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Nieves Lady Barreto: “El turno de oficio tendrá una subida del 15% este año, con efectos retroactivos a 1 de enero”

La orden de la consejera de Presidencia que se ha publicado hoy en el BOC aprueba los incrementos para abogados y procuradores de justicia gratuita en tres ejercicios presupuestarios, hasta alcanzar el 30% en 2027

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado hoy la publicación de la orden del incremento de los baremos que cobran abogados y procuradores del turno de oficio hasta alcanzar el 30% en tres años. “Desde el 2008 no se había actualizado esta retribución, una mejora de la que se beneficiarán los más de 2.300 profesionales que prestan la asistencia jurídica gratuita y con ello las personas usuarias de este servicio”.

Nieves Lady Barreto, que compareció en rueda de prensa con el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez, añadió que la orden recoge que la primera subida del año 2025, que será del 15%, tendrá efectos retroactivos a 1 de enero”.

La consejera recordó que otra de las líneas de trabajo de su departamento con los colegios de abogados es incentivar el acuerdo para rebajar la litigiosidad y que en ese sentido se prima a los abogados que lo alcancen dentro de la puesta en marcha de los medios adecuados de solución de controversias (MASC). “Estamos haciendo un seguimiento y a final de año podemos presentar un primer balance de su aplicación.”

Por su parte, Juan Antonio Rodríguez, agradeció “el esfuerzo” del Gobierno por sacar adelante esta orden, que recoge el acuerdo alcanzado con los colegios de abogados, y reconoció el papel que ha tenido la consejera en “la negociación presupuestaria” para conseguir los fondos necesarios para hacerlo realidad.

El viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, apuntó que este incremento “dignifica la profesión y el trabajo de los abogados y procuradores que en defensa de los ciudadanos canarios” que necesitan asistencia gratuita ante los tribunales por carecer de recursos económicos.

La publicación hoy en el Boletín Oficial de Canarias de la Orden de 25 de agosto de 2025, modifica la Orden de 17 de mayo de 2019, que aprueba los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de las personas profesionales de la abogacía y procuraduría.

La orden tiene una triple finalidad. Por una parte, adecúa a la normativa actual los importes de las bases y los módulos de la compensación -indemnización que reciben quienes asisten a los beneficiarios de la justicia gratuita-, como se venía demandando por los Colegios Profesionales, con la salvedad del turno especial de extranjería, que ya se había actualizado y modificado desde la Orden n.º 231, de 19 de diciembre de 2024.

Por otro, incrementa un 30% los importes iniciales de los módulos, incremento que se llevará a cabo de forma en tres ejercicios presupuestarios: 2025, 2026 y 2027. El primer incremento de los importes de los módulos será de un 15% en el ejercicio 2025; el subsiguiente incremento, será de un 7% sobre los importes iniciales en el ejercicio 2026 y finalmente, con el tercer incremento de un 8%, en el ejercicio 2027, se consolidará el 30% de la subida.

La orden también regulariza los efectos económicos a las personas profesionales de la abogacía y procuraduría por las actuaciones ya realizadas en 2025, con efectos retroactivos a 1 de enero.

 

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La Consejería de Presidencia firma con los colegios de procuradores el incremento retributivo del turno de oficio

Nieves Lady Barreto: “Este acuerdo permitirá subir un 30% los baremos a 401 profesionales de la procuraduría para adecuar los servicios de asistencia jurídica gratuita al coste real”

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha firmado hoy con el Consejo Canario de Colegios de Procuradores y los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas un incremento del 30% en el baremo del turno de oficio, “una reivindicación justa que hoy se desbloquea”, señaló.

“El acuerdo reconoce la labor tan importante que realizan estos profesionales en el turno de oficio, un servicio esencial para la ciudadanía más vulnerable y debe compaginarse la tutela judicial efectiva con una retribución digna de los profesionales que lo ejercen”, añadió Barreto.

Esta subida de los baremos se realizará en tres plazos: un 15% en 2025, un 7% en 2026 y un 8% en 2027 y la primera parte se recibirá a partir de enero del próximo año.

La última actualización del baremo del turno de oficio se llevó a cabo en 2019 y consistió en recuperar las cuantías que se habían reducido en 2012 por necesidades de estabilidad presupuestaria, “pero han pasado los años y no se había realizado ninguna mejora”, recordó la consejera. “Entendemos que es de justicia que se actualicen unos baremos que, desde hace años, no responden al coste real de los servicios y supone una importante pérdida del poder adquisitivo de los profesionales que lo prestan”.

“Hoy concluimos un camino que iniciamos en el mes de marzo para ir actualizando y mejorando las condiciones de los abogados de oficio, a los que se suman ahora los procuradores, y lo hacemos con la firma de una reivindicación que todos compartimos y que aglutina a un total de 2.370 profesionales, contando los 1.969 abogados y los 401 procuradores del turno de oficio”, señaló Barreto, quien se refirió también al importante esfuerzo que hace su departamento en los Presupuestos de 2025 para dar respuestas a demandas de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia en su complemento específico.

La consejera anunció que el siguiente paso es trabajar en la mejora del sistema de pago para que no se demoren los abonos, y que para ello ha emplazado este mes de noviembre a los colegios profesionales. En este sentido, explicó que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia abona este trabajo a través de subvenciones trimestrales a los colegios de abogados y de procuradores, una vez revisada la documentación presentada por los servicios prestados, y que son los colegios los que después abonan a los profesionales.

