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La ULPGC y el Ejecutivo dan continuidad a los Premios ArchipiélaGo para impulsar soluciones a los retos de Canarias

La iniciativa reconoce proyectos del estudiantado en movilidad, obras públicas, vivienda y gestión del litoral, con la implicación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

Podrán participar estudiantes de grado y máster de cualquier titulación de la ULPGC, con plazo de presentación hasta el 15 de enero de 2027

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado la segunda edición de los Premios ArchipiélaGO, una iniciativa que busca reconocer el talento universitario y promover soluciones innovadoras y sostenibles a los desafíos del archipiélago. Impulsado con la implicación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, el concurso premiará proyectos que contribuyan a mejorar las infraestructuras públicas, la vivienda, la movilidad y la gestión del litoral. 

En palabras de la presidenta del Consejo Social, Ana B. Suárez, con esta segunda edición del certamen, la entidad continúa reforzando su papel “como puente entre la universidad y la sociedad, promoviendo la transferencia de conocimiento, el progreso sostenible y la innovación al servicio del bienestar colectivo”.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado que “esta iniciativa representa una oportunidad para vincular el conocimiento que se genera en nuestras universidades con los desafíos que afronta Canarias. Queremos fomentar la participación del alumnado y animar a los jóvenes a aportar nuevas ideas y soluciones en ámbitos que tienen una incidencia directa en el desarrollo y la calidad de vida de nuestra comunidad autónom”.

Asimismo, Rodríguez ha señalado que “la colaboración entre las administraciones públicas y los Consejos Sociales de las universidades es fundamental para acercar el ámbito académico a la realidad del territorio. Estos premios permiten abrir un espacio de participación para que los estudiantes, desde distintas disciplinas, puedan plantear propuestas que contribuyan a abordar cuestiones tan relevantes como la movilidad sostenible, el acceso a la vivienda, las infraestructuras públicas o la protección de nuestro litoral”.

Los Premios ArchipiélaGO buscan favorecer la transferencia de conocimiento y dar proyección a propuestas del estudiantado con potencial para contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de Canarias. En ese sentido, la convocatoria está dirigida a estudiantes de grado y máster matriculados en la ULPGC durante los cursos 2025/2026 o 2026/2027 y podrán concurrir desde cualquier titulación y ámbito de conocimiento, de forma individual o en equipos de un máximo de dos estudiantes, pertenecientes al mismo o a distintos centros.

Los galardones contemplan cuatro categorías: la modalidad  Innovación en Movilidad reconocerá soluciones para el transporte y la movilidad sostenible, mientras que la de Innovación en Obras Públicas distinguirá iniciativas que mejoren la eficiencia energética, la sostenibilidad y la modernización de las infraestructuras públicas. Por su parte, Innovación en Vivienda premiará nuevas tecnologías, diseños o modelos sostenibles para la construcción y gestión de viviendas, e Innovación en la Gestión del Litoral se centrará en propuestas para la preservación, protección y desarrollo sostenible de las costas.

El jurado valorará especialmente el impacto social de los proyectos y su contribución a los retos de la comunidad autónoma y concederá un diploma acreditativo y una tableta electrónica valorada entre 600 y 800 euros al ganador de cada modalidad. Además, el jurado podrá proponer menciones especiales de carácter honorífico para candidaturas que destaquen por su calidad, originalidad, innovación o interés para los objetivos del certamen.

Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23:59 horas del 15 de enero de 2027, exclusivamente a través de la sede electrónica de la ULPGC e incluyendo el formulario de inscripción, una memoria del proyecto de un máximo de diez páginas, una presentación visual y la declaración responsable exigida en las bases.

La presentación visual podrá consistir en una infografía, un vídeo de hasta cinco minutos o una presentación PowerPoint.

Por otro lado, los proyectos deberán ser originales y no haber sido premiados previamente. Cada participante o equipo podrá presentar un único proyecto por categoría y deberá adscribir cada propuesta a la modalidad que corresponda a su objeto principal.

