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Gobierno, sindicatos y patronales presentan el primer acuerdo autonómico sobre igualdad y brecha salarial en España

Reunión de la Mesa de Concertación Social

El presidente, Ángel Víctor Torres, destaca “la altura de miras” ante un mecanismo que será transversal y que marcará el camino “para una sociedad más resistente, justa e igualitaria”

El acuerdo, consensuado en el marco de los VII Acuerdos de Concertación Social, recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género en Canarias

El Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representatividad del Archipiélago presentaron este lunes en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria el primer acuerdo sobre igualdad y brecha salarial. El documento, que ha sido consensuado en la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial de los VII Acuerdos de Concertación Social, recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género y establece la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de estas políticas para velar por su cumplimiento. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó que éste es el primer acuerdo firmado en España por una comunidad autónoma en el marco del diálogo social. El jefe del Ejecutivo agradeció la “altura de miras de los representantes de la patronal y de los sindicatos” y aseguró que “este mecanismo será transversal y marcará el camino para una sociedad más resistente después de la crisis, pero de una manera más justa e igualitaria, combatiendo la brecha salarial entre mujeres y hombres”.

En el desarrollo de este acuerdo han participado, además de los interlocutores sociales, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo; la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud; la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Instituto Canario de Igualdad (ICI). De hecho, como señaló el presidente, la igualdad “es un objetivo transversal a todas las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Canarias y resulta fundamental para lograr una economía más sólida e inclusiva y avanzar hacia sociedades más justas”.

El documento aprobado recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género, que se organizan en dos ejes: uno sobre negociación colectiva y planes de igualdad y otro sobre políticas públicas. A su vez, estos dos ejes incorporan diez áreas temáticas relativas a negociación colectiva, coordinación interadministrativa con perspectiva de género, conciliación de la vida familiar y laboral, apoyo a las pymes, políticas activas de empleo con perspectiva de género, medidas en educación, cuidados y corresponsabilidad, sensibilización, leyes y otras políticas públicas y fomento del distintivo de igualdad.

El presidente, que de manera previa a la presentación del acuerdo participó en la reunión de la Mesa General de los VII Acuerdos de Concertación Social -con la participación de la CEOE Tenerife, CCE Las Palmas, UGT y CCOO-, enumeró algunas de las 76 medidas que incluye el documento, entre las que destaca la revisión y adaptación de la Ley Canaria de Igualdad a la actual normativa estatal; la promoción de cláusulas de igualdad en los convenios sectoriales y de menos de 50 personas trabajadoras; el impulso a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los convenios colectivos; o la colaboración en las campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para vigilar los casos de desigualdad o discriminación laboral.

En el marco educativo, el documento propone, entre otras cuestiones, mejorar las competencias del profesorado en materia coeducativa e implementar progresivamente la educación universal y gratuita de 0 a 3 años; intensificar la educación inclusiva en las actividades deportivas; o sensibilizar a las personas menores de edad de la importancia de la conciliación de la vida personal y laboral a la hora del cuidado de hijos, hijas y otras personas dependientes.

Además, se plantea aumentar el gasto en protección social y destinar más recursos a bienes y servicios para la atención a la dependencia, así como la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre la formación y el empleo en ramas profesionales tradicionalmente masculinizadas y feminizadas.

En la presentación, en la que estuvo presente la consejera de Economía, conocimiento y Empleo, Elena Máñez, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Silvia Jaén, intervino la secretaria de Acción Sindical de CCOO Canarias, Esther Martín, quien destacó que con este acuerdo “Canarias se pone a la vanguardia en pro de alcanzar una igualdad real y efectiva”.  En la misma línea se manifestó Manuel Navarro, secretario General de UGT Canarias, que mostró su satisfacción por el acuerdo “que nos abre el camino para futuras negociaciones en ámbitos como las políticas sociales, el empleo juvenil o la vivienda”. En la comparecencia también intervino el secretario general de la CCE Las Palmas, José Cristóbal García, que agradeció “la capacidad de consenso demostrada por sindicatos, patronal y el Gobierno” al mismo tiempo que señaló el compromiso de “fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos”.

Ley Canaria de Conciliación

Torres recordó que, también el marco de la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial, hay una comisión específica encargada de elaborar un anteproyecto de Ley Canaria de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, cuyos trabajos avanzan “a buen ritmo”. En este sentido, agradeció el compromiso y altura de miras de los agentes sociales y económicos de Canarias que, una vez más, han contribuido desde la unidad de acción al desarrollo de políticas vinculadas a una cuestión tan relevante para el desarrollo de Canarias como la igualdad de género.

 

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El Instituto Canario de Seguridad Laboral asesora en un año a 800 empresas con 30.000 personas trabajadoras

Reunión Icasel

El Consejo Rector del Icasel, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, aprueba la memoria de actuación de 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para compatibilizar la prevención de riesgos en el trabajo y la contención de la COVID-19

El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este viernes la memoria de actuación de la entidad autonómica en 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para el asesoramiento a las empresas y su personal con el objetivo de compatibilizar las habituales medidas de prevención de riesgos en el trabajo con los nuevos protocolos de contención de la pandemia de COVID-19.

