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Empresarios, sindicatos y cabildos respaldan el decreto ley que permitirá el control antiCOVID de los turistas

Gobierno de Canarias - Consejo Asesor del Presidente

Los integrantes del Consejo Asesor del Presidente ven satisfactorios los cambios legales proyectados para conseguir que los visitantes se alojen con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento que demuestre que no están contagiados

Los agentes sociales y económicos representativos en Canarias (sindicatos -UGT y CCOO- y patronales -CEOE y CCE-) y los cabildos insulares respaldaron en la tarde de este lunes el  decreto ley del Gobierno de Canarias que posibilitará el control antiCOVID de los turistas que lleguen a las Islas, ya sean extranjeros o nacionales. Esta valoración fue trasladada hoy por los integrantes del Consejo Asesor del Presidente, que vieron satisfactorios los cambios legales proyectados por el Ejecutivo autonómico que preside Ángel Víctor Torres para así conseguir que los turistas se alojen en las Islas con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento turístico que demuestre que no están contagiados por el virus que produce la COVID-19.

El presidente de Canarias informó este lunes a su Consejo Asesor de que el Gobierno autonómico prepara una regulación propia que minimice los riesgos de incidencia y propagación de la COVID-19 por posibles casos importados. Esto se pretende conseguir con la obligación de que se cumpla con el requisito de que todas las personas que se alojen en un establecimiento turístico reglado se sometan, previamente a su viaje, a una prueba que acredite no ser transmisor de la enfermedad o que bien ésta se realice nada más llegar al Archipiélago.

“Es un decreto ley muy importante que se viene preparando antes de que Alemania y Gran Bretaña levantaran las restricciones para viajar a Canarias”, apuntó el presidente al mismo tiempo que reconoció el trabajo realizado en las últimas semanas. Para Ángel Víctor Torres, “la propuesta es bastante profesional y adecuada; es el primer documento de este tipo que aprobará una comunidad autónoma”.

A través de un decreto ley de medidas extraordinarias, desarrollado por la Consejería de Turismo para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la COVID-19, el Gobierno de Canarias va a dar una respuesta propia a la lucha contra la pandemia y sus efectos sobre la economía, una reclamación de las Islas sobre la que ya existe un amplio consenso social, empresarial y político de cara a la protección de la salud pública, tanto para la población residente como para los visitantes, además de beneficiar al principal sector económico de las Islas: el turismo. Esto también se logra dando confianza y seguridad en los viajes para reactivar la demanda.

Gobierno de Canarias - Consejo Asesor del Presidente
Un momento de la comparecencia conjunta del presidente y la consejera de Turismo.

Los detalles de la propuesta fueron hoy presentados por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y por la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, al Consejo Asesor del Presidente, que, dada la trascendencia de los asuntos tratados, tuvo una convocatoria más amplia, pues a la reunión además se unieron representantes de las patronales turísticas insulares y presidentes de los cabildos.

La consejera de Turismo explicó que la fórmula para implantar esos controles “se basa en tres preceptos básicos; seguridad sanitaria, seguridad comercial para los agentes que intervienen en el sector y transparencia en la información a la que tiene derecho el cliente”, apuntó Yaiza Castilla.

El texto legal planteado por el Gobierno, que se prevé aprobar como decreto ley en Consejo de Gobierno esta semana, supone la modificación de aspectos básicos y la ampliación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación Turística de Canarias, y de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.

A través de esos cambios, y vía derecho de acceso a los establecimientos turísticos alojativos, por un lado, y vía derecho de los usuarios a la información veraz previa sobre las condiciones de acceso a éstos, por otro, se busca la garantía de que, por motivos sanitarios y con la finalidad de limitar el impacto en la salud de las personas, el cliente deba demostrar con un resultado negativo de una prueba de COVID-19 estar libre del virus, ya sea tras hacérsela en origen o, si no hubiera lugar, en destino, nada más llegar.

La propuesta legal se basa en intentar dar las máximas garantías disponibles para que el turista cuando viaje a las Islas esté libre de COVID-19, lo cual puede acreditar con una prueba y para lo que se admitiría el test de antígenos, más rápido y económico, u otros que considere o se pudieran acreditar como válidos por las autoridades sanitarias.

El decreto ley cumple con los límites fijados por las competencias autonómicas para acometer una regulación legal en esa materia y “se ha configurado para dar respuesta a una situación que requiere de una actuación inmediata”, aseguró la consejera.

Si fuera preciso, el Gobierno canario incluso contemplaría, en garantía de la reciprocidad sanitaria que defiende que debe existir, ofrecer al turista una prueba antes de su vuelta al país de origen. Además, la Comunidad Autónoma de Canarias ya tiene establecida la atención a los turistas en destino si ésta fuera precisa al dar positivo un visitante en COVID (a través de su atención sanitaria, alojamiento por cuarentena y repatriación), gracias a la póliza de asistencia en viaje complementaria que tiene suscrita la Consejería de Turismo.

La regulación de esta obligación de aportar un test negativo para acceder a los establecimientos alojativos, lleva aparejada el diseño de las diferentes medidas para garantizar el adecuado circuito y procedimiento para su aplicación.

Se pretende con ello evitar frenos y minimizar molestias en la operatoria turística, a la vez que se salvaguarde que, de cara al cliente y con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación de los servicios de alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos alojativos reglados ubicados en Canarias, se informará de que entre las condiciones de acceso al establecimiento se incluye la de acreditar la realización de la prueba, con resultado negativo, en un plazo no superior a entre 48 o 72 horas previas a su llegada al destino.

