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Derechos Sociales ingresará una ayuda extraordinaria a los perceptores de la PCI y Pensiones no Contributivas

La consejera del área, Noemí Santana, anunció en el pleno de Parlamento la medida, que estará sustentada en la llegada de los 30 millones de euros de los fondos del programa de Lucha contra la Pobreza y Prestaciones Básicas

Santana explica que esta partida del Estado se incluye por primera vez en el presupuesto inicial, lo que garantiza su blindaje al convertirse en un derecho consolidado

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ofrecerá en el mes de diciembre un ingreso extraordinario a los preceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y a los de las Pensiones no Contributivas, tal y como sucedió en diciembre del año pasado. Esta medida fue anunciada por la consejera Noemí Santana en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado este martes tras una pregunta parlamentaria de Nuevas Canarias.

Santana afirmó que esta partida quedará consignada gracias a la llegada de los 30 millones de euros de los fondos de Lucha contra la Pobreza y Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. A su vez, destacó que esta transferencia del Estado llega “por primera vez en una partida única y antes de que concluya el año, en el mes de octubre”.

La responsable regional de la Consejería informó al pleno de que, además, se trata de la primera vez en la que estos fondos se incluyen en el presupuesto inicial de la Comunidad Autónoma y no como una enmienda. “Esto significa que ya no habrá que pelearlos cada año, sino que pasan a ser un derecho consolidado para Canarias. Y esto es, sin duda, es un gran logro para nuestra tierra”, añadió.

Santana detalló cómo se van a utilizar esos fondos para que repercutan en la población que más lo necesita en las Islas, incidiendo en que ese ingreso extraordinario será recibido por los beneficiarios durante el mes de diciembre. “La principal partida de esos 30 millones de euros, una cantidad de 20 millones, irán directamente al bolsillo de las personas en situación de exclusión que más lo necesitan, es decir, aquellas que reciben Pensiones no Contributivas y la Prestación Canaria de Inserción”, expuso.

La consejera también reveló que cuatro millones irán destinados a la colaboración con los ayuntamientos, para el refuerzo de las Prestaciones básicas en Servicios Sociales, mientras que dos millones se destinarán a la compra a productores locales para distribuir, a su vez, entre las familias en peor situación social. Además, los otros tres millones serán destinados a entidades del Tercer Sector como refuerzo de sus acciones en la lucha contra la pobreza.

“Estos fondos son, sin lugar a dudas, una de las ayudas que vienen del Estado que más se van a notar en el día a día de muchas familias de Canarias”, concluyó Santana.

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Casi 8.500 familias canarias reciben la Prestación Canaria de Inserción en la nómina de agosto

Derechos Sociales incorpora a más de 800 unidades de convivencia en el último mes, su dato más alto desde octubre de 2017

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha incorporado a 800 nuevas personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en la nómina de agosto. En total, esta contribución del Ejecutivo regional a familias en situación de vulnerabilidad social alcanza en el pago de este mes a 8.476 personas, la cifra más alta desde el mes de octubre de 2017.

El área dirigida por Noemí Santana ha logrado en los dos años de la presente legislatura casi duplicar el número de familias vulnerables con acceso a esta renta mínima del Gobierno regional, ya que en el momento de tomar posesión en el mes de julio de 2019 eran 5.687 las que se beneficiaban de esta prestación.

La consejera destaca los cambios introducidos durante la presente legislatura para facilitar el acceso de la ciudadanía a esta medida. “Esto no es casualidad. Se debe a las modificaciones en la Prestación Canaria de Inserción, que han sido cuatro durante estos dos años de gobierno. Esto ha hecho que se mejore y se amplíe esta prestación”, subrayó.

Por su lado, Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales, explica además que en las coordenadas de la Consejería se encuentra la inclusión de nuevas altas en el sistema. “Estimamos que este dato seguirá al alza en los próximos meses por la agilización de las renovaciones y solicitudes de inicio que estamos haciendo”, señaló.

La incorporación de 800 altas a la nómina de la Prestación Canaria de Inserción llega, a su vez, pareja al complemento de 50 euros para familias con menores a cargo que se aplicó en el mes de julio con carácter retroactivo al mes de marzo.