 

 

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Canarias activa baterías de emergencia en La Palma, cuatro meses después de que el Estado habilitara esta solución

La Consejería convoca con carácter urgente a las empresas del sector de almacenamiento energético con el objetivo de adjudicar en el plazo de un mes un sistema de almacenamiento de al menos 16 MW

Zapata recuerda que Canarias ha reclamado esta solución desde 2024, pero que el Estado no permitió su aplicación como medida de emergencia hasta el pasado 30 de junio, una vez autorizado

La Consejería viene trabajando desde entonces y en tiempo récord para resolver la financiación, definir las condiciones técnicas y establecer por primera vez un procedimiento de emergencia para implantar las baterías

El consejero Zapata insiste en que esta medida permitirá mejorar la respuesta ante incidencias, pero no sustituye las inversiones pendientes en generación y redes eléctricas que necesita La Palma y que sigue reclamando al Estado

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano H. Zapata envía invitación, a través de la Dirección General de Energía, a empresas reconocidas del sector de almacenamiento energético para comenzar el proceso de instalación de baterías de emergencia en La Palma, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro eléctrico y reducir el riesgo de nuevos apagones en la isla.

La iniciativa, tramitada en tiempo récord, permitirá recibir propuestas de forma urgente y ágil con las que el Ejecutivo autonómico identificará las soluciones técnicas más adecuadas y avanzará en su contratación por la vía de emergencia, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

La previsión es que el proyecto pueda quedar adjudicado en el plazo de un mes, mientras que las autorizaciones posteriores se tramitarán por la vía de urgencia y como actuación de interés general. Una vez adjudicado, deberán completarse las autorizaciones correspondientes y los trabajos de instalación y puesta en servicio de las baterías, por lo que la adjudicación no supone su entrada inmediata en funcionamiento. El objetivo es que puedan estar operativas durante 2027.

El consejero Mariano Hernández Zapata destacó que “hemos sacado esta convocatoria en tiempo récord porque La Palma no puede seguir expuesta a nuevos ceros energéticos”. Además, apuntó que “desde el Gobierno de Canarias llevábamos tiempo reclamando esta solución, pero la normativa estatal no permitió utilizar las baterías como medida de emergencia hasta el pasado mes de junio”.

Asimismo, destacó que “ha sido un importante trabajo para hacer ver al Ministerio la realidad de La Palma y la necesidad de esta solución de emergencia antes la obsolescencia del sistema y los cortes de suministro que están sufriendo los palmeros. Desde entonces hemos trabajado para reducir los plazos al máximo y dar una respuesta cuanto antes a las necesidades de la isla, en apenas cuatro meses”.

Zapata destaca que esta actuación y su anuncio “cobra especial relevancia tras el cero energético registrado el pasado 2 de noviembre, que dejó sin servicio a los 50.508 puntos de suministro de La Palma y volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico insular”. En este sentido, el consejero recuerda que estos sistemas “habrían proporcionado respaldo suficiente ante la incidencia de junio de 2025, mientras que todavía es necesario conocer las causas exactas del apagón del pasado 2 de noviembre para determinar su posible eficacia en aquel episodio”.

Un procedimiento de emergencia para agilizar su implantación

La instalación de almacenamiento contempla una potencia mínima de 16 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de al menos dos horas, con dos posibles configuraciones: 4 módulos independientes de 4 MW o 2 módulos de 8 MW.

Estos sistemas de almacenamiento permitirán disponer de una respuesta automática ante incidencias en los grupos de generación, aportando energía de forma inmediata. En caso de producirse un nuevo déficit energético, las baterías podrán facilitar una reposición más rápida del suministro, gracias a su capacidad de arranque autónomo.

“A diferencia de otras islas como Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, donde se ha identificado un déficit de potencia de generación, el principal problema de La Palma es la dependencia de grupos antiguos concentrados en la central de Los Guinchos y la falta de capacidad de respuesta inmediata cuando se produce una incidencia”, explicó Zapata.
Una acción que no es aislada para reforzar el sistema en La Palma.

Zapata subrayó que “las baterías no sustituyen las inversiones pendientes en generación y redes eléctricas, pero sí representan “una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Porque, “La prioridad del Gobierno de Canarias es seguir avanzando en todas estas actuaciones para que La Palma cuente con un suministro eléctrico más seguro, estable y preparado ante futuras incidencias”.

En este sentido, el consejero explicó que la instalación de baterías de emergencia “complementará las inversiones pendientes en La Palma, como la renovación de los grupos de generación de Los Guinchos, la nueva subestación de Las Breñas y la segunda línea de transporte hacia el Valle de Aridane, además de las mejoras necesarias en la red de distribución”.

