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Gobierno y sindicatos firman un acuerdo de mejora del sistema educativo a través del aumento del personal docente

FOTO FAMILIA ACUERDO MARCO

La consejera de Educación, Manuela Armas, explicó hoy en rueda de prensa que el aumento de la plantilla docente en más de 1.600 docentes desde este curso se dirige a mejorar la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo de las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y las organizaciones sindicales con representación en el sector de la enseñanza pública han firmado hoy lunes, 18 de julio, un acuerdo para la mejora del sistema educativo público canario mediante la dotación de recursos humanos y la adopción de medidas que redunden en la progresión positiva de los indicadores académicos y la eficiencia de dicho sistema, que comenzará su vigencia en el curso 2022-2023. Esto supondrá un incremento de la plantilla docente en más de 1.600 docentes desde este periodo lectivo que se encamina a la mejora de la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo de las islas, así como de las condiciones de trabajo del profesorado en el marco del fortalecimiento de la educación en el archipiélago.

Al acto acudieron la consejera del área, Manuela Armas, y el director General de Personal, Fidel Trujillo, por una parte, y en representación de los sindicatos, Víctor González, por ANPE Canarias; Emilio José Armas, por Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria STEC-IC; José Ramón Barroso, por Federación de Enseñazas de CCOO Canarias; Evelín Díaz, por Docentes de Canarias-Insucan (DCI); Francisco Javier Bautista, por UGT-Servicios Públicos Canarias; y Nieves Alonso, por Unión Sindical de Profesores de Secundaria-Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (USPS-SEPCA).

Para Armas, es un acuerdo “magnífico” que da cumplimiento a un objetivo “fundamental” de la Consejería, como es la mejora del sistema educativo de las islas, y recalcó que se trata de un día importante para la sociedad canaria en general, y para la educación de las islas en particular a fin de lograr que esté acorde con las necesidades de la sociedad del archipiélago.

También agradeció a los sindicatos su disposición para alcanzar estas medidas y recalcó que el aumento del personal docente (1.060 el año pasado y 1.600 en este) logra que en dos años el incremento supere los 2.600 profesionales, que se destinarán a la atención a la diversidad; la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado; al aumento de especialistas de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, y las bajadas de ratios en los niveles “clave”, todo lo cual, apuntó, permitirá mejorar la equidad y la igualdad en el sistema educativo de Canarias, “y que nadie se quede atrás”.

Por su parte, Trujillo reiteró el agradecimiento a la disposición de los sindicatos para alcanzar este acuerdo tras muchas horas de trabajo y conseguir consensos en los criterios a aplicar “más que los números”, de forma que se consiga un sistema “más equitativo”.

Entre los objetivos de esta iniciativa cabe destacar la prevención del absentismo y del abandono escolar temprano, la consecución de un mejor rendimiento y la reducción de la desigualdad de oportunidades en la fase de transición del alumnado, así como la mejora de la atención a la diversidad del estudiantado en centros con desventaja social, económica o cultural, a través del incremento de las plantillas docentes.

Así, se establece un nuevo catálogo para la determinación de las plantillas correspondientes al Cuerpo de Maestros y Maestras. Entre otros, se señala que el horario lectivo del personal docente se rebaja de 25 a 23 horas. Esas dos horas que se reducen son de obligada permanencia en el centro, y se destinarán a actividades de coordinación de carácter pedagógico, así como al desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos que cada centro lleve a cabo y que se reflejarán en su proyecto de gestión. Asimismo, se procurará la mínima rotación del profesorado por grupo.

Por otra parte, se recoge la mejora de las dotaciones de los recursos humanos para la configuración de las plantillas orgánicas de la especialidad de Orientación Educativa. Así, destaca que se dispondrá de un orientador u orientadora por cada 400 estudiantes del 2º ciclo de Infantil y Primaria en Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Centros del Profesorado de Canarias (CEP) y Escuelas de Educación Infantil (EEI).

En cuanto a los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), habrá un orientador u orientadora en centros con más de 275 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP).

