La consejera de Presidencia inauguró las Jornadas en Las Palmas de Gran Canaria, con tres mesas de debate que abordaron el modelo territorial, la organización administrativa y la justicia y seguridad pública

Nieves Lady Barreto subrayó la importancia de revisar el camino recorrido para avanzar en el traspaso de las competencias pendientes

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, inauguró hoy las Jornadas sobre el Desarrollo Estatutario en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, concebidas como un espacio de reflexión destinado a evaluar los desafíos aún pendientes tras siete años de vigencia de la Ley Orgánica 1/2018, que reformó el Estatuto de Autonomía. El encuentro continuará mañana en la sede de Santa Cruz de Tenerife.

Durante la apertura, la consejera destacó la necesidad de “revisar el camino recorrido para cumplir las expectativas recogidas en la reforma estatutaria” y subrayó que el objetivo del foro es recoger aportaciones de expertos del Derecho sobre cómo desarrollar nuestro Estatuto y buscar la mejor fórmula para materializar y ejecutar nuestras competencias para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de los canarios y canarias”.

En este sentido, Nieves Lady Barreto añadió que el debate político e institucional “debe descansar, también, sobre propuestas técnicas de profesionales que garanticen el acierto de las decisiones que se adopten”.

La consejera de Presidencia manifestó que el Estatuto de Autonomía del año 2018 está pensado para una sociedad diferente a la que existía en el año 1982, pero que pasan los años y también las necesidades de los ciudadanos, “Por esta razón es preciso dar cumplimiento a la letra de este Estatuto de Autonomía mediante traspasos de servicios correspondientes que hagan plenamente operativo el sistema de distribución de competencias entre Canarias y el Estado.

Barreto hizo referencia a que hace falta negociar mucho con el Estado y establecer comisiones bilaterales. “Cualquier traspaso de competencias es complejo, pero el Estatuto hay que completarlo y hay que ponerlo en práctica, identificando los ámbitos donde tenemos que actuar para tomar decisiones”, señaló.

Mesas de debate

El encuentro reunió a expertos en derecho, representantes institucionales y personal técnico de diversas administraciones públicas para debatir en torno a tres ejes fundamentales del desarrollo autonómico: el territorio, la arquitectura administrativa y el modelo propio de justicia y seguridad pública.

La primera mesa, ‘Territorio y Administraciones Públicas’, moderada por Carmen Nery Cordobés, secretaria general técnica de la Consejería, contó con la intervención principal de Francisco Villar Rojas, catedrático de Derecho Administrativo de la ULL, Participaron también Ángel Montesdeoca García, director general de los Servicios Jurídicos del Gobierno; Elena Zárate Altamirano, viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico; Ángel Lobo Rodrigo, Profesor de Derecho administrativo de la ULL, y Fernando Ríos Rull, profesor de Derecho Constitucional y jefe del área de proyectos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, quienes profundizaron en los retos competenciales y normativos derivados del modelo territorial canario.

La segunda mesa, ‘Estatuto y Administraciones Públicas’, fue dirigida por Jorge María Riestra Sierra, viceconsejero de los Servicios Jurídicos, y tuvo como ponente principal a José Miguel Ruano León, profesor asociado de Derecho Constitucional. Junto a él intervinieron José Suay Rincón, magistrado del TSJ y catedrático de Derecho Administrativo, e Israel Expósito Suárez, profesor de Derecho Constitucional, abordando los avances y retos que plantea el Estatuto en la organización administrativa canaria.

La última mesa, ‘Administración de Justicia y Seguridad’, moderada por el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, analizó el modelo judicial y de seguridad. El ponente central fue Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acompañado por Laura Díez Bueso, magistrada del Tribunal Constitucional;  Inmaculada Rodríguez Falcón, presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y Juan Antonio Rodríguez, presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados.

