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Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización

La catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, al igual que Julio Pérez y el viceconsejero Manuel Martínez, destaca la importancia de que las bases de los procesos tengan la mayor calidad técnica y garantía jurídica

Su homóloga Margarita Ramos considera que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos. “Hay interés por hacerlo y hacerlo bien”, apunta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este martes el valor de que todas las partes implicadas en los procesos de estabilización que se están realizando en las distintas administraciones públicas de Canarias estén de acuerdo en que es necesario buscar una solución, aunque existan diferencias en cuanto a los medios.

Julio Pérez, que ha inaugurado la jornada desarrollada a lo largo de la mañana, en la sede de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, destinada a la puesta en común de estos procesos de estabilización, ha recalcado que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021 y adquiera la condición de fijo. Esto permitirá, ha indicado, que, entre otras cosas, la ciudadanía reciba un mejor servicio de las administraciones públicas.

Durante su intervención en la jornada, ha hecho hincapié en el esfuerzo realizado por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, para mantener la línea de comunicación entre todas las partes, y ha advertido que no se puede pensar que alcanzar un acuerdo en esta materia va a solventar por sí solo los problemas jurídicos que puedan surgir. De ahí que haya resaltado la importancia de la calidad jurídica y técnica de las bases que se aprueben además de con el mayor consenso posible.

En la misma línea se ha expresado Manuel Martínez, que ha insistido en buscar que se quede con carácter fijo la mayor parte de los empleados públicos que están en abuso de temporalidad, pero siempre con garantías jurídicas para que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, con el fin de que cualquier persona que esté fuera de la Administración también pueda participar en el proceso.

A su juicio, el meollo de todo este proceso está en las bases, porque son las que determinan las reglas del juego. Ha adelantado que la próxima semana se empezarán a determinar las bases concretas y que, en octubre y noviembre, ya con todos los procesos, se irán definiendo las convocatorias. La convocatoria básicamente es tocar el botón para fijar una fecha para saber cuándo se debe de celebrar, ha apuntado.

En la jornada ha participado como ponente la catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, quien, al igual que Julio Pérez y Manuel Martínez, ha puesto de relieve la importancia de elaborar unas bases que cuenten con la mayor garantía jurídica. Para ello, ha expuesto las alternativas que ofrece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y las enseñanzas que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del resto de los tribunales. También ha descrito el desarrollo que algunas comunidades autónomas han hecho de la Ley 20/2021, deteniéndose concretamente en los casos de Euskadi, Baleares y Navarra.

Su homóloga Margarita Ramos, también presente en la jornada, ha manifestado que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos sobre las bases de los procesos de estabilización en las administraciones públicas de Canarias. Según ha dicho, “hay interés por hacerlo y hacerlo bien”.

A la jornada destinada a la puesta en común de los procesos de estabilización que se están realizando por las distintas administraciones públicas de Canarias han asistido la viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario, Isabel Cubas; la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos; la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Avelina Díaz; así como varios técnicos de las consejerías de Educación, de la Dirección General de Función Pública y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Igualmente, estaban presentes la consejera de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Margarita González Cubas; la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro; además de varios técnicos de la Corporación insular tinerfeña.

Acudieron también representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Sepca, Intersindical Canaria y co.bas, junto a los del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL). La mayor parte del debate, que se prolongó durante toda la mañana, se ha centrado en buscar la fórmula que permita que el mayor número de trabajadores consolide su plaza ocasionando el menor trauma jurídico a los afectados por la temporalidad.

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Seguridad y Emergencias convoca las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica de la Policía Canaria

Seguridad y Emergencias convoca las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica de la Policía Canaria

Estas plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021

Los interesados en participar deben rellenar el formulario específico que se encuentra disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en los 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOC

Con esta convocatoria, el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 295 efectivos en el primer trimestre de 2023

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha convocado, a través de una resolución que aparece publicada este martes 16 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), las pruebas selectivas para cubrir, mediante el sistema general de acceso libre, 75 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Escala Básica, Empleo Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estas 75 plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, aprobada mediante el Decreto 120/2021, de 2 de diciembre, en cuyo Anexo I establece dicha cifra para el CGPC.