 

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Canarias logra garantías del Estado para que los ERTE se extiendan tras el 31 de enero si así lo exige la pandemia

Ángel Victor Torres se reúne con el ministro Escrivá

El presidente Torres se reúne con el ministro de Seguridad Social y con agentes económicos y sociales, cita en la que José Luis Escrivá elogia el diálogo y consenso demostrado en las Islas ante la COVID por ser “un ejemplo y referencia para todos”

El jefe del Ejecutivo autonómico subraya que en el real decreto-ley vigente se incluyen todas las peticiones del Consejo de Relaciones Laborales de Canarias

El ministro Escrivá espera que 6.000 hogares isleños reciban desde este octubre el Ingreso Mínimo Vital

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido esta mañana (jueves 8 de octubre de 2020) con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. En el encuentro también participaron el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el vicepresidente regional, Román Rodríguez; la consejera de Economía, Elena Máñez; la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y representantes de la CEOE-Tenerife (José Carlos Francisco), CCE (José Cristóbal García), Ashotel (Jorge Marichal), FEHT (José María Mañaricúa), Asolan (Susana Pérez), Asofuer (Antonio Hormiga), UGT (Francisco Bautista) y CCOO (Inocencio López).

Esta reunión se ha centrado en la aprobada prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero, que Ángel Víctor Torres considera “clave para Canarias”. El presidente elogió la capacidad de consenso que ha demostrado la mesa tripartita (Gobierno central, patronal y sindicatos) “en estas horas difíciles” y considera esa herramienta “un colchón fundamental para mantener el Estado de bienestar y garantizarle su puesto “a miles de trabajadores”.

El jefe del Ejecutivo autonómico recibió el respaldo del ministro para que los ERTE se extiendan más allá del próximo 31 de enero, si la situación económica por la pandemia así lo exige. José Luis Escrivá insistió en que el Gobierno central “siempre ha sido consciente” de las singularidades de las Islas por el peso del turismo. “Por eso -dijo-, los ERTE son un instrumento flexible y adaptable a la evolución de la COVID-19”.

Según los datos del Ministerio, Canarias tuvo a 230.000 personas en ERTE durante la peor etapa del confinamiento y aún mantiene a unos 83.000. Esto significa que el 13% de la población ocupada sigue bajo la protección de este mecanismo, mientras que el 65% sí ha vuelto a su actividad, porcentaje “muy inferior” al del resto del país. De hecho, las Islas son, junto a Baleares, la comunidad autónomo que presenta un mayor peso de los ERTE.

Por ese motivo, Escrivá aseguró que se requiere una actuación pública firme y “le he trasladado a los agentes sociales que, aunque se hayan prorrogado los ERTE hasta el 31 de enero, en ningún caso se prejuzga que no se podrán prolongar más, sino que son adaptables a los elementos de una pandemia de la que hemos aprendido que es cambiante”, indicó.

Ángel Victor Torres se reúne con el ministro Escrivá
Un momento del encuentro de trabajo celebrado en Presidencia del Gobierno.

El presidente Ángel Víctor Torres resaltó, asimismo, que el real decreto-ley de junio pasado sobre los ERTE incluyó una disposición adicional expresa sobre Canarias y que, en esta renovación hasta el 31 de enero, se han atendido todas las peticiones del Consejo Canario de Relaciones Laborales. Entre otras, que se mantuviera como prestación el 70% de la base reguladora, que entraran los inactivos de sectores afectados y los empleados temporales, que todo se hiciera a través de los centros de trabajo o que las afecciones por rebrotes de casos tuvieran una cobertura del 100%” en el primer mes. “Lo ideal es que no hiciera falta renovarlos, pero, si es necesario, que se prorroguen”, remarcó.

Para el ministro, la cita de esta mañana ha sido “extraordinariamente fructífera” y le ha servido para constatar “el gran clima de diálogo social existente en Canarias, que es ejemplar y una referencia para todos”.

Seis mil hogares canarios beneficiados por el Ingreso Mínimo desde este octubre

José Luis Escrivá también remarcó la relevancia de la colaboración con el Gobierno canario respecto al Ingreso Mínimo Vital, “sobre todo cuando, hace unos días, el Ejecutivo isleño ha aprobado las modificaciones de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para que pueda ser temporalmente compatible con ese Ingreso Mínimo”. A su juicio, esto ayudará a la tranquilidad de los ciudadanos en una situación vulnerable, eleva las cuantías de beneficiarios del IMV mediante complementos y demuestra que Canarias “ha sido de las regiones que mejor han entendido” esta ayuda. Según anunció, unos 6.000 hogares canarios percibirán este Ingreso Mínimo desde este octubre, “y queremos ir más allá en los próximos meses. El IMV es un instrumento que viene para quedarse y conviene que esté diseñado lo mejor posible para que llegue de forma plena a todos los hogares que lo necesitan”, aclaró.

La de hoy ha sido la primera de las reuniones que mantendrá el ministro con representantes de las administraciones canarias durante su visita oficial al Archipiélago. Mañana, el presidente de Canarias volverá a reunirse con el ministro para abordar más en profundidad la situación migratoria. El ministro subrayó, eso sí, el “enorme esfuerzo que está haciendo este Gobierno para afrontar la excepcional situación que vive Canarias en estos momentos”. No obstante, es consciente de que se necesitarán más recursos y se comprometió a trabajar en una red de acogida más estable.

