La consejera recuerda que la agenda canaria firmada por CC con el PSOE recoge el compromiso de la presencia de Canarias en las negociaciones
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, solicitó hoy en el Parlamento de Canarias la unidad de todos los grupos parlamentarios para hacer un frente común y reclamar la delimitación formal de la delimitación de las aguas territoriales con Marruecos. “Con pequeñas diferencias, en el fondo del asunto estamos todos de acuerdo en que los intereses de Canarias no pueden verse perjudicados en las decisiones unilaterales que pueda adoptar el país vecino”.
Barreto recordó que este asunto lleva 30 años sin resolverse. “No se ha logrado dejar por escrito, en un tratado internacional, la delimitación del espacio marítimo entre Canarias y Marruecos”, señaló.
La consejera pidió, en este sentido, la reactivación del grupo de trabajo sobre la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, en cumplimiento a la declaración firmada por el Gobierno de España con Marruecos el 7 de abril de 2022.
“En cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, la delimitación de aguas entre países que están en frente se debe hacer de mutuo acuerdo previa negociación, que corresponde al Gobierno de España y al Reino de Marruecos. No cabe la política de hechos consumados. Por eso nos preocupan las decisiones unilaterales de Marruecos”.
La consejera recalcó que este asunto está recogido en la agenda canaria firmada por CC con el PSOE, que incluye un punto específico para que “Canarias esté presente, con representación propia garantizando siempre un diálogo previo, en negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la Comunidad Autónoma, sobre todo en tres asuntos fundamentales: delimitación de los espacios marítimos, control de movimientos migratorios y explotación de recursos naturales”.
La consejera manifestó que, sin embargo, el Gobierno no puede estar satisfecho con la falta de información del Gobierno de España. “Entendemos que se trata de un asunto muy complejo y cuya solución definitiva va a tener que dirimirse en los organismos internacionales competentes, pero creemos que debe existir más transparencia con Canarias. Necesitamos que se cumpla con el Estatuto de Autonomía y que Canarias forme parte de las reuniones donde se trate la delimitación del espacio marítimo”, señaló.
Más allá de las decisiones que tendrán que dirimirse en Naciones Unidas, la consejera señaló que “la indefinición de la mediana ha generado muchas dudas e incertidumbre sobre las autorizaciones concedidas por el Reino de Marruecos para la investigación sobre hidrocarburos en zona marítima y otro tipo de exploraciones.
Julio Pérez señala que los adoptados en las últimas sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno insular no parecen ajustados a derecho, pues un órgano colegiado no puede formarse solo por dos personas
Sí son, dice, indiscutiblemente, contrarios al sentido común y a las reglas democráticas básicas, dos no pueden gobernar una corporación de 23
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hace un llamamiento a los que sí pueden, el Estado o los 21 consejeros restantes, para que actúen y contribuyan a corregir una anomalía democrática y legal
Recuerda que, en los últimos cuatro años, el Ejecutivo canario ha impugnado 48 casos de ayuntamientos y cabildos, 17 de ellos resueltos antes de ir a juicio, y que ahora están examinando la validez de uno que afecta a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha explicado este martes, en el Parlamento de Canarias, que el Gobierno canario solo puede impugnar los acuerdos que tratan de materias que son de su competencia, y no otros, y por eso es muy dudoso que pueda ir más allá y controlar el funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura sobre cualquier materia.
Julio Pérez ha señalado que los acuerdos adoptados en las últimas sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura no parecen ajustados a derecho, a pesar de que tienen algunos informes favorables y también otros desfavorables, ya que van en contra de un principio jurídico básico, que es que un órgano colegiado no puede formarse solo con dos miembros, “dos no hacen colegio”, ha resaltado.
A su juicio, parecen contrarios al derecho o, al menos, son polémicos o discutibles desde el punto de vista legal. Sí son, indiscutiblemente, según ha apuntado, contrarios al sentido común, ya que, en primer lugar, el quórum y las mayorías en primera convocatoria no pueden ser menores que en la segunda, y a las reglas democráticas básicas, dos no pueden gobernar una corporación de 23.
