La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, entregó esta mañana, en un acto simbólico, el proyecto de Ley que regulará la modalidad del alquiler vacacional a la presidenta del Parlamento autonómico, Astrid Pérez
La norma ha iniciado su tramitación parlamentaria, con el debate en la sesión de la Comisión de Cabildos
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, compareció este jueves en la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias, tras el acto de entrega simbólico del proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas a la presidenta de la Cámara regional, Astrid Pérez.
En su intervención, agradeció a los responsables insulares y locales de Canarias “su predisposición en la lucha contra la oferta ilegal de vivienda vacacional”, y les instó a “cumplir sus competencias, asignadas por la normativa a los cabildos”. Entre ellas enumeró las de recibir, comprobar y controlar las declaraciones responsables relativas a la apertura, modificación y cierre de las viviendas de uso turístico; tramitar la inscripción en el Registro General Turístico de las declaraciones responsables o tramitar y resolver las solicitudes de ampliación de su vigencia.
“Estas competencias no son nuevas”, prosiguió De León, y afirmó que “ya las ostentan los cabildos tal y como reconoce el informe jurídico y el informe del Consejo Consultivo de Canarias, cuyas recomendaciones se han incorporado íntegramente al proyecto de Ley”.
La consejera reconoció que su Departamento es “muy consciente de las herramientas o medios propios con los que cuentan las instituciones insulares”, por lo que anunció que “la ley habilita a los cabildos y ayuntamientos a acudir a encomiendas de gestión o colegios profesionales, entre otros, para que les puedan ayudar en esta tarea que, sabemos, es compleja”, subrayó.
Equilibrar la industria turística con la calidad de vida de los canarios
En su exposición, De León afirmó que “la vivienda vacacional necesita una regulación que compatibilice el legítimo ejercicio de esta actividad con el interés general de los canarios y canarias”.
Apuntó que este interés general viene detallado en la exposición de motivos del proyecto de ley y “va, desde la necesidad de respetar la función social de la vivienda, ratificada por el Tribunal Supremo; garantizar la efectividad del derecho a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles; la necesidad de una ordenación urbanística y territorial, y la convivencia y la preservación de la identidad de nuestros barrios y pueblos”, subrayó.
Además, abogó por equilibrar la industria turística con la calidad de vida de los canarios y destacó que “hoy, la vivienda vacacional representa el 39% de la oferta alojativa en las islas”.
Jéssica de León se refirió también al incremento de la oferta de vivienda vacacional desde que se inició el trámite de consulta pública del proyecto de ley, que cuantificó en un 33 por ciento y 16.520 declaraciones responsables nuevas, aunque precisó que no todas se comercializan. En este sentido, apuntó que “la Ley de Vivienda Estatal ha restado el 40% del parque de viviendas de residencia por la inseguridad jurídica” a lo que añadió, “un déficit en la construcción de viviendas de 50.000 casas hasta 2030 que, junto al auge de la vivienda vacacional, es lo que ha provocado un mercado tensionado en Canarias”, sostuvo.
La consejera destacó que la norma “piensa en Canarias y en el interés general de los residentes, y abarca cuestiones sobre las que nos está pidiendo reflexionar la ciudadanía, como son los límites que tiene Canarias, y los que puede tener esta modalidad, que actualmente no determina topes cuantitativos o cualitativos”. Concluyó que “la solución no es únicamente esta ley, pero es parte de ella porque devuelve a la vivienda su función social, llama a los planificadores del territorio a que ejerzan sus competencias y legisla sobre un ámbito especifico, como es el uso de la vivienda en materia turística”.
1.100.000 viviendas susceptibles de convertirse en turísticas
La consejera explicó los principios básicos del proyecto de ley, que plantea límites cuantitativos, ya que no se podrán dar nuevas autorizaciones durante cinco años, “un plazo en el que el ayuntamiento competente en la materia, deberá definir dónde y cuántas caben”, afirmó.
“En un momento en el que hay 1,1 millones de viviendas susceptibles de convertirse en turísticas”, explicó De León, “la ley reserva un 90% del suelo a uso residencial, y en las islas verdes, un 80 %”. Además, en las zonas que se declaren tensionadas la consejera fue contundente: “crecimiento cero”. Al igual que, con las viviendas de protección oficial que “no podrán destinarse al uso turístico”.
La responsable autonómica recordó que el proyecto de ley respeta el territorio, la Ley del Suelo de Canarias y los Espacios Protegidos “y el suelo que el legislador de ese momento reservó para otra modalidad turística: el turismo rural”. También “respeta las islas verdes, entendiendo que es una modalidad vital para fijar población al territorio y, particularmente, a la isla de La Palma, donde los afectados del volcán podrán reiniciar su actividad”, concluyó.