Quienes deseen participar en estas pruebas de selección deberán hacerlo exclusivamente a través del formulario específico de este procedimiento, que está disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la página web https://sede.gobiernodecanarias.org, en los 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOC.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Seguridad y Emergencias dictará otra resolución en la que incluirá la relación de personas admitidas y excluidas, con la causa de exclusión y el plazo de subsanación de defectos.

Junto a la convocatoria de las pruebas selectivas, la resolución aprueba las bases específicas que las rigen, que figuran en su Anexo I, e incluye el programa de temas que se va a exigir, cuyo contenido aparece en su Anexo II.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOC.

Los aspirantes deben reunir, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y no exceder la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con destino, así como estar en posición o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico.

Asimismo, deben carecer de antecedentes penales y antecedentes por delitos sexuales, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas y estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y A2.

La incorporación de 57 nuevos agentes a finales de este mes elevará el número de efectivos de la Policía Canaria a 213, cifra que se verá incrementada, antes de finales de año, gracias al ingreso de 6 subinspectores y un comisario. La convocatoria puesta en marcha ahora permitirá que el CGPC cuente con 295 efectivos en el primer trimestre de 2023.

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El Gobierno publica la lista provisional de los 1.638 adjudicatarios del concurso de méritos

El Gobierno publica la lista provisional de los 1.638 adjudicatarios del concurso de méritos

 En algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se convocaba

Se trata, según ha recordado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, de “uno de los primeros compromisos que asumimos” al inicio de la presente legislatura y se puede decir que “hemos cumplido”

A partir de mañana, 30 de junio, hay diez días hábiles de plazo para presentar las reclamaciones que se estimen oportunas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado este miércoles, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista provisional de los 1.638 adjudicatarios correspondientes al concurso de méritos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se ofertaron 4.723 puestos de trabajo en los distintos cuerpos y escalas que conforman la Administración Pública, a los que se presentaron 1.711 solicitudes.

En dicha resolución se establece el plazo de diez días hábiles, a partir de mañana, 30 de junio, para presentar las reclamaciones que se estimen oportunas respecto a la adjudicación provisional acordada por la Comisión de Evaluación designada para valorar los méritos de las personas concursantes, que pueden consultar la lista en la web: https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sirhusprocsel/cmadmitidosexcluidos/.

Asimismo, en el citado plazo, las personas participantes no obligadas a concursar podrán presentar su renuncia al puesto adjudicado y, por tanto, a su intervención en el concurso.

El concurso de méritos, que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se llevaba a cabo, fue convocado por la Dirección General de la Función Pública el 28 de junio de 2021, a través de una Resolución que fue publicada en el BOC dos días después, que también recogía las bases específicas que han regido el mismo.

Conviene recordar que la celebración de este concurso, postergado largamente, como ya se ha dicho, fue uno de los primeros compromisos adquiridos por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, al inicio de la presente legislatura, y se convirtió en un mandato legal que el Gobierno de Canarias se impuso a sí mismo mediante el Decreto ley 6/2019, de 10 de octubre, que fijaba junio de 2021 como fecha tope para la convocatoria del concurso. Además, algunas sentencias judiciales habían ordenado, por su parte, la celebración del concurso, atendiendo a reclamaciones del personal público.

En este sentido, Julio Pérez ha manifestado que “se puede decir, modestamente, que hemos cumplido un compromiso. Nos quedan otros muy importantes que están en curso de cumplimiento, pero este fue uno de los primeros que asumimos”. Además, el consejero ha señalado que ahora “se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”.

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Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta la “importancia moral” de este proceso frente a los afectados

Destaca que las OEP tienen como objetivos reducir la temporalidad, dotar de seguridad jurídica a la Administración y a las personas en situación anómala, y cumplir con la legalidad vigente y con el programa del Gobierno

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad traslada al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia que corresponden al Ministerio su voluntad de resolver su singular situación

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este martes, en la sesión del control al Gobierno desarrollada en el Parlamento de Canarias, que las ofertas de empleo público (OEP) para reducir la temporalidad, que en su conjunto superan las 23.000 plazas, tienen razones constitucionales y legales, y ha resaltado la “importancia moral” de la estabilización frente a los afectados, además de considerarla imprescindible para abordar la reforma de la Administración Pública.

