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Función Pública asegura que la norma de ordenación del empleo público resuelve un grave problema de gestión

Norma de ordenación del empleo público resuelve un grave problema de gestión

La directora general del área, Laura Martín, participa en Sevilla en el ‘I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública’ y afirma que el Decreto Ley da respuesta al conflicto de derechos entre diversos colectivos del personal público

La directora general de la Función Pública del Gobierno del Gobierno de Canarias, Laura Martín, habló ayer miércoles en Sevilla sobre los retos en la organización de los recursos humanos en las administraciones públicas, citó el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones canarias, aprobado por el Ejecutivo canario, y afirmó que esta norma resuelve un grave problema de gestión del empleo público al dar respuesta al conflicto de derechos entre las personas que ya tienen una plaza y aquellas que aspiran a acceder a un puesto público mediante procesos selectivos.

Martín, que hizo estas manifestaciones durante su participación en el ‘I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública’, explicó que la apertura de diversas oposiciones, tras un largo período sin convocar procesos selectivos, ha generado una colusión entre los derechos de los colectivos de personas que ya tienen un puesto en la Administración autonómica y de los que aspiran a una plaza, y detalló que el Decreto Ley servirá para conciliar las aspiraciones de ambas partes.

Se trata de acoplar las expectativas del personal público de acceder otras plazas, mediante concurso de traslado, con las de aquellas personas de nuevo ingreso que, tras superar una oposición, resulten adjudicatarias de una plaza, detalla la directora general de la Función Pública, quien precisó que con el Decreto Ley se afina el régimen jurídico de la adjudicación provisional.

Martín informó de que el Decreto Ley, que ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias, obliga a convocar un concurso de traslado para todo el personal cuando concluyan los procesos selectivos en curso y además trata de resolver la falta de nombramientos definitivos en las corporaciones locales de personal de Secretaría, Intervención o Tesorería.

La norma también incrementa los puestos de trabajo que, en determinado proceso selectivo, habían sido reservados para aspirantes en situación legal de discapacidad, que no han sido cubiertas y no podrán ser ocupadas pero que pueden acumularse a las del turno general, expuso la directora general de la Función Pública.

Cerca de 200 empleados y empleadas públicas asisten a la primera sesión de los “ICAP´s Talk”

Primera sesión ICAP's Talk

El experto en modernización Fernando Álvarez remarca que la Administración pública debe ser un agente facilitador del cambio en la sociedad

“ICAP´s Talk” es el nombre del ciclo de charlas organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública, en coordinación con la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, destinadas al personal público para aprovechar su conocimiento en la mejora de la gestión. A esta primera sesión asistieron cerca de 200 empleados y empleadas públicas, además de altos cargos de Presidencia del Gobierno.

El invitado en esta ocasión ha sido el especialista en modernización pública, Fernando Álvarez, que ha insistido en la importancia de que las administraciones empleen los datos de los que disponen en sus procesos de mejora. Para el experto, la Administración tiene que ser el motor y un agente facilitador del cambio en la sociedad, de forma que al mismo tiempo que mejoren los servicios que presta, se generen oportunidades de emprendimiento se facilite un cambio del modelo productivo.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, inauguró el acto. Tras apuntar que es imposible cambiar la Administración sin el concurso de su personal, recordó los cuatro pilares en los que apoya su gestión: estabilidad de la Administración (para evitar que esté expuesta a sobresaltos periódicos en un entorno de cambios que son cada vez más rápidos); digitalización (para incentivar esta forma de relación entre la Administración y la ciudadanía); transparencia (la exigencia de la rendición de cuentas no debería suponer un aspectos aislado o adicional a la rutina de trabajo del personal público), y la evaluación de resultados (de forma constante a través de datos objetivos).

Álvarez puso en valor los cuatro puntos que explicó Pérez, con los que coincidió, para añadir que la modernización en el ámbito público es, principalmente, un proceso de transformación digital en el que están implicadas la sociedad, así como los sectores productivos y económicos, además de la propia Administración. Ello que implica la incorporación de tecnología en la prestación de servicios con el doble objetivo de optimizar la gestión pública y aportar valor a la sociedad, por un lado, además de generar un ecosistema de innovación y emprendimiento para que las generaciones futuras puedan desarrollar actividades profesionales en torno al mismo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los pilares estratégicos de crecimiento inteligente y sostenible.

