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Franquis solicita el respaldo de los principales sindicatos de las Islas al Pacto por la Vivienda Digna en Canarias

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha presentado hoy a los representantes de las principales centrales sindicales de Canarias, UGT y CCOO, el proyecto del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias y les ha pedido que sumen sus aportaciones al documento final como ya están haciendo el resto de interlocutores sociales, económicos y políticos a los que el consejero ha requerido su implicación en el último mes para consensuar una propuesta común que será llevada al Parlamento en febrero y que trazará las líneas de actuación de la presente legislatura en materia de vivienda.

“Continuamos con las rondas de contactos con los representantes de todos los sectores sociales de Canarias con la finalidad de sumar todas las voluntades y todas las aportaciones posibles al Pacto por la Vivienda Digna en Canarias, ya que nuestro objetivo es presentar un documento abierto que cuente con las aportaciones de todos y presentarlo en el mes de febrero en el Parlamento”, aseguró Franquis.

El consejero recordó que aprobar este Pacto en el Parlamento será el primer paso para definir las políticas que luego se concretarán, económica y administrativamente, en un nuevo Plan de Vivienda de Canarias que, entre otros objetivos, se marca el reto de construir 2.200 viviendas con fondos propios y coordinar con otras administraciones y con el sector privado, la construcción de más casas protegidas tras ocho años en los que los Gobiernos anteriores no promovieron la construcción de ninguna VPO en las Islas.

Así se lo ha transmitido el consejero a los representantes sindicales con los que se ha reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife acompañado de la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Maribel Santana.

El consejero Franquis ha pedido a los sindicatos que aporten sus propuestas al Pacto tal y como ya se los pidió a los sectores empresariales de ambas provincias, y les transmitió que “es necesario remar juntos” con el fin de ampliar el número de viviendas disponibles en Canarias para las familias con pocos recursos, y empezar a dar respuesta al elevado número de peticiones de vivienda protegida que existe en las islas.

Franquis informó a los sindicalistas que la Consejería ya ha empezado a dar los primeros pasos en este sentido con la adquisición de pisos vacíos a través de la empresa pública Visocan, que se destinarán a facilitar una casa de manera provisional a aquellas familias vulnerables que estén en situación de desahucio por imposibilidad de hacer frente a los gastos de hipoteca o alquiler.

Este documento con la propuesta del Pacto recoge la necesidad construir viviendas de promoción pública, garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social, favorecer el acceso a ella de los colectivos con especiales dificultades, y en particular de las personas mayores, y mejorar las condiciones de las viviendas con criterios de ahorro energético y cuidado del medio ambiente. También se recoge como uno de los criterios fundamentales este documento hacer efectiva la cesión de suelo por parte de otras administraciones públicas para la construcción de viviendas protegidas, para lo que Franquis ya ha pedido la implicación de los ayuntamientos canarios tras reunirse con la FECAM, y de los cabildos insulares.

Los objetivos del Pacto por la vivienda que desarrollará la Consejería regional a través de sus políticas en este sector se articularán sobre seis ejes principales:

Eje 1. Garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler.

Eje 2. Construcción de viviendas de promoción pública.

Eje 3. El acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades.

Eje 4. Rehabilitación.

Eje 5. Mejora en los procedimientos de adjudicación y revisión de los requisitos de acceso a las viviendas.

Eje 6. Creación de redes de colaboración.

Cada uno de estos ejes propone una serie de medidas y actuaciones a llevar a cabo por las administraciones en colaboración con otros agentes sociales y económicos que garanticen el acceso a una vivienda digna a miles de familias canarias.

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El presidente de Canarias se reúne con los sindicatos de Educación para analizar los retos de esta Legislatura

El presidente de Canarias se reúne con los sindicatos de Educación

Ángel Víctor Torres destaca el esfuerzo presupuestario de 2020, con 123 millones más, y confía en que pronto lleguen los 42 millones de euros del Convenio de Infraestructuras Educativas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido este lunes con los representantes de Stec- Intersindical Canaria, Anpe, CCOO, UGT, Insucan, CSIF, SEPCA y USPS en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. Los sindicatos han agradecido la celebración de este encuentro, que ellos mismos habían solicitado al presidente para analizar los principales retos a los que se enfrenta la educación pública en los próximos cuatro años.

En cuanto a la dotación presupuestaria en 2020, que aumenta en 123 millones para la Consejería de Educación, el presidente destacó que a esa cantidad habría que sumar las partidas de inversiones financieramente sostenibles (IFS) y también “estoy seguro de que, si hay investidura y Gobierno estable, nos llegarán más recursos como los 42 millones de euros del Convenio de Infraestructuras Educativas”, apuntó. También insistió en el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para implementar la educación gratuita de 0 a 3 años.