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El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento borrador que se ha ido consensuando con las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos, el Tercer Sector y la mayoría de partidos incluye medidas por valor de 1.425 millones para 2020 en sus siete prioridades estratégicas

El texto aboga por la unidad de acción ante la Unión Europea y el Ejecutivo central para mantener el Estado de bienestar y los logros conseguidos por Canarias en los nuevos REF y Estatuto de Autonomía

El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), concebido para combatir los efectos de la pandemia COVID-19, prevé una inversión inicial de 5.725,7 millones de euros en las Islas desde este año hasta 2023; de ellos, 1.425 millones se reservan al ejercicio 2020, estos con ficha ya cerrada. Así se contempla en el borrador casi definitivo visto hoy por el Consejo de Gobierno y ya entregado a los firmantes del Pacto del mismo nombre, del que emana esta iniciativa, rubricada el pasado 30 de mayo (Día de Canarias) y negociada desde entonces con numerosas reuniones celebradas entre los integrantes de ese foro.

El objetivo central de ese proyecto integral pasa por mantener y fortalecer los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, de manera que nadie se quede atrás por esta crisis imprevista y mundial, especialmente los colectivos más vulnerables. Además, el Plan para la Reactivación aspira a que el Archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados, con el empleo recuperado, con mayor sostenibilidad integral gracias a la aplicación de la Agenda 2030, con un turismo más competitivo, con más acceso a la vivienda pública, con una administración más moderna y con el máximo desarrollo posible de textos legales clave para Canarias, como son los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2018, así como el refuerzo de la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE).

El documento, también denominado Plan Reactiva Canarias, aún puede ser modificado estos días durante la última revisión de los participantes en su redacción: los cabildos, a través de la Fecai; los 88 municipios canarios (con la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE; las cámaras de comercio; los sindicatos UGT y CCOO; los colegios profesionales de Trabajo Social; los agentes del Tercer Sector, y los partidos signatarios, que representan el 80% de los diputados del Parlamento regional, al ser apoyado ese Pacto por PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre, para luego ser debatido en la Cámara autonómica, en principio en el pleno del 27 de ese mismo mes.

La intención es desarrollarlo al completo (este año hay muchas medidas que ya se están aplicando o se han implantado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado) hasta el año 2023. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogó desde el día siguiente a aquel sábado 14 de marzo por la elaboración de un plan específico para la recuperación de las Islas ante una situación de amplia crisis, con especial afección en Canarias dentro de España y de la UE debido al elevado peso del turismo en las Islas (35% del PIB regional y 40% del empleo). Se busca un Plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Para su control y seguimiento, de hecho, el proyecto incluye mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.

La búsqueda de esa unidad y del acuerdo masivo derivó en el Pacto del 30 de mayo pasado, en el que se definió un total de siete prioridades estratégicas o bloques que, en el caso del presente ejercicio de 2020, incluyen una ficha financiera de 1.425 millones de euros (financiación ya cerrada).

De los 1.425 millones de euros para 2020 (como se puede comprobar en el cuadro incluido al final de esta nota), el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con la suma de 440,4 millones.

547 millones para actividad económica y 190 para empleo en 2020

Otros bloques estratégicos, como la atención a los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, la pobreza infantil, las víctimas de malos tratos, los discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…), dispondrán de 45 millones en este 2020. Sin embargo, los esfuerzos principales se dirigirán a la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo son 190,84. La simplificación y coordinación administrativa, por su parte, acapara 200,5 millones, con los que se pretende facilitar los proyectos y licencias, ahorrar pasos burocráticos y dinamizar así la economía y el empleo. La inversión se completa con 500.000 euros para la Agenda 2030 de Canarias.

Aquellos 1.425 millones de euros para 2020 suponen un considerable esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Administración General del Estado debido a la merma de ingresos tributarios por la pandemia en este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta el sistema fiscal singular con que se cuenta en las Islas. Para alcanzar esa cifra, se han incluido 373 millones no reembolsables que corresponden al Archipiélago del Fondo COVID aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto Ley 22/2020, del 16 de junio. Con ellos, se pretende compensar los aumentos de los gastos en sanidad, educación y transporte. Asimismo, se introducen 176 millones para cubrir la reducción de la recaudación tributaria en las Islas y hasta 389 millones por autorizarse el uso de superávit de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma. Esa cifra se aplica por la merma de ingresos por impuestos propios o derivados del Bloque de Financiación Canario en este 2020.

Para este ejercicio, el Gobierno central también aporta 14 millones con el fin de reforzar los servicios sociales, en función del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Por su parte, el Ejecutivo canario ha reajustado 100 millones del Presupuesto regional vigente, cantidad que se añade a otros 373 obtenidos de partidas contempladas en esas cuentas que se consideran útiles ante lo sucedido por la pandemia de la COVID-19.

La financiación prevista en el trienio 2021-23

Aunque se trata de una cifra potencialmente modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, pues existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y porque el Plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia, para el periodo 2021-2023 se ha calculado inicialmente un total de 3.400,7 millones de euros.

Igualmente, para el citado periodo de tres años se establece un refuerzo financiero total de 900 millones en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda), lo que da un resultado global de gasto para 2021-2023 de 4.300,7 millones de euros.

