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Alumnado de las universidades públicas canarias podrá realizar prácticas laborales en el Gobierno de Canarias

Un joven trabaja frente a un ordenador

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribe sendos convenios con la ULL y la ULPGC para que el alumnado universitario pueda adquirir experiencia profesional para su posterior inserción laboral

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha suscrito sendos convenios de colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para que el alumnado de ambas instituciones académicas pueda realizar prácticas externas en dependencias y centros de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El objeto de estos acuerdos es dotar al alumnado de un mayor componente práctico a su formación académica, así como adquirir experiencia profesional para su posterior inserción laboral.

Julio Pérez ha suscrito estos acuerdos de colaboración con el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, y con la vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara de la ULL, Gloria Lastenia Hernández, quienes muestran mediante esta firma su deseo de establecer una estrecha colaboración educativa en el ámbito de la realización de prácticas externas de las titulaciones de grado y máster de las universidades canarias, destinadas a la formación íntegra del estudiantado universitario y a la mejora de su empleabilidad.

Así, los convenios comprenden la realización de prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares en las distintas áreas de actividad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma por parte de estudiantes de Grado y Máster de diferentes disciplinas académicas y conseguir, de esta manera, una formación más completa en contacto con el ambiente real del mundo laboral y el trabajo desarrollado en las ocupaciones profesionales relacionadas con los estudios que cursa.

La realización de prácticas formativas externas por parte del alumnado universitario tiene por objeto dotar de un mayor componente práctico a su formación académica, conectando los estudios universitarios con las actividades profesionales y con las salidas laborales existentes. Se trata de un mecanismo de conexión permanente de las universidades con el tejido productivo y el mundo empresarial, así como con el entramado institucional y organizativo de Canarias, al tiempo que se ofrece al estudiantado experiencia en el mundo laboral para su posterior inserción profesional en las ocupaciones del mercado de trabajo adecuadas a los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridos en la titulación cursada.

Objetivos

Entre los objetivos de los acuerdos están contribuir a la formación integral de los y las estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico; facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que alumnado universitario habrá de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos; favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas; obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura; y favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

La relación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el o la estudiante que acoge para el desarrollo de prácticas externas no será en ningún caso de carácter laboral. La realización de las prácticas no constituirá mérito para el acceso a la función pública, ni se computará a efectos de reconocimientos de servicios previos. Asimismo, la Administración autonómica, sus organismos autónomos y entidades de Derecho Público no podrán cubrir, siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo con alumnado en prácticas externas, ni establecer una relación laboral retribuida.

Dado su carácter formativo, de la realización de las prácticas externas no se derivará, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

En este sentido, los y las estudiantes no cumplirán órdenes de trabajo; deberán identificarse como personal externo al centro donde realizan las prácticas; no dispondrán de acceso propio a sistemas, aplicativos ni recursos electrónicos, ni utilizarán medios telemáticos de la Administración; sus tareas serán formativas y no productivas y, en particular, no podrán realizar funciones propias del personal al servicio de las Administraciones Públicas ni se turnarán con dicho personal y no estarán sujetos a las normas sobre horario de dicho personal ni a los medios de control de horario propios de los mismos.

Los convenios suscritos tendrán una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse en cualquier momento antes de su finalización, previo acuerdo de ambas partes, por un período de hasta otros cuatro años adicionales.

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El Gobierno examinará por internet a más de 3.000 opositores en colaboración con la UNED

Una persona estudia con un ordenador

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, suscribe un convenio con la UNED a fin de realizar las segundas pruebas para el ingreso por acceso libre en los cuerpos administrativo y auxiliar de la Comunidad Autónoma que en el futuro facilitará la participación de las y los aspirantes con independencia de la Isla dónde habiten, una nueva manera de realizar las oposiciones que marca el camino de las siguientes

El convenio es un mecanismo destinado a alcanzar el objetivo del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias de impulsar la transformación digital de las administraciones a través de la celebración de los procesos selectivos a través de medios digitales

El Ejecutivo compensará el coste de las actividades del convenio que serán asumidas por la UNED, cuantificado en 29.138,40 euros, que abarca tanto el coste tecnológico como la coordinación y dirección del proyecto

