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El Gobierno cambia la forma de designar los tribunales de oposiciones por un sistema totalmente transparente

Función Pública plantea a los sindicatos la creación de un banco de datos donde el personal público de la Administración podrá darse de alta para ser miembro de tribunales y se designará por sorteo

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, sigue dando pasos para dotar de máxima transparencia a designación de los miembros de los tribunales de los procesos selectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Con este objetivo, una de las medidas que pondrá en marcha la Dirección General de Función Pública es la creación de un banco de datos en el que se pueda dar de alta de manera voluntaria el personal que quiera formar parte de estos tribunales calificadores.

Esta medida será planteada por la Dirección General de la Función Pública en la Mesa Sectorial de personal funcionario dentro del acuerdo marco cerrado el pasado mes de enero con los representantes sindicales para la modernización, publicidad y transparencia, así como para el fomento de la participación en los tribunales calificadores de procesos selectivos.

Función Pública plantea un sistema de designación por sorteo, en sesión pública, para componer los correspondientes tribunales entre quienes forman parte del banco de datos y cumplan los requisitos legales.

“Abogamos por fomentar una participación voluntaria del personal en los tribunales calificadores, ya que entendemos que esta es la opción más adecuada y favorable para el correcto desarrollo de los procesos selectivos”, explica Francisco Rodríguez, que adelanta que cualquier persona que reúna los requisitos legales para formar parte de un tribunal calificador lo podrá poner de manifiesto ante Función Pública en cualquier momento.

En este sentido, el director general aclara que este sistema permitirá que, además del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, también puedan solicitar su inclusión en el banco de datos el personal de otras administraciones públicas o sectores públicos.

“A efectos de garantizar la imparcialidad de los procesos selectivos, no serían incluidos en el sorteo quienes hubieren pasado a formar parte del banco de datos después de que se haya publicado la convocatoria del correspondiente proceso selectivo”, aclara Francisco Rodríguez. El banco de datos será, además, público y estará a disposición de la ciudadanía en la página web de la Dirección General.

Asimismo, Función Pública propondrá en la próxima Mesa Sectorial establecer un límite para que una misma persona no pueda formar parte de más de dos tribunales simultáneamente, garantizando con ello la concurrencia de todas las personas integradas en el banco de datos.

Cuando no sea posible cubrir la totalidad de tribunales por falta de personas en el banco de datos, la designación que se realice igualmente deberá estar acompañada de la publicación de un extracto del currículo profesional de quienes son designados.

Finalmente, Función Pública planteará a los representantes sindicales la tramitación de un decreto autonómico que regule la participación obligatoria del personal en los tribunales calificadores, como de hecho sucede en otros sectores de la Administración, como el caso de la selección del personal docente no universitario, si bien, sería la última vía cuando sea imprescindible para garantizar la ejecución de las ofertas de empleo público.

 

 

 

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Publicado en el BOC el repertorio de preguntas de la OEP extraordinaria para la estabilización del empleo temporal

Publicado en el BOC el repertorio de preguntas de la OEP extraordinaria para la estabilización del empleo temporal

Función Pública cumple de esta forma con lo establecido para la fase de oposición que deben efectuar los empleados públicos de corta duración, que se llevará a cabo con posterioridad a la de concurso

La publicación, que ocupa más de 1.300 páginas del Boletín Oficial de Canarias, se ajusta al siguiente baremo: A1, 500 preguntas; A2, 400 preguntas; C1, 300 preguntas; C2, 200 preguntas; y E, 100 preguntas

Las preguntas constan de tres respuestas alternativas; una de ellas será la cierta frente a las otras dos falsas; la no contestación y la contestación errónea no computan

La Dirección General de la Función Pública, centro directivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado el repertorio de preguntas elaborado para la fase de oposición que deben efectuar los empleados públicos denominados de corta duración, para el acceso libre a 100 plazas de personal funcionario correspondientes a determinados cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades, tal y como establece el Anexo I del Decreto 114/2022, de 20 de mayo, que aprueba la Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria para la estabilización, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, del empleo temporal a la que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Con la publicación de esta colección de preguntas, en más de 1.300 páginas, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/119/004.html–, Función Pública cumple con lo recogido en el apartado noveno del referido Anexo I, que contempla una fase de oposición que se celebrará con posterioridad a la fase de concurso.

Dicha fase de oposición –dirigida a los empleados de corta duración, frente a los denominados de larga duración de la disposición adicional sexta de la referida Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que deberán superar únicamente a la fase de concurso– consistirá en la realización obligatoria de un cuestionario tipo test que será propuesto por el tribunal calificador, entresacado de un repertorio de preguntas directamente proporcional al grupo de pertenencia de los cuerpos y escalas convocados, que debe ser publicado con anterioridad en el BOC, de acuerdo al siguiente baremo: A1, 500 preguntas; A2, 400 preguntas; C1, 300 preguntas; C2, 200 preguntas; y E, 100 preguntas.