Asimismo, recuerda que en materia de generación, está pendiente que el Estado saque un nuevo concurso de generación convencional para cubrir 64 MW de nueva potencia frente a los 52 MW propuestos por el Ministerio, tras quedar sin resultado el primer concurso estatal.

“El primer concurso estatal de generación no dio respuesta a La Palma, pues la resolución provisional asignó 5 motores nuevos a Endesa, que desistió porque las condiciones económicas del Ministerio no eran interesantes para esa empresa”. Por eso “la renovación de la generación tendrá que llegar a largo plazo con el segundo concurso, que está en marcha y en el que hemos reclamado 64 MW para La Palma, frente a los 52 que proponía el Ministerio”.

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El Gobierno regula los requisitos mínimos para el uso turístico de viviendas como actividad clasificada

Modifica la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y la Ley 6/2019 de ordenación territorial de la actividad turística de las islas verdes

Establece un periodo de adaptación que permita compatibilizar las nuevas exigencias normativas con la continuidad de la actividad económica y refuerza el régimen especial de El Hierro, La Gomera y La Palma

El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley con los requisitos mínimos de uso turístico de vivienda como actividad clasificada, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que ejerce esta competencia. El decreto ley modifica la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y la Ley 6/2019 de ordenación territorial de la actividad turística de las Islas Verdes, clarificando el régimen aplicable y el impulso de medidas recogidas para estas islas.

Con su aprobación, el Gobierno de Canarias completa y clarifica aspectos esenciales del marco regulatorio de las viviendas vacacionales, estableciendo requisitos técnicos concretos, ampliando los plazos de adaptación y contemplando soluciones específicas para las realidades diferenciadas de las islas.

El objetivo es facilitar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de regulación turística y aportar seguridad jurídica a los titulares de viviendas vacacionales y a las administraciones responsables de su ordenación y control. En este sentido, establece un periodo de adaptación que permita compatibilizar las nuevas exigencias normativas con la continuidad de la actividad económica.

Actividad clasificada

La nueva regulación fija el contenido mínimo de la memoria técnica que deberán presentar los titulares de viviendas vacacionales para acreditar el cumplimiento de la normativa de actividades clasificadas.

Entre los requisitos figuran los planos de situación y distribución de la vivienda, fotografías del inmueble, documentación relativa a la primera ocupación, acreditación de la seguridad estructural cuando corresponda y medidas de protección contra incendios, como detectores de humo, extintores y señalización de evacuación. También se establecen exigencias específicas para las viviendas que dispongan de piscina y para las condiciones de acceso.

Estos requisitos servirán igualmente para las nuevas viviendas que pretendan iniciar la actividad turística mientras no se apruebe la normativa técnica definitiva.

Una de las principales medidas es la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 del plazo para presentar la comunicación previa de actividad clasificada. Esta medida afecta a quienes ya desarrollaban la actividad antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y tienen pendiente completar su regularización administrativa.

La ampliación responde a la necesidad de concretar los requisitos técnicos exigibles y garantizar que los propietarios dispongan de las condiciones necesarias para cumplir sus obligaciones, evitando que la falta de desarrollo normativo pueda impedir el ejercicio de los derechos reconocidos en el régimen transitorio.

El decreto ley establece que las viviendas vacacionales que no cumplan con la obligación de regularización dentro del plazo previsto podrán continuar desarrollando su actividad durante cinco años adicionales. Transcurrido ese periodo, deberán cesar en el uso turístico.

Por otra parte, la norma refuerza las funciones de comprobación e inspección de los ayuntamientos y cabildos insulares. Los ayuntamientos deberán aprobar y comenzar a aplicar sus planes de comprobación y control en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa de actividades clasificadas. Estos planes tendrán una duración máxima de cuatro años.

Islas Verdes

El Gobierno refuerza el tratamiento específico de El Hierro, La Gomera y La Palma, reconociendo la aplicación directa y preferente de la Ley 14/2019, de ordenación territorial de la actividad turística en estas islas.

El decreto ley establece que las determinaciones territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 no serán aplicables en las Islas Verdes hasta el 13 de diciembre de 2030, respetando durante este periodo el régimen especial vigente.

