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El Gobierno culmina el proceso del concurso de méritos al publicar la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios

El Gobierno culmina el proceso del concurso de méritos al publicar la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que “es uno de los primeros compromisos que adquirimos”, al inicio de la legislatura, “y se puede decir que hemos cumplido”

Julio Pérez recuerda que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se convocaba, con el consiguiente trastorno para la carrera profesional de muchos empleados públicos

Además, señala que “ahora se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado este lunes, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/185/–, la resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios correspondientes al concurso de méritos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Un proceso en el que se ofertaron 4.723 puestos de trabajo adscritos a los distintos departamentos y organismos, así como a los grupos, subgrupos, cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades, que conforman dicha administración, y al que se presentaron 1.711 solicitudes.

En dicha resolución se establece también el calendario de los ceses por cuerpos, escalas y especialidades de las personas que hasta ahora venían ocupando las plazas, que se hará de forma escalonada, así como la posterior toma de posesión de las adjudicatarias de las mismas. Del mismo modo, se dispone que el personal funcionario interesado podrá presentar, contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOC.

Según el resultado definitivo, en la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa se ha adjudicado un puesto; en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, 21; en la Agencia Tributaria Canaria, 193; en la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca, 120; en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, 91; en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, 73; en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 120; en la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 93; en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 54; en la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, 110; en la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 159; en la Consejería de Sanidad, nueve; y en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, 53.

Igualmente, se han adjudicado puestos en el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), cuatro; en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), uno; en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), 17; en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 19; en el Instituto Canario de Estadística (Istac), dos; en el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ocho; en el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), 14; en Presidencia del Gobierno, 24; en el Servicio Canario de Empleo (SCE), 58; en el Servicio Canario de Salud (SCS), 126; y en las plazas delegadas de Parques Nacionales, una.

De los 1.374 puestos adjudicados en este concurso de méritos, 422 corresponden al Subgrupo A1; 259, al Subgrupo A2; 330, al Subgrupo C1; 352, al Subgrupo C2; y once, al Grupo E. De los 422 correspondientes al A1, 218 pertenecen al Cuerpo Superior de Administradores; once, al Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios; y 193, al Cuerpo Superior Facultativo. De los 259 del A2, 101 pertenecen al Cuerpo de Gestión; dos, al Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios; y 156, al Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio.

Los 330 del C1 están distribuidos en cuatro cuerpos. 299 del Cuerpo Administrativo, 19 del Cuerpo Administrativo Técnico-Agentes Tributarios, nueve del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente y tres del Cuerpo de Auxiliares Técnicos. Los 352 del C2 pertenecen todos al Cuerpo Auxiliar y los once del Grupo E corresponden a la Agrupación Profesional de Subalternos.

Uno de los primeros compromisos

El concurso de méritos, que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se llevaba a cabo, fue convocado por la Dirección General de la Función Pública el 28 de junio de 2021, a través de una resolución que fue publicada en el BOC dos días después, que también recogía las bases específicas que han regido el mismo.

Conviene recordar que la celebración de este concurso, postergado largamente, “es uno de los primeros compromisos” adquiridos por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, al inicio de la legislatura, y se convirtió en un mandato legal que el Gobierno de Canarias se impuso a sí mismo a través del Decreto ley 6/2019, de 10 de octubre, que fijaba junio de 2021 como fecha tope para la convocatoria del concurso. Además, algunas sentencias judiciales habían ordenado, por su parte, la celebración del concurso, atendiendo a reclamaciones del personal público.

Julio Pérez ha manifestado, en este sentido, que “se puede decir, modestamente, que hemos cumplido un compromiso. Nos quedan otros muy importantes, que están en curso de cumplimiento, pero este fue uno de los primeros que asumimos”. Además, ha señalado que “ahora se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”.

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Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización

La catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, al igual que Julio Pérez y el viceconsejero Manuel Martínez, destaca la importancia de que las bases de los procesos tengan la mayor calidad técnica y garantía jurídica

Su homóloga Margarita Ramos considera que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos. “Hay interés por hacerlo y hacerlo bien”, apunta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este martes el valor de que todas las partes implicadas en los procesos de estabilización que se están realizando en las distintas administraciones públicas de Canarias estén de acuerdo en que es necesario buscar una solución, aunque existan diferencias en cuanto a los medios.

