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Lanzarote ampliará en un 57 por ciento su actual oferta en plazas residenciales para personas mayores

Acto de la colocación de la primera piedra del futuro Centro Sociosanitario para Mayores

El futuro Centro Sociosanitario para Mayores y Centro de Día de Tahíche contará con 180 plazas, 130 residenciales y 50 de estancia diurna

El presidente de Canarias y la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud asisten al acto de colocación de primera piedra

La isla pasará de contar con 227 plazas en residencias para personas mayores a 357 plazas

La isla de Lanzarote contará con un total de 180 nuevas plazas sociosanitarias para la atención de personas mayores una vez finalice la construcción del futuro Centro Sociosanitario para Mayores y Centro de Día de Tahíche, en cuya construcción se invertirá un total de 19 millones de euros, ha manifestado este martes 4 de mayo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, durante el acto de colocación de la primera piedra del futuro recurso junto a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, la presidente del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort.

La futura instalación, ubicada en el municipio de Teguise, contará con un total de 180 plazas, 130 de ellas de carácter residencial de alto requerimiento y 50 plazas de estancia diurna, y acogerá a los 48 usuarios que están en estos momentos en el Hospital Insular.

La construcción de esta nueva infraestructura permitirá ampliar la actual oferta de plazas residenciales para la atención de este colectivo, pasando de las 227 plazas en residencias actuales (distribuidas en 5 residencias, 3 públicas y 2 privadas) a un total de 357 plazas, lo que supone un incremento en plazas en residencias del 57 por ciento.

Durante su intervención, el presidente de Canarias resaltó que se trata de un proyecto “importantísimo” para Lanzarote y para el conjunto de Canarias, basado en un nuevo modelo de atención en unidades residenciales novedoso en las Islas, además de un ejemplo de colaboración entre las instituciones “de distinto color político pero teniendo claro el objetivo que es la defensa del bienestar general”, aseguró.

Hizo referencia a la huella del artista César Manrique y su apuesta por la sostenibilidad en la Isla, una senda que ha marcado también el diseño arquitectónico de esta nueva infraestructura sociosanitaria que se alimentará de energías renovables como la geotérmica, la solar o la fotovoltaica.

“Indudablemente atender a nuestros mayores y devolverles lo que tanto nos han dado es una responsabilidad ética, personal y también política”, agregó el jefe del Ejecutivo, quien celebró que “las cosas van a mejor, y van a mejor porque hace un año y poco, lo que hacíamos era intentar que no murieran las personas en las residencias y hoy están todas vacunadas. Estamos ganando a la COVID-19 porque hay miles de personas vacunadas y cada vez menos contagios”.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, puso en énfasis el futuro centro de Tahiche como “ejemplo y referencia” de construcción de un nuevo modelo de centro sociosanitario. A este respecto, subrayó que la futura instalación “marca el camino a seguir de lo que queremos para toda Canarias, saliendo del modelo de macro residencias para entrar en un nuevo modelo de residencias más pequeñas, más cercanas y que sean un modelo de convivencia”.

En su intervención, Santana afirmó que “el compromiso del Gobierno canario con la isla de Lanzarote va mucho más allá de la dotación de este nuevo recurso,  ya que este año, se destina una partida de 500.000 euros para financiar un proyecto piloto de Servicio Insularizado de Atención a Personas Mayores y Dependientes de atención en domicilio para prevenir la dependencia, gestionado por el Cabildo insular”.

Por su parte, la presidenta del Cabildo agradeció al Gobierno de Canarias su “compromiso absoluto” con quienes más ayudas necesitan. “Servicios como éste hacen que seamos más iguales. Apostemos por la justicia social y por darle un servicio digno a nuestros dependientes”, añadió.

Oswaldo Betancort se congratuló del paso que va a suponer este centro y manifestó su deseo de que “Lanzarote siga creciendo en el mapa socio sanitario”.

Un complejo residencial con capacidad para 130 personas mayores

Para la construcción del futuro centro, ubicado en la zona Los Calderones, el Gobierno de Canarias destinará un total de 10 millones de euros a través del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. El plazo de ejecución del proyecto es de 18 meses.

El futuro centro de mayores ha sido diseñado siguiendo un modelo convivencial, compuesta por ocho viviendas con capacidad para 16 personas cada una, desarrolladas en una planta con edificios independientes entre sí e interconectadas con el edificio principal. Las habitaciones estarán dotadas con baño propio y camas supletorias para uso de los familiares cuando decidan permanecer en la habitación acompañando a la persona residente.