La Prestación Canaria de Inserción se complementa a lo largo de esta legislatura con el impulso desde el área de Derechos Sociales del Ingreso Mínimo Vital. Dicha prestación ha contado desde el momento de su implantación con 15.467 resoluciones positivas.

Estas medidas se mantienen dentro de la hoja de ruta del área de Derechos Sociales, que apuesta por otras acciones que se resolverán en un futuro cercano, tal y como explica la consejera Noemí Santana. “Nosotras teníamos claro desde el principio que no queríamos dejar a nadie atrás y, por eso, el próximo año será una realidad una Renta de Ciudadanía que amplíe los derechos de nuestra gente. Pero, mientras tanto, queríamos modificar las prestaciones ya existentes para proteger a la gente ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir”, expuso.

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Más de 3.800 familias beneficiarias de la PCI han recibido el complemento de 50 euros por menor a cargo

La Consejería de Derechos Sociales llevó en abril al Parlamento la modificación de la ley que regula la ayuda social con el fin de agilizar

El abono de este complemento tendrá carácter retroactivo a marzo y para su cálculo se tendrá en cuenta el momento de alta en nómina, con los meses que correspondan, y el número de menores en la unidad de convivencia

Los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con menor a cargo han recibido en la nómina de julio el complemento de 50 euros por menor a cargo para unidades de convivencia beneficiarias de la PCI, una prestación de la que se han beneficiado 3.803 familias canarias.

“Este complemento viene a demostrar de nuevo el compromiso de este gobierno con las familias canarias”, ha manifestado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. “Primero hicimos una modificación para que las familias con hijos a cargo no perdieran la PCI y ahora aumentamos la cuantía para que estas familias puedan vivir un poco mejor”, significó.

Este complemento a la prestación económica se ha abonado en julio con los atrasos que corresponda a cada expediente y con carácter retroactivo a la aprobación del Decreto-ley aprobado en marzo y que estableció la modificación de la ley que regula la PCI, es decir, con carácter retroactivo a marzo de 2021. Desde el área de Derechos Sociales se destinarán para cubrir los gastos de esta prestación aproximadamente 1,9 millones.

Según explica el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, “para ajustar el baremo de dichos atrasos se tendrá en cuenta el momento de alta en nómina, con los meses que correspondan, así como el número de menores. Además, esta medida complementaria se mantendrá mientras vivan los menores en la unidad de convivencia y el expediente este activo en nómina”.

“El abono de este mecanismo social se realizará en el mismo día que el pago de la nómina de PCI pero bajo el concepto de ‘complemento por menores a cargo PCI”, señala Bermúdez quien matiza que “el listado de personas beneficiarias del complemento por menor a cargo, junto con los atrasos correspondientes, será publicado por resolución en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) por número de expediente de PCI”.

Hay que recordar que el Parlamento aprobó por unanimidad el pasado mes de abril el decreto de Ley que mejora la Prestación Canaria de Inserción. En su intervención en sede parlamentaria, la consejera de Derechos Sociales indicó que esta modificación se llevaba a cabo “con el fin de agilizar el proceso de renovación de esta ayuda social y dotar a las familias que peor lo están pasando en estos momentos con un complemento de 50 euros por menor a cargo”.

Además, la citada modificación de la ley que regula la Prestación Canaria de Inserción, agiliza el proceso de renovación de la PCI. A este respecto, se ofrece una mayor protección a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas en las renovaciones por la falta de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la renovaciones de oficio hasta dos meses después de finalizado el percibo de la prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo, lo que permitirá ofrecer una cobertura económica al mayor número de familias en situación de exclusión social posible.

