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El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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Oferta de estabilización para 1.500 interinos y temporales: acuerdo de la Comisión de Función Pública

Alejandro Rodríguez, durante la celebración hoy, 31 de julio de 2020, de la Comisión de la Función Pública Canaria

El órgano consultivo, en el que participan Gobierno y sindicatos, aprobó hoy los criterios que se fijarán en Decreto de Estabilización del Empleo, para reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero Julio Pérez resalta el compromiso alcanzado: “Seguiremos negociando”, dijo, “con el propósito de hacer las Ofertas de Empleo antes del 31 de diciembre de 2020”, dirigidas al personal funcionario interino y laboral temporal

La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, integrado por Gobierno y sindicatos, informó hoy favorablemente sobre el Proyecto de Decreto de Estabilización del Empleo Temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la Oferta Extraordinaria de Estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados y empleadas de la administración canaria, actualmente en situación de interinidad.

La decisión contó con los votos favorables de tres (UGT, CSIF y CCOO) de las cinco organizaciones sindicales que integran el órgano consultivo. Otras dos (Intersindical Canaria y Sepca) votaron en contra. En la reunión participaron por el Gobierno el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín.

El texto aprobado define los criterios que deben reunir las plazas que conformarán dicha OPE en el marco de los Acuerdos para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, 2018 y 2019 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, así como la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. El proceso abarcará las plazas que vengan siendo ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante, al menos, los tres últimos años entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

No obstante, Gobierno y sindicatos manifestaron también en la Comisión su compromiso para la ampliación de ese periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, si es legalmente posible y así lo dicen los informes jurídicos que se reclamen, y asimismo expresaron su acuerdo sobre la necesidad de incorporar al proceso las plazas delegadas de los Cabildos Insulares y de otros entes públicos dependientes que cumplan los criterios de estabilización.

Estas adiciones permitirían alcanzar la suma de unos 2.000 interinos e interinas, que podrían beneficiarse de las condiciones particulares en que se producirá la oferta extraordinaria.

Además, el acuerdo establece que las plazas ofertadas estarán incluidas en las correspondientes plantillas orgánicas o relación de puestos de trabajo y dotadas económicamente en los respectivos presupuestos anuales, por lo que no se derivará, en ningún caso, incremento de gasto público. Las plazas ocupadas a tiempo parcial, además, serán ofertadas a tiempo parcial, y en iguales condiciones a las que se están ejecutando en la actualidad.

Por otra parte, en la Comisión tanto el Gobierno como los sindicatos mostraron su compromiso de abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra Oferta de Empleo Público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, pues estos dos conceptos y situaciones (estabilización y consolidación) no son sinónimos ni afectan a las mismas personas.

Con este fin se formará una Mesa Técnica de Trabajo el próximo mes de septiembre de 2020, para la confección de esta otra Oferta Extraordinaria de Consolidación del Empleo de los puestos y plazas de carácter estructural de los distintos cuerpos, escalas o categorías que se vinieran desempeñando interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, para que pueda ser publicada ser publicada de forma conjunta con la OPE de estabilización, y ambas, antes del 31 de diciembre de 2020.

De la misma manera, se constituirá de manera inmediata la mesa de negociación para la regulación de las bases de la convocatoria, que definirán y regularán el desarrollo de los procesos selectivos.

Proseguirá la negociación, anuncia el Viceconsejero

Alejandro Rodríguez afirma que este acuerdo refleja la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas de negociar con la representación sindical para cumplimiento al mandato recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de aprobar un Plan de estabilización de empleo temporal a fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Entre los compromisos expuestos en la Comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, y al que podrán adherirse el resto de centrales sindicales, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), posibilitando de esta forma, que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, “blindado” las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.

La aprobación inicial de la OPE extraordinaria de estabilización conllevará un periodo de publicidad y notificación individualizada a cada una de las trabajadoras y trabajadores que vengan ocupando estas plazas para su conocimiento, comprobación de los datos ofrecidos y reclamaciones que procedan.

Por último, la formalización del acuerdo podrá servir de marco de referencia para su utilización en las distintas entidades locales canarias.

Julio Pérez: “Tratamos de cumplir las promesas y anuncios del Gobierno y de la Consejería”.