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha suscrito un convenio con el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, a fin de celebrar a través de la plataforma AVEX de la UNED los segundos ejercicios de la fase de oposición correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso por turno libre, en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2, respectivamente), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por sendas resoluciones de la Dirección General de la Función Pública de 10 y 11 de abril de 2018, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, número 75 de 18 de abril de 2018. Este convenio es el primer paso para introducir una nueva forma de realizar los procesos selectivos que facilitarán la participación de las y los aspirantes con independencia de la Isla dónde habiten, lo que constituye una nueva manera de llevar a cabo el proceso que marca el camino de las siguientes, con lo que el Gobierno de Canarias estrena así una modalidad de oposiciones que cambiará la forma en que se realizarán en lo sucesivo.

Esta iniciativa se inscribe en la estrategia de transformación digital que impulsa el Gobierno de Canarias, en la que también se enmarcan, entre otras, la implantación del teletrabajo entre el personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias, la expansión de las comunicaciones no presenciales y la telematización en la Administración autonómica, o el impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la actividad administrativa y en la relación del Ejecutivo de Canarias con la ciudadanía. Todas estas iniciativas servirán para mejorar la eficacia de las políticas públicas y la eficiencia de la asignación de recursos públicos.

Asimismo, el convenio es una vía que permitirá alcanzar el objetivo contemplado en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias de impulsar la transformación digital de las administraciones a través de la celebración de los procesos selectivos a través de medios digitales de forma que, además, se permita el mayor despliegue territorial que amplíe las posibilidades de selección a todo el territorio del documento, eje de actuación contenido dentro de la prioridad estratégica Agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa de dicho plan.

El convenio detalla que la Plataforma AVEX de la UNED es una aplicación para la realización de exámenes tanto de tipo test como de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador web actualizado y ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados a la red.

Asimismo, estipula que, con el fin común de colaborar en el diseño y desarrollo de las pruebas citadas, la UNED se compromete, entre otros aspectos, a realizar el diseño y coordinación de la celebración online de estos segundos ejercicios de la fase de oposición, así como poner a disposición de la Dirección General de la Función Pública la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades.

Por su parte, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete a velar y prestar el apoyo necesario para el adecuado cumplimiento del diseño y puesta en práctica del sistema de evaluación elaborado por los respectivos Tribunales Calificadores a través de la plataforma de la UNED; poner a disposición de la UNED el contenido de las pruebas a realizar diseñados y elaborados por los Tribunales Calificadores constituidos en cada proceso selectivo, la lista definitiva de aspirantes admitidos, la plantilla provisional y definitiva de respuestas que han de regir la evaluación online en orden a determinar la correcta superación de los segundos ejercicios indicados.

Además, se compromete a hacer una compensación del coste de las actividades objeto del convenio que serán asumidas por la UNED que se cuantifica en 29.138,40 euros, cantidad que resulta de la compensación del coste tecnológico que abarca la preparación y adecuación de la plataforma (24.282 euros) y la coordinación y dirección del proyecto (4.856,40 euros), compensaciones que se abonarán previa justificación por la UNED y certificación correspondiente, por parte del órgano correspondiente de la Dirección General de la Función Pública, de que se ha realizado la actividad.

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El Estado aporta 2,2 millones de euros para la formación del personal público canario

El ICAP recibirá en 2021 del Estado 2,2 millones para la formación del personal público

La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, celebrada por videoconferencia, ha acordado el reparto de fondos para el próximo ejercicio

La directora del ICAP recuerda que uno de los objetivos del Ejecutivo canario es la formación continua de competencias profesionales de las y los empleados públicos, una prioridad marcada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, recibirá el próximo año 2021 un total de 2.191.060 euros en partidas procedentes del Estado para la gestión de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas.

Así se acordó hoy jueves en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, celebrada por videoconferencia, y en la que participan las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes sindicales y de la Administración General del Estado.

La directora del ICAP, Eva de Anta, participó en la reunión, en la que se aprobó el acuerdo para la gestión de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas y por el que Canarias recibirá 1,5 millones de euros correspondientes a los fondos autonómicos y 646.000 euros a los fondos locales.

De Anta recuerda que uno de los objetivos del Ejecutivo canario es la formación continua de competencias profesionales de las y los empleados públicos, una prioridad marcada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien considera fundamental la actualización permanente del conocimiento por parte del personal público para optimizar el servicio que se presta a la ciudadanía.