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Las mesas de debate, que se celebrarán los días 11 y 12 de diciembre, abordarán los retos sobre el territorio, la arquitectura de la organización administrativa y la definición del modelo de justicia y seguridad pública

El Gobierno de Canarias fomenta la reflexión y el debate crítico sobre el desarrollo estatutario de Canarias con unas jornadas conmemorativas del aniversario de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, enfocadas en avanzar en los desafíos pendientes de nuestra autonomía y que se celebrarán los días 11 y 12 de diciembre, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife,

Organizadas por Presidencia del Gobierno y la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el contenido de las Jornadas girará en torno a tres pilares fundamentales en el desarrollo a corto y medio plazo de la sociedad canaria: el territorio, la arquitectura de su organización administrativa y la definición del modelo de justicia y seguridad pública propio, ámbitos en los que durante la XI Legislatura autonómica se han centrado las actuaciones políticas y reformas normativas.

La consejera Nieves Lady Barreto explica que, en la actualidad, resulta pertinente analizar el camino que debemos recorrer para cumplir las expectativas prometidas por la reforma estatutaria que recientemente ha cumplido siete años de vigencia. “En este sentido, el encuentro pretende convertirse en una oportunidad para identificar y plantear las soluciones que podrían definirse para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de los canarios y canarias”, apunta.

La mesa ‘Territorio y Administraciones Públicas’ será moderada por Carmen Nery Cordobés, secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, y tendrá como ponente principal a Francisco Villar Rojas, catedrático de Derecho Administrativo. Participan Ángel Montesdeoca García, director general de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias; Elena Zárate Altamirano, letrada del Consejo Consultivo (en servicios especiales) y viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico; Ángel Lobo Rodrigo, profesor y doctor en Derecho Administrativo, y Fernando Ríos Rull, jefe de Área de gestión de proyectos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y profesor de Derecho Constitucional.

‘Estatuto y Administraciones Públicas’ será la segunda mesa, esta vez dirigida por Jorge María Riestra Sierra, viceconsejero de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias y tendrá como ponente a José Miguel Ruano León, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Intervienen Antonio Jesús Ramón Balmaseda, jefe de Servicio de Tributos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; José Suay Rincón, catedrático de Derecho Administrativo y magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Las Palmas) del Tribunal Superior de Justicia, junto a Israel Expósito Suárez, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y profesor de Derecho Constitucional.

Juan Ignacio Signes de Mesa, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será el ponente de la mesa ‘Administración de Justicia y Seguridad’, que moderará le viceconsejero del aérea Cesáreo Rodríguez. En este debate participan Laura Díez Bueso, magistrada del Tribunal Constitucional; Inmaculada Rodríguez Falcón, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; Juan Antonio Rodríguez, presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados y David del Pino Franquet, director general de Seguridad del Gobierno de Canarias.

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• El viceconsejero Alfonso Cabello destaca la “importancia fundamental” de la ley autonómica como garantía de progreso de presente y futuro en las islas
• Las Jornadas Estatutarias se desarrollarán los próximos días 2 y 3 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
• El programa de conferencias divulgativas del Estatuto se realizará del 10 al 24 de noviembre en El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote

El Gobierno de Canarias ha presentado hoy, jueves 26 de noviembre, las actividades previstas para celebrar el quinto aniversario de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y, también, potenciar la labor divulgativa de los contenidos de la ley básica de la comunidad autónoma. Como eje central del programa de actos destaca la celebración de una serie de Jornadas Estatutarias que comenzarán en las dos sedes de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y que continuarán durante el mes de noviembre en las sedes de cinco de los Cabildos Insulares. “Se trata”, subrayó el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, “de ampliar todo lo posible la repercusión social del aniversario y también difundir la importancia fundamental del Estatuto de Autonomía entre las nuevas generaciones con los análisis de expertos legislativos y académicos”.

“Como sociedad tenemos que ser plenamente conscientes de la importancia que tiene el nuevo Estatuto de Autonomía a la hora de fijar derechos y, quizás más importante, señalar las vías más efectivas para hacer realidad esos derechos que ya están en el texto fundamental de la comunidad autónoma”, subrayó Alfonso Cabello durante la presentación de las Jornadas Estatutarias en una conferencia informativa celebrada en la sede de Presidencia en la capital tinerfeña. “Nuestro Estatuto es nuestra carta magna, es la ley por la que se fijan los marcos de actuación en las relaciones de las islas Canarias con el Estado español y también con las administraciones europeas”, abundó el portavoz del Ejecutivo, “para entre otros aspectos exigir el cumplimiento estricto no solo del Estatuto sino también del Régimen Económico y Fiscal (REF)”.

