complemento por menor a cargo, junto con los atrasos correspondientes, será publicado por resolución en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) por número de expediente de PCI”.

Hay que recordar que el Parlamento aprobó por unanimidad el pasado mes de abril el decreto de Ley que mejora la Prestación Canaria de Inserción. En su intervención en sede parlamentaria, la consejera de Derechos Sociales indicó que esta modificación se llevaba a cabo “con el fin de agilizar el proceso de renovación de esta ayuda social y dotar a las familias que peor lo están pasando en estos momentos con un complemento de 50 euros por menor a cargo”.

Además, la citada modificación de la ley que regula la Prestación Canaria de Inserción, agiliza el proceso de renovación de la PCI. A este respecto, se ofrece una mayor protección a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas en las renovaciones por la falta de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la renovaciones de oficio hasta dos meses después de finalizado el percibo de la prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo, lo que permitirá ofrecer una cobertura económica al mayor número de familias en situación de exclusión social posible.

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El Catálogo, desarrollado en el marco de la Ley de Servicios Sociales, fue presentado a entidades e instituciones en el marco de una jornada técnica con la participación de 229 profesionales del área

El Catálogo, que ordena y clasifica los servicios y prestaciones del servicio social público, saldrá a consulta pública con el fin de recabar aportaciones de entidades del Tercer Sector e instituciones que desarrollan su labor en este ámbito

El Gobierno de Canarias presentó, en el marco de una jornada técnicas dirigidas a entidades e instituciones sociales, el Catálogo de Servicios y Prestaciones Sociales, por el que se determinan, ordenan y califican el conjunto de prestaciones y servicios del Sistema público de servicios sociales de Canarias.

Según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, el documento del Catálogo, que contempla la globalidad de los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que tengan por objeto dar cobertura a las necesidades de atención social a las personas, tal y como se contempla en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, ha sido elaborado en colaboración con los Cabildos insulares, ayuntamientos de las Islas y entidades sociales.

Por su parte, el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez apuntó que “el contenido del Catálogo aún está en proceso de concreción; de hecho, ahora se abre un proceso de consulta pública para recabar aportaciones tanto de entidades como de personas interesadas en este ámbito que ayudarán a mejorar considerablemente el documento final”.

Este documento codifica y clasifica el conjunto de prestaciones que integran el sistema de servicios sociales, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada. Su objetivo es garantizar la atención de las necesidades personales y sociales de las personas y sus familias procurando su plena inclusión social o evitando que caigan en situaciones de exclusión social.

El Catálogo incluye actuaciones, intervenciones técnicas, programas, proyectos, ayudas económicas y tecnológicas, recursos y medios de atención destinados a cubrir las necesidades de las personas usuarias y a contribuir a la inclusión social de las mismas.

Durante la jornada técnica, los 229 profesionales en materia social de entidades e instituciones participantes pudieron conocer los diferentes recursos así como las vías para su gestión.

Catálogo de Servicios y Prestaciones

El Catálogo de Servicios ordena los siguientes servicios:

1. Servicios de Atención Primaria y Comunitaria: servicio de información, valoración orientación y diagnostico, servicio de intervención, servicio de atención y prevención de la autonomía personal, Servicio de información, orientación, valoración para personas sin hogar, Servicios para la promoción y desarrollo comunitario, servicio de urgencias y emergencias sociales, Prestaciones económicas,

2. Servicios Especializados: Infancia, Mayores, Personas jóvenes extuteladas o en riesgo de exclusión social y Familias

3. Mayores: Centro de Día y Servicio de Gestión y Atención Tutelar

4. Inmigración: Servicio de atención a personas extranjeras

5. Prestaciones Económicas: Pensiones no contributivas, complementos de alquiler, Lismi y servicios de Prestación Canaria de Inserción

6. Voluntariado: Oficina de Voluntariado

7. Discapacidad: Servicio para el reconocimiento del grado de discapacidad y servicio de Atención Residencial personas con discapacidad

8. Dependencia: Servicio de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones, prestaciones y ayudas económicas, promoción de autonomía personal, servicio de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, servicio de centro de día, servicio de centro de noche, atención residencial y alojamientos especiales (hogar funcional y vivienda tutelada).

