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El Gobierno sanciona con 10.001 euros a un local de apuestas por comercializar boletos sin cumplir con la normativa

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La infracción, que consistió en no incluir el número de inscripción en el Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias, está tipificada como muy grave en la Ley de los Juegos y Apuestas

La multa se ha aplicado observando el criterio de proporcionalidad entre la infracción cometida y los efectos de la propia sanción

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, competente en materia de juegos y apuestas, ha impuesto una multa de 10.001 euros a un local de apuestas por incumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de Apuestas Externas de la Comunidad Autónoma de Canarias al no haber incluido el número de inscripción en el Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley de los Juegos y Apuestas califica este tipo de irregularidades como una infracción muy grave. En todo caso, en la fijación de la misma se ha aplicado el principio de la proporcionalidad entre la infracción cometida y la cuantía y efectos de la sanción.

También se ha ordenado notificar a la empresa que con la orden que impone esta sanción se agota la vía administrativa, por lo que cuenta ahora con un plazo de dos meses a fin de interponer un recurso contencioso-administrativo, o bien interponer en vía administrativa el recurso potestativo de reposición ante esta misma Consejería en el plazo de un mes.

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Casi 70 juzgados de paz recibirán más de 160.000 euros de la Consejería de Justicia para su funcionamiento

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Las cantidades que reciben estos órganos, que ejercen funciones judiciales y de Registro Civil, están establecidas en función de la población del municipio en el que se encuentren

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la distribución de una subvención de 161.457 euros entre 69 juzgados de paz destinados a cubrir sus gastos, de manera que desarrollen sus funciones judiciales y de Registro Civil.

La cuantía que recibirán estos órganos, establecidos en general en las sedes municipales, está determinada por el número de habitantes de cada municipio, de conformidad con el Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal de ese año.

De esta manera, Betancuria (731 habitantes) recibe 478 euros: mientras que Agulo, Artenara, Garafía, Vilaflor, Fuencaliente, Hermigua, El Pinar, Barlovento, Tejeda, Alajeró, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Tanque, Fasnia, Vallehermoso reciben la cuantía de 1.250 euros (con poblaciones comprendidas en el tramo de 1.000 a 2.999 habitantes).

En el tramo de 3.000 a 6.999 habitantes se encuentra los municipios de Valleseco, La Frontera, San Andrés y Sauces, Valle Gran Rey, Tazacorte, Buenavista del Norte, Los Silos, Vilal de Mazo, San juan de la Rambla, Garachico, Haría, La Guancha, Breña Baja, Arafo, Agaete y Tinajo, por lo que reciben 2.000 euros cada uno.

De 7.000 a 14.999 habitantes son los municipios de Breña Alta, Firgas, El Paso, La Aldea de San Nicolás, Vega de San Mateo, Moya, Arico, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Valsequillo, Santiago del Teide, Tegueste, Antigua, Teror, Santa Úrsula y Tuineje, por lo que cada uno recibe 2.700 euros.

Entre 15.000 y 19.999 habitantes están los municipios de Yaiza, El Rosario, Santa Brígida, San Bartolomé, Mogán y San Miguel (cada uno recibe 3.025 euros), mientras que de 20.000 a 29.999 habitantes son los términos municipales de Tías, Pájara, Guía de Isora, Teguise, Tacoronte, Gáldar, La Oliva y Candelaria (con una asignación para cada uno de 3.230 euros).

De 30.000 a 50.000 habitantes (con una cuantía de 3.700 euros) están los municipios de Ingenio, Agüimes, Los Realejos y Adeje, mientras que Santa Lucía es el único que cuenta con más de 50.000 habitantes, por lo que recibe 4.289 euros.

Las cantidades asignadas se harán efectivas de una sola vez mediante un abono anticipado que son compatibles con otras cantidades que puedan realizarse por parte de las distintas administraciones públicas.