El centro contará con zonas comunes abiertas e iluminadas de forma natural, con accesibilidad integral, autonomía física, jardines terapéuticos, patios interiores y zonas ajardinadas y terrazas cubiertas.

La planta baja, de 3.000 metros cuadrados, se destinará a usos residenciales, ocio y para el centro de día. La planta alta dispondrá de servicios administrativos, vestuarios de personal y despachos. El sótano, con casi 9.000 metros cuadrados de ocupación, se destinará a servicios de agua, equipos hidráulicos, calderas, lavandería, almacenes y aparcamientos para personal propio del centro, así como para los visitantes.

En el proyecto se han tenido en cuenta los valores de Lanzarote y su sintonía con la identidad arquitectónica de la isla.

 

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Canarias recibirá 102 millones de euros de fondos europeos para impulsar un nuevo modelo de cuidados

Noemí Santana: “Estos fondos nos permitirá desarrollar el modelo de cuidados que Canarias merece. Desde la comunidad autónoma haremos un esfuerzo, que sumada a esta inversión procedente de Europa, nos permitirá transformar el actual modelo de atención a personas mayores y dependientes, así como la mejor y refuerzo de políticas de igualdad e inclusión”

Canarias recibirá unos 102 millones de euros durante el periodo 2021-2023 procedentes del eje de ‘Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e Inclusión’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En 2021, los fondos ascenderán a 34.033.407,93 euros, lo que supone un 4,66% del total de este fondo procedente de la Unión Europea y que asciende en su totalidad para este año a 910 millones de euros, de los que 730,8 millones de euros serán gestionados por las comunidades autónomas.

“Estos fondos nos permitirá desarrollar el modelo de cuidados que Canarias merece. Desde la comunidad autónoma haremos un esfuerzo, que sumada a esta inversión procedente de Europa, nos permitirá transformar el actual modelo de atención a personas mayores y dependientes, así como la mejor y refuerzo de políticas de igualdad e inclusión”, manifestó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras el encuentro.

El reparto de los fondos europeos fue una de las cuestiones abordadas hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde está presente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas. Esta partida irá destinada a planes de apoyo y cuidados de larga duración, planes de modernización de servicios sociales y accesibilidad.

Además de este acuerdo, también se abordó la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia para el que se contempla una inyección de más de 600 millones de euros por parte del Estado. De esa cuantía, 283 millones de euros se distribuyen entre las comunidades autónomas y Canarias recibirá 8.956.506,03 euros, lo que representa un 3,16% de la totalidad.

“Por fin el Estado vuelve a destinar fondos a la mejora del sistema de Dependencia incrementando su aportación que realiza en este ámbito. Nos parece esencial este Plan de Choque, especialmente para Canarias donde la aplicación de la Ley de Dependencia sufre un retraso histórico”, aseguró Noemí Santana.

El acuerdo establece como objetivos prioritarios la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación; la mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como la introducción de mejoras en los servicios y prestaciones. Además, se contempla que en 2021 se regule la figura profesional del Asistente Personal, y que al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia como un “derecho subjetivo”.

Reparto de fondos para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados

Durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia también se abordó el reparto de los 27,7 millones de euros destinados a la atención de menores inmigrantes no acompañados incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Canarias, en principio, recibirá 2 millones de euros de este fondo al situarse en la ratio de 33 menores inmigrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes. Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha reservado un 35% de estos fondos (9,5 millones de euros) para apoyar la oferta de plazas solidarias que las Comunidades Autónomas ponen a disposición de los territorios donde se produzcan incrementos sustanciales, como es el caso de Canarias en la actualidad.

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Derechos Sociales adelanta en una semana el pago de la Prestación Canaria de Inserción

Casi 7.400 personas beneficiarias de esta ayuda social contarán una semana antes con la misma de esta ayuda social

Comienza, además, el reparto de tarjetas monedero para las personas sin cuenta bancaria y que les fue concedido el Ingreso Canario de Emergencia. La entrega de las tarjetas se realiza a través de Cruz Roja.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Derechos Sociales e Inmigración, ha adelantado en una semana el abono de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con el fin de que las 7.394 familias beneficiarias de esta ayuda social puedan contar con el ingreso en estas fechas tan señaladas.