Por su parte, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Participación, Alejandro Rodríguez, remarcó que la Administración se enfrenta a un momento crítico porque debe afrontar dos retos de manera simultánea: la transformación de lo digital en su ámbito y el relevo generacional. Enfatizó que ahora se vive no una época de cambio, sino un cambio época, y explicó que el mayor problema que se encuentra la Administración para seguir adelante en este contexto no está relacionado con el desafío tecnológico, sino con el empoderamiento de sus recursos humanos.

La directora del ICAP, Eva De Anta, relacionó el proceso de modernización de la Administración pública que el Gobierno quiere impulsar en esta legislatura con la hoja de ruta de los ODS de la Agenda 2030 a los que se refiere Álvarez. Señaló que estas charlas servirán como un punto de encuentro para originar un debate en torno a cómo afrontar este reto, a través del conocimiento de gestores expertos que puedan transmitir al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias su experiencia en este campo.

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La directora del ICAP destaca la formación del personal público como medida para implementar los ODS en Canarias

La directora del ICAP, Eva de Anta, participa en el Congreso CLAD 2019

Eva de Anta participa en el Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo que se celebra esta semana en Argentina

La directora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), Eva de Anta, ha señalado el papel imprescindible del personal al servicio de las administraciones públicas para mejorar la gestión y ha destacado el interés del Gobierno de Canarias por poner al personal público en el centro de la organización, con formación continua y actualizada para mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y como medida transformadora para implementar los Objetivos de Desarrollo  Sostenible (ODS) en las Islas.

Eva de Anta se manifestó así este jueves durante su intervención en el XXIV Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública que se celebra esta semana en Buenos Aires, Argentina. En dicho foro recalcó que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su compromiso firme para que la Agenda 2030 se convierta en el eje vertebrador de la acción del Ejecutivo canario, por lo que, agregó, todas las acciones públicas que se están desarrollando están teniendo como guía cada uno de los 17 ODS.

El inicio de la implementación de los ODS se desarrollará a lo largo de los próximos cuatro años, con vistas a que los cimientos de lo que se consolide permitan que en los años siguientes se pueda completar la ejecución del 100% de los objetivos de la Agenda 2030 relativos al personal público en las ocho islas de Canarias, detalló De Anta.

Aseguró la defensa del Ejecutivo canario de los servicios públicos, y para que éstos logren la calidad deseada, dijo, es imprescindible que las trabajadoras y los trabajadores públicos gocen de la formación, organización, estabilización y motivación que posibilite dicha prestación de calidad.

De Anta expuso que la Administración debe ser ágil, moderna y eficiente para conseguir una mayor transformación y en esto, señaló, el personal público juega un papel fundamental a la hora tener una mayor implicación en la mejora de la gestión. “Por eso queremos poner a la plantilla de la Administración pública en el centro de la organización para involucrarla y empoderarla en la transformación, con formación actualizada, nuevas herramientas de trabajo en red, innovación, Big Data y digitalización de procesos clave y estrategias para atraer el talento”, especificó.

Siendo conscientes de que las administraciones públicas deben modernizarse, optimizar y racionalizar sus recursos humanos y materiales, adaptándolas al siglo XXI, De Anta afirmó que dicho proceso debe ir en paralelo con el de la recuperación del poder adquisitivo de las retribuciones –como ya ha anunciado el Gobierno de España-, así como la dignificación de la figura del personal público, el incremento de su eficiencia y un mayor esfuerzo pedagógico para que la ciudadanía valore los servicios que prestan.

La directora trasladó que desde el ICAP se está diseñando un ambicioso programa de impulso del personal público para mejorar su aprendizaje y formación, y colaborar de manera coordinada con la Dirección General de Función Pública para incrementar los efectivos del sector público autonómico adoptando las medidas necesarias para promover la carrera profesional.

Habló también de la elevada tasa de temporalidad en la Administración Autónoma de Canarias y aseveró que una de las prioridades del Gobierno de Canarias está siendo la de resolver las altas tasas de interinidad y consolidar y estabilizar el empleo público en Canarias.

Con el objetivo de mejorar el nivel de conocimiento en el empleo público, “enfocaremos nuestra propuesta hacia la colaboración, intercambio de información y el manejo de instrumentos de coordinación entre administraciones públicas y con universidades canarias”, detalló.