Presidida por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel avaló las visitas técnicas realizadas durante el pasado año a casi 800 empresas con alrededor de 30.000 personas trabajadoras, además del nuevo servicio para el asesoramiento telefónico y otras vías telemáticas al tejido productivo del Archipiélago.

También influyó la enfermedad por coronavirus, a causa del confinamiento de la población y el freno a la economía, en la reducción de la siniestralidad laboral durante 2020 en Canarias en un 29,24% con respecto al año anterior, al contabilizarse un total de 38.679 accidentes (21.059 sin baja, 17.418 leves, 184 graves y 18 mortales).

El Consejo Rector aprobó las actuaciones realizadas en 2020, que incluyeron la elaboración de once guías técnicas para los sectores económicos con mayor ocupación, la concesión de más de 1,5 millones de euros en ayudas para diversos proyectos a los sindicatos y patronales más representativos y la dotación de 440.000 euros para la mejora de aplicaciones informáticas. Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informó sobre sus actividades en prevención de riesgos laborales a lo largo del pasado año, mientras que las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales dieron cuenta de los proyectos subvencionados en el último ejercicio.

 

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El Consejo General de Empleo aprueba las medidas del PIEC 2021 para reactivar y transformar el mercado laboral

Consejo General de Empleo

El órgano colegiado del Servicio Canario de Empleo acuerda también por unanimidad el convenio con la Dirección General de Formación Profesional, las patronales y los sindicatos para el reconocimiento de competencias a través de experiencia laboral y enseñanza no formal

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este viernes por unanimidad el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) para 2021 después de la transferencia estatal de su dotación financiera por valor de 42 millones de euros para la reactivación y la transformación del mercado laboral del Archipiélago frente a la pandemia por COVID-19.

Integrado por las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad junto a la administración autonómica, el órgano colegiado de participación y programación del SCE avaló las medidas concretas del PIEC 2021 tras la firma del convenio a principios de junio entre el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con dos meses de adelanto en relación al ejercicio anterior, cuando ya se suscribió con un anticipo similar con respecto a 2019, gracias a la mención específica este año por primera vez en la existencia del plan integral como inversión directa consolidada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, destacó entre las principales medidas del PIEC 2021 la nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES), dotado con 25 millones para la contratación preferente de personas sin trabajo con mayores dificultades para la inserción laboral, que se completará con 10 millones de otras partidas presupuestarias hasta un importe total de 35 millones para su desarrollo en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y en coordinación con los 88 ayuntamientos canarios.

Acompañada de la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, la consejera Elena Máñez también expuso tanto a otros responsables de la administración autonómica como a diversos representantes de las patronales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) que se duplican los fondos del Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE) hasta un total de 10 millones, destinados a la contratación de personas desempleadas en coordinación con los cabildos a través de proyectos de economía circular, energías renovables y biodiversidad.

Además, el Consejo General de Empleo también emitió con unanimidad el preceptivo informe con sentido favorable para la próxima firma del convenio marco entre el SCE, la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, las confederaciones empresariales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en las Islas para el desarrollo del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o de vías no formales de enseñanza como medida de mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral.

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El Consejo de Relaciones Laborales pide mantener las actuales exoneraciones a empresas en la prórroga de los ERTE

El órgano, constituido por el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, insta también a la Comisión Tripartita Laboral a blindar que el cobro de prestaciones por ERTE no compute como tiempo consumido de paro

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, órgano integrado por el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representación en las Islas, ha reclamado, en una carta dirigida esta semana a la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, que la próxima prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) mantenga el actual sistema de exoneración de cuotas empresariales, recogido en los artículos 1 y 2 de la disposición adicional primera del IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo.

Como se explica en la misiva, una eventual modificación de este modelo “podría causar un daño al tejido empresarial canario y, por lo tanto, al empleo”, debido al impacto diferencial que está teniendo la crisis de la COVID-19 en Canarias por la mayor dependencia del sector turístico, en especial del turismo extranjero. Según el Consejo, un cambio a la baja en el criterio aplicado para las exoneraciones “sería lesivo para los intereses sociales y económicos del Archipiélago”.

Además, el órgano insta a la Comisión Tripartita a “aclarar” el artículo 8.7 del Real Decreto Ley 30/2020, ya que considera que se deja abierta la posibilidad de dejar de aplicar el actual “contador a cero” a las prestaciones por desempleo derivadas de un ERTE, que permite que estas no computen como tiempo consumido de paro, lo que según el Consejo de Relaciones Laborales supondría un claro perjuicio para las personas trabajadoras en esta situación.

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Máñez anuncia 30 millones en ayudas para trabajadores y trabajadoras en ERTE en situación de mayor vulnerabilidad

Reunión con UGT y CCOO

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo inicia los encuentros de trabajo con los secretarios generales de UGT Canarias y CCOO Canarias para definir las bases de esta convocatoria “desde el diálogo, el acuerdo y el consenso”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este lunes una nueva línea de ayudas, dotada con 30 millones de euros, para aquellos trabajadores y trabajadoras en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que atraviesen una situación de mayor vulnerabilidad y cobren actualmente una prestación por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Así lo adelantó la consejera tras un encuentro mantenido con el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, y el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, la primera de una serie de reuniones de trabajo que, tras el reciente encuentro mantenido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, servirán para definir las bases de esta convocatoria “desde el diálogo, el acuerdo y el consenso”.

