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Función Pública convoca por primera vez un proceso selectivo específico para personas con discapacidad intelectual

Las 20 plazas de personal subalterno se han publicado hoy en el BOC y el plazo de solicitudes estará abierto del 1 al 28 de septiembre

La Dirección General de la Consejería de Presidencia ha elaborado una Guía de Apoyo al Estudio y para la presentación de electrónica contará con la colaboración de Plena Inclusión Canarias

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, ha convocado por primera vez en la historia de la Administración Pública, un proceso selectivo específico dirigido exclusivamente a personas con discapacidad intelectual.

La consejera Nieves Lady Barreto ha destacado que “con esta convocatoria el Gobierno de Canarias da un paso decisivo para construir una Administración más inclusiva, accesible y comprometida con la igualdad real de oportunidades, donde esté representado el talento y la capacidad de todas las personas de nuestra sociedad».

Publicada hoy en Boletín Oficial de Canarias (BOC), contempla 20 plazas de personal Subalterno (Grupo E), reservadas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite que tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las plazas proceden de la acumulación de las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 1 al 28 de septiembre de 2026, dentro de los veinte días hábiles previstos en las bases de la convocatoria.

Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos generales de acceso al empleo público, estar en posesión del certificado de escolaridad o titulación equivalente y acreditar la condición de discapacidad intelectual en el grado exigido.

El procedimiento constará de una única fase de oposición integrada por un ejercicio dividido en dos partes, ambas obligatorias y eliminatorias. La primera consistirá en un cuestionario tipo test elaborado en lectura fácil, mientras que la segunda evaluará, mediante un supuesto práctico, las funciones propias del personal subalterno, como la vigilancia y custodia de edificios, las notificaciones, el traslado de expedientes o las tareas de reprografía.

Con el propósito de favorecer la preparación de las personas candidatas, la Dirección General de la Función Pública ha elaborado una Guía de Apoyo al Estudio y un documento de Preguntas de Apoyo al Estudio, disponibles en su página web.

Asimismo, para facilitar la presentación electrónica de las solicitudes dispondrán de un servicio de asistencia gestionado en colaboración con Plena Inclusión Canarias, al que pueden acceder a través del correo electrónico empleopublico@plenainclusioncanarias.org y en el teléfono 602701001

 

 

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Más de 2.500 aspirantes optan a las 150 plazas convocadas para la Policía Autonómica

Tras finalizar el plazo de inscripción para las pruebas selectivas de acceso, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública ha iniciado la fase de comprobación de documentación

Más de 2.500 personas han presentado su solicitud para participar en las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso turno libre, y optar a una de las 150 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria, escala básica, (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el proceso entra ahora en la fase de comprobación y revisión de la documentación presentada por las personas aspirantes, conforme a las bases específicas de la convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de Canarias.

Las pruebas han sido convocadas por la Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, dentro de la Oferta de Empleo Público de 2024.

El proceso selectivo para la Policía Autonómica contempla diferentes fases y requisitos establecidos para el acceso al cuerpo, entre ellos pruebas teóricas, físicas y psicotécnicas, además del cumplimiento de las condiciones exigidas en la convocatoria.

Toda la información relativa al proceso selectivo, las bases, requisitos y futuras publicaciones oficiales puede consultarse en la web habilitada por el Gobierno de Canarias: https://www.gobiernodecanarias.org/formacion/seguridad/policias2026/index.html

El Consejo de Gobierno, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, aprobó en noviembre de 2024 la mayor OPE de la historia del Cuerpo desde su creación en 2010 para ejecutar en tres años y amplió también el Catálogo de Puestos para que el Cuerpo pudiera seguir creciendo.

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El Gobierno logra el apoyo del Parlamento a la Ley de medidas urgentes para la gestión eficiente del empleo público

Nieves Lady Barreto recuerda que paralelamente se ha iniciado el proyecto de Ley del Empleo Público de Canarias para actualizar un marco normativo de casi 40 años

El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, agradeció el trabajo desarrollado en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia para culminar el proceso de conversión en ley del decreto ley 7/2024 aprobado por el Gobierno de Canarias el 31de julio y convalidado por la Cámara el 6 de diciembre. Se cumple así el compromiso de la consejera de tramitarlo como ley para poder incorporar aportaciones de los grupos parlamentarios, los sindicatos, los ayuntamientos y los Cabildos, a través de la FECAM y la FECAI, y el Consejo Consultivo de Canarias y dar a la norma la mayor seguridad jurídica.