El presidente de Canarias se reúne con los sindicatos de Educación
Un momento de la reunión celebrada este lunes.

Otro de los grandes retos del Ejecutivo es el aumento de la dotación hasta llegar al 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Al respecto, Ángel Víctor Torres mantiene su compromiso de seguir trabajando en esa línea hasta que en 2022 la educación en Canarias tenga “el presupuesto que se merece”. Torres destacó que el esfuerzo este año va a ser mayor “porque en los años anteriores no se cumplió con el aumento en la partida de Educación”. Además, destacó el logro de haberse acercado al 4 por ciento del PIB para Educación en 2020. Aseguró que su voluntad y la de la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, es la de “mantener esos incrementos en los años sucesivos”.

Para el presidente, la reunión celebrada este lunes 5 de diciembre “ha sido muy productiva y agradezco la comprensión de los representantes de los trabajadores” en las negociaciones que se han mantenido en los primeros meses de la legislatura. Uno de los temas que se ha puesto como ejemplo por parte de las centrales sindicales es la solución para garantizar el pago de los sexenios al profesorado en el próximo ejercicio. Un problema que el propio Ejecutivo solventará con una enmienda a sus Presupuestos de 2020.

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El Gobierno de Canarias impulsa la puesta en marcha de los VII Acuerdos de Concertación Social

Darias, en el Pleno del Parlamento

Cuatro mesas de trabajo empiezan esta semana a definir propuestas relativas a servicios públicos y fiscalidad; simplificación administrativa; formación profesional e igualdad y brecha salarial.

Carolina Darias: “El diálogo social y la negociación colectiva son las herramientas para crear el marco que permita a las personas disponer de un trabajo decente y respetuoso con su dignidad”.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, de la mano de los agentes económicos y sociales, ha comenzado ya a trabajar en los VII Acuerdos de Concertación Social en Canarias, para lo que se están poniendo en marcha, esta misma semana, las cuatro mesas constituidas por acuerdo de la Mesa de Concertación Social, relativas a servicios públicos y fiscalidad; simplificación administrativa; formación profesional dual e igualdad y brecha salarial.

Así lo anunció la consejera, Carolina Darias, durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento, a petición del Grupo Podemos, para informar de las propuestas y planes de impulso al diálogo social entre los agentes del área de empleo. Darias recordó que los acuerdos “no llegan solos”, pues el consenso “hay que buscarlo”, pero se mostró convencida, y así aseguró que se lo han transmitido los agentes económicos y sociales en las reuniones mantenidas, de que “el acuerdo no solo va a ser posible, sino real”.

La consejera, que comenzó su primera intervención haciendo un “reconocimiento histórico” al estado de bienestar, reivindicó el diálogo social como una materia “fundamental” para “construir el consenso necesario”, algo que, a su juicio, exige a todos los agentes implicados un compromiso: hacer “una política con fundamento”. “Tenemos que recuperar el terreno perdido; en todo momento el diálogo social es imprescindible, en momentos de incertidumbre política, también”, apostilló.

Desarrollar los VI acuerdos

Darias explicó que los VI acuerdos, centrados en la competitividad, economía sumergida y absentismo, políticas activas de empleo, protección social y participación institucional, “todavía están por desarrollar”.

En este sentido, avanzó que se va a crear una comisión de seguimiento de los VI Acuerdos de Concertación Social en el marco del Consejo Canario de Relaciones Laborales y, en definitiva, se impulsarán acciones acordes que incidan en cuestiones como la digitalización, internacionalización, fomento del arbitraje, impulso a las pymes, economía azul, verde y circular, así como investigación, innovación y desarrollo.

La consejera dijo que, para avanzar en diálogo social, Canarias cuenta con “organizaciones sociales y económicas sólidas e independientes, con altas capacidades técnicas, con voluntad política y el compromiso de las partes interesadas, además del apoyo de este Gobierno”. “El diálogo social y la negociación colectiva serán las señas de identidad de este Ejecutivo, con metas y fines claros: los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, afirmó.

“El diálogo social y la negociación colectiva son las herramientas necesarias para crear el marco que permita a las personas disponer de un trabajo decente y respetuoso con su dignidad”, añadió.