El decreto ley incorpora también una medida específica para las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de 2021. Estos inmuebles podrán reconstruirse y recuperar su actividad turística conservando su signatura y los derechos inherentes, sin que les resulte exigible el requisito de antigüedad mínima establecido en la nueva Ley.

Además, se reconoce la antigüedad y la situación jurídico-urbanística de las viviendas originales, salvo que la nueva ordenación resulte más favorable. Esta medida evita que la nueva regulación se convierta en un obstáculo añadido para la recuperación económica y social de las personas afectadas por la erupción.

El presente decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, teniendo efectos retroactivos a 13 de diciembre de 2025, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas.

Canarias, única autonomía con el 100% de cobertura de la ayuda de Grado III+ frente al 49% de media nacional

parte de abajo de una silla de ruedas con una persona y pies de otra que está empujando la silla

El esfuerzo realizado por el Archipiélago para mejorar la cobertura de dependencia también se ve reflejado en la reducción de los tiempos de espera, que oficialmente se sitúan a 31 de octubre en 184 días, frente a los 782 del comienzo de la legislatura

Canarias es la única comunidad autónoma de España que alcanza el 100 % de cobertura de prestaciones de asistencia personal o prestación económica vinculada al servicio para las personas reconocidas con Grado III+, según los datos del informe correspondiente al 31 de octubre de 2026.

En concreto, las 17 personas con Grado III+ contabilizadas en Canarias disponen de una de estas prestaciones, lo que sitúa al Archipiélago a la cabeza del conjunto de comunidades autónomas en este indicador. Además, 16 de estas 17 personas perciben una prestación efectiva con una cuantía igual o superior a 3.200 euros, lo que representa el 94,12 % del total.

Los datos contrastan con los del conjunto del país, donde existen 807 personas con Grado III+. De ellas, 401 cuentan con una prestación de asistencia personal o prestación económica vinculada al servicio, lo que representa una cobertura del 49,69 %. Asimismo, 307 personas reciben una prestación efectiva de al menos 3.200 euros, un 38,04 % del total.

Canarias alcanza una cobertura del 100 % en el indicador de prestaciones de asistencia personal o vinculadas al servicio, frente a la media estatal del 49,69 %, y se convierte en la única comunidad autónoma que garantiza esta cobertura para todas las personas contabilizadas con Grado III+.

Estos resultados reflejan el esfuerzo realizado para adaptar el sistema canario de dependencia a las nuevas necesidades de atención y avanzar hacia un modelo de cuidados que garantice los apoyos intensivos que precisan las personas con situaciones de dependencia extrema. Esfuerzo que también se ve reflejado en los datos del Imserso que revelan que los tiempos de espera para la concesión de una ayuda a la dependencia se sitúan, a 31 de octubre, en los 184 días oficiales, frente a los 782 días que figuraban en las estadísticas del Imserso al inicio de la legislatura.

El Grado III+ de dependencia extrema se incorporó al sistema estatal mediante el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, en desarrollo de las obligaciones establecidas por la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

La nueva regulación establece una respuesta específica para las personas con necesidades de apoyo especialmente intensas, que requieren atención continuada y supervisión especializada durante las 24 horas. Para ello, contempla el acceso a una prestación económica de asistencia personal o a una prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, con el objetivo de garantizar los cuidados necesarios en el entorno habitual.

La implantación de este nuevo grado supuso un importante esfuerzo de adaptación para las comunidades autónomas, responsables de gestionar el sistema de dependencia. Los gobiernos autonómicos debían adecuar sus procedimientos de reconocimiento, articular los recursos asistenciales necesarios y garantizar el acceso efectivo a las nuevas prestaciones, además de asumir parte de su financiación.

El modelo de financiación establecido inicialmente fijó una cuantía máxima de 9.859 euros mensuales para estas prestaciones. De esta cantidad, la Administración General del Estado asumiría el 50 %, mediante el nivel mínimo de protección garantizado, mientras que el 50 % restante correspondería a las comunidades autónomas.

En Canarias, la adaptación normativa se materializó mediante el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, que incorporó el Grado III+ al sistema autonómico y reguló las prestaciones correspondientes. La norma fue convalidada por el Parlamento de Canarias el 24 de marzo y las solicitudes para acceder a esta nueva categoría pudieron presentarse desde el 11 de mayo de 2026.