Las cifras más relevantes, de nuevo, atienden en 2021-2023 a la reactivación económica y la generación de empleo. En este sentido, se proyecta, de momento, un desembolso de hasta 2.028 millones para el reimpulso empresarial y económico y de 741 millones para el empleo. En los casos de la Agenda 2030 y de la agilización administrativa, lo más relevante son las medidas relacionadas con la progresiva implantación e incorporación de esas acciones a los procesos de gestión pública; por ello, la ficha financiera tiene un papel secundario en tales prioridades estratégicas.

Los presupuestos del Estado para 2021 y el Fondo Europeo de Recuperación

Desde 2021, los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital.

Además, resulta esencial que Canarias haga valer sus singularidades por la lejanía y la insularidad ante la UE, su actual condición de región RUP, a la hora de obtener ayudas o financiación pública para proyectos que a incluir en el Fondo Europeo de Recuperación, dada la mayor afección de la pandemia en las Islas por su modelo económico. Unos efectos que se suman a las debilidades estructurales que ya presentaba el Archipiélago en cuanto a diversificación económica, empleo, salarios y otros parámetros.

El Plan Reactiva Canarias también podrá costearse con recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones), con los Fondos Estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27 y con las cuentas estatales hasta 2023 y además las regionales, que se espera que dispongan de forma creciente de más ingresos tributarios a medida que se reduzcan los efectos de la pandemia.

Con el fin de que los efectos de la COVID-19 fueran los mínimos posibles manteniéndose los gastos públicos, el Gobierno regional ha inyectado hasta ahora, en 2020, unos 8.067 millones en la economía isleña, mientras que los cabildos han aportado 1.652 y los consistorios, 2.106. Junto al Ejecutivo central, el esfuerzo global en el Archipiélago asciende a 16.800 millones.

Como se ha indicado hasta ahora, el Plan Reactiva Canarias da especial prioridad al mantenimiento de la capacidad asistencial en la sanidad pública canaria y a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Se hace no solo por mejorar este pilar fundamental del Estado de bienestar para los residentes y ante la evolución de la pandemia, sino como atractivo y garantía de presente y futuro para el turismo. Así, se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.

En el ámbito social, además se prevé desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 y fortalecer al máximo los servicios sociosanitarios con más y mejores conciertos con el Tercer Sector y una mayor coordinación interadministrativa. Así, se quiere aligerar los hospitales en el capítulo de enfermos crónicos mediante una red potenciada de centros para mayores y con una mejor teleasistencia o atención en el hogar. Además, lejos de debilitarse, se atiende mejor la dependencia y la discapacidad.

Otro de los objetivos clave pasa por mejorar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ahora queda reforzada con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y que se completa con la Renta Canaria de Ciudadanía. Se calcula que ese Ingreso Mínimo que aporta el Estado supondrá unos 180 millones anuales en las Islas.

En educación, con la seguridad de los alumnos y del personal docente ante la COVID como prioridad máxima, también se quiere estrechar la brecha digital que el confinamiento evidenció, aparte de reforzar todo lo posible la educación a distancia, mejorar el apoyo a las familias con menos recursos y la educación de 0 a 3 años en beneficio de la conciliación familiar y del acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias.

Con el objetivo doble de reimpulsar el subsector de la construcción, y en aras a cumplir un derecho básico de la ciudadanía, se busca ampliar el parque de vivienda de alquiler social, con más ayudas para las familias con pocos recursos y el pago de los suministros básicos.

Recuperar y adaptar la economía, con un subsector turístico más moderno

En cuanto al ámbito económico y el empleo, se defiende el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor durante el tiempo necesario, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el subsector turístico (el principal en Canarias), sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento, eso sí, recuerda que, entre abril y agosto, esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones en apoyo de los autónomos por el cese de actividad.

Además, el Plan apuesta por garantizar cada año los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y diversas medidas de modernización del Servicio Canario de Empleo, de formación de sectores poblacionales con más dificultades de reincorporación laboral y de apoyo a los autónomos, empresas de economía social, cooperativas o compañías de integración social. Para todos ellos, aparte de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se reforzarán mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio de 2020, se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.

El esfuerzo por la formación se orientará, en especial, al ámbito turístico (idiomas…), así como a las nuevas tecnologías y el I+D+i. Además, el Plan pretende una lucha más activa contra la economía sumergida y ayudas a las empresas, reduciendo la morosidad con el reordenamiento de pagos o mayores garantías de deuda. Para esto, en este 2020 se reservan 20 millones.

El desarrollo del REF incluye la adaptación de los instrumentos fiscales a la nueva realidad generada por el coronavirus, así como el mejor aprovechamiento de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales, de manera que se impulse la inversión y la creación de empresas y empleos.

Por supuesto, el turismo, su recuperación y modernización resultan esenciales en este Plan. Para ello, siguiendo el proyecto Canarias Fortaleza, se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.

También se prevé apostar por los eventos culturales y deportivos como atractivos añadidos y por el consumo de productos canarios (de cercanía o kilómetro cero, con mucho menor huella de carbono), en cumplimiento también de la Agenda 2030 y reforzando así la marca Elaborado en Canarias y la soberanía alimentaria. En esta misma línea, ahora ligándola al ámbito sanitario, se contempla impulsar la producción de material sanitario en las Islas.