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado tanto la incomodidad del Gobierno canario con esta situación como su imposibilidad de intervenir, según sus propios Servicios Jurídicos, y ha hecho un llamamiento al Estado y a los 21 consejeros que ahora mismo integran la oposición, para que actúen y contribuyan a corregir esta anomalía democrática y legal.
Julio Pérez ha insistido en que la Comunidad Autónoma no está legitimada para actuar, pues, si lo estuviera, lo haría, como ha ocurrido, a lo largo de esta legislatura en 48 casos de ayuntamientos y cabildos que afectaban a sus competencias. Diecisiete de ellos han sido resueltos antes de llegar al juicio. Ahora, ha afirmado, los servicios técnicos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de otra consejería están examinando la validez de uno que sí afecta a la Comunidad, para, si así fuera, formular la impugnación judicial correspondiente.
Entre septiembre y diciembre se han completado 12 cursos destinados a profesorado de Formación Profesional para realizar funciones de asesoramiento y evaluación de diez familias profesionales e inglés.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, ha concluido la impartición de 12 cursos de formación específica para personas orientadoras de competencias profesionales dirigido al profesorado de Formación Profesional (FP) y en los que han participado 249 docentes entre los meses de septiembre y diciembre
La finalidad de esta iniciativa ha sido formar al profesorado de FP de diez familias profesionales para realizar funciones de asesoramiento y evaluación del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias básicas y profesionales, que incluyeron cursos en hostelería y turismo; administración y gestión; comercio y marketing; actividades físicas y deportivas; madera mueble y corcho; seguridad y medioambiente; energía y agua; electricidad y electrónica; imagen personal; transporte y mantenimiento de vehículos e inglés.
Entre las actuaciones de carácter estratégico definidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para cumplir con los objetivos del Plan de Modernización para la FP se encuentra la evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por experiencia profesional.
Dicho plan, que cuenta con financiación europea a través de fondos Next Generation, busca dar respuesta a las necesidades de cualificación y recualificación de jóvenes y personas trabajadoras en el contexto de la creación de un nuevo modelo de crecimiento económico. Su misión es crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el talento, y garantizar una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de FP del sistema educativo hasta la población activa.
La Consejería apuesta por incorporar al profesorado de FP en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales ya que la nueva Ley de ordenación e integración de la FP establece un modelo diseñado que integra, junto a las ofertas de estas enseñanzas, la orientación profesional y la acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral u otras vías informales como bases del nuevo sistema.
Ambas administraciones tratan de dimensionar los medios humanos y materiales que deben ser transferidos, así como su coste económico
Acuerdan elaborar un cronograma para que durante la transición de una a otra institución no se produzca ningún vacío
Gobierno de Canarias y Ministerio del Interior han vuelto a reunirse este lunes para avanzar en el traspaso de las competencias en Seguridad Privada, con el propósito de que la comunidad autónoma pueda asumirlas antes de que acabe la presente legislatura. De esa forma, las islas pasarían a gestionar, tal y como establece el artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.
Al citado encuentro han asistido, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Luis Santos; y el jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Modernización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Esquivel. En representación del Ministerio del Interior han participado el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; y el jefe del Área Normativa e Informes de este departamento, David Tentino.
Ambas administraciones han analizado los recursos humanos y materiales que deben acompañar este traspaso de competencias, así como su coste económico, para que la prestación del servicio se pueda desarrollar en condiciones óptimas. En este sentido, Interior se ha comprometido a entregar al Gobierno canario, a lo largo del mes de octubre, la documentación necesaria que permita dimensionar el estado actual de este sector en el archipiélago. Igualmente, han acordado elaborar un cronograma para que durante el traspaso de las competencias no exista ningún vacío.