Del mismo modo, indicó, se habilitarán espacios en las islas no capitalinas en coordinación con cabildos y ayuntamientos para no sólo impartir la formación necesaria o requerida, sino también para que sirva de punto de encuentro de la plantilla y poder así intercambiar experiencias, ideas e innovación de las diversas administraciones a las que pertenece.

“Reconocemos la formación como un derecho y un deber del personal que trabaja en las administraciones públicas y ello determina la necesidad de realizar ajustes o mejoras para aclarar alguna de sus funciones o actuaciones en su puesto de trabajo”, declaró.

Asimismo, De Anta expuso que durante la presente legislatura se impulsará el diseño y la posible ejecución de un plan de reestructuración y unificación de la formación de las plantillas de las diversas administraciones con la finalidad de optimizar recursos e implementar las medidas necesarias para promover su carrera profesional.

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Gobierno y Fundación Universitaria de Las Palmas colaborarán en la formación del personal público

ICAP y FULP colaborarán en la formación de personal público

 La directora del ICAP, Eva de Anta, y el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, se reúnen para concretar propuestas

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) colaborarán en la formación de empleadas y empleados públicos. Al respecto, la directora del ICAP, Eva de Anta, y el director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, han mantenido esta semana una reunión en la que han mostrado su total predisposición a colaborar y han analizado distintas propuestas, entre ellas, la posible firma de un convenio de colaboración.

De Anta considera dicha cooperación como una gran oportunidad dado que unos de los ejes de actuación del Ejecutivo canario es la puesta en valor del trabajo del personal de las administraciones Públicas, así como la investigación en las universidades canarias.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la FULP, acordaron empezar a trabajar de forma específica para intentar desarrollar el próximo año la propuesta de un Experto Universitario en competencias digitales para la administración pública, lo que permitiría, según De Anta, convalidar créditos en la universidad y supondría una motivación para los trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas, “que son nuestro mayor y mejor recurso”.

La directora del ICAP confía en mantener próximamente un encuentro con la Universidad de La Laguna con el mismo fin, dado que la formación continua es fundamental para la optimización del servicio que prestan las administraciones públicas a la ciudadanía, y destaca el papel central de las universidades y su labor estratégica para impartir conocimientos a partir de la formación especializada.

Un total de 538 admitidos se presentarán a las oposiciones para secretarios e interventores interinos locales

538 admitidos a las pruebas selectivas de secretarios e interventores interinos

Las pruebas selectivas, consistentes en un único ejercicio para cada una de las subescalas, se celebrarán el próximo mes de noviembre

La Dirección General de la Función Pública, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha publicado la lista provisional de personas admitidas de las pruebas selectivas para la constitución de tres listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino en puestos reservados a personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional en las Subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención, para las que han sido admitidas 538 personas. Con este proceso selectivo se pretende dar respuesta a la actual situación de insuficiencia de dichos efectivos en las corporaciones locales canarias, explica el consejero del área, Julio Pérez.

Las pruebas, consistentes en un único ejercicio para cada subescala, se celebrarán el próximo mes de noviembre, según publica esta semana el Boletín Oficial de Canarias (BOC), mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y se fija el lugar, la fecha y la hora de cada uno de los ejercicios.

Todas las solicitudes presentadas han sido aceptadas, por lo que no hay lista de personas excluidas. En total son 538 las personas aspirantes que han sido admitidas; 201 en la Subescala de Secretaría, 179 en la de Secretaría-Intervención y 158 en la correspondiente a Intervención-Tesorería.

No obstante, quienes habiendo presentado la solicitud en el plazo establecido no figuren en el listado dispondrán de diez días hábiles, a partir de mañana viernes, para presentar alegaciones. También cuentan con ese mismo plazo, quienes no indicaron en su solicitud la provincia por la que optan para la realización de las pruebas en el caso de que no estén conformen con la provincia asignada en las listas.

Las pruebas de la fase de oposición, que consistirán en un ejercicio único por cada subescala, comenzarán el próximo día 9 de noviembre, a las 9:00 horas, para la Subescala de Intervención-Tesorería y se celebrarán en el Edificio de Ingenierías, Campus Universitario de Tafira, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en la Biblioteca General y de Humanidades, campus de Guajara, de la Universidad de La Laguna.