Esta acción se suma a las impulsadas desde la Consejería de Derechos Sociales con el fin de ofrecer a las familias en mayor situación de vulnerabilidad social un colchón que les permita hacer frente a la actual situación de crisis social y económica como ha sido el abono de una ayuda de 250 euros para las 51.051 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, de Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, y de las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM). Esta ayuda tiene como objetivo permitir a estas familias hacer frente a los gastos derivados de la situación actual de pandemia para adquisición de mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes y demás productos.

Emisión de tarjetas prepago para solicitantes del ICE sin cuenta bancaria

Por otro lado, la Dirección general de Derechos Sociales ha comenzado el reparto de las tarjetas monedero como vía a de abono para aquellas personas a las que les fue aprobado el Ingreso Canario de Emergencia, pero que carecían de cuenta bancaria para el abono de la misma.

Las tarjetas son exclusivamente para utilizar en comercios o realizar pagos de recibos a través de los cajeros automáticos de La Caixa, pero no se podrá sacar efectivo con ellas.

Con el fin de poder afectiva la ayuda, desde la Dirección general se informa que, para las personas solicitantes del ICE que se encuentran en esta situación, se ha emitido tarjetas monedero que se pueden retirar en las sedes de la Cruz Roja Española.

Para ello, las personas solicitantes deben de consultar sus datos en el siguiente enlace: Anuncio Tarjeta Monedero y ponerse en contacto Cruz Roja, a través del teléfono indicado en el anexo junto a sus datos, con el fin de concertar cita previa con Cruz Roja para poder retirar la citada tarjeta monedero, en el caso de que todavía no se hayan puesto en contacto con la misma.

Además, se recuerda que las personas solicitantes deben retirarla tarjeta antes del lunes, 28 de diciembre, fecha en las tarjetas dejarán de ser efectivas.

CONSULTE EL Comunicado Tarjeta Monedero Y EL ANEXO Tarjeta Monedero con Teléfonos de Cruz Roja para realizar el contacto y pedir cita previa.

 

 

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Derechos Sociales lleva a los 88 ayuntamientos canarios el proyecto de la Ley de Renta Ciudadana

El director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, ha celebrado durante las últimas semanas varias reuniones de trabajo con los responsables y equipos técnicos de los 88 municipios canarios en relación al borrador de la Ley de Renta Ciudadana

El director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Javier Bermúdez, ha venido celebrando varias reuniones de carácter técnico en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) con el objeto de presentar el borrador del proyecto de ley de Renta Ciudadana a todos los Ayuntamientos del Archipiélago “e ir avanzando de forma participativa y consensuada en el diseño del mismo”.

Tal y como indicó el director general, en virtud de la aplicación del artículo 24 del Estatuto de Autonomía, hemos diseñado un borrador del proyecto de ley que regulará la futura Renta Ciudadana con el fin  de “dar respuesta a la realidad social de la población de las islas”, contando para ello con un trabajo directo con los representantes de las áreas de asuntos sociales de los 88 ayuntamientos canarios “que, como sabemos, son la puerta de entrada para las familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla y, por tanto, son los que conocen de primera mano a cada familia, los que ponen cara y conocen la situación de vulnerabilidad social de estas persona y sus familia”.

“Por ello, hemos celebrado varias reuniones de trabajo con los equipos técnicos de los distintos municipios, celebradas en el transcurso diferentes jornadas de trabajo, con el fin de abordar los distintos aspectos del borrador del proyecto de la Ley y recabar las sugerencias y aportaciones al respecto”, aclaró Bermúdez, quien indicó que “resulta imprescindible contar con la experiencia y el conocimiento de todas las partes implicadas en el desarrollo de esta Ley desde el debate participativo y el aporte de sugerencias e iniciativas”.

Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, agradeció la implicación del Ejecutivo con los Consistorios para el desarrollo de esta Ley, ya que “los Ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano y los que conocen la realidad de primera mano”, explicó Brito.

 

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Más de 51.000 personas reciben la ayuda extraordinaria de Derechos Social para cubrir gastos de la pandemia

La consejería de Derechos Sociales ha abonado esta semana la ayuda extraordinaria a los beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación y discapacidad, PCI y Fondo de Asistencia Social

Para hacer efectivo el abono de estas ayudas, el Ejecutivo canario ha destinado una partida que asciende a 12.763.250 euros

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Derechos Sociales, ha comenzado ya a abonar la ayuda extraordinaria de 250 euros a las 51.051 personas beneficiarias de las Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, según ha anunciado hoy en sesión parlamentaria la consejera del área, Noemí Santana, donde se ha aprobado por unaminidad el Decreto-Ley que lo regulaba.