Según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en las islas existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.
José Antonio Valbuena explica que su Departamento ha planificado los trabajos previos para asumir las competencias el próximo 1 de enero de 2023
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Política Territorial constituirán en próximas fechas una comisión técnica para analizar todos los expedientes en marcha relacionados con la competencia de Costas, que asumirá el Ejecutivo regional a partir del próximo 1 de enero.
El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que su Departamento ya ha planificado todos los trabajos previos necesarios para evaluar el volumen de expedientes, fijar prioridades y establecer una hoja de ruta “que permita que la transición sea mucho más sencilla para el personal técnico y político que asumirá estas labores”.
En este sentido, Valbuena avanzó que su Consejería realizará este mismo año una ronda de consultas y encuentros con colectivos (grupos ecologistas, patronales hoteleras, Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, etc.), administraciones públicas (cabildos y ayuntamientos) y particulares vinculados a este tipo de expedientes para compartir la visión que el Gobierno canario tiene en cuanto a la gestión de esta competencia y cómo se procederá en los primeros meses de gestión.
El consejero autonómico recalcó que el “traspaso de estas competencias no supondrá una reinterpretación de la ley vigente para favorecer determinados intereses, pero sí una mayor cercanía por parte de la administración a la hora de analizar estos procedimientos y “un interés claro de proteger el litoral como uno de nuestros bienes naturales más preciados”.
Asimismo, Valbuena recordó que este traspaso de competencias también supondrá la delegación de 20 puestos de trabajo por parte del Ministerio, “que se verán reforzados por otros 25 efectivos propios que se crearán en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias”.
“Esta transferencia histórica ha precisado de un gran número de reuniones para alcanzar un acuerdo que situara a Canarias con las mismas competencias que otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, que era el objetivo prioritario de este Gobierno”, subrayó Valbuena.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se congratula de este resultado histórico tras una compleja negociación rematada en tiempo récord
El jefe del Ejecutivo explica que Canarias incorpora 20 trabajadores ahora estatales y dos sedes, si bien se contemplan 1,5 millones más en el capítulo de personal de la Consejería de Transición Ecológica para incrementar la plantilla en 25 más
La Comisión Bilateral ha permitido también aprobar el nuevo reglamento de este órgano, ya adaptado al Estatuto de Autonomía renovado en 2018, y ratificar la transferencia a las islas de la tutela financiera y de defensa de la competencia
Torres destaca el acuerdo logrado hoy en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que permite que unos 680 menores migrantes presentes en las islas se repartan entre otras regiones atendiendo al principio de solidaridad interterritorial
El presidente subraya que, según lo expuesto hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las entregas a cuenta a las islas por la financiación autonómica del Estado crecerán el 11% en 2023, lo que fortalece la atención de los servicios esenciales
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, suscribió esta tarde, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en la sede Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, junto con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, la transferencia de competencias en Costas contemplada en el Estatuto de Autonomía de las islas que se renovó en 2018.
En la rueda de prensa posterior, Torres se congratuló de este resultado histórico tras un difícil proceso de negociación, iniciado desde el comienzo de esta legislatura y que ha presentado diversos puntos complejos que, sin embargo, no han impedido que el Archipiélago pueda gestionar las competencias en Costas desde el 1 de enero de 2023. Otras regiones lograron incluir estas competencias en sus estatutos de autogobierno con mucha más antelación (algunas en 2008) y por ahora siguen sin ejercerlas.
Canarias asume las competencias en Costas a partir del 1 de enero tras el acuerdo sellado hoy con el Estado
Pese a la difícil negociación, Torres subrayó la relevancia de la agilidad en el traspaso si se atiende a que el nuevo Estatuto canario se aprobó hace menos de 4 años. Recalcó que lo que siempre ha buscado el Gobierno de Canarias es hacer un buen traspaso que diera seguridad jurídica y fuera pragmático y efectivo en el día a día y desde el principio, aunque eso supusiera algunos meses de retraso.