La consejera explicó que estos 30 millones se destinarán a ayudar prioritariamente a las personas en ERTE “más vulnerables” y recordó que “este era un compromiso del Plan Reactiva Canarias y con él damos cumplimiento a un acuerdo consensuado con las organizaciones sindicales más representativas”.

Tras esta primera reunión, se está colaborando ya con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyo papel en la intermediación “es fundamental a la hora de acreditar la información necesaria para tramitar la ayuda”

Un momento de la reunión.
Un momento de la reunión con UGT Canarias y CCOO Canarias.

Completar el colchón social

“Con la definición de estas bases completaremos el colchón social de ayudas, por un lado a las pymes y autónomos más afectados y por otro a los trabajadores y trabajadoras en un ERTE que se encuentran en una situación más vulnerable”, añadió la consejera.

Por su parte, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, se congratuló de que “la petición hecha por los sindicatos al Gobierno de Canarias hace apenas 15 días haya surtido su efecto” y llamó a comenzar a trabajar ya para fijar los criterios de las bases y lograr que “estas personas, de manera casi inmediata, puedan acceder a las ayudas”.

También desde CCOO se valoró “de forma muy satisfactoria” el acuerdo alcanzado hoy, ya que a juicio de su secretario general, Inocencio González, “entendíamos de justicia que esta medida había que implementarla ya en nuestra comunidad autónoma”. González afirmó que el criterio de mayor vulnerabilidad es un criterio “perfectamente compartido” y apostó por ajustar las condiciones de las bases “para que no sobre un euro de esos 30 millones”.

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Torres y los líderes de CCOO y UGT en Canarias han abordado el reparto de los 1.144 millones de ayudas estatales

Ángel Víctor Torres se reúne con sindicatos CCOO y UGT

El presidente de Canarias ha mantenido un encuentro con Inocencio González y Manuel Navarro, responsables de Comisiones Obreras y UGT respectivamente

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, ha mantenido en la mañana de este miércoles 7 de abril una reunión con el secretario general y de Política Institucional de Comisiones Obreras Canarias, Inocencio González, y el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

En el encuentro han puesto sobre la mesa la necesidad de que las ayudas directas por valor de 1.144 millones de euros del fondo estatal para empresas, pymes y autónomos afectados por las consecuencias de la COVID-19 en Canarias estén vinculadas a la protección del trabajo y el mantenimiento del empleo. Además, han analizado la situación de las 87.000 personas que continúan en ERTE en Canarias, la comunidad con más personas en esta situación de todo el país.

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El Gobierno cierra con patronales y sindicatos el tercer acuerdo del Consejo de Relaciones Laborales sobre los ERTE

Elena Máñez y Gustavo Santana

El acuerdo, que se elevará hoy mismo a la Comisión Tripartita Laboral, propone el mantenimiento de las prestaciones al 70% y de las actuales exoneraciones a empresas, al tiempo que aboga por ampliar la prórroga automática de los ERTE turísticos al comercio y la hostelería

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y representantes de los agentes económicos y sociales más representativos, acordaron este miércoles en el marco del Pleno del Consejo Canario de Relaciones Laborales la propuesta canaria sobre expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que será remitida a la Comisión Tripartita Laboral, órgano competente en la materia en el ámbito estatal. El documento, que persigue mantener las grandes líneas del anterior acuerdo suscrito en Canarias, recoge las principales reivindicaciones de las Islas en este sentido, como la extensión de los ERTE de manera indefinida para todos los sectores de actividad mientras duren las restricciones sanitarias; el mantenimiento de las actuales exoneraciones de las cuotas empresariales; que se mantenga la prórroga automática de los ERTE del sector turístico, que las prestaciones por desempleo de los trabajadores y trabajadoras sigan abonándose al 70% de la base reguladora, sin que afecte al tiempo de cotización, y la apuesta por el mantenimiento del empleo.

La consejera, que participó en la reunión acompañada por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y por el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, valoró el acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales y subrayó que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia del diálogo social a la hora de proteger el empleo y a las empresas, un diálogo que ha cristalizado en medidas como los ERTE, que han supuesto “un colchón social fundamental y han impedido unas consecuencias mucho peores sobre la economía y el empleo”.

“Mientras se recupera la normalidad sanitaria y la actividad económica en las Islas, debemos seguir transitando esta crisis confiando en estos mecanismos de protección del empleo y del tejido productivo”, señaló. Entre abril y octubre de 2020, esta medida ha supuesto la inyección en Canarias por parte del Estado de más de 1.250 millones de euros entre exoneraciones de cuotas empresariales y prestaciones por desempleo.

Tercer acuerdo fruto del diálogo social en Canarias

En el acto de firma de la propuesta participaron representantes de las organizaciones sindicales CCOO Canarias y UGT Canarias, de la Confederación Canaria de Empresarios y de CEOE Tenerife. El acuerdo alcanzado es el tercero que se cierra, fruto del diálogo social en Canarias, sobre la prórroga de los ERTE y está dirigido a mantener las grandes líneas establecidas en el anterior, de septiembre pasado, cuyo contenido fue incorporado casi en su totalidad en el acuerdo que se selló en el ámbito estatal.