“Con esta ayuda para cubrir gastos derivados de la pandemia que se han realizado este año (mascarillas, geles, productos de desinfección…), queremos dar una buena noticia a la gente que más lo necesita en un año difícil”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que también destacó que este ingreso “se realiza sin que las personas perceptoras tengan que hacer ningún trámite, ni mover un solo papel.”

En concreto, reciben esta prestación social, de carácter finalista única y extraordinaria de 250 euros, un total de 42.858 personas que reciben una Pensión No Contributiva, tanto de invalidez como de jubilación, así como 7.394 perceptores de la Prestación Canaria de Inserción y un total de 799 perceptores de Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM).

Para hacer efectivo el abono de estas ayudas, el Ejecutivo canario ha destinado una partida que asciende a 12.763.250 euros, de los cuales 10.714.750 euros corresponden a las Pensiones No Contributivas; 1.848,760 euros a los beneficiarios de la PCI y 199.750 euros a las personas que reciben una ayuda del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM).

Esta ayuda se otorga en aplicación del proyecto de Decreto-Ley que crea una prestación social, finalista, personal e intransferible, destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, productos desinfectantes, o para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección de esta enfermedad, y aquellos otros relacionados con la cobertura de las necesidades básicas.

El pago se ha efectuado transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación, y la resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las Administraciones públicas canarias.

 

 

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Derechos Sociales refuerza sus políticas de discapacidad para paliar su histórico abandono

“El camino más corto entre dos puntos es la línea recta. El día a día de una persona con discapacidad puede ser un camino lleno de curvas o una línea recta. Que la vida cotidiana tenga una trayectoria u otra es cuestión del comportamiento colectivo. Del respeto y empatía de todos y todas”. Con este mensaje pone en marcha desde hoy la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad y en colaboración con Cermi Canarias, una campaña de concienciación con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra mañana 3 de diciembre.

En la rueda de prensa de presentación de la campaña contó también con la presencia de representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que han colaborado en la elaboración de la campaña y que, según anunciaron, mañana participarán por primera vez en su historia en el Consejo de Gobierno de Canarias.

Cartel conmemorativo Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La campaña, que se desarrolla bajo el lema “Una línea recta en la que caminar juntos y juntas”, tiene como objetivo, según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, concienciar a la ciudadanía sobre el día a día de las personas con discapacidad, “sobre el esfuerzo que realiza este colectivo en las actividades cotidianas y como, con un poco de respeto y empatía por parte de los demás, podemos hacer este esfuerzo más sencillo”. La campaña constará de la emisión de un spot televisivo que se emitirá en la Televisión Autonómica de Canarias, durante quince días, y en la plataforma Movistar con 65 mil impresiones.

En su intervención, Martínez anunció que el Ejecutivo canario trabaja en el diseño de un plan integral de cuidados que incluye un conjunto de medidas dirigidas específicamente al colectivo de personas con discapacidad, y que se concretan, entre otras acciones, en poner a disposición de estas personas una red de pisos tutelados y hogares funcionales, “de tal forma que se posibilite a personas con discapacidad la opción de decidir por sí misma dónde quiere vivir y que lo haga con un proyecto que desarrolle su vida con total autonomía”.

Por su parte, el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, señaló que este año “difícil para todos”, desde el Gobierno se ha apostado por dar más apoyo presupuestario que nunca “porque sabemos que las necesidades son numerosas, por eso, entre otras medidas, se ha incrementado el coste de plaza/día para atención residencial y centros de día, así como se ha aprobado una partida de 9 millones de euros a sufragar parte del transporte a los centros que soportan Cabildos y entidades y se ha aprobado una ayuda de 250 euros para las casi 27.000 personas con pensiones no contributivas por discapacidad”.

A estas medidas se suman la concesión, por parte de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, de un total de casi 1,3 millones de euros en ayudas directas a entidades del Tercer Sector para hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la actual situación generada por el Covid-19, así como la partida de 2,8 millones de euros otorgados a las 100 proyectos realizados por entidades y asociaciones sociales para la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia en el marco de la convocatoria anual de ayudas al sector, de los cuales un global de 78 proyectos eran específicos para la atención de personas con discapacidad.

