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El Consejo General de Empleo amplía su oferta formativa y se adapta al mercado laboral derivado de la COVID-19

Elena Máñez

El Servicio Canario de Empleo refuerza su programación un 12,5% con respecto a 2019 hasta ofrecer 2.084 acciones este año, con prioridad a las personas sin trabajo

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes un incremento del 12,5% en las acciones de formación profesional para 2020 y una adaptación de la oferta al mercado laboral derivado tanto de la pandemia de COVID-19 como del proceso de transición ecológica.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General del SCE emitió el informe preceptivo a favor de la actualización para este año de la oferta de formación profesional para el empleo correspondiente al periodo 2019-2021, a partir de las propuestas de los agentes socioeconómicos y del tratamiento de las especialidades de transición ecológica.

“Desde esta consejería seguimos trabajando en el diálogo social para buscar los mejores acuerdos posibles con sindicatos y patronales, porque en estos momentos necesitamos la unidad de acción para dar la mejor respuesta posible a la crisis excepcional que atravesamos”, destacó Máñez tras la reunión telemática del Consejo General de Empleo, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de las organizaciones sindicales y confederaciones empresariales con mayor representatividad

Dos centenares de acciones más

En concreto, el documento aprobado por el Consejo General del SCE contempla 233 acciones más en su oferta formativa, dirigida con prioridad a las personas desempleadas, al aumentar desde 1.851 en 2019 hasta 2.084 actuaciones para este año.

Además, la oferta del SCE incluye 145 especialidades consideradas de transición ecológica, programadas en 265 acciones a lo largo de 2020, como las nuevas cualificaciones en Huella de carbono de producto y organización o Modelos de negocio en la economía circular.

También se incorporan otras especialidades en respuesta a la actual demanda del mercado laboral, marcado por la crisis sanitaria a causa de la enfermedad por coronavirus, como Transformación logística en un entorno de industria 4.0, Gestión de llamadas de teleasistencia o Asistencia a la investigación de mercados.

Igualmente, la sesión extraordinaria del Consejo General de Empleo emitió un informe favorable al convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Gran Canaria para el inicio del plan de empleo en la isla derivado de la situación sobrevenida por la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

También informó a favor de otro acuerdo de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Tenerife para la coordinación de las actuaciones en materia de empleo de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), además de propuestas de adendas a los convenios con diversas entidades para los programas experimentales de la convocatoria 2018-2019.

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El Icasel convoca a la hostelería y la construcción para actualizar la prevención de riesgos ante la COVID-19

Elena Máñez en videoconferencia

La Comisión Permanente del Instituto Canario de Seguridad Laboral cita a las mesas técnicas de ambos sectores para establecer las nuevas directrices de buenas prácticas durante la desescalada y reactivación económica

La Comisión Permanente del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), órgano adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este martes convocar a las mesas técnicas de hostelería y construcción para actualizar las medidas de prevención de riesgos en el trabajo ante la situación generada por la COVID-19.

Durante la reunión, la consejera de Economía, Elena Máñez, destacó el protagonismo que tendrá el Icasel durante el proceso de desescalada y reactivación económica a la hora de reforzar la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras en las empresas canarias, contribución fundamental para “su reincorporación progresiva, con garantías de seguridad, a los espacios de trabajo”. Además de Máñez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director del Icasel, Elirerto Galván; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; y la directora general de Industria, Yolanda Luaces; además de dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Convocada para la próxima semana, la mesa técnica de hostelería, con representación de las patronales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), activará al grupo de trabajo para fijar las orientaciones generales en los establecimientos canarios de acuerdo con las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19 en el entorno laboral. También citada para la próxima semana e integrada por patronales (AEC y Fepeco) y sindicatos (UGT y CCOO), la mesa técnica de construcción revisará las nuevas Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2, unas guías sectoriales ya elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para diversas actividades económicas.

El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, recordó que el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), dependiente de esta Consejería, “ha aumentado hasta más del doble” la partida de este año para subvenciones a la contratación de personal técnico por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones para formar en materia de prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago, unas ayudas que pasan de los 400.000 euros presupuestados inicialmente a 920.000. “Estas subvenciones nos permitirán mejorar el asesoramiento que se presta a pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena en el Archipiélago ante la nueva situación generada por la COVID-19, apoyándolas en la adaptación durante el proceso de desescalada y recuperación económica”, señaló.