Los mismos lugares de las dos provincias acogerán los ejercicios de las otras dos subescalas. En cuanto a la Subescala de Secretaría, la prueba se desarrollará el 16 de noviembre, a las 9:00 horas; y el relacionado con la subescala de Secretaría-Intervención tendrá lugar a las 9:00 horas del día 30 de noviembre.

Proceso selectivo de Ingenieros Industriales

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias ha alzado la suspensión del plazo máximo de finalización del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, que afecta actualmente a 15 personas.

La Dirección General de Función Pública, mediante resolución de 6 de agosto de 2019, dejó sin efecto la resolución adoptada el 19 de julio de suspensión del plazo máximo de finalización de los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al Ingenieros Industriales, hasta que no hubiera un pronunciamiento judicial sobre la solicitud de rectificación de error material del fallo de la sentencia del TSJC de 14 de junio de 2019.

Una vez recibido Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 13 de septiembre de 2019, por el que se subsana el fallo de la citada Sentencia de 14 de junio de 2019, se procede ahora a alzar la suspensión del plazo máximo para resolver el referido proceso selectivo.

Los 14.000 aspirantes a auxiliares y administrativos se podrán presentar en noviembre, según prevé Función Pública

Aspirantes a auxiliares y administrativos se podrán presentar en noviembre, según Función Pública

La directora general Laura Martín recuerda que entre ambos procesos selectivos son 116 las plazas que se asignarán

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, anuncia la disposición del Ejecutivo para convocar los procesos selectivos de auxiliares y administrativos para la Comunidad Autónoma los días 23 y 24 de noviembre, a los que se podrán presentar unas 14.000 personas entre las dos provincias canarias.

Se trata de un procedimiento selectivo masivo en cuanto al número de aspirantes que no tenía lugar en nuestra Comunidad Autónoma desde el año 2008.

En total son 116 las plazas a las que se pueden presentar las personas aspirantes, 64 plazas en el caso del proceso de selección de administrativos y 52 en el caso de auxiliares. Las pruebas tendrán lugar en las sedes de las dos universidades públicas de las Islas.

Para el Cuerpo de Auxiliares, en el que han sido admitidos 3.643 aspirantes, se contará con 42 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 4.220 aspirantes en la Universidad de La Laguna con un total de 47 aulas. Se contará igualmente con la asistencia de un número aproximado de 462 colaboradores designados por la Dirección General de la Función Pública.

Para el Cuerpo de Administrativos, en el que han sido admitidos un total de 2.650 aspirantes, se contará con 30 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 3.320 aspirantes en la Universidad de La Laguna, con 31 aulas. En este caso, el número de colaboradores ascenderá a 338 con la misma forma de designación.

Ambos procesos se iniciaron mediante convocatoria pública, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el día 18 de marzo de 2018. En los próximos días está prevista la publicación en ese diario oficial de la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como la composición del tribunal de cada proceso, el señalamiento de la fecha y hora y otros aspectos de los mismos.

Por último, desde la Dirección General de la Función Pública se hace un llamamiento a todas las personas aspirantes a que tengan muy en cuenta el Protocolo General de Actuación para el desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias a fin de que el proceso se celebre sin incidencias.

Dicho Protocolo se encuentra a disposición en la siguiente dirección electrónica: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/index.jsp que ha sido publicado en el BOC nº 41 de 27 de febrero de 2018, así como las modificaciones introducidas mediante Resolución del 20 de marzo de 2018 (BOC núm. 66, de 5 de abril de 2018)  Resolución de 10 de octubre de 2018 (BOC núm. 213, de 5 de noviembre de 2018).

 

El ICAP convoca 640 plazas en cursos para entidades locales de Canarias incluidos en el Plan Formativo 2019

El ICAP convoca cursos para entidades locales

 Las actividades formativas comenzarán el próximo mes de octubre y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de septiembre

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de actividades formativas para entidades locales, incluidas en el Plan de Formación de 2019, que se celebrarán entre el 1 de octubre y el 13 de diciembre de 2019. Se han convocado 640 plazas y las personas interesadas en participar en los cursos deberán presentar la correspondiente solicitud entre mañana y el próximo 12 de septiembre.