Al respecto, la directora indica que el objetivo del ICAP para el próximo ejercicio  será seguir trabajando para lograr la máxima calidad y excelencia en la formación del capital humano de las administraciones públicas, con el fin de que desempeñe su labor de manera eficaz, fomentar el desarrollo de su carrera profesional y prestar un superior servicio a la ciudadanía.

Así, detalla, se proseguirá con la actualización y formación continua como medida transformadora para implementar los Objetivos de Desarrollo  Sostenible (ODS) en las Islas, en el marco del compromiso del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que la Agenda 2030 se convierta en el eje vertebrador de la acción del Ejecutivo canario;  y se seguirá trabajando en la Dirección por Objetivos, así como en la mejora de las competencias digitales para incentivar la forma de relación telemática entre la Administración y la ciudadanía.

Durante la reunión, que organiza anualmente el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se aprobó también el Programa de actividades complementarias de interés general de mejora del empleo de las Administraciones Públicas para 2021, así como la composición de la Comisión Permanente de la Comisión General para el próximo año.

 

 

 

El Gobierno aprueba una oferta pública de empleo con 373 plazas para Administración General en 2020

Consejo de Gobierno de Canarias

La oferta respeta los límites establecidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, vigente en el presente año

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 10 de diciembre, el decreto por el que se aprueba la oferta pública de empleo (OPE) de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 que comprende un total de 373 plazas, de las que 295 corresponden al sistema general de ingreso libre y 78 al acceso mediante promoción interna.

La presente oferta respeta los límites establecidos en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, vigente en el año 2020, por la que la Comunidad Autónoma de Canarias dispone de una tasa de reposición de 295 efectivos. Según dicha ley, no computan dentro del límite máximo de plazas derivadas de la tasa de reposición de efectivos aquellas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.

Las del turno libre incluyen 295 plazas distribuidas entre los cuerpos superiores de Administradores, Facultativo, Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Gestión, Agentes de Medio Ambiente, Agentes de Inspección Pesquera y Administrativo Técnico. Las 75 plazas de promoción interna se reparten entre los cuerpos superiores de Administradores, Gestión, Administrativo, Agentes de Medio Ambiente y Administrativo Técnico.

La OPE está orientada a cubrir las necesidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, completando así las ofertas realizadas en los ejercicios precedentes. Con ello se persigue prever las medidas de planificación de recursos humanos destinadas a contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad, acorde en todo caso con lo previsto en el artículo 69 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las personas aspirantes de los procesos selectivos de la CCAA de las categorías C1 y C2 se examinarán por internet

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Las 3.184 personas aspirantes que aprobaron el primer ejercicio para ingresar al Cuerpo Administrativo (C1) y al Cuerpo Auxiliar Administrativo (C2) de la Comunidad Autónoma de Canarias deben cumplimentar un formulario disponible en los enlaces https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6683 (para C1) y https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6682 (para C2) a través de la sede electrónica

Quienes no dispongan del sistema de identificación requerido para acceder a la sede electrónica, podrán descargar el formulario y enviarlo a la cuenta de correo electrónico selecperfun@gobiernodecanarias.org , con el asunto Comunicación disposición de medios electrónicos segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

En ambos casos, el plazo comienza hoy, jueves 12 de noviembre, y acaba el lunes 16 a las 23:59 horas. De no presentarlo, se entenderá que participa con sus propios medios

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, anuncia la continuidad de los procesos selectivos iniciados por medio de las resoluciones de 10 y 11 de abril de 2018 de la Dirección General de la Función Pública publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 75 de 18 de abril de 2018, por las que se procedieron a convocar los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso por turno libre en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2, respectivamente), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Culminado el primer ejercicio, a continuación se celebrará el segundo, que tendrá lugar a través de la plataforma AVEX de la UNED cuando determine el Tribunal Calificador.

Los primeros ejercicios tuvieron lugar antes de la declaración del Estado de Alarma, y las personas que aprobaron fueron un total de 3.184, distribuidas de la siguiente forma:

  • C1 Cuerpo Administrativo: 1.330 personas.
  • C2 Cuerpo Auxiliar Administrativo: 1.854 personas.