Tras este nuevo consenso, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se reafirma en que los ERTE deben prorrogarse con carácter indefinido mientras dure la pandemia. También mantiene que las exoneraciones de cuotas empresariales deben seguir siendo de entre un 75% y un 100% en el caso de que las restricciones sanitarias limiten o impidan la actividad de todos los sectores.

Prórroga automática para el comercio y la hostelería

Además, se considera necesario que la prórroga automática de los ERTE del sector turístico siga manteniéndose, incluyendo además al comercio y la hostelería, tal como ha aprobado recientemente el Gobierno de España a través del Plan de Refuerzo a la Hostelería, Turismo y Comercio. De hecho, los datos de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ponen de manifiesto el buen acuerdo alcanzado por el Consejo Canario de Relaciones Laborales en septiembre, que posibilitó que, tras la aprobación del Real Decreto Ley 30/2020, en Canarias se beneficiaran todos los sectores pertenecientes a la cadena de valor del sector turístico o que dependieran indirectamente de estos en más de un 50% de la facturación.

Cuadro con los sectores beneficiados por la prórroga automática de los ERTE desde octubre de 2020.
Cuadro con los sectores beneficiados por la prórroga automática de los ERTE desde octubre de 2020.

“Todos los sectores se han beneficiado del acuerdo sobre los ERTE que impulsó el Consejo Canario de Relaciones Laborales y que ahora sigue apostando por ellos”, señaló la consejera, quien hizo un balance “muy positivo” del nuevo acuerdo y agradeció y felicitó a los agentes sociales y económicos de Canarias por su “compromiso, responsabilidad y altura de miras a la hora de pactar las soluciones para esta crisis, lo que ha permitido que lleguemos a grandes consensos”.

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Empresarios, sindicatos y cabildos respaldan el decreto ley que permitirá el control antiCOVID de los turistas

Gobierno de Canarias - Consejo Asesor del Presidente

Los integrantes del Consejo Asesor del Presidente ven satisfactorios los cambios legales proyectados para conseguir que los visitantes se alojen con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento que demuestre que no están contagiados

Los agentes sociales y económicos representativos en Canarias (sindicatos -UGT y CCOO- y patronales -CEOE y CCE-) y los cabildos insulares respaldaron en la tarde de este lunes el  decreto ley del Gobierno de Canarias que posibilitará el control antiCOVID de los turistas que lleguen a las Islas, ya sean extranjeros o nacionales. Esta valoración fue trasladada hoy por los integrantes del Consejo Asesor del Presidente, que vieron satisfactorios los cambios legales proyectados por el Ejecutivo autonómico que preside Ángel Víctor Torres para así conseguir que los turistas se alojen en las Islas con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento turístico que demuestre que no están contagiados por el virus que produce la COVID-19.

El presidente de Canarias informó este lunes a su Consejo Asesor de que el Gobierno autonómico prepara una regulación propia que minimice los riesgos de incidencia y propagación de la COVID-19 por posibles casos importados. Esto se pretende conseguir con la obligación de que se cumpla con el requisito de que todas las personas que se alojen en un establecimiento turístico reglado se sometan, previamente a su viaje, a una prueba que acredite no ser transmisor de la enfermedad o que bien ésta se realice nada más llegar al Archipiélago.

“Es un decreto ley muy importante que se viene preparando antes de que Alemania y Gran Bretaña levantaran las restricciones para viajar a Canarias”, apuntó el presidente al mismo tiempo que reconoció el trabajo realizado en las últimas semanas. Para Ángel Víctor Torres, “la propuesta es bastante profesional y adecuada; es el primer documento de este tipo que aprobará una comunidad autónoma”.

A través de un decreto ley de medidas extraordinarias, desarrollado por la Consejería de Turismo para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la COVID-19, el Gobierno de Canarias va a dar una respuesta propia a la lucha contra la pandemia y sus efectos sobre la economía, una reclamación de las Islas sobre la que ya existe un amplio consenso social, empresarial y político de cara a la protección de la salud pública, tanto para la población residente como para los visitantes, además de beneficiar al principal sector económico de las Islas: el turismo. Esto también se logra dando confianza y seguridad en los viajes para reactivar la demanda.

Gobierno de Canarias - Consejo Asesor del Presidente
Un momento de la comparecencia conjunta del presidente y la consejera de Turismo.

Los detalles de la propuesta fueron hoy presentados por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y por la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, al Consejo Asesor del Presidente, que, dada la trascendencia de los asuntos tratados, tuvo una convocatoria más amplia, pues a la reunión además se unieron representantes de las patronales turísticas insulares y presidentes de los cabildos.

La consejera de Turismo explicó que la fórmula para implantar esos controles “se basa en tres preceptos básicos; seguridad sanitaria, seguridad comercial para los agentes que intervienen en el sector y transparencia en la información a la que tiene derecho el cliente”, apuntó Yaiza Castilla.

El texto legal planteado por el Gobierno, que se prevé aprobar como decreto ley en Consejo de Gobierno esta semana, supone la modificación de aspectos básicos y la ampliación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación Turística de Canarias, y de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.