Sin salir de la economía, el impulso a la construcción no solo se busca con nueva vivienda social y con reformas de éstas, sino vinculándolo a la modernización turística y hotelera, así como a la obra pública (carreteras, centros docentes, sanitarios…), siempre atendiendo a los criterios de sostenibilidad.

En cuanto al transporte, se compensará a las empresas del subsector por las consecuencias de la pandemia (175 millones en ayudas globales en 2020), se tomarán todas las medidas para que se cumpla con la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco para los residentes, se impulsará la movilidad sostenible y se modernizarán puertos y aeropuertos.

El Plan Reactiva Canarias apoya al sector primario con la búsqueda del adelanto de las ayudas del Posei comunitario y del Posei adicional, con especial atención a cultivos como el tomate y el plátano, entre otros, reduciendo los costes de los insumos de la ganadería (REA), reforzando las subvenciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícola, y exigiendo las ayudas al agua de riego contempladas en los Presupuestos estatales (ocho millones de euros).

Mecanismos de control y cumplimiento de lo previsto

En busca del mayor rigor, fiscalización y cumplimiento de este Plan, la iniciativa contempla un punto final, el 10, denominado Cuadro de mando. Ello permitirá una continua y adecuada evaluación de su desarrollo, de sus resultados y de su contribución a alcanzar las metas fijadas. Para ello, habrá una comisión de seguimiento del Plan, con reuniones trimestrales y una sesión de control monográfica de periodicidad anual.

 

  • ANEXOS CON TABLAS FINANCIERAS PARA 2020 y 2021-23

I) Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 424.746.983,58 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 15.689.776,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 45.069.883,39 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 190.848.804,00 €
5. Impulso de la actividad económica 547.389.223,30 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 200.834.161,85 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 500.000,00 €
TOTAL 1.425.018.831,20 €

II) Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 429.700.000,00 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 93.000.000,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 75.500.000,00 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 741.030.000,00 €
5. Impulso de la actividad económica 2.012.265.496,78 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 310.000,00 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 0,00 €
TOTAL 3.384.805.496,78 €

 

Se debe tener en cuenta que la aportación total del Plan Reactiva Canarias para el periodo de ejecución 2020-23 (cuatro años), la de 5.725,7 millones, incluye los 900 millones de refuerzo en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda) durante el trienio 2021-23, lo que da el resultado global de gasto ya indicado: 5.725,7 millones. Esta cifra resulta de sumar la ficha cerrada para 2020, 1.425 millones; la prevista para el periodo 2021-23, 3.400,7, y los 900 millones reseñados.

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Canarias propone una extensión de los ERTE indefinida, sin recortar prestaciones y para todos los sectores

Consejo de Relaciones Laborales

El presidente, Ángel Víctor Torres, y los agentes económicos y sociales firman la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales en materia de ERTE para elevarla a la Comisión Tripartita Laboral

“Ojalá lo que hoy hacemos en Canarias se tome como ejemplo y permita que esta misma semana podamos tener un acuerdo con respecto a los ERTE para el conjunto del Estado”,  señaló el jefe del Ejecutivo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y representantes de los agentes económicos y sociales más representativos, firmaron este lunes en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales en materia de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que será remitida a la Comisión Tripartita Laboral, órgano competente en materia de empleo en el ámbito estatal. El documento recoge las principales reivindicaciones canarias en este sentido, como la extensión de los ERTE con carácter indefinido para todos los sectores de actividad y que las personas trabajadoras sujetas a un expediente no vean mermadas sus prestaciones una vez superados los 180 días.

Torres, que valoró el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Canario de Relaciones Laborales y subrayó la importancia del diálogo social en el proceso de reactivación social y económica de Canarias, afirmó que “siempre que se firma un acuerdo se da un paso en el consenso y en la búsqueda de soluciones, y lo hacemos hoy que se vuelve a reunir la mesa tripartita con el objetivo de conseguir, ojalá que sea antes del 15 de septiembre, un acuerdo que sea justo, que sea por el tiempo necesario, que sea abierto a que si es preciso tener nuevas prórrogas, estas estén en el texto regulado, y que dé respuesta a las situación que vivimos especialmente en Canarias.”

El jefe del Ejecutivo recordó que ya hubo un acuerdo anterior del Consejo Canario de Relaciones Laborales en el que se recogían aspectos que luego fueron parte del acuerdo del conjunto del país, cómo hacer que los ERTE fueran flexibles en los centros de trabajo. “Ahora, de nuevo, – añadió- y en el marco del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, los agentes sociales y económicos, junto al Gobierno de Canarias, rubrican un acuerdo que queremos elevar a Madrid con el objetivo de conseguir todo lo que en esos enunciados se recoge. Ojalá lo que hoy hacemos en Canarias haga que esta misma semana podamos tener un acuerdo con respecto a los ERTE para el conjunto del Estado”.

Foto de familia.
Foto de familia.

En el acto de firma de la propuesta participaron, además del presidente, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González; el secretario de Política Institucional de la Comisión Gestora de UGT Canarias, Pedro Martínez; el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García; y el secretario general de CEOE Tenerife y vicepresidente del Consejo Canario de Relaciones Laborales, Eduardo Bezares.