Por su parte, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, destacó la importancia de la colaboración con los agentes económicos y sociales a la hora de plantar cara a la emergencia sanitaria de la COVID-19. “Trabajamos en la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la emergencia sanitaria, con el objetivo de prevenir y controlar el coronavirus en estos espacios desde la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas y con el Servicio Canario de la Salud”, apuntó.

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El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

La propuesta del Ejecutivo se conoció y explicó esta tarde por Ángel Víctor Torres en una reunión por videoconferencia; el documento inicial prevé una batería amplia de medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables y reactivar la actividad económica, de manera especial el turismo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó y explicó esta tarde, viernes Primero de Mayo, el documento que el Gobierno autonómico ha redactado como punto de partida y con múltiples aportaciones para la posterior aprobación por consenso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas. Esa propuesta contempla una batería amplia de medidas dirigidas a reforzar el sistema sanitario y sociosanitario público ante la amenaza de la COVID-19, a proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables ante la crisis socioeconómica derivada de esta emergencia sanitaria y a reactivar de forma integral la economía isleña, con especial atención a la actividad productiva principal en Canarias, que sin duda es el turismo.

El documento base ya ha sido entregado a todos los agentes que intervendrán en el proceso de participación, análisis y discusión que se prevé conduzca a la definición final del Pacto para la Reactivación, entre los que se encuentran los grupos parlamentarios (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, estos apoyando al Gobierno, junto a Coalición Canaria-PNC, Partido Popular y Ciudadanos); las administraciones locales, representadas por la Fecai y la Fecam; los municipios más poblados del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde); las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; y los colegios profesionales y entidades del llamado Tercer Sector.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se refirió hoy a esta iniciativa y afirmó que se trata de un proceso con “responsabilidad compartida” que “ojalá” culmine con la aprobación del Pacto a finales de mayo, en torno al 30 de este mes. Ello supondrá tener un documento que refleje “cuál es la situación que nos afecta y cómo debemos afrontarla”, indicó Torres”. También subrayó que la propuesta del Gobierno está concebida para “evitar recortes” en los servicios públicos que garantizan el mejor Estado del bienestar; para activar los mecanismos que potencien la atención sanitaria óptima contra la COVID-19; para tener en cuenta la atención a las familias más vulnerables, y para que haya la menor pérdida posible de empleo. Para cubrir estos objetivos centrales, se tiene que actuar con fondos públicos y privados, advirtió el presidente de Canarias. También previó que, a partir de junio próximo, ya se pueda avanzar en un plan integral de actuación con la ficha financiera definitiva, que, como el Pacto, debe ser consensuado con todos los participantes en esta iniciativa abierta y luego ratificado por el Parlamento Autónomo.

La propuesta redactada por el Gobierno de Canarias se estructura en cinco grandes pilares y detalla las medidas según los focos de actuación principales y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que ya prepara el Ejecutivo. También se realiza una previsión para atender presupuestariamente las actuaciones que inicialmente se desglosan en el documento base. La cifra estimada de recursos, que solo es una aproximación, se sitúa 14.249 millones de euros para 2020, con 8.712 millones procedentes de Canarias y 5.537 del Estado. En estas cantidades se recogen ya las partidas previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, “y habrá que hacer un esfuerzo porque con la caída de los ingresos, los presupuestos canarios apenas superarán los 7.000 millones, y habrá que buscar los 1.500 millones restantes con la implicación de las admnistraciones públicas y privadas”, apuntó el presidente. Esa cuantía presupuestaria solo representa una previsión realizada a partir de las medidas que se contemplan en la propuesta de partida y por ello no puede ser considerada en ningún caso como el objetivo financiero preciso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que solo se conocerá tras alcanzarse el consenso entre los participantes en su redacción. Una vez esto ocurra, el Gobierno de Canarias se compromete a desarrollar un plan con esas acciones, sistema integral de recuperación que se elevará a la Cámara regional para que sea ratificado.

La iniciativa institucional que se somete a discusión

El documento base del Gobierno de Canarias emana de propuestas y reflexiones, además del Ejecutivo autonómico, de los grupos parlamentarios canarios, de los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), de las administraciones locales, de los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes, de quienes han sido presidentes autonómicos, de los colegios profesionales y de entidades del llamado Tercer Sector.

