Ambas administraciones tratan de dimensionar los medios humanos y materiales que deben ser transferidos, así como su coste económico

Acuerdan elaborar un cronograma para que durante la transición de una a otra institución no se produzca ningún vacío

Gobierno de Canarias y Ministerio del Interior han vuelto a reunirse este lunes para avanzar en el traspaso de las competencias en Seguridad Privada, con el propósito de que la comunidad autónoma pueda asumirlas antes de que acabe la presente legislatura. De esa forma, las islas pasarían a gestionar, tal y como establece el artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Al citado encuentro han asistido, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Luis Santos; y el jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Modernización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Esquivel. En representación del Ministerio del Interior han participado el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; y el jefe del Área Normativa e Informes de este departamento, David Tentino.

Ambas administraciones han analizado los recursos humanos y materiales que deben acompañar este traspaso de competencias, así como su coste económico, para que la prestación del servicio se pueda desarrollar en condiciones óptimas. En este sentido, Interior se ha comprometido a entregar al Gobierno canario, a lo largo del mes de octubre, la documentación necesaria que permita dimensionar el estado actual de este sector en el archipiélago. Igualmente, han acordado elaborar un cronograma para que durante el traspaso de las competencias no exista ningún vacío.

Según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en las islas existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que el propósito del Gobierno de Canarias es que el próximo 1 de julio se efectúe, en las condiciones adecuadas, la transferencia de costas

La administración autonómica ha logrado mejorar la relación de competencias y servicios que se traspasan, así como que el Estado ceda los expedientes en curso

Ahora mismo el escollo está en la cifra de personal a transferir, insuficiente, a juicio de Canarias, porque la dotación actual que el Estado tiene en las islas es escasa y debería revisarse

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este miércoles, en el Parlamento de Canarias, que hacer pronto un traspaso de competencias es importante, pero hacerlo bien es mucho más importante, de ahí que, aunque el propósito es que la transferencia de costas esté resuelta el 1 de julio, no se realizará si las condiciones ofrecidas por el Estado no son las adecuadas.

Julio Pérez, que ha contestado al diputado regional del Partido Popular Fernando Enseñat sobre cuándo está previsto llevar a cabo la transferencia de costas, ha explicado que ambas administraciones llevan tres años manteniendo conversaciones para gestionar este traspaso, tiempo en el que se han dado pasos importantes al ganarse determinadas discusiones con el Estado, por lo que, ha resaltado, es un error decir que se está igual que el primer día.

En este sentido, ha señalado que en todo proceso de este tipo hay tres materias fundamentales en las que hay que ponerse de acuerdo. La primera, las competencias, servicios o funciones que se traspasan, capítulo en el que, según ha indicado, se ha mejorado, al aceptarse la posición de Canarias y el Estado dar marcha atrás.

La segunda discusión ha estado relacionada con los expedientes en curso, si debían seguir en manos del Gobierno estatal, tal y como se pretendía en un primer momento, o tenían que traspasarse a Canarias, lo que al final ha sucedido. También aquí el Estado ha dado marcha atrás.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que el tercer debate, que es en el que se está actualmente, se refiere al importe, naturaleza, calidad y cantidad de los medios que se traspasan. Según ha comentado, en este punto se ha suscitado una discusión técnica, porque el Estado sostiene que se transfiere lo que hay, acogiéndose a una norma de 1995, y Canarias entiende que debe ser reinterpretada, pues en las islas la dotación de personal de los servicios de Costas es insuficiente, debido a la limitación de la tasa de reposición de funcionarios, que ha impedido aumentar su número en los últimos años, lo que no ocurrió ni en Cataluña ni en Andalucía, dadas las fechas de sus traspasos.

Julio Pérez ha hecho hincapié en que el Gobierno de Canarias no puede aceptar que se le traspase la competencia en costas en esas condiciones, pues el objetivo es poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, como ocurrió con la educación o la sanidad. Se trata, ha manifestado, de que los ciudadanos noten que el traspaso mejora la calidad de los servicios, no de que sigan igual.

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Impulso a transferencias estratégicas como la gestión de costas, tutela financiera y la promoción de la competencia de los mercados

El Gobierno de Canarias ha recibido una respuesta favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública acerca del inicio del proceso de traspasos pendientes para el pleno desarrollo del autogobierno, atendiendo a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, la norma legal básica del Archipiélago que está en vigor desde el 6 de noviembre de 2018.

Al respecto, el Ministerio comunica que ya se han puesto en marcha los trámites con los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el de Hacienda y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para desarrollar el proceso que dé lugar al traspaso de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral, la tutela financiera de las corporaciones locales y la defensa de la competencia en los mercados.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha venido destacando desde el principio de la presente Legislatura que el Gobierno de Canarias trataría este asunto como “una prioridad”, razón por la que en noviembre de 2019 se inició el proceso administrativo para el traspaso de competencias con la presentación del primer informe sobre las transferencias pendientes.

El jefe del Ejecutivo ha valorado el esfuerzo que se ha hecho por parte de ambas administraciones en avanzar durante estos meses en los trabajos preparatorios, a pesar de la crisis derivada de la pandemia. Torres ha remarcado que el contacto y la interlocución entre las partes es permanente y espera el pronto cumplimiento de los traspasos en estas y otras competencias recogidas en el actual Estatuto de Autonomía de Canarias.

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