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Gobierno y Guardia Civil valoran la seguridad lograda durante los incendios de Gran Canaria

El consejero Julio Pérez y el general jefe de la guardia Civil, Juan Miguel Arribas analizan la seguridad durante incendios de GC

En un primer encuentro tras la formación del Ejecutivo Canario, Pérez y Arribas analizaron el funcionamiento de los grupos de Seguridad y de Coordinación Aérea

El general jefe de la Guardia Civil de Canarias, Juan Miguel Arribas, y el consejero responsable de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, mantuvieron ayer un primer encuentro, tras la formación del Ejecutivo canario, en la sede de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de la capital tinerfeña para repasar el funcionamiento del dispositivo de extinción de los recientes incendios forestales de Gran Canaria. En particular, analizaron el funcionamiento del Grupo de Seguridad, así como el de Coordinación Aérea y ambos responsables valoraron muy positivamente la seguridad lograda durante las labores de extinción, mediante la actuación coordinada de todos los cuerpos intervinientes.

Además de integrarse, como otros cuerpos, servicios y entidades, en el Comité Asesor de la dirección del Plan de Extinción, que desempeñó el consejero, la Guardia Civil participó con un nutrido grupo de efectivos terrestres en funciones de seguridad, que fueron especialmente eficaces dado que el territorio afectado por los incendios pertenece, de ordinario, a la demarcación correspondiente a la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, en el que el servicio propio del cuerpo y el SEPRONA actúan habitualmente. Nada más tener noticia del incendio, la suma de guardias civiles que se incorporaron a las labores de extinción y seguridad superó los 70 efectivos diarios, entre quienes se encontraban de servicio y quienes acudieron de inmediato de modo voluntaria a los puestos de servicio.

Además, el helicóptero “Cuco” de la Guardia Civil se utilizó por el equipo de coordinación de los medios aéreos, inicialmente de modo exclusivo y con posterioridad en conjunto con el avión de coordinación enviado por la administración del Estado.

Por otro lado, Pérez y Arribas repasaron la agenda de asuntos pendientes, entre ellos la mejora de la coordinación entre el Instituto Armado y la Policía Canaria, algunos servicios de transporte de personas, de seguridad de edificios y de seguridad de acontecimientos públicos.

La coordinación entre los cuerpos de seguridad en el Archipiélago corresponde a la Junta de Seguridad, que presiden el ministro del Interior y el presidente de Canarias, cuya última sesión se celebró en enero pasado.

Los responsables de la consejería y de la Guardia Civil valoraron la seguridad lograda durante las labores de extinción, sin perjuicio de convenir también en la necesidad de perfeccionar algunas de las normas y de los procedimientos hoy establecidos en el Plan “Infoca”, que admiten mejoras y aclaraciones.

Por lo que se refiere al resto de los servicios, también estuvieron de acuerdo en la necesidad de reforzar la coordinación, de modo que cada cuerpo asuma plenamente las funciones que le corresponden, para evitar descoordinación, solapamientos de servicios o exceso o defecto en la utilización y gestión de los medios, sin perjuicio de mantener las actuaciones conjuntas y combinadas que también deben llevar a cabo de manera regular.

Hoy regresan a Castilla-La Mancha los dos aviones enviados para combatir el incendio de Valleseco

Avión Air Tractor de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Canarias, a través del consejero de Seguridad, Julio Pérez, agradece al Ejecutivo de Castilla-La Mancha la aportación voluntaria de dos aeronaves de carga en tierra del tipo Air Tractor que, entre los días 20 y 23 de agosto, descargaron más de 445.000 litros de agua sobre el incendio de Valleseco, Gran Canaria

Los dos aviones de carga en tierra del tipo Air Tractor que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha envió a las Islas para sumarse a las labores de extinción del incendio de Valleseco, en Gran Canaria, regresan hoy a la Península. Tienen previsto realizar una escala en Lanzarote y otras posteriores antes de llegar a sus bases Albacete y Toledo.

Las aeronaves partieron de Castilla-La Mancha el pasado lunes 19 de agosto y vuelven hoy tras haber intervenido en la lucha contra el fuego entre los días 20 y 23 de agosto, periodo en el que descargaron más de 445.000 litros de agua.