Formación en diálogo social y negociación colectiva

La consejera recordó que, por primera vez, Canarias contará en 2019 con planes de formación dirigidos a la capacitación para funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, iniciativa para la que el Servicio Canario de Empleo (SCE) ha desarrollado una normativa propia para regular la gestión y concesión de estas actuaciones. “Vamos a formar a quiénes tienen que dialogar y negociar”, apuntó.

Además, subrayó la necesidad de estimular la negociación colectiva a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales, que se pondrá en marcha el próximo 21 de octubre y en el que se analizará el estado de la negociación colectiva, colaborando con los agentes sociales y económicos de Canarias en aquellas propuestas que promuevan el mantenimiento del empleo, el incremento salarial y la igualdad laboral.

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Julio Pérez escuchó las principales reivindicaciones de los sindicatos de la Administración

Primera reunión Julio Pérez con los representantes sindicales

Representantes sindicales y miembros del equipo de la Consejería de Administraciones Públicas acuerdan mantener reuniones de forma periódica para abordar diversos temas tras esta toma de contacto y ahondar en el diálogo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la directora general de la Función Pública, Laura Martín, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo A. Hernández, y la directora del ICAP, Eva de Anta, tuvieron ayer lunes un primer encuentro con representantes sindicales de la Administración General que sirvió de toma de contacto entre ambas partes.

Al encuentro, mantenido en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria mediante videoconferencia, acudieron por parte de los sindicatos, acudieron al encuentro Manuel González y Francisca Martín por Sepca; José Ramón Barroso y Pedro Costeras, por CCOO; Javier Galván y Elías Martín por CSIF; Gregorio Acosta por UGT; y Abraham Catalina Méndez y Ana María García por Cobas y un representante por Intersindical Canaria.

Julio Pérez expuso a los representantes sindicales cuatro aspectos a los que pretende dar prioridad a en esta legislatura: reforzar la estabilidad de la estructura de la propia Administración autonómica; avanzar en la digitalización de los procedimientos; aumentar la transparencia en la gestión, y mejorar la medición y evaluación de las actuaciones.

Ambas partes hicieron constar la necesidad, y su intención, de dialogar para consolidar los avances ya alcanzados, mejorar los aspectos que lo necesiten y plantear nuevos objetivos en esta nueva etapa. Para ello, ambas partes se comprometieron a celebrar reuniones periódicas que les permita continuar debatiendo sobre los asuntos a abordar.

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Primera reunión de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo con los sindicatos más representativos

Reunión con sindicatos

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo acogió este viernes una primera reunión con responsables de los sindicatos más representativos del Archipiélago, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), para abordar distintos asuntos de interés en materia de empleo para esta legislatura.

La consejera, Carolina Darias; el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, recibieron, por parte de CCOO, a su secretario general, Inocencio González, al secretario de Empleo, Ángel Brito, y al secretario de Organización y Finanzas, Braulio Romero. Por parte de UGT acudieron el secretario de Política Institucional, Relaciones Internacionales, Movimientos Sociales y Coordinación Externa, Pedro Martínez, y el presidente de la Comisión de Control Económico, Miguel Suárez.

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Respaldo sindical unánime a la reclamación del Gobierno de Canarias para el cobro íntegro de los sexenios

Mesa Sectorial Sexenios Educación

La consejera de Educación y Universidades explicó hoy a la representación sindical los argumentos que empleará el Gobierno de Canarias para evitar que el Estado recurra el incremento del complemento de sexenios recogido en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, el viceconsejero del área, David Pérez-Dionis y el director general de Personal de la Consejería, Juan Rafael Bailón, explicaron esta mañana a la representación de los sindicatos del sector educativo la estrategia que plantea llevar el Gobierno de Canarias a la Comisión bilateral de negociación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, para evitar que el Gobierno central anule el cobro de los sexenios y los nuevos complementos retributivos, tal y como están recogidos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.

El importe de los sexenios y la incorporación de los otros complementos están recogidos con todo detalle en el convenio que todas las fuerzas sindicales suscribieron con el Gobierno de Canarias el 1 de septiembre de 2017. Sin embargo, el Gobierno del Estado publicó un Real Decreto-Ley el 21 de diciembre pasado, que restringe el incremento de los complementos retributivos en toda la función pública y que consideran que impediría aplicar el importe de los sexenios correspondiente a 2019.

Como ejemplo, el acuerdo de 2017 recogió en una tabla que el primer sexenio en la carrera docente se pagaría a 32,5 euros el primer año y que, en el segundo, se abonarían 55 euros por ese concepto, tal y como se recogió en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. La Consejería entiende que no se trata de un incremento, sino de cifras ya establecidas desde el año 2017 y que, fueron furto de una intensa negociación y de un acuerdo para la implantación de los sexenios en cinco años, hasta 2022, y no en un solo ejercicio, lo que sí habría supuesto una merma para las arcas canarias.