9. Sistema social de Prevención y Protección integral contra la violencia de género: servicios de Atención a Mujeres víctimas de violencia de género, dispositivos de emergencia para mujeres agredidas (DEMA), centro de acogida inmediata, casa de acogida y pisos o viviendas tuteladas.

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La convocatoria de ayudas de la Dirección General de Derechos Sociales alcanza un presupuesto superior a los 10 millones de euros y amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022

El director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, presidió una jornada dirigida a técnicos en la que se explicó la próxima convocatoria de ayudas que será publicada en breve en el Boletín Oficial de Canarias

En los dos últimos años, la consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha incrementado de forma paulatina las ayudas destinadas a las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, pasando de los 4,2 millones de euros de la convocatoria de 2019 a los 10.400.000 euros de 2021, es decir, las partidas de estas ayudas se han incremento de un 23% con respecto a la convocatoria de 2020 y de un 59% con respecto a la convocatoria de 2019.

Estos datos fueron dados a conocer por el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, en el transcurso de una jornada informativa dirigida a personal técnico en la que se dio a conocer los detalles de la convocatoria de ayudas, de próxima publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

La jornada contó con la participación de 260 técnicos de corporaciones locales e insulares, fundaciones y entidades sociales que pudieron conocer los detalles de la próxima convocatoria.

Otra de las grandes novedades de este año es que se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022, dando respuesta a una demanda histórica de las organizaciones sociales. “El objetivo es permitir que las entidades cuenten con más tiempo para la ejecución de los proyectos y con la vista puesta ya en generar una convocatoria plurianual para el próximo año”, aseguró Javier Bermúdez.

En su intervención, el director general afirmó que en 2021 “Canarias contará con en 2021 más de 10 millones de euros para financiar programas fundamentales para mejorar la vida de nuestra gente, que podrán ser prestados por entidades sociales, ayuntamientos, cabildos, universidades…”. A este respecto, señaló que, año tras año, el Ejecutivo canario ha aumentado la financiación de esta convocatoria de ayudas pasando de los 4.255.000 euros en 2019, a los 8.034.264,56 euros en 2020 y al montante de 10,4 millones de euros en la presente convocatoria.

Hay que recordar que a esta convocatoria pueden acceder las Corporaciones Locales, Mancomunidades y Agrupaciones de municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, así como Fundaciones y Universidades Públicas además de entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas, cuyo objeto estatutario principal esté dirigido al ámbito social.

Más de 10,4 millones de euros en ayudas para proyectos sociales

La convocatoria de ayudas para 2021 contempla destinar un montante global de 10.400.000 euros distribuidos en cuatro áreas o programas de acción social: Personas mayores, Inclusión Social, Inmigración y Voluntariado.

De esta forma, para la Inclusión Social Personas Mayores la convocatoria contempla una partida de 3.850.000 euros, distribuida en los siguientes programas: 1.Envejecimiento activo e inclusión social de personas mayores, una partida de 2.750.000 euros; 2. Intervención en soledad no deseada de las personas mayores a través de la atención en domicilio y en la comunidad. Itinerarios de Atención Domiciliaria a mayores en situación de soledad, un montante de 1.000.000 y 3. el programa de Mayores tutelados, una partida de 100.000 euros.

El área de Acción Social Institucional para Integración Social, contará con una partida que asciende a 5.960.000 euros, distribuidos en un total de cuatro programas: 1. De intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social, con 2.960.00 euros, 2. Planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad, con 400.000 euros; 3. Intervención integral con personas sin hogar, con 1.500.000 euros y 4. Programas de inclusión social exclusiva para unidades de convivencia perceptoras de la prestación canaria de inserción y/o de la renta ciudadana, con un montante de 1.100.000 euros.

Además, el programa de Servicios de Atención a Inmigración contará en esta convocatoria con 115.000 euros y la Promoción del Voluntariado, con 475.000 euros.

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El director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, asistió hoy a los actos en conmemoración del Día Mundial del Pueblo Gitano, que tuvieron lugar en el municipio de Ingenio

“Uno de los objetivos de la Dirección general de Derechos Sociales se centra en impulsar el Plan de Desarrollo Gitano, así como desarrollo de actuaciones dirigidas a potenciar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y no discriminación y empoderamiento de la población gitana en todas las Islas”. De esta forma se manifestó el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, en el marco de los actos que han tenido lugar hoy en el municipio de Ingenio (Gran Canaria) con motivo de la celebración del Día Mundial del Pueblo Gitano.