Nieves Lady Barreto defendió la necesidad de esta ley “para tomar decisiones, poder solucionar problemas y agilizar procesos en Función Pública, mientras se inicia una transformación más profunda de la Administración Pública que aborde los cambios que se demandan para adaptarla a la realidad y a las necesidades de la población”. En este sentido, la consejera destacó que esta ley contempla aspectos relacionados con la ejecución de los procesos selectivos, la promoción interna, la constitución de las listas de empleo y la agilización de los procesos, entre otros, pero que va más allá porque recoge también el acuerdo de iniciar la tramitación de una nueva Ley del Empleo Público, con casi cuarenta años de vigencia.

Al respecto, la consejera recordó que se daba un plazo de seis meses y que el Consejo de Gobierno ha cumplido y ya ha iniciado el anteproyecto de Ley del Empleo Público de Canarias. “Forma parte de nuestra hoja de ruta y de nuestra agenda política”, apuntó.

La elaboración y tramitación de esta iniciativa legislativa constituye uno de los retos normativos más importantes de la Consejería de Presidencia en la presente legislatura, ya que además de dotar a la Comunidad Autónoma de Canarias de un nuevo marco legal en materia de empleo público dejando atrás la hasta ahora vigente Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, “somos conscientes de que debe concitar el mayor consenso posible entre todos los agentes actuantes en un sistema jurídico especialmente complejo como es el de la regulación del empleo público”. Por ello, la consejera valoró el trabajo que realiza tanto el personal como los responsables de la Dirección General de Función Pública y de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia para afrontar este proceso de modernización de la Administración.

 

 

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La Consejería de Presidencia apuesta por una reforma del empleo público adaptado a la realidad administrativa

Las II Jornadas Interinsulares de Administración Pública, inauguradas hoy, abordarán aspectos como la planificación estratégica, la aplicación de la IA o la seguridad, entre otros

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, junto con el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), que dirige Nieves Lady Barreto, ha puesto en marcha hoy en Tenerife las II Jornadas Interinsulares de Administración Pública, que se irán desarrollando a lo largo de las próximas semanas con sesiones en varias islas y en las que se abordarán aspectos como la función pública, la planificación estratégica, la aplicación de la IA en las administraciones públicas o la seguridad, entre otros.

La primera jornada, inaugurada por el viceconsejero de Administraciones Públicas, Antonio Llorens, y la directora del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP), Pino de León, abordó la necesaria reforma del empleo público para responder a las necesidades actuales tanto de las administraciones como de la ciudadanía.

“Esta iniciativa debe consolidarse como un encuentro anual que fomente el intercambio de conocimiento en el ámbito de la Administración pública. Las jornadas se irán desarrollando a lo largo de las próximas semanas en diferentes islas y en ellas vamos a analizar, desde varias perspectivas, el estado actual en el que se encuentra la administración”, explicó Llorens, que uno de los objetivos es también facilitar la participación de entidades y agentes sociales en el trabajo que lleva a cabo la propia Consejería de Presidencia.

Por su parte, Pino de León, apuntó que estas jornadas buscan el debate y los puntos de mejora de los servicios públicos. Resaltó, además, la apuesta del Gobierno de Canarias de territorializar y acercar la formación al conjunto de las administraciones públicas y el refuerzo de la colaboración en la formación del personal público.

La ponencia inaugural corrió a cargo del director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, que desgranó las modificaciones que en materia de empleo público se están impulsando bajo la dirección de la consejera, Nieves Lady Barreto, con el objetivo de garantizar la reposición de efectivos, reducir la temporalidad y ganar en eficiencia.

Rodríguez hizo en su intervención una radiografía de la situación actual en la Administración General de la Comunidad Autónoma que, en materia de empleo público, se rige por una ley de 1987, “tan desfasada ya que, en la práctica, es muchas veces inaplicable”. En este sentido, destacó la importancia del decreto-ley de medidas urgentes aprobado el pasado mes de julio, “que sirve de soporte normativo transitorio para todos los cambios que estamos llevando a cabo, en tanto que contemos con una nueva Ley de Empleo Público, cuya redacción abordaremos a comienzos del próximo año”, adelantó.