A través de esos cambios, y vía derecho de acceso a los establecimientos turísticos alojativos, por un lado, y vía derecho de los usuarios a la información veraz previa sobre las condiciones de acceso a éstos, por otro, se busca la garantía de que, por motivos sanitarios y con la finalidad de limitar el impacto en la salud de las personas, el cliente deba demostrar con un resultado negativo de una prueba de COVID-19 estar libre del virus, ya sea tras hacérsela en origen o, si no hubiera lugar, en destino, nada más llegar.

La propuesta legal se basa en intentar dar las máximas garantías disponibles para que el turista cuando viaje a las Islas esté libre de COVID-19, lo cual puede acreditar con una prueba y para lo que se admitiría el test de antígenos, más rápido y económico, u otros que considere o se pudieran acreditar como válidos por las autoridades sanitarias.

El decreto ley cumple con los límites fijados por las competencias autonómicas para acometer una regulación legal en esa materia y “se ha configurado para dar respuesta a una situación que requiere de una actuación inmediata”, aseguró la consejera.

Si fuera preciso, el Gobierno canario incluso contemplaría, en garantía de la reciprocidad sanitaria que defiende que debe existir, ofrecer al turista una prueba antes de su vuelta al país de origen. Además, la Comunidad Autónoma de Canarias ya tiene establecida la atención a los turistas en destino si ésta fuera precisa al dar positivo un visitante en COVID (a través de su atención sanitaria, alojamiento por cuarentena y repatriación), gracias a la póliza de asistencia en viaje complementaria que tiene suscrita la Consejería de Turismo.

La regulación de esta obligación de aportar un test negativo para acceder a los establecimientos alojativos, lleva aparejada el diseño de las diferentes medidas para garantizar el adecuado circuito y procedimiento para su aplicación.

Se pretende con ello evitar frenos y minimizar molestias en la operatoria turística, a la vez que se salvaguarde que, de cara al cliente y con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación de los servicios de alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos alojativos reglados ubicados en Canarias, se informará de que entre las condiciones de acceso al establecimiento se incluye la de acreditar la realización de la prueba, con resultado negativo, en un plazo no superior a entre 48 o 72 horas previas a su llegada al destino.

 

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Canarias logra garantías del Estado para que los ERTE se extiendan tras el 31 de enero si así lo exige la pandemia

Ángel Victor Torres se reúne con el ministro Escrivá

El presidente Torres se reúne con el ministro de Seguridad Social y con agentes económicos y sociales, cita en la que José Luis Escrivá elogia el diálogo y consenso demostrado en las Islas ante la COVID por ser “un ejemplo y referencia para todos”

El jefe del Ejecutivo autonómico subraya que en el real decreto-ley vigente se incluyen todas las peticiones del Consejo de Relaciones Laborales de Canarias

El ministro Escrivá espera que 6.000 hogares isleños reciban desde este octubre el Ingreso Mínimo Vital

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido esta mañana (jueves 8 de octubre de 2020) con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. En el encuentro también participaron el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el vicepresidente regional, Román Rodríguez; la consejera de Economía, Elena Máñez; la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y representantes de la CEOE-Tenerife (José Carlos Francisco), CCE (José Cristóbal García), Ashotel (Jorge Marichal), FEHT (José María Mañaricúa), Asolan (Susana Pérez), Asofuer (Antonio Hormiga), UGT (Francisco Bautista) y CCOO (Inocencio López).

Esta reunión se ha centrado en la aprobada prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero, que Ángel Víctor Torres considera “clave para Canarias”. El presidente elogió la capacidad de consenso que ha demostrado la mesa tripartita (Gobierno central, patronal y sindicatos) “en estas horas difíciles” y considera esa herramienta “un colchón fundamental para mantener el Estado de bienestar y garantizarle su puesto “a miles de trabajadores”.

El jefe del Ejecutivo autonómico recibió el respaldo del ministro para que los ERTE se extiendan más allá del próximo 31 de enero, si la situación económica por la pandemia así lo exige. José Luis Escrivá insistió en que el Gobierno central “siempre ha sido consciente” de las singularidades de las Islas por el peso del turismo. “Por eso -dijo-, los ERTE son un instrumento flexible y adaptable a la evolución de la COVID-19”.

Según los datos del Ministerio, Canarias tuvo a 230.000 personas en ERTE durante la peor etapa del confinamiento y aún mantiene a unos 83.000. Esto significa que el 13% de la población ocupada sigue bajo la protección de este mecanismo, mientras que el 65% sí ha vuelto a su actividad, porcentaje “muy inferior” al del resto del país. De hecho, las Islas son, junto a Baleares, la comunidad autónomo que presenta un mayor peso de los ERTE.

Por ese motivo, Escrivá aseguró que se requiere una actuación pública firme y “le he trasladado a los agentes sociales que, aunque se hayan prorrogado los ERTE hasta el 31 de enero, en ningún caso se prejuzga que no se podrán prolongar más, sino que son adaptables a los elementos de una pandemia de la que hemos aprendido que es cambiante”, indicó.