Según indicó Bermúdez, desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, se financian diversos proyectos que tienen como objetivo mejorar las oportunidades formativas y laborales del pueblo gitano, como es el programa  Lacho Drom (Buen Camino) que gestiona la Fundación Ataretaco en la isla de Tenerife.

En su intervención, el director general hizo referencia a la creación hace un año de la primera Oficina de Información y Asesoramiento a las mujeres y familias gitanas, gestionada por la Asociación de Mujeres Romi Camela Naquerar, mediante la cual se ofrece apoyo en la cobertura de necesidades básicas a todas las familias gitanas, subrayando el éxito del programa de apoyo escolar a los niños de esta comunidad impulsada por esta entidad.

Asimismo se colabora con la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el nuevo marco estratégico para la igualdad, inclusión y participación de la población gitana en Europa 2020-2021, así como, en la nueva Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, cuyos objetivos específicos de promoción de la integración socioeconómica, estarán en concordancia con los recogidos en el FSE+.

El Día Mundial del Pueblo Gitano se celebra cada 8 de abril en conmemoración del Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres este día de abril del año 1971, en cual, además, se instituyó la bandera y el himno gitano. Según fuentes de la Federación Gitana de Canarias, en torno a unas 8.000 personas gitanas residen en las Islas.

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La Guía de Recursos, que ha sido desarrollada dentro del programa Integra, de lucha contra la exclusión social y cuenta con financiación de la Dirección general de Derechos Sociales e Inmigración, ha sido presentada hoy a los profesionales del sector en un encuentro telemático

“Se trata de la primera Guía de Recursos de estas características que se elabora en nuestra comunidad autónoma y tiene como objetivo ofrecer al colectivo técnico y profesional que trabaja en el ámbito de la atención a las personas sin hogar un documento, lo más completo y exhaustivo posible, con los recursos públicos y privados existentes en cada isla”, afirmó el director general de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Javier Bermúdez.

“Este directorio de recursos no solo pretende constituir un instrumento práctico y una herramienta útil para el colectivo de profesionales que desarrollan su labor con el ámbito de la atención a las personas sin hogar, sino que nos permite contar con un mapa de recursos para personas sin hogar en cada isla de cara a favorecer la planificación de las políticas públicas en esta materia”, explicó el director general de Derechos Sociales, quien recordó el sinhogarismo es una de las máximas expresiones de la alta exclusión social, que reúne motivaciones muy complejas que exigen una respuesta efectiva y prioritaria por parte de cualquier sistema público de servicios sociales.

La Guía de Recursos para personas sin hogar en Canarias, ha sido elaborada por la Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral Anagos dentro del programa Integra, un programa de lucha contra la alta exclusión social en Canarias que desarrollan ocho entidades del tercer sector en diferentes municipios canarios, en colaboración con la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias.

El manual fue presentado en un encuentro telemático con técnicos y profesionales del sector celebrado hoy viernes, 26 de marzo, con la participación del director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez; la vicepresidenta de la Red Anagos, Elisabet Santana, y la técnico de la Red Anagos, Tatiana Duque, con el fin de dar a conocer esta herramienta entre el colectivo profesional del área de servicios sociales.

Recursos y servicios

La Guía recoge un total de 79 recursos de atención, de los cuales 42 se ubican en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (38 en la isla de Tenerife y 4 en la isla de La Palma) y 37 en la provincia de Las Palmas (28 en Gran Canaria, 7 en Lanzarote y 2 en Fuerteventura).

Estos recursos están clasificados según las siguientes tipologías: Atención / acompañamiento social; Centros de día / acogida; Comedores Sociales; Recursos alojativos; Albergues; Hogares familiares; Convalecencia hospitalaria; centros residenciales; Pisos / casas de acogida; Pisos de autonomía / inclusión social; Alojamiento nocturno; Housing First y Unidades móviles.