En los Centros de Educación Obligatoria (CEO), la relación será de un orientador u orientadora cuando haya más de 250 estudiantes, y se añadirá otro más a partir de 401 alumnos y alumnas. En los Centros de Educación Especial (CEE) habrá un orientador u orientadora cuando haya entre 30 y 60 estudiantes, a los que se añadirá otro a partir de 61 alumnos y alumnas.

El acuerdo contempla asimismo medidas encaminadas a la mejora de las dotaciones de los recursos humanos en la especialidad de Pedagogía Terapéutica en los CEIP y los CEP. El número de especialistas será de uno cuando el número de grupos se encuentre entre ocho y 16; dos, si está entre 17 y 25, y tres, cuando sean más de 25. En los IES, habrá un especialista cuando haya cuatro o más grupos de 1º y 2º de ESO.

En el caso de Audición y Lenguaje, la relación será de una o un profesional por cada 300 alumnos o alumnas en conjunto de Infantil y 1º y 2º de Primaria, y a los centros con 27 o más unidades de Infantil y Primaria les corresponderá un maestro o maestra en la plantilla.

El acuerdo fija, entre otras cuestiones, nuevas ratios. En los CEIP y los CEP, cuando exista al menos un grupo autorizado en cada uno de los cursos de Infantil y Primaria no habrá mixtos en el tercer ciclo de Primaria. De la misma manera, se eliminarán los grupos mixtos en el primer y segundo ciclo de Primaria progresivamente.

Los niveles de 1º y 2º ESO mantienen (esta medida se puso en marcha durante el curso 2021/22) una ratio de 27 alumnos o alumnas, y 1º y 2º de Bachillerato 30 estudiantes.

Finalmente, con el fin de compensar las desigualdades en los centros con indicadores socioeconómicos y culturales más desfavorables, las dotaciones de recursos humanos se verán incrementados tomando como referencia el Índice Social, Económico y Cultural (ISEC) de la última evaluación de la Agencia Canaria de Calidad y Evaluación Educativa (ACCUEE).

Así, los CEIP y los CEP con un ISEC medio-bajo tendrán una dotación adicional de dos horas lectivas por grupo. En el caso de los IES y los CEO, cuando tengan una ratio mayor de 20 alumnos o alumnas, contarán con un profesor o profesora si tienen de dos a cuatro grupos de 1º y 2º de ESO; dos docentes, para los casos de cinco a ocho grupos; y tres si suman más de ocho grupos.

El acuerdo-marco ratificado hoy puede consultarse a través del enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/acuerdo_mejora_sistema_publico_educativo_canarias.pdf

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El Gobierno firma con patronales y sindicatos la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual

Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual

Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma en firmar dentro de la concertación social un documento con las medidas para desarrollar la nueva Ley Orgánica de FP

Ángel Víctor Torres considera que la estrategia supondrá un impulso para generar empleo de calidad y mejorar la competitividad de las empresas y recuerda que en esta legislatura se han duplicado los grupos de FP Dual y se han quintuplicado las becas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, firmó este jueves la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual 2022-2026 con los responsables de las patronales y los sindicatos en el marco de la Mesa general de Concertación Social para acelerar la transición hacia un modelo de educación continua a lo largo de la vida de las personas y mayor vinculación a los contratos laborales.

De este modo “Canarias se convierte en la primera comunidad autónoma en pactar un documento pionero con propuestas coherentes para encajar la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la FP gracias a la colaboración público-privada mediante el diálogo social”, destacó Torres tras la rúbrica con el presidente de la confederación empresarial de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, la vicepresidenta primera de la entidad homóloga de Las Palmas (CCE), María de la Salud Gil, el secretario general de Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Navarro, y el secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio López.

También Torres agradeció el trabajo de las consejeras de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; de Educación, Cultura y Universidades, Manuela Armas; de Turismo Industria y Comercio, Yaiza Castilla; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y valoró la implicación y coordinación de los cuatro departamentos para elaborar y consensuar la Estrategia Canaria de FP Dual desde la reciente aprobación de la normativa estatal el pasado marzo.

Mediante el texto estratégico de la Mesa de Concertación se avanza en el puntual cumplimiento de los diversos objetivos de la ley orgánica: identificar las competencias profesionales del mercado laboral, asegurar una oferta de formación idónea, posibilitar la adquisición de nuevas competencias e impulsar un servicio de orientación y acompañamiento profesional.