El director general de Función Pública desgranó, además, algunos de los retos a los que se enfrentan los servicios públicos, entre los que citó el relevo generacional y la transmisión de conocimientos del alto porcentaje de empleados públicos que se jubilará en la próxima década.

Posteriormente, intervino la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, que realizó una evaluación del teletrabajo en la Administración pública. Para finalizar esta primera sesión, se llevó a cabo una mesa redonda sobre los retos que tiene la Administración pública en Canarias, en la que participó la Dirección General de Función Pública y representantes sindicales de CCOO, UGT, SEPC, IC y CSIF.

La siguiente jornada se celebrará en Lanzarote el 18 de noviembre y se centrará en la planificación estratégica. En Fuerteventura, la cita tendrá lugar el 20 de noviembre, y se debatirá sobre transparencia, la participación y la integridad pública. En La Gomera, la aplicación de la inteligencia artificial en la administración pública será el tema a tratar el 22 de noviembre. El 28 de noviembre, las jornadas se trasladan a El Hierro, donde se hablará sobre buenas prácticas en la tramitación de contratos, convenios y subvenciones. La siguiente cita será el 29 de noviembre en La Palma, donde el tema será la seguridad. Por último, como clausura a la edición de este año, se debatirá el 12 de diciembre en Gran Canaria sobre innovación pública.

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El Parlamento convalida el decreto ley de medidas urgentes en el empleo público

La consejera Nieves Lady Barreto defendió que la norma incluye las medidas urgentes y necesarias para reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la agilización de los procesos selectivos

En el sector del juego de azar y apuestas, evita la concentración de locales de juego, regula la distancia de los salones de los centros educativos y amplía la edad de protección desde los 6 años

Se tramitará como proyecto de ley para incorporar las aportaciones de partidos políticos, organizaciones sindicales, ayuntamientos y cabildos

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas, aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. En el mismo Pleno se acordó su tramitación por proyecto de ley, con el objetivo de poder incorporar las aportaciones de los grupos parlamentarios, los sindicatos, los ayuntamientos y los Cabildos, a través de la FECAM y la FECAI, así como para poder recoger aspectos que señala el informe del Consejo Consultivo de Canarias y dar a la norma la mayor seguridad jurídica.

Nieves Lady Barreto defendió la necesidad de contar con un decreto ley para poder adoptar medidas que son urgentes y necesarias para dar solución a los problemas actuales y agilizar las mejoras en la Función Pública “porque es necesario iniciar el proceso de transformación de la Administración Pública y abordar los cambios necesarios para adaptarla a la realidad y a las necesidades de la población”. La consejera destacó que para actualizar la Administración pública se requiere de toma de decisiones y, por lo tanto, es necesario poner en marcha procesos y este decreto ley es el inicio, además de recoger el compromiso de iniciar la tramitación de una nueva Ley de Empleo Público en un periodo de seis meses, “porque forma parte de nuestra hoja de ruta y de nuestra agenda política”, apuntó.

El decreto ley recoge aspectos que tienen que ver con la ejecución de los procesos selectivos, con la promoción interna y con las formas en las que se constituyen las listas de empleo. Según Barreto, en cuanto a la selección de personal, nos encontramos con una ausencia total de medidas que fomentan la promoción interna. “Este decreto ley no solo reserva plazas hasta un 40% en determinados sus puestos a la promoción interna, sino que determina que algunos cuerpos y escalas puedan reservarse solamente a promoción interna y no exige la superación de nuevas pruebas o contenidos ya superados en procesos anteriores”, dijo.

En cuanto a la dificultad de acceso al empleo público de distintos colectivos, la consejera recordó que ya se ha blindado que el 10% de las plazas se reserven a las personas con discapacidad y pretendemos acabar con la media de seis años que se tarda en resolver los procesos selectivos, una media de seis años, ampliando la convocatoria, además, a un 20% adicional, de respecto de las plazas ofertadas inicialmente.

