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El Gobierno aprueba una partida de 1,6 millones para el personal de nuevo ingreso en la Policía Canaria

Responde a la ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018 correspondientes al cuerpo de policía autonómico, que suma 57 nuevas plazas

El Gobierno de Canarias ha aprobado una partida de 1,6 millones de euros para atender los costes salariales del personal de nuevo ingreso en el Cuerpo de la Policía Canaria, con motivo de la ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018 correspondientes al cuerpo de policía autonómico.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez recordó que, al inicio de esta legislatura, los efectivos con los que contaba el Cuerpo General de la Policía Canaria eran de 96, pero debido a las convocatorias de la Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2018 se aumentan en las 57 plazas para las que se aprueba esta partida.

Por otra parte, puntualiza el consejero, la Oferta de Empleo Público de 2019 aumentará en otros 69 los efectivos del Cuerpo, por lo que al finalizar estos procesos el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 222 policías.

Además, apuntó Pérez, la Consejería tiene previsto llevar en los próximos meses al Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público del 2020, por lo que al finalizar todos estos procesos se prevé que la Policía Canaria pueda alcanzar los 300 efectivos antes de finalizar la legislatura.

El Tribunal Constitucional consolida el fondo de Acción Social de 2019 del Gobierno de Canarias

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La sentencia del TC sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra las ayudas de acción social estima parcialmente las alegaciones del Gobierno de Canarias

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó parcialmente las alegaciones efectuadas por el Gobierno de Canarias el pasado 13 de febrero ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración General del Estado sobre el artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2019 contra las ayudas de Acción Social. Con esta sentencia, que el Ejecutivo autonómico ha conocido ayer, se consigue consolidar un fondo de Acción Social igual al que ya se estableció en 2016 por importe de 6.750.000 euros.

El TC estimó que la pretendida declaración de inconstitucionalidad sobre el importe del Fondo de Acción Social debe proyectarse tan solo sobre el exceso inicialmente presupuestado en 2019. Así, la cuantía correcta -a juicio del TC- ha de ser de igual que la presupuestada para el ejercicio 2018. De esta forma, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad podrá ordenar el abono de las cuantías concedidas al personal público del Gobierno de Canarias que estaba pendiente de pago desde enero de 2019.

En ejercicio de la competencia contenida en el artículo 107.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno autonómico promovió en 2015 y 2016 el incremento progresivo de las dotaciones del fondo de acción social, entre cuyos objetivos legítimos que persigue, se encuentran, garantizar el principio de igualdad constitucional y no discriminación, en particular, en la asunción de las cargas familiares, mediante la previsión de ayudas en la asunción de gastos de guardería, para hijos de 0 a 3 años.

Dicha medida de restitución de derechos del personal del sector público está en consonancia con el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo publicado por resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Solo afecta la cuantía

El TC ha reconocido que en todo caso, y de acuerdo con lo alegado por la representación del Parlamento canario, el objeto del recurso debía quedar ceñido a los párrafos del precepto donde se fija la cuantía del Fondo de Acción Social y su distribución, y que debían quedar al margen los apartados que contienen normas respecto de las que nada se alegó en el recurso de inconstitucionalidad y que pueden, además, permanecer vigentes aun cuando el importe del Fondo de Acción Social, único contenido del precepto controvertido por el recurrente, hubiese sido declarado inconstitucional. Este fue el motivo por el que el Gobierno de Canarias solicitó el levantamiento de la suspensión de la aplicación de la norma recurrida.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias también argumentaron que no concurrían los presupuestos fácticos excepcionales, vinculados a la crisis económica de 2008, que justificaban el empleo de estas potestades excepcionales en ejercicios anteriores, puesto que si el Real Decreto-ley 24/2018 autoriza un incremento de las retribuciones de hasta un 2,5 por ciento porque la coyuntura económica lo permite, no se justifica entonces la prohibición de incrementar los gastos de acción social con los que la Comunidad Autónoma pretendía cumplir con obligaciones asumidas (abono de las primas de pólizas de seguros concertadas) y restituir derechos y beneficios que se han ido progresivamente cercenando, en legítimo ejercicio de sus competencias sobre acción social cuestionando.

Abono de las cantidades resultantes, en marzo

En la convocatoria de 2019 se presentaron 14.310 solicitudes, de las que 12.724 resultaron admitidas al cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria. Los conceptos más relevantes de las solicitudes son los que se refieren a Ayudas a la educación y a la formación, con 11.537 solicitudes, y Prótesis Dentarias, con 12.883 solicitudes, seguidas por las solicitudes de ayudas para Prótesis oculares (4.526 solicitudes) y para prótesis dentarias de cónyuges e hijos (2.135 solicitudes).