El objetivo es que toda la Formación Profesional en Canarias tenga carácter dual, combinando así procesos de enseñanza y aprendizaje en régimen de alternancia entre el centro de formación y la empresa. El documento firmado hoy pretende cualificar a la población joven con el objetivo de facilitar su inserción profesional. Torres recordó que “la juventud canaria lleva muchos años soportando cifras de paro que son insostenible” y confía en que esta estrategia ayude a mantener la tendencia descendente del paro entre las personas menores de 25 años tras cinco meses de vigencia de la reforma laboral, una disminución que en mayo fue del 12% en comparación con abril.

La consejera Elena Máñez destacó que la Estrategia Canaria de FP Dual 2022-2026 contempla entre sus fines principales mejorar la cualificación de las personas y la competitividad de las empresas, además de adaptar la formación especializada a las necesidades inmediatas del mercado canario. “Tenemos que ser más ágiles a la hora de ajustar mejor qué es lo que necesitan las empresas y cómo la formación se tiene que adaptar a esas necesidades, porque son las empresas las que generan el empleo”, apuntó. También, durante la presentación de la Estrategia, se puso énfasis en que la formación debe estar vinculada a las actividades relacionadas con la economía azul, transformación digital, transición energética, industrias creativas o economía de los cuidados.

El presidente remarcó que esta estrategia de FP Dual es un compromiso adquirido por su Ejecutivo y que también figura entre las metas de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Torres recordó que el impulso a la FP Dual se ha venido haciendo desde el inicio de esta legislatura dando pasos importantes. En este sentido reflejó que “desde 2020 se han duplicado los grupos de FP dual, pasando de 103 grupos a los 205 que habrá el próximo curso”, para el que ya se cuenta con un millar de empresas colaboradoras.

El presidente también recordó que el curso pasado fue el primero en el que el Gobierno de Canarias activó becas para los alumnos de FP Dual con 500.000 euros, “cantidad que para el próximo curso se va a quintuplicar con más de 3 millones de euros”, apuntó.

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El Servicio Canario de Empleo profundiza en la adaptación de su oferta formativa al mercado laboral

El Consejo General de Empleo aprueba una oferta de 6.472 acciones formativas anuales, que permitirían mejorar las capacidades laborales de unas 150.000 personas en el periodo 2022-2024. Las personas jóvenes, las mujeres y las personas desempleadas de larga duración son los colectivos prioritarios para el acceso a la formación.

El Consejo General de Empleo de Canarias, en el que participan el Gobierno de Canarias y las patronales y organizaciones sindicales más representativas, ha dado el visto bueno esta mañana a la oferta de formación del Servicio Canario de Empleo para el periodo 2022-2024, con novedades significativas con respecto a ejercicios anteriores. La oferta incluye 6.472 acciones anuales, de las que 2.899 corresponden a cursos formativos que permiten obtener un certificado de profesionalidad. En conjunto, se estima que esta oferta formativa alcance en torno a 150.000 personas durante sus tres ejercicios de vigencia, en los que tendrán prioridad para el acceso las personas jóvenes, las desempleadas de larga duración y las mujeres.

Aunque la oferta de este año incluye un aumento cuantitativo de la oferta, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, destacó por encima de todo “la alineación de la oferta con todas las estrategias de crecimiento, diversificación económica y mejora de la formación que ha ido elaborando el Gobierno de Canarias en los últimos años”. En este sentido, destacó que “de las casi 6.500 acciones formativas anuales, más de 1.600, un 26%, corresponden a la especialidad de Informática y comunicaciones, lo que nos da una muestra de la importancia que está cobrando en nuestro tejido productivo todo lo relacionado con la digitalización”. “Y otro hito” -avanzó Máñez- “es que, por primera vez, la dotación inicial para sacar a licitación estos cursos alcanza los 50 millones de euros”.