En su defensa del decreto ley, la consejera apuntó que soluciona también las especializaciones profesionales, en este caso de la Escala de Administradores Generales, Especialidad Jurídica, la de Igualdad de Género, la de Antropología para afrontar las tareas de reto demográfico, junto con otros. Además, Barreto manifestó que se regulan las listas de empleo, que eran obsoletas, y por lo tanto, permite sistemas y métodos más ágiles en el nombramiento del personal, además de abordar la renuncias a las ofertas, que conllevaba un fracaso constante de los llamamientos y por tanto en la cobertura de las plazas. En este sentido, la consejera añadió que se establece la imposibilidad de renunciar con una pena de suspensión forzosa de seis meses, entre otras medidas.

Protección de la infancia en el ámbito de juegos de azar y apuestas

El decreto ley también adopta un conjunto de medidas urgentes e inaplazables para garantizar la protección de la infancia en el ámbito de la actividad de los juegos de azar y las apuestas en Canarias a través del Decreto ley 7/2024, de 31 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado hoy en BOC.

El decreto ley permite para ganar en celeridad y corregir la situación generada por una sentencia judicial que permite instalar salones de juego a menos de 300 metros de centros educativos de educación Infantil y Primaria, una vez finalizada la moratoria en el sector del juego a 31 de diciembre de 2023.

La disposición final séptima de este Decreto ley modifica la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas para determinar reglamentariamente la zona de influencia en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego por la previa existencia de un centro de enseñanza o un centro permanente de atención a los menores. La prohibición será extensiva a los bares, cafeterías o establecimientos similares, situados en la indicada zona de influencia que no tengan por actividad principal la práctica del juego.

A los efectos previstos, se consideran centros de enseñanza y de atención a menores los que, de acuerdo con su legislación sectorial, los que figuren inscritos como tales en los registros oficiales de la Administración sectorial correspondiente y cuyos usuarios potenciales tengan una edad comprendida entre los 6 y los 17 años, ambas inclusive.

Se añade también un artículo sobre la zona de influencia entre salones recreativos y de juegos y bingos para evitar concentraciones. En concreto, el decreto ley señala que la zona de influencia en la que no podrán estar ubicados salones recreativos y de juegos, sea por nueva instalación o por traslado de los autorizados, por la previa existencia de otro salón recreativo y de juegos, será la comprendida en un radio de acción de 200 metros en línea recta, medida sobre plano, desde cada una de las puertas de acceso del que se pretende instalar. Dicha distancia no será aplicable cuando se trate de salones recreativos y de juegos sin acceso directo a la vía pública en centros comerciales, si bien, para los que se pretendan instalar en una misma planta de dichos centros comerciales, la distancia a aplicar será la de 75 metros. También se fija la medida de 200 metros con las mismas características como zona de influencia entre un salón recreativo y de juego y una sala de bingo.

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La Mesa Sectorial acuerda buscar fórmulas que garanticen la continuidad de los trabajadores que no se estabilicen

El SCS presentó el miércoles a las organizaciones sindicales una propuesta para garantizar la continuidad de los trabajadores que no superen el proceso de estabilización

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial contestaron hoy favorablemente a la propuesta para analizar conjuntamente las fórmulas que permitan mantener a los trabajadores que ya cuentan con una alta especialización y cualificación por su trayectoria laboral en el SCS y no se hayan podido acoger a la Ley 20/2021

El Servicio Canario de la Salud informa de la firma por unanimidad de todos las fuerzas sindicales de la mesa sectorial del acuerdo para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que no logren la estabilización mediante la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El Servicio Canario de la Salud presentó la propuesta de acuerdo en la mesa sectorial celebrada el miércoles 22 de mayo a los representantes de las fuerzas sindicales con representación en la Mesa Sectorial: CCOO, UGT, Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermería (CEMSATSE), Intersindical Canaria, y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), las cuales solicitaron unos días para analizar la propuesta y decidir su voto.

La propuesta, secundada por unanimidad, recoge la voluntad común de los componentes de la Mesa Sectorial para procurar la estabilidad del personal temporal de larga duración, que no supere los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El SCS ha recibido 160.932 solicitudes de participación y aunque los criterios que rigen el proceso de estabilización del SCS favorecen con un 70 por ciento de la baremación la experiencia laboral en el propio SCS, el objetivo es facilitar la continuidad de los trabajadores propios que por alguna razón no superen la fase de méritos o de concurso-oposición previstas en la ley.