Julio Pérez, que ha inaugurado la jornada desarrollada a lo largo de la mañana, en la sede de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, destinada a la puesta en común de estos procesos de estabilización, ha recalcado que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021 y adquiera la condición de fijo. Esto permitirá, ha indicado, que, entre otras cosas, la ciudadanía reciba un mejor servicio de las administraciones públicas.

Durante su intervención en la jornada, ha hecho hincapié en el esfuerzo realizado por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, para mantener la línea de comunicación entre todas las partes, y ha advertido que no se puede pensar que alcanzar un acuerdo en esta materia va a solventar por sí solo los problemas jurídicos que puedan surgir. De ahí que haya resaltado la importancia de la calidad jurídica y técnica de las bases que se aprueben además de con el mayor consenso posible.

En la misma línea se ha expresado Manuel Martínez, que ha insistido en buscar que se quede con carácter fijo la mayor parte de los empleados públicos que están en abuso de temporalidad, pero siempre con garantías jurídicas para que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, con el fin de que cualquier persona que esté fuera de la Administración también pueda participar en el proceso.

A su juicio, el meollo de todo este proceso está en las bases, porque son las que determinan las reglas del juego. Ha adelantado que la próxima semana se empezarán a determinar las bases concretas y que, en octubre y noviembre, ya con todos los procesos, se irán definiendo las convocatorias. La convocatoria básicamente es tocar el botón para fijar una fecha para saber cuándo se debe de celebrar, ha apuntado.

En la jornada ha participado como ponente la catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, quien, al igual que Julio Pérez y Manuel Martínez, ha puesto de relieve la importancia de elaborar unas bases que cuenten con la mayor garantía jurídica. Para ello, ha expuesto las alternativas que ofrece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y las enseñanzas que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del resto de los tribunales. También ha descrito el desarrollo que algunas comunidades autónomas han hecho de la Ley 20/2021, deteniéndose concretamente en los casos de Euskadi, Baleares y Navarra.

Su homóloga Margarita Ramos, también presente en la jornada, ha manifestado que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos sobre las bases de los procesos de estabilización en las administraciones públicas de Canarias. Según ha dicho, “hay interés por hacerlo y hacerlo bien”.

A la jornada destinada a la puesta en común de los procesos de estabilización que se están realizando por las distintas administraciones públicas de Canarias han asistido la viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario, Isabel Cubas; la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos; la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Avelina Díaz; así como varios técnicos de las consejerías de Educación, de la Dirección General de Función Pública y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Igualmente, estaban presentes la consejera de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Margarita González Cubas; la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro; además de varios técnicos de la Corporación insular tinerfeña.

Acudieron también representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Sepca, Intersindical Canaria y co.bas, junto a los del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL). La mayor parte del debate, que se prolongó durante toda la mañana, se ha centrado en buscar la fórmula que permita que el mayor número de trabajadores consolide su plaza ocasionando el menor trauma jurídico a los afectados por la temporalidad.

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Torres garantiza que se cumplirán los plazos para la estabilización del personal público

Pleno del Parlamento de Canarias.

El presidente de Canarias subraya en el Parlamento que la mayoría de los sindicatos apoyan el proceso que lidera el Gobierno de Canarias y se muestra convencido de que en 2024 se acabará con una situación que no resolvieron los ejecutivos anteriores

Torres destaca la creación de empleo en mayo pasado, mes poco propicio pero en el que bajó el paro en casi 6.000 personas; recalca que ahora hay más afiliados a la Seguridad Social en las Islas que en toda la serie histórica

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó hoy, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento regional, que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo y cumplirá con los plazos de la Ley estatal 20/2021, de 28 de diciembre y sobre medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En respuesta a una pregunta de la oposición, Torres subrayó que, antes de que concluya 2023, saldrán las bases y convocatorias de todos los concursos junto con los ayuntamientos y cabildos, y que, tal y como exige la UE y propicia el Gobierno central con esa ley, en 2024 se acabará con las situaciones de temporalidad, “que duran años, lustros y, en muchos casos, décadas” en distintas administraciones públicas de las Islas.