Las dos primeras Jornadas Estatutarias se celebrarán de manera simultánea en las sedes de Presidencia de Canarias en las dos capitales, los días 2 y 3 de noviembre, con la participación de profesionales de la magistratura y de la docencia universitaria. Organizadas por el Gobierno de Canarias y con la dirección académica del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar Rojas y del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Consejo Consultivo de Canarias José Suay Rincón, el primero intervendrá el jueves día 2 en Tenerife y el viernes día 3 en Gran Canaria con una conferencia que abordará Las competencias en materia de ordenación y gestión del litoral: ¿Estatuto de Autonomía o decreto de traspaso?

El programa de las Jornadas Estatutarias también incluye las intervenciones del profesor de Derecho Administrativo de la ULL Andrés González Sanfiel sobre La controvertida plasmación de la competencia en materia de Patrimonio Cultural en Canarias; de la profesora de Derecho Financiero y Tributario de la ULPGC Sonia Mauricio Subirana sobre El REF en el Estatuto de Autonomía: cuestiones materiales y de procedimiento; del magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial Rafael Fernández Valverde sobre Las aguas archipiélagicas; y del letrado del Parlamento de Canarias y profesor asociado de Derecho Constitucional de la ULL José Miguel Ruano sobre Canarias: archipiélago atlántico. Este programa de conferencias se desarrollará el día 2 en Tenerife y al día siguiente en Gran Canaria.

De la misma forma, el programa previsto para el día 2 de noviembre en Gran Canaria se realizará al día siguiente, 3 de noviembre, en Santa Cruz de Tenerife con los contenidos siguientes: el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Consejo Consultivo de Canarias José Suay Rincón ofrecerá la conferencia Autonomía, territorio y urbanismo, mientras que el catedrático de Derecho Administrativo de la ULL Francisco Hernández González analizará Las competencias en materia de lucha contra el cambio climático: la ley autonómica sobre cambio climático en el contexto de la normativa europea y estatal. También intervendrán la letrada del Consejo de Estado Pilar Cuesta de Loño con la conferencia titulada El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica: modificaciones y consecuencias; el doctor en Derecho Administrativo de la ULL Ángel Lobo Rodrigo sobre La ordenación del espacio marino, en particular en caso de las administraciones canarias; y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, sobre La justicia en el Estatuto de Autonomía.

Además de estas dos primeras ediciones de las Jornadas Estatutarias convocadas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para celebrar el quinto aniversario del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias también están previstas actividades divulgativas similares en las sedes de los Cabildos Insulares de las islas de La Gomera (10 de noviembre), El Hierro (día 13 de noviembre), La Palma (20 de noviembre), Fuerteventura (22 de noviembre) y Lanzarote (24 de noviembre).

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La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, para afrontar las competencias asumidas tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destaca el mérito de haber expuesto, durante el proceso de elaboración del proyecto de ley, la necesidad de modificar la situación de las policías locales

La presidenta de la Fecam solicita a los distintos grupos parlamentarios un esfuerzo en su tramitación para que se pueda debatir en el Parlamento antes de que acabe la presente legislatura

Julio Pérez insiste en que en el Parlamento podrán introducirse cambios en el texto que apruebe el Gobierno canario si así lo acuerda la mayoría

El Consejo Municipal de Canarias ha aprobado, por mayoría, el proyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias, una iniciativa del Gobierno canario que, según ha expuesto el presidente del Consejo, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha sido muy trabajada con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los ayuntamientos.

En la reunión, presidida por Julio Pérez, han participado la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito; y los alcaldes de Puntagorda, Vicente Rodríguez; de Agulo, Rosa María Chinea; de Valverde, Antonio Ramón Chinea; de Agüimes, Óscar Ramón Hernández; y de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha estado acompañado por la concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado representado por el edil de Seguridad, Josué Íñiguez Ollero.