La regulación autonómica permite optar entre la prestación económica de asistencia personal y la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, de acuerdo con las necesidades de cada persona y los requisitos establecidos en su Programa Individual de Atención.

Los resultados del informe de octubre muestran que Canarias ha conseguido garantizar la cobertura de todas las personas reconocidas con Grado III+ a través de alguna de estas dos modalidades.

 

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La Consejería reúne a nueve comunidades autónomas para presentar su modelo de gestión digital de la FP Dual

A través de la herramienta GDCAN, desarrollada por el departamento regional de Educación y utilizada el pasado curso por casi doscientos centros educativos, más de 33.000 estudiantes y 9.500 empresas

Las jornadas, inauguradas este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, reúnen a más de un centenar de participantes y continuarán el martes con nuevas ponencias y mesas de trabajo

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, reúne este lunes y martes en Las Palmas de Gran Canaria a responsables de Formación Profesional de nueve comunidades autónomas con motivo de las Jornadas de Gestión de la FP Dual en Canarias, en las que el departamento dará a conocer GDCAN, la herramienta desarrollada en el archipiélago para la gestión integral de la formación dual.

Las jornadas, que se celebran en el Hotel Santa Catalina y están organizadas por la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, cuentan con la participación de más de un centenar de representantes de administraciones educativas, centros de Formación Profesional, empresas y especialistas en transformación digital. Entre los asistentes figuran altos cargos de las áreas de FP de Andalucía, Galicia, Murcia, Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha, así como personal técnico de Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

El viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Machado, fue el encargado de inaugurar las jornadas, tras lo cual ofreció una primera intervención centrada en el análisis institucional y los principales retos de estas enseñanzas.

A propósito de la celebración de este evento, Rodríguez Machado destacó que estas jornadas permiten “dar a conocer a los responsables de otras comunidades autónomas una herramienta desarrollada en Canarias que facilita la gestión completa e integral de la Formación Profesional Dual”. Asimismo, subrayó la importancia de “reunir a representantes de las administraciones educativas, empresas y centros formativos para compartir experiencias y analizar el funcionamiento del sistema en los distintos territorios”.

En este sentido, el viceconsejero señaló que el encuentro también ofrece la oportunidad de “reflexionar sobre las fortalezas y oportunidades de la Formación Profesional, así como sobre las debilidades y posibles amenazas a las que puede enfrentarse en los próximos años”. Todo ello, añadió, con el objetivo de “seguir avanzando en una Formación Profesional que responda cada vez más y mejor a las necesidades del mercado laboral”, y que continúe mejorando sus niveles de valoración y satisfacción entre la sociedad.

Herramienta de gestión

GDCAN es una plataforma tecnológica desarrollada por Canarias que conecta en un mismo entorno digital a los centros educativos, el alumnado, las empresas colaboradoras y la administración educativa. Puesta en marcha en enero de 2024, inicialmente para responder a la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social al alumnado que realizaba prácticas en empresas y a las necesidades de gestión del nuevo modelo de FP Dual, la herramienta se encuentra actualmente implantada en la totalidad de los centros que imparten ciclos formativos en el archipiélago.

Durante el pasado curso académico, GDCAN fue utilizada por cerca de doscientos centros educativos, más de 33.000 estudiantes y más de 9.500 empresas, unas cifras que reflejan el alcance de una herramienta que integra las gestiones administrativas, pedagógicas y económicas necesarias para el desarrollo de la formación dual.

La plataforma incorpora, además, sistemas de seguimiento y control que permiten conocer la situación de los diferentes procesos y mecanismos de aviso que ayudan a los responsables de su gestión a detectar posibles incidencias, reducir errores y disminuir la carga burocrática del profesorado. De esta manera, facilita la coordinación entre los centros educativos y las empresas, al tiempo que simplifica los procedimientos asociados a la formación del alumnado.

Otro de los aspectos destacados es la información que proporciona sobre el funcionamiento de la FP Dual en Canarias. Las encuestas realizadas a través de GDCAN reflejan niveles de satisfacción superiores al noventa por ciento tanto entre el alumnado (93 por ciento) como entre las empresas participantes (92 por ciento), lo que permite disponer de indicadores para evaluar el desarrollo de estas enseñanzas e identificar posibles mejoras.