La reducción de la inestabilidad laboral fue el primer objetivo de los que se expuso el consejero en su prima comparecencia parlamentaria, al iniciar su mandato, junto a la digitalización, la medición y evaluación basada en datos, y la transparencia, como ejes de su actuación y de la política anunciada por el presidente Torres en su investidura.

Por ello, el consejero se congratuló del paso dado hoy, que permite avanzar en el camino anunciado y prometido, sometiéndose a la obligada negociación sindical y procurando encontrar tantos puntos de acuerdo como sea posible con los sindicatos de empleados públicos.

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El Gobierno autoriza 1,7 millones para la prórroga del servicio de control horario del personal público

El Ejecutivo canario dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la prórroga del contrato, que tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la prórroga del contrato del servicio integral para el control de horarios del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su gestión unificada para todos los colectivos, incluyendo los desarrollos necesarios para la grabación, gestión y explotación de la actividad del personal a través del Sistema Integral de Control Horario (Sicho), por importe de 1.702.866,48 euros, IGIC incluido.

La prórroga tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y es la tercera del contrato inicial, suscrito en octubre de 2015 por la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualad por un importe de 5,4 millones de euros y un período de cuatro años.

En septiembre de 2019, por orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se concedió una primera prórroga de seis meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, por importe de 682.056 euros. La segunda prórroga se produjo mediante orden del 29 de marzo de 2020 y por un plazo de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2020, por 454.704 euros.

El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato, con la que se agota el periodo máximo de dos años establecido en la legislación vigente.

El Gobierno de Canarias regulará el sistema de teletrabajo en la función pública

Reunión del Consejo de Gobierno

Al 43% de los empleados de la Comunidad Autónoma le gustaría mantener el sistema de teletrabajo después de la COVID-19 y el 61% considera que se debería valorar una fórmula mixta

El Gobierno de Canarias regulará el sistema de teletrabajo en la administración pública de las islas, según comunicó esta tarde en Consejo de Gobierno Julio Pérez, titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien presentó un informe de su departamento que evalúa esta posibilidad.

“El teletrabajo puede contribuir a una mayor satisfacción laboral del empleado público, al facilitarle la conciliación de la vida personal y profesional y, por tanto, a su mayor implicación en el cumplimiento de los objetivos”, expone el informe presentado por el consejero a los miembros del Ejecutivo. Por esta razón, se pretende aprobar en una próxima sesión del Consejo de Gobierno un sistema simplificado de planificación y dirección por objetivos.

El acuerdo constituye uno de los compromisos de este Gobierno, como es impulsar la eficacia y eficiencia de la Administración y se verá afectado de manera transversal por la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible aprobada en 2015 por la Asamblea general de Naciones Unidas.

El teletrabajo es una innovadora forma de prestación laboral, que se está consolidando como una herramienta flexible y moderna de organización del trabajo, se asegura en este documento.

Antes de la COVID-19, en canarias desarrollaban su labor en la fórmula de teletrabajo el 2,9% de forma ocasional y el 3,8% más de la mitad de los días laborables, datos de la Encuesta de Población Activa, frente al 30% de la población de algunos países nórdicos. También, antes de la COVID-19 utilizaban el teletrabajo como herramienta ocasional de apoyo, unas 1.200 personas que trabajan en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una vez comenzó la situación generada por la COVID-19 se han alcanzado los siguientes avances:

–         Se han emitido más de 13.000 certificados para conexión remota de empleados públicos, de las que 8.000 son conexiones concurrentes, que se han estabilizado en los 6.200.

–         Se ha implantado una APP para permitir el fichaje remoto.

–         Se generalizaron las videoconferencias y se multiplicó por 5 la capacidad para la realización de multivideoconferencias.

–         Se amplió el sistema de Escritorios Virtuales en más de 600 unidades.

–         Se desplegaron más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo.

–         Se amplió un 25% la plataforma de correo electrónico, incrementándose en 10.000 licencias adicionales.

