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El Gobierno cambia la forma de designar los tribunales de oposiciones por un sistema totalmente transparente

Función Pública plantea a los sindicatos la creación de un banco de datos donde el personal público de la Administración podrá darse de alta para ser miembro de tribunales y se designará por sorteo

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, sigue dando pasos para dotar de máxima transparencia a designación de los miembros de los tribunales de los procesos selectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Con este objetivo, una de las medidas que pondrá en marcha la Dirección General de Función Pública es la creación de un banco de datos en el que se pueda dar de alta de manera voluntaria el personal que quiera formar parte de estos tribunales calificadores.

Esta medida será planteada por la Dirección General de la Función Pública en la Mesa Sectorial de personal funcionario dentro del acuerdo marco cerrado el pasado mes de enero con los representantes sindicales para la modernización, publicidad y transparencia, así como para el fomento de la participación en los tribunales calificadores de procesos selectivos.

Función Pública plantea un sistema de designación por sorteo, en sesión pública, para componer los correspondientes tribunales entre quienes forman parte del banco de datos y cumplan los requisitos legales.

“Abogamos por fomentar una participación voluntaria del personal en los tribunales calificadores, ya que entendemos que esta es la opción más adecuada y favorable para el correcto desarrollo de los procesos selectivos”, explica Francisco Rodríguez, que adelanta que cualquier persona que reúna los requisitos legales para formar parte de un tribunal calificador lo podrá poner de manifiesto ante Función Pública en cualquier momento.

En este sentido, el director general aclara que este sistema permitirá que, además del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, también puedan solicitar su inclusión en el banco de datos el personal de otras administraciones públicas o sectores públicos.

“A efectos de garantizar la imparcialidad de los procesos selectivos, no serían incluidos en el sorteo quienes hubieren pasado a formar parte del banco de datos después de que se haya publicado la convocatoria del correspondiente proceso selectivo”, aclara Francisco Rodríguez. El banco de datos será, además, público y estará a disposición de la ciudadanía en la página web de la Dirección General.

Asimismo, Función Pública propondrá en la próxima Mesa Sectorial establecer un límite para que una misma persona no pueda formar parte de más de dos tribunales simultáneamente, garantizando con ello la concurrencia de todas las personas integradas en el banco de datos.

Cuando no sea posible cubrir la totalidad de tribunales por falta de personas en el banco de datos, la designación que se realice igualmente deberá estar acompañada de la publicación de un extracto del currículo profesional de quienes son designados.

Finalmente, Función Pública planteará a los representantes sindicales la tramitación de un decreto autonómico que regule la participación obligatoria del personal en los tribunales calificadores, como de hecho sucede en otros sectores de la Administración, como el caso de la selección del personal docente no universitario, si bien, sería la última vía cuando sea imprescindible para garantizar la ejecución de las ofertas de empleo público.

 

 

 

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El Tribunal Constitucional consolida el fondo de Acción Social de 2019 del Gobierno de Canarias

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La sentencia del TC sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra las ayudas de acción social estima parcialmente las alegaciones del Gobierno de Canarias

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó parcialmente las alegaciones efectuadas por el Gobierno de Canarias el pasado 13 de febrero ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración General del Estado sobre el artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2019 contra las ayudas de Acción Social. Con esta sentencia, que el Ejecutivo autonómico ha conocido ayer, se consigue consolidar un fondo de Acción Social igual al que ya se estableció en 2016 por importe de 6.750.000 euros.

El TC estimó que la pretendida declaración de inconstitucionalidad sobre el importe del Fondo de Acción Social debe proyectarse tan solo sobre el exceso inicialmente presupuestado en 2019. Así, la cuantía correcta -a juicio del TC- ha de ser de igual que la presupuestada para el ejercicio 2018. De esta forma, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad podrá ordenar el abono de las cuantías concedidas al personal público del Gobierno de Canarias que estaba pendiente de pago desde enero de 2019.

En ejercicio de la competencia contenida en el artículo 107.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno autonómico promovió en 2015 y 2016 el incremento progresivo de las dotaciones del fondo de acción social, entre cuyos objetivos legítimos que persigue, se encuentran, garantizar el principio de igualdad constitucional y no discriminación, en particular, en la asunción de las cargas familiares, mediante la previsión de ayudas en la asunción de gastos de guardería, para hijos de 0 a 3 años.