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El Parlamento canario aprueba por unanimidad el decreto de ley que mejora la Prestación Canaria de Inserción

La medida garantiza un incremento de la ayuda en 50 euros con familias con menores a cargo y agiliza la renovación de las ayudas garantizando la cobertura social de las familias perceptoras

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que esta modificación responde a la voluntad del Gobierno de “llegar más y mejor a quien más lo necesita”

El Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad el decreto de Ley que mejora la Prestación Canaria de Inserción. Según afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, que la aprobación por unanimidad de este decreto de Ley demuestra que “mejorar la vida de nuestra gente debe de ser siempre el objetivo prioritario de los que gobiernan”. La consejera también ha agradecido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que la propuesta saliese adelante,

“Nuestro objetivo es claro: llegar más y mejor, a quien más lo necesita”, afirmó la consejera quien indicó que “cuando peor vienen dadas para la ciudadanía, es cuando el Gobierno debe hacer mayores esfuerzos para garantizar unas condiciones de vida dignas, especialmente para aquellos colectivos y familias que peor lo están pasando”. Un total de 7.507 personas son beneficiarias de esta ayuda, 14.264 personas contando las unidades de convivencia (datos a abril de 2021).

Según Santana, “esta modificación permitirá agilizar el proceso de renovación de la PCI y, lo que es más importante, dotar a las familias con personas menores de edad de un incremento de 50 euros mensuales que se comenzarán a abonar este mismo mes”. Para ello, la Consejería destinará una partida de 1,9 millones de euros. Esta medida se aplicará en el plazo de tres meses.

En relación a las renovaciones, la modificación de la Ley que regula la PCI ofrecerá una mayor protección a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas en las renovaciones por la falta de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la renovaciones de oficio hasta dos meses después de finalizado el percibo de la prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo, lo que permitirá ofrecer una cobertura económica al mayor número de familias en situación de exclusión social posible.

De esta forma, se agilizan los plazos y se reducen los trámites, ya que se permitirá que los ayuntamientos puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación que se hayan quedado fuera de plazo si subsisten las circunstancias de vulnerabilidad de las familias y se agilizan las renovaciones de aquellas familias que no han cambiado sus circunstancias, mediante informe social y declaración responsable.

Con las modificaciones realizadas, se sigue garantizando, hasta la entrada en vigor de la Ley de Renta de Ciudadanía, la función de la PCI como sistema complementario a las personas que no puedan acogerse al IMV y mejorando los apoyos que se precisen en los procesos de inclusión social y laboral, y facilitando las renovaciones de esta prestación.

Hay que recordar que la Consejería de Derechos Sociales llevó a Consejo de Gobierno del pasado 18 de marzo el proyecto de Decreto ley por el que se modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

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Derechos Sociales adelanta en una semana el pago de la Prestación Canaria de Inserción

Casi 7.400 personas beneficiarias de esta ayuda social contarán una semana antes con la misma de esta ayuda social

Comienza, además, el reparto de tarjetas monedero para las personas sin cuenta bancaria y que les fue concedido el Ingreso Canario de Emergencia. La entrega de las tarjetas se realiza a través de Cruz Roja.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Derechos Sociales e Inmigración, ha adelantado en una semana el abono de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con el fin de que las 7.394 familias beneficiarias de esta ayuda social puedan contar con el ingreso en estas fechas tan señaladas.

Esta acción se suma a las impulsadas desde la Consejería de Derechos Sociales con el fin de ofrecer a las familias en mayor situación de vulnerabilidad social un colchón que les permita hacer frente a la actual situación de crisis social y económica como ha sido el abono de una ayuda de 250 euros para las 51.051 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, de Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, y de las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM). Esta ayuda tiene como objetivo permitir a estas familias hacer frente a los gastos derivados de la situación actual de pandemia para adquisición de mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes y demás productos.

Emisión de tarjetas prepago para solicitantes del ICE sin cuenta bancaria

Por otro lado, la Dirección general de Derechos Sociales ha comenzado el reparto de las tarjetas monedero como vía a de abono para aquellas personas a las que les fue aprobado el Ingreso Canario de Emergencia, pero que carecían de cuenta bancaria para el abono de la misma.

Las tarjetas son exclusivamente para utilizar en comercios o realizar pagos de recibos a través de los cajeros automáticos de La Caixa, pero no se podrá sacar efectivo con ellas.

Con el fin de poder afectiva la ayuda, desde la Dirección general se informa que, para las personas solicitantes del ICE que se encuentran en esta situación, se ha emitido tarjetas monedero que se pueden retirar en las sedes de la Cruz Roja Española.