Una encuesta entre 3.105 empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias reveló que los medios puestos por la administración ha sido los suficientes para desarrollar su labor (78%). La mayor parte de los empleados han puesto sus propios equipos al servicio de su trabajo (69% pc, 79% fibra óptica, 33% tabletas y 24% micrófonos y auriculares). El 91% considera que su puesto de trabajo tiene posibilidad de adecuación para teletrabajo y el 85% asegura que no se distrae más con esta forma de trabajo, aunque el 57% reconoce que sí ha cambiado de hábitos.

El 43% responde que le gustaría mantener el sistema de teletrabajo después de la COVID-19 y el 75% al menos lo considera como elemento de flexibilización. Al menos el 61% considera que se debería valorar una fórmula mixta (algunos días) y el 21% como fórmula habitual.

La Consejería de Justicia prevé aprobar este mismo año la orden que regulará la lista de empleo interino

Empleo interino en Justicia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, impulsó la negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia de un nuevo texto que regule la lista de empleo interino en el ámbito de Justicia, proceso que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, asumió como uno de los principales compromisos al inicio de la legislatura la negociación del nuevo texto que ha de regular la lista de empleo interino en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por ello, impulsó un proceso de negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia (CCOO; UGT; Intersindical Canaria; STAJ, y CSIF) que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación, que se producirá en este mismo año.

Se trata de una reivindicación constante de las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia. El texto vigente data de 2009 y, transcurridos más de 10 años desde su entrada en vigor, se requería adaptar la cualificación profesional de los interinos a las exigencias de una Administración de Justicia más ágil y eficiente, así como modificar otros extremos del proceso de selección y nombramiento, que permitieran superar las eventuales dificultades en la cobertura de puestos, contribuyendo a la mejora del servicio público de justicia.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, destaca el clima de respeto, diálogo, consenso y trabajo en pro de los intereses del servicio público con que se ha negociado con la totalidad de las organizaciones sindicales integrantes de la referida mesa sectorial antes de finalizar el primer año de legislatura.

Así, se ha pactado un nuevo texto en el que destaca, además de la modificación de la ponderación de los méritos objeto de valoración, la inclusión de méritos como la experiencia, formación específica (tales como la formación en informática) y la superación de pruebas selectivas para el mismo cuerpo al que se aspira, así como el deber del personal al servicio de las Administraciones Públicas a emplear dichos medios en sus relaciones laborales.

Por ello, se han incorporado modificaciones técnicas en el proceso de selección y nombramiento del personal funcionario interino que permitirán que en las comunicaciones entre ambas partes se empleen medios electrónicos, o que la información pública se facilite a través de la web de la Consejería competente.

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La edición 42 del Plan de Formación del ICAP contará con 1.880 plazas que se impartirán en modalidad online

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

Además, el BOC publicó esta semana el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del ICAP, un instrumento de planificación dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma en dos líneas de actuación que permite a cabildos y municipios sufragar el coste de las actuaciones de formación previstas, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Fecam

La Comisión para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acordó en la sesión celebrada el 19 de mayo del corriente el reparto de fondos Afedap (Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas) para formación en el ejercicio 2020, destinados a la financiación de planes de formación para personal de las entidades locales. Corresponde al ICAP la cantidad de 111.902 euros, que supone el 17,16% del total del crédito asignado para la Comunidad Autónoma de Canarias

El Plan de Formación del ICAP tiene como objetivo principal ofrecer una formación basada en el conocimiento, orientada a facilitar al personal al servicio de las entidades locales la adquisición de habilidades y mejora de sus capacidades y competencias para una prestación de calidad de los servicios públicos.

En esta edición, la número 42, se contará con 1.880 plazas. Todas las actividades incluidas en el mismo se desarrollarán en la modalidad online y se distribuirán entre las áreas de Transparencia y Buen Gobierno; Innovación en la Gestión Pública; Organización del trabajo y mejora de habilidades; Tecnologías de la información y la comunicación; Idiomas; Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral; Jurídica-administrativa; Unión Europea; Ordenación del Territorio y Medioambiente, y Políticas de Igualdad.

Además, en la Comisión de Formación para el Empleo Local celebrada el 8 de julio se aprobó el plan específico de entidades locales.

Por otra parte, la Fecam ya cuenta con el Plan Interadministrativo de Formación 2020, que tiene como ámbito de aplicación el personal público de las corporaciones locales canarias (cabildos, mancomunidades, ayuntamientos, organismos autónomos y empresas públicas dependientes de estas).