Dicha medida de restitución de derechos del personal del sector público está en consonancia con el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo publicado por resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Solo afecta la cuantía

El TC ha reconocido que en todo caso, y de acuerdo con lo alegado por la representación del Parlamento canario, el objeto del recurso debía quedar ceñido a los párrafos del precepto donde se fija la cuantía del Fondo de Acción Social y su distribución, y que debían quedar al margen los apartados que contienen normas respecto de las que nada se alegó en el recurso de inconstitucionalidad y que pueden, además, permanecer vigentes aun cuando el importe del Fondo de Acción Social, único contenido del precepto controvertido por el recurrente, hubiese sido declarado inconstitucional. Este fue el motivo por el que el Gobierno de Canarias solicitó el levantamiento de la suspensión de la aplicación de la norma recurrida.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias también argumentaron que no concurrían los presupuestos fácticos excepcionales, vinculados a la crisis económica de 2008, que justificaban el empleo de estas potestades excepcionales en ejercicios anteriores, puesto que si el Real Decreto-ley 24/2018 autoriza un incremento de las retribuciones de hasta un 2,5 por ciento porque la coyuntura económica lo permite, no se justifica entonces la prohibición de incrementar los gastos de acción social con los que la Comunidad Autónoma pretendía cumplir con obligaciones asumidas (abono de las primas de pólizas de seguros concertadas) y restituir derechos y beneficios que se han ido progresivamente cercenando, en legítimo ejercicio de sus competencias sobre acción social cuestionando.

Abono de las cantidades resultantes, en marzo

En la convocatoria de 2019 se presentaron 14.310 solicitudes, de las que 12.724 resultaron admitidas al cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria. Los conceptos más relevantes de las solicitudes son los que se refieren a Ayudas a la educación y a la formación, con 11.537 solicitudes, y Prótesis Dentarias, con 12.883 solicitudes, seguidas por las solicitudes de ayudas para Prótesis oculares (4.526 solicitudes) y para prótesis dentarias de cónyuges e hijos (2.135 solicitudes).

Por lo tanto, y según las Bases de la convocatoria, será la Dirección General de la Función Pública la que determinará la proporción en la que, por igual para todas las ayudas de Acción Social concedidas, ha de reducirse el importe a la luz de la sentencia conocida ayer.

La Dirección General de la Función Pública dará traslado de la resolución definitiva a la Dirección General de Planificación y Presupuesto a los efectos de las correspondientes transferencias de crédito a las consejerías u organismos para su posterior abono en las nóminas en las que perciben sus retribuciones las personas beneficiarias. Con carácter general serán las Secretarías Generales Técnicas (y en órgano de análoga naturaleza) las encargadas del abono de las ayudas. Se prevé que el abono se pueda efectuar en la nómina correspondiente al mes de marzo del año en curso.

De forma paralela, el 17 de febrero se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de Acción Social para el ejercicio 2020, que finalizará el próximo 17 de marzo. La Dirección General de la Función Pública ha abierto un canal de comunicación a fin de que la formulación y tramitación de dichas solicitudes se efectúe telemáticamente, buscando así una reducción de los plazos finales de resolución.

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El Gobierno cree obligado ajustar las leyes antitransfuguismo canarias a la jurisprudencia constitucional

Julio Pérez en el pleno del 24 de septiembre de 2019

Julio Pérez estima que las normas actuales son contrarias a lo establecido por el Tribunal Constitucional

El Gobierno revisará las leyes antitransfuguismo de Canarias para que se ajusten a la jurisprudencia constitucional derivada de la sentencia más reciente del Tribunal Constitucional.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en respuesta a una pregunta de la diputada de CC Socorro Beato, afirmó que creía obligado revisar las leyes de municipios y cabildos que penalizan a los concejales y consejeros llamados “tránsfugas”, quienes según las leyes vigentes no pueden asumir ciertas funciones, ni percibir ciertas retribuciones.

Julio Pérez dijo que, tras una sentencia de diciembre de 2017 del Tribunal Constitucional (TC), hay que revisar si las limitaciones legales impuestas a los tránsfugas han de considerarse limitaciones al “mandado libre” que vincula al concejal o consejero con sus electores.

Una vez que el TC ha dictaminado que ese mandato libre no puede restringirse mediante límites jurídicos, es “obligado”, dijo Julio Pérez, estudiar si es procedente derogar las leyes canarias.

La diputada Beato sostuvo que las limitaciones económicas a los tránsfugas para cobrar retribuciones pueden mantenerse, y que el propósito del Gobierno obedece a “intereses partidistas”, lo que negó el consejero, diciendo que, por el contrario, había sido Beato quien se refirió a tales intereses.

Julio Pérez afirmó que se trata de un debate jurídico, no político, o no solo político.

Cuando lleguen al Parlamento los proyectos normativos que aborden el asunto habrá ocasión, dijo el consejero, de medir exactamente qué parte de las leyes debe corregirse o derogarse.

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