La Guía, destinada a profesionales de los Servicios Sociales, se encuentra alojada dentro de la web de la Red Anagos en este enlace: GUIA DE RECURSOS

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La consejería de Derechos Sociales será la encargada de organizar este Congreso que estará centrado en el papel del voluntariado en relación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Canarias acogerá en el mes de noviembre el XXII Congreso Estatal de Voluntariado. La propuesta, que se había concretado inicialmente para que se llevara a cabo de forma presencial en el año 2020, pero ante la situación de pandemia se trasladó al año 2021, acordándose, en el marco de la reunión de la Comisión de Directores Generales de Voluntariado de las Comunidades Autónomas celebrada la pasada semana de forma virtual, la celebración a finales del presente año en las Islas.

El Congreso, que tendrá lugar de forma virtual, aunque se contemplan, si resultara posible, que algunas de las actividades previstas se realicen de forma presencial, contempla un programa que incluye la celebración de grupos de trabajo de las personas inscritas en el Congreso previa a la celebración del mismo, así como la celebración de conferencias, ponencias, mesas Redondas y talleres para culminar con la celebración de un plenario y la entrega de los Premios Estatales de Voluntariado Social.

Según explicó el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, el objetivo del citado Congreso es propiciar un espacio participativo donde las entidades de voluntariado, las personas voluntarias, instituciones, organizaciones, Administraciones Públicas y agentes relacionados con el Voluntariado puedan analizar y reflexionar sobre la realidad del Voluntariado en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas fundamentalmente teniendo en cuenta los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 y la situación social y sanitaria generada por la pandemia de la Covid19.

“El voluntariado es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, luchando contra las desigualdades como en educación, salud, trabajo, género, así como la pobreza y la injusticia, abordando el cambio climático, participando desde lo local e interactuando entre todas aquellas personas y entidades de forma comprometida e inclusiva, con el fin de lograr un crecimiento sostenible de nuestras comunidades”, señaló Bermúdez, quien explicó que “la actual situación de pandemia ha generado un aumento notable de la solidaridad y la participación social activa, lo que ha traído consigo nuevos perfiles de las personas voluntarias más innovadores ante los nuevos retos a los que nos enfrentamos”.

Entre las temáticas planteadas en el marco del XXII Congreso Estatal de Voluntariado se encuentran la erradicación de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.

Desde este marco se trataría de analizar y hacer propuestas sobre el papel y la labor que desarrollan las personas voluntarias, las entidades de voluntariado y las Administraciones Públicas, reflejándose los distintos perfiles de Voluntariado, las fortalezas y necesidades de las Entidades de Voluntariado y su relación con las Administraciones Públicas en las diferentes áreas o ámbitos.

Otros temas a tratar serían el marco normativo, la financiación, el apoyo al desarrollo del voluntariado, la formación y la implantación del voluntariado en las diferentes áreas y campos de actuación, la seguridad jurídica para las personas voluntarias, además de la certificación y el reconocimiento de la acción voluntaria.

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En torno a 150 técnicos asistieron hoy a la jornada, realizada on line, en la que se abordó el contenido y objetivo del proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias

El director general de Derechos Sociales, del Gobierno de Canarias Javier Bermúdez, presentó hoy el proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias, en una jornada técnica dirigida a profesionales y especialistas del área de trabajo social tanto de las Administraciones públicas como del personal de las entidades de carácter social.

La jornada, que contó con la participación de unos 150 profesionales del ámbito social, abordó en detalle el contenido y objetivo del citado proyecto de Decreto, incidiendo, entre otros aspectos, en su objeto y definición, ámbito reglamentario, qué tipo de servicios se pueden concertar y cuáles son sus aspectos jurídicos.

Este proyecto de Decreto permitirá que las Administraciones públicas puedan concertar prestaciones y servicios con entidades privadas sin ánimo de lucro, cuando dichas Administraciones no puedan prestarlos de manera directa o por medios propios, garantizando de esta forma, el acceso de la ciudadanía a las prestaciones y servicios del catálogo contemplados en la Ley de Servicios Sociales.

Hay que recordar que la Dirección general de Derechos Sociales, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, ha sacado ya a consulta pública el proyecto de decreto cuyo objeto es desarrollar el régimen jurídico de los conciertos sociales en el ámbito de los servicios sociales especializados, con el fin de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas con el objeto de recoger sugerencias, observaciones y propuestas para esta futura norma.

Para ello, las entidades y personas interesadas pueden consultar el informe de consulta previa.