Incluye 44 acciones formativas a realizar en 57 ediciones durante 1.543 horas y van destinadas a 3.390 personas. Esta oferta formativa busca la consecución de objetivos como la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía; Potenciar la cualificación profesional y personal del personal; Favorecer el acceso a la formación del mayor número de personas; Liderar el proceso de modernización de las Administraciones Públicas Canarias con especial énfasis en la e-administración; Establecer líneas estratégicas para el intercambio de conocimientos y experiencias entre los empleados públicos canarios, e impulsar el papel de la formación como un factor estratégico de las entidades locales canarias.

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aprobó mediante la Orden nº 89 del 12 de junio de 2020 el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), que en fecha 6 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Se trata de instrumento de planificación que permite, entre otros objetivos, que las entidades locales pongan en marcha sus actuaciones en materia de formación con cargo al mismo.

Dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, cuenta con dos líneas de actuación a las que pueden optar cabildos y municipios para desarrollar los cursos que tengan previstos entre este año y 2022, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Entre los objetivos generales del Plan Estratégico de Subvenciones figura dar cumplimiento al mandato legal a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que obliga a los órganos y entes dependientes de las Administraciones Públicas a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, con carácter previo a la concesión de subvenciones. También busca concretar la planificación estratégica del ICAP en materia de subvenciones en un documento específico que recoja todas las líneas y programas de ayuda que el ICAP gestiona en sus diferentes áreas de actuación, y no solo en el Plan Estratégico de la entidad en su conjunto.

Asimismo, busca detallar, en un instrumento unificado, los programas, objetivos e indicadores presupuestarios de las actividades subvencionables del ICAP, dando cuenta de los costes de estas actividades, y promover las acciones formativas a realizar por las entidades locales para dar cumplimiento al Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018, y en ejecución del Acuerdo de Gestión de Formación para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este plan se circunscribe a las actuaciones que están previstas y se desarrollen durante el periodo 2020-2022, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

Cuenta, por un lado, con una línea de actuación de destinada a la formación del personal público de las corporaciones locales canarias. Su finalidad es subvencionar a los cabildos y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la formación de su propio personal con los fondos transferidos para que con los medios materiales y personales que estos disponen, acometan las actividades formativas del personal dentro del marco del Afedap.

Se pretende así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos que configuran el Plan Estratégico de Subvenciones, ejecutando con los fondos transferidos por la Administración del Estado, las acciones formativas a través de las entidades locales de Canarias, para lo que cuenta con 347.248 euros, que se distribuyen entre los distintos promotores en el ámbito local por un acuerdo de la Comisión de Formación para el Empleo Local de la Comunidad Autónoma de Canarias para esta línea de actuación.

La otra línea de actuación tiene por finalidad subvencionar a la Fecam, siendo el destino final la formación del personal público de los ayuntamientos y cabildos mediante una subvención nominada al citado organismo en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para cada ejercicio. Para ello, el Gobierno de Canarias aporta 192.960 euros.

La Fecam deberá presentar una solicitud de subvención a través del Plan Interadministrativo de Formación, que detalla las actividades formativas que ejecutará a lo largo de cada ejercicio presupuestario y dentro del marco del Afedap.

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Administraciones Públicas da cuenta del gasto de 1,8 millones en contratos realizados durante el estado de alarma

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha dictado 20 resoluciones para la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección de edificios judiciales, así como para posibilitar el teletrabajo

La obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario, para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo, y dar soporte a las sedes electrónicas, son las finalidades de los contratos aprobados por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno del gasto de 1,8 millones de euros correspondientes a 24 contratos aprobados por el procedimiento de emergencia durante el estado de alarma. Dichos contratos están relacionados con la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección frente a la COVID-19 en edificios y sedes judiciales de Canarias, así como para la obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo y atender las incidencias provocadas por el virus.

Un total de 20 de los contratos fueron aprobados por resoluciones dictadas, como consecuencia de la emergencia sanitaria, por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por un importe completo de 1.772.142,79 euros, y los cuatro restantes por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por importe de 48.790,91 euros.