Por parte del Gobierno de Canarias también han asistido las viceconsejeras de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez; y de Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; y los directores generales de Seguridad y Emergencia, Gustavo de Armas, de la Función Pública, Águeda Márquez; y de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde.

La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

Esta reforma ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto: las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias.

Tras la reforma, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos. Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.

Tales cometidos no se agotan con la regulación legal, sino que, con el fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo al reglamento su desarrollo más pormenorizado.

Julio Pérez ha destacado el mérito de haber expuesto la necesidad de modificar la situación de las policías locales, durante el proceso de elaboración de la nueva ley, que viene a corregir algunos puntos de la actual regulación.

La presidenta de la Fecam, además de agradecer el impulso a esta norma, ha puesto de relieve que, durante su redacción, se ha evidenciado el compromiso de cogobernanza entre administraciones a la hora de buscar soluciones y ha solicitado a los distintos grupos parlamentarios un esfuerzo en su tramitación para que se pueda debatir en el Parlamento antes de que acabe la presente legislatura.

En este sentido, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en que en el Parlamento podrán introducirse cambios en el texto que apruebe el Gobierno canario si así lo acuerda la mayoría.

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Ambas administraciones tratan de dimensionar los medios humanos y materiales que deben ser transferidos, así como su coste económico

Acuerdan elaborar un cronograma para que durante la transición de una a otra institución no se produzca ningún vacío

Gobierno de Canarias y Ministerio del Interior han vuelto a reunirse este lunes para avanzar en el traspaso de las competencias en Seguridad Privada, con el propósito de que la comunidad autónoma pueda asumirlas antes de que acabe la presente legislatura. De esa forma, las islas pasarían a gestionar, tal y como establece el artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Al citado encuentro han asistido, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Luis Santos; y el jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Modernización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Esquivel. En representación del Ministerio del Interior han participado el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; y el jefe del Área Normativa e Informes de este departamento, David Tentino.

Ambas administraciones han analizado los recursos humanos y materiales que deben acompañar este traspaso de competencias, así como su coste económico, para que la prestación del servicio se pueda desarrollar en condiciones óptimas. En este sentido, Interior se ha comprometido a entregar al Gobierno canario, a lo largo del mes de octubre, la documentación necesaria que permita dimensionar el estado actual de este sector en el archipiélago. Igualmente, han acordado elaborar un cronograma para que durante el traspaso de las competencias no exista ningún vacío.

Según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en las islas existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.

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La obra, que explora el texto estatutario desde una perspectiva innovadora y actual, podrá ser adquirida, próximamente y de forma gratuita, por vía electrónica

Julio Pérez destaca que la publicación muestra el valor de la norma autonómica y “la valía y capacidad de un conjunto de servidores públicos de las administraciones canarias, y de algunos de sus directivos”

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha editado el libro ‘Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X legislatura autonómica (2019-2023)’. La publicación recoge el análisis sobre el desarrollo y los retos de futuro de la norma superior canaria, emanado de las jornadas celebradas en noviembre de 2020 con motivo del segundo aniversario de la reforma del texto estatutario, aprobada por la ley orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

El texto, que recoge las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias participante en las jornadas, no solo explora el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía desde una perspectiva innovadora y actual, sino que sirve para examinar y reflexionar sobre el camino que se puede recorrer bajo su amparo y lo logros a conseguir.

La edición, que podrá ser adquirida próximamente y de forma gratuita, por vía electrónica, profundiza en temas como las posibilidades y límites de la Reforma del Estatuto de Autonomía, así como su desarrollo legal; las nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, la modernización e innovación administrativas, el desarrollo sostenible, las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa o el desarrollo del sistema electoral, entre otros.

La publicación está llena de conocimiento, que “nos servirá como manual de consulta para interpretar nuestro presente y nuestro futuro”, y sus páginas se convertirán en “un instrumento de apoyo para seguir avanzando en la consolidación del reformado Estatuto de Autonomía de Canarias”, según señala el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el prólogo.