El jefe del Ejecutivo regional considera llamativo que algunos integrantes de la oposición sean muy duros con este Gobierno, que lleva tres años tratando de resolver este problema, y a la vez comprensivos con los que no lo solucionaron durante tanto tiempo. Además, y aunque subrayó que cualquier trabajador y sindicato tienen derecho a discrepar de las decisiones que se adoptan, Torres dijo que la mayoría de las centrales sindicales están en sintonía con el Gobierno de Canarias y que lo ideal es que los partidos apoyen este esfuerzo y sean “coherentes con el presente, el futuro y el pasado”.

El presidente rechazó en la misma sesión parlamentaria la demagogia sobre los servicios públicos de hemodonación y hemoterapia, remarcó que el Gobierno está cumpliendo con la Constitución y sostuvo que se responderá a todos los recursos que se puedan presentar. También insistió en que ya se han consensuado y aprobado las plazas para regularizar mediante aquel proceso legal unos 33.000 puestos de trabajo, con especial protagonismo de las áreas de Sanidad, Educación, Justicia y Administraciones Públicas.

Torres además se refirió a la reciente firma del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) de 2022, acto que tuvo lugar en La Palma el pasado 1 de junio, e indicó que no se trata de un plan caprichoso, sino que forma parte del Estatuto y del REF, “por lo que es de obligado cumplimiento por parte del Gobierno central”, aunque no se dotara económicamente en varios años bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

El presidente confía en que los 42 millones actuales puedan aumentar en el futuro, destaca que en su legislatura al frente del Ejecutivo se haya ido adelantando la fecha de la firma, que Canarias haya sido reconocida como una de las comunidades que más y mejor ejecuta su plan de empleo y además el hecho de que este vaya dirigido, sobre todo, a mejorar la igualdad de oportunidades formativas, de puestos de trabajo e ingresos laborales, al enfocarse en parados de larga duración, mujeres, jóvenes y otras personas vulnerables, en algunos casos hasta de familias que no tienen otros ingresos que los que perciben del PIEC.

Para ello, se destinan 25 millones a iniciativas de empleo social, en coordinación con los 88 ayuntamientos isleños, así como 6 millones para autónomos y 4 para el fomento de ocupaciones especializadas muy demandadas en el Archipiélago, entre otras actuaciones.

Los datos del paro desmontan las tesis “apocalípticas” sobre la reforma laboral

En relación precisamente con la calidad del empleo en las Islas, Torres aprovechó otra pregunta para mostrar su “moderado optimismo” con los datos del paro en el pasado mayo, “mes históricamente poco propicio y en el que, sin embargo, bajó la cifra de desempleados en casi 6.000 personas gracias a la sociedad canaria y a la actual generación y recuperación económica”.

El presidente considera muy importante, además, que la mitad de los nuevos contratos sean indefinidos y cree que así se desmontan “los mensajes apocalípticos” de formaciones como el PP respecto a la reforma laboral del Gobierno central, la subida del salario mínimo interprofesional o la creación de una renta básica. “Cuanto mejores retribuciones hay, más se consume, se crea más economía y se comparten más los beneficios”, resumió, al tiempo que recalcó que Canarias presenta ahora el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de toda la serie histórica.

Torres insiste en su “moderado optimismo”, pero advierte de la alta inflación y del lastre económico que sigue suponiendo la ilegítima invasión rusa de Ucrania, si bien destaca los datos turísticos y confía en que las buenas cifras se confirmen en estos meses de verano y con la temporada alta a partir de otoño. “Podrán venir curvas -afirmó-, pero cogen a Canarias mejor preparada”.

Sobre el caso de las mascarillas que investiga la Fiscalía, remarcó que el Gobierno “no tiene nada que ocultar y no escatimará iniciativas para recuperar los 4 millones de euros”. Torres recordó que, desde que los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad lo plantearon, se ha llevado el caso a la Justicia.