Por lo tanto, y según las Bases de la convocatoria, será la Dirección General de la Función Pública la que determinará la proporción en la que, por igual para todas las ayudas de Acción Social concedidas, ha de reducirse el importe a la luz de la sentencia conocida ayer.

La Dirección General de la Función Pública dará traslado de la resolución definitiva a la Dirección General de Planificación y Presupuesto a los efectos de las correspondientes transferencias de crédito a las consejerías u organismos para su posterior abono en las nóminas en las que perciben sus retribuciones las personas beneficiarias. Con carácter general serán las Secretarías Generales Técnicas (y en órgano de análoga naturaleza) las encargadas del abono de las ayudas. Se prevé que el abono se pueda efectuar en la nómina correspondiente al mes de marzo del año en curso.

De forma paralela, el 17 de febrero se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de Acción Social para el ejercicio 2020, que finalizará el próximo 17 de marzo. La Dirección General de la Función Pública ha abierto un canal de comunicación a fin de que la formulación y tramitación de dichas solicitudes se efectúe telemáticamente, buscando así una reducción de los plazos finales de resolución.

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El BOC publica hoy el nombramiento de 136 personas que ingresan como personal funcionario de la Comunidad Autónoma

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Se les adjudica puesto de trabajo en siete cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy el nombramiento como personal funcionario de carrera de 136 personas en siete resoluciones que se corresponden con igual número de cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como anunció el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en una reciente comparecencia parlamentaria, cuando adelantó que la Dirección General de la Función Pública tenía previsto efectuar estos nombramientos en el transcurso de este mes.

En las resoluciones publicadas hoy se incluyen los nombramientos de los siguientes cuerpos:

  • Dos personas que ingresan por promoción interna en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1).
  • Ocho por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1).
  • 12 por el sistema general de acceso libre en Cuerpo Facultativo, de Técnicos de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos de Grado Medio (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Técnicos de Prevención).
  • Tres por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Técnicos de Prevención.
  • 47 por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2).
  • Uno en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Arquitectos.
  • 63 en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1).

En todos los casos, la adjudicación del puesto de trabajo correspondiente es de carácter provisional y la toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes contado a partir del lunes de la próxima semana.

Por otra parte, quedan pendientes de efectuar el nombramiento en el turno libre del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Grupo A, Subgrupo A2 (hay 34 personas aspirantes seleccionadas); en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales, Grupo A, Subgrupo A2 (ocho personas aspirantes seleccionadas), y en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1, (en ejecución provisional de sentencia, con 14 aspirantes). En promoción interna están pendientes el Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1 (74 personas seleccionadas) y el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1 (dos personas seleccionadas). En todos estos casos, la Dirección General de la Función Pública continúa con la revisión de la documentación presentada con la intención de resolver lo antes posible.

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El ICAP recibirá este año 2,1 millones del Estado para formación del personal público

ICAP recibirá 2,1 millones en 2020 del Estado para formación

La directora del ICAP, Eva de Anta, que ha asistido en Madrid a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, sostiene que el Ejecutivo canario trabajará sobre las capacidades del personal público para atender las nuevas demandas de la ciudadanía

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, recibirá este año 2.133.600 euros, según el reparto de fondos acordado en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, celebrada en Madrid, y en la que participan las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes sindicales y de la Administración General del Estado.

La directora del ICAP, Eva de Anta, asistió ayer jueves a la reunión, en la que, explica, se aprobó el acuerdo para la gestión de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas por el que Canarias recibirá 1.457.000 euros correspondientes a los fondos autonómicos y 675.000 euros de los fondos locales. De Anta afirma que el Ejecutivo canario trabajará sobre las capacidades del personal público para atender las nuevas demandadas de la ciudadanía y afrontar los retos de crear valor público para una sociedad plural, participativa y diversa.

También se aprobó la convocatoria para 2020 de subvenciones para financiar planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, según informa De Anta, quien precisa dado que el pasado año no se convocaron dichas ayudas, en el presente ejercicio se concentrarán las partidas de los años 2019 y 2020 y se organizarán encuentros de personal técnico y directivo de los institutos de administración pública de las Comunidades Autónomas.