Julio Pérez ha destacado que los objetivos de estas OEP son cumplir la ley y la Constitución, resolver el problema de la temporalidad, que afecta al 30% del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, proporcionar estabilidad y dar seguridad jurídica, tanto a la Administración como a las y los empleados públicos y sus familias, y cumplir el programa y los propósitos del Ejecutivo canario.

El consejero ha contestado así a una pregunta parlamentaria sobre los objetivos del proceso de estabilización del personal interino, y ha señalado que es relativamente simple en su definición, pero complejo en su ejecución.

Al respecto, ha detallado el desarrollo del mismo, para lo que ya se ha identificado el número de plazas. El siguiente paso -ha explicado- pasa por elaborar las bases que regirán las OEP, lo que se realizará junto con la Fecai, la Fecam y los sindicatos, y posteriormente, a partir del 1 de enero de 2023, comenzarán a ejecutarse los procesos selectivos.

Ha indicado que una de cada tres personas empleadas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma está en situación anómala, más de la mitad en Sanidad, otra parte importante en Educación y en menor medida en Administración General, así como un pequeño número, en comparación con el total, en Justicia.

Respecto al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias en situación de temporalidad, cuyas plazas no han sido incluidas en las OEP, el consejero ha precisado que se trata de una situación singular, al considerar Función Pública y los Servicios Jurídicos que la estabilización de dicho personal corresponde al Ministerio de Justicia.

No obstante, Julio Pérez ha apuntado que momentos antes del inicio de la sesión plenaria había tenido lugar una reunión de su departamento con las personas afectadas, a quienes se les ha trasladado su voluntad de resolver la situación y que la Consejería estudiará sus recursos, en caso de presentarlos.

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GSC abonará la recuperación del 5 % a su personal en cuanto sea legalmente posible, lo que no ocurre ahora

GSC abonará la recuperación del 5 % a su personal en cuanto sea legalmente posible, lo que no ocurre ahora

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad asegura que se quiere pagar y se ha hecho todo lo posible para hacerlo, pero la normativa actual no lo permite

Julio Pérez afirma que la empresa pública ha cumplido con lo acordado el 10 de noviembre de 2021, pedir la autorización que exige la ley, y así lo demuestra su solicitud a Hacienda del día siguiente

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha dejado claro, este martes, en el Parlamento de Canarias, que la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) atenderá la reclamación de su personal para recuperar el 5 % perdido en la crisis tan pronto como sea legalmente posible, lo que hasta ahora no ha sido.

Julio Pérez ha asegurado, tras una pregunta realizada por la diputada del Grupo Nacionalista CC-PNC Socorro Beato sobre este asunto, que se quiere pagar y se ha hecho todo lo posible para hacerlo, pero la normativa actual no lo permite.

En su respuesta, ha explicado que GSC ha cumplido con lo acordado el 10 de noviembre con los representantes de los trabajadores, para la recuperación retroactiva del 5% de las retribuciones minoradas a los empleados de la entidad en 2010, previa obtención de la autorización que exige la ley, como se hizo constar en el mismo acuerdo. Así lo demuestra la solicitud presentada a Hacienda el día siguiente, 11 de noviembre de 2021.

Sin embargo, ha dicho el consejero, la respuesta de la Dirección General de Planificación y Presupuestos fue que no se puede, porque, para poder hacerlo, la Comunidad Autónoma debía haber cumplido con las reglas fiscales y, según el último informe del Ministerio de Hacienda, relativo al ejercicio de 2019, no cumplió la regla de gasto.