La directora general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, señala que la continuidad de estos procesos selectivos con las debidas garantías de objetividad, mérito y capacidad, constituye una prioridad para esta Administración.

Martín explica que, en cumplimiento de los protocolos y de las medidas de seguridad y prevención aprobados por las autoridades sanitarias en consideración a la actual situación de pandemia global, la organización de los segundos ejercicios de la fase de oposición de los procesos selectivos de participación masiva exige la articulación de vías telemáticas para su realización online evitando la aglomeración de personas en un mismo espacio físico.

De conformidad con las Bases Generales, artículo 4.c), así como las respectivas Base Específica 10.2, aprobadas en cada resolución de convocatoria, el segundo ejercicio de la fase de oposición consistirá en una “prueba [que] se desarrollará en soporte informático para lo cual se pondrán a disposición de las personas aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización.”

Para su realización, en cumplimiento de los protocolos sanitarios, se pone a disposición de todos los aspirantes con derecho a realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición la plataforma AVEX de la UNED (puede consultarse toda la información en torno a la plataforma a través del siguiente enlace: https://blogs.uned.es/avex/ ).

Esta aplicación está diseñada para la realización de forma online de exámenes tanto de tipo test como de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador web actualizado y ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados a la red. El único requisito técnico que habrá de disponer la persona aspirante es el de una webcam operativa durante la celebración del ejercicio.

Para la organización de sendos eventos de participación masiva de forma telemática se precisa, con carácter previo, que cada aspirante cumplimente a través de sede electrónica el formulario disponible al que puede acceder a través de los siguientes enlaces:

Para el cuerpo Administrativo, C1: https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6683

Para el cuerpo Auxiliar, C2: https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6682

En estos formularios se deberá:

  • Confirmar el correo electrónico a través del que podrá acceder a la plataforma AVEX.
  • Manifestar la disposición de un equipo con conexión a internet con el que conectarse a la plataforma, que cuente con una cámara web operativa al momento de celebrar el examen.

No se precisa de requisito técnico específico adicional.

Esta confirmación implicará que realizará el segundo ejercicio de la oposición de forma online a través de su propio equipo.

En caso de no disponer del sistema de identificación requerido para acceder a la sede electrónica, se podrá cumplimentar el formulario indicado al que podrá acceder y descargar en el portal web del proceso selectivo que corresponda, debiendo enviarlo a la siguiente cuenta de correo electrónico: selecperfun@gobiernodecanarias.org , con el asunto: Comunicación disposición de medios electrónicos segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

Para su cumplimentación se dispone de un plazo de tres días hábiles, iniciándose hoy, jueves 12 de noviembre y, finalizando el 16 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas.

En caso de no presentarlo en tiempo se entenderá que participa en el segundo ejercicio con sus propios medios.

La participación en estos segundos ejercicios de la fase de oposición implicará la prestación de conformidad expresa para el tratamiento de datos por la UNED, limitado este último a las labores estrictamente técnicas que permitan la celebración de los ejercicios. El diseño y contenido de los exámenes, así como su evaluación quedarán a exclusiva disposición del respectivo Tribunal Calificador.

Para cualquier consulta, se puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección de email: funcionpublica@gobiernodecanarias.org , poniendo en el asunto: Consulta relativa al segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

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El Gobierno autoriza al ICAP a completar las partidas para financiar programas de formación a entidades locales

Se incrementa hasta 199.948 euros la subvención a la Fecam para instrumentar acciones formativas del personal público

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy jueves, 5 de noviembre de 2020, a iniciativa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la generación de un crédito del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) por 6.988,50 euros para la formación de personal público de las entidades locales. Con este crédito se aumenta hasta los 199.948,50 euros la subvención a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para instrumentar actividades formativas.

La memoria del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) pone de manifiesto que por acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para la gestión de los fondos de formación de 2020, reunida el 16 de enero de 2020, se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de 675.730,00 euros para la formación del personal de las entidades Locales canarias, dentro del marco del Acuerdo de formación para el empleo de las Administraciones Públicas.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dictó una orden en junio por la que se acordaba la asignación y distribución de los fondos públicos de formación para el empleo de las Administraciones Públicas para 2020, asignados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) y destinados a la financiación de la formación del personal público de las entidades locales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Mediante dicha orden, se asignó un total de 192.960 euros para la partida presupuestaria ‘Subvención FECAM formación empleados públicos entidades locales canarias’, que ahora se incrementa en 6.988,50 euros.