La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, recordó que, tal y como se pone de manifiesto en el spot de la campaña, “con poquito que hagamos como sociedad, podemos hacer que las personas con discapacidad dejen de ser concebidas como personas de segunda categoría”, mientras que el secretario general de Cermi Canarias, Miguel Ángel Déniz, puso el énfasis en la necesidad de apostar por la accesibilidad universal.

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Derechos Sociales financia un centenar de programas de atención a la dependencia y discapacidad

“Nuestro compromiso es que la próxima convocatoria de ayudas se publique en el primer trimestre del próximo año”, indicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero

La financiación se dirige a proyectos de atención temprana, tutelaje de personas dependientes, apoyo a la familia y a la persona cuidadora y promoción de la vida autónoma, entre otros

Un total de 100 proyectos desarrollados por entidades recibirán financiación para la ejecución de los mismos La dirección general de Dependencia y Discapacidad, dependiente de la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, dentro de la convocatoria de subvenciones para el año 2020, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia y cuya resolución provisional ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Para la financiación de estos programas, la Consejería ha destinado una partida que asciende a 2.849.849,85 euros.

Estas líneas de subvenciones se suman a las ayudas directas concedidas mediante fondos propios para la Dirección general de Dependencia y Discapacidad a las entidades del Tercer Sector para hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la situación provocada por el Covid-19 para programas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental, y cuya cuantía ascendió a 1,3 millones de euros.

Hay que recordar que la convocatoria correspondiente a este año se abrió el pasado mes de julio, tres meses antes de la convocatoria de 2019, con el objeto, explicó entonces el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, de ofrecer a las entidades una mayor flexibilidad en cuento al desarrollo y ejecución de los proyectos. A este respecto, adelantó Montero, el compromiso del Ejecutivo canario “es que la próxima convocatoria de ayudas se publique en el primer trimestre del año”.

En cuanto a la financiación, el director general aclaró que el año 2020 ha sido la anualidad que más ayudas han recibido las entidades de este sector y señaló que desde la Dirección general ya se está tramitando una modificación presupuestaria para “dar cobertura a aquellos proyectos que se han quedado infra financiados en la parte de obras”.

A estas ayudas han accedido, entre otras entidades, la Asociación provincial de Familiares de Enfermos de Parkinson de Tenerife, la Fundación canaria Oliver Mayor contra la fibrosis quística, la Asociación de personas Sordociegas de Canarias, la Asociación familiar Prodiscapacitados intelectuales de Tenerife, la Asociación para la lucha contra enfermedades renales Alcer Las Palmas, la Fundación Randstad, la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote, la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amigas de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, la Fundación tutelar canaria Sonsoles Soriano Bugnion, la Fundación Alejandro da Silva y la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias.

A la convocatoria de subvenciones podían acogerse las entidades sin ánimo de lucro, que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y que estuvieran inscritas en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria y recoger en sus estatutos, como fin de la asociación o de la fundación, intervenciones en el ámbito de la discapacidad o la dependencia.

Las entidades cuentan con un plazo de 5 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución publicada hoy en el BOC, para aceptar la subvención concedida. Para ello, deberán cumplimentar el formulario conforme al modelo recogido en las bases.

Cinco líneas de actuación

En cuanto a las líneas de ayudas contempladas en la convocatoria, se incluyen un total de cinco líneas de actuación:

1. prevención de la discapacidad y/o la dependencia e integración social que contempla proyectos dirigidos a la Atención Temprana, Proyectos para el desarrollo de modelos experimentales para la atención centrada en la persona que se encuentra en situación de discapacidad y/o dependencia, y programas de integración social de personas con discapacidad y/o dependencia.

2. protección de las personas con discapacidad y/o dependencia: Programas de tutela;

3. proyectos dedicados al apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional, como respiro familiar, acciones de acompañamiento a la familia y a la persona cuidadora no profesional y formación para familiares y personas cuidadoras no profesionales;

4. proyectos de promoción de la vida autónoma e independiente: servicios de intérprete de lengua de signos española, servicio de guía intérprete de personas sordo/ciegas/deficientes audiovisuales y servicio de agente de desarrollo comunitario; asistencia personal en el domicilio y en el entorno y transporte de personas y comida a domicilio

5. proyectos de mejora de los servicios: actividad, adecuación de servicios y adquisición e instalación de productos de apoyo para la eliminación de barreras físicas en edificios públicos no administrativos de ayuntamientos canarios con menos de 20.000 habitantes, como centros ocupacionales o culturales.