Es preciso recordar que, para el acceso libre a las 100 plazas de funcionarios interinos de corta temporalidad, se estableció un sistema de concurso-oposición, en el que la fase de oposición tiene un peso del 60% sobre la nota global del proceso, fijándose para ello un único ejercicio tipo test, no eliminatorio, elaborado a partir de unas baterías de preguntas y respuestas, extraídas de temarios reducidos y ajustados a los grupos funcionales correspondientes. Las preguntas constan de tres respuestas alternativas; una de ellas será la cierta frente a las otras dos falsas. La no contestación y la contestación errónea no computarán y la nota conseguida se sumará al cálculo de la puntuación total del proceso.

GRUPOS     TEMAS     BATERÍA     PREGUNTAS     TIEMPO
A1                    30                  500                     50                      120 m.
A2                    20                  400                     40                       90 m.
C1                     15                  300                     30                        90 m.
C2                    10                   200                     20                       60 m.
E                        5                    100                     10                       60 m.

Para el acceso a cuerpos y escalas de carácter facultativo, así como aquellas escalas distintas de la general adscritas al Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, el temario incorporará una parte específica, atendiendo al ámbito funcional propio del cuerpo, escala y, en su caso, especialidad de que se trate.

Con el fin de mejorar la operatividad, la fase de concurso es anterior a la de oposición, lo que permite a los aspirantes obtener una baremación previa de sus méritos aportados y acreditados. Esa fase de concurso, con un peso del 40% en el cómputo total, está distribuida en cuatro puntos: la experiencia adquirida en el sector público como funcionario interino en el cuerpo/escala/especialidad objeto de la convocatoria tendrá una puntuación máxima de 3,10 puntos; la antigüedad acreditada en el sector público, 0,2 puntos máximos, y otros méritos –haber superado ejercicios de procesos selectivos anteriores, las titulaciones académicas y certificaciones por realización de cursos formativos, de adecuación o perfeccionamiento profesional–, 0,7 puntos.

Mediante resoluciones de 14 de diciembre de 2022 (BOC n.º 252, de 24/12/2022, y BOC n.º 256, de 30/12/2022), la Dirección General de la Función Pública divulgó las convocatorias para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en los cuerpos y escalas siguientes: Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales y Escala de Administradores Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores, Especialidad Psicología (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Inspectores Médicos (Grupo A, Subgrupo A1); Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Profesores Numerarios de Formación Profesional Marítimo-Pesquera, Especialidad Sistemas Auxiliares del Buque, Máquinas e Instalaciones (Grupo A, Subgrupo A1);  Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2); Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidades de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Técnico Industrial; Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos de Grado Medio (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidades de Técnicos de Prevención y de Trabajador Social; Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1); Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Escala Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación (Grupo C, Subgrupo C1); Cuerpo de Agentes de Inspección Pesquera (Grupo C, Subgrupo C1); Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), y Agrupación Profesional de Subalternos (Grupo E).

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El Gobierno incluye en las OEP extraordinarias de estabilización las 24 plazas de Justicia excluidas

El Ejecutivo canario estima los recursos presentados por personal temporal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tras el informe del Comité Jurídico Asesor

Entiende que se dan los presupuestos para la estabilización de dichas plazas dentro de la Administración General de la CAC

Salvo un caso, todas estas plazas llevan ocupadas por la misma persona desde hace 15, 17, 18 o 22 años

Se trata de 23 plazas de larga duración –tres del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General, seis del Cuerpo Administrativo y catorce del Cuerpo Auxiliar–, y una de corta duración del Cuerpo Auxiliar

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tras el informe del Comité Jurídico Asesor, dos decretos por los que se estiman los recursos presentados por personal temporal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se incluyen, en las ofertas extraordinarias de empleo público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, las 24 plazas correspondientes a las funciones desempeñadas por los recurrentes y que habían quedado excluidas.

En el primero de los decretos, el Gobierno de Canarias estima el recurso interpuesto por una trabajadora contra el Decreto 114/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se incorpore en esta oferta extraordinaria una plaza del Cuerpo Auxiliar.

La recurrente viene prestando servicios como funcionaria interina y con una antigüedad desde el 3 de octubre de 2016, ejerciendo las funciones propias del Cuerpo Auxiliar en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que se consideraría de corta duración.

A través del segundo decreto, el Ejecutivo estima los recursos interpuestos por personal temporal al servicio de la Administración de Justicia contra el Decreto 115/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal de larga duración en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se incluyan 23 plazas correspondientes a las funciones desempeñadas por los recurrentes: tres del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General; seis del Cuerpo Administrativo; y catorce del Cuerpo Auxiliar.

Este personal viene prestando servicios como funcionarios interinos y con una antigüedad anterior al 1 de enero de 2016 en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que serían calificados de larga duración. Todos ellos desde hace 15, 17, 18, 19 o 22 años.

A juicio de los recurrentes, de conformidad con una interpretación material y no formal de la Ley 20/2021, en función de la cual se interpreta el concepto plaza como aquellas relativas a funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria, y del normal funcionamiento de la Administración de que se trate, y concurriendo el resto de requisitos establecidos en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en relación con el artículo 2.1, se darían los presupuestos para la estabilización de dichas plazas dentro de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que viene precedido de informes emitidos por parte de las direcciones generales de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Función Pública, las viceconsejerías del Servicio Jurídico y de Justicia, y del Consejo Jurídico Asesor, se sustancia en que la Ley 20/2021 establece la obligación de ofertar las plazas que sean de naturaleza estructural, estén dentro o fuera de las relaciones de puestos de trabajo, y si no se estimasen los recursos se estaría incumpliendo el mandato legal de la Ley 20/2021.