Durante la reunión, que organiza anualmente el Instituto Nacional de Administración Pública, se dio asimismo el visto bueno a partidas para el desarrollo y mantenimiento del Portal FEDAP (Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas), herramienta para la gestión integral, por medios electrónicos, de las subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para personal público promovidos en el ámbito de la Administración del Estado.

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El Gobierno oferta los puestos de trabajo a las 268 personas seleccionadas en 12 procesos selectivos

Gobierno de Canarias oferta puestos de trabajo a aspirantes de 12 procesos selectivos

 La Dirección General de la Función Pública prevé publicar los nombramientos en febrero de 2020

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la relación de las 268 personas aspirantes seleccionadas en 12 procesos selectivos para el acceso a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto por el sistema general de acceso libre, como por promoción interna, y oferta los puestos de trabajo correspondientes a cada cuerpo para que las personas aspirantes manifiesten su preferencia en relación a los mismos. La Dirección General de la Función Pública prevé publicar en febrero de 2020 las resoluciones por las que las personas seleccionadas serán nombradas personal funcionario de carrera y se les adjudica la correspondiente plaza.

El BOC publica las resoluciones sobre las relaciones de aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de las Ofertas Públicas de Empleo finalizadas y correspondientes a los años 2015 y 2016 y se les ofertan puestos para los siguientes procesos del sistema general de acceso libre:

  • Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales, Grupo A, Subgrupo A1, con 63 personas.
  • Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General, Grupo A, Subgrupo A2, con 47 nuevas personas.
  • Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados, Grupo A, Subgrupo A1, con ocho personas.
  • Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Grupo A, Subgrupo A2, con 34 personas.
  • Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales, Grupo A, Subgrupo A2, con ocho personas.
  • Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Técnicos de Prevención, Grupo A, Subgrupo A1, con tres personas.
  • Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Técnicos de Prevención, Grupo A, Subgrupo A2, con 12 personas.
  • Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1, (en ejecución provisional de sentencia), con 14 nuevos aspirantes.

Respecto al turno de promoción interna, se publica la relación de aspirantes y puestos para los procesos selectivos correspondientes al Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1, con 74 personas; al Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Arquitectos Grupo A, Subgrupo A1, con una persona; al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1, con dos personas; y al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios, Grupo A, Subgrupo A1, con dos personas.

A partir de la publicación en BOC de la relación de personas aspirantes y puestos que se les ofertan, las personas interesadas disponen de un plazo de 20 días hábiles a fin de acreditar los requisitos a los que hace referencia el artículo 7 de las bases generales que rigen los procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 2016, (BOC núm. 252, de 29 de diciembre de 2016), así como los establecidos en las convocatorias específicas de cada cuerpo y escala, junto con las declaraciones responsables recogidas en el apartado 3 del artículo 14 de dichas bases.

Transcurrido el plazo de 20 días hábiles, la Dirección General de la Función Pública deberá comprobar el cumplimiento de dichos requisitos y procederá a adjudicar provisionalmente las plazas ofertadas, según la elección efectuada por las personas aspirantes y según el número de orden obtenido en el proceso selectivo.

Una vez realizados dichos trámites, la Dirección General de la Función Pública prevé que para el mes de febrero se publiquen las resoluciones por las que serán nombrados personal funcionario de carrera y se les adjudica la correspondiente plaza.

Decreto Ley 6/2019

El Gobierno de Canarias aprobó en octubre el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones Canarias con el objeto facilitar la incorporación inmediata de nuevas personas. Asimismo, tiene como finalidad conciliar las expectativas de movilidad, promoción profesional y carrera administrativa en la Administración autonómica de los funcionarios y funcionarias de carrera con las de acceso a los empleos públicos del personal de nuevo ingreso.

Además, dicho Decreto Ley ha permitido ampliar el número de plazas ofertadas, lo que se traduce en un mayor número de personas aspirantes finalmente seleccionadas en cada uno de los procesos selectivos afectados.

Función Pública asegura que la norma de ordenación del empleo público resuelve un grave problema de gestión

Norma de ordenación del empleo público resuelve un grave problema de gestión

La directora general del área, Laura Martín, participa en Sevilla en el ‘I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública’ y afirma que el Decreto Ley da respuesta al conflicto de derechos entre diversos colectivos del personal público

La directora general de la Función Pública del Gobierno del Gobierno de Canarias, Laura Martín, habló ayer miércoles en Sevilla sobre los retos en la organización de los recursos humanos en las administraciones públicas, citó el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones canarias, aprobado por el Ejecutivo canario, y afirmó que esta norma resuelve un grave problema de gestión del empleo público al dar respuesta al conflicto de derechos entre las personas que ya tienen una plaza y aquellas que aspiran a acceder a un puesto público mediante procesos selectivos.

