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Los Ayuntamientos contarán en 2021 con más de 32 millones de euros para servicios sociales

La Consejería de Derechos Sociales y la FECAM firman el protocolo para  la distribución de fondos sociales para la financiación de los servicios sociales comunitarios y atención a las familias en situación de vulnerabilidad que cuenta este año con 11.340.861,14 euros más que en 2020

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han firmado hoy en protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables del municipio, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020, un incremento del 55 por ciento.

“Como el año anterior, volvemos a firmar este acuerdo con la FECAM a comienzos del año, permitiendo que los ayuntamientos puedan contratar a los mismos equipos que tenían el año anterior, lo que garantiza la continuidad en el trabajo de personal tan esencial como es el de los servicios sociales municipales”, subrayó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, quien enfatizó que cuando se habla de Plan concertado, “hablamos de los trabajadores y trabajadoras sociales que atienden en los municipios, puerta de entrada de los servicios sociales; hablamos de las personas cuidadoras que van a atender en los domicilios a las personas que lo necesitan; hablamos de las ayudas de emergencia, de los recursos para personas sin hogar y a nadie se le escapa que ante la actual situación de crisis social, la mejor respuesta es dar más ayuda a quien más lo necesita”

Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, puso de relieve el incremento presupuestario con el que está dotado el Plan concertado y enfatizó que “la acción social para los ayuntamientos siempre es esencial pero, en esos momentos críticos, resulta fundamental atender a las familias y personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, que son las que peor lo están pasando en la actual crisis sanitaria y económica”.

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

 

Distribución de fondos por Islas

Según el acuerdo alcanzado, los municipios de la isla de Gran Canaria contarán con un montante global 12.721.650,43 euros, de los que 5.119.859,85 euros irán destinados a los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y una partida de 1.695.206,98 euros a los programas de servicios sociales que gestiona el ayuntamiento de Telde.

Por su parte, Lanzarote contará con 1.692.017,44 euros, de los que su capital, Arrecife, contará con 693.829,81 euros mientras que los municipios de Fuerteventura contarán con una partida a distribuir de 1.193.391,36 euros, de la que Puerto del Rosario, el municipio capitalino, contará con un montante de 406.786,91 euros.

En cuanto a Tenerife, los municipios de la isla tendrán un fondo global a distribuir que asciende a 13.349.402,78 euros, siendo sus localidades más pobladas, Santa Cruz de Tenerife, con 3.189.390,18 euros, y La Laguna, con 2.053.405,20 euros, las que reciban una mayor cuantía.

La isla de La Palma recibirá este año una partida global 2.133.894,7 euros, de la cual 342.653,01 euros se irán para su capital, Santa Cruz de la Palma, mientras que La Gomera contará con un montante de 648.514,34 euros, de los que 143.516,40 euros se irán para su capital.

Por su parte, los tres municipios de la isla de El Hierro, la menos poblada, contarán con una partida que asciende en 2021 a 344.926,95 euros, 134.241,67 euros para el ayuntamiento de Valverde, la capital.

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Derechos Sociales avanza en el desarrollo de la Ley de Renta Ciudadana junto a Cabildos, ayuntamientos y entidades

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, celebró este jueves una reunión telemática en la que participaron cerca de un centenar de personas y en las que se dio a conocer parte del borrador de la Ley de Renta Ciudadana

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, ha celebrado hoy una reunión de trabajo con los representantes del área de servicios sociales de los Cabildos insulares, los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector para presentarles los datos acerca de la pobreza y la exclusión en Canarias que se enmarcan dentro de uno de los estudios con los que el departamento de Derechos Sociales viene trabajando para diseñar el borrador del proyecto de ley de Renta Ciudadana.

Según avanzó la viceconsejera en la reunión, celebrada de forma telemática, “para el diseño de la Renta Ciudadana para Canarias, tal y como mandata el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, hemos diseñado un modelo que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra población y que corresponde a la realidad sociolaboral de nuestras Islas, por eso, desde la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en colaboración de otros departamentos del Gobierno como Hacienda, Empleo, Presidencia y Vivienda, hemos venido realizando un trabajo coordinado con la Fundación ISEAK de cara al diseño de la mejor herramienta posible para disminuir la pobreza y la exclusión social en nuestras islas”.

En esta reunión se analizó la situación de la pobreza y la exclusión social en Canarias y cómo combatirla con estas herramientas. Entre otras cuestiones, se abordó el impacto del Ingreso Mínimo Vital en la futura Renta Canaria de Ciudadanía y qué tipos de complementos se puede dar al ingreso estatal para reducir las actuales cifres y alcanzar a los colectivos más vulnerables.

“Lo que queremos con la reunión de hoy es generar un debate con todos los actores sociales y administrativos implicados con el fin de cumplir, tal y como anunció la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en sede parlamentaria esta misma semana, llevarlo a Consejo de Gobierno a finales del mes de octubre, con el fin de iniciar su trámite en el Parlamento en noviembre y posteriormente aprobarlo y que entre en vigor”, explicó.