Según el Gobierno canario, cuando dictó los decretos 114/2022 y 115/2022, de 20 de mayo, se desconocía que las plazas objeto de recurso no se ofertarían en la OEP de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo), al entenderse que los mismos no realizan funciones estructurales ni recurrentes dentro de la Administración de Justicia.

En su opinión, no hay duda de que tanto la primera recurrente ha estado ocupando y ocupa plaza con carácter temporal de forma ininterrumpida, desde el 3 de octubre de 2016, como que el resto lo hace con anterioridad a 1 de enero de 2016 (disposición adicional sexta) o que han estado ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016 (disposición adicional octava).

Además, las plazas señaladas están dotadas presupuestariamente en las cuentas del ejercicio 2022 aprobado por la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, en el Capítulo 1 del Personal de la Administración de Justicia gestionado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, según consta en el certificado de la jefa de Sección de Control de Gasto de Personal de la Administración de Justicia de Canarias de la citada dirección general.

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El Consejo de Gobierno ratifica el acuerdo para la estabilización de 12.146 profesionales del SCS

El Consejo de Gobierno ratifica el acuerdo para la estabilización de 12.146 profesionales del SCS

El documento fue aprobado por mayoría de la Mesa Sectorial de Sanidad la pasada semana

Las convocatorias de los procesos selectivos deben estar publicadas antes del 31 de diciembre de este año y la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024

El acuerdo afecta a 12.146 profesionales, de los que cerca de 10.000 podrán optar a la estabilización por el sistema de valoración de méritos y, el resto, por concurso oposición

El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada esta mañana, miércoles 7 de diciembre, ratificó el acuerdo alcanzado por mayoría entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial para la estabilización de los 12.146 profesionales que podrán acogerse a lo dispuesto en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El acuerdo relativo a las bases y criterios de las convocatorias de los procesos de estabilización afecta a 75 categorías profesionales y, del total, cerca de 10.000 empleados podrán optar a la estabilización por el sistema de valoración de méritos y, el resto, por concurso oposición.

El documento ratificado por el Consejo de Gobierno establece los criterios y bases de las convocatorias de la Oferta de Empleo Público para el año 2022 del personal estatutario del SCS y la OPE adicional de estabilización del empleo temporal del personal estatutario y laboral del SCS.

Las convocatorias de dichos procesos selectivos deberán publicarse antes del 31 de diciembre de este año y la resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

El acuerdo, suscrito por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Canarias, UGT, CCOO y Sepca, recoge los criterios que regirán las convocatorias de acceso a la condición de personal estatutario fijo que se convoquen en ejecución de los procesos extraordinarios de estabilización del empleo temporal, tanto en la modalidad de acceso por valoración de méritos (derivado de la disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021) como a través del sistema de concurso oposición (derivado de la artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre). Estos criterios siguen de forma análoga a los suscritos por la administración general pero con las singularidades propias del ámbito sanitario reguladas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Acceso por méritos

El sistema de acceso por méritos al que podrá acogerse las plazas ocupadas en los últimos cinco años, contempla la valoración de méritos profesionales y curriculares, teniendo en cuenta mayoritariamente la experiencia en la categoría en la que se trate y una mayor ponderación en los servicios prestados en el SCS, conforme a las recomendaciones acordadas en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, los méritos profesionales supondrán un 70 por ciento de la puntuación máxima y el resto de méritos el 30 por ciento.

Concurso-oposición

El sistema de acceso por concurso oposición, al que podrá acogerse las plazas ocupadas entre tres y cinco años, contempla una valoración en la fase de concurso de un 40 por ciento de la puntuación total en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en la categoría en la que se trate  y una mayor ponderación en los servicios prestados en el SCS.

Los méritos profesionales supondrán un 90 por ciento de la puntuación máxima y el resto de méritos supondrán un 10 por ciento, en el contexto del baremo que se negocie en mesa sectorial. La fase de oposición, que se realizará en primer lugar y que se valorará con un 60 por ciento de la puntuación total, no teniendo carácter eliminatorio y consistirá en la realización obligatoria de un cuestionario tipo test.

Estabilidad y continuidad

Dado el carácter excepcional de este tipo de procesos en ejecución de ofertas extraordinarias de estabilización del empleo temporal, y en aras a garantizar la estabilidad y continuidad en la prestación de la asistencia sanitaria, el acuerdo recoge que a las personas aspirantes seleccionadas que ya tengan la condición de personal estatutario o laboral, temporal o sustituto de la misma categoría y, en su caso, especialidad en el SCS, se les adjudicará directamente el puesto que vienen ocupando. El resto de personas aspirantes seleccionadas adjudicarán según el orden de puntuación obtenida y la preferencia manifestadas.