A juicio del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y así queda plasmado en la presentación, la obra muestra tanto la importancia del texto estatutario para el futuro de las Islas y su ciudadanía como “la valía y capacidad de un conjunto de servidores públicos de las administraciones canarias, y de algunos de sus directivos”, y, asimismo, “la calidad de sus conocimientos y de sus aportaciones a la función pública y al servicio público”.

La directora del ICAP, Eva de Anta, recuerda que el propósito de la publicación es contribuir al reto de reflejar las distintas reflexiones que se desarrollaron en las jornadas sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias en 2020, y señala que la misma será un instrumento de apoyo, útil y eficaz, “que ayudará a mejorar el funcionamiento y los resultados de nuestras instituciones públicas”. Al mismo tiempo, apunta, supone una “puesta en valor del conocimiento experto que reside en el cuerpo de las y los profesionales de la administración pública canaria”.

El documento podrá ser adquirido, próximamente y de forma gratuita, mediante su descarga en versión electrónica en la URL: https://tienda.wolterskluwer.es/p/estatuto-de-autonomia-de-canarias-ante-el-reto-de-su-desarrollo.

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Durante los actos de conmemoración del aniversario de la Constitución en Madrid, el presidente de Canarias agradeció las muestras de apoyo a La Palma y avanzó que el miércoles se celebrará una nueva Comisión Mixta en la Isla Bonita

Torres recurre a la renovación del Estatuto de Autonomía de Canarias en 2018 como ejemplo de reforma consensuada que podría servir de referente a la actualización de la Carta Magna española, que cree necesaria pero sin obviar “todo lo bueno que nos ha dado”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asistió este mediodía a los actos conmemorativos del 43 aniversario de la Constitución española en Madrid. Previamente, el jefe del Ejecutivo canario indicó a la prensa que la reforma del sistema de financiación autonómico que ha impulsado el Ministerio de Hacienda con un primer borrador tendrá el visto bueno de su Gobierno y del resto de fuerzas políticas canarias si se respetan las singularidades del Archipiélago, reflejadas y renovadas en el Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de 2018, así como diversos criterios correctivos.

Torres insiste en que el texto remitido recientemente por el Ministerio a las comunidades autónomas es “un primer documento amplio que estudiaremos con detenimiento y calma. No obstante, repito lo que ya hemos dicho en otras reuniones: que nuestro Estatuto recoge bien que la financiación autonómica está al margen de nuestro REF y, por tanto, es algo indiscutible”.

El presidente autonómico se refirió a los “criterios correctivos” que incluye ese borrador, como el despoblamiento (población ajustada) y la insularidad (que pasa del 3% al 4%) pero recalca que se trata de cuestiones que deben ser “bien estudiadas. Canarias considera que hay otros conceptos que deben tener peso en la renovación, como la renta per cápita, la pobreza, la renta de paro, la de las familias y las singularidades de los territorios”, explicó.

Según subrayó, “para nosotros, el REF no tiene debate ni discusión: debe cumplirse por cualquier Gobierno de España y, una vez que se logre que la financiación esté al margen de ese sistema, eso será para siempre, para ese ejercicio y los siguientes, sin posibilidad de revisión”, advirtió.

Torres reiteró que Canarias “lo tiene claro porque somos la única Región Ultraperiférica (RUP), la única que tiene un REF singular, disponemos de IGIC y no de IVA, y estas singularidades y características propias las vamos a defender porque ya son hitos logrados, por lo que estaremos muy atentos a las propuestas del Gobierno y de otras comunidades para defender una justa financiación”, indicó.