Consulta el documento sobre el proyecto de Decreto que regula el Concierto Social aquí:

Presentación Concierto Social

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El objetivo es iniciar la tramitación para la aprobación de una ley que regule el Tercer sector de acción social y otorgar de estabilidad jurídica a las entidades y asociaciones del área

La consulta pública tiene como fin recabar las opiniones, sugerencias y aportaciones de las entidades y personas afectadas por la futura normativa

La Dirección general de Derechos Sociales, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, ha sacado a consulta pública el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social en Canarias, con el fin de desarrollar una ley que regule el Tercer Sector en su totalidad y garantizar un marco que otorgue estabilidad jurídica a las entidades del área y a la labor que realizan.

Según se especifica en el Informe de la Iniciativa, las entidades del Tercer Sector de acción social tienen un importante papel para la sociedad en momentos de crisis ya que constituyen organizaciones privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que desarrollan actividades en áreas de interés social a través de programas o proyectos encaminados a impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, logrando la cohesión y la inclusión social de todas las personas afectadas.

“Estas entidades tienen capacidad para diversificar sus actividades y permiten canalizar las necesidades y la solidaridad de la ciudadanía sirviendo para dar respuesta a muchas de las problemáticas que se plantean en el ámbito económico y social, especialmente para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza y exclusión social y/o inserción laboral”, señala el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, quien especifica que “ el Tercer Sector de acción social ha sido y es determinante en el mantenimiento del Estado de Bienestar ya que contribuye a la construcción y el fortalecimiento de un tejido social y una sociedad civil activa e implicada en la toma de decisiones políticas ayudando a reducir desigualdades sociales y a generar una mayor cohesión y justicia social.”

El proyecto pretende dotar con un texto normativo que establezca un marco jurídico estable y el apoyo a la labor que estas entidades realizan en Canarias, tal y como se recoge en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, en la que se establece el nuevo marco normativo del sistema público de servicios sociales de Canarias.

Para ello, la futura norma deberá definir el marco jurídico de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias; regular los requisitos y características que han de reunir las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias; determinar el régimen jurídico, los objetivos de interés social y los principios de actuación aplicables a las entidades que integran del Tercer Sector de acción social de Canarias; delimitar la participación de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias en las políticas públicas en los ámbitos social y asistencial del Archipiélago y establecer las medidas de fomento de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias.

Con este fin, se abre consulta pública previa para recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas con el objeto de recoger sugerencias, observaciones y propuestas para esta futura norma, de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las entidades y personas interesadas pueden consultar el informe de consulta previa en el siguiente ENLACE.

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El director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, ha celebrado durante las últimas semanas varias reuniones de trabajo con los responsables y equipos técnicos de los 88 municipios canarios en relación al borrador de la Ley de Renta Ciudadana

El director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Javier Bermúdez, ha venido celebrando varias reuniones de carácter técnico en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) con el objeto de presentar el borrador del proyecto de ley de Renta Ciudadana a todos los Ayuntamientos del Archipiélago “e ir avanzando de forma participativa y consensuada en el diseño del mismo”.

Tal y como indicó el director general, en virtud de la aplicación del artículo 24 del Estatuto de Autonomía, hemos diseñado un borrador del proyecto de ley que regulará la futura Renta Ciudadana con el fin  de “dar respuesta a la realidad social de la población de las islas”, contando para ello con un trabajo directo con los representantes de las áreas de asuntos sociales de los 88 ayuntamientos canarios “que, como sabemos, son la puerta de entrada para las familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla y, por tanto, son los que conocen de primera mano a cada familia, los que ponen cara y conocen la situación de vulnerabilidad social de estas persona y sus familia”.

“Por ello, hemos celebrado varias reuniones de trabajo con los equipos técnicos de los distintos municipios, celebradas en el transcurso diferentes jornadas de trabajo, con el fin de abordar los distintos aspectos del borrador del proyecto de la Ley y recabar las sugerencias y aportaciones al respecto”, aclaró Bermúdez, quien indicó que “resulta imprescindible contar con la experiencia y el conocimiento de todas las partes implicadas en el desarrollo de esta Ley desde el debate participativo y el aporte de sugerencias e iniciativas”.

Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, agradeció la implicación del Ejecutivo con los Consistorios para el desarrollo de esta Ley, ya que «los Ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano y los que conocen la realidad de primera mano», explicó Brito.

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