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El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI

Serán beneficiarios de esta ayuda única de 250 euros los actuales perceptores de la PNC y la PCI, algo más de 50.700 personas

La ayuda se dará de oficio, sin tener que presentar solicitud, y se hará efectivo el pago antes del 15 de enero de 2021

 

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.

Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.

Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.

Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.

Perfil del beneficiario

Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

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Aprobada la modificación de la PCI para facilitar su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital

El Parlamento dio luz verde a la aprobación por unanimidad de los grupos políticos del decreto ley que modifica la ley de la PCI para permitir que las familias puedan seguir cobrando la ayuda hasta recibir el Ingreso Mínimo Vital

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables” con la aprobación de esta medida, asegura la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables con la aprobación de este decreto que modifica la Prestación Canaria de Inserción, siendo una de las primeras comunidades autónomas en actuar para que las personas más desfavorecidas estén protegidas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy por unanimidad de los grupos políticos parlamentarios de la modificación de la norma base que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Esta modificación permitirá a las familias que peor lo están pasando en esta situación de crisis social, poder seguir cobrando esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado”, explicó Santana, quien añadió “que, aunque el IMV es una herramienta poderosa que, cuando se despliegue en su totalidad, será un cambio sustancial en Canarias, también reconocemos que ha tenido dificultades en estos primeros meses para su implantación”.

A este respecto, la consejera indicó que Canarias ha impulsado dos medidas, por un lado, aprobar un segundo pago del ICE para personas sin ingresos y que ha dado cobertura económica a 16.000 familias, y por otro, sacar este decreto ley que facilita la convivencia de las dos prestaciones, la estatal (el IMV) y la PCI, la autonómica, “con la que estamos llegando a unas 8.000 familias al mes”.

Modificaciones de la normativa

El objeto del Proyecto de Decreto ley, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, es adaptar esta ayuda al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la misma hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria.

De esta forma, las familias podrán seguir cobrando la PCI durante el periodo de espera del ingreso del IMV, permitiendo, además, que no tengan que devolver las cuantías recibidas de la PCI una vez reciban el Ingreso Mínimo Vital. Para ello, las personas solicitantes tendrán que acreditar que han pedido el IMV con carácter previo para poder hacer su solicitud, sin tener que esperar a una resolución de la ayuda estatal.

Además, durante el tiempo de espera en que se resuelva el IMV, las personas beneficiarias de la PCI podrán seguir cobrándola. Una vez que la solicitud del IMV se resuelva, se pueden dar dos situaciones: por un lado, que la resolución del IMV sea positiva, en cuyo caso, la persona recibirá el IMV con efecto retroactivo a fecha de su solicitud sin tener que devolver las cuantías recibidas por la renta autonómica. Por otro lado, si la resolución del IMV sea negativa, la persona beneficiaria deberá comunicarlo a su trabajadora social y podrá continuar percibiendo la PCI.

Asimismo, la modificación incluye otro cambio importante y es que, a efectos de la determinación de recursos de la PCI, no se contabilizarán las pensiones alimenticias, entendiendo estas últimas como un derecho de la infancia que no se puede restar a las familias que requieran los ingresos de la PCI. “Es decir, hasta ahora si una familia cobraba de PCI 500 euros y recibía una pensión alimenticia de 150, esta cantidad se restaba de su prestación quedando en 350 euros. Con este cambio, podrán cobrar la prestación completa”, indicó Santana.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana:

 

 

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Unas 30.000 familias recibirán ayudas sociales este mes de junio

“Entre la PCI y el ICE, unas 30.000 familias en situación de vulnerabilidad social recibirán ayuda en junio” aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en sede parlamentaria

El Ejecutivo ya ha resuelto 25.000 solicitudes correspondientes al Ingreso Canario de Emergencia, de las que el 62% han resultado favorables

“Proteger a las familias más vulnerables siempre ha sido objetivo prioritario de esta consejería y de este Gobierno, por eso, ampliamos en un 40% el número de familias que perciben la Prestación Canaria de Inserción desde que llegamos al Gobierno y adelantamos el abono de estas ayudas durante el Estado de Alarma”, afirmó hoy en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, a respuesta parlamentaria sobre la modificación de la PCI.

“Desde esta Consejería éramos conscientes de que la situación de alarma traería consigo una grave situación de crisis social y, por eso, de forma inmediata diseñamos diversas medidas dirigidas a proteger a las familias en mayor situación de vulnerabilidad social o en riesgo de exclusión social. Entre estas medidas está el Ingreso Canario de Emergencia que acabaremos de abonar esta semana, estando ya resueltas unas 25.000 solicitudes de las más de 30.000 que se presentaron”.