Ángel Victor Torres se reúne con el ministro Escrivá
Un momento del encuentro de trabajo celebrado en Presidencia del Gobierno.

El presidente Ángel Víctor Torres resaltó, asimismo, que el real decreto-ley de junio pasado sobre los ERTE incluyó una disposición adicional expresa sobre Canarias y que, en esta renovación hasta el 31 de enero, se han atendido todas las peticiones del Consejo Canario de Relaciones Laborales. Entre otras, que se mantuviera como prestación el 70% de la base reguladora, que entraran los inactivos de sectores afectados y los empleados temporales, que todo se hiciera a través de los centros de trabajo o que las afecciones por rebrotes de casos tuvieran una cobertura del 100%” en el primer mes. “Lo ideal es que no hiciera falta renovarlos, pero, si es necesario, que se prorroguen”, remarcó.

Para el ministro, la cita de esta mañana ha sido “extraordinariamente fructífera” y le ha servido para constatar “el gran clima de diálogo social existente en Canarias, que es ejemplar y una referencia para todos”.

Seis mil hogares canarios beneficiados por el Ingreso Mínimo desde este octubre

José Luis Escrivá también remarcó la relevancia de la colaboración con el Gobierno canario respecto al Ingreso Mínimo Vital, “sobre todo cuando, hace unos días, el Ejecutivo isleño ha aprobado las modificaciones de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para que pueda ser temporalmente compatible con ese Ingreso Mínimo”. A su juicio, esto ayudará a la tranquilidad de los ciudadanos en una situación vulnerable, eleva las cuantías de beneficiarios del IMV mediante complementos y demuestra que Canarias “ha sido de las regiones que mejor han entendido” esta ayuda. Según anunció, unos 6.000 hogares canarios percibirán este Ingreso Mínimo desde este octubre, “y queremos ir más allá en los próximos meses. El IMV es un instrumento que viene para quedarse y conviene que esté diseñado lo mejor posible para que llegue de forma plena a todos los hogares que lo necesitan”, aclaró.

La de hoy ha sido la primera de las reuniones que mantendrá el ministro con representantes de las administraciones canarias durante su visita oficial al Archipiélago. Mañana, el presidente de Canarias volverá a reunirse con el ministro para abordar más en profundidad la situación migratoria. El ministro subrayó, eso sí, el “enorme esfuerzo que está haciendo este Gobierno para afrontar la excepcional situación que vive Canarias en estos momentos”. No obstante, es consciente de que se necesitarán más recursos y se comprometió a trabajar en una red de acogida más estable.

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El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento borrador que se ha ido consensuando con las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos, el Tercer Sector y la mayoría de partidos incluye medidas por valor de 1.425 millones para 2020 en sus siete prioridades estratégicas

El texto aboga por la unidad de acción ante la Unión Europea y el Ejecutivo central para mantener el Estado de bienestar y los logros conseguidos por Canarias en los nuevos REF y Estatuto de Autonomía

El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), concebido para combatir los efectos de la pandemia COVID-19, prevé una inversión inicial de 5.725,7 millones de euros en las Islas desde este año hasta 2023; de ellos, 1.425 millones se reservan al ejercicio 2020, estos con ficha ya cerrada. Así se contempla en el borrador casi definitivo visto hoy por el Consejo de Gobierno y ya entregado a los firmantes del Pacto del mismo nombre, del que emana esta iniciativa, rubricada el pasado 30 de mayo (Día de Canarias) y negociada desde entonces con numerosas reuniones celebradas entre los integrantes de ese foro.

El objetivo central de ese proyecto integral pasa por mantener y fortalecer los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, de manera que nadie se quede atrás por esta crisis imprevista y mundial, especialmente los colectivos más vulnerables. Además, el Plan para la Reactivación aspira a que el Archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados, con el empleo recuperado, con mayor sostenibilidad integral gracias a la aplicación de la Agenda 2030, con un turismo más competitivo, con más acceso a la vivienda pública, con una administración más moderna y con el máximo desarrollo posible de textos legales clave para Canarias, como son los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2018, así como el refuerzo de la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE).

El documento, también denominado Plan Reactiva Canarias, aún puede ser modificado estos días durante la última revisión de los participantes en su redacción: los cabildos, a través de la Fecai; los 88 municipios canarios (con la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE; las cámaras de comercio; los sindicatos UGT y CCOO; los colegios profesionales de Trabajo Social; los agentes del Tercer Sector, y los partidos signatarios, que representan el 80% de los diputados del Parlamento regional, al ser apoyado ese Pacto por PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre, para luego ser debatido en la Cámara autonómica, en principio en el pleno del 27 de ese mismo mes.

La intención es desarrollarlo al completo (este año hay muchas medidas que ya se están aplicando o se han implantado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado) hasta el año 2023. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogó desde el día siguiente a aquel sábado 14 de marzo por la elaboración de un plan específico para la recuperación de las Islas ante una situación de amplia crisis, con especial afección en Canarias dentro de España y de la UE debido al elevado peso del turismo en las Islas (35% del PIB regional y 40% del empleo). Se busca un Plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Para su control y seguimiento, de hecho, el proyecto incluye mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.