La consejera remarcaba así las explicaciones de la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, quien había apuntado que esta oferta es la primera que se elabora desde la aprobación de la Estrategia Canaria de Apoyo Activo al Empleo y, por tanto, “es la primera vez en la que todas las instituciones, agentes socioeconómicos y participantes en la preparación de la oferta trabajamos con la misma metodología desde el principio”. En resumen, esa metodología ha permitido consensuar, también con los Cabildos y Ayuntamientos, una nueva oferta en la que priman los cursos de sectores emergentes, “muy relacionados con las Estrategias de Economía Azul, Circular o la Transición Ecológica impulsadas desde el Gobierno”.

Por islas, se ofertarán 70 acciones formativas en El Hierro; 167, en La Palma; a La Gomera corresponden 154; 2.376 se impartirán en Tenerife; 2.532, en Gran Canaria; 447, en Fuerteventura; y 726 corresponden a la isla de Lanzarote.

En la rueda de prensa posterior a la aprobación de la oferta formativa, Ignacio López, secretario de Política institucional y Empleo de CCOO en Canarias incidía en que “el nuevo catálogo está mucho mejor adaptado a las necesidades del mercado laboral canario y elogió el trabajo realizado para lograr una oferta tan amplia que ya ninguna persona desempleada pueda dejar de acceder a un empleo por no tener formación y, en este sentido, resaltó la importancia de dicha formación para la ‘libertad’ de las personas a la hora de poder escoger entre más opciones de trabajo.”

Por su parte, Ascensión Dévora, la secretaria de Empleo y Formación de UGT insistía en la importancia de este tipo de oferta formativa “para las personas desempleadas de larga duración y las más más jóvenes”, antes de poner en valor el trabajo del equipo técnico del Servicio Canario de Empleo y, “sobre todo, su capacidad para ajustar la oferta y el contenido de los cursos a las necesidades específicas de cada isla”.

Por parte de las patronales, Juan Manuel Betancor, vocal de la Confederación Canaria de Empresarios, coincidió en resaltar el esfuerzo realizado dentro de la nueva metodología para recabar la información detallada sobre las prioridades formativas en todos los territorios del Archipiélago, señaló que la oferta anual casi se triplica con respecto al periodo anterior, al mismo tiempo que gana en calidad y opinó que “el desarrollo de la economía canaria debe estar basado en la formación profesional y en elevar la consideración de los oficios, porque en Canarias se construye poco en relación con otros territorios, pero sí que hace falta mucho personal cualificado para mantenimientos, reparaciones, reformas y otros oficios tradicionales que necesitan de una formación específica.”

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Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos

Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias

Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.

Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.

Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.

Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.

En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.

Fuerzas sindicales

Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.

Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.

Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.

Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.

Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.

A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.

Jornada empleo público

Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.

Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

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El Consejo General de Empleo aprueba la adaptación de los incentivos para la contratación a la reforma laboral

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, preside la reunión del Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE)

El órgano colegiado del Servicio Canario de Empleo acuerda por unanimidad las nuevas bases de las subvenciones autonómicas a planes y programas para personas sin trabajo

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este viernes por unanimidad tanto la aprobación como la modificación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los planes integrales de orientación profesional y a diversos programas de incentivos públicos a la contratación laboral de personas desempleadas.

Integrado por las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad junto a la administración autonómica, el órgano colegiado de participación y programación del SCE emitió con carácter favorable el informe preceptivo para la aprobación de las nuevas bases de las ayudas autonómicas para financiar el desarrollo de planes completos de asesoramiento laboral en concurrencia competitiva, de acuerdo con las recomendaciones europeas de apoyo personalizado a las personas paradas de larga duración.

A través del nuevo programa se pretende intensificar el asesoramiento previo a la colocación del colectivo, facilitar el acceso rápido a cursos de formación y propiciar el contacto específico con empresas locales y recursos municipales.

Presidido por la consejera de Economía, Elena Máñez, el Consejo General de Empleo también aprobó el informe favorable para las modificaciones de las bases reguladoras de los actuales programas de incentivos públicos a la contratación laboral de jóvenes sin trabajo (‘Incentívate’, en el ámbito del Fondo Social Europeo), personas paradas con certificado de profesionalidad (‘Certifícate’) y ciudadanía desempleada de larga duración (‘Retorno al Empleo’).