En esta línea, felicitó al equipo de la Consejería de Transición Ecológica que se ha encargado de este proceso y al del Ministerio por los esfuerzos hechos para alcanzar el acuerdo más satisfactorio posible. De hecho, subrayó que, como reclamaba Canarias, se gestionarán las mismas competencias que Cataluña o Andalucía.
El presidente de Canarias llamó la atención sobre el hecho de que la última Comisión Bilateral, cuya acta se aprobó hoy, tuvo lugar en diciembre de 2010, con Zapatero como presidente de España y Paulino Rivero como responsable del Gobierno regional, así como que la Comisión Mixta previa a la de hoy fue en 2015. Por eso, considera muy relevante que, en menos de 3 años, se hayan cerrado estas dos reuniones tras resolverse los 18 conflictos que ha habido entre Canarias y el Estado en este tiempo, algunos de ellos llevados al Tribunal Constitucional, si bien han decaído o se han alcanzado acuerdos, como ha ocurrido con el 80% de deducciones a la inversión para las producciones audiovisuales.
“Nuestra costa es una de las joyas de Canarias, pero hay que preservarla”
Torres subrayó que la costa de Canarias, mayor que la de otros territorios, “es una de las joyas de las islas y un gran reclamo turístico, pero hay que preservarla”. De ahí, la importancia de las desaladoras o los emisarios para cumplir también con la Agenda Canaria 2030”. A su juicio, los 20 puestos de trabajo que se traspasan por el Estado son insuficientes, pero se completarán con otros 25 empleados más que se irán incorporando desde enero próximo, con lo que la cifra final sí ofrece garantías para una gestión efectiva.
El jefe del Ejecutivo destacó la “implicación” del Gobierno de España con Canarias no sólo con este paso en las competencias, sino con “los 1.144 millones en ayudas a empresas por la crisis de la covid, el apoyo por el volcán en La Palma o, en estos últimos días, con el incendio del norte de Tenerife”.
Además, Torres se congratuló de que, según lo expuesto en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las entregas a cuenta a las islas de la financiación autonómica por parte del Estado crecerán el 11% en 2023 (hasta los 543 millones de euros), a lo que se suma la liquidación del año 2019 (719 millones). Con estos incrementos se garantiza el mantenimiento y el reforzamiento de los servicios públicos básicos, a lo que también ayuda la confirmación de las suspensión de las reglas fiscales en 2023.
Ese refuerzo presupuestario se une también a la coincidencia entre ambos gobiernos en la necesidad de que haya un cambio legislativo en materia de migración para la gestión de los menores no acompañados. En este sentido, Torres resaltó los 50 millones que incluirá, de nuevo, el presupuesto estatal para esta cuestión y, sobre todo, el anuncio de hoy, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, de que se ha aprobado que unos 680 menores se trasladarán a otras comunidades autónomas atendiendo a un principio de solidaridad interterritorial reclamado por Canarias.
La ministra de Política Territorial, por su parte, destacó la relevancia de esta Comisión Bilateral y Mixta, “el punto final a muchos días de trabajo y que responde a un Gobierno que comprende la pluralidad del país y la necesidad del desarrollo de los estatutos de autonomía”. Según recalcó, ha sido “una colaboración leal en línea con la atención preferente que le da el Gobierno central a las islas. De hecho -indicó-, nunca ha habido un Gobierno más comprometido con Canarias que el actual Ejecutivo central”.
La ministra recordó también que esta Comisión Bilateral no se daba desde 2010 y que ha permitido mejorar la prestación de servicios de los ayuntamientos a sus vecinos y una transferencia de Costas en cumplimiento del Estatuto “que se ve culminada hoy”.