Martín, que hizo estas manifestaciones durante su participación en el ‘I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública’, explicó que la apertura de diversas oposiciones, tras un largo período sin convocar procesos selectivos, ha generado una colusión entre los derechos de los colectivos de personas que ya tienen un puesto en la Administración autonómica y de los que aspiran a una plaza, y detalló que el Decreto Ley servirá para conciliar las aspiraciones de ambas partes.

Se trata de acoplar las expectativas del personal público de acceder otras plazas, mediante concurso de traslado, con las de aquellas personas de nuevo ingreso que, tras superar una oposición, resulten adjudicatarias de una plaza, detalla la directora general de la Función Pública, quien precisó que con el Decreto Ley se afina el régimen jurídico de la adjudicación provisional.

Martín informó de que el Decreto Ley, que ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias, obliga a convocar un concurso de traslado para todo el personal cuando concluyan los procesos selectivos en curso y además trata de resolver la falta de nombramientos definitivos en las corporaciones locales de personal de Secretaría, Intervención o Tesorería.

La norma también incrementa los puestos de trabajo que, en determinado proceso selectivo, habían sido reservados para aspirantes en situación legal de discapacidad, que no han sido cubiertas y no podrán ser ocupadas pero que pueden acumularse a las del turno general, expuso la directora general de la Función Pública.

Cerca de 200 empleados y empleadas públicas asisten a la primera sesión de los “ICAP´s Talk”

Primera sesión ICAP's Talk

El experto en modernización Fernando Álvarez remarca que la Administración pública debe ser un agente facilitador del cambio en la sociedad

“ICAP´s Talk” es el nombre del ciclo de charlas organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública, en coordinación con la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, destinadas al personal público para aprovechar su conocimiento en la mejora de la gestión. A esta primera sesión asistieron cerca de 200 empleados y empleadas públicas, además de altos cargos de Presidencia del Gobierno.

El invitado en esta ocasión ha sido el especialista en modernización pública, Fernando Álvarez, que ha insistido en la importancia de que las administraciones empleen los datos de los que disponen en sus procesos de mejora. Para el experto, la Administración tiene que ser el motor y un agente facilitador del cambio en la sociedad, de forma que al mismo tiempo que mejoren los servicios que presta, se generen oportunidades de emprendimiento se facilite un cambio del modelo productivo.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, inauguró el acto. Tras apuntar que es imposible cambiar la Administración sin el concurso de su personal, recordó los cuatro pilares en los que apoya su gestión: estabilidad de la Administración (para evitar que esté expuesta a sobresaltos periódicos en un entorno de cambios que son cada vez más rápidos); digitalización (para incentivar esta forma de relación entre la Administración y la ciudadanía); transparencia (la exigencia de la rendición de cuentas no debería suponer un aspectos aislado o adicional a la rutina de trabajo del personal público), y la evaluación de resultados (de forma constante a través de datos objetivos).

Álvarez puso en valor los cuatro puntos que explicó Pérez, con los que coincidió, para añadir que la modernización en el ámbito público es, principalmente, un proceso de transformación digital en el que están implicadas la sociedad, así como los sectores productivos y económicos, además de la propia Administración. Ello que implica la incorporación de tecnología en la prestación de servicios con el doble objetivo de optimizar la gestión pública y aportar valor a la sociedad, por un lado, además de generar un ecosistema de innovación y emprendimiento para que las generaciones futuras puedan desarrollar actividades profesionales en torno al mismo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los pilares estratégicos de crecimiento inteligente y sostenible.

Por su parte, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Participación, Alejandro Rodríguez, remarcó que la Administración se enfrenta a un momento crítico porque debe afrontar dos retos de manera simultánea: la transformación de lo digital en su ámbito y el relevo generacional. Enfatizó que ahora se vive no una época de cambio, sino un cambio época, y explicó que el mayor problema que se encuentra la Administración para seguir adelante en este contexto no está relacionado con el desafío tecnológico, sino con el empoderamiento de sus recursos humanos.

La directora del ICAP, Eva De Anta, relacionó el proceso de modernización de la Administración pública que el Gobierno quiere impulsar en esta legislatura con la hoja de ruta de los ODS de la Agenda 2030 a los que se refiere Álvarez. Señaló que estas charlas servirán como un punto de encuentro para originar un debate en torno a cómo afrontar este reto, a través del conocimiento de gestores expertos que puedan transmitir al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias su experiencia en este campo.