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El Gobierno aprueba dos OEP de la Administración General para 2022 que suman 1.286 plazas

El Gobierno aprueba dos OEP de la Administración General para 2022 que suman 1.286 plazas

La primera, denominada ordinaria, comprende un total de 503 plazas, de las que 377 corresponden al sistema general de acceso libre y 126 al acceso mediante promoción interna. Con esta OEP se cubre la práctica totalidad de las plazas vacante de funcionarios de carrera

La segunda, calificada de adicional, asciende a 783 plazas y está dirigida a puestos a proveer por personal laboral, que no habían sido objeto de oferta alguna desde 1997

Además, el Ejecutivo canario modifica la oferta de empleo público de 2020 para sumar 21 plazas más de promoción interna, resultando 99 plazas, en lugar de 78, y un cómputo global de 394, en vez de 373, al no variar las 295 de ingreso libre

En el año 2022 se han aprobado otras dos OEP extraordinarias correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma, para reducir la temporalidad del empleo público, en las que se ofertaron 3.499 plazas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tres proyectos de decreto por los que se aprueban dos ofertas de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, la segunda de ellas adicional (puestos a proveer por personal laboral), y se modifica el decreto por el que se aprobó la OEP para el año 2020.

Entre las dos OEP de la Administración General para el año 2022 se ofertan 1.286 plazas. La primera, denominada ordinaria, comprende un total de 503 plazas, de las que 377 corresponden al sistema general de acceso libre y 126 al acceso mediante promoción interna. La segunda, calificada como adicional, asciende a 783 plazas.

El tercer decreto, que modifica la OEP de 2020, suma 21 plazas más de promoción interna, ofertando 99 plazas, en lugar de 78, y un cómputo global de 394, en vez de 373, al no variar las 295 de ingreso libre.

Con la aprobación de los dos primeros decretos, en el año 2022 se han tramitado un total de cuatro OEP correspondientes a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dos de ellas extraordinarias, en las que se han ofertado un total de 3.499 plazas, en virtud de los estipulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público.

Distribución plazas

La tercera, la OEP ordinaria, culmina el esfuerzo realizado en estos últimos años por parte de la Dirección General de Función Pública al objeto de dar cobertura definitiva a la práctica totalidad de puestos adscritos al Grupo A (subgrupo A1 y A2) de la Administración General ante el déficit de personal adscrito a cuerpos generales y facultativos de titulación superior.

Las 377 plazas que corresponden al sistema general de acceso libre incluyen, del subgrupo A1, dos titulados sanitarios especializados en Veterinaria de Administración Sanitaria; cuatro técnicos facultativos superiores especializados en Economía (1), Geografía (1) y Tecnologías de la Información (2); tres inspectores médicos; y tres profesores numerarios de FP Marítimo-Pesquera especializados en Electricidad del Buque y Electrónica Naval (1), Inglés Náutico (1) y Seguridad del Buque y en el Trabajo a Bordo (1).

Del subgrupo A2, dos archiveros ayudantes; cuatro bibliotecarios ayudantes; doce arquitectos o ingenieros técnicos especializados en Ingeniería Técnica Agrícola (7), Ingeniería Técnica de Obras Públicas (4) y Telecomunicaciones (1); siete técnicos facultativos de grado medio especializados en Tecnologías de la Información (3) y Trabajo Social (4); y un maestro de taller de FP Marítimo-Pesquera especializado en Maniobra y Navegación (1). Del subgrupo C1, 85 del cuerpo de administrativo, y del C2, 244 del cuerpo de auxiliare.

Las 126 del acceso mediante promoción interna corresponden a 96 del subgrupo C1, cuerpo administrativo, y 30 del subgrupo C2, cuerpo auxiliar.

Una vez ejecutada la OEP de 2022, la práctica totalidad de los puestos vacantes del Grupo A se verán cubiertos por personal funcionario de carrera y se culmina la cobertura de la práctica totalidad que a día de hoy figuran vacantes para personal funcionario. De esta forma, las OEP que se aprueben en los años siguientes se limitarán a cubrir los puestos que el personal funcionario deje vacante cada año.

La cuarta OEP de este año, la adicional para puestos de personal laboral, era una asignatura pendiente de la Administración, pues la última acción que se realizó en este ámbito fue el Plan de Empleo Operativo sobre la provisión definitiva de plazas vacantes reservadas al personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 1997.

Con el decreto ahora aprobado se pretende articular la selección del personal fijo que haya de cubrir la totalidad de puestos de trabajo de carácter estructural que en el momento actual, y excluidos aquellos ya incluidos en las ofertas extraordinarias de empleo público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito de la Administración autonómica canaria (sector de Administración General), se encuentren ocupados por personal laboral temporal contratado para la cobertura de tales puestos en tanto se sustancian los correspondientes procesos selectivos para su provisión por personal laboral fijo.