Torres también agradeció las múltiples muestras de apoyo y solidaridad de todas las instituciones españolas, desde el Gobierno de España y las Autonomías con La Palma por la erupción de Cumbre Vieja, que sigue sin terminar y que se ha convertido en la emergencia más grave de la historia reciente del Archipiélago. “He notado ese respaldo y compromiso por parte de los distintos grupos en las Cortes Generales, de presidentes autonómicos y, en especial, del Gobierno de España, que ha estado y estará al lado de esta situación, buscando soluciones permanentes, adoptando medidas y, de hecho, en los próximos días habrá otra Comisión Mixta”. El presiente entiende que las familias afectadas esperen que las ayudas lleguen cuanto antes, pero considera “que hay que reconocer que son las que están llegando más rápido que nunca, si se atiende a otros acontecimientos del pasado, como el Delta de 2005 o las riadas de 2010”. El presidente tiene claro que la reconstrucción precisa de la participación de todos y que La Palma “seguirá siendo La Isla Bonita”.

Sobre la renovación de la Carta Magna española, el presidente de Canarias considera que se debe actualizar y adaptar al siglo XXI y cree que lo ocurrido precisamente con el Estatuto y REF canarios en 2018 es un buen ejemplo a seguir porque también llevaba tiempo intentándose, porque hubo muchas dificultades pero, al final, salió “con un gran consenso para dar más autogobierno a nuestras islas y por aplicar medidas que hoy se debaten, como la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas canarias”.

“Han pasado 43 años de la Constitución –afirmó- y se sigue tratando de una importantísima manifestación popular de la mayoría del pueblo español porque consolidó la libertad y la recuperación de la democracia, pero creo que sería bueno actualizarla. Eso sí, poniendo en valor todo lo que nos ha dado, lo que nos está dando y nos seguirá dando para la convivencia pacífica en nuestro país, por lo que tiene mucho presente y futuro. No es una cuestión del Gobierno, sino de las Cortes Generales, pero hay que estar feliz por vivir en un Estado de libertad, democrático y en el que podemos opinar con el valor de la palabra y con nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos libres”, aseveró el presidente de Canarias.

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Ángel Víctor Torres cree necesario prorrogar el tiempo necesario los ERTE, las ayudas a los alquileres sociales, al agua y a la luz, así como las medidas contra los desahucios o el apoyo a determinadas empresas

El jefe del Ejecutivo canario resalta la relevancia del traspaso de competencias sobre el litoral y pide que, junto a las de tutela financiera y control de la competencia en el ámbito local, se acompañe de los recursos y medios adecuados

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró convencido hoy, durante la sesión de control del pleno del Parlamento regional, de que el Gobierno de España mantendrá el actual escudo social creado por las consecuencias de la crisis sanitaria y socioeconómica desatada por la pandemia de la COVID-19, aunque al final se levante el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo. Esta es la fecha que baraja el presidente español, Pedro Sánchez, si los datos sanitarios y el ritmo de vacunación, “que están estrechamente ligados”, aconsejan ese levantamiento. Ante esto, Torres reflejó que resulta imprescindible que gran parte de las medidas sociales y de protección de las trabajadoras y trabajadores o de los sectores más vulnerables de la sociedad se mantengan “el tiempo preciso”.

El jefe del Ejecutivo regional se refirió, sobre todo, a mecanismos que han resultado cruciales para amortiguar los efectos de la crisis, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), especialmente relevantes en Canarias (región que hoy copa el 14% de ese recurso de apoyo laboral) por el mayor peso que tiene el turismo y el impacto de las restricciones a la movilidad. Como ha hecho en múltiples ocasiones, Torres dejó claro  que los ERTE, que han permitido que los trabajadores mantengan su vinculación contractual con sus empresas pese a la pérdida de actividad percibiendo desde el Estado el 70% de sus salarios, han de prorrogarse tras ese eventual levantamiento del estado de alarma y más allá de su vigencia actual, el 31 de mayo de 2021, durante el tiempo que sea necesario.

Además, el presidente de Canarias considera que el escudo social creado por el Gobierno central no debe quebrarse tampoco en lo relativo a las ayudas a los alquileres, las medidas para evitar los desahucios o el apoyo para el pago de luz y el agua. Según subrayó Torres, Canarias aportará al mantenimiento de ese colchón social la futura Ley de Renta de Ciudadanía, que completará la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el Salario Mínimo Vital y otras ayudas sociales directas, el respaldo a los alquileres de familias vulnerables y un aumento de las partidas para entidades del Tercer Sector, como Cruz Roja o Cáritas, entre otras.