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La directora del ICAP destaca la formación del personal público como medida para implementar los ODS en Canarias

La directora del ICAP, Eva de Anta, participa en el Congreso CLAD 2019

Eva de Anta participa en el Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo que se celebra esta semana en Argentina

La directora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), Eva de Anta, ha señalado el papel imprescindible del personal al servicio de las administraciones públicas para mejorar la gestión y ha destacado el interés del Gobierno de Canarias por poner al personal público en el centro de la organización, con formación continua y actualizada para mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y como medida transformadora para implementar los Objetivos de Desarrollo  Sostenible (ODS) en las Islas.

Eva de Anta se manifestó así este jueves durante su intervención en el XXIV Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública que se celebra esta semana en Buenos Aires, Argentina. En dicho foro recalcó que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su compromiso firme para que la Agenda 2030 se convierta en el eje vertebrador de la acción del Ejecutivo canario, por lo que, agregó, todas las acciones públicas que se están desarrollando están teniendo como guía cada uno de los 17 ODS.

El inicio de la implementación de los ODS se desarrollará a lo largo de los próximos cuatro años, con vistas a que los cimientos de lo que se consolide permitan que en los años siguientes se pueda completar la ejecución del 100% de los objetivos de la Agenda 2030 relativos al personal público en las ocho islas de Canarias, detalló De Anta.

Aseguró la defensa del Ejecutivo canario de los servicios públicos, y para que éstos logren la calidad deseada, dijo, es imprescindible que las trabajadoras y los trabajadores públicos gocen de la formación, organización, estabilización y motivación que posibilite dicha prestación de calidad.

De Anta expuso que la Administración debe ser ágil, moderna y eficiente para conseguir una mayor transformación y en esto, señaló, el personal público juega un papel fundamental a la hora tener una mayor implicación en la mejora de la gestión. “Por eso queremos poner a la plantilla de la Administración pública en el centro de la organización para involucrarla y empoderarla en la transformación, con formación actualizada, nuevas herramientas de trabajo en red, innovación, Big Data y digitalización de procesos clave y estrategias para atraer el talento”, especificó.

Siendo conscientes de que las administraciones públicas deben modernizarse, optimizar y racionalizar sus recursos humanos y materiales, adaptándolas al siglo XXI, De Anta afirmó que dicho proceso debe ir en paralelo con el de la recuperación del poder adquisitivo de las retribuciones –como ya ha anunciado el Gobierno de España-, así como la dignificación de la figura del personal público, el incremento de su eficiencia y un mayor esfuerzo pedagógico para que la ciudadanía valore los servicios que prestan.

La directora trasladó que desde el ICAP se está diseñando un ambicioso programa de impulso del personal público para mejorar su aprendizaje y formación, y colaborar de manera coordinada con la Dirección General de Función Pública para incrementar los efectivos del sector público autonómico adoptando las medidas necesarias para promover la carrera profesional.

Habló también de la elevada tasa de temporalidad en la Administración Autónoma de Canarias y aseveró que una de las prioridades del Gobierno de Canarias está siendo la de resolver las altas tasas de interinidad y consolidar y estabilizar el empleo público en Canarias.

Con el objetivo de mejorar el nivel de conocimiento en el empleo público, “enfocaremos nuestra propuesta hacia la colaboración, intercambio de información y el manejo de instrumentos de coordinación entre administraciones públicas y con universidades canarias”, detalló.

Del mismo modo, indicó, se habilitarán espacios en las islas no capitalinas en coordinación con cabildos y ayuntamientos para no sólo impartir la formación necesaria o requerida, sino también para que sirva de punto de encuentro de la plantilla y poder así intercambiar experiencias, ideas e innovación de las diversas administraciones a las que pertenece.

“Reconocemos la formación como un derecho y un deber del personal que trabaja en las administraciones públicas y ello determina la necesidad de realizar ajustes o mejoras para aclarar alguna de sus funciones o actuaciones en su puesto de trabajo”, declaró.

Asimismo, De Anta expuso que durante la presente legislatura se impulsará el diseño y la posible ejecución de un plan de reestructuración y unificación de la formación de las plantillas de las diversas administraciones con la finalidad de optimizar recursos e implementar las medidas necesarias para promover su carrera profesional.

