Noemí Santa presidió la reunión en la que se analizó la nueva propuesta de reglamento que reordena la anterior y que será aprobada tras el posterior informe de los servicios jurídicos

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad, Noemí Santana, presidió este lunes la reunión del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas con el objetivo de analizar la nueva redacción del Reglamento de Perros de Asistencia para personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma como único punto en el orden del día, y elaborar un informe que se elevará a Servicios Jurídicos, para la posterior aprobación.

“Las personas con discapacidad deben tener todas las herramientas para desarrollar su autonomía, tanto de manera individual como en el diseño de su entorno” enfatizó Noemí Santana, que argumentó que “cuando llegamos detectamos que el reglamento de perros de asistencia estaba desordenado, lo que provocaba problemas en la tramitación, por eso hemos realizado esta nueva redacción”.

La consejera explicó que el nuevo documento incorpora las aportaciones realizadas por las tres entidades a las que se remitió la nueva redacción: la Asociación Canaria Intervenciones Asistidas con Perros, la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Canarias, y la ONCE.

El Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras es un órgano de control, asesoramiento y consulta, está integrado por representantes de las distintas administraciones públicas canarias, y de las personas, entidades públicas, colegios profesionales y entidades privadas con interés en la materia.

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Con esta acción, se busca recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura reglamento

La Renta Canaria de Ciudadanía garantiza las prestaciones económicas y el derecho a la inclusión social de las personas a través de la intervención profesional.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud saca a consulta pública previa la disposición reglamentaria relativa al proyecto de decreto por el que se apruebe el reglamento que regule el procedimiento de diagnóstico social, el plan de intervención, así como de los informes sociales, relativos a la Renta Canaria de Ciudadanía.

A través de la consulta pública previa, Derecho Sociales busca recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa, acerca de diferentes aspectos como son los relativos a los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La ley que regula la Renta Canaria de Ciudadanía garantiza las prestaciones económicas y también el derecho a la inclusión social de las personas y familias a través de la intervención profesionalizada del personal de los servicios sociales. En ese sentido, acompañando al proceso de consulta, se están realizando por parte del equipo técnico de la DG de Derechos Sociales e Inmigración reuniones técnicas con el personal de servicios sociales de los ayuntamientos de cara a recabar propuestas a incorporarlas en los procesos de inclusión social.

La aprobación del decreto que apruebe el procedimiento de diagnóstico social, plan de intervención e informe social, es una necesidad para dar cumplimiento al desarrollo normativo establecido en la citada Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta Canaria de Ciudadanía, y para el correcto desarrollo en todo el territorio del derecho a la inclusión social a través del acceso a programas y servicios de los servicios sociales y/o de empleo.

Las personas y entidades cuentan desde hoy viernes, 14 de abril, y hasta el día 28 de abril para presentar sus aportaciones a través de la web: Participación ciudadana

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que la nueva Renta Canaria de Ciudadanía entra en vigor este mes de marzo pero será efectiva para las familias perceptoras en la nómina del mes de abril

La nómina relativa al mes de marzo de 2023 de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la última de esta prestación ya que desaparece al ser efectiva la entrada de la nueva Renta Canaria de Ciudadanía en la nómina de abril, cierra el ciclo de esta prestación y lo hace, registrando el mayor número de familias protegidas en sus 16 años de historia, un total de 12.538.

Según indica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, “la PCI se despide con el mayor número de perceptores de su historia, lo que es una gran noticia ya que demuestra que hemos trabajado para alcanzar al mayor número de familias protegidas y, además, para que de esta forma la primera fase de la Renta Canaria de Ciudadanía llegue a una mayor parte de esa ciudadanía que más lo necesita”.

“Pero nuestro objetivo es no detenernos aquí, queremos seguir avanzando para conseguir una Canarias en la que haya menos desigualdad”, aclara la responsable autonómica del área de Derechos Sociales quien enfatiza la importancia del esfuerzo e implicación de los equipos técnicos y profesionales que han venido trabajando en la gestión de la PCI en Canarias durante todos estos años.

La entrada en vigor de la Renta Canaria de Ciudadanía supone una avance con respecto a la PCI ya que permitirá ofrecer cobertura social a una mayor cantidad de grupos de población al ampliar la cuantía de la renta y los perfiles de las personas que se pueden beneficiar de esta renta así como al contemplar un conjunto de complementos en la nómina como los de rentas de trabajo, vivienda o pensiones no contributivas, ofreciendo una mayor protección a las familias canarias en situación de vulnerabilidad social.