Para ello, las personas solicitantes deben de consultar sus datos en el siguiente enlace: Anuncio Tarjeta Monedero y ponerse en contacto Cruz Roja, a través del teléfono indicado en el anexo junto a sus datos, con el fin de concertar cita previa con Cruz Roja para poder retirar la citada tarjeta monedero, en el caso de que todavía no se hayan puesto en contacto con la misma.

Además, se recuerda que las personas solicitantes deben retirarla tarjeta antes del lunes, 28 de diciembre, fecha en las tarjetas dejarán de ser efectivas.

CONSULTE EL Comunicado Tarjeta Monedero Y EL ANEXO Tarjeta Monedero con Teléfonos de Cruz Roja para realizar el contacto y pedir cita previa.

 

 

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Más de 51.000 personas reciben la ayuda extraordinaria de Derechos Social para cubrir gastos de la pandemia

La consejería de Derechos Sociales ha abonado esta semana la ayuda extraordinaria a los beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación y discapacidad, PCI y Fondo de Asistencia Social

Para hacer efectivo el abono de estas ayudas, el Ejecutivo canario ha destinado una partida que asciende a 12.763.250 euros

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Derechos Sociales, ha comenzado ya a abonar la ayuda extraordinaria de 250 euros a las 51.051 personas beneficiarias de las Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, según ha anunciado hoy en sesión parlamentaria la consejera del área, Noemí Santana, donde se ha aprobado por unaminidad el Decreto-Ley que lo regulaba.

“Con esta ayuda para cubrir gastos derivados de la pandemia que se han realizado este año (mascarillas, geles, productos de desinfección…), queremos dar una buena noticia a la gente que más lo necesita en un año difícil”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que también destacó que este ingreso “se realiza sin que las personas perceptoras tengan que hacer ningún trámite, ni mover un solo papel.”

En concreto, reciben esta prestación social, de carácter finalista única y extraordinaria de 250 euros, un total de 42.858 personas que reciben una Pensión No Contributiva, tanto de invalidez como de jubilación, así como 7.394 perceptores de la Prestación Canaria de Inserción y un total de 799 perceptores de Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM).

Para hacer efectivo el abono de estas ayudas, el Ejecutivo canario ha destinado una partida que asciende a 12.763.250 euros, de los cuales 10.714.750 euros corresponden a las Pensiones No Contributivas; 1.848,760 euros a los beneficiarios de la PCI y 199.750 euros a las personas que reciben una ayuda del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM).

Esta ayuda se otorga en aplicación del proyecto de Decreto-Ley que crea una prestación social, finalista, personal e intransferible, destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, productos desinfectantes, o para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección de esta enfermedad, y aquellos otros relacionados con la cobertura de las necesidades básicas.

El pago se ha efectuado transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación, y la resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las Administraciones públicas canarias.

 

 

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El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI

Serán beneficiarios de esta ayuda única de 250 euros los actuales perceptores de la PNC y la PCI, algo más de 50.700 personas

La ayuda se dará de oficio, sin tener que presentar solicitud, y se hará efectivo el pago antes del 15 de enero de 2021

 

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.

Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.

Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.

Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.

Perfil del beneficiario

Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

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Aprobada la modificación de la PCI para facilitar su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital

El Parlamento dio luz verde a la aprobación por unanimidad de los grupos políticos del decreto ley que modifica la ley de la PCI para permitir que las familias puedan seguir cobrando la ayuda hasta recibir el Ingreso Mínimo Vital

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables” con la aprobación de esta medida, asegura la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables con la aprobación de este decreto que modifica la Prestación Canaria de Inserción, siendo una de las primeras comunidades autónomas en actuar para que las personas más desfavorecidas estén protegidas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy por unanimidad de los grupos políticos parlamentarios de la modificación de la norma base que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Esta modificación permitirá a las familias que peor lo están pasando en esta situación de crisis social, poder seguir cobrando esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado”, explicó Santana, quien añadió “que, aunque el IMV es una herramienta poderosa que, cuando se despliegue en su totalidad, será un cambio sustancial en Canarias, también reconocemos que ha tenido dificultades en estos primeros meses para su implantación”.