La búsqueda de esa unidad y del acuerdo masivo derivó en el Pacto del 30 de mayo pasado, en el que se definió un total de siete prioridades estratégicas o bloques que, en el caso del presente ejercicio de 2020, incluyen una ficha financiera de 1.425 millones de euros (financiación ya cerrada).

De los 1.425 millones de euros para 2020 (como se puede comprobar en el cuadro incluido al final de esta nota), el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con la suma de 440,4 millones.

547 millones para actividad económica y 190 para empleo en 2020

Otros bloques estratégicos, como la atención a los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, la pobreza infantil, las víctimas de malos tratos, los discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…), dispondrán de 45 millones en este 2020. Sin embargo, los esfuerzos principales se dirigirán a la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo son 190,84. La simplificación y coordinación administrativa, por su parte, acapara 200,5 millones, con los que se pretende facilitar los proyectos y licencias, ahorrar pasos burocráticos y dinamizar así la economía y el empleo. La inversión se completa con 500.000 euros para la Agenda 2030 de Canarias.

Aquellos 1.425 millones de euros para 2020 suponen un considerable esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Administración General del Estado debido a la merma de ingresos tributarios por la pandemia en este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta el sistema fiscal singular con que se cuenta en las Islas. Para alcanzar esa cifra, se han incluido 373 millones no reembolsables que corresponden al Archipiélago del Fondo COVID aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto Ley 22/2020, del 16 de junio. Con ellos, se pretende compensar los aumentos de los gastos en sanidad, educación y transporte. Asimismo, se introducen 176 millones para cubrir la reducción de la recaudación tributaria en las Islas y hasta 389 millones por autorizarse el uso de superávit de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma. Esa cifra se aplica por la merma de ingresos por impuestos propios o derivados del Bloque de Financiación Canario en este 2020.

Para este ejercicio, el Gobierno central también aporta 14 millones con el fin de reforzar los servicios sociales, en función del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Por su parte, el Ejecutivo canario ha reajustado 100 millones del Presupuesto regional vigente, cantidad que se añade a otros 373 obtenidos de partidas contempladas en esas cuentas que se consideran útiles ante lo sucedido por la pandemia de la COVID-19.

La financiación prevista en el trienio 2021-23

Aunque se trata de una cifra potencialmente modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, pues existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y porque el Plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia, para el periodo 2021-2023 se ha calculado inicialmente un total de 3.400,7 millones de euros.

Igualmente, para el citado periodo de tres años se establece un refuerzo financiero total de 900 millones en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda), lo que da un resultado global de gasto para 2021-2023 de 4.300,7 millones de euros.

Las cifras más relevantes, de nuevo, atienden en 2021-2023 a la reactivación económica y la generación de empleo. En este sentido, se proyecta, de momento, un desembolso de hasta 2.028 millones para el reimpulso empresarial y económico y de 741 millones para el empleo. En los casos de la Agenda 2030 y de la agilización administrativa, lo más relevante son las medidas relacionadas con la progresiva implantación e incorporación de esas acciones a los procesos de gestión pública; por ello, la ficha financiera tiene un papel secundario en tales prioridades estratégicas.

Los presupuestos del Estado para 2021 y el Fondo Europeo de Recuperación

Desde 2021, los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital.

Además, resulta esencial que Canarias haga valer sus singularidades por la lejanía y la insularidad ante la UE, su actual condición de región RUP, a la hora de obtener ayudas o financiación pública para proyectos que a incluir en el Fondo Europeo de Recuperación, dada la mayor afección de la pandemia en las Islas por su modelo económico. Unos efectos que se suman a las debilidades estructurales que ya presentaba el Archipiélago en cuanto a diversificación económica, empleo, salarios y otros parámetros.

El Plan Reactiva Canarias también podrá costearse con recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones), con los Fondos Estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27 y con las cuentas estatales hasta 2023 y además las regionales, que se espera que dispongan de forma creciente de más ingresos tributarios a medida que se reduzcan los efectos de la pandemia.

Con el fin de que los efectos de la COVID-19 fueran los mínimos posibles manteniéndose los gastos públicos, el Gobierno regional ha inyectado hasta ahora, en 2020, unos 8.067 millones en la economía isleña, mientras que los cabildos han aportado 1.652 y los consistorios, 2.106. Junto al Ejecutivo central, el esfuerzo global en el Archipiélago asciende a 16.800 millones.

Como se ha indicado hasta ahora, el Plan Reactiva Canarias da especial prioridad al mantenimiento de la capacidad asistencial en la sanidad pública canaria y a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Se hace no solo por mejorar este pilar fundamental del Estado de bienestar para los residentes y ante la evolución de la pandemia, sino como atractivo y garantía de presente y futuro para el turismo. Así, se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.

En el ámbito social, además se prevé desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 y fortalecer al máximo los servicios sociosanitarios con más y mejores conciertos con el Tercer Sector y una mayor coordinación interadministrativa. Así, se quiere aligerar los hospitales en el capítulo de enfermos crónicos mediante una red potenciada de centros para mayores y con una mejor teleasistencia o atención en el hogar. Además, lejos de debilitarse, se atiende mejor la dependencia y la discapacidad.