Dado que el importe inicialmente previsto, tanto en el presupuesto de ingresos como de gastos del ICAP, era de 652.110,00 euros, nace la necesidad de generar crédito por el mayor importe concedido.

El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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El Gobierno adquiere 4.000 licencias de correo electrónico para facilitar el teletrabajo de su personal

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías tramita esas licencias, por valor de 24.353,20 euros y financiadas al 85% con fondos Feder, ante la incorporación en septiembre de nuevo personal sanitario y educativo

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha dado cuenta hoy, jueves 1 de octubre de 2020, al Consejo de Gobierno de una resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la que se tramitó un expediente de contratación para la adquisición de 4.000 licencias de correo electrónico con el fin de facilitar el teletrabajo del personal sanitario y educativo de la Administración pública.

La adquisición de esas 4.000 licencias cliente, por valor de 24.353,20 euros, ha sido cofinanciada al 85% con fondos Feder, por lo que el 15% restante se completa con aportación de la Administración autonómica. La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías justificó que, para garantizar que el personal del Gobierno de Canarias pudiera seguir realizando sus funciones en la modalidad del teletrabajo, era imprescindible facilitar y asegurar la actividad administrativa, motivo por el que se procedió a esa compra.

Cuando comenzó la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, en marzo de este año, el Gobierno de Canarias disponía de 30.000 licencias cliente, número que resultaba suficiente para el colectivo del personal público, ya que la mayoría utilizaba plataformas ajenas al servicio corporativo de correo electrónico o no utilizaba el correo electrónico como herramienta de trabajo. No obstante, debido a que el grueso de los empleados y empleadas públicos comenzaron a realizar sus funciones de manera telemática, se hizo necesaria la contratación de 10.000 licencias adicionales.

Ha sido en septiembre de 2020, con motivo del incremento del personal sanitario y docente para atender las demandas sociales sanitarias y educativas, cuando se ha necesitado adquirir estas 4.000 licencias para que esos trabajadores y trabajadoras se incorporaran al uso del correo corporativo del Gobierno de Canarias.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha incluido en el Portal de Transparencia, dentro del cuadro Información COVID-19, un apartado en el que la ciudadanía puede acceder a toda la información actualizada de los contratos adjudicados y formalizados por el procedimiento de emergencia por la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo de la pandemia

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contratacion/actividad- contractual/emergencia/).

Asimismo, esta Consejería ha solicitado la inclusión de ese expediente dentro de la relación pormenorizada de los expedientes tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, con lo que debe ser remitido al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera, apartado 1.a), de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Oferta de estabilización para 1.500 interinos y temporales: acuerdo de la Comisión de Función Pública

Alejandro Rodríguez, durante la celebración hoy, 31 de julio de 2020, de la Comisión de la Función Pública Canaria

El órgano consultivo, en el que participan Gobierno y sindicatos, aprobó hoy los criterios que se fijarán en Decreto de Estabilización del Empleo, para reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero Julio Pérez resalta el compromiso alcanzado: “Seguiremos negociando”, dijo, “con el propósito de hacer las Ofertas de Empleo antes del 31 de diciembre de 2020”, dirigidas al personal funcionario interino y laboral temporal

La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, integrado por Gobierno y sindicatos, informó hoy favorablemente sobre el Proyecto de Decreto de Estabilización del Empleo Temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la Oferta Extraordinaria de Estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados y empleadas de la administración canaria, actualmente en situación de interinidad.

La decisión contó con los votos favorables de tres (UGT, CSIF y CCOO) de las cinco organizaciones sindicales que integran el órgano consultivo. Otras dos (Intersindical Canaria y Sepca) votaron en contra. En la reunión participaron por el Gobierno el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín.

El texto aprobado define los criterios que deben reunir las plazas que conformarán dicha OPE en el marco de los Acuerdos para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, 2018 y 2019 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, así como la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. El proceso abarcará las plazas que vengan siendo ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante, al menos, los tres últimos años entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

No obstante, Gobierno y sindicatos manifestaron también en la Comisión su compromiso para la ampliación de ese periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, si es legalmente posible y así lo dicen los informes jurídicos que se reclamen, y asimismo expresaron su acuerdo sobre la necesidad de incorporar al proceso las plazas delegadas de los Cabildos Insulares y de otros entes públicos dependientes que cumplan los criterios de estabilización.