Las 783 plazas que comprende esta oferta de empleo público incluyen 14 del Grupo 1, psicólogo (6) y titulado superior (8); 51 del Grupo II, asistente social (9), ayudante de archivo o biblioteca (3), director (9), educador (14), logopeda (1), técnico grado medio (4), titulado medio (10) y analista informático (1); 29 del Grupo III, analista de campo (2), analista de laboratorio (1), ayudante archivo o biblioteca (1), educador infantil (19), operador social (1), administrativo (2), auxiliar autopsias (2) y oficial II administrativo (1); 444 del Grupo IV, cocinero (49), cocinero I (1), conductor (2), conductor subalterno (1), contramaestre de buque (1), cuidador (33), mantenimiento guarda (33), mantenimiento vigilancia (3), oficial I (2), oficios varios (1), auxiliar administrativo (66), auxiliar laboratorio (2), auxiliar de servicios complementarios (247) y jardinero (3); 245 del Grupo V, auxiliar asistencia (1), auxiliar cocina (1), ayudante cocina (88), ayudante mantenimiento (3), camarero o limpiador (24), conserje (3), marinero (1), oficial II (1), servicio doméstico (15), guarda (1), lavandería lencería (2), limpiador (9), ordenanza (11), peón agrario (11), peón boyero (1), sereno (1), subalterno (71) y vigilante nocturno (1).

En cuanto a la modificación de la OEP del año 2020 en lo referente a la promoción interna, se cumple con la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se señala que el cálculo del porcentaje relativo a la reserva de promoción interna debe hacerse sobre el número total de plazas y no solamente sobre las de turno libre.

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El Gobierno culmina el proceso del concurso de méritos al publicar la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios

El Gobierno culmina el proceso del concurso de méritos al publicar la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que “es uno de los primeros compromisos que adquirimos”, al inicio de la legislatura, “y se puede decir que hemos cumplido”

Julio Pérez recuerda que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se convocaba, con el consiguiente trastorno para la carrera profesional de muchos empleados públicos

Además, señala que “ahora se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado este lunes, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/185/–, la resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios correspondientes al concurso de méritos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Un proceso en el que se ofertaron 4.723 puestos de trabajo adscritos a los distintos departamentos y organismos, así como a los grupos, subgrupos, cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades, que conforman dicha administración, y al que se presentaron 1.711 solicitudes.

En dicha resolución se establece también el calendario de los ceses por cuerpos, escalas y especialidades de las personas que hasta ahora venían ocupando las plazas, que se hará de forma escalonada, así como la posterior toma de posesión de las adjudicatarias de las mismas. Del mismo modo, se dispone que el personal funcionario interesado podrá presentar, contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOC.

Según el resultado definitivo, en la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa se ha adjudicado un puesto; en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, 21; en la Agencia Tributaria Canaria, 193; en la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca, 120; en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, 91; en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, 73; en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 120; en la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 93; en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 54; en la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, 110; en la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 159; en la Consejería de Sanidad, nueve; y en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, 53.

Igualmente, se han adjudicado puestos en el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), cuatro; en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), uno; en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), 17; en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 19; en el Instituto Canario de Estadística (Istac), dos; en el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ocho; en el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), 14; en Presidencia del Gobierno, 24; en el Servicio Canario de Empleo (SCE), 58; en el Servicio Canario de Salud (SCS), 126; y en las plazas delegadas de Parques Nacionales, una.

De los 1.374 puestos adjudicados en este concurso de méritos, 422 corresponden al Subgrupo A1; 259, al Subgrupo A2; 330, al Subgrupo C1; 352, al Subgrupo C2; y once, al Grupo E. De los 422 correspondientes al A1, 218 pertenecen al Cuerpo Superior de Administradores; once, al Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios; y 193, al Cuerpo Superior Facultativo. De los 259 del A2, 101 pertenecen al Cuerpo de Gestión; dos, al Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios; y 156, al Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio.

Los 330 del C1 están distribuidos en cuatro cuerpos. 299 del Cuerpo Administrativo, 19 del Cuerpo Administrativo Técnico-Agentes Tributarios, nueve del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente y tres del Cuerpo de Auxiliares Técnicos. Los 352 del C2 pertenecen todos al Cuerpo Auxiliar y los once del Grupo E corresponden a la Agrupación Profesional de Subalternos.

Uno de los primeros compromisos

El concurso de méritos, que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se llevaba a cabo, fue convocado por la Dirección General de la Función Pública el 28 de junio de 2021, a través de una resolución que fue publicada en el BOC dos días después, que también recogía las bases específicas que han regido el mismo.

Conviene recordar que la celebración de este concurso, postergado largamente, “es uno de los primeros compromisos” adquiridos por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, al inicio de la legislatura, y se convirtió en un mandato legal que el Gobierno de Canarias se impuso a sí mismo a través del Decreto ley 6/2019, de 10 de octubre, que fijaba junio de 2021 como fecha tope para la convocatoria del concurso. Además, algunas sentencias judiciales habían ordenado, por su parte, la celebración del concurso, atendiendo a reclamaciones del personal público.

Julio Pérez ha manifestado, en este sentido, que “se puede decir, modestamente, que hemos cumplido un compromiso. Nos quedan otros muy importantes, que están en curso de cumplimiento, pero este fue uno de los primeros que asumimos”. Además, ha señalado que “ahora se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”.

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Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización

La catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, al igual que Julio Pérez y el viceconsejero Manuel Martínez, destaca la importancia de que las bases de los procesos tengan la mayor calidad técnica y garantía jurídica

Su homóloga Margarita Ramos considera que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos. “Hay interés por hacerlo y hacerlo bien”, apunta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este martes el valor de que todas las partes implicadas en los procesos de estabilización que se están realizando en las distintas administraciones públicas de Canarias estén de acuerdo en que es necesario buscar una solución, aunque existan diferencias en cuanto a los medios.