Pérez ha solicitado la inclusión de todos los expedientes dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Protección en sedes y edificios judiciales

Los contratos realizados mediante resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia son los siguientes:

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios y protección en zonas operativas de los Edificios Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: Juzgados de Guardia, Juzgados de Violencia de Género y Registro Civil (21.335,80 euros).

– Servicio de traslado, entrega y acondicionamiento de equipamiento informático, mobiliario, material sanitario, mecanismos y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (83.759,60 euros).

-Suministro, configuración y clonación de equipos y ordenadores portátiles, para la prestación de servicios mediante el sistema de “Teletrabajo a Jueces, Magistrados, Letrados y Funcionarios de los Órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias’ (531.088,44 euros).

-Suministro e instalación de mobiliario de protección anticontagios y de archivo y custodia de documentación judicial para proceder a las labores de desinfección en la Sedes Judiciales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (127.912,08 euros).

-Trabajos de limpieza e higienización de los conductos del Sistema de Climatización y Ventilación en Edificios y Sedes Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (124.954,27 euros).

-Servicio de limpieza extra por refuerzo y desinfección emergencia COVID-19 y dispensación de diverso material de protección antincontagio en Edificios Judiciales de la provincia de Las Palmas (174.644,43 euros).

– Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de protección respiratoria, KN95, de eficacia de filtración máxima contra contagios auto-filtrante, calificado como Equipos de Protección Individual (50.985 euros).

-Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de alta protección anticontagio desechables FPP2 (4 capas), calificadas como Equipos de Protección Individual (39.500 euros).

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios protección ampliación nuevos servicios operativos en diversos Órganos Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (5.649,60 euros).

-Servicio de Asistencia Técnica Especializada para la elaboración del Plan de Respuesta y Contingencias derivado de la situación de emergencia por la COVID-19 (48.150 euros).

-Trabajos de revisión, comprobación y verificación de las instalaciones de protección contra incendios (PCI) de Edificios Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (33.688,24 euros).

-Suministro e Instalación Sistema Megafonía de Evacuación de Emergencia en el Edificio Judicial de Arona, en Tenerife (37.332,04 euros) y del Edificio Judicial de Arrecife, en Lanzarote (83.933,67 euros).

-Servicio extra de traslado, reparto, entrega y acondicionamiento de material de protección, equipamiento informático, material desinfección, mecanismo y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas (23.525,23 euros).

– Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior en las instalaciones de climatización y ventilación en Edificios Judiciales de la isla de Tenerife (75.525,92 euros).

-Sustitución módulo control sistema climatización en el Edificio Judicial de La Laguna (13.750,04 euros).

-Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior del sistema de climatización y dependencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife (31.437,48 euros) y en el Edificio Judicial de Granadilla de Abona (180.911,75 euros).

-Realización de Auditoria de emergencia Servicio de Limpieza para la evaluación, control e implantación de las medidas de higiene y desinfección derivadas de la COVID-19 en Edificios y Sedes Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (29.960 euros).

-Trabajos reposición equipos de refrigeración en los aparatos de transporte mecánico y elevación (panorámicos) en el Edificio Judicial ‘Ciudad de La Justicia’ de Las Palmas de Gran Canaria (54.099,20 euros).

Telefonía remota y sedes electrónicas

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías ha dictado durante el estado de alarma cuatro resoluciones por las que se aprueban los siguientes contratos:

-Refuerzo del servicio de soporte de Nivel 1 al uso de las Sedes Electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (4.280 euros).

-Adquisición de licencias para telefonía remota para la Red Corporativa de Telefonía del Gobierno de Canarias para que el personal público puede desarrollar sus funciones en la modalidad de teletrabajo (24.553,27 euros).

-Contratación de evolutivos de la Aplicación SICAC para habilitar la presentación telemática de los procedimientos comunes ante la necesidad de que todos los procedimientos del Gobierno de Canarias se puedan tramitar electrónicamente a través de la Sede Electrónica ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente (11.235 euros).

-Servicio de Asistencia técnica para la mejora de capacidades en la comunicación y presentación eficaz de actuaciones en la modalidad de teletrabajo (8.722,64 euros).