A este respecto, la consejera indicó que Canarias ha impulsado dos medidas, por un lado, aprobar un segundo pago del ICE para personas sin ingresos y que ha dado cobertura económica a 16.000 familias, y por otro, sacar este decreto ley que facilita la convivencia de las dos prestaciones, la estatal (el IMV) y la PCI, la autonómica, “con la que estamos llegando a unas 8.000 familias al mes”.

Modificaciones de la normativa

El objeto del Proyecto de Decreto ley, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, es adaptar esta ayuda al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la misma hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria.

De esta forma, las familias podrán seguir cobrando la PCI durante el periodo de espera del ingreso del IMV, permitiendo, además, que no tengan que devolver las cuantías recibidas de la PCI una vez reciban el Ingreso Mínimo Vital. Para ello, las personas solicitantes tendrán que acreditar que han pedido el IMV con carácter previo para poder hacer su solicitud, sin tener que esperar a una resolución de la ayuda estatal.

Además, durante el tiempo de espera en que se resuelva el IMV, las personas beneficiarias de la PCI podrán seguir cobrándola. Una vez que la solicitud del IMV se resuelva, se pueden dar dos situaciones: por un lado, que la resolución del IMV sea positiva, en cuyo caso, la persona recibirá el IMV con efecto retroactivo a fecha de su solicitud sin tener que devolver las cuantías recibidas por la renta autonómica. Por otro lado, si la resolución del IMV sea negativa, la persona beneficiaria deberá comunicarlo a su trabajadora social y podrá continuar percibiendo la PCI.

Asimismo, la modificación incluye otro cambio importante y es que, a efectos de la determinación de recursos de la PCI, no se contabilizarán las pensiones alimenticias, entendiendo estas últimas como un derecho de la infancia que no se puede restar a las familias que requieran los ingresos de la PCI. “Es decir, hasta ahora si una familia cobraba de PCI 500 euros y recibía una pensión alimenticia de 150, esta cantidad se restaba de su prestación quedando en 350 euros. Con este cambio, podrán cobrar la prestación completa”, indicó Santana.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana:

 

 

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Unas 30.000 familias recibirán ayudas sociales este mes de junio

“Entre la PCI y el ICE, unas 30.000 familias en situación de vulnerabilidad social recibirán ayuda en junio” aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en sede parlamentaria

El Ejecutivo ya ha resuelto 25.000 solicitudes correspondientes al Ingreso Canario de Emergencia, de las que el 62% han resultado favorables

“Proteger a las familias más vulnerables siempre ha sido objetivo prioritario de esta consejería y de este Gobierno, por eso, ampliamos en un 40% el número de familias que perciben la Prestación Canaria de Inserción desde que llegamos al Gobierno y adelantamos el abono de estas ayudas durante el Estado de Alarma”, afirmó hoy en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, a respuesta parlamentaria sobre la modificación de la PCI.

“Desde esta Consejería éramos conscientes de que la situación de alarma traería consigo una grave situación de crisis social y, por eso, de forma inmediata diseñamos diversas medidas dirigidas a proteger a las familias en mayor situación de vulnerabilidad social o en riesgo de exclusión social. Entre estas medidas está el Ingreso Canario de Emergencia que acabaremos de abonar esta semana, estando ya resueltas unas 25.000 solicitudes de las más de 30.000 que se presentaron”.

Si sumamos ambas prestaciones, durante el mes de junio, las ayudas sociales dirigidas a atender a la población más vulnerable de las Islas, unas 30.000 familias canarias que no contaban con ingreso recibirán algún tipo de protección, adelantó Santana, quien subrayó que “estas cifras no responden ni a la casualidad ni a la suerte sino que es fruto del gran esfuerzo realizado por el departamento de Derechos Sociales y, sobre todo, de una buena gestión”.

Esta medida se suma al incremento del número de familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), indicó la consejera quien explicó que “cuando llegamos al Gobierno, un total de 5.600 unidades familiares recibían esta ayuda, mientras que en la actualidad esta cifra es de más de 8.000 familias, un 40% más”.