Esa redacción ha sido posible tras mantener más de 30 reuniones de trabajo desde el 16 de marzo pasado, todas ellas con el objetivo de llegar, tras la presentación de este primer documento, al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Una vez aprobado el Pacto, este ha de ser plasmado y desarrollado en un plan, que aprobaría el Gobierno de Canarias y luego elevaría al Parlamento para su ratificación.

La propuesta de Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y las líneas estratégicas a contemplar en el posterior plan de acción. También incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado, con ficha financiera disponible, para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas y así atender las necesidades sociales más urgentes y a la vez reactivar la economía regional, junto al refuerzo del sistema sanitario público.

El posible Pacto comprometerá a sus firmantes en la defensa de cinco prioridades estratégicas:

1) El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; esto es, la sanidad, la educación y los derechos sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la política de vivienda. Son los pilares básicos, junto a las pensiones, del Estado del bienestar y la principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que ya se ha activado tras la pandemia de la COVID-19.

2) El refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias al ser conscientes de la relevancia que adquieren en la recuperación de la confianza y en el paso con garantías a la nueva realidad.

3) La atención y el apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades públicas para garantizar que nadie se quede por el camino.

4) El mantenimiento y la recuperación del empleo, siempre buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y ampliando el colectivo de personas vulnerables.

5) El impulso de la actividad económica para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que esta comunidad autónoma aspira.

Tal y como se refleja en el documento base, el futuro Pacto se justifica ante el hecho contrastado de que Canarias figura siempre entre las comunidades autónomas de España más gravemente afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los ámbitos social y económico. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía isleña, los efectos más graves se producen, según estimaciones de Ceprede, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad para el conjunto del año de entre el -14,3% y el -21,4%. El comercio local también se ve muy dañado con descensos de entre el -4,9% y el -7,4%.

Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico de las Islas, la contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 puede oscilar entre el 14% y el 19%, con una reducción en la ocupación de entre el 16% (138.000 personas) y el 22% (182.000 puestos de trabajo perdidos).

El ISTAC, en cambio, ha analizado en algunas simulaciones hasta tres escenarios diferentes, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el estado de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y el funcionamiento de los establecimientos turísticos y de ocio. Según ese Instituto canario, la caída del PIB regional para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

Aparte de tales impactos macroeconómicos, la actuación del Gobierno de Canarias se justifica en las mayores tasas de pobreza relativa existente en las Islas y en la fuerte caída de la recaudación tributaria. Se prevé que los ingresos fiscales de Canarias se reduzcan al término de 2020 en 955,6 millones de euros. La gravedad de este escenario económico, como es lógico, también se vislumbra en la recaudación tributaria.

Todos esos efectos y parámetros negativos justifican que se pase a la acción y la necesidad de articular medidas de reactivación en los planos sociales y económico, aparte del reforzamiento de los ámbitos sanitario y sociosanitario. Con estos fines, se plantean como prioridades estratégicas el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y la potenciación de las capacidades sanitarias y sociosanitarias en todas las Islas. Para ello se prevé impulsar los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios con el fin de incrementar la capacidad de los laboratorios canarios en la realización de pruebas diarias de PCR y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible casos sospechosos y sus contactos estrechos.

Además, se ampliará el alcance de la red de Atención Primaria, sin obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada protección colectiva de la población. Del mismo modo, se acometerán las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes agudos y críticos.

En el ámbito sanitario y de Atención Primaria, se establecerán mecanismos de vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a todas las personas, especialmente las más vulnerables. A todo ello se unirá el impulso de las prestaciones y los servicios de la Ley de Dependencia en Canarias y los instrumentos de apoyo a las familias más vulnerables que culminen con la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, aparte de la agilización en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el apoyo y el complemento de las medidas estatales en ese mismo campo. Habrá un estímulo con iniciativas propias que contribuyan a compensar periodos sin prestaciones sociales adecuadas.

Otras de las medidas que plantea el documento base presentado hoy, que se adjunta en esta nota, tienen que ver con la recuperación del empleo, con adaptar la formación a distancia para dar cobertura al conjunto de los alumnos de las Islas, con la definición de un Plan Específico de Formación Profesional y con impulsos variados a la actividad económica.