Julio Pérez, que ha inaugurado la jornada desarrollada a lo largo de la mañana, en la sede de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, destinada a la puesta en común de estos procesos de estabilización, ha recalcado que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021 y adquiera la condición de fijo. Esto permitirá, ha indicado, que, entre otras cosas, la ciudadanía reciba un mejor servicio de las administraciones públicas.

Durante su intervención en la jornada, ha hecho hincapié en el esfuerzo realizado por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, para mantener la línea de comunicación entre todas las partes, y ha advertido que no se puede pensar que alcanzar un acuerdo en esta materia va a solventar por sí solo los problemas jurídicos que puedan surgir. De ahí que haya resaltado la importancia de la calidad jurídica y técnica de las bases que se aprueben además de con el mayor consenso posible.

En la misma línea se ha expresado Manuel Martínez, que ha insistido en buscar que se quede con carácter fijo la mayor parte de los empleados públicos que están en abuso de temporalidad, pero siempre con garantías jurídicas para que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, con el fin de que cualquier persona que esté fuera de la Administración también pueda participar en el proceso.

A su juicio, el meollo de todo este proceso está en las bases, porque son las que determinan las reglas del juego. Ha adelantado que la próxima semana se empezarán a determinar las bases concretas y que, en octubre y noviembre, ya con todos los procesos, se irán definiendo las convocatorias. La convocatoria básicamente es tocar el botón para fijar una fecha para saber cuándo se debe de celebrar, ha apuntado.

En la jornada ha participado como ponente la catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, quien, al igual que Julio Pérez y Manuel Martínez, ha puesto de relieve la importancia de elaborar unas bases que cuenten con la mayor garantía jurídica. Para ello, ha expuesto las alternativas que ofrece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y las enseñanzas que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del resto de los tribunales. También ha descrito el desarrollo que algunas comunidades autónomas han hecho de la Ley 20/2021, deteniéndose concretamente en los casos de Euskadi, Baleares y Navarra.

Su homóloga Margarita Ramos, también presente en la jornada, ha manifestado que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos sobre las bases de los procesos de estabilización en las administraciones públicas de Canarias. Según ha dicho, “hay interés por hacerlo y hacerlo bien”.

A la jornada destinada a la puesta en común de los procesos de estabilización que se están realizando por las distintas administraciones públicas de Canarias han asistido la viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario, Isabel Cubas; la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos; la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Avelina Díaz; así como varios técnicos de las consejerías de Educación, de la Dirección General de Función Pública y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Igualmente, estaban presentes la consejera de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Margarita González Cubas; la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro; además de varios técnicos de la Corporación insular tinerfeña.

Acudieron también representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Sepca, Intersindical Canaria y co.bas, junto a los del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL). La mayor parte del debate, que se prolongó durante toda la mañana, se ha centrado en buscar la fórmula que permita que el mayor número de trabajadores consolide su plaza ocasionando el menor trauma jurídico a los afectados por la temporalidad.

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Torres garantiza que se cumplirán los plazos para la estabilización del personal público

Pleno del Parlamento de Canarias.

El presidente de Canarias subraya en el Parlamento que la mayoría de los sindicatos apoyan el proceso que lidera el Gobierno de Canarias y se muestra convencido de que en 2024 se acabará con una situación que no resolvieron los ejecutivos anteriores

Torres destaca la creación de empleo en mayo pasado, mes poco propicio pero en el que bajó el paro en casi 6.000 personas; recalca que ahora hay más afiliados a la Seguridad Social en las Islas que en toda la serie histórica

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó hoy, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento regional, que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo y cumplirá con los plazos de la Ley estatal 20/2021, de 28 de diciembre y sobre medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En respuesta a una pregunta de la oposición, Torres subrayó que, antes de que concluya 2023, saldrán las bases y convocatorias de todos los concursos junto con los ayuntamientos y cabildos, y que, tal y como exige la UE y propicia el Gobierno central con esa ley, en 2024 se acabará con las situaciones de temporalidad, “que duran años, lustros y, en muchos casos, décadas” en distintas administraciones públicas de las Islas.

El jefe del Ejecutivo regional considera llamativo que algunos integrantes de la oposición sean muy duros con este Gobierno, que lleva tres años tratando de resolver este problema, y a la vez comprensivos con los que no lo solucionaron durante tanto tiempo. Además, y aunque subrayó que cualquier trabajador y sindicato tienen derecho a discrepar de las decisiones que se adoptan, Torres dijo que la mayoría de las centrales sindicales están en sintonía con el Gobierno de Canarias y que lo ideal es que los partidos apoyen este esfuerzo y sean “coherentes con el presente, el futuro y el pasado”.

El presidente rechazó en la misma sesión parlamentaria la demagogia sobre los servicios públicos de hemodonación y hemoterapia, remarcó que el Gobierno está cumpliendo con la Constitución y sostuvo que se responderá a todos los recursos que se puedan presentar. También insistió en que ya se han consensuado y aprobado las plazas para regularizar mediante aquel proceso legal unos 33.000 puestos de trabajo, con especial protagonismo de las áreas de Sanidad, Educación, Justicia y Administraciones Públicas.