Estas adiciones permitirían alcanzar la suma de unos 2.000 interinos e interinas, que podrían beneficiarse de las condiciones particulares en que se producirá la oferta extraordinaria.

Además, el acuerdo establece que las plazas ofertadas estarán incluidas en las correspondientes plantillas orgánicas o relación de puestos de trabajo y dotadas económicamente en los respectivos presupuestos anuales, por lo que no se derivará, en ningún caso, incremento de gasto público. Las plazas ocupadas a tiempo parcial, además, serán ofertadas a tiempo parcial, y en iguales condiciones a las que se están ejecutando en la actualidad.

Por otra parte, en la Comisión tanto el Gobierno como los sindicatos mostraron su compromiso de abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra Oferta de Empleo Público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, pues estos dos conceptos y situaciones (estabilización y consolidación) no son sinónimos ni afectan a las mismas personas.

Con este fin se formará una Mesa Técnica de Trabajo el próximo mes de septiembre de 2020, para la confección de esta otra Oferta Extraordinaria de Consolidación del Empleo de los puestos y plazas de carácter estructural de los distintos cuerpos, escalas o categorías que se vinieran desempeñando interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, para que pueda ser publicada ser publicada de forma conjunta con la OPE de estabilización, y ambas, antes del 31 de diciembre de 2020.

De la misma manera, se constituirá de manera inmediata la mesa de negociación para la regulación de las bases de la convocatoria, que definirán y regularán el desarrollo de los procesos selectivos.

Proseguirá la negociación, anuncia el Viceconsejero

Alejandro Rodríguez afirma que este acuerdo refleja la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas de negociar con la representación sindical para cumplimiento al mandato recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de aprobar un Plan de estabilización de empleo temporal a fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Entre los compromisos expuestos en la Comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, y al que podrán adherirse el resto de centrales sindicales, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), posibilitando de esta forma, que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, “blindado” las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.

La aprobación inicial de la OPE extraordinaria de estabilización conllevará un periodo de publicidad y notificación individualizada a cada una de las trabajadoras y trabajadores que vengan ocupando estas plazas para su conocimiento, comprobación de los datos ofrecidos y reclamaciones que procedan.

Por último, la formalización del acuerdo podrá servir de marco de referencia para su utilización en las distintas entidades locales canarias.

Julio Pérez: “Tratamos de cumplir las promesas y anuncios del Gobierno y de la Consejería”.

La reducción de la inestabilidad laboral fue el primer objetivo de los que se expuso el consejero en su prima comparecencia parlamentaria, al iniciar su mandato, junto a la digitalización, la medición y evaluación basada en datos, y la transparencia, como ejes de su actuación y de la política anunciada por el presidente Torres en su investidura.

Por ello, el consejero se congratuló del paso dado hoy, que permite avanzar en el camino anunciado y prometido, sometiéndose a la obligada negociación sindical y procurando encontrar tantos puntos de acuerdo como sea posible con los sindicatos de empleados públicos.

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El Gobierno autoriza 1,7 millones para la prórroga del servicio de control horario del personal público

El Ejecutivo canario dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la prórroga del contrato, que tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la prórroga del contrato del servicio integral para el control de horarios del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y su gestión unificada para todos los colectivos, incluyendo los desarrollos necesarios para la grabación, gestión y explotación de la actividad del personal a través del Sistema Integral de Control Horario (Sicho), por importe de 1.702.866,48 euros, IGIC incluido.

La prórroga tiene una duración desde el 1 de agosto de 2020 al 30 de septiembre de 2021 y es la tercera del contrato inicial, suscrito en octubre de 2015 por la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualad por un importe de 5,4 millones de euros y un período de cuatro años.

En septiembre de 2019, por orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se concedió una primera prórroga de seis meses, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020, por importe de 682.056 euros. La segunda prórroga se produjo mediante orden del 29 de marzo de 2020 y por un plazo de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2020, por 454.704 euros.

El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato, con la que se agota el periodo máximo de dos años establecido en la legislación vigente.