La propuesta también presta mucha atención a las empresas y autónomos, a la actividad industrial y comercial, a la construcción, a la vivienda pública, a la eliminación de los trámites burocráticos, al transporte y la movilidad sostenible, al sector primario y a la tramitación de emergencia de distintas actuaciones. A su vez, se pone la atención en el pago más rápido a proveedores, en la transferencia de créditos entre secciones presupuestarias, en la ampliación de los plazos de justificación de las ayudas y subvenciones, y en la agilización de las licencias de rehabilitación y reformas de establecimientos alojativos. Todo ello se hará con el máximo respeto medioambiental, con la búsqueda de una sociedad más equitativa, con la apuesta por una economía más sólida y resiliente, y con el impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo, aparte de la mejora de las capacidades financieras y presupuestarias.

Para alcanzar ese último objetivo, el de la financiación pública, el documento recoge la necesidad de acceder al superávit de 2019, por encima de 300 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Canarias; la disposición de recurrir al endeudamiento para hacer frente a las necesidades de gasto coyuntural, y la solicitud al Estado de que permita acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarias.

Además, se debe permitir que los superávit de las administraciones públicas de Canarias puedan utilizarse en la lucha contra los efectos directos e indirectos de la COVID-19. Sin duda, todo esto también pasa por la defensa incuestionable del REF canario y de sus transferencias vinculadas a programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del Estado. Estas acciones deben respetar y tener en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

A las medidas descritas, se une otra batería muy relevante contenida en el llamado programa de apoyo específico al sector turístico de las Islas, con una política fiscal que garantice una base sólida de ingresos, con capacidad de revisión normativa, y con inversión y compra públicas estratégicas.

La economía se debe activar con la inversión privada, para lo que hace falta liquidez a bajo coste del sistema financiero, la movilización de los recursos dotados por las empresas y la agilización de los plazos administrativos para la concesión de licencias, entre otras intervenciones.

Documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

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Los agentes sociales y económicos respaldan la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción propuesto por Torres

Comité de Gestión Económica

En la reunión del Comité de Gestión Económica celebrado este lunes abordaron las líneas maestras del documento base sobre el futuro acuerdo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido este lunes una nueva reunión del Comité de Gestión Económica en el que participa una representación de los agentes sociales y económicos de las Islas, quienes han mostrado su respaldo a la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, una alianza que el jefe del Ejecutivo planteó por primera vez en la sesión del 14 de abril de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias.

En la reunión de hoy, en la que también participan el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la consejera de Turismo, Industria y Comerio, Yaiza Castilla, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, abordaron las líneas maestras del documento base sobre el futuro Pacto para afrontar la crisis socioeconómica generada por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

El acuerdo, que incluye un programa con medidas específicas, persigue articular una estrategia común con las iniciativas aportadas desde todas las áreas del Gobierno y desde todos los sectores económicos y sociales del Archipiélago, con la finalidad de minimizar en lo posible el impacto sobre nuestra economía, una de las más golpeadas por el freno del sector turístico y los servicios, y que en esa salida de la crisis nadie se quede atrás.

Según ha manifestado el presidente en varias ocasiones, la idea es que pueda ser elevado al Parlamento de Canarias y aprobado por consenso en el mes de mayo, tras la participación y análisis de los grupos parlamentarios, organizaciones y colectivos. En ese sentido, el presidente ya ha presentado las líneas generales del acuerdo a los grupos parlamentarios, los representantes de la Fecam y la Fecai y en esta ocasión también a los agentes sociales y económicos para su análisis y para recoger sus aportaciones.

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Las empresas tramitarán con el SEPE la inscripción y las prestaciones de las personas afectadas por un ERTE

Elena Máñez

Elena Máñez recuerda que los trabajadores y trabajadoras no tienen que hacer ninguna gestión ante los servicios de empleo en los casos de ERTE

Explica que las prestaciones están garantizadas aunque se carezca del periodo de cotización necesario

“Gobierno de Canarias, patronales y sindicatos estamos comprometidos a superar esta situación de emergencia sin destruir empleo”, afirma

Los trabajadores y trabajadoras sometidas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) motivado por la emergencia del COVID-19 no tendrán que hacer ninguna gestión para su inscripción como demandantes de empleo y para el cobro de la prestación por desempleo, ya que las empresas tramitarán las solicitudes y estas serán reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sin mediación de los afectados y afectadas. Así lo reitera la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, que asegura que la ciudadanía “puede estar tranquila” y afirma que Gobierno de Canarias, patronales y sindicatos “estamos comprometidos a superar esta situación de emergencia sin destruir empleo”.