Torres además se refirió a la reciente firma del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) de 2022, acto que tuvo lugar en La Palma el pasado 1 de junio, e indicó que no se trata de un plan caprichoso, sino que forma parte del Estatuto y del REF, “por lo que es de obligado cumplimiento por parte del Gobierno central”, aunque no se dotara económicamente en varios años bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

El presidente confía en que los 42 millones actuales puedan aumentar en el futuro, destaca que en su legislatura al frente del Ejecutivo se haya ido adelantando la fecha de la firma, que Canarias haya sido reconocida como una de las comunidades que más y mejor ejecuta su plan de empleo y además el hecho de que este vaya dirigido, sobre todo, a mejorar la igualdad de oportunidades formativas, de puestos de trabajo e ingresos laborales, al enfocarse en parados de larga duración, mujeres, jóvenes y otras personas vulnerables, en algunos casos hasta de familias que no tienen otros ingresos que los que perciben del PIEC.

Para ello, se destinan 25 millones a iniciativas de empleo social, en coordinación con los 88 ayuntamientos isleños, así como 6 millones para autónomos y 4 para el fomento de ocupaciones especializadas muy demandadas en el Archipiélago, entre otras actuaciones.

Los datos del paro desmontan las tesis “apocalípticas” sobre la reforma laboral

En relación precisamente con la calidad del empleo en las Islas, Torres aprovechó otra pregunta para mostrar su “moderado optimismo” con los datos del paro en el pasado mayo, “mes históricamente poco propicio y en el que, sin embargo, bajó la cifra de desempleados en casi 6.000 personas gracias a la sociedad canaria y a la actual generación y recuperación económica”.

El presidente considera muy importante, además, que la mitad de los nuevos contratos sean indefinidos y cree que así se desmontan “los mensajes apocalípticos” de formaciones como el PP respecto a la reforma laboral del Gobierno central, la subida del salario mínimo interprofesional o la creación de una renta básica. “Cuanto mejores retribuciones hay, más se consume, se crea más economía y se comparten más los beneficios”, resumió, al tiempo que recalcó que Canarias presenta ahora el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de toda la serie histórica.

Torres insiste en su “moderado optimismo”, pero advierte de la alta inflación y del lastre económico que sigue suponiendo la ilegítima invasión rusa de Ucrania, si bien destaca los datos turísticos y confía en que las buenas cifras se confirmen en estos meses de verano y con la temporada alta a partir de otoño. “Podrán venir curvas -afirmó-, pero cogen a Canarias mejor preparada”.

Sobre el caso de las mascarillas que investiga la Fiscalía, remarcó que el Gobierno “no tiene nada que ocultar y no escatimará iniciativas para recuperar los 4 millones de euros”. Torres recordó que, desde que los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad lo plantearon, se ha llevado el caso a la Justicia.

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Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta la “importancia moral” de este proceso frente a los afectados

Destaca que las OEP tienen como objetivos reducir la temporalidad, dotar de seguridad jurídica a la Administración y a las personas en situación anómala, y cumplir con la legalidad vigente y con el programa del Gobierno

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad traslada al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia que corresponden al Ministerio su voluntad de resolver su singular situación

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este martes, en la sesión del control al Gobierno desarrollada en el Parlamento de Canarias, que las ofertas de empleo público (OEP) para reducir la temporalidad, que en su conjunto superan las 23.000 plazas, tienen razones constitucionales y legales, y ha resaltado la “importancia moral” de la estabilización frente a los afectados, además de considerarla imprescindible para abordar la reforma de la Administración Pública.

Julio Pérez ha destacado que los objetivos de estas OEP son cumplir la ley y la Constitución, resolver el problema de la temporalidad, que afecta al 30% del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, proporcionar estabilidad y dar seguridad jurídica, tanto a la Administración como a las y los empleados públicos y sus familias, y cumplir el programa y los propósitos del Ejecutivo canario.

El consejero ha contestado así a una pregunta parlamentaria sobre los objetivos del proceso de estabilización del personal interino, y ha señalado que es relativamente simple en su definición, pero complejo en su ejecución.

Al respecto, ha detallado el desarrollo del mismo, para lo que ya se ha identificado el número de plazas. El siguiente paso -ha explicado- pasa por elaborar las bases que regirán las OEP, lo que se realizará junto con la Fecai, la Fecam y los sindicatos, y posteriormente, a partir del 1 de enero de 2023, comenzarán a ejecutarse los procesos selectivos.

Ha indicado que una de cada tres personas empleadas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma está en situación anómala, más de la mitad en Sanidad, otra parte importante en Educación y en menor medida en Administración General, así como un pequeño número, en comparación con el total, en Justicia.

Respecto al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias en situación de temporalidad, cuyas plazas no han sido incluidas en las OEP, el consejero ha precisado que se trata de una situación singular, al considerar Función Pública y los Servicios Jurídicos que la estabilización de dicho personal corresponde al Ministerio de Justicia.

No obstante, Julio Pérez ha apuntado que momentos antes del inicio de la sesión plenaria había tenido lugar una reunión de su departamento con las personas afectadas, a quienes se les ha trasladado su voluntad de resolver la situación y que la Consejería estudiará sus recursos, en caso de presentarlos.