Claves del documento

La propuesta canaria contempla también que en los casos en los que persistan las causas de fuerza mayor y dada la afectación de todos los sectores económicos, las empresas puedan acogerse a las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020 indistintamente del sector al que pertenezcan; o que aquellas empresas o centros de trabajo que hayan estado afectadas por un ERTE de fuerza mayor parcial y hayan tenido alguna actividad en el último trimestre, pero se encuentren en riesgo de quiebra y pérdida de empleo, se les permita recuperar la fuerza mayor total.

En cuanto a las personas trabajadoras afectadas por un ERTE, el órgano canario reclama que no sufran merma en las prestaciones por desempleo una vez superados los 180 días y que las sigan percibiendo al 70% de la base reguladora. Por otra parte, solicita la aplicación de un nuevo sistema según el cual las empresas no coticen por trabajadores y trabajadoras con contratos suspendidos, sino solo por los ya reincorporados a la actividad, para lo que se activará un mecanismo de bonificación.

Para terminar, la propuesta recoge otros acuerdos como la necesidad de elaborar un texto normativo en el que se especifique que los ERTE deben ser determinados por centro de trabajo y no por empresa; de aumentar las bonificaciones de las cuotas a la seguridad social de los ERTE-ETOP derivados de la crisis sanitaria; o de clarificar y flexibilizar los mecanismos para afectar y desafectar trabajadores en ERTE.

Papel de la autoridad laboral en Canarias

A través de este documento, el Consejo Canario de Relaciones Laborales reivindica también la competencia de la autoridad laboral en Canarias, la Dirección General de Trabajo, a la hora de autorizar los distintos ERTE, algo que contribuiría a dotar de seguridad jurídica a las empresas y de protección a las personas trabajadoras. Además, insta a la Comisión Tripartita a cerrar un acuerdo sobre los ERTE antes del 22 de septiembre, a fin de ofrecer “certidumbre” con celeridad a las personas trabajadoras y a las empresas.

El Consejo Canario de Relaciones Laborales aboga por mantener las competencias de la Comisión Tripartita Laboral y que el acuerdo emanado de esta durante el mes de septiembre tenga un carácter indefinido mientras dure la situación de restricciones sanitaria, al tiempo que emplaza a someterlo a revisión y análisis en diciembre próximo.

 

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El Gobierno ultima el documento final del Plan para la Reactivación Social y Económica por la crisis de la COVID-19

Plan de Reactivación - Canarias

Ese trabajo, que se someterá en dos semanas al análisis de los participantes en el Pacto en busca del consenso final, luego se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno y de ahí pasará al Parlamento de Canarias

El viceconsejero de la Presidencia recalca que se incluirán todas las aportaciones de los firmantes del Pacto y habrá un control exhaustivo de las medidas y ejes incluidos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta tarde en otra reunión de la comisión de preparación del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias por la crisis desatada debido a la pandemia de la COVID-19. Tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, que tendrá continuidad en la tarde de mañana, viernes 4 de septiembre, precisamente por solaparse con esa reunión de trabajo, la cita sirvió para que el Ejecutivo regional anunciara que el último borrador del Plan estará cerrado, con partidas concretas, en dos semanas. Entonces, se someterá al análisis de los integrantes en busca del consenso final, lo que se hará en una nueva reunión, y el documento resultante se elevará al Consejo de Gobierno y de ahí saldrá hacia el Parlamento de Canarias.

El Ejecutivo autonómico trasladó esa fecha a los grupos parlamentarios (PSOE, CC, NC, Sí Podemos y ASG), a representantes de los cabildos (Fecai), municipios isleños (Fecam), entidades empresariales (CEOE y CCE), sindicatos (UGT y CCOO), cámaras de comercio, Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, que fueron los que firmaron el pasado 30 de mayo dicho Pacto.

Según explicó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, se trata de la “penúltima” cita de trabajo de este Plan, que también sirvió para abordar el enfoque en el periodo 2021-23, centrándose en las prioridades y las líneas con continuidad a partir de este 2020 “tan duro”.

Olivera recalcó que el documento a presentar en dos semanas incluirá las aportaciones que hagan todos los participantes en el Pacto, con el fin de elevarlo cuanto antes al Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, pasando luego por el Parlamento canario para su debate y volviendo al Ejecutivo regional para su respaldo definitivo. Ese último borrador, según indicó Olivera, incluirá las medidas urgentes que ya se están desarrollando “y el resto de elementos de planificación para los próximos años”.

El proyecto contará también con un modelo de gobernanza, control y seguimiento de sus iniciativas con el fin de que se pueda hacer una fiscalización “pormenorizada y en tiempo real” de todo lo contemplado. El viceconsejero anunció dos próximas semanas “muy activas” para cerrar el borrador definitivo.

Ante los medios de comunicación, Olivera añadió que en la reunión se analizó la difícil situación que está atravesando el turismo y sus subsectores vinculados en Canarias. Según dijo, se trata de una caída generalizada en todo el mundo “porque la gente no quiere viajar. Se está reservando para más adelante y, por tanto, hay un problema de demanda”. Por eso, consideró que, para la recuperación turística, resulta clave “poner bajo control los parámetros sanitarios. Seguramente ya no importa única y exclusivamente lo que haga Canarias, que haremos todo lo que esté en nuestra mano -subrayó- para que las idas y venidas de turistas sean lo más seguras posibles, sino que vamos a necesitar que en el conjunto de la economía global, al menos en la europea, se recobre la confianza y la gente quiera volver a viajar y disfrutar de las ventajas de nuestro clima”.