Dado que son presentados por las empresas y que los trabajadores y trabajadoras afectadas no tienen que hacer ningún trámite ni solicitud, los servicios de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo solicitan que no se contacte con el SEPE para hacer consultas en relación a los ERTE, dado el volumen actual de datos con el que se está trabajando y la posibilidad de colapsos del sistema, afectando a otros usuarios y usuarias que sí necesitan atención.

Como explica Máñez, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 recoge una serie de medidas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada entre las que se establece que las pérdidas de actividad consecuencia de esta emergencia tendrán la consideración de fuerza mayor, al tiempo que se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Así se persigue, apunta la consejera, evitar que “una situación coyuntural como la que vivimos estos días tenga un impacto estructural en el empleo”. En este sentido, señala que flexibilizar la tramitación de los ERTE permite evitar la destrucción de puestos de trabajo, “ya que se trata de regulaciones temporales que priorizan el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos”. Se trata, en definitiva, de “poner en pausa” contratos mientras dure la emergencia, en vez de suprimirlos.

Prestaciones garantizadas

Elena Máñez recuerda que el Real Decreto-ley garantiza y refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, “dando acceso a la prestación por desempleo aunque se carezca del periodo de cotización necesario”. Además, el periodo de suspensión del contrato o reducción de la jornada durante el que estén recibiendo la prestación no computará a efectos de consumir los plazos máximos de percepción establecidos.

Más información

Nota informativa ERTE

Guía práctica ERTE

Guía inscripción demandas de empleo

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La Consejería de Economía edita una guía práctica para tramitar las regulaciones temporales de empleo

Guía práctica ertes

El Consejo Canario de Relaciones Laborales difunde las vías telemáticas de asesoramiento y procedimiento en las Islas tras las medidas estatales para afrontar el impacto económico y social del COVID-19

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales, difunde desde este miércoles entre las empresas, sindicatos y personas trabajadoras una guía práctica sobre la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) en el Archipiélago tras la aprobación por el Consejo de Ministros de las medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19.

Desde la misma jornada de publicación del Real Decreto-ley 8/2020 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Consejo Canario de Relaciones Laborales detalla la agilización de plazos y mecanismos en toda España para la autorización de los ertes por causa mayor, que se resuelven en cinco días sin periodo de consultas durante la vigencia del estado de alarma por la crisis sanitaria.

“Esta guía pretende ser un documento de trabajo con la finalidad única del mantenimiento del empleo y la supervivencia de las empresas en Canarias”, destaca el manual elaborado por el órgano colegiado, reactivado durante la actual legislatura e integrado por la administración autonómica junto a las organizaciones empresariales y sindicales con mayor representatividad en las Islas, en el marco de la unidad de acción del Gobierno regional con los agentes económicos y sociales ante la actual alarma sanitaria.

Además de enumerar también las medidas excepcionales de ámbito estatal para la  suspensión y reducción de jornada laboral por causa económica, técnica, organizativa o  productiva y para la protección por desempleo de las personas trabajadoras, el nuevo documento incluye las vías telemáticas tanto para el contacto por asesoramiento en las patronales provinciales (CCE en Las Palmas y CEOE-Tenerife), los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y la administración autonómica como para la realización de los procedimientos en la sede electrónica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Accede en este enlace a la Guía práctica.

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Máñez aborda con sindicatos y patronales el diálogo social y los principales retos de la economía y el empleo

Reunión con patronal y sindicatos

La consejera autonómica expone la reactivación del Consejo Canario de Relaciones Laborales, la negociación de los séptimos acuerdos de concertación social y la tramitación de los anteproyectos de ley sobre cooperativas y economía social

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, abordó este viernes con las organizaciones sindicales y empresariales de mayor representatividad del Archipiélago el diálogo social, la seguridad laboral y otros retos principales para el tejido productivo de la comunidad autónoma ante la actual coyuntura económica.

En su primera reunión con sindicatos y patronales desde su nombramiento, poco más de un mes influido por dos sesiones plenarias del Parlamento de Canarias, Máñez aprovechó el encuentro conjunto tanto con dirigentes de Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) en las Islas como con responsables de las confederaciones empresariales de las dos provincias (CCE de Las Palmas y CEOE Tenerife) para trasladar también las diferentes iniciativas legales en curso del departamento autonómico.