El Gobierno de Canarias destina 252.819 euros al nuevo personal que ingresa como técnicos de grado medio

Los puestos a dotar, del grupo A2, incluyen tres técnicos, un inspector de Calidad, un técnico de Producción Integrada, tres jefes de Sección y un director adjunto; irán a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, una distribución de crédito por 252.819,21 euros destinada a atender los costes salariales (tanto las retribuciones como los correspondientes a la Seguridad Social) del personal de nuevo ingreso en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Los puestos a dotar incluyen tres técnicos, un inspector de Calidad, un técnico de Producción Integrada, tres jefes de Sección, y un director adjunto, que irán a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

La Dirección General de Función Pública señala que, tras la adjudicación de plazas a las personas aspirantes seleccionadas en las pruebas selectivas convocadas al efecto mediante Resolución del 11 de abril de 2018, se hace necesario dotar de recursos a esos puestos.

El Gobierno ya había tenido en cuenta esta situación, por lo que reservó recursos a ese fin al elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 dentro de una sección común (la 19) al tratarse de personal de nuevo ingreso sin fecha cierta de incorporación, por lo que ahora acuerda tramitar las modificaciones oportunas.

La Consejería de Administraciones Públicas inicia la reactivación de los procesos selectivos

Gobierno de Canarias oferta puestos de trabajo a aspirantes de 12 procesos selectivos

La Dirección General de la Función Pública comenzará por retomar los procesos selectivos en los que el número de las personas aspirantes no superen 80 a fin de garantizar las medidas de protección de la salud

En otros procesos selectivos en los que se había finalizado la fase de oposición y, en su caso, la revisión de la fase de concurso, se procederá a la oferta de puestos de trabajo, y el resto se irá poniendo en marcha a medida que la desescalada permita la realización de convocatorias a un mayor número de personas

Además, la consejería comienza a formar las nuevas listas para posible empleo interino. Para ello, el BOC publicó ayer lunes 8 de junio seis resoluciones que abren un plazo de diez días para que las personas aspirantes no seleccionadas en otros tantos procesos selectivos puedan acreditar su experiencia en la Administración Pública y puedan ser incluidas en las nuevas listas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia que la Dirección General de la Función Pública comenzará a retomar los procesos selectivos. Los primeros serán aquellos en los que el número de las personas aspirantes no superen 80 a fin de garantizar las medidas de protección de su salud, así como del personal público, Tribunales y colaboradores que asisten en dichos procesos.

Los primeros procesos a reactivar incluyen los siguientes:

–          Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos de Minas, Grupo A, Subgrupo A2, Turno Libre: se publicará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Minas, Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: se publicará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Ingeniería de Montes, Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre, se publicará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio.

–          Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad Ingenieros Técnicos Forestales, Grupo A, Subgrupo A2, Turno Libre, se publicará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio.

–          Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, Grupo A, Subgrupo A2, Turno Libre: se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del tercer ejercicio.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Ingenieros de Telecomunicaciones, Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del tercer ejercicio.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Tecnologías de la Información, Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del tercer ejercicio.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Ingenieros Agrónomos, Grupo A, Subgrupo A1, Promoción Interna: se publicará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Veterinarios de Veterinaria Asistencial Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: se determinarán los lugares, fecha y hora de celebración del cuarto ejercicio.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Veterinarios de Veterinaria de Agricultura, Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: se calificará el cuarto ejercicio por parte del Tribunal Calificador.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Caminos, Canales y Puertos, Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: continuará la lectura del segundo ejercicio.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Caminos, Canales y Puertos, Grupo A, Subgrupo A1, Promoción Interna: se abrirá fase de concurso.

Otras situaciones

En lo que respecta a los procesos selectivos en los que había finalizado la fase de oposición y, en su caso, revisión de la fase de concurso, la situación es tal y como se detalla a continuación:

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Arquitectos, Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: en breve se hará pública la relación de aspirantes seleccionados y se les ofertará puestos de trabajo.

–          Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Arquitectos Técnicos, Grupo A, Subgrupo A2, Turno Libre: en breve se hará pública la relación de aspirantes seleccionados y se les ofertará puestos de trabajo.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Farmacéuticos de Farmacia Asistencial, Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: en breve se hará pública, previa revisión, en su caso, por parte del Tribunal Calificador, la relación de aspirantes seleccionados y se les ofertará puestos de trabajo.