Por su parte, tanto la presidenta del Consejo Canario de Procuradores y decana del Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, Gloria Oramas, como la decana del Colegio de Procuradores de Las Palmas, Paloma Guijarro, coincidieron en agradecer la “cercanía y predisposición” mostrada desde el primero momento por la Consejería para reconocer el trabajo que hacen estos profesionales y que la ciudadanía tenga un mejor servicio de Justicia.

El acto contó con la asistencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León.

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Barreto anuncia la mejora de las retribuciones de abogados y procuradores en el turno especial de extranjería

Los módulos y las bases de compensación económica por la prestación de este servicio de asistencia jurídica gratuita aumentarán en más del 30%

Se modifica la orden para excluir la apelación de la asistencia básica y que se pueda pagar por separado

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha acordado hoy con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, representado por su presidente Rafael Massieu, las mejoras en la retribución de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría relativos al turno especial de extranjería, que se llevarán a cabo a través de la modificación de los baremos de establecidos por la Orden 17 de mayo de 2019. Esta nueva Orden, que entrará en vigor tras su publicación el Boletín Oficial de Canarias (BOC), supondrá un incremento superior al 30% en el abono por la prestación del servicio y permitirá el pago de las apelaciones de forma independiente a la primera asistencia.

Nieves Lady Barrero explicó que esta modificación nace como consecuencia de una controversia jurídica a raíz de una Orden de 12 de mayo de 2023 que incluía la apelación dentro de la asistencia inicial. “Nuestra voluntad no solo ha sido pagar los servicios prestados, sino también resolver el problema”, y para eso era necesario modificar la orden y los baremos para permitir abonar los recursos de apelación que pongan fin a la primera instancia.

La consejera, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, y la vicedecana, Mila Pacheco, y por videoconferencia por Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, anunció que se ha aprovechado esta nueva orden para subir el baremo de la asistencia inicial, sin esperar a la actualización del turno general, que también se abordará de forma gradual. “Ya que tocamos este tema de extranjería, podamos subir también la asistencia jurídica, la básica y es lo que hemos hecho, reconociendo el trabajo que prestan estos profesionales”.

Sobre los problemas detectados, el que hacía referencia a los servicios prestados la consejera señaló que ya se acordó que hay que pagarlos. “Por lo tanto, este reconocimiento está resuelto y ese trimestre que estaba en cuestión está pendiente de que el colegio nos pase los datos”.

Sin embargo, la consejera manifestó que se encargó un informe a los servicios jurídicos que nos llegó los primeros días de julio, que concluía que con la orden de baremos en la mano la apelación se tiene que entender incluida en la asistencia y que esa solución pasaba por modificar la orden, a pesar de que se recogiera en una resolución. “Es el paso jurídico correcto para evitar ambigüedad y dar seguridad. Y eso es lo que hemos hecho al excluir la apelación de lo que se considera dentro de la asistencia básica de forma que pueda pague aparte”, apuntó, aclarando que la aprobación de la orden no va a suponer un retraso en el pago de los recursos de apelación, a la vez que anunció que tendrá efectos retroactivos a fecha 1 de enero de 2024.

En la rueda de prensa asistieron también el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León.

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El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

Aprobada una resolución en la que se dictan nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica que rigen este servicio

Clarifica la aplicación del Turno Especial de Extranjería y determina los conceptos por los que se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales, y las incompatibilidades con el letrado de guardia

La partida presupuestaria destinada a esta prestación en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha aprobado, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, una resolución orientada a mejorar las retribuciones que reciben los abogados y procuradores por sus actuaciones profesionales en la asistencia jurídica gratuita, cuya partida presupuestaria en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros.

En concreto, ha dictado nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica para la retribución por este servicio de los colegios de abogados y procuradores.

Según ha explicado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, dicha resolución determina cómo se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales por los juzgados de instrucción, que, a partir de ahora, se hará por el concepto de “procedimiento abreviado con conformidad en instrucción”, del apartado I. Jurisdicción Penal, de los módulos y bases de compensación económica de los profesionales de la abogacía.

También define el criterio por el que se deben retribuir las incompatibilidades con el letrado de guardia, que se llevará a cabo por el concepto “asistencia ordinaria”, del apartado IX. 1. Guardias, de los citados módulos y bases de compensación económica.

Para acreditar la existencia de dicha incompatibilidad, deberá motivarse tal circunstancia en la certificación, acreditándose suficientemente que dicho servicio no pudo prestarse por ninguno de los letrados/as que estaban de guardia el día en cuestión en el partido judicial afectado y aportarse comunicación judicial o policial que justifique la incompatibilidad.

Igualmente, clarifica la anterior instrucción sobre la aplicación del Turno Especial de Extranjería, que incluye la asistencia en comisaría o brigada de extranjería, juzgado, centro de internamiento de extranjeros o similar, solicitud de protección internacional/asilo, así como los recursos de reforma y apelación contra la orden de internamiento, si fuese necesario, y recurso de alzada y contencioso administrativo contra la orden de expulsión.

Para evitar computar doblemente los servicios prestados por los profesionales de la abogacía, al aplicar conjuntamente el módulo y los importes relativos al Turno Especial de Extranjería y los importes relativos al recurso contencioso administrativo incluida vía administrativa, previa preceptiva contra la orden de expulsión para los mismos sujetos, la compensación económica que corresponde a estos servicios es la del Turno Especial de Extranjería.

Además, también se establece que cada profesional designado por el Colegio de Abogados atenderá como máximo a 6 personas, salvo casos excepcionales que se deberán justificar debidamente.

Esta resolución tendrá plenos efectos jurídicos y será aplicada a partir de la certificación correspondiente al segundo trimestre de 2023 que presenta cada uno de los cuatro colegios de abogados del archipiélago.

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