El resto del tiempo estuvieron a disposición de la dirección del Infoca (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por incendios forestales de Canarias), por si era necesaria su activación. Su tripulación se compuso de dos pilotos y un mecánico.

El ofrecimiento de los aviones Air Tractor lo realizó el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ángel Víctor Torres, y se materializó a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, expresa el agradecimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias a la de Castilla-La Mancha por la iniciativa de ceder de manera voluntaria estas aeronaves y recalcó su importante contribución en las labores de extinción en Gran Canaria.

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El ICAP convoca 640 plazas en cursos para entidades locales de Canarias incluidos en el Plan Formativo 2019

El ICAP convoca cursos para entidades locales

 Las actividades formativas comenzarán el próximo mes de octubre y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de septiembre

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de actividades formativas para entidades locales, incluidas en el Plan de Formación de 2019, que se celebrarán entre el 1 de octubre y el 13 de diciembre de 2019. Se han convocado 640 plazas y las personas interesadas en participar en los cursos deberán presentar la correspondiente solicitud entre mañana y el próximo 12 de septiembre.

La directora del ICAP, Eva de Anta, informa de que las acciones formativas se estructuran en las áreas de conocimiento de transparencia y buen gobierno, organización del trabajo y mejora de habilidades, prevención de riesgos laborales y salud laboral, jurídica-administrativa y políticas de igualdad. La directora destaca la variedad de cursos y la importancia de la formación continua del personal público “para que tenga más y mejores herramientas para atender a la ciudadanía y para agilizar y modernizar la administración”.

De Anta recuerda que el Plan de Formación de 2019, aprobado el pasado mes de mayo, tiene como objetivo ofrecer una formación basada en el conocimiento, con el fin de facilitar al personal al servicio de las entidades locales la asunción de funciones precisas en el marco de una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos y materiales y orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía.

Precisa que la programación formativa para las entidades locales contempla nueve cursos, con un total de 13 ediciones y 330 horas de duración, que se desarrollarán en la modalidad on-line. En concreto, en el área de organización del trabajo y mejora de habilidades se han programado tres cursos, que versan sobre estrategias para desarrollar la memoria, técnicas avanzadas de lectura y estructura eficaz en la administración pública.

En el área jurídica-administrativa, las actividades formativas se centran en las leyes de Contratos, de Régimen Jurídico del Sector Público y de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Mientras en materia de transparencia y buen gobierno, el curso abordará el Reglamento Europeo en Materia de Protección de Datos.

El lenguaje y la comunicación no sexista en la administración pública es la acción formativa en el área de políticas de igualdad, y la gestión del estrés laboral es el curso programado en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral.

El Gobierno levanta la suspensión del plazo máximo de finalización de las oposiciones

El Gobierno levanta la suspensión del plazo máximo de finalización de las oposiciones

La medida afecta a unas 15.000 personas, y solo se mantiene la interrupción del plazo en el proceso selectivo de Ingenieros Industriales, que concierne a 15 personas, hasta que se obtenga pronunciamiento judicial

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, tras consultar con los servicios jurídicos, ha decidido alzar la resolución de la Dirección General de Función Pública adoptada por el anterior Gobierno autonómico el pasado 19 de julio y dejarla sin efecto para los procesos selectivos afectados por la misma, con excepción del relativo al ingreso, por el sistema de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, especialidad Ingenieros Industriales, hasta que haya un pronunciamiento judicial.

Con tal fin, se ha firmado una nueva resolución, con fecha 6 de agosto de 2019, que permite continuar el curso de las convocatorias, en sus distintas fases, según explicaron hoy en rueda de prensa el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, quienes indicaron que las personas actualmente afectadas por estos procesos son unas 15.000, en su mayoría correspondientes a las convocatorias de los cuerpos de Auxiliares y Administrativos.