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Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta la “importancia moral” de este proceso frente a los afectados

Destaca que las OEP tienen como objetivos reducir la temporalidad, dotar de seguridad jurídica a la Administración y a las personas en situación anómala, y cumplir con la legalidad vigente y con el programa del Gobierno

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad traslada al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia que corresponden al Ministerio su voluntad de resolver su singular situación

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este martes, en la sesión del control al Gobierno desarrollada en el Parlamento de Canarias, que las ofertas de empleo público (OEP) para reducir la temporalidad, que en su conjunto superan las 23.000 plazas, tienen razones constitucionales y legales, y ha resaltado la “importancia moral” de la estabilización frente a los afectados, además de considerarla imprescindible para abordar la reforma de la Administración Pública.

Julio Pérez ha destacado que los objetivos de estas OEP son cumplir la ley y la Constitución, resolver el problema de la temporalidad, que afecta al 30% del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, proporcionar estabilidad y dar seguridad jurídica, tanto a la Administración como a las y los empleados públicos y sus familias, y cumplir el programa y los propósitos del Ejecutivo canario.

El consejero ha contestado así a una pregunta parlamentaria sobre los objetivos del proceso de estabilización del personal interino, y ha señalado que es relativamente simple en su definición, pero complejo en su ejecución.

Al respecto, ha detallado el desarrollo del mismo, para lo que ya se ha identificado el número de plazas. El siguiente paso -ha explicado- pasa por elaborar las bases que regirán las OEP, lo que se realizará junto con la Fecai, la Fecam y los sindicatos, y posteriormente, a partir del 1 de enero de 2023, comenzarán a ejecutarse los procesos selectivos.

Ha indicado que una de cada tres personas empleadas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma está en situación anómala, más de la mitad en Sanidad, otra parte importante en Educación y en menor medida en Administración General, así como un pequeño número, en comparación con el total, en Justicia.

Respecto al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias en situación de temporalidad, cuyas plazas no han sido incluidas en las OEP, el consejero ha precisado que se trata de una situación singular, al considerar Función Pública y los Servicios Jurídicos que la estabilización de dicho personal corresponde al Ministerio de Justicia.

No obstante, Julio Pérez ha apuntado que momentos antes del inicio de la sesión plenaria había tenido lugar una reunión de su departamento con las personas afectadas, a quienes se les ha trasladado su voluntad de resolver la situación y que la Consejería estudiará sus recursos, en caso de presentarlos.

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Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ve la temporalidad como un problema grave, políticamente prioritario, humanamente lacerante y legalmente complejo

Aboga por crear espacios como la jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las Administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, para aprender, coordinar y colaborar en la búsqueda de una solución

Sindicatos y técnicos de la Administración reconocen que estamos en un momento histórico, con una herramienta legislativa cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad del personal interino y laboral

Casi un millar de personas asisten, bien de forma presencial o bien por vía telemática, a una jornada técnica dedicada a buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública

 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que la excesiva temporalidad en el empleo público es un problema jurídicamente complejo, humanamente hiriente y lacerante para quienes lo padecen y que, por su propia naturaleza, afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al tiempo que ha remarcado que su resolución es prioritaria para el actual Ejecutivo.

Julio Pérez se ha manifestado en esos términos durante la inauguración de la jornada ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a su departamento, y ha señalado que la alta tasa de temporalidad es una situación grave y excepcional, que se produce en todas las administraciones públicas españolas, a la que hay que buscar también una solución excepcional entre todas las partes implicadas para garantizar que el resultado sea jurídicamente estable.

El consejero ha ensalzado la celebración de esta jornada, cuyos objetivos son generar espacios de conocimiento, consenso y seguridad jurídica, respetando criterios diversos ante un problema que afecta al funcionamiento ordinario de la administración. “Este encuentro se ha organizado con la clara voluntad de aprender y no de imponer el criterio de la administración, para generar entendimiento, colaboración y coordinación”, ha enfatizado.