“En este informe se muestra una panorámica general de la población canaria y sus hogares y se analiza la realidad en cuanto a la situación de la pobreza en la Comunidad Autónoma para diferentes umbrales de pobreza. También se realiza un perfilado de las personas pobres en Canarias donde se identifica qué colectivos son los que mayores dificultades presentan”, indicó Martínez, quien aclaró que “el estudio identifica las buenas prácticas de los sistemas de garantías de rentas existentes en otras comunidades autónomas. Para ello, se comparan las principales características del actual sistema de PCI en relación al resto de las rentas mínimas o garantizadas que existen en las demás comunidades autónomas españolas.”

Para la realización de este estudio se contó con la Fundación ISEAK, especializada en el estudio en el ámbito de lo social, con profesionales de reconocido prestigio cuyas investigaciones orientan a las administraciones en el diseño de políticas públicas.

 

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Conclusiones Foro Canario de la Inmigración

Conclusiones Foro Canario de la Inmigración. Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2020

El Foro Canario de la Inmigración, ante el incremento de las llegadas de inmigrantes a las costas canarias, quiere constatar su preocupación por la carencia de medios para la atención adecuada a las personas que están llegando a Canarias.

Aunque en líneas generales se está produciendo un descenso de la llegada de estas personas inmigrantes a España, la situación cambia en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, punto clave como puerta de entrada hacia el resto de la Península y Europa, que sigue soportando una mayor incidencia de los flujos marítimos.

Antes que nada queremos condenar los discursos xenófobos y la exaltación al odio que se están dando y que creemos debemos combatir y cambiar esta narrativa falsa y demagógica. Como prioridad exigimos que se deba garantizar un trato digno a las personas.

Los datos demuestran que la vía migratoria hacia las Islas Canarias está más activa que en los últimos años y los naufragios de pateras se intensifican. De hecho, la ruta marítima a las islas canarias es la única de entrada a España que ha experimentado un aumento en los últimos meses, según el último informe quincenal sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior. Hasta el 31 de agosto de 2020 habían llegado al archipiélago 3.933 personas, 3.349 más que en 2019. Las llegadas se han multiplicado casi por seis este año respecto a 2019.

En este marco, dado el desmantelamiento paulatino a lo largo de los últimos años de los servicios de primera atención como consecuencia de las reducciones económicas a la comunidad autónoma en materia de migraciones, nos encontramos con grandes dificultades para la atención inmediata de las personas que llegan a nuestras costas.

Queremos destacar, siendo como es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, la preocupación por la llegada de menores, especialmente de los menores no acompañados. En estos momentos, Canarias tutela a 757 menores extranjeros no acompañados.

Las llegadas han aumentado, pero nuestra mayor preocupación es el incremento de naufragios y del número de personas que pierden la vida en el intento. Al Gobierno de Canarias le preocupa mucho el elevado número de vidas que se están perdiendo en esta peligrosa ruta atlántica. En lo que va de año, una persona ha muerto por cada 20 que han desembarcado en las Islas, según Missing Migrants Project de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Debemos garantizar el derecho a la vida en esta frontera sur de Europa.

Con el fin de evitarlo, es imprescindible reflexionar sobre la acción conjunta que se puede llevar a cabo entre la UE, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares y ayuntamientos, junto a los diferentes organismos y entidades que forman parte del Foro.

No hay que olvidar que Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea, es frontera sur de Europa y lugar de tránsito en la ruta migratoria de estas personas. Por lo tanto, la gestión de estos flujos migratorios no puede ni debe ser exclusiva de nuestra región. Se trata de una problemática nacional y europea, que requiere de una respuesta coordinada y conjunta por parte de las autoridades nacionales y europeas.

También cabe mejorar la intervención y la aportación que se realiza desde el propio archipiélago y la imprescindible implicación social, aprovechando los aprendizajes obtenidos y los recursos existentes, como fórmula para que la gestión de las migraciones en el marco de nuestra región se convierta en un modelo de referencia, tanto hacia los procesos de desarrollo internos como hacia nuestra consideración y proyección exterior.

 

En este sentido, el Foro Canario de la Inmigración reclama:

AL GOBIERNO DE CANARIAS

1. Reforzamiento de la estructura gubernamental que se relaciona con la gestión de las migraciones y sus  implicaciones en la región, para facilitar la definición de estrategias, el diálogo multinivel y la coordinación de recursos, iniciativas y organizaciones.

2. El Foro Canario de la Inmigración debería iniciar los trabajos para la realización del Plan Canario de Inmigración (y Convivencia Intercultural) 2021-2023 con enfoque comunitario, carácter procesual y participativo, marco para un
abordaje integral e integrador de la gestión de la inmigración y sus efectos e implicaciones para la región.

3. Revisión y actualización del Foro Canario de la Inmigración (y Convivencia Intercultural) para conseguir un funcionamiento más normalizado y permanente, eficaz y con mayor proyección en la sociedad regional y sus
instituciones y organizaciones representativas.

4. Iniciativa para la identificación, el encuentro y la actuación coordinada y en red de las diversas estructuras y recursos que en Canarias se relacionan con las distintas facetas de la inmigración y sus múltiples efectos e implicaciones.