Aun así, según ha expuesto Julio Pérez, GSC no se ha quedado quieta, pues volvió a pedir otro informe y ha realizado las actuaciones presupuestarias necesarias para preparar el pago de, al menos, una parte de la deuda. Planificación y Presupuestos ha vuelto a decir que no, pero la empresa confía, ha relatado el consejero, en que este mes de mayo el Ministerio de Hacienda informe de manera positiva acerca del grado de cumplimiento por la Comunidad Autónoma de las reglas fiscales. De ese modo, se levantarían las restricciones legales que hoy por hoy impiden abonar las retribuciones minoradas al personal de GSC, pues el acuerdo de hacerlo, ha advertido el consejero, sería ilegal.

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Ángel Víctor Torres destaca como pilar fundamental del Estado del bienestar contar con una buena Administración

Ángel Víctor Torres destaca como pilar fundamental del Estado del bienestar contar con una buena Administración

El presidente de Canarias apela para ello a las buenas administraciones y los buenos administradores durante la inauguración de un encuentro profesional, organizado por el ICAP, sobre ‘La transformación de las administraciones públicas de Canarias’

Julio Pérez subraya que los últimos acontecimientos vividos tanto en las islas como en el resto del mundo ponen de relieve la necesidad de reforzar el sector público

La presidenta de la Fecam remarca el gran trabajo realizado por el Gobierno de Canarias en materia de cogobernanza durante la presente legislatura

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado este martes, durante la inauguración del encuentro profesional ‘La transformación de las administraciones públicas de Canarias’, organizado por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, que un pilar fundamental del Estado del bienestar es contar con una buena Administración y, para ello, ha explicado que es necesario tener buenas administraciones y buenos administradores.

Ángel Víctor Torres, que ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, ha señalado que, en los últimos 30 años, la Administración pública se ha transformado de forma ostensible y, de manera especial, después de marzo de 2019, con la llegada de la pandemia del coronavirus. Ahora, en la etapa post-covid, el reto está, ha dicho, es adaptarse para gestionar de forma eficiente los fondos europeos ordinarios y de recuperación.

En este sentido, ha mostrado su confianza en que el encuentro organizado por el ICAP sirva para sacar importantes conclusiones que mejoren la gestión pública, a través de un buen músculo de recursos humanos públicos, y ha mencionado los ejes contemplados a ese respecto en la Agenda Canaria 2030, a su juicio, hoja de ruta clave en la modernización de la gestión pública, con las apuestas por el gobierno abierto, la transparencia, la cogobernanza y la medición de los objetivos alcanzados, además de la fiscalización de la tarea pública y la participación ciudadana.

Previamente han intervenido la presidenta de la Fecam y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quienes han hecho hincapié en la cogobernanza. María Concepción Brito ha subrayado que el gran trabajo realizado por el Gobierno canario en esta materia no lo había visto en ningún otro momento de la historia. Julio Pérez, por su parte, ha agradecido estas palabras y ha abogado por reforzarla, pues, en su opinión, no se puede hacer nada con eficacia sin contar con cabildos y ayuntamientos.

María Concepción Brito también ha valorado el encuentro organizado por el ICAP y ha afirmado que trabajar para que la modernización de los servicios públicos se haga realidad tiene como beneficiarios a la ciudadanía. Ha recalcado el compromiso de la Fecam a participar en dicho proceso, teniendo en cuenta que sin potencial humano no vamos a ningún lado, de ahí la importancia de tener personas preparadas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que los últimos acontecimientos vividos tanto en las islas como en el resto del mundo ponen de relieve la necesidad de reforzar el sector público. Se necesita una Administración pública potente y eficaz y la actual no responde a esas exigencias, de ahí este encuentro, ha advertido, que nos ayuda a andar ese camino, pues seguir como estamos no es solo inconveniente sino peligroso.

Julio Pérez ha recordado que al comienzo de la presente legislatura puso como prioridades de su departamento la estabilización, digitalización, transparencia y evaluación, conceptos en los que se han logrado avances en estos tres años y en los que confía seguir avanzando, para resolver deficiencias que se arrastran desde hace mucho tiempo, como sucede con la temporalidad del empleo público. Un asunto esencial para abordar otras cuestiones como el teletrabajo, la dirección por objetivos, la carrera profesional, la formación continua o la retribución de los trabajadores.