La Comisión Bilateral contó, asimismo, con la presencia del consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y del responsable del área de Obras, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. El vicepresidente autonómico y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, no pudo asistir por encontrarse desde esta mañana en Madrid con motivo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
1,5 millones para el incremento paulatino de personal
El acuerdo del traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad en materia de ordenación y gestión del litoral de las islas prevé un paulatino incremento del personal encargado de estas competencias con el fin de garantizar una adecuada gestión. Con ese fin, se prevé destinar 1,5 millones de euros de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático para incrementar el capítulo 1 (personal) y asumir esta plantilla según los términos contemplados en el Estatuto de Autonomía.
La transferencia no implica cambios en la Ley de Costas, aunque sí garantiza una mayor cercanía, conocimiento y sensibilidad en la protección y gestión del litoral isleño al encargarse desde ahora el Ejecutivo canario, siempre dentro de los márgenes de la normativa estatal.
Fruto de esta negociación, y aparte de los 20 trabajadores, el traspaso incluye dos bienes inmuebles (cuyo mantenimiento y reposición corresponderá ahora a la Comunidad), 7 vehículos y los contratos del suministro de agua y electricidad. A falta de incrementar la plantilla, el acuerdo requiere de un desembolso de 805.368 euros por el personal y los equipos traspasados.
Una Comisión Bilateral Canarias-Estado que se reúne por primera vez en casi 12 años
Además de este histórico traspaso de competencias, concretado en la reunión de la Comisión Mixta, durante la Comisión Bilateral se ha aprobado también un nuevo reglamento, ya adaptado al Estatuto de Autonomía de 2018. Torres destacó, asimismo, el traspaso de competencias en tutela financiera, lo que ayudará a los ayuntamientos a costear los servicios a sus vecinos, y el derecho de defensa de la competencia.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión de la Comisión Bilateral anterior, de 2010, y se analizaron los puntos pendientes en estos casi 12 años, sobre todo las cuestiones en las que existen conflictos entre el Gobierno central y el regional abordados hasta ahora por comisiones de trabajo.
En este sentido, Torres recordó que Canarias es una de las comunidades con mayor índice de conflictividad con el Estado, si bien esos grupos de trabajo han ido resolviendo distintos aspectos, tales como el referente al 80% de deducción fiscal para inversiones audiovisuales (el REF del cine). Todos estos asuntos han decaído porque la Comunidad se ha amoldado a lo que ha dicho el Constitucional, como ocurrió con los tests de antígenos (aunque ya no tiene actualidad ante la evolución de las medidas anticovid) o porque hubo un acuerdo entre los dos ejecutivos respecto a las producciones audiovisuales a favor de los intereses de Canarias. También porque a veces se ha fallado en contra de la propuesta de las islas, como pasó con el conflicto del vino del plátano.
La controversia respecto a los puertos también se ha resuelto hoy, según indicó Torres, con una postura común que preserva el hecho de que se prorroguen las licencias de los puertos deportivos cuando existen inversiones relevantes.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reúne con el secretario de Estado de Seguridad para avanzar en este sentido
Interior muestra su mayor predisposición para que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerza estas facultades en su territorio y propone la creación de un grupo de trabajo que se reunirá el 19 de septiembre
Según la última memoria elaborada por este sector, en las islas existen actualmente 72 empresas dedicadas a esta materia
El Gobierno canario pretende asumir, antes de que acabe la presente legislatura, las competencias en Seguridad Privada, lo que incluye, según recoge en su artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.
Para ello, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro este martes con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, quienes han mostrado su mayor predisposición para colaborar y coordinar el traspaso de estas competencias. De hecho, han propuesto la creación de un grupo de trabajo, que se reunirá el próximo día 19 de septiembre, con el objetivo de valorar las circunstancias y situación real para desarrollar esta labor de la forma más efectiva y eficaz posible.
Julio Pérez, que ha estado acompañado en la citada reunión por el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos; y el jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Martín, ha explicado que, según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en Canarias existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.