A lo largo de su intervención, ha mencionado los problemas a los que se ha enfrentado la humanidad y, concretamente, el espacio económico y político en los últimos años, y ha asegurado que no se hubieran podido abordar sin administraciones públicas potentes. El consejero ha remarcado que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, ha añadido, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público.

A su juicio, sin solucionar este problema, es muy difícil enfrentarse a otros retos como la digitalización intensiva y excesiva, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional. De ahí que haya insistido en que se trata de una prioridad del Gobierno su resolución.

En el año 2021 -ha señalado- se generó un camino de solución con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que remite su ejecución a las Comunidades Autónomas, genera espacios de negociación y contiene reglas y preceptos que están sujetos a interpretación y que deben ser consensuados.

Por ello, demandó diálogo y concordia a todas las partes implicadas, así como esfuerzo en el perfeccionamiento jurídico que permita una solución jurídicamente estable al exceso de temporalidad, una anomalía, ha recalcado, que no debería haberse producido.

En su presentación de la jornada, a la que se ha inscrito casi un millar de personas, la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, ha explicado que el objetivo del encuentro era buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública, cuya clave y fuerza son las personas. “La temporalidad en el empleo público es una situación difícil de atajar, pero crucial para logar una administración fuerte y cohesionada”, ha destacado.

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Remedios Roqueta, ha sido la encargada de analizar la Ley 20/2021, y más en concreto los procesos de estabilización incluidos en la norma, un tema de actualidad y práctica, ha indicado, pues ofrece diversas interpretaciones. Su exposición ha servido para dejar claro el marco jurídico en el que deben moverse las partes implicadas en este procedimiento.

Mesas redondas

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la catedrática en Derecho del Trabajo por la ULL, Margarita Ramos, en la que han participado representantes de los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos: Cristo Jordán (CSIF), Yolanda Cívicos (IC), Lourdes González (SEPCA), Juan Miguel Suárez (CCOO) y Gregorio Pérez (UGT).

Todos han coincidido en que estamos en un momento histórico para las administraciones públicas, con una herramienta legislativa, que puede ofrecer diversas interpretaciones, pero cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad de las empleadas y empleados públicos. Igualmente, han dejado constancia de que ha llegado el momento de la verdad y que es prioritario fijar las plazas que se van a poner en oferta pública. En opinión de la moderadora, luego, a la hora de diseñar los procesos selectivos, los sindicatos pueden aportar mucho dentro de la negociación.

Ramos ha concluido recalcando que con diálogo y acuerdo se alcanzan mejores soluciones y apuntando que la temporalidad es sinónimo de precariedad, una patología del mercado de trabajo, una anomalía, que impide su involucración.

Posteriormente se ha desarrollado una mesa más técnica, moderada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, en la que han estado presentes  Dolores Alonso, subdirectora de Planificación y Racionalización del Empleo Público del Gobierno de Canarias, José María Cabrera, director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia, y Fernando Giner, secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones.

En sus intervenciones también han puesto en valor la oportunidad que se presenta con este proceso de estabilización, de cara a normalizar el funcionamiento de las administraciones públicas y han animado a responsables públicos y sindicales a colaborar para alcanzar un buen acuerdo.

La jornada ha sido clausurada por Manuel Martínez y la directora de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Montserrat García, quienes han agradecido a las personas que han intervenido sus aportaciones y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la iniciativa para buscar una administración más fuerte y cohesionada, tal y como había planteado su titular, Alicia Álvarez.

En los próximos días se subirá el contenido de la jornada a la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad https://www.gobiernodecanarias.org/apjs/.

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Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos

Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias

Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.

Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.

Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.

Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.

En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.

Fuerzas sindicales

Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.

Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.

Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.

Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.

Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.

A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.

Jornada empleo público

Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.

Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

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Abierto el plazo de inscripción para una jornada que analiza la evolución y marco jurídico del empleo público

Abierto el plazo de inscripción para una jornada que analiza la evolución y marco jurídico del empleo público

Contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021

CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT intervendrán en una mesa redonda sobre la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público, moderada por la catedrática del Derecho del Trabajo de la ULL Margarita Ramos

Organizada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, puede seguirse tanto de forma presencial como a través streaming

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, ha organizado, en colaboración con la empresa LA LEY Formación, una jornada que, bajo el título ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público, y, en especial, el Decreto 14/2021, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El plazo de inscripción, tanto para asistir de forma presencial, con un aforo limitado a 200 personas, como vía streaming, ya está abierto.