–          Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios, correspondiente al Grupo A, Subgrupo A1, Turno Libre: el plazo para la elección de los puestos se ha reanudado desde el día 01/06/2020, abriéndose la sede electrónica a tal fin el día 8 de junio, permaneciendo abierta hasta el día 22/06/2020, inclusive.

Resto de procesos

Finalmente, respecto del resto de procesos selectivos dependientes de la Dirección General de la Función Pública que se estaban ejecutando en el momento de la declaración del estado de alarma, se irán poniendo en marcha conforme los avances en las fases de desescalada permitan la realización de convocatorias a un mayor número de personas.

Incluye los procesos selectivos del Cuerpo de Administrativos con 1.330 aspirantes y el Cuerpo de Auxiliares Administrativos con 1.854, e incluso el Cuerpo técnico de Obras Públicas con 268 aspirantes o el del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos con 119 aspirantes.

Función Pública comienza a conformar las listas de empleo interino

Por otra parte, el Boletín Oficial de Canaria (BOC) publicó ayer lunes 8 de junio seis resoluciones que abren un plazo de diez por las que se requiere la presentación de los documentos acreditativos de la experiencia en la Administración Pública a las personas aspirantes que se presentaron y no resultaron seleccionadas en distintos procesos selectivos a fin de conformar las correspondientes listas de empleo interino para los cuerpos y escalas que se señalan a continuación a fin de reforzar la prestación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias:

–          Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por promoción interna y por acceso libre.

–          Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por promoción interna y por acceso libre.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores, Especialidad Técnicos de Prevención (Grupo A, Subgrupo A1), por acceso libre.

–          Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Inspectores Médicos (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por acceso libre.

–          Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por promoción interna y por acceso libre.

–          Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos de Grado Medio (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Técnicos de Prevención de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por acceso libre.

El mérito de la experiencia en la Administración Pública vendrá referido a la fecha del último día del plazo de presentación de solicitudes para participar en cada una de las citadas pruebas selectivas.

Situación de los procesos selectivos pendientes

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias hay 17 procesos selectivos en curso en el que compiten 3.706 personas que han conseguido la categoría de apto y pueden continuar el proceso.

El que cuenta con un mayor número de personas aspirantes aptas para continuar los trámites del proceso (pendientes ahora de la realización del examen práctico) es el del Cuerpo Auxiliar (C2), con 1.854, seguido por el del Cuerpo Administrativo (C1), con 1.330, ambos del turno libre. En el caso del Cuerpo Auxiliar, son 48 las plazas convocadas, mientras que en el Cuerpo Administrativo son 57.

Por su parte, las cuatro personas que se presentan por promoción interna a las 22 plazas de Gestión Financiera (A2) están a la espera de la calificación final del Tribunal de Oposición, tras lo cual se abrirá la fase de méritos.

En el proceso de técnicos de minas (A2, turno libre) pueden seguir optando a la única plaza convocada cinco personas aspirantes, pendientes ahora de la publicación de las listas definitivas para la realización, con posterioridad, del primer examen.

También están pendientes de la publicación de las listas definitivas para la realización del primer examen la persona que aspira a la plaza convocada de ingenieros de minas (A1, turno libre); las 268 que aspiran a las 12 plazas convocadas de técnicos de obras públicas (A2, turno libre); las 19 personas que compiten por la plaza de ingenieros de montes (A1, turno libre); las 19 que aspiran la plaza de técnicos forestales (A2, turno libre); las ocho que esperan conseguir alguna de las dos plazas convocadas para ingenieros agrónomos (A1, promoción interna), así como las 119 personas que compiten por una de las 11 plazas, también de ingenieros agrónomos (A1), pero de turno libre.

Pendientes de la realización de un tercer examen están las cuatro personas que aspiran a una de las cinco plazas de ingenieros de telecomunicaciones (A1, turno libre); las tres que compiten por una de las dos plazas convocadas de ingenieros técnicos de telecomunicaciones (A2, turno libre), y el proceso de tecnologías de la información, en el que hay tres plazas convocadas (A1, turno libre) y cuatro personas aspirantes.