Además de dar a conocer las funcionalidades de GDCAN, las jornadas persiguen también facilitar su implantación en otras comunidades autónomas que puedan estar interesadas. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha trasladado su disposición a colaborar con otras administraciones educativas y cederles la herramienta para que puedan adaptarla a sus necesidades. De hecho, Extremadura ya ha mostrado su interés en esta posibilidad, que permitiría aprovechar la experiencia desarrollada en el archipiélago y avanzar en la mejora de la gestión de la FP Dual en otros territorios.

Amplio programa

Tras la ponencia inicial, el programa de este lunes continuó con una intervención de la Fundación Universitaria de Las Palmas, centrada en las propuestas de mejora y desarrollo de GDCAN. Entre las funcionalidades planteadas se encuentran la integración de ofertas de empleo y la incorporación de contenidos específicos para la modalidad virtual, dos líneas de trabajo destinadas a ampliar las posibilidades de la plataforma y su utilidad para los distintos participantes en la formación dual.

Posteriormente, Eduardo Más Carrillo, técnico del Área de Nuevas Tecnologías de la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, fue el encargado de presentar el funcionamiento del aplicativo GDCAN y sus posibilidades para la gestión de los procesos asociados a la FP Dual.

La programación de la primera jornada se completó con una sesión dedicada a las diferentes perspectivas sobre GDCAN, en la que representantes de empresas, centros educativos y profesorado pudieron aportar su visión sobre la herramienta y las necesidades que plantea la gestión de la formación dual desde sus respectivos ámbitos.

El encuentro cuenta también con la participación de entidades vinculadas al ámbito educativo y empresarial, entre ellas las cámaras de comercio de Gran Canaria y de Lanzarote y La Graciosa, la Confederación Canaria de Empresarios, CEOE Tenerife, CECAPYME, la Fundación Universitaria de Las Palmas, la Fundación Sergio Alonso, CaixaBank Dualiza y el Instituto Dual, además de responsables de centros integrados de Formación Profesional del archipiélago.

Además, el acto contó con la presencia de los directores generales de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, y Cualificaciones Profesionales, Carolina León y Alfredo Espinosa, respectivamente; así como de la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez; la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), María Rosa Suárez; y el inspector general de Educación, Marcos Rodríguez, entre otros.

Martes

Las jornadas continúan este martes, 10 de noviembre, con una nueva sesión dedicada a las propuestas de desarrollo y mejora de GDCAN. En esta ocasión, la intervención correrá a cargo de EDUGENIA y abordará la integración de ofertas de empleo y contenidos destinados a la modalidad virtual, profundizando en las posibilidades de evolución.

A continuación, se celebrarán distintas mesas de trabajo en las que los representantes de las comunidades autónomas participantes analizarán los principales retos de la Formación Profesional, así como las medidas y soluciones que se están desarrollando en sus respectivos territorios.

El encuentro finalizará con una sesión de conclusiones y cierre, prevista para las 13:00 horas, en la que se pondrán en común las cuestiones abordadas durante las dos jornadas, con el propósito de favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre administraciones, centros educativos y empresas para seguir mejorando la gestión de la FP Dual.

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Clavijo pide a la UE una intervención urgente de Europa ante la presión migratoria en Canarias

 

El presidente remite una carta al comisario de Interior y Migración para reclamar la activación de mecanismos de solidaridad, apoyo operativo y una reunión inmediata con participación de España y Canarias

La petición responde al repunte de llegadas, especialmente a El Hierro, y coincide con la declaración de las nueve RUP en Guadalupe, que reclama financiación para la acogida y protección de menores y una respuesta rápida en las fronteras exteriores

La declaración final pide además garantizar los fondos específicos, un segundo paquete de adaptaciones legislativas y soluciones europeas para la conectividad y la vivienda

 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para solicitar una intervención urgente ante el nuevo incremento de las llegadas de personas migrantes por la ruta atlántica. El jefe del Ejecutivo autonómico reclama que Bruselas, en coordinación con el Gobierno de España, evalúe de inmediato la situación, movilice los mecanismos de solidaridad y apoyo previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación.