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La viceconsejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario participó en un encuentro informativo sobre esta Renta dirigida a los 21 ayuntamientos de Gran Canaria

“En la isla de Gran Canaria, hay en estos momentos más de 5.500 unidades de convivencia que reciben la Prestación Canaria de Inserción, todas ellas pasarán a cobrar la Renta Canaria de Ciudadanía y a partir de finales de marzo, se comenzará a recibir nuevas solicitudes”, afirmó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, quien participó hoy en un encuentro informativo sobre la Renta Canaria de Ciudadana dirigida a los 21 ayuntamientos grancanarios.

Según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales, con la entrada de la Renta de ciudadanía, “la labor de los ayuntamientos se centrará en la realización de un verdadero itinerario sociolaboral con el fin de procurar la inserción laboral de los perceptores de esta renta, a la vez que disminuirá la carga administrativa de las administraciones locales”.

“Además, aclaró, con la incorporación del fondo Europeo+, se incrementarán los fondos para la contratación y dotación de personal a los ayuntamientos lo que repercutirá en la mejora de la atención a la ciudadanía canaria”.

La renta ciudadana es una prestación de carácter personal, complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social.

Para poder acceder a esta prestación, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronado durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.

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La consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario participó en la jornada de debate ‘La Renta ciudadana: un derecho necesario’ celebrada en Tenerife

“La renta ciudadana es un herramienta que garantiza a las familias una entrada con la que hacer frente a los gastos que genera la vivienda, la electricidad y la alimentación, y no podemos permitir que este tipo de ayudas se cuestione”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el marco de la jornada que bajo el lema ‘La Renta ciudadana: un derecho necesario’ se ha celebrado en el Punto de encuentro del Diario de Avisos, en Santa Cruz de Tenerife.

En su intervención, Santana calificó de ‘revolucionaria’ la Renta canaria de Ciudadanía ya que, indicó, “permite algo que antes no se contemplaba como es que dentro de un mismo hogar existan varias unidades de convivencia que puedan recibir la ayuda, lo que supone una garantía mayor y más justa para las familias que peor lo están pasando en Canarias”.

“Con la Renta canaria de Ciudadanía hemos avanzado y hemos puesto el foco en los derechos sociales que son derechos fundamentales como es la sanidad y la educación”, explicó la responsable de Derechos Sociales quien enfatizó la importancia de contar en Canarias con “un Gobierno sensible en materia social que ha permitido que hayamos incrementado en un 46% los recursos económicos de la consejería de Derechos Sociales”. “Aún nos queda mucho por hacer pero seguiremos trabajando”, concluyó.

La jornada contó con la asistencia también de la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y del director general de Derechos Sociales, Francisco Bermúdez, bajo la moderación del editor de La Gaveta Económica, Antonio Salazar.

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visitó las instalaciones del proyecto dirigido con el fin de conocer en persona este recurso social dirigido a la atención de personas en situación de exclusión social

“Los fondos de pobreza se materializan en proyectos y programas como los comedores sociales impulsados por entidades del Tercer sector que realizan una labor fundamental de atención a las personas en situación social muy vulnerable”, indicó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante la visita que realizó al comedor que gestiona la la Asociación Rescate Canarias, en la zona de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria.

La consejera del Ejecutivo canario, quien estuvo acompañada por la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, recordó que “contar con fondos para la pobreza, que el pasado año ascendieron a 30 millones de euros, supone poder dotar de recursos financieros a las entidades y asociaciones que trabajan en la atención de personas en situación de vulnerabilidad social”.

En concreto, para este comedor puesto en marcha por Rescate Canarias, se destinó una partida de 50.000 euros que “no solo ha servido para mantener abierto el comedor social, sino también complementar con otros servicios como espacios para el aseo personal para las personas usuarias”.

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A través de estos fondos se financian, entre otros, los servicios de atención primaria y comunitaria, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, el personal municipal destinado la Prestación Canaria de Inserción o la Renta Ciudadana

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias destinará este año 38.094.742 euros para financiar las prestaciones sociales de los Ayuntamientos canarios. Con esta cantidad, que ya se ha tramitado de manera anticipada con el fin de dar continuidad a los programas y facilitar su gestión a los ayuntamientos desde los comienzos del año, se financiará parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, el programa de prestaciones básicas de servicios sociales y el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción. Del total, 1.696.016 euros son de aportación estatal, que se espera se incremente durante el año en 3.605.923,46 euros adicionales, con lo que el presupuesto final en esta materia alcanzaría los 41.700.665,46 euros.