Ha hecho un llamamiento para que las administraciones públicas dejen de mirarse a sí mismas y dediquen esas energías a la prestación de servicios a la ciudadanía, y ha reiterado que la mejor gestión política es la que se fundamenta en el conocimiento, ya que así se corre menor riesgo de caer en la ocurrencia y la improvisación y se aumenta la probabilidad de actuar con acierto.

Entre las personas presentes en el salón de actos donde ha tenido lugar la inauguración de este encuentro, organizado por el ICAP, que dirige Eva de Anta, a la que han asistido cerca de 500 personas, bien de forma presencial como por streaming, se encontraban la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y su homólogo de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, David Padrón. Una vez finalizada la inauguración ha intervenido el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, quien ha disertado sobre ‘La recuperación post-covid como un desafío transformador: reformas estructurales y Fondos Next Generation’. Las sesiones se prologarán durante mañana y el jueves.

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La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

Considera que, pese a la demora, no hubo dejadez, pasividad ni abandono por parte de la Administración

En cambio, sí reprocha a Función Pública que no contestara la reclamación previa que hizo el opositor, a quien por ello libera del pago de las costas

Julio Pérez cree que, en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación. A su juicio, hay margen para acortar los plazos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por un opositor que reclamaba una indemnización a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias por la demora excesiva en la toma de posesión de la plaza del cuerpo administrativo, tras haber superado las pruebas selectivas.

Según recoge la sentencia, datada el pasado 18 de abril, se desestima el recurso “por no concurrir la existencia de dilaciones indebidas o demoras injustificadas en el proceso selectivo”, pues, aunque reconoce que el procedimiento se prolongó más allá de lo establecido por ley, quince meses, no fue por inactividad administrativa ni por dejadez, pasividad o abandono por parte de la Administración.

A juicio del magistrado que firma la sentencia, que puede ser recurrida, Función Pública aprobó dos resoluciones con el objetivo de ampliar el plazo, en 7 meses y 15 días, en un caso, y en tres meses más, el otro, y el recurrente no impugnó ninguna de ellas, ni tampoco una tercera que declaró inhábil el mes de agosto.

Además, considera que la Administración ha dejado constancia expresa de cuáles son las razones en las que se ha amparado y de haber actuado siempre de forma coherente con ellas, y, sin embargo, el recurrente en ningún momento puso objeción a la mismas, a pesar de ser públicas y perfectamente conocidas por una persona que trabaja en la Administración.

Teniendo en cuenta estas premisas, que se pudo reaccionar contra la ampliación de los plazos y la declaración de inhabilidad de agosto, y no se hizo, el magistrado entiende que no ha lugar ahora a reclamar una responsabilidad patrimonial para resarcir los daños que se hayan podido ocasionar.

“La responsabilidad patrimonial -recoge la sentencia- no puede utilizarse como un medio para evitar la aplicación de resoluciones consentidas por los interesados ni como una vía alternativa a la interposición de los recursos correspondientes para someter a examen la legalidad de dichas resoluciones”.

Tampoco el demandante reaccionó frente al acto de nombramiento y toma de posesión ni instó el reconocimiento de sus efectos retroactivos impugnándolos en tiempo y forma para corregir los efectos de la demora.

No obstante, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife sí reprocha a la Administración su actuación por no haber respondido expresamente a la reclamación previa efectuada por el opositor, y, como correctivo a esa mala práctica, le libera del pago de las costas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha considerado que, “en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación”.

En su opinión, “hay espacio para una regulación que respete las garantías y la pureza de los exámenes y evaluación, pero que, a su vez, abrevie trámites y acorte plazos”.