Aparte del presidente Torres y Olivera, a la cita de hoy acudió por parte del Gobierno su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la responsable de Turismo, Yaiza Castilla, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez.

 

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Torres recibe el compromiso de la ministra de Trabajo de prorrogar los ERTE el tiempo que sea necesario

Reunión de Ángel Víctor Torres con la ministra de Trabajo

El presidente de Canarias se muestra satisfecho tras reunirse con Yolanda Díaz en Madrid y deja claro que los ERTE seguirán beneficiando al turismo de las Islas y a los subsectores ligados

El jefe del Ejecutivo regional pide unidad a la patronal, sindicatos y partidos para lograr el mejor acuerdo posible en la mesa sectorial de este viernes

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recibido hoy el compromiso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se han aplicado en Canarias y en el resto de España desde el estado de alarma se prorrogarán el tiempo necesario desde este 30 de septiembre, día en que expiran.

El jefe del Ejecutivo canario se reunió en la tarde de este martes con Díaz, una cita que calificó de “muy importante” por la receptividad de la ministra a sus peticiones, que están en sintonía con las de la patronal hotelera y de los sindicatos y centradas, sobre todo, en que los ERTE duren el tiempo necesario mientras la pandemia por la Covid-19 siga afectando a la economía, con especial repercusión en el turismo en una región como la canaria, tan dependiente del sector servicios. Además, defendió que los trabajadores beneficiarios no vean reducido su salario del 70% actual al 50%, lo que pasaría al consumirse los primeros 180 días, una propuesta que fue bien recibida por parte del Ministerio.

Reunión de Ángel Víctor Torres con la ministra de Trabajo
Un momento previo al inicio de la reunión de Ángel Víctor Torres con la ministra de Trabajo.

Aseguró que la situación de la pandemia no debe hacer que sean los trabajadores los más sacrificados y, por eso, confía en que la nueva reunión prevista para este viernes entre el Gobierno central, la patronal y los sindicatos permita un acuerdo definitivo sobre esos dos aspectos. Además, recalcó que los incentivos a las empresas deben adaptarse a la demanda en cada momento. A su juicio, los ERTE han de durar el tiempo preciso “hasta que haya una situación normalizada. Esa es la mejor noticia de la reunión de hoy”, subrayó.

El presidente recordó que el real decreto ley en plena desescalada recogió una mención específica a los ERTE en Canarias por el gran peso del turismo en las Islas. Lo relevante ahora – continuó – es que haya unidad desde las Islas y recordó, en este sentido, que cuando así se ha actuado desde el Archipiélago, es cuando mejores resultados se han obtenido ante cualquier negociación en Madrid. Por eso, pide a los partidos, la patronal y los sindicatos que aboguen por sumar en unas circunstancias y tiempos especiales.

Sobre la afección al turismo, recordó que se trata de un ámbito económico “multisectorial” y, por eso, cree que los ERTE deben beneficiar a todos los perjudicados por esta situación general.

Para el presidente canario, resulta clave, asimismo, que haya nuevo presupuesto estatal y lamentó que, desde que se aprobó el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas, así como el nuevo Estatuto de Autonomía, en octubre de 2018, no se haya dispuesto de unas cuentas generales del Estado que permitan desarrollar esas dos normas clave, por lo que también pide unidad y altura de miras para que se respalde esa Ley en el Congreso. “Son momentos de arrimar el hombro, echarnos una mano y pensar en las personas que están sin empleo en Canarias”, dijo.

 

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El SCE aprueba el acuerdo marco con la Fecam para los planes extraordinarios de empleo frente a la COVID-19

Reunión Consejería Economía

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo contempla 30 millones para la contratación de 5.250 personas paradas por los municipios con cargo a los fondos estatales del PIEC 2020 y en el marco del Pacto para la Reactivación ante la pandemia por coronavirus

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes el acuerdo-marco de colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para el desarrollo de los planes extraordinarios durante el periodo 2020-2021 por importe de 30 millones de euros en favor de la contratación de 5.250 personas en riesgo de exclusión social, paradas de larga duración o como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Bajo la presidencia de la consejera de Economía, Elena Máñez, el órgano colegiado de participación y programación del SCE, integrado por las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad junto a la administración autonómica, avaló el documento para su posterior firma con la Fecam en el marco de las acciones financiadas con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), aprobado por el Consejo de Ministros con 42 millones a mediados de julio.

A principios de agosto, dos meses antes con respecto al pasado año, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, suscribieron el convenio para la transferencia de los fondos del PIEC con el objetivo de impulsar las políticas activas de empleo necesarias ante la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus, en cumplimiento así también del conjunto de medidas previstas en el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

En concreto, el Consejo General de Empleo emitió el preceptivo informe favorable al acuerdo-marco para que los ayuntamientos, mancomunidades o entidades dependientes realicen proyectos con una duración máxima de doce meses correspondientes a una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social, dotado con 20 millones, y a un nuevo Plan Extraordinario de Empleo COVID-19 (Pecovi), provisto con 10 millones para prevenir la expansión del coronavirus en los municipios canarios.

Además de Elena Máñez, participaron en la sesión ordinaria del órgano colegiado a través de medios telemáticos el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, junto a representantes de las patronales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO).