Como explica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, esta inversión supone que el Gobierno de Canarias duplica, con presupuesto propio, en 2023, la financiación con la que contó al comienzo de la legislatura actual en 2019. “Descontando la aportación de 1,7 millones de euros que realiza el Estado para esta anualidad, el Gobierno de Canarias financia este año los servicios sociales municipales con 36.398.726 euros, mientras que en el año 2019, se presupuestaron 18.339.789,57 euros, casi la mitad”.

A iniciativa de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación que tiene como fin que los ayuntamientos canarios puedan seguir dando continuidad a los programas que ya realizan en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, así como de apoyo a la gestión de la Prestación Canaria de Inserción.

El objeto del citado Protocolo es la distribución de los créditos entre los Ayuntamientos de Canarias, mediante tramitación anticipada para el año 2023 con el objetivo de dar continuidad a los Programas dirigidos a la financiación de los servicios sociales de atención primaria y comunitarios.

Esta tramitación anticipada permite que las entidades locales cuenten con los fondos desde principios de año, lo que permite una mayor sostenibilidad, eficiencia y recursos para la atención a las necesidades sociales desde las administraciones locales.

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

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La propuesta reconoce las razones de coyuntura económica para anticipar la anualidad de 2022 aunque las obras no estén aún culminadas

El Gobierno de Canarias ha autorizado en la sesión de Consejo de Gobierno el gasto de 2.696.579,15 euros que permitirá financiar gastos relativos a infraestructuras sociosanitarias de este año en la isla de La Palma.

Con esta propuesta de acuerdo se reconocen las razones de coyuntura económica para ampliación de este crédito con la finalidad de atender gastos del ejercicio corriente.

El expediente, tramitado a iniciativa de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, propone el abono anticipado de la anualidad 2022 del Convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reformas de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.

Conforme a la Adenda suscrita con el Cabildo Insular de La Palma, “en el ejercicio 2022 se podrá librar, con carácter anticipado, hasta el 100% del importe de dicha anualidad, condicionado a lo que establezca la normativa correspondiente y siempre que se hubieran justificado, de acuerdo con las condiciones establecidas, los pagos realizados en el año 2021 aunque las nuevas infraestructuras o reformas de las ya existentes no estén aún culminadas.”

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Para este ejercicio se incrementa en cerca de un millón de euros que irán destinados a cubrir nuevos gastos

El Gobierno de Canarias ha autorizado, en la sesión celebrada hoy del Consejo de Gobierno, la variación del presupuesto de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social M.P. (FUCAS), adscrita a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y correspondiente al año 2022, que supondrá un aumento de 968.161,42 euros.

Este incremento se desglosa en 646.181,44 euros para gastos de personal, principalmente por el aumento del número de efectivos de la plantilla. Este aumento viene como consecuencia de las contrataciones realizadas para poder atender las necesidades surgidas tanto para la ejecución de nuevos Servicios, como por el aumento por encima de las estimaciones previstas de las personas curateladas. Los 321.979,98 euros restantes van destinados a cubrir gastos generales de mantenimiento.

Entre los nuevos servicios que no estaban previstos en los presupuestos aprobados en 2022 destaca el Servicio de Atención Temprana ambulatoria en el CPEE Concertado La Casita, así como el encargo para realizar funciones de carácter material en el ámbito de familias numerosas, de dependencia y del “Programa Bicácaro” para la intervención en los centros educativos.

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El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la resolución de la concesión de ayudas directas para paliar la pobreza energética por un importe que asciende a 1,4 millones de euros

Más de 25.600 familias se beneficiarán de la concesión de forma directa, de ayudas económicas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, denominadas ‘Bono Social Térmico’, correspondiente al año 2020, para lo que se destina una partida que asciende a 1.485.369,87 euros

Estas ayudas, que se enmarcan en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, tienen como objetivo paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

El criterio de distribución de la ayuda del Bono Social Térmico entre los beneficiarios se recoge en el artículo 9 del Real Decreto-ley 15/2018, estableciendo que la cuantía a percibir por cada beneficiario se determinará atendiendo a su grado de vulnerabilidad y zona climática en la que se localice la vivienda en la que se encuentre empadronado. En todo caso, la ayuda mínima por persona beneficiaria se sitúa en los 25 euros.

Los beneficiarios que constan en la Orden publicada en el BOC y que no cuenten con identificación de Código Cuenta Cliente (IBAN), deberán cumplimentar, en el mismo plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que se realice dicha publicación, el formulario que se encuentra a disposición en este ENLACE , acompañando el Certificado de titularidad de Código Cuenta Cliente.

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