En la primera fase de implantación de la herramienta se alcanzará a medio millar de unidades familiares en Fuerteventura, anunció la consejera de Derechos Sociales en un encuentro con los ayuntamientos de la isla

“A partir de marzo, las familias comenzarán a cobrar las primeras nóminas de la Renta Canaria de Ciudadanía, alcanzando el medio millar de unidades familiares en la primera fase de implantación de la herramienta”, anunció hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario, Noemí Santana, en el transcurso de una jornada informativa sobre la Renta celebrada en Puerto del Rosario con concejalas y técnicas de servicios sociales de los municipios de Fuerteventura.

“La Renta de ciudadanía supone un auténtico avance con respecto a la Prestación Canaria de Inserción”, enfatizó, “no solo porque se llegará a más población al ampliar los perfiles de las personas que se pueden beneficiar de esta renta sino porque, además, la cuantía de la renta es mayor que la PCI y contempla una seria de complementos, como los de vivienda, rentas de trabajo, a las pensiones no contributivas y a los estudios, que ofrece una mayor garantía de protección para las familias en situación de vulnerabilidad”.

En su intervención, Santana recordó que “a partir de ahora los ayuntamientos no tendrán la carga administrativa para la gestión de esta renta que la asume la comunidad autónoma lo que permitirá a los equipos sociales municipales de trabajar en los itinerarios de inclusión de los perceptores de esta renta”.

Además, la responsable regional hizo hincapié en el incremento de la financiación en el año 2023 a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria y el programa de prestaciones básicas de servicios sociales, que este año contará con más de 42 millones de euros, más del doble la financiación en 2019, cuando los fondos para este programa era de 18,3 millones de euros. En el caso de Fuerteventura, está isla recibe en los últimos años más de 1,5 millones dentro de este plan.

Hay que recordar que a través de estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la PCI, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

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El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la Ley de Renta de Ciudadanía, lo que supone “un avance firme y decidido hacia una sociedad más igualitaria”, en palabras de la consejera de Derechos Sociales

La nueva Ley sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas que garantizan una protección social para la población más vulnerable

“Hoy es un día histórico para Canarias. Hoy el derecho a una vida digna empieza a ser una realidad. Hoy nuestra tierra es un lugar más justo”. Con esta contundencia se manifestó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy en sede parlamentaria del proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias.

La nueva ley, que consolida a Canarias como una de las pocas comunidades autónomas españolas que garantizan una renta mínima a la población más vulnerable socialmente, “supone un antes y un después en nuestra tierra en materia de derechos sociales”, aseguró la consejera quien recordó que “cuando asumimos la responsabilidad al frente del área de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, unas 5.500 personas eran beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en Canarias; en la actualidad, son 11.924, una cifra que, sumada a las más de 20.000 personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, implica que el paraguas de protección de la Renta ciudadana podría llegar a más de 50.000 unidades de convivencia.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), lo que equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, además de mejorar las cuantías que reciben las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más generosa que la actual PCI.

De esta forma, la Ley de Renta de Ciudadanía impulsada por el Ejecutivo canario regula el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible, lo que asegura la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades. Además, establece el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Además, la renta de ciudadanía complementa al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella.

Hay que recordar que la renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión, y en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.

Igualmente, la nueva Ley permitirá la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Tres modalidades de renta

Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social definidas en el artículo siguiente y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.

Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.

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El Parlamento dio luz verde a la aprobación por unanimidad de los grupos políticos del decreto ley que modifica la ley de la PCI para permitir que las familias puedan seguir cobrando la ayuda hasta recibir el Ingreso Mínimo Vital

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables” con la aprobación de esta medida, asegura la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables con la aprobación de este decreto que modifica la Prestación Canaria de Inserción, siendo una de las primeras comunidades autónomas en actuar para que las personas más desfavorecidas estén protegidas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy por unanimidad de los grupos políticos parlamentarios de la modificación de la norma base que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Esta modificación permitirá a las familias que peor lo están pasando en esta situación de crisis social, poder seguir cobrando esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado”, explicó Santana, quien añadió “que, aunque el IMV es una herramienta poderosa que, cuando se despliegue en su totalidad, será un cambio sustancial en Canarias, también reconocemos que ha tenido dificultades en estos primeros meses para su implantación”.

A este respecto, la consejera indicó que Canarias ha impulsado dos medidas, por un lado, aprobar un segundo pago del ICE para personas sin ingresos y que ha dado cobertura económica a 16.000 familias, y por otro, sacar este decreto ley que facilita la convivencia de las dos prestaciones, la estatal (el IMV) y la PCI, la autonómica, “con la que estamos llegando a unas 8.000 familias al mes”.

Modificaciones de la normativa

El objeto del Proyecto de Decreto ley, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, es adaptar esta ayuda al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la misma hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria.

De esta forma, las familias podrán seguir cobrando la PCI durante el periodo de espera del ingreso del IMV, permitiendo, además, que no tengan que devolver las cuantías recibidas de la PCI una vez reciban el Ingreso Mínimo Vital. Para ello, las personas solicitantes tendrán que acreditar que han pedido el IMV con carácter previo para poder hacer su solicitud, sin tener que esperar a una resolución de la ayuda estatal.

Además, durante el tiempo de espera en que se resuelva el IMV, las personas beneficiarias de la PCI podrán seguir cobrándola. Una vez que la solicitud del IMV se resuelva, se pueden dar dos situaciones: por un lado, que la resolución del IMV sea positiva, en cuyo caso, la persona recibirá el IMV con efecto retroactivo a fecha de su solicitud sin tener que devolver las cuantías recibidas por la renta autonómica. Por otro lado, si la resolución del IMV sea negativa, la persona beneficiaria deberá comunicarlo a su trabajadora social y podrá continuar percibiendo la PCI.

Asimismo, la modificación incluye otro cambio importante y es que, a efectos de la determinación de recursos de la PCI, no se contabilizarán las pensiones alimenticias, entendiendo estas últimas como un derecho de la infancia que no se puede restar a las familias que requieran los ingresos de la PCI. “Es decir, hasta ahora si una familia cobraba de PCI 500 euros y recibía una pensión alimenticia de 150, esta cantidad se restaba de su prestación quedando en 350 euros. Con este cambio, podrán cobrar la prestación completa”, indicó Santana.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana:

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