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Función Pública anuncia en el BOC la composición de las listas complementarias de empleo de personal interino

Función Pública anuncia en el BOC la composición de las listas complementarias de empleo de personal interino

Su ordenación está ajustada al resultado de la autobaremación efectuada por las personas aspirantes, que será revisada antes de efectuar un nombramiento

Se prevé que estas listas estén disponibles a mediados de mayo, como muy tarde, pues su necesidad es apremiante, sobre todo en algunas especialidades

La convocatoria para la constitución de estas listas se publicó en diciembre de 2021 y a ella se presentaron 49.372 solicitudes

La Dirección General de la Función Pública, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias del pasado 20 de abril la resolución por la que se constituyen las listas de empleo complementarias de personal funcionario interino relativas a diversos cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades de Administración General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estos listados complementarios están previstos para la selección y nombramiento de personal funcionario interino con destino a las consejerías, organismos autónomos y entidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez que se constate que, en las listas de empleo vigentes, no existan o no se disponga de integrantes disponibles.

Desde la Dirección General de la Función Pública se prevé que estas listas puedan estar disponibles a mediados de mayo, como muy tarde, pues su necesidad es apremiante. En algunas especialidades (psicólogos, por ejemplo) las listas actuales, formadas por quienes han concurrido, pero no superado, a algún proceso selectivo, no tienen ningún candidato o candidata para ser designado en situación de interinidad, mientras que, en esa misma especialidad, en las listas complementarias hay más de mil personas inscritas, que podrían aspirar a ser seleccionadas.

La ordenación de las citadas listas de empleo complementarias queda ajustada al resultado de la autobaremación efectuada por las personas aspirantes en el proceso de presentación de instancias, y las mismas pueden ser consultadas en el enlace https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sirhusprocsel/listasempleocompl.

No obstante, antes de llevar a cabo el nombramiento, la Dirección General de la Función Pública procederá a la comprobación, tanto del cumplimiento de los requisitos por parte de la persona llamada como de la autobaremación efectuada en la solicitud y la estricta correspondencia con la documentación aportada.

Si tras la revisión de la documentación incorporada junto a la solicitud, se detectase que no está suficientemente acreditada para el cumplimiento de los requisitos generales y específicos necesarios para el acceso al cuerpo, escala y especialidad en el que se participa, o, en su caso, de los méritos alegados y valorados en la autobaremación, previo trámite de subsanación, se resolverá la exclusión o la revisión de la puntuación reflejada en la baremación.

Las sucesivas actualizaciones en la composición u ordenación de las listas de empleo complementarias producto de la revisión que lleve a cabo la Dirección General de la Función Pública serán publicadas en la web señalada anteriormente.

Recordamos que la convocatoria para la constitución de estas listas complementarias se publicó en diciembre de 2021 y a ella se presentaron 49.372 solicitudes, que una vez depuradas se quedaron en 47.626, de las que han sido excluidas 470, debido a que forman parte del mismo cuerpo, escala, y, en su caso, especialidad de las listas vigentes constituidas de conformidad con lo dispuesto en la orden de 3 de marzo de 2011.

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Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ve la temporalidad como un problema grave, políticamente prioritario, humanamente lacerante y legalmente complejo

Aboga por crear espacios como la jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las Administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, para aprender, coordinar y colaborar en la búsqueda de una solución

Sindicatos y técnicos de la Administración reconocen que estamos en un momento histórico, con una herramienta legislativa cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad del personal interino y laboral

Casi un millar de personas asisten, bien de forma presencial o bien por vía telemática, a una jornada técnica dedicada a buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública

 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que la excesiva temporalidad en el empleo público es un problema jurídicamente complejo, humanamente hiriente y lacerante para quienes lo padecen y que, por su propia naturaleza, afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al tiempo que ha remarcado que su resolución es prioritaria para el actual Ejecutivo.

Julio Pérez se ha manifestado en esos términos durante la inauguración de la jornada ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a su departamento, y ha señalado que la alta tasa de temporalidad es una situación grave y excepcional, que se produce en todas las administraciones públicas españolas, a la que hay que buscar también una solución excepcional entre todas las partes implicadas para garantizar que el resultado sea jurídicamente estable.