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El Plan de Reactivación Social y Económica contempla hasta la fecha 914 millones en acciones concretas para 2020

Mesa de seguimiento del Pacto de Canarias

A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

  • Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

  • Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

  •  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

  • Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

  • Antonio Olivera Herrera

CEOE

  • José Carlos Francisco Díaz

CCE

  • Agustín Manrique de Lara

CC.OO

  • Inocencio González

UGT

  • Francisco Bautista Yánez

FECAI

  • María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

  • Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

  • Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

  • Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

  •  PSOE: Nira Fierro.
  • SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
  • NC: Luis Campos
  • ASG: Melody Mendoza
  • CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

  • José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
  • Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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La Mesa Técnica de Hostelería aprueba los criterios de seguridad laboral ante la COVID-19 en el sector hotelero

Mesa Técnica de Hostelería

El documento, consensuado por las patronales sectoriales, los sindicatos más representativos, la Inspección de Trabajo y el Gobierno de Canarias, está dirigido principalmente a las pymes del sector alojativo turístico y ofrece orientación en materia de prevención de riesgos laborales para empresas y personas trabajadoras

La Mesa Técnica de Hostelería aprobó este lunes el documento de criterios orientativos en prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 en el sector hotelero de Canarias, un documento dirigido principalmente a las pymes del sector del alojamiento turístico y que ofrece orientación, tanto a empresas como a personas trabajadoras, sobre la prevención y protección frente a la COVID-19, así como sobre seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras en la nueva normalidad. Como explicó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos criterios “han sido consensuados desde el diálogo social para facilitar a las pequeñas y medianas empresas, que normalmente tienen una menor capacidad organizativa en materia de prevención de riesgos laborales, la adaptación a la nueva situación generada por la pandemia”.

Los criterios de prevención han sido elaborados por las entidades que integran la Mesa Técnica de Hostelería, esto es, las organizaciones empresariales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer); las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España y, por parte del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo; la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y la Consejería de Sanidad.

La consejera recordó que el turístico es el sector económico con más peso en nuestra comunidad autónoma, aportando el 35% del PIB y el 40% del empleo, por lo que resulta “fundamental que las empresas del sector mantengan actualizados sus planes de prevención de riesgos de laborales durante la crisis de la COVID-19”. En este sentido, señaló que si bien los grandes grupos hoteleros suelen contar con personal propio dedicado a la seguridad laboral, en muchos casos, las pequeñas y medianas empresas del sector no cuentan con planes específicos adaptados a su actividad, por lo que este documento “pretende ayudarlas a que establezcan sus protocolos de actuación, medidas de carácter organizativo en los centros de trabajo y a saber cómo actuar ante un contagio, con el objetivo principal de proteger la salud de las personas trabajadoras”.

Esta medida, explicó, viene a dar cumplimiento al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias en lo referido al impulso de medidas de apoyo y asesoramiento a las empresas, trabajadores y trabajadoras en prevención laboral y sanitaria, al tiempo que contribuye a que Canarias “se consolide como referente mundial en prevención de riesgos laborales ante la COVID-19, reforzando la sensación de destino seguro y dando todas las garantías a las personas trabajadoras del sector”.

Además, en esta misma línea, recordó que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ya destina, en el marco del Plan para la Reactivación, más de 1.900.000 euros en subvenciones a las organizaciones patronales, sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas para la contratación de personal técnico y refuerzo de sus oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales.

En la reunión participaron, además de la consejera, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, Elirerto Galván, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, así como representantes de la Consejería de Sanidad, de las organizaciones empresariales sectoriales y de los sindicatos más representativos.

 

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Gobierno, patronales y sindicatos defienden el diálogo social como vía para proteger la singularidad canaria

El Consejo Canario de Relaciones Laborales valora el reconocimiento de las especificidades del Archipiélago en el Real Decreto-ley 24/2020 y subraya la importancia de la unidad de acción entre los agentes

Dará traslado de las necesidades de los sectores económicos de Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, integrado por la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo y las organizaciones patronales y sindicales más representativas (CEOE Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, CCOO y UGT Canarias), hizo este martes un balance positivo en términos generales del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales, de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, un documento que recuerda que es “fruto del dialogo social, una cuestión con la que este órgano está plenamente comprometido” y que incluye, en su parte normativa, una disposición adicional que reconoce la condición ultraperiférica de Canarias, sus condiciones de lejanía e insularidad, al tiempo que garantiza que se tendrán en cuenta las particularidades canarias hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional.

El órgano tripartito, presidido por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, se reunió este martes en sesión extraordinaria para analizar, entre otros asuntos, el contenido de este Real Decreto-ley, que contempla la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y abre la puerta a otra ampliación en el caso de Canarias. Así, el Consejo seguirá siendo “exigente y reivindicativo” para garantizar que se respetan las singularidades de las Islas y, para ello, seguirá la evolución de la situación económica en el Archipiélago, en especial en el sector turístico y las actividades vinculadas a este, y dará traslado de las principales necesidades de los sectores de actividad en Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19.

Asimismo, para poder hacer una evaluación actualizada y ajustada a la realidad del tejido productivo en cada momento, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se dirigirá al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que le de traslado puntual de los datos sobre la afección y desafección de trabajadores y trabajadoras sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Canarias.

Por último, el Consejo hizo un reconocimiento a todas las personas empleadas públicas de la Dirección General de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo por “el enorme esfuerzo realizado en la tramitación de los ERTE durante la crisis de la COVID-19 y la gestión llevada a cabo durante estos últimos meses”.

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