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El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI

Serán beneficiarios de esta ayuda única de 250 euros los actuales perceptores de la PNC y la PCI, algo más de 50.700 personas

La ayuda se dará de oficio, sin tener que presentar solicitud, y se hará efectivo el pago antes del 15 de enero de 2021

 

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.

Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.

Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.

Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.

Perfil del beneficiario

Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

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Derechos Sociales abonará a partir de la próxima semana el segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia

La ayuda llegará a más de 28.000 personas que recibirán la misma cuantía que el primer pago, que van de los 367 euros a los 478 euros, dependiendo de la unidad familiar de convivencia

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud realizará a partir de la próxima semana el segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) a los mismos beneficiarios que lo recibieron con anterioridad. Este mismo viernes se ha formalizado la Resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración por la que se ordena este segundo pago. El ingreso en sus cuentas bancarias se espera esté materializado durante la próxima semana para aquellos solicitantes que han aportado número de cuenta corriente.

Tal y como había anunciado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras su aprobación en el Parlamento, este segundo pago permitirá que las 16.000 familias que recibieron el primer abono de esta ayuda económica vuelvan a recibir un segundo abono que paliará en parte la situación de muchas familias que no cuentan con ingresos. Recordar que Canarias es la única comunidad autónoma de todo el Estado español que ha impulsado y aprobado un ingreso de emergencia de este tipo.

Los solicitantes que han proporcionado las cuentas bancarias para el ingreso de la ayuda, empezarán a recibirlas durante la próxima semana en el mismo número de cuenta corriente. Los solicitantes que no han proporcionado cuenta corriente, se les abonará mediante una tarjeta bancaria monedero, para ello, se contactará vía teléfono o correo electrónico con la persona solicitantes y se divulgará por redes sociales, tablón de anuncios, etc. a los efectos de informar sobre el sistema de recogida.

Este segundo pago del ICE mantendrá las mismas cuantías del primer pago, que varían en función del número de personas que componen las unidades de convivencia familiar (y que suponen el 75% de la actual Prestación Canaria de Inserción): de 1 persona, 367,02 euros; de 2 personas, 415,30 euros; de 3 personas, 453,94 euros, y de 4 o más personas, 478,09 euros.

El Ingreso Canario de Emergencia (ICE) se otorgó a un total de 28.023 personas, lo que supone unas 16.000 familias residentes en las Islas, que cumplían con todos los requisitos para poder ser perceptoras de esta ayuda económica, es decir, no contar con ingresos desde el mes de marzo incluido y contar con un patrimonio inferior a 50.000 euros.

Para la financiación de este primer pago del ICE, Derechos Sociales destinó una partida económica que ascendió a 6.324.183,96 euros. Tras realizar el pago previsto a las familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, los remanentes, hasta llegar a los 16 millones de euros que se han destinado a esta medida, se les hará entrega a los municipios para que los destinen a ayudas de emergencia.

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Derechos Sociales presenta el anteproyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias

Noemí Santana: “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, cumplimos con el Estatuto de Autonomía y cumplimos con la ciudadanía canaria”

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses y se mantendrá hasta que la situación de exclusión social persista

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha presentado este miércoles el anteproyecto de ley de la Renta de Ciudadanía Canarias que pasará la semana que viene a Consejo de Gobierno y, posteriormente, al Parlamento de Canarias para su tramitación. “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, cumplimos con el Estatuto de Autonomía y cumplimos con la ciudadanía canaria”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en la presentación ante los medios de comunicación del cuerpo normativo del anteproyecto de Ley que regulará la futura renta de ciudadanía en el Archipiélago.

“Lo que presentamos hoy es un borrador del anteproyecto de Ley que esperamos que entre en junio de 2021 en el Parlamento para su debate y aprobación posterior, con lo calculamos que las familias podrán contar con esta ayuda a partir del cuarto trimestre del próximo año”, aclaró Santana.

La consejera destacó dos aspectos importantes de la propuesta. Por un lado, que la prestación se mantendría mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social. Y por otro lado, las cuantías de la misma que se equiparan a las del Ingreso Mínimo Vital.

La renta de ciudadanía es una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible, que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social, y la cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias. Se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en el anteproyecto.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronamiento durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a algunos de los requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución

Con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada presentará su solicitud de manera telemática, podrán ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El texto, que salió a información pública el pasado 9 de noviembre, se puede consultar AQUI.

 

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