Si sumamos ambas prestaciones, durante el mes de junio, las ayudas sociales dirigidas a atender a la población más vulnerable de las Islas, unas 30.000 familias canarias que no contaban con ingreso recibirán algún tipo de protección, adelantó Santana, quien subrayó que “estas cifras no responden ni a la casualidad ni a la suerte sino que es fruto del gran esfuerzo realizado por el departamento de Derechos Sociales y, sobre todo, de una buena gestión”.

Esta medida se suma al incremento del número de familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), indicó la consejera quien explicó que “cuando llegamos al Gobierno, un total de 5.600 unidades familiares recibían esta ayuda, mientras que en la actualidad esta cifra es de más de 8.000 familias, un 40% más”.

En su intervención, Santana recordó que en enero, el Ejecutivo firmó el Protocolo General de Actuación del Plan Concertado de Servicios Sociales por el que se incrementó la financiación de la PCI en un 10%, “un acuerdo cuya firma se vio anticipada en varios meses con respecto a años anteriores”.

Además, indicó que su departamento modificó en enero la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción “con el fin dar cobertura social a las familias con hijos e hijas a cargo, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión”.

“Ahora toca redoblar esfuerzos”, indicó, “por eso, ya estamos trabajando junto al Ministerio de Inclusión Social para implementar el Ingreso Mínimo Vital, que va a suponer una revolución histórica para Canarias y que vendrá a sustituir a la actual PCI y será complementa por la Renta Ciudadana, en cuyo diseño seguimos trabajando”.

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El Gobierno de Canarias contempla 30 millones de euros más para combatir la pobreza en los presupuestos de 2020

Consejo de Gobierno de Canarias

El presidente Ángel Víctor Torres destaca que habrá un aumento de 18 millones de euros para la Prestación Canaria de Inserción

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que para la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 el Gobierno pretende tener una previsión de ingresos lo más realista posible y “que se están reordenando los gastos para destinarlos a políticas sociales”. El incremento del gasto en el próximo ejercicio se calcula que esté en torno al 2,7 por ciento y, a pesar de ser la menor subida de los últimos años, “la apuesta que hacemos por la agenda social va a ser muy importante”, asegura. Al respecto, Torres adelanta que la dotación para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) aumentará en 18 millones -en 2019 el incremento estuvo sobre los dos millones-. En general “para combatir la pobreza habrá 30 millones adicionales. También para Vivienda se dispondrá de 20 millones más”, apunta. 

En cuanto a los cambios en la fiscalidad y la reordenación de gastos, el Ejecutivo está pendiente de la respuesta de la Fecam (Federación Canaria de Municipios) y la Fecai (Federación Canaria de Islas). Las administraciones locales han recibido la propuesta de flexibilizar los plazos y la financiación anual del Fondo de Desarrollo de Canarias (el Fdcan tiene 1.600 millones de euros en 10 años, el periodo inicial previsto para su ejecución). De esta manera se daría respuesta a una demanda de ayuntamientos y cabildos, para que tengan más tiempo de justificar las obras. Además, “no perderían ni un euro”. A su vez, las federaciones de municipios e islas recibieron con buenos ojos que los recursos del Fdcan se deriven a la agenda social, “a crear escuelas de 0 a 3 años, al saneamiento y la depuración de aguas, a servicios básicos necesarios, en definitiva”, apunta Torres.

Reparto del reajuste del IGIC

Tanto la Fecam como la Fecai han sido informados de la intención de recuperar el medio punto de IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que se había suprimido durante la anterior legislatura (pasó del 7 por ciento al 6,5 por ciento). “Si esa medida hubiera funcionado, la habríamos mantenido” dice el presidente, “pero es al contrario: este año se recaudarán 193 millones de euros menos”, según las previsiones de la Agencia Tributaria Canaria.

Sobre este asunto el Gobierno propone que la cantidad que se recaude por el IGIC (al 6,5 por ciento) se siga repartiendo en las mismas proporciones: 58 por ciento para las corporaciones locales y el 42 por ciento para el Gobierno de Canarias. Pero que el 0,5 por ciento que se recupere -hasta llegar al 7 por ciento- se distribuya a la inversa: 58 por ciento para el Gobierno canario y 42 por ciento para las corporaciones locales. Eso significa una diferencia de 25 millones de euros más que recibiría el Gobierno y que se destinaría también a la agenda social e incluso “con ese dinero podríamos dejar de retocar algún impuesto” dice Torres.

Sea cual sea la fórmula, el presidente aclara que los cabildos y ayuntamientos van a ver aumentados sus ingresos en 2020. Si aceptan la propuesta de reparto del Ejecutivo recibirán 67 millones de euros más que en 2019. Si rechazan la petición serán 97 millones más.

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