El consejero ha ensalzado la celebración de esta jornada, cuyos objetivos son generar espacios de conocimiento, consenso y seguridad jurídica, respetando criterios diversos ante un problema que afecta al funcionamiento ordinario de la administración. “Este encuentro se ha organizado con la clara voluntad de aprender y no de imponer el criterio de la administración, para generar entendimiento, colaboración y coordinación”, ha enfatizado.

A lo largo de su intervención, ha mencionado los problemas a los que se ha enfrentado la humanidad y, concretamente, el espacio económico y político en los últimos años, y ha asegurado que no se hubieran podido abordar sin administraciones públicas potentes. El consejero ha remarcado que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, ha añadido, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público.

A su juicio, sin solucionar este problema, es muy difícil enfrentarse a otros retos como la digitalización intensiva y excesiva, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional. De ahí que haya insistido en que se trata de una prioridad del Gobierno su resolución.

En el año 2021 -ha señalado- se generó un camino de solución con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que remite su ejecución a las Comunidades Autónomas, genera espacios de negociación y contiene reglas y preceptos que están sujetos a interpretación y que deben ser consensuados.

Por ello, demandó diálogo y concordia a todas las partes implicadas, así como esfuerzo en el perfeccionamiento jurídico que permita una solución jurídicamente estable al exceso de temporalidad, una anomalía, ha recalcado, que no debería haberse producido.

En su presentación de la jornada, a la que se ha inscrito casi un millar de personas, la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, ha explicado que el objetivo del encuentro era buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública, cuya clave y fuerza son las personas. “La temporalidad en el empleo público es una situación difícil de atajar, pero crucial para logar una administración fuerte y cohesionada”, ha destacado.

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Remedios Roqueta, ha sido la encargada de analizar la Ley 20/2021, y más en concreto los procesos de estabilización incluidos en la norma, un tema de actualidad y práctica, ha indicado, pues ofrece diversas interpretaciones. Su exposición ha servido para dejar claro el marco jurídico en el que deben moverse las partes implicadas en este procedimiento.

Mesas redondas

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la catedrática en Derecho del Trabajo por la ULL, Margarita Ramos, en la que han participado representantes de los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos: Cristo Jordán (CSIF), Yolanda Cívicos (IC), Lourdes González (SEPCA), Juan Miguel Suárez (CCOO) y Gregorio Pérez (UGT).

Todos han coincidido en que estamos en un momento histórico para las administraciones públicas, con una herramienta legislativa, que puede ofrecer diversas interpretaciones, pero cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad de las empleadas y empleados públicos. Igualmente, han dejado constancia de que ha llegado el momento de la verdad y que es prioritario fijar las plazas que se van a poner en oferta pública. En opinión de la moderadora, luego, a la hora de diseñar los procesos selectivos, los sindicatos pueden aportar mucho dentro de la negociación.

Ramos ha concluido recalcando que con diálogo y acuerdo se alcanzan mejores soluciones y apuntando que la temporalidad es sinónimo de precariedad, una patología del mercado de trabajo, una anomalía, que impide su involucración.

Posteriormente se ha desarrollado una mesa más técnica, moderada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, en la que han estado presentes  Dolores Alonso, subdirectora de Planificación y Racionalización del Empleo Público del Gobierno de Canarias, José María Cabrera, director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia, y Fernando Giner, secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones.

En sus intervenciones también han puesto en valor la oportunidad que se presenta con este proceso de estabilización, de cara a normalizar el funcionamiento de las administraciones públicas y han animado a responsables públicos y sindicales a colaborar para alcanzar un buen acuerdo.

La jornada ha sido clausurada por Manuel Martínez y la directora de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Montserrat García, quienes han agradecido a las personas que han intervenido sus aportaciones y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la iniciativa para buscar una administración más fuerte y cohesionada, tal y como había planteado su titular, Alicia Álvarez.

En los próximos días se subirá el contenido de la jornada a la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad https://www.gobiernodecanarias.org/apjs/.

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Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos

Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias

Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.

Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.

Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.

Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.

En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.

Fuerzas sindicales

Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.

Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.

Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.

Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.

Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.

A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.

Jornada empleo público

Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.

Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

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