Acompañada del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, los directores generales de Trabajo, Alejandro Ramos, de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez; Elena Máñez detalló tanto el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, publicado esta semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), como los anteproyectos de las leyes de Economía Social y de Sociedades Cooperativas, en periodo de consulta pública previa.

“Con estas dos leyes queremos contar con nuevos instrumentos que sean un impulso normativo para avanzar en un modelo económico más justo, solidario, inclusivo e igualitario”, destacó la consejera autonómica, al inicio del encuentro en la capital grancanaria, antes de recordar la existencia en Canarias de “grandes ejemplos del cooperativismo, muy potentes en el sector y otra forma de crear empleo”.

Ante el actual reto demográfico, además, “el cooperativismo resulta fundamental en el medio rural, no solamente las grandes sociedades, sino también apostar por el apoyo a la creación de pequeñas que sean un elemento de diversificación y desarrollo de la economía para evitar la despoblación”, argumentó Máñez.

‘Ecologización’ de la economía

También se abordaron durante el encuentro con patronales y sindicatos la reciente reactivación del Consejo Canario de Relaciones Laborales y la próxima negociación de los séptimos acuerdos de concertación social, principales asuntos para “trabajar de la mano con patronales y sindicatos en el marco de un crecimiento económico que alcance al conjunto de la población”.

Igualmente, “el Gobierno de Canarias está realizando una apuesta firme por la ecologización de la economía, lo primero que ha hecho es una declaración de emergencia climática, ya tenemos un borrador para una ley de transición ecológica y en esta consejería estamos trabajando en las estrategias de economía azul y circular, un marco y unas herramientas que generan nuevas oportunidades para el desarrollo y la diversificación económica con un empleo de calidad”, concluyó Elena Máñez.

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El Consejo Canario de Relaciones Laborales organiza una jornada sobre negociación colectiva e igualdad

Gustavo Santana y Alejandro Ramos durante la reunión

La Comisión Permanente del órgano colegiado convoca las comisiones de trabajo sobre Registros y Publicación de Convenios Colectivos; Modernización y Actualizacion de las Oficinas de Registro Público y la situación del SEMAC; y Modernización y Actualización del Tribunal Laboral Canario

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales, organizará el próximo 21 de febrero en la capital grancanaria una jornada sobre negociación colectiva e igualdad, víspera del día europeo sobre la equiparación retributiva entre hombres y mujeres (22 de febrero).

Cartel de la jornada sobre negociación colectiva e igualdad.
Cartel de la jornada sobre negociación colectiva e igualdad.

Además del próximo encuentro Negociación colectiva e igualdad en las relaciones laborales, la comisión permanente del órgano colegiado acordó este viernes la convocatoria a lo largo de febrero y marzo de las comisiones de trabajo sobre Registros y Publicación de Convenios Colectivos; Modernización y Actualizacion de las Oficinas de Registro Público y la situación del SEMAC; y Modernización y Actualización del Tribunal Laboral Canario.

Con la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales de mayor representatividad, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se reactivó durante la actual legislatura por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo tras varios años de completa inactividad.

Después de la celebración del primer pleno, a finales de 2019, la comisión permanente del órgano laboral autonómico se desarrolló en la capital grancanaria con la presencia del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, junto a los representantes de las patronales provinciales (CCE en Las Palmas y CEOE-Tenerife) y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

 

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La mayoría sindical aprueba las bases y baremos de los procedimientos selectivos de subgrupos A1 y A2 sanitarios

La Mesa Sectorial de Sanidad avanza en el diálogo con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral del personal del Servicio Canario de la Salud

La directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Blanca Méndez, acompañada por el director general de Recursos Humanos, Francisco Artiles, presidió esta mañana una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad, conclusión de la que se celebró los pasados 31 de enero y 6 de febrero. En el encuentro se aprobó, por parte de la mayoría sindical, las bases y baremos de los procedimientos selectivos de diversas categorías del grupo A sanitario; en concreto, los subgrupos A1 y A2.

De esta forma, tanto SEPCA y CESM, que habían aplazado su voto en la última reunión de la Mesa Sectorial a la espera de la respuesta de la Administración a los planteamientos que habían formulado, y tras la respuesta positiva de ésta, dieron su aprobación a las bases planteadas, sumándose al sentido que ya habían expresado CCOO y UGT.