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Gobierno y Fundación Universitaria de Las Palmas colaborarán en la formación del personal público

ICAP y FULP colaborarán en la formación de personal público

 La directora del ICAP, Eva de Anta, y el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, se reúnen para concretar propuestas

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) colaborarán en la formación de empleadas y empleados públicos. Al respecto, la directora del ICAP, Eva de Anta, y el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, han mantenido esta semana una reunión en la que han mostrado su total predisposición a colaborar y han analizado distintas propuestas, entre ellas, la posible firma de un convenio de colaboración.

De Anta considera dicha cooperación como una gran oportunidad dado que unos de los ejes de actuación del Ejecutivo canario es la puesta en valor del trabajo del personal de las administraciones Públicas, así como la investigación en las universidades canarias.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la FULP, acordaron empezar a trabajar de forma específica para intentar desarrollar el próximo año la propuesta de un Experto Universitario en competencias digitales para la administración pública, lo que permitiría, según De Anta, convalidar créditos en la universidad y supondría una motivación para los trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas, “que son nuestro mayor y mejor recurso”.

La directora del ICAP confía en mantener próximamente un encuentro con la Universidad de La Laguna con el mismo fin, dado que la formación continua es fundamental para la optimización del servicio que prestan las administraciones públicas a la ciudadanía, y destaca el papel central de las universidades y su labor estratégica para impartir conocimientos a partir de la formación especializada.

Un total de 538 admitidos se presentarán a las oposiciones para secretarios e interventores interinos locales

538 admitidos a las pruebas selectivas de secretarios e interventores interinos

Las pruebas selectivas, consistentes en un único ejercicio para cada una de las subescalas, se celebrarán el próximo mes de noviembre

La Dirección General de la Función Pública, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha publicado la lista provisional de personas admitidas de las pruebas selectivas para la constitución de tres listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino en puestos reservados a personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en las Subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención, para las que han sido admitidas 538 personas. Con este proceso selectivo se pretende dar respuesta a la actual situación de insuficiencia de dichos efectivos en las corporaciones locales canarias, explica el consejero del área, Julio Pérez.

Las pruebas, consistentes en un único ejercicio para cada subescala, se celebrarán el próximo mes de noviembre, según publica esta semana el Boletín Oficial de Canarias (BOC), mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y se fija el lugar, la fecha y la hora de cada uno de los ejercicios.

Todas las solicitudes presentadas han sido aceptadas, por lo que no hay lista de personas excluidas. En total son 538 las personas aspirantes que han sido admitidas; 201 en la Subescala de Secretaría, 179 en la de Secretaría-Intervención y 158 en la correspondiente a Intervención-Tesorería.

No obstante, quienes habiendo presentado la solicitud en el plazo establecido no figuren en el listado dispondrán de diez días hábiles, a partir de mañana viernes, para presentar alegaciones. También cuentan con ese mismo plazo, quienes no indicaron en su solicitud la provincia por la que optan para la realización de las pruebas en el caso de que no estén conformen con la provincia asignada en las listas.

Las pruebas de la fase de oposición, que consistirán en un ejercicio único por cada subescala, comenzarán el próximo día 9 de noviembre, a las 9:00 horas, para la Subescala de Intervención-Tesorería y se celebrarán en el Edificio de Ingenierías, Campus Universitario de Tafira, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Biblioteca General y de Humanidades, campus de Guajara, de la Universidad de La Laguna.

Los mismos lugares de las dos provincias acogerán los ejercicios de las otras dos subescalas. En cuanto a la Subescala de Secretaría, la prueba se desarrollará el 16 de noviembre, a las 9:00 horas; y el relacionado con la subescala de Secretaría-Intervención tendrá lugar a las 9:00 horas del día 30 de noviembre.

Proceso selectivo de Ingenieros Industriales

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias ha alzado la suspensión del plazo máximo de finalización del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, que afecta actualmente a 15 personas.

La Dirección General de Función Pública, mediante resolución de 6 de agosto de 2019, dejó sin efecto la resolución adoptada el 19 de julio de suspensión del plazo máximo de finalización de los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al Ingenieros Industriales, hasta que no hubiera un pronunciamiento judicial sobre la solicitud de rectificación de error material del fallo de la sentencia del TSJC de 14 de junio de 2019.

Una vez recibido Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 13 de septiembre de 2019, por el que se subsana el fallo de la citada Sentencia de 14 de junio de 2019, se procede ahora a alzar la suspensión del plazo máximo para resolver el referido proceso selectivo.