Mediante la renovación de las bases se adecúan los tres programas a las modalidades contractuales del Real Decreto-Ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, como consecuencia de su reciente convalidación en el Congreso de los Diputados tras el pacto fruto del proceso negociador entre el Gobierno estatal con patronales y sindicatos en el marco del diálogo social.

Además, el Consejo General de Empleo se pronunció a favor de un convenio entre el SCE y diversas empresas para la realización de prácticas profesionales no laborales de personas participantes en acciones formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad.

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Gobierno, sindicatos y patronales presentan el primer acuerdo autonómico sobre igualdad y brecha salarial en España

Reunión de la Mesa de Concertación Social

El presidente, Ángel Víctor Torres, destaca “la altura de miras” ante un mecanismo que será transversal y que marcará el camino “para una sociedad más resistente, justa e igualitaria”

El acuerdo, consensuado en el marco de los VII Acuerdos de Concertación Social, recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género en Canarias

El Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representatividad del Archipiélago presentaron este lunes en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria el primer acuerdo sobre igualdad y brecha salarial. El documento, que ha sido consensuado en la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial de los VII Acuerdos de Concertación Social, recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género y establece la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de estas políticas para velar por su cumplimiento. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó que éste es el primer acuerdo firmado en España por una comunidad autónoma en el marco del diálogo social. El jefe del Ejecutivo agradeció la “altura de miras de los representantes de la patronal y de los sindicatos” y aseguró que “este mecanismo será transversal y marcará el camino para una sociedad más resistente después de la crisis, pero de una manera más justa e igualitaria, combatiendo la brecha salarial entre mujeres y hombres”.

En el desarrollo de este acuerdo han participado, además de los interlocutores sociales, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo; la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud; la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Instituto Canario de Igualdad (ICI). De hecho, como señaló el presidente, la igualdad “es un objetivo transversal a todas las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Canarias y resulta fundamental para lograr una economía más sólida e inclusiva y avanzar hacia sociedades más justas”.

El documento aprobado recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género, que se organizan en dos ejes: uno sobre negociación colectiva y planes de igualdad y otro sobre políticas públicas. A su vez, estos dos ejes incorporan diez áreas temáticas relativas a negociación colectiva, coordinación interadministrativa con perspectiva de género, conciliación de la vida familiar y laboral, apoyo a las pymes, políticas activas de empleo con perspectiva de género, medidas en educación, cuidados y corresponsabilidad, sensibilización, leyes y otras políticas públicas y fomento del distintivo de igualdad.

El presidente, que de manera previa a la presentación del acuerdo participó en la reunión de la Mesa General de los VII Acuerdos de Concertación Social -con la participación de la CEOE Tenerife, CCE Las Palmas, UGT y CCOO-, enumeró algunas de las 76 medidas que incluye el documento, entre las que destaca la revisión y adaptación de la Ley Canaria de Igualdad a la actual normativa estatal; la promoción de cláusulas de igualdad en los convenios sectoriales y de menos de 50 personas trabajadoras; el impulso a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los convenios colectivos; o la colaboración en las campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para vigilar los casos de desigualdad o discriminación laboral.

En el marco educativo, el documento propone, entre otras cuestiones, mejorar las competencias del profesorado en materia coeducativa e implementar progresivamente la educación universal y gratuita de 0 a 3 años; intensificar la educación inclusiva en las actividades deportivas; o sensibilizar a las personas menores de edad de la importancia de la conciliación de la vida personal y laboral a la hora del cuidado de hijos, hijas y otras personas dependientes.

Además, se plantea aumentar el gasto en protección social y destinar más recursos a bienes y servicios para la atención a la dependencia, así como la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre la formación y el empleo en ramas profesionales tradicionalmente masculinizadas y feminizadas.

En la presentación, en la que estuvo presente la consejera de Economía, conocimiento y Empleo, Elena Máñez, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Silvia Jaén, intervino la secretaria de Acción Sindical de CCOO Canarias, Esther Martín, quien destacó que con este acuerdo “Canarias se pone a la vanguardia en pro de alcanzar una igualdad real y efectiva”.  En la misma línea se manifestó Manuel Navarro, secretario General de UGT Canarias, que mostró su satisfacción por el acuerdo “que nos abre el camino para futuras negociaciones en ámbitos como las políticas sociales, el empleo juvenil o la vivienda”. En la comparecencia también intervino el secretario general de la CCE Las Palmas, José Cristóbal García, que agradeció “la capacidad de consenso demostrada por sindicatos, patronal y el Gobierno” al mismo tiempo que señaló el compromiso de “fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos”.