El Servicio Canario de la Salud aceptó la modificación de la baremación de la experiencia en las categorías de Técnicos de Salud Pública y Médicos de Admisión, de acuerdo con la propuesta formulada de que se produjera un aumento, dentro de los méritos, de la importancia otorgada a la formación continuada llevada a cabo por los profesionales.

La directora del Servicio Canario de la Salud, Blanca Méndez, hizo hincapié durante el encuentro en la que importancia de preservar la seguridad jurídica de los procesos selectivos, reafirmando la imposibilidad de modificar la condición de centralizadas de las mismas, dado que “está mandatado así por los Decretos en los que se basan y, de modificarse, podrían ser impugnadas”, algo que iría en contra del objetivo de “estabilizar al personal lo antes posible”. En esa línea, Francisco Artiles incidió en que el artículo 30 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, “limita las posibilidades de modificación de esas bases ya convocadas”.

La reunión se desarrolló dentro de un clima de cordialidad y de voluntad por alcanzar consensos, mostrando las partes su predisposición permanente a un diálogo que redunde en beneficio de la estabilidad laboral de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud.

Coronavirus

El otro punto del orden del día de la Mesa Sectorial supuso el traslado de información, por parte del Servicio Canario de la Salud, de la situación actual y las medidas tomadas a cabo en Canarias en el caso del coronavirus. Así, Eduardo García Ramos, técnico de la Dirección General de Salud Pública, compareció en la mesa para explicar el desarrollo del caso del positivo detectado en el Hospital de La Gomera, detallando el protocolo llevado a cabo y resolviendo las dudas de los representantes sindicales sobre la actuación desarrollada, la dotación de medios para los profesionales y recibiendo aportaciones como la sugerencia de realizar una formación continuada para los sanitarios para este tipo de casos.

La Consejería de Sanidad ha convocado para el próximo miércoles, día 19 de febrero, una reunión del Comité de Seguridad y Salud de Canarias, dentro del seguimiento que continúa realizándose en torno al coronavirus, y en la línea de los ya celebrados a nivel insular en Tenerife y La Gomera.

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Sanidad asume el compromiso de continuar el diálogo social con las organizaciones sindicales

La Consejería traslada una propuesta de distribución de las plazas a incrementar en la convocatoria de FEAS y Auxiliares de Enfermería en curso a la Mesa Sectorial, que continuará desarrollándose el próximo jueves 6 de febrero

La Mesa Sectorial de Sanidad, celebrada hoy viernes 31 de enero, ha continuado avanzando en la negociación entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales. La Mesa no ha podido finalizarse debido a la convocatoria de una reunión de coordinación para definir actuaciones desde Sanidad por la situación de las personas aisladas en el Hospital General de La Gomera, por lo que continuará desarrollándose el próximo jueves 6 de febrero.

La reunión estuvo presidida por la directora del Servicio Canario de la Salud, Blanca Méndez, y contó con la presencia del director general de Recursos Humanos, Francisco Artiles. Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, la Mesa Sectorial ha abordado el análisis de la regulación en materia de listas de empleo para la selección y nombramiento de personal estatutario temporal, contenida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Tras consultar a las organizaciones sindicales y a instancias de las mismas se ha acordado solicitar un informe jurídico al Gobierno de Canarias.

Posteriormente, y continuando con el orden del día, el Servicio Canario de Salud trasladó a las organizaciones sindicales una propuesta de incremento y redistribución de plazas en la convocatoria de Facultativos Especialistas de Área y Auxiliares de Enfermería relativos a la Oferta Pública de Empleo de 2019, para su valoración y análisis en la próxima reunión de la Mesa.

Durante este punto, tanto el Servicio Canario de la Salud como las organizaciones sindicales incidieron en su voluntad de alcanzar un consenso, mostrando éstas su predisposición a equilibrar la tasa de temporalidad en todos los hospitales y categorías sanitarias del Servicio Canario de la Salud. Tras el análisis y el debate realizado se acordó el aplazamiento de la Mesa, que volverá a retomarse el próximo jueves 6 de febrero a partir de las 10.00 horas.

El encuentro desarrollado en la mañana de hoy ha vuelto a poner de relieve la apuesta de la Consejería de Sanidad por el diálogo social y por mejorar la situación de los profesionales del Servicio Canario de la Salud, principal activo de la sanidad canaria, mejorando su estabilidad y las situaciones de eventualidad.

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