La iniciativa se produce en un contexto de creciente presión sobre los recursos de primera acogida y los servicios públicos de las islas, especialmente en El Hierro. En la misiva, Clavijo advierte de la reactivación de las salidas desde distintos puntos de la costa occidental africana, en particular Senegal y Gambia, y del riesgo de que se consoliden nuevos itinerarios. Considera que la respuesta no puede limitarse a gestionar las consecuencias una vez que las embarcaciones alcanzan las costas canarias.

Clavijo plantea cinco actuaciones prioritarias a la Comisión: una evaluación inmediata de la presión migratoria y las necesidades extraordinarias de Canarias; el examen urgente de los mecanismos de solidaridad, asistencia y financiación previstos en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo; el refuerzo de la cooperación con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia; la movilización de recursos y agencias europeas competentes en gestión fronteriza, protección internacional y acogida; y la participación directa del Gobierno canario en el seguimiento de la respuesta, respetando las competencias del Estado.

El presidente solicita una reunión urgente con representantes de la Comisión y de las autoridades españolas para concretar esta intervención. En la carta recuerda que Canarias es una frontera exterior de la Unión Europea y sostiene que la situación no puede tratarse como un problema exclusivamente regional o estatal. “La credibilidad del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se juega también en Canarias; la solidaridad no puede limitarse a un principio recogido en la legislación europea: debe hacerse efectiva cuando una frontera exterior de la Unión afronta una situación extraordinaria”, afirma en el escrito.

“Lo que estamos viendo estos días en El Hierro exige anticipación y coordinación y necesitamos que Europa se implique antes de que la presión desborde aún más los recursos de las islas, con apoyo efectivo a España, a Canarias y a los dispositivos de acogida”, apunta Clavijo y añade que “estamos hablando de proteger vidas, atender a las personas con dignidad y garantizar que una responsabilidad europea no recaiga de manera desproporcionada sobre los territorios de primera llegada”, señaló al tiempo que apuntó que la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha remitido al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, solicitando que se adopten de forma inmediata medidas urgentes y extraordinarias, especialmente el refuerzo de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en El Hierro.

La petición del presidente coincide con el posicionamiento aprobado por las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) en la declaración final de la XXX Conferencia de Presidentes, celebrada en Guadalupe. El documento reconoce que la presión migratoria tiene consecuencias significativas para los servicios públicos, las infraestructuras y la cohesión social de varios de estos territorios, y reclama una respuesta europea basada en la solidaridad, la responsabilidad compartida y el respeto de los derechos fundamentales.

En concreto, la declaración solicita una coordinación efectiva con la Comisión, la aplicación real de los mecanismos de solidaridad y financiación adecuada para la acogida, protección e integración de las personas migrantes, especialmente de los menores no acompañados. Asimismo, reclama que las situaciones excepcionales que afectan a las RUP sean contempladas en el futuro mecanismo europeo de respuesta de emergencia en las fronteras exteriores, con intervención rápida y recursos suficientes.

Para el Gobierno de Canarias, ambas iniciativas responden a una misma necesidad: que la condición de frontera exterior atlántica y las dificultades añadidas de la insularidad se traduzcan en instrumentos europeos adaptados a la realidad del archipiélago. Clavijo defendió que la cooperación con África Occidental debe combinar la prevención de salidas peligrosas y la lucha contra las redes de tráfico ilícito de migrantes con la protección de los derechos humanos y la creación de oportunidades en los países de origen y tránsito.

La “Declaración de Guadalupe” aborda también los demás asuntos que marcarán la relación de las RUP con la Unión Europea durante los próximos años. Los presidentes valoran la nueva Estrategia Europea para estas regiones, pero reclaman que el reconocimiento de su importancia geoestratégica tenga consecuencias normativas y financieras concretas. Exigen aplicar de forma sistemática el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, anticipando los efectos de las nuevas normas, adaptándolas cuando sea necesario y evaluando sus resultados.

En este ámbito, las nueve regiones consideran insuficiente el primer paquete de simplificación legislativa y reclaman un segundo paquete que examine las propuestas pendientes. Canarias ha reiterado la necesidad de que se estudien las 29 adaptaciones normativas que trasladó a la Comisión y que no se incorporaron a la primera iniciativa.