Ley Canaria de Conciliación

Torres recordó que, también el marco de la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial, hay una comisión específica encargada de elaborar un anteproyecto de Ley Canaria de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, cuyos trabajos avanzan “a buen ritmo”. En este sentido, agradeció el compromiso y altura de miras de los agentes sociales y económicos de Canarias que, una vez más, han contribuido desde la unidad de acción al desarrollo de políticas vinculadas a una cuestión tan relevante para el desarrollo de Canarias como la igualdad de género.

 

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El Instituto Canario de Seguridad Laboral asesora en un año a 800 empresas con 30.000 personas trabajadoras

Reunión Icasel

El Consejo Rector del Icasel, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, aprueba la memoria de actuación de 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para compatibilizar la prevención de riesgos en el trabajo y la contención de la COVID-19

El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este viernes la memoria de actuación de la entidad autonómica en 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para el asesoramiento a las empresas y su personal con el objetivo de compatibilizar las habituales medidas de prevención de riesgos en el trabajo con los nuevos protocolos de contención de la pandemia de COVID-19.

Presidida por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel avaló las visitas técnicas realizadas durante el pasado año a casi 800 empresas con alrededor de 30.000 personas trabajadoras, además del nuevo servicio para el asesoramiento telefónico y otras vías telemáticas al tejido productivo del Archipiélago.

También influyó la enfermedad por coronavirus, a causa del confinamiento de la población y el freno a la economía, en la reducción de la siniestralidad laboral durante 2020 en Canarias en un 29,24% con respecto al año anterior, al contabilizarse un total de 38.679 accidentes (21.059 sin baja, 17.418 leves, 184 graves y 18 mortales).

El Consejo Rector aprobó las actuaciones realizadas en 2020, que incluyeron la elaboración de once guías técnicas para los sectores económicos con mayor ocupación, la concesión de más de 1,5 millones de euros en ayudas para diversos proyectos a los sindicatos y patronales más representativos y la dotación de 440.000 euros para la mejora de aplicaciones informáticas. Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informó sobre sus actividades en prevención de riesgos laborales a lo largo del pasado año, mientras que las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales dieron cuenta de los proyectos subvencionados en el último ejercicio.

 

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El Consejo General de Empleo aprueba las medidas del PIEC 2021 para reactivar y transformar el mercado laboral

Consejo General de Empleo

El órgano colegiado del Servicio Canario de Empleo acuerda también por unanimidad el convenio con la Dirección General de Formación Profesional, las patronales y los sindicatos para el reconocimiento de competencias a través de experiencia laboral y enseñanza no formal

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este viernes por unanimidad el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) para 2021 después de la transferencia estatal de su dotación financiera por valor de 42 millones de euros para la reactivación y la transformación del mercado laboral del Archipiélago frente a la pandemia por COVID-19.

Integrado por las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad junto a la administración autonómica, el órgano colegiado de participación y programación del SCE avaló las medidas concretas del PIEC 2021 tras la firma del convenio a principios de junio entre el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con dos meses de adelanto en relación al ejercicio anterior, cuando ya se suscribió con un anticipo similar con respecto a 2019, gracias a la mención específica este año por primera vez en la existencia del plan integral como inversión directa consolidada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, destacó entre las principales medidas del PIEC 2021 la nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES), dotado con 25 millones para la contratación preferente de personas sin trabajo con mayores dificultades para la inserción laboral, que se completará con 10 millones de otras partidas presupuestarias hasta un importe total de 35 millones para su desarrollo en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y en coordinación con los 88 ayuntamientos canarios.

Acompañada de la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, la consejera Elena Máñez también expuso tanto a otros responsables de la administración autonómica como a diversos representantes de las patronales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) que se duplican los fondos del Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE) hasta un total de 10 millones, destinados a la contratación de personas desempleadas en coordinación con los cabildos a través de proyectos de economía circular, energías renovables y biodiversidad.