La jornada, que tendrá lugar el viernes 22 de abril, a partir de las 9:00 horas, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, será inaugurada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, y contará con la presencia, entre otros, de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, quien disertará sobre los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Autora del Manual de Derecho del Empleo Público, editado en 2021 en Valencia, Remedios Roqueta ha sido vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo (2008-2017) y magistrada suplente de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (2008-2014).

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Intersindical Canaria (IC), el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

Esta iniciativa, según la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, forma parte de los encuentros, reuniones y jornadas organizadas por este centro directivo con el objetivo de “fomentar la formación permanente, la reflexión y el debate sobre temas de interés para la administración”.

A su juicio, la situación de la temporalidad necesita de un análisis y reflexión conjunta de la Ley 20/2021 (y del Real Decreto-ley 14/2021), pues “su aplicación es compleja, porque tiene muchas aristas, y es vital que se haga con garantías”. De ahí que el propósito de estas jornadas sea “contribuir a despejar dudas y avanzar en los criterios que van a trasladarse a los procesos de estabilización”.

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El Gobierno anuncia la convocatoria de más de mil plazas de personal funcionario en los próximos meses

El Gobierno anuncia la convocatoria de más de mil plazas de personal funcionario en los próximos meses

Estas plazas se sumarían a los casi 500 funcionarios ya nombrados y a los 245 que lo serán este año fruto de procesos de selección que se están desarrollando

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad aboga por acelerar la convocatoria y los procedimientos de selección ordinarios, y simplificar y agilizar la selección del personal interino

Julio Pérez defiende la necesidad de eliminar la temporalidad abusiva y fraudulenta para alcanzar la estabilidad del personal y liberar de esta situación a quienes la padecen

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado este martes que, con los nuevos procesos selectivos ordinarios que se van a llevar a cabo en los próximos meses, correspondientes a las OEP de 2019, 2020 y 2021, se van a convocar más de mil plazas de personal funcionario.

Además, según ha explicado, desde el inicio de la presente legislatura se han incorporado casi 500 nuevos funcionarios a la Administración General de la Comunidad Autónoma, a los que hay que sumar 245 más que van a ser nombrados este año, fruto de los procesos de selección que se están desarrollando.

Julio Pérez ha señalado, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento de Canarias, que una de las líneas esenciales que integran la política de su departamento, para mejorar las administraciones públicas y la selección de personal, es la aceleración de las convocatorias y la celebración de los procesos selectivos ordinarios, con el fin de que no haya demora y que la duración de estos se acorte.

“El medio normal de acceso de empleadas y empleados públicos -ha remarcado- no puede ser la interinidad o la temporalidad, deber ser el procedimiento general y ordinario de incorporación de nuestro personal, y no convertir la temporalidad en lo habitual”. En este sentido, ha indicado que “nuestro objetivo es que los procesos selectivos -oposiciones y concursos- se celebren regularmente y su duración sea la estrictamente necesaria”.

A su juicio, otras líneas esenciales para transformar las administraciones públicas en un instrumento útil, eficaz, motivado, estable y al servicio de la ciudadanía son simplificar y agilizar el procedimiento de selección de personal interino y eliminar la temporalidad abusiva y fraudulenta.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha defendido la necesidad de eliminar la temporalidad abusiva, alcanzar la estabilidad del personal y liberar de esta situación abusiva a quienes la padecen. Para ello, ha abogado por hacerlo mediante los procedimientos establecidos por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y a través de las competencias autonómicas, con la debida participación sindical.

Julio Pérez ha valorado también la creación de las listas de empleo complementarias a las vigentes, para el nombramiento del personal funcionario interino al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, de sus organismos autónomos y entidades, a las que se han inscrito 47.625 personas.

Ha calificado como positiva la idea de crear dichas listas, no solo por el número de personas, sino también por el procedimiento seguido, y porque es la primera vez que se forman listas para el empleo de interinos sin partir de procesos anteriores.