Entre los trabajos que asumiría el Gobierno de Canarias, una vez traspasadas las competencias, están, por ejemplo, el control y seguimiento de aquellos establecimientos obligados a tener seguridad, así como la labor que desarrollan las empresas que realizan traslados de fondos o los detectives privados.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que el propósito del Gobierno de Canarias es que el próximo 1 de julio se efectúe, en las condiciones adecuadas, la transferencia de costas
La administración autonómica ha logrado mejorar la relación de competencias y servicios que se traspasan, así como que el Estado ceda los expedientes en curso
Ahora mismo el escollo está en la cifra de personal a transferir, insuficiente, a juicio de Canarias, porque la dotación actual que el Estado tiene en las islas es escasa y debería revisarse
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este miércoles, en el Parlamento de Canarias, que hacer pronto un traspaso de competencias es importante, pero hacerlo bien es mucho más importante, de ahí que, aunque el propósito es que la transferencia de costas esté resuelta el 1 de julio, no se realizará si las condiciones ofrecidas por el Estado no son las adecuadas.
Julio Pérez, que ha contestado al diputado regional del Partido Popular Fernando Enseñat sobre cuándo está previsto llevar a cabo la transferencia de costas, ha explicado que ambas administraciones llevan tres años manteniendo conversaciones para gestionar este traspaso, tiempo en el que se han dado pasos importantes al ganarse determinadas discusiones con el Estado, por lo que, ha resaltado, es un error decir que se está igual que el primer día.
En este sentido, ha señalado que en todo proceso de este tipo hay tres materias fundamentales en las que hay que ponerse de acuerdo. La primera, las competencias, servicios o funciones que se traspasan, capítulo en el que, según ha indicado, se ha mejorado, al aceptarse la posición de Canarias y el Estado dar marcha atrás.
La segunda discusión ha estado relacionada con los expedientes en curso, si debían seguir en manos del Gobierno estatal, tal y como se pretendía en un primer momento, o tenían que traspasarse a Canarias, lo que al final ha sucedido. También aquí el Estado ha dado marcha atrás.
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que el tercer debate, que es en el que se está actualmente, se refiere al importe, naturaleza, calidad y cantidad de los medios que se traspasan. Según ha comentado, en este punto se ha suscitado una discusión técnica, porque el Estado sostiene que se transfiere lo que hay, acogiéndose a una norma de 1995, y Canarias entiende que debe ser reinterpretada, pues en las islas la dotación de personal de los servicios de Costas es insuficiente, debido a la limitación de la tasa de reposición de funcionarios, que ha impedido aumentar su número en los últimos años, lo que no ocurrió ni en Cataluña ni en Andalucía, dadas las fechas de sus traspasos.
Julio Pérez ha hecho hincapié en que el Gobierno de Canarias no puede aceptar que se le traspase la competencia en costas en esas condiciones, pues el objetivo es poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, como ocurrió con la educación o la sanidad. Se trata, ha manifestado, de que los ciudadanos noten que el traspaso mejora la calidad de los servicios, no de que sigan igual.
El consejero regional José Antonio Valbuena ha recalcado que su Departamento no va a renunciar a tener las mismas competencias que ostentan actualmente otras comunidades como Andalucía o Cataluña
El objetivo es que el traspaso se formalice oficialmente a principios de 2022
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias confía en concluir la transferencia de las competencias en materia de costas en la última reunión de la Comisión Técnica que conforman los ministerios de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Política Territorial y Función Pública junto al Ejecutivo regional. La fecha de este encuentro está sólo a la espera de que la Dirección General de Costas termine de analizar la última propuesta y argumentación remitida desde la administración autonómica. El objetivo es que el traspaso sea una realidad a principios de 2022.
En este sentido, el consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, ha señalado que su Departamento no va a renunciar a tener las mismas competencias que sí se han transferido desde el Estado a otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, con quien se han mantenido diferentes encuentros de trabajo desde el Ejecutivo autonómico.