Además, el Consejo General de Empleo también emitió con unanimidad el preceptivo informe con sentido favorable para la próxima firma del convenio marco entre el SCE, la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, las confederaciones empresariales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en las Islas para el desarrollo del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o de vías no formales de enseñanza como medida de mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral.

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El Consejo de Relaciones Laborales pide mantener las actuales exoneraciones a empresas en la prórroga de los ERTE

El órgano, constituido por el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, insta también a la Comisión Tripartita Laboral a blindar que el cobro de prestaciones por ERTE no compute como tiempo consumido de paro

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, órgano integrado por el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representación en las Islas, ha reclamado, en una carta dirigida esta semana a la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, que la próxima prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) mantenga el actual sistema de exoneración de cuotas empresariales, recogido en los artículos 1 y 2 de la disposición adicional primera del IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo.

Como se explica en la misiva, una eventual modificación de este modelo “podría causar un daño al tejido empresarial canario y, por lo tanto, al empleo”, debido al impacto diferencial que está teniendo la crisis de la COVID-19 en Canarias por la mayor dependencia del sector turístico, en especial del turismo extranjero. Según el Consejo, un cambio a la baja en el criterio aplicado para las exoneraciones “sería lesivo para los intereses sociales y económicos del Archipiélago”.

Además, el órgano insta a la Comisión Tripartita a “aclarar” el artículo 8.7 del Real Decreto Ley 30/2020, ya que considera que se deja abierta la posibilidad de dejar de aplicar el actual “contador a cero” a las prestaciones por desempleo derivadas de un ERTE, que permite que estas no computen como tiempo consumido de paro, lo que según el Consejo de Relaciones Laborales supondría un claro perjuicio para las personas trabajadoras en esta situación.

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Máñez anuncia 30 millones en ayudas para trabajadores y trabajadoras en ERTE en situación de mayor vulnerabilidad

Reunión con UGT y CCOO

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo inicia los encuentros de trabajo con los secretarios generales de UGT Canarias y CCOO Canarias para definir las bases de esta convocatoria “desde el diálogo, el acuerdo y el consenso”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este lunes una nueva línea de ayudas, dotada con 30 millones de euros, para aquellos trabajadores y trabajadoras en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que atraviesen una situación de mayor vulnerabilidad y cobren actualmente una prestación por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Así lo adelantó la consejera tras un encuentro mantenido con el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, y el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, la primera de una serie de reuniones de trabajo que, tras el reciente encuentro mantenido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, servirán para definir las bases de esta convocatoria “desde el diálogo, el acuerdo y el consenso”.

La consejera explicó que estos 30 millones se destinarán a ayudar prioritariamente a las personas en ERTE “más vulnerables” y recordó que “este era un compromiso del Plan Reactiva Canarias y con él damos cumplimiento a un acuerdo consensuado con las organizaciones sindicales más representativas”.

Tras esta primera reunión, se está colaborando ya con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyo papel en la intermediación “es fundamental a la hora de acreditar la información necesaria para tramitar la ayuda”

Un momento de la reunión.
Un momento de la reunión con UGT Canarias y CCOO Canarias.

Completar el colchón social

“Con la definición de estas bases completaremos el colchón social de ayudas, por un lado a las pymes y autónomos más afectados y por otro a los trabajadores y trabajadoras en un ERTE que se encuentran en una situación más vulnerable”, añadió la consejera.

Por su parte, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, se congratuló de que “la petición hecha por los sindicatos al Gobierno de Canarias hace apenas 15 días haya surtido su efecto” y llamó a comenzar a trabajar ya para fijar los criterios de las bases y lograr que “estas personas, de manera casi inmediata, puedan acceder a las ayudas”.

También desde CCOO se valoró “de forma muy satisfactoria” el acuerdo alcanzado hoy, ya que a juicio de su secretario general, Inocencio González, “entendíamos de justicia que esta medida había que implementarla ya en nuestra comunidad autónoma”. González afirmó que el criterio de mayor vulnerabilidad es un criterio “perfectamente compartido” y apostó por ajustar las condiciones de las bases “para que no sobre un euro de esos 30 millones”.

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