La directora del ICAP, Eva de Anta, informa de que las acciones formativas se estructuran en las áreas de conocimiento de transparencia y buen gobierno, organización del trabajo y mejora de habilidades, prevención de riesgos laborales y salud laboral, jurídica-administrativa y políticas de igualdad. La directora destaca la variedad de cursos y la importancia de la formación continua del personal público “para que tenga más y mejores herramientas para atender a la ciudadanía y para agilizar y modernizar la administración”.

De Anta recuerda que el Plan de Formación de 2019, aprobado el pasado mes de mayo, tiene como objetivo ofrecer una formación basada en el conocimiento, con el fin de facilitar al personal al servicio de las entidades locales la asunción de funciones precisas en el marco de una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos y materiales y orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía.

Precisa que la programación formativa para las entidades locales contempla nueve cursos, con un total de 13 ediciones y 330 horas de duración, que se desarrollarán en la modalidad on-line. En concreto, en el área de organización del trabajo y mejora de habilidades se han programado tres cursos, que versan sobre estrategias para desarrollar la memoria, técnicas avanzadas de lectura y estructura eficaz en la administración pública.

En el área jurídica-administrativa, las actividades formativas se centran en las leyes de Contratos, de Régimen Jurídico del Sector Público y de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Mientras en materia de transparencia y buen gobierno, el curso abordará el Reglamento Europeo en Materia de Protección de Datos.

El lenguaje y la comunicación no sexista en la administración pública es la acción formativa en el área de políticas de igualdad, y la gestión del estrés laboral es el curso programado en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.

El Gobierno levanta la suspensión del plazo máximo de finalización de las oposiciones

El Gobierno levanta la suspensión del plazo máximo de finalización de las oposiciones

La medida afecta a unas 15.000 personas, y solo se mantiene la interrupción del plazo en el proceso selectivo de Ingenieros Industriales, que concierne a 15 personas, hasta que se obtenga pronunciamiento judicial

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras consultar con los servicios jurídicos, ha decidido alzar la resolución de la Dirección General de Función Pública adoptada por el anterior Gobierno autonómico el pasado 19 de julio y dejarla sin efecto para los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, hasta que haya un pronunciamiento judicial.

Con tal fin, se ha firmado una nueva resolución, con fecha 6 de agosto de 2019, que permite continuar el curso de las convocatorias, en sus distintas fases, según explicaron hoy en rueda de prensa el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, quienes indicaron que las personas actualmente afectadas por estos procesos son unas 15.000, en su mayoría correspondientes a las convocatorias de los cuerpos de Auxiliares y Administrativos.

La Consejería tuvo conocimiento de la decisión del anterior Ejecutivo el pasado 31 de julio a través del Boletín Oficial de Canarias, tras lo que solicitaron informes de manera inmediata tanto a la Dirección de la Función Pública como de los Servicios Jurídicos del Gobierno “para dar las máximas garantías a dichos procesos selectivos y asegurar los derechos de las personas interesadas y sus familias”, detalló Pérez, quien aseguró que “nos comprometimos en una pronta solución y creemos haber cumplido”.

No obstante, señaló, se entiende pertinente la suspensión del plazo de la convocatoria relacionada con la especialidad de Ingenieros Industriales hasta que se resuelva la rectificación del error material solicitada respecto al fallo de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 14 de junio de 2019. En cuanto a este proceso selectivo son 15 las personas afectadas actualmente.

Pérez destacó que se ha tomado la decisión de levantar la suspensión, basada en derecho, al entender que es la más adecuada jurídicamente. Se trata además, agregó, de una medida política basada en el interés por resolver la situación de forma rápida para no perturbar el funcionamiento de la Administración autonómica y no causar desasosiego en las personas que opositan. “El Gobierno de Canarias quiere cuidar mucho al personal público y esmerarse en los procesos para la selección de aspirantes”, remarcó.

El consejero recordó que el origen de las dudas sobre los procesos selectivos surge a raíz de dos sentencias del de la sección segunda de la Sala lo Contencioso del Tribunal, de fechas 17 de octubre de 2018 y del 14 de junio de 2019, que estiman que el artículo 3 de la orden de 21 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos de la Comunidad Autónoma de Canarias vulnera lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley de la Función Pública de Canarias. Dicha norma señala que “la oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición”.