5. Desarrollar una alianza de carácter integral entre todos los actores y las administraciones públicas canarias en defensa de una acogida e integración dignas y respetuosas con la garantía y protección de derechos.

6. Contribuir a la coordinación y colaboración con la administración estatal en la puesta en marcha de los recursos de acogida humanitaria y de integración en la comunidad.

7. Impulsar y desarrollar políticas de convivencia, integración y lucha contra la discriminación a nivel autonómico, insular y municipal, desde un enfoque comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una estrategia de lucha contra discursos xenófobos y racistas, noticias falsas y bulos en medios y plataformas online, estableciendo un debate sosegado e informado con nuestra ciudadanía.

AL ESTADO ESPAÑOL

1. Establecimiento en los Presupuestos Generales del Estado, del Fondo para la Acogida e Integración de Inmigrantes, tal y como existía hasta el año 2011, con un aumento sensible de la dotación de fondos para la gestión migratoria y las implicaciones de esta movilidad en la región.

2. Establecimiento de recursos alojativos dignos, estables y de carácter abierto, de atención a las personas migrantes, tanto en la recepción como en la acogida humanitaria inmediata y otros posibles usos de integración.

3. Facilitación del traslado a Península, permitiendo a estas personas continuar con su ruta migratoria.

4. Acuerdo estable y solidario de traslado y ubicación en Península de los menores no acompañados que llegan a Canarias, cuando superen nuestra capacidad de acogida.

5. Mejora y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

6. Mejora de las condiciones laborales y materiales de Salvamento marítimo.

7. Desarrollo de acciones de información e intervención comunitaria en el entorno socioterritorial de los recursos alojativos que se habiliten de acuerdo con las instituciones, las organizaciones locales y la ciudadanía.

8. Definición de un plan de recepción y acogida con carácter preventivo según escenarios y perspectiva a medio y largo plazo, que implique a las instituciones, a las organizaciones diversas y a la sociedad regional, optimizando los recursos potencialmente disponibles en cada momento.

9. Establecimiento de reuniones periódicas con las autoridades e interlocutores canarios, para información y coordinación en la materia.

10. Renovación del Plan África haciendo especial incidencia en el desarrollo económico y social de los países del África occidental.

11. Establecimiento de un protocolo de identificación de los inmigrantes fallecidos con pruebas de ADN para garantizar a las familias la búsqueda de sus familiares.

12. Establecer fondos destinados a la realización de las PCR a las personas que llegan a Canarias por nuestras costas, tal y como ha solicitado la Secretaria de Estado de migraciones.

13. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular al amparo del Pacto Mundial sobre Migración suscrito por el estado español.

14. Unificar los criterios utilizados por la Fiscalía en ambas provincia canarias con respecto a la determinación de edad por prueba ósea e instar a la Gobierno central a dotar de mayores recursos, tanto a la Administración de Justicia como al Instituto de Medicina Legal, que favorezca la agilidad y resolución de las mencionadas pruebas.

A LA UNIÓN EUROPEA

1. Renovación urgente del Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), y que sea dotado de una partida específica de fondos destinadas a las regiones que, como Canarias, reciben un mayor número de menores extranjeros no acompañados para poder ofrecer respuestas concretas a los desafíos que supone su llegada al territorio de la UE. En estos momentos en la UE no existe ningún programa ni fondo que ayude a las regiones en el apoyo a estos menores.

2. Aumento de los fondos destinados a Canarias provenientes del Proyecto de Ayuda de Emergencia, recogido en el Reglamento (UE) 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), y que prevé apoyo adicional mediante ayudas de emergencia para hacer frente a las situaciones de crisis en caso de fuerte presión migratoria en los Estados miembros.

3. Adopción urgente del nuevo pacto de asilo y migración especialmente en lo que respecta a los dos grandes retos del pacto: la mayor voluntad de los Estados para lograr un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, con el fin de gestionar los flujos migratorios y los acuerdos con terceros países de tránsito y origen con el fin de reducir la migración irregular.

4. Dotar a este Pacto de un presupuesto ambicioso y creíble por parte de la UE para garantizar los derechos humanos, la salud de las personas migrantes, el reparto de responsabilidades y hacer frente a las necesidades territoriales.

5. Reconocimiento del valor añadido de las regiones, especialmente aquéllas que son frontera sur de Europa, en las políticas de integración e inclusión, además de tener en cuenta las necesidades de las mismas y valorar cómo éstas pueden contribuir en la consecución de los objetivos sobre migración, incluyendo la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Este reconocimiento debe ir acompañado de un incremento de las asignaciones de los nuevos fondos de la UE, relacionados con las dimensiones internas y externas de la migración que involucran directamente a las regiones para el período posterior a 2020.

6. Desarrollar mecanismos para una migración segura, ordenada y regular en el nuevo Pacto sobre Asilo y Migración en el seno de la UE al amparo del Pacto Mundial sobre Migración.

7. Establecimiento de una misión permanente de Frontex en el Atlántico Occidental con el objetivo de salvar vidas con todas las garantías.

 

Descargue las Conclusiones Foro  (PDF)

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