Torres recordó que las aprobaciones anteriores de los estados de alarma siempre fueron consideradas por su Ejecutivo como una buena noticia por las medidas excepcionales que éstos facilitaban o permitían ante la casuística tan compleja que originaba la pandemia, como fueron la licitación más rápida de obras o la concesión de ayudas más ágiles. Además, subrayó que el decreto ley sobre los desahucios incluye la opción de prolongarlo, como también existe la posibilidad de extender la manutención de los niños de familias más vulnerables en caso de cierre de los colegios, o ampliar los bonos sociales o las ayudas a las empresas en dificultades.

Proyectos de modernización para las dos universidades públicas

El presidente de Canarias también se refirió a los proyectos a los que aspiran las dos universidades públicas canarias a financiar con los fondos de europeos REACT-EU (2021- 22) y otros recursos del Estado, principalmente enfocados a la sostenibilidad, la eficiencia energética, nuevos equipamientos o movilidad de investigadores.

Esas iniciativas se han coordinado con la Consejería de Educación y ya se han presentado al Ministerio, si bien aún no se ha concretado la distribución de partidas. Se cuenta con un total de 120 millones de euros del REACT-UE. Torres espera que estas partidas y otras ayuden a transformar aún más la economía canaria y “supongan un plus para las dos universidades públicas”. Al mismo tiempo resaltó los 12 millones que vendrán del Estado en 2021 para escuelas infantiles o los 20 de 2022, con el fin de crear unas 3.000 nuevas plazas anuales hasta 2023. Asimismo, aludió a los fondos para la Formación Profesional, para libros de texto o para la atención al alumnado vulnerable.

Sobre su reciente reunión en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el presidente de Canarias subrayó que fue una cita “fructífera y con compromisos”. Entre otros, destacó que, seguramente en el próximo mes de junio, Canarias estrenará las reuniones de la Comisión Bilateral creada el año pasado entre el Estado y diversas comunidades autónomas, reunión en la que se prevé que las Islas puedan iniciar el proceso para asumir la gestión y administración del litoral del Archipiélago. Para Torres, ese paso, demandado durante decenios, tiene una gran importancia y ha de venir acompañado de los recursos, medios y expedientes necesarios, algo que también reclama para cuando se traspasen las competencias sobre defensa de la competencia en el ámbito local y la tutela financiera, todas en cumplimiento del Estatuto de Autonomía renovado en octubre de 2018. “Vamos por el camino correcto”, concluyó el presidente Torres.

Erradicar el uso partidista de la migración

Torres volvió a pedir a los grupos de la oposición que no se haga partidismo con el fenómeno de la migración; que se valore la gestión que está haciendo Canarias de las únicas competencias que tiene en esa materia, que es la de los menores no acompañados, y que algunos representantes de partidos de la oposición convenzan a presidentas de comunidades autónomas como la de Madrid para que, “al menos”, respondan a las cartas remitidas desde Canarias para la búsqueda de solidaridad en la gestión de esos menores.

Además, Torres insistió en que Canarias está en condiciones de vacunar al 70% de su población este verano. Para ello, detalló hoy que están disponibles expresamente 1.500 enfermeros y que se dispondrá de 250 puntos de vacunación y de grandes centros, como el de Meloneras, Infecar, Magma y el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. “Esta es la clave para la recuperación económica. La vacuna significa seguridad y los canarios quieren vacunarse”, recalcó el presidente de Canarias.

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El presidente de Canarias traslada la necesidad de adaptar el marco legislativo a la realidad migratoria actual, con más de 2.600 menores migrantes tutelados en las Islas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido este martes en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para cerrar la agenda del proceso de transferencias de competencias estratégicas como la gestión de costas, tutela financiera y la promoción de la competencia de los mercados.