Sin embargo, aclaró, la sentencia que origina el conflicto no se funda en este motivo, sino en la falta de una justificación suficiente en el caso enjuiciado para hacer la selección por concurso-oposición y no por oposición.

“Es decir, lo que pone en duda el TSJC es la fase de concurso de méritos, no los procesos selectivos convocados”, resaltó Pérez, quien remarcó que al llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad “nos hemos encontrado con un problema importante, al que hemos dado máxima prioridad para dar tranquilidad a las personas afectadas y resolverlo en el menor plazo de tiempo posible”. “Para este Gobierno los recursos humanos son los activos más valiosos”, aseguró.

Pérez aprovechó la ocasión para expresar su propósito de reducir la interinidad y promover la estabilización del personal afectado, para lo cual apeló al diálogo con los sindicatos y deseó su contribución, al tiempo que recordó que existe una previsión legal de situarla por debajo del 8 por ciento.

El Gobierno aprueba nuevas medidas para la conciliación en el ámbito de la Administración General

Francisco Rodríguez, director general de Función Pública

Se trata de un conjunto de medidas que permiten avanzar en la protección de familiares menores de edad, con discapacidad o de avanzada edad que requieran de especiales cuidados y estén bajo el cuidado directo del personal, así como para atender las propias circunstancias vitales del personal

El director de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, anuncia que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad aprobó hoy un paquete de nuevas medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Rodríguez explica que esta iniciativa da cumplimiento, entre otros, al compromiso adquirido por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo que se une a otras medidas ya implementadas como la jornada semanal de 35 horas, el aumento de las retribuciones, el derecho a la percepción del total de las retribuciones en caso de incapacidad temporal o el aumento de la dotación presupuestaria para las ayudas de acción social.

A través de este paquete de medidas, añadió el director general, se avanza “decididamente” en la protección de los hijos e hijas y de familiares con discapacidad o de avanzada edad, que requieran de especiales cuidados y estén a cargo directo del personal al servicio de la Administración General.

La resolución abarca, en primer lugar, una mejora en el régimen de flexibilización de la parte fija del horario que han de cumplir los trabajadores y trabajadoras, permitiendo su incorporación más tarde o pudiendo finalizar su jornada más temprano, o bien en su caso, interrumpiendo el desarrollo de la jornada, para atender las necesidades de cuidado, siempre y cuando se cumpla con el horario total.

Asimismo, se prevé la ampliación del período diario de descanso para quienes tengan la condición de personal con discapacidad o estén en procesos de recuperación por enfermedad grave, y se flexibiliza el horario en determinados períodos del año con la finalidad de favorecer la conciliación de las obligaciones laborales con el curso escolar.

También se permite la progresiva reincorporación al trabajo, mediante una adaptación horaria, a quienes hayan padecido una enfermedad oncológica o cualquier otra de especial gravedad. De otra parte, se fomenta la participación del personal en su formación y perfeccionamiento previendo la Resolución períodos de cortesía que compatibilicen su horario de trabajo con la formación.

Respecto al cuidado directo de familiares, se establecen medidas concretas respecto de hijos e hijas que padecen una enfermedad oncológica u otra de especial gravedad, también por hospitalización de familiares, por episodios de enfermedad contagiosas de menores de 14 años, para atender circunstancias personales como el fallecimiento de familiares, el matrimonio o la constitución como pareja de hecho, el cambio de domicilio, o la asistencia a técnicas de fecundación o de reproducción asistida.

Destaca la implementación en la Administración General de un crédito horario anual para la conciliación, de carácter recuperable, que podrá disponerse por el personal para atender necesidades de conciliación relacionadas con menores de edad y otros familiares, y que será del 3% de la jornada anual en 2019; del 4% en 2020, y del 5% en 2021, y que atendiendo a las condiciones para su disfrute es, a día de hoy, el crédito horario más avanzado del Estado.

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en cumplimiento de aquel compromiso adquirido convocará esta semana a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, a iniciativa de las organizaciones sindicales, para alcanzar un acuerdo por el que se constituirá una Comisión General de Conciliación cuya finalidad será estudiar la aplicación de un marco de medidas de conciliación para el conjunto de la Administración autonómica que se adapte a las específicas características de los distintos sectores públicos como son la Educación, la Sanidad, la Policía Canaria o la Administración de Justicia.

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