En su intervención, Santana recordó que en enero, el Ejecutivo firmó el Protocolo General de Actuación del Plan Concertado de Servicios Sociales por el que se incrementó la financiación de la PCI en un 10%, “un acuerdo cuya firma se vio anticipada en varios meses con respecto a años anteriores”.

Además, indicó que su departamento modificó en enero la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción “con el fin dar cobertura social a las familias con hijos e hijas a cargo, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión”.

“Ahora toca redoblar esfuerzos”, indicó, “por eso, ya estamos trabajando junto al Ministerio de Inclusión Social para implementar el Ingreso Mínimo Vital, que va a suponer una revolución histórica para Canarias y que vendrá a sustituir a la actual PCI y será complementa por la Renta Ciudadana, en cuyo diseño seguimos trabajando”.

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El Gobierno de Canarias contempla 30 millones de euros más para combatir la pobreza en los presupuestos de 2020

Consejo de Gobierno de Canarias

El presidente Ángel Víctor Torres destaca que habrá un aumento de 18 millones de euros para la Prestación Canaria de Inserción

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que para la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 el Gobierno pretende tener una previsión de ingresos lo más realista posible y “que se están reordenando los gastos para destinarlos a políticas sociales”. El incremento del gasto en el próximo ejercicio se calcula que esté en torno al 2,7 por ciento y, a pesar de ser la menor subida de los últimos años, “la apuesta que hacemos por la agenda social va a ser muy importante”, asegura. Al respecto, Torres adelanta que la dotación para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) aumentará en 18 millones -en 2019 el incremento estuvo sobre los dos millones-. En general “para combatir la pobreza habrá 30 millones adicionales. También para Vivienda se dispondrá de 20 millones más”, apunta. 

En cuanto a los cambios en la fiscalidad y la reordenación de gastos, el Ejecutivo está pendiente de la respuesta de la Fecam (Federación Canaria de Municipios) y la Fecai (Federación Canaria de Islas). Las administraciones locales han recibido la propuesta de flexibilizar los plazos y la financiación anual del Fondo de Desarrollo de Canarias (el Fdcan tiene 1.600 millones de euros en 10 años, el periodo inicial previsto para su ejecución). De esta manera se daría respuesta a una demanda de ayuntamientos y cabildos, para que tengan más tiempo de justificar las obras. Además, “no perderían ni un euro”. A su vez, las federaciones de municipios e islas recibieron con buenos ojos que los recursos del Fdcan se deriven a la agenda social, “a crear escuelas de 0 a 3 años, al saneamiento y la depuración de aguas, a servicios básicos necesarios, en definitiva”, apunta Torres.

Reparto del reajuste del IGIC

Tanto la Fecam como la Fecai han sido informados de la intención de recuperar el medio punto de IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que se había suprimido durante la anterior legislatura (pasó del 7 por ciento al 6,5 por ciento). “Si esa medida hubiera funcionado, la habríamos mantenido” dice el presidente, “pero es al contrario: este año se recaudarán 193 millones de euros menos”, según las previsiones de la Agencia Tributaria Canaria.

Sobre este asunto el Gobierno propone que la cantidad que se recaude por el IGIC (al 6,5 por ciento) se siga repartiendo en las mismas proporciones: 58 por ciento para las corporaciones locales y el 42 por ciento para el Gobierno de Canarias. Pero que el 0,5 por ciento que se recupere -hasta llegar al 7 por ciento- se distribuya a la inversa: 58 por ciento para el Gobierno canario y 42 por ciento para las corporaciones locales. Eso significa una diferencia de 25 millones de euros más que recibiría el Gobierno y que se destinaría también a la agenda social e incluso “con ese dinero podríamos dejar de retocar algún impuesto” dice Torres.

Sea cual sea la fórmula, el presidente aclara que los cabildos y ayuntamientos van a ver aumentados sus ingresos en 2020. Si aceptan la propuesta de reparto del Ejecutivo recibirán 67 millones de euros más que en 2019. Si rechazan la petición serán 97 millones más.

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