Todas las fuerzas sindicales entendieron y respaldaron los argumentos del Gobierno de Canarias y coincidieron en destacar que Canarias era la única Comunidad Autónoma que no tenía implantado el modelo de sexenios, por lo que parar ahora su implantación supondría perpetuar la desigualdad entre el profesorado canario y el del resto del Estado, por lo que mostraron su clara oposición a las intenciones del Estado de permitir un incremento en el importe de poco más del 2%, en aras de la contención del gasto. A este respecto, la representación de la Consejería también señaló la capacidad de las islas para abordar estos pagos sin sufrir problemas presupuestarios.

Más detalles sobre la discrepancia en el modelo de sexenios

El Gobierno del Estado ha manifestado al de Canarias su oposición a diferentes artículos contenidos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para este año, por entender que contravienen la normativa estatal. En el caso de Educación, la posición que defiende el Estado supondría una reducción de en torno a un 80 por ciento en el importe de los sexenios que cobra el profesorado en 2019.

Las objeciones del Estado se refieren concretamente a los epígrafes 1, 3 a) y b), y 5 del artículo 41 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. En ellos, se regula la aplicación de los complementos retributivos al profesorado canario, fruto del desarrollo del acuerdo alcanzado con la representación sindical para implantar el modelo de sexenios en las islas y homologar así sus salarios con los del resto de comunidades autónomas.

El Estado entiende que el importe de dichos complementos supera el límite legal establecido para la creación de nuevos complementos retributivos o aumentar el importe de los ya existentes, que estableció a través del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, por lo que el Gobierno estatal reclama ahora que se reduzca sustancialmente el importe de los sexenios a cobrar por el profesorado y se eliminen nuevos complementos.

La Comunidad Autónoma, por su parte, considera que las objeciones del Estado por el establecimiento de los importes de los sexenios y la regulación de varios complementos relativos a las coordinaciones que realiza el profesorado en áreas transversales, como son la prevención de riesgos laborales, la convivencia y las tecnologías de la información y la comunicación no son de aplicación en este caso.

El acuerdo para la implantación del modelo retributivo que ahora pone en cuestión el Estado se basó en una planificación plurianual, por la que el importe de los sexenios y el resto de complementos se iría incrementando progresivamente hasta el año 2022, cuando el modelo quedaría definitivamente implantado. De hecho, el propio acuerdo, suscrito el 1 de septiembre de 2017, recogía una tabla con los importes exactos a recibir por los sexenios en cada uno de los cinco años de implantación. Así se publicó en el Boletín Oficial de Canarias y así comenzó a implantarse ya en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, que se aplicó con normalidad durante todo el año pasado.

En desarrollo del acuerdo, el presupuesto para este año 2019 incluyó, en el momento de su aprobación por el Parlamento autonómico el 19 de diciembre de 2018, la actualización de los complementos retributivos. Sin embargo, dos días después, el Estado publicaba el citado Real Decreto-Ley, cuando la Cámara autonómica ya había aprobado las cuentas para 2019, que se publicarían en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de diciembre de 2018.

Precisamente, el no aplicar el total del importe de los sexenios desde el año 2018 obedeció a la voluntad de las partes de no causar un perjuicio a las arcas de la Comunidad Autónoma y seguir una senda de gasto perfectamente asumible durante el quinquenio de implantación de los sexenios y así se planificó hace casi dos años.

Por otro lado, el Gobierno recuerda que la razón de ser de los sexenios no es otra que la de homologar los salarios del profesorado de las islas con los del resto de Comunidades autónomas. Después de años de intentos para cerrar el modelo, por fin la Comunidad Autónoma dispone de suficiente capacidad presupuestaria para que en las Islas se cobre igual que en el resto de Comunidades Autónomas, por lo que impedirlo supondría un nuevo obstáculo para que Canarias pueda ofrecer empleos de calidad, con oportunidades de desarrollo de una carrera profesional en las mismas condiciones que el resto.

La Consejería de Educación y Universidades entiende que la aplicación inflexible de normas homogéneas de restricción del gasto vuelve a frenar la capacidad de crecimiento de las comunidades autónomas que han sido más eficientes en su política presupuestaria y que disponen de recursos propios suficientes como para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, en el caso de Canarias, lograr ser más competitivos y mejorar en las comparaciones con las medias estatales.

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