Otro de los objetivos clave pasa por mejorar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ahora queda reforzada con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y que se completa con la Renta Canaria de Ciudadanía. Se calcula que ese Ingreso Mínimo que aporta el Estado supondrá unos 180 millones anuales en las Islas.

En educación, con la seguridad de los alumnos y del personal docente ante la COVID como prioridad máxima, también se quiere estrechar la brecha digital que el confinamiento evidenció, aparte de reforzar todo lo posible la educación a distancia, mejorar el apoyo a las familias con menos recursos y la educación de 0 a 3 años en beneficio de la conciliación familiar y del acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias.

Con el objetivo doble de reimpulsar el subsector de la construcción, y en aras a cumplir un derecho básico de la ciudadanía, se busca ampliar el parque de vivienda de alquiler social, con más ayudas para las familias con pocos recursos y el pago de los suministros básicos.

Recuperar y adaptar la economía, con un subsector turístico más moderno

En cuanto al ámbito económico y el empleo, se defiende el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor durante el tiempo necesario, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el subsector turístico (el principal en Canarias), sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento, eso sí, recuerda que, entre abril y agosto, esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones en apoyo de los autónomos por el cese de actividad.

Además, el Plan apuesta por garantizar cada año los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y diversas medidas de modernización del Servicio Canario de Empleo, de formación de sectores poblacionales con más dificultades de reincorporación laboral y de apoyo a los autónomos, empresas de economía social, cooperativas o compañías de integración social. Para todos ellos, aparte de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se reforzarán mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio de 2020, se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.

El esfuerzo por la formación se orientará, en especial, al ámbito turístico (idiomas…), así como a las nuevas tecnologías y el I+D+i. Además, el Plan pretende una lucha más activa contra la economía sumergida y ayudas a las empresas, reduciendo la morosidad con el reordenamiento de pagos o mayores garantías de deuda. Para esto, en este 2020 se reservan 20 millones.

El desarrollo del REF incluye la adaptación de los instrumentos fiscales a la nueva realidad generada por el coronavirus, así como el mejor aprovechamiento de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales, de manera que se impulse la inversión y la creación de empresas y empleos.

Por supuesto, el turismo, su recuperación y modernización resultan esenciales en este Plan. Para ello, siguiendo el proyecto Canarias Fortaleza, se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.

También se prevé apostar por los eventos culturales y deportivos como atractivos añadidos y por el consumo de productos canarios (de cercanía o kilómetro cero, con mucho menor huella de carbono), en cumplimiento también de la Agenda 2030 y reforzando así la marca Elaborado en Canarias y la soberanía alimentaria. En esta misma línea, ahora ligándola al ámbito sanitario, se contempla impulsar la producción de material sanitario en las Islas.

Sin salir de la economía, el impulso a la construcción no solo se busca con nueva vivienda social y con reformas de éstas, sino vinculándolo a la modernización turística y hotelera, así como a la obra pública (carreteras, centros docentes, sanitarios…), siempre atendiendo a los criterios de sostenibilidad.

En cuanto al transporte, se compensará a las empresas del subsector por las consecuencias de la pandemia (175 millones en ayudas globales en 2020), se tomarán todas las medidas para que se cumpla con la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco para los residentes, se impulsará la movilidad sostenible y se modernizarán puertos y aeropuertos.

El Plan Reactiva Canarias apoya al sector primario con la búsqueda del adelanto de las ayudas del Posei comunitario y del Posei adicional, con especial atención a cultivos como el tomate y el plátano, entre otros, reduciendo los costes de los insumos de la ganadería (REA), reforzando las subvenciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícola, y exigiendo las ayudas al agua de riego contempladas en los Presupuestos estatales (ocho millones de euros).

Mecanismos de control y cumplimiento de lo previsto

En busca del mayor rigor, fiscalización y cumplimiento de este Plan, la iniciativa contempla un punto final, el 10, denominado Cuadro de mando. Ello permitirá una continua y adecuada evaluación de su desarrollo, de sus resultados y de su contribución a alcanzar las metas fijadas. Para ello, habrá una comisión de seguimiento del Plan, con reuniones trimestrales y una sesión de control monográfica de periodicidad anual.

 

  • ANEXOS CON TABLAS FINANCIERAS PARA 2020 y 2021-23

I) Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 424.746.983,58 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 15.689.776,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 45.069.883,39 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 190.848.804,00 €
5. Impulso de la actividad económica 547.389.223,30 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 200.834.161,85 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 500.000,00 €
TOTAL 1.425.018.831,20 €

II) Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 429.700.000,00 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 93.000.000,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 75.500.000,00 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 741.030.000,00 €
5. Impulso de la actividad económica 2.012.265.496,78 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 310.000,00 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 0,00 €
TOTAL 3.384.805.496,78 €

 

Se debe tener en cuenta que la aportación total del Plan Reactiva Canarias para el periodo de ejecución 2020-23 (cuatro años), la de 5.725,7 millones, incluye los 900 millones de refuerzo en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda) durante el trienio 2021-23, lo que da el resultado global de gasto ya indicado: 5.725,7 millones. Esta cifra resulta de sumar la ficha cerrada para 2020, 1.425 millones; la prevista para el periodo 2021-23, 3.400,7, y los 900 millones reseñados.

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