“Aún quedan por depurar algunos aspectos técnicos como la potestad sancionadora en dominio público, aunque se han logrado importantes avances y consensos en otros apartados como las concesiones de los servicios en playas (incluyendo autorización de eventos), las autorizaciones en el dominio público de pequeña y mayor entidad o las concesiones para usos en la servidumbre de tránsito y los accesos al mar, así como en su zona de influencia”, añadió Valbuena.
Desde el pasado mes de mayo se remitió por parte del Gobierno de Canarias el primer borrador para esta transferencia y desde ese entonces se han mantenido numerosas reuniones para analizar las aportaciones del Ministerio y conformar un documento único antes de la celebración formal de la Comisión Mixta que formalice el traspaso.
El equipo de trabajo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias también ha celebrado más de una decena de encuentros de trabajo internos y con asesores externos para analizar las propuestas recibidas hasta el momento y la evolución de estas negociaciones.
El consejero José Antonio Valbuena señala que este órgano servirá para debatir las propuestas planteadas por el Ejecutivo regional antes de incluirlas en la Comisión de Transferencia de Costas
El Gobierno canario y el Ejecutivo central ya han intercambiado varias propuestas y borradores del Real Decreto de traspaso de funciones y servicios en materia de Ordenación y Gestión del Litoral
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha solicitado al Estado la creación de la Comisión de la Demarcación Marítimo-Terrestre de Canarias, en la que se debatirán las propuestas planteadas por Canarias para el traspaso de las competencias de Costas, antes de incluirlas en la Comisión de Transferencia.
El consejero del Área, José Antonio Valbuena, explicó que el Gobierno de Canarias ya ha presentado un documento base al Ministerio. “Lo que queremos es avanzar en el consenso de los elementos definitivos que entrarán en la transferencia de funciones del Estado a Canarias”, indicó Valbuena, que espera que tras la reciente remodelación del Ejecutivo central, que ha afectado a la cartera responsable de gestionar las transferencias, se retome con agilidad el proceso en el que ambas administraciones llevan meses trabajando para dar cumplimiento a su Estatuto de Autonomía.
“Desde el Gobierno de Canarias hemos tenido en cuenta las actualizaciones de las normas europeas y españolas en todo lo relativo a la protección y uso sostenible del litoral, la jurisprudencia acaecida en los últimos años, y la modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, para presentar un trabajo riguroso y ajustado a derecho”, indicó Valbuena.
El consejero explicó que aunque existen algunos detalles por cerrar mediante negociaciones, especialmente en lo que se refiere al control del Estado sobre la Comunidad Autónoma, el traspaso de recursos humanos, bienes o la evaluación y cuantificación de las necesidades que el ejercicio de esas competencias comporta para establecer las cuantías económicas que deben consignarse en los Presupuestos Generales del Estado, desde el Gobierno de Canarias esperan que en breve espacio de tiempo se puedan empezar a ultimar los términos del texto del Real Decreto en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias ya establecida.
A las competencias que ya tenía Canarias para autorizaciones en la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, que suponían el control de los usos, instalaciones y obras en la franja comprendida desde el deslinde del dominio público marítimo-terrestre hasta la franja entre 20 y 100 metros tierra adentro, dependiendo si se trata de suelo urbano o rústico, se suma ahora la competencia para otorgar las autorizaciones y concesiones en el mar, de todo tipo de actividades, puertos, acuicultura, eventos deportivos, o emisarios, entre otros, siempre en concurrencia con el resto de competencias de otras administraciones
La Comunidad Autónoma será también la administración competente para ordenar y autorizar los servicios y actividades de las playas y zonas de baño, los accesos al mar, o la ordenación urbanística en la zona de influencia de los 500 metros tierra adentro, aspecto que Valbuena calificó “de gran trascendencia para el Archipiélago, no solo por la influencia directa que tiene sobre el desarrollo socioeconómico de Canarias, sino también por la labor que tendremos que desarrollar en los próximos años para proteger al litoral del cambio climático”.