En la promoción interna de Caminos, Canales y Puertos (A1) compiten dos personas para alguna de las dos plazas convocadas, pendientes ahora de la presentación de los méritos, mientras que para las del turno libre hay 45 personas aspirantes para siete plazas convocadas, pendientes de la lectura del segundo examen.

Las seis personas aspirantes a veterinarios de Agricultura (A1, turno libre) esperan conocer la calificación del cuarto examen para lograr alguna de las cinco plazas convocadas, mientras que en el proceso de veterinaria asistencial (A1, turno libre) hay 11 plazas convocadas y 15 aspirantes.

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El Gobierno de Canarias retomará los procesos selectivos en cuanto sea posible

El Gobierno de Canarias retomará los procesos selectivos en cuanto sea posible

El estado de alarma obligó al Gobierno de Canarias a adoptar medidas urgentes para que la Administración autonómica continuara prestando los servicios públicos, pero que también se cumplieran las medidas de confinamiento y reducción de la movilidad que el mismo conlleva y que también afecta al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma (unas 12.000 personas).

El Ejecutivo autonómico priorizó la puesta en marcha de un complejo y extenso proceso de trabajo a distancia que forzó a paralizar todos los procesos selectivos en marcha, que se reanudarán tan pronto como sea posible

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, se vio obligada a adoptar medidas urgentes para que la Administración autonómica garantizara la continuidad de la prestación de los servicios públicos en las Islas al tiempo que también hiciera posible el cumplimiento de las medidas de confinamiento y reducción de la movilidad impuestas por el estado de alarma decretado por el Gobierno del Estado, que afecta al personal de la Administración General (unas 12.000 personas).

Por ello, el Ejecutivo autonómico priorizó la puesta en marcha de un complejo y ambicioso proceso de trabajo a distancia que forzó a paralizar los procesos selectivos en marcha, sin excepción, que solo se retomarán una vez que finalice el estado de alarma.

Entre otros procesos afectados, se encuentran los tres cuyas resoluciones de nombramientos se publicaron en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el viernes 13 de marzo. Son la resolución de 2 de marzo de 2020, por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1); la resolución de 4 de marzo de 2020, por la que se nombra personal funcionario de carrera en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Agrícolas, y la resolución de 4 de marzo de 2020, por la que se nombra personal funcionario de carrera en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Industriales.

Dos días entre el nombramiento y el estado de alarma

Hay que recordar que el lunes 16 de marzo, dos días después de la publicación de esas resoluciones en el BOC, comenzó el estado de alarma decretado por el Gobierno del Estado.

Ante la nueva situación planteada, el jueves 19 de marzo la Dirección General de Función Pública colgó en el apartado de “Novedades” de su web un comunicado sobre las “Tomas de Posesión y Procesos Selectivos en Curso” por la que explicó que todos los procesos selectivos quedaron interrumpidos mientras durante el estado de alarma, y anunció que se reanudarán cuando finalice el mismo.

En estos tres casos quedó pendiente de completar la toma de posesión, que no es un trámite ajeno o adicional al proceso selectivo en su conjunto, sino que forma parte de este y, por lo tanto, no se pueden dar por finalizados todos los trámites administrativos que conlleva.

Un mes para tramitar la salida al trabajo anterior

Las personas opositoras que han aprobado alguno de esos tres procesos selectivos por el turno libre cuentan con un mes desde el 13 de marzo para tramitar su salida del trabajo anterior. Ese plazo quedó congelado hasta el término del estado de alarma, por lo que siguen disponiendo del mismo.

En todo caso, en estos tres casos, la mayor parte de las y los nombrados son de promoción interna, por lo cual ya estaban trabajando en la Administración antes de que se decretara el estado de alarma, y lo siguen haciendo.

29 personas con un trabajo previo ajeno a la Administración

En total, en estos tres procesos hay 74 personas de promoción interna, frente a 42 de turno libre. A estas cifras hay que restar las personas que ya trabajaban en la Administración como personal laboral o como interinos, por lo que la cifra de personas que tenían un trabajo previo y que debían renunciar al mismo ronda las 29.

Como se explicó antes, el Gobierno retomará este, y todos los demás procesos selectivos, en cuanto sea posible, siendo consciente de la situación en que se encuentran las citadas personas opositoras.