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Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ve la temporalidad como un problema grave, políticamente prioritario, humanamente lacerante y legalmente complejo

Aboga por crear espacios como la jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las Administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, para aprender, coordinar y colaborar en la búsqueda de una solución

Sindicatos y técnicos de la Administración reconocen que estamos en un momento histórico, con una herramienta legislativa cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad del personal interino y laboral

Casi un millar de personas asisten, bien de forma presencial o bien por vía telemática, a una jornada técnica dedicada a buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública

 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que la excesiva temporalidad en el empleo público es un problema jurídicamente complejo, humanamente hiriente y lacerante para quienes lo padecen y que, por su propia naturaleza, afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al tiempo que ha remarcado que su resolución es prioritaria para el actual Ejecutivo.

Julio Pérez se ha manifestado en esos términos durante la inauguración de la jornada ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a su departamento, y ha señalado que la alta tasa de temporalidad es una situación grave y excepcional, que se produce en todas las administraciones públicas españolas, a la que hay que buscar también una solución excepcional entre todas las partes implicadas para garantizar que el resultado sea jurídicamente estable.

El consejero ha ensalzado la celebración de esta jornada, cuyos objetivos son generar espacios de conocimiento, consenso y seguridad jurídica, respetando criterios diversos ante un problema que afecta al funcionamiento ordinario de la administración. “Este encuentro se ha organizado con la clara voluntad de aprender y no de imponer el criterio de la administración, para generar entendimiento, colaboración y coordinación”, ha enfatizado.

A lo largo de su intervención, ha mencionado los problemas a los que se ha enfrentado la humanidad y, concretamente, el espacio económico y político en los últimos años, y ha asegurado que no se hubieran podido abordar sin administraciones públicas potentes. El consejero ha remarcado que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, ha añadido, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público.

A su juicio, sin solucionar este problema, es muy difícil enfrentarse a otros retos como la digitalización intensiva y excesiva, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional. De ahí que haya insistido en que se trata de una prioridad del Gobierno su resolución.

En el año 2021 -ha señalado- se generó un camino de solución con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que remite su ejecución a las Comunidades Autónomas, genera espacios de negociación y contiene reglas y preceptos que están sujetos a interpretación y que deben ser consensuados.

Por ello, demandó diálogo y concordia a todas las partes implicadas, así como esfuerzo en el perfeccionamiento jurídico que permita una solución jurídicamente estable al exceso de temporalidad, una anomalía, ha recalcado, que no debería haberse producido.

En su presentación de la jornada, a la que se ha inscrito casi un millar de personas, la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, ha explicado que el objetivo del encuentro era buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública, cuya clave y fuerza son las personas. “La temporalidad en el empleo público es una situación difícil de atajar, pero crucial para logar una administración fuerte y cohesionada”, ha destacado.

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Remedios Roqueta, ha sido la encargada de analizar la Ley 20/2021, y más en concreto los procesos de estabilización incluidos en la norma, un tema de actualidad y práctica, ha indicado, pues ofrece diversas interpretaciones. Su exposición ha servido para dejar claro el marco jurídico en el que deben moverse las partes implicadas en este procedimiento.

Mesas redondas

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la catedrática en Derecho del Trabajo por la ULL, Margarita Ramos, en la que han participado representantes de los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos: Cristo Jordán (CSIF), Yolanda Cívicos (IC), Lourdes González (SEPCA), Juan Miguel Suárez (CCOO) y Gregorio Pérez (UGT).

Todos han coincidido en que estamos en un momento histórico para las administraciones públicas, con una herramienta legislativa, que puede ofrecer diversas interpretaciones, pero cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad de las empleadas y empleados públicos. Igualmente, han dejado constancia de que ha llegado el momento de la verdad y que es prioritario fijar las plazas que se van a poner en oferta pública. En opinión de la moderadora, luego, a la hora de diseñar los procesos selectivos, los sindicatos pueden aportar mucho dentro de la negociación.

Ramos ha concluido recalcando que con diálogo y acuerdo se alcanzan mejores soluciones y apuntando que la temporalidad es sinónimo de precariedad, una patología del mercado de trabajo, una anomalía, que impide su involucración.

Posteriormente se ha desarrollado una mesa más técnica, moderada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, en la que han estado presentes  Dolores Alonso, subdirectora de Planificación y Racionalización del Empleo Público del Gobierno de Canarias, José María Cabrera, director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia, y Fernando Giner, secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones.

En sus intervenciones también han puesto en valor la oportunidad que se presenta con este proceso de estabilización, de cara a normalizar el funcionamiento de las administraciones públicas y han animado a responsables públicos y sindicales a colaborar para alcanzar un buen acuerdo.

La jornada ha sido clausurada por Manuel Martínez y la directora de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Montserrat García, quienes han agradecido a las personas que han intervenido sus aportaciones y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la iniciativa para buscar una administración más fuerte y cohesionada, tal y como había planteado su titular, Alicia Álvarez.

En los próximos días se subirá el contenido de la jornada a la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad https://www.gobiernodecanarias.org/apjs/.

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