El documento presentado a la Mesa Sectorial, pretende asegurar la estabilidad de los trabajadores que ya cuentan con una alta especialización y cualificación. Los firmantes se comprometen a buscar soluciones organizativas que, conforme a la legalidad vigente, procuren la estabilidad del personal con amplia experiencia e instar al Ministerio de Sanidad, Transformación Digital y Función Pública a que arbiten las disposiciones que posibiliten la continuidad de los trabajadores que no se hayan podido acoger la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

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La Consejería de Presidencia protege la intimidad de personas con discapacidad en los procesos selectivos

La Dirección General de Función Pública delimita el ámbito en el que se podrá acceder a la información sensible, como son los datos sanitarios especialmente protegidos por la ley

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha procedido al establecimiento de un conjunto de medidas que tienen por finalidad proteger el derecho a la intimidad de las personas que con discapacidad participan en procesos selectivos de la Administración General para su acceso al empleo público.

La Dirección General de la Función Pública, mediante Resolución número 1212/2024, de 21 de marzo, incorpora a la gestión de sus procesos selectivos medidas concretas que preserven el derecho a la intimidad de las personas con discapacidad en relación con su estado de salud, es decir, con los datos sanitarios que están vinculados a dicha situación de discapacidad, haciéndose eco de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos.

Con esta resolución Función Pública delimita el ámbito en el que se podrá acceder a dicha información sensible, especialmente protegida por la Ley, de forma que se ceñirá única y exclusivamente al resto de personas aspirantes en un proceso selectivo por cuanto tienen derecho a conocer quiénes optan por dicho turno de discapacidad y quiénes solicitan los ajustes de las pruebas selectivas, dado que estamos a la presencia de un proceso de concurrencia competitiva.

Más allá de ese ámbito, el conocimiento público generalizado de tales circunstancias supondría una vulneración del derecho a la intimidad porque el acceso a esa información, de manera indiscriminada por quien no participa en el proceso selectivo, resulta innecesaria, superflua y por tanto improcedente.

Por otro lado, el acceso a esa información por parte del resto de las personas aspirantes igualmente se limitará a lo estrictamente necesario para poder ejercer sus derechos de forma real y efectiva y en condiciones de igualdad, sin que por tanto tampoco se tenga derecho a conocer los concretos datos clínicos que subyacen tras la situación de discapacidad.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está adoptando un conjunto de medidas en materia de acceso al empleo público de personas con discapacidad, con la finalidad de fomentar dicho acceso y protegerlo, no permitiendo que dicho acceso pueda convertirse en una situación de vulnerabilidad por la publicidad innecesaria de datos relacionados con el estado de salud de las personas.

Esta resolución puede ser consultada en la página web de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/funcionpublica/acceso/anuncios_resoluciones_comunicados/

 

 

 

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La Consejería de Presidencia aplicará la ampliación al 10% del cupo a personas con discapacidad en la OPE 2024

Nieves Lady Barreto apuntó también que el Gobierno ha incluido, por primera vez, la tasa de discapacidad intelectual del 2% del total de plazas reservadas para este colectivo

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado hoy en el Parlamento del paquete de medidas que está poniendo en marcha su departamento para fomentar y facilitar el acceso “real” al empleo público de las personas con discapacidad y proteger sus derechos en la Administración, muchas de las cuales ya se han materializado en estos meses porque, recordó, “es uno de los objetivos principales de esta Consejería”.

“Somos conscientes de que la empleabilidad de las personas con discapacidad encuentra serias limitaciones en el mercado de trabajo y en tal sentido entendemos que la Administración debe abanderar la plena inserción laboral de las personas que se encuentran en una situación de discapacidad igual o superior al 33%, no solo para que puedan ejercer de forma real y efectiva su derecho constitucional al trabajo, sino como referente para el sector privado para que adopte medidas reales y efectivas de inserción laboral de este colectivo”, señaló Barreto.

En este sentido, Nieves Lady Barreto, en respuesta a una pregunta en el Pleno, resaltó que el Gobierno aplicará el nuevo cupo para este colectivo en la oferta de empleo público del año 2024, después de haber aprobado en Consejo de Gobierno pasar del 7 al 10%, lo que significa un avance importante en la reserva de plazas para estas personas.