“No se entiende la función de estas listas si no se perciben como una pieza más de un conjunto de actuaciones que, en materia de personal, constituyen, en conjunto, una parte esencial de nuestra política de mejora de las administraciones públicas y de la selección personal”, ha subrayado Julio Pérez.

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El Plan de Formación del ICAP 2022 incluye la Dirección por Objetivos y la evaluación de políticas públicas

El Plan de Formación del ICAP 2022 incluye la Dirección por Objetivos y la evaluación de políticas públicas

El consejo de administración del Instituto Canario de Administración Pública aprueba una comisión de trabajo para crear un registro de docentes y actualiza las retribuciones de las personas que imparten los cursos

El programa consta de 270 ediciones, con 6.285 horas lectivas y 13.354 plazas

Julio Pérez considera la formación continua como “una herramienta imprescindible” para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación y de mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía

El consejo de administración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado este lunes el Plan de Formación 2022, que incluye, entre otras materias, actividades dirigidas a formar al personal público para implementar la Dirección por Objetivos y la evaluación de las políticas públicas, así como impulsar los instrumentos de participación ciudadana en el marco del Gobierno Abierto. Según ha manifestado Julio Pérez, la formación continua constituye “una herramienta imprescindible” para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación y de mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía.

El Plan recoge también acciones dirigidas a ampliar el conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, incrementar la capacitación del personal en competencias digitales para la transformación digital de la administración, promover el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la innovación, como valor a compartir en el ámbito público, y promover la formación del personal en habilidades directivas.

Además, ofrece actividades formativas sobre novedades legislativas, aumenta los contenidos de autoformación, incrementa la oferta de idiomas (inglés, francés y alemán) e introduce un nuevo nivel en el aprendizaje de la lengua de signos española.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que el objetivo principal de este programa formativo es satisfacer las necesidades formativas prioritarias para el desarrollo de las competencias profesionales del personal empleado público y su carrera profesional, así como proporcionar herramientas para afrontar los nuevos retos derivados de un contexto de transformación sin precedentes.

“Su finalidad es ofrecer una formación que dé respuesta a las necesidades reales, colectivas e individuales del personal al servicio de la Administración Pública y que repercuta en una gestión eficiente y de calidad en los servicios que se prestan a la ciudadanía”, ha remarcado Pérez.

Junto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, forman parte del consejo de administración del ICAP, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, como vicepresidente, y la directora del Instituto, como secretaria. En calidad de vocales, la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, la secretaria general técnica, las directoras generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de la Función Pública, el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, dos representantes de la Fecai y uno de la Fecam, un representante por cada una de las universidades públicas canarias y tres personas en representación de las organizaciones sindicales, en este caso IC, Sepca y CCOO, aunque también estaban invitados CSIF y UGT.

Ejecución del Plan

El programa formativo, que se ejecutará entre abril y diciembre de 2022, está dirigido al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el archipiélago.

Con un presupuesto de 806.864,90 euros, consta de 270 ediciones, con 6.285 horas lectivas y 13.354 plazas. Del total de plazas, 12.954 corresponden al personal de la Comunidad Autónoma y las 400 plazas restantes al de otras administraciones públicas en Canarias.

La directora del ICAP, Eva de Anta, ha explicado que tanto en el diseño como en la ejecución del plan se ha hecho hincapié en incrementar el desarrollo de actividades formativas con metodologías no presenciales -en la modalidad en línea o presencial en línea a través de sesiones virtuales-, una adecuación ya recogida en los dos planes anteriores motivada por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

De Anta ha agregado que la oferta de actividades presenciales o mixtas con clases presenciales se ha limitado a los casos en que se haga imprescindible para su desarrollo, por su naturaleza o carácter más especializado, y siempre condicionadas a las circunstancias sanitarias del momento.

Además de los cursos, el plan contempla también la celebración de jornadas, como actividades formativas de duración limitada, para abordar temas de actualidad y de especial interés para el personal público, lo que permite el encuentro e intercambio de experiencias.