Tras ese encuentro, el presidente autonómico ha comparecido ante los medios de comunicación y ha anunciado “la buena noticia” de que antes del verano, preferiblemente en junio, se celebrará en Canarias la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado -en la que se integra la Comisión Mixta de Transferencias-, donde se producirá el traspaso oficial de las competencias en la gestión y ordenación del litoral,  “una antigua demanda del Archipiélago” que está recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en vigor desde el 6 de noviembre de 2018.

El presidente canario ha mostrado su satisfacción porque, después de la irrupción de la pandemia, se dará cierre a la transferencia de un asunto estratégico como la gestión de Costas “que por fin va a ser una realidad este verano”, añadió.

En cuanto a la tutela financiera de las corporaciones locales y la defensa de la competencia en los mercados -dos competencias cuya transferencia ya se había iniciado-, el presidente Torres comunicó que se firmarán protocolos por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias con el objeto de establecer los recursos y medios necesarios que hagan viable el traspaso de esas competencias a la Comunidad Autónoma, y solventar dificultades como las que presenta, por ejemplo,  la tutela financiera “ante la posibilidad de que queden suspendidas, o no, las reglas fiscales en los próximos años”.

Política migratoria

Ángel Víctor Torres, en su reunión con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha trasladado la realidad migratoria que se vive en Canarias y, en particular, la situación de los menores migrantes. Torres explicó que actualmente hay más de 2.600 menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias, “algo que no se había producido nunca, ni siquiera en 2006 con la crisis de los cayucos, cuando llegaron a las Islas 500 menores a pesar de que alcanzaron la costa más personas que en la actual crisis”.

El jefe del Ejecutivo autonómico considera necesario adaptar el marco legislativo a la situación actual, ya que la ley de protección del menor nació para dar atención a los menores registrados en cada comunidad autónoma y no para los menores que llegan de forma irregular “con este volumen”, matizó el presidente. Ángel Víctor Torres explicó que el ministro se ha comprometido a estudiar una modificación legislativa y activar fórmulas para que la realidad migratoria sea compartida con las demás comunidades autónomas.

Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público

Los equipos de Presidencia del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública también abordaron la problemática que padecen los empleados interinos de la Administración Pública que en muchos casos llegan a encadenar contratos durante veinte años. Ángel Víctor Torres planteó la necesidad de buscar mecanismos de consenso que den respuesta a las expectativas de los trabajadores que están en esta situación.

En ese sentido, Torres destacó que el ministro se ha comprometido a llevar a cabo, en los próximos meses, una modificación en el Estatuto Básico del Empleado, que se está trabajando también con las comunidades autónomas.

Por último, Ángel Víctor Torres agradeció al Miquel Iceta y su equipo la celebración de esta reunión -la primera que mantiene el ministro de Política Territorial con un presidente de comunidad autónoma- que “ha sido muy satisfactoria”, concluyó.

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Impulso a transferencias estratégicas como la gestión de costas, tutela financiera y la promoción de la competencia de los mercados

El Gobierno de Canarias ha recibido una respuesta favorable del Ministerio de Política Territorial y Función Pública acerca del inicio del proceso de traspasos pendientes para el pleno desarrollo del autogobierno, atendiendo a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, la norma legal básica del Archipiélago que está en vigor desde el 6 de noviembre de 2018.

Al respecto, el Ministerio comunica que ya se han puesto en marcha los trámites con los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el de Hacienda y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para desarrollar el proceso que dé lugar al traspaso de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral, la tutela financiera de las corporaciones locales y la defensa de la competencia en los mercados.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha venido destacando desde el principio de la presente Legislatura que el Gobierno de Canarias trataría este asunto como “una prioridad”, razón por la que en noviembre de 2019 se inició el proceso administrativo para el traspaso de competencias con la presentación del primer informe sobre las transferencias pendientes.

El jefe del Ejecutivo ha valorado el esfuerzo que se ha hecho por parte de ambas administraciones en avanzar durante estos meses en los trabajos preparatorios, a pesar de la crisis derivada de la pandemia. Torres ha remarcado que el contacto y la interlocución entre las partes es permanente y espera el pronto cumplimiento de los traspasos en estas y otras competencias recogidas en el actual Estatuto de Autonomía de Canarias.

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