La Consejería tuvo conocimiento de la decisión del anterior Ejecutivo el pasado 31 de julio a través del Boletín Oficial de Canarias, tras lo que solicitaron informes de manera inmediata tanto a la Dirección de la Función Pública como de los Servicios Jurídicos del Gobierno “para dar las máximas garantías a dichos procesos selectivos y asegurar los derechos de las personas interesadas y sus familias”, detalló Pérez, quien aseguró que “nos comprometimos en una pronta solución y creemos haber cumplido”.

No obstante, señaló, se entiende pertinente la suspensión del plazo de la convocatoria relacionada con la especialidad de Ingenieros Industriales hasta que se resuelva la rectificación del error material solicitada respecto al fallo de la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 14 de junio de 2019. En cuanto a este proceso selectivo son 15 las personas afectadas actualmente.

Pérez destacó que se ha tomado la decisión de levantar la suspensión, basada en derecho, al entender que es la más adecuada jurídicamente. Se trata además, agregó, de una medida política basada en el interés por resolver la situación de forma rápida para no perturbar el funcionamiento de la Administración autonómica y no causar desasosiego en las personas que opositan. “El Gobierno de Canarias quiere cuidar mucho al personal público y esmerarse en los procesos para la selección de aspirantes”, remarcó.

El consejero recordó que el origen de las dudas sobre los procesos selectivos surge a raíz de dos sentencias del de la sección segunda de la Sala lo Contencioso del Tribunal, de fechas 17 de octubre de 2018 y del 14 de junio de 2019, que estiman que el artículo 3 de la orden de 21 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos de la Comunidad Autónoma de Canarias vulnera lo establecido en el artículo 73.2 de la Ley de la Función Pública de Canarias. Dicha norma señala que “la oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición”.

Sin embargo, aclaró, la sentencia que origina el conflicto no se funda en este motivo, sino en la falta de una justificación suficiente en el caso enjuiciado para hacer la selección por concurso-oposición y no por oposición.

“Es decir, lo que pone en duda el TSJC es la fase de concurso de méritos, no los procesos selectivos convocados”, resaltó Pérez, quien remarcó que al llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad “nos hemos encontrado con un problema importante, al que hemos dado máxima prioridad para dar tranquilidad a las personas afectadas y resolverlo en el menor plazo de tiempo posible”. “Para este Gobierno los recursos humanos son los activos más valiosos”, aseguró.

Pérez aprovechó la ocasión para expresar su propósito de reducir la interinidad y promover la estabilización del personal afectado, para lo cual apeló al diálogo con los sindicatos y deseó su contribución, al tiempo que recordó que existe una previsión legal de situarla por debajo del 8 por ciento.

Alejandro Rodríguez y Manuel Marcos Pérez toman posesión de sus cargos en la capital tinerfeña

El consejero tras tomas de posesión de dos viceconsejeros

Dirigirán las viceconsejerías de Administraciones Públicas y Transparencia y de Relaciones con el Parlamento

Los viceconsejeros de Administraciones Públicas y Transparencia y de Relaciones con el Parlamento de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez y Manuel Marcos Pérez, respectivamente, tomaron hoy posesión de sus cargos en Santa Cruz de Tenerife y posteriormente se reunieron con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

 

Julio Pérez destaca el esfuerzo notorio de la Guardia Civil por la formación y la actualización

Julio Pérez inaugura en Tenerife un curso de verano de la Guardia Civil

En su primer acto público como consejero, participa en la inauguración del curso de verano ‘La Guardia Civil ante las amenazas globales a la seguridad’

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, destacó hoy el esfuerzo notorio de la Guardia Civil por la formación y la actualización, así como su identificación absoluta con la realidad de cada momento, una señal clara, dijo, de su contemporaneidad y de la adaptación a su tiempo.

Pérez se manifestó así durante la inauguración del curso de verano ‘La Guardia Civil ante las amenazas globales a la seguridad’, que estuvo presidida por el director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón, y en la que también participó la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, María Esther González.

En su primer acto público como consejero, Pérez acentuó la evolución continua de la Guardia Civil, que combina tradición con modernidad, al tiempo que remarcó la constante incorporación de la mujer al cuerpo y a los servicios de responsabilidad, lo que refleja, indicó, su compromiso con la igualdad.