Registro de docentes

El consejo de administración del ICAP ha aprobado también la creación de una comisión de trabajo, integrada por la dirección del organismo autónomo, su personal y todas las organizaciones, para determinar, de manera consensuada, los criterios y procedimientos para el establecimiento de un registro de docentes y su selección, con base en los principios de transparencia, calidad, e igualdad de trato, para colaborar en la impartición de acciones formativas incluidas en los distintos planes del ICAP.

Asimismo, ha valorado el esfuerzo y la calidad del personal docente y ha acordado mejorar los recursos y herramientas que se requieren para la formación de las empleadas y empleados públicos, así como la actualización de la baremación sobre las retribuciones a percibir por el personal que imparte las acciones formativas.

Las organizaciones sindicales participantes en el consejo de administración han valorado de forma positiva su desarrollo, al haber salido adelante propuestas como la comisión de trabajo para implantar la lista de empleo de docentes o las tutorías específicas en los puestos de trabajo incluidas dentro del programa de acogida. El representante de Intersindical, David Ortuño, ha manifestado estar “muy contento” y su homóloga de CCOO, Flor Acosta, ha calificado “muy positivamente” la política participativa que ha impregnado la reunión, así como el talante de la directora del ICAP y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Por su parte, el representante de SEPCA, Jesús Piñeiro, ha destacado que estamos ante un plan ambicioso que responde a las necesidades formativas de los empleados públicos y ha mostrado su esperanza de que antes de final de año se puedan alcanzar los objetivos programados. A su juicio, también se están dando los primeros pasos para aumentar la plantilla del ICAP y que funcione como un centro de formación de referencia, orientado a perfeccionar a los empleados públicos y mejorar su carrera profesional.

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Gobierno y ULL compartirán listas de reserva para nombrar personal funcionario interino

Gobierno y ULL compartirán listas de reserva para nombrar personal funcionario interino

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el centro de estudios universitarios suscriben un convenio que persigue también mejorar las políticas de recursos humanos

Gracias a este acuerdo se garantiza la cobertura de aquellas urgentes e inaplazables necesidades de prestación de servicios por cualquiera de las administraciones firmantes

 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, han suscrito un convenio de cooperación, que estará vigente cuatro años, cuyos objetivos son mejorar las políticas de recursos humanos y el uso compartido de las listas de reserva constituidas por ambas administraciones para el nombramiento de personal funcionario interino.

Estas listas de reserva, conformadas por personas aspirantes a un posible nombramiento como personal funcionario interino, son un instrumento del que se han dotado las administraciones públicas con el fin de, dentro de las limitaciones legalmente establecidas, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y su propio funcionamiento interno.

Según ha explicado Julio Pérez, a través de esta vía, por un lado, se garantiza el acceso al empleo público, de forma temporal, respetando los principios constitucionales de igualdad, publicidad y libre concurrencia, así como de mérito y capacidad, y, por otra parte, se permite una gestión ágil y eficiente para la provisión, con carácter urgente, de puestos de trabajo ante situaciones de necesidad de prestación de servicios.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha indicado que este tipo de convenios se han suscrito ya con otras administraciones y se aplica siempre y cuando una de ellas no dispusiese de lista de reserva propia para un determinado cuerpo y escala funcionarial, estuviesen agotadas o no hubiese persona aspirante en situación disponible. De este modo, gracias al acuerdo, se garantiza la cobertura de aquellas urgentes e inaplazables necesidades de prestación de servicios.

En cuanto a la mejora de la gestión de las políticas de recursos humanos, la rectora de la ULL ha apuntado que ambas instituciones se comprometen a colaborar en ámbitos de interés mutuo y a mejorar y simplificar la gestión de los procedimientos selectivos de personal que lleven a cabo.

Rosa María Aguilar ha manifestado que la ULL pone a disposición de la Dirección General de Función Pública los medios de que dispone, por ejemplo, para la realización de pruebas selectivas para el personal de la Comunidad Autónoma, estudios, análisis y su colaboración para el desarrollo de procesos selectivos mediante sistemas telemáticos o escritorios virtuales para realizar pruebas informáticas.

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