Además, la consejera hizo referencia también a que en la oferta de empleo público que se aprobó para el ejercicio 2023 se ha contemplado por primera vez en la Administración General, la tasa de discapacidad intelectual que está prevista en la normativa vigente de un 2% del total de plazas reservadas para la discapacidad, de manera que en dicha oferta existen plazas reservadas (9) para la agrupación profesional de subalternos, que se ejecutará en el año 2025.

La consejera añadió que en este mandato se trabajará en un análisis de la discapacidad en el acceso al empleo público para permitir establecer decálogos o protocolos que, de una forma más objetiva y eficiente, establezcan las medidas de ajuste necesarias para una participación con total garantía de las personas con discapacidad en el empleo público.

En este sentido, Nieves Lady Barreto manifestó que la Dirección General de Función Pública se ha reunido con la Plataforma Plena Inclusión Canarias para avanzar en los mecanismos de publicidad en las convocatorias, con el objetivo de que sean más claras, con una lectura comprensible de las bases, un diseño adecuado de todo el proceso selectivo, la identificación de los entornos de trabajo y un acompañamiento desde el momento en que se abre el proceso selectivo, hasta los primeros momentos en los que las personas se incorporen a sus puestos de trabajo.

 

 

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Función Pública convoca la Mesa Sectorial para la negociación colectiva de las futuras bases generales de selección

El proyecto cuenta con las aportaciones recogidas de la consulta pública a la ciudadanía y el trámite de audiencia de las organizaciones sindicales representadas

La Dirección General de la Función Pública ha convocado la Mesa Sectorial de personal funcionario de la Administración Pública de Canarias para mañana viernes, a fin de continuar con el proceso de negociación de las nuevas bases generales que han de regir los futuros procesos de selección de personal funcionario de carrera en los distintos Cuerpos, Escalas, Especialidades y agrupaciones profesionales de la Administración General, que sustituyan a las vigentes del año 2016.

Este proceso comenzó en octubre del año pasado con una consulta pública previa a la ciudadanía y la mayoría de las aportaciones realizadas han sido incorporadas al proyecto de bases generales.

Además, se han realizado sesiones informativas previas con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial para una real y efectiva participación en la fase de elaboración de las bases y un trámite de audiencia de quince días hábiles. En este sentido, la Dirección General informa que gran parte de las propuestas planteadas por las cinco organizaciones sindicales han sido admitidas y forman también parte del texto que se llevará a la citada mesa de negociación.

Una vez concluya el proceso de negociación colectiva, se llevará a cabo la tramitación interna de este proyecto de bases generales, solicitando los preceptivos informes hasta su aprobación mediante Orden de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Esta iniciativa normativa es fruto del análisis de la experiencia acumulada a lo largo de estos últimos años de vigencia de las bases generales que han venido rigiendo los procesos de selección del personal funcionario donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar una nueva regulación que, garantizando en todo caso los principios constitucionales de acceso al empleo público de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, proporcionen un instrumento eficaz, eficiente y de simplificación.

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Función Pública anuncia que el lunes comienzan a publicarse las puntuaciones de los procesos de estabilización

La Consejería de Presidencia gestiona un total de 187 procesos en el ámbito de la Administración general para reducir la tasa de temporalidad de empleo público

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comenzará a publicar el lunes, 13 de mayo, a través de la Dirección General de Función Pública, las primeras resoluciones de las comisiones de valoración y de los tribunales calificadores relativas a las puntuaciones provisionales, otorgadas en la fase de concurso, de las personas aspirantes a los 187 procesos selectivos en el ámbito de la Administración General de la comunidad autónoma que hayan superado la nota de corte. Estos procesos tienen como finalidad reducir la temporalidad en el empleo público.

Las personas participantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para presentar reclamaciones respecto a la valoración de los méritos obtenida. Las puntuaciones se irán publicando en el apartado correspondiente a cada proceso, a medida en que vaya finalizando la evaluación por la comisión correspondiente.

La Dirección General de Función Pública anuncia también que, exclusivamente para el personal funcionario de corta duración, se celebrará la tercera semana del mes de julio el ejercicio tipo test de la fase de oposición de la veintena de procesos selectivos de estabilización de empleo público.

Por último, Función Pública recuerda que, tal y como dispone las bases específicas, la conclusión de estos procesos selectivos no conllevará la formación de lista de empleo.

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