En la negociación del presupuesto europeo para 2028-2034, la Conferencia de Presidentes RUP pide proteger las asignaciones adicionales de cohesión, mantener el POSEI agrícola como instrumento autónomo y reforzado, recuperar un POSEI Pesca y crear un POSEI-Transportes. Asimismo, plantea una red común de seguridad presupuestaria que garantice recursos al menos equivalentes a los actuales, en euros constantes, y un acceso efectivo de las RUP a los programas europeos de competitividad, investigación e innovación. Los presidentes reclaman además que España, Francia y Portugal mantengan una posición coordinada durante la negociación.

La declaración defiende igualmente la continuidad de las excepciones al régimen europeo de comercio de emisiones para el transporte aéreo y marítimo, medidas que eviten la pérdida de competitividad de los puertos y adaptaciones del mecanismo de ajuste en frontera por carbono. En vivienda, pide estudiar soluciones ajustadas a la presión sobre el suelo y a la demanda residencial de las RUP, para garantizar el acceso a una vivienda asequible y el derecho de su población a permanecer en el territorio.

Clavijo ha insistido en que la unidad de las nueve regiones debe servir para convertir sus reivindicaciones en decisiones verificables. “El reconocimiento de nuestras singularidades tiene que traducirse en soluciones para la vida de la gente. Hoy esa exigencia es especialmente urgente ante la situación migratoria, pero también afecta a la vivienda, al transporte, a nuestros sectores productivos y a la capacidad de decidir sobre los recursos europeos que necesitamos”, concluyó.

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Turismo y Empleo dispondrá en 2027 de 541 millones de euros de presupuesto

La Consejería dispondrá de 189,5 millones de euros y el Servicio Canario de Empleo contará con 351,5 millones para formación, orientación e inserción laboral

Las cuentas refuerzan las inversiones en infraestructuras turísticas, formación y modernización de los servicios laborales, e incorporan un millón de euros para la Capitalidad Española de la Economía Social 2027

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias contará en 2027 con un presupuesto de 189.511.064 euros, al que se suman los 351.501.582 euros del Servicio Canario de Empleo (SCE), lo que eleva los recursos conjuntos a 541.012.646 euros. Según explicó este viernes la consejera del área, Jéssica de León, durante su comparecencia en comisión parlamentaria, estas cuentas permitirán mantener las líneas de trabajo en materia de desarrollo turístico, mejora de infraestructuras, cualificación profesional y generación de oportunidades de empleo. Una dotación con la que el Ejecutivo autonómico refuerza el papel del turismo y el empleo como motores de la economía canaria, el progreso social y el bienestar de la ciudadanía.

En el ámbito del empleo, el SCE mantiene prácticamente estable su presupuesto, con un ligero incremento del 0,02 %, hasta alcanzar los 351,5 millones de euros. Estos recursos se destinarán principalmente a formación, orientación profesional e inserción laboral, tanto de personas desempleadas como ocupadas, así como a atender las necesidades de cualificación de las empresas.

Por su parte, la Consejería, sin incluir los gastos de personal, incrementa un 1,15% sus recursos si se excluye la financiación europea extraordinaria del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La reducción global del 23,0 % respecto a 2026 responde fundamentalmente a la disminución de estos fondos, cuya dotación pasa a 2,36 millones de euros.

Los tres centros directivos del área turística suman 85,86 millones de euros, un 2,43% más que en el ejercicio anterior, sin incluir los servicios comunes ni el MRR.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de tres líneas de financiación en la Dirección General de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, que en conjunto alcanzan los 2,27 millones de euros. De esta cantidad, 900.000 euros se destinan al embellecimiento del patrimonio turístico, otros 900.000 euros a la creación y mejora de zonas de acampada y 478.040 euros al turismo rural y el enoturismo.

En relación con las zonas de acampada, la consejera recordó la reciente aprobación del decreto que regula los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre y singulares, una normativa que establece el marco para el desarrollo de esta oferta en las islas.

Por su parte, la Viceconsejería de Turismo incrementa su presupuesto un 13,73%, hasta alcanzar los 4,25 millones de euros. Entre sus prioridades figura el refuerzo del Observatorio Turístico y del Sistema de Información Turística, cuya dotación aumenta un 14,6%, hasta los 906.473 euros. También se reservan 200.000 euros para la celebración de dos congresos internacionales, concretamente el Foro Iberoamericano de Turismo y un Congreso de Agencias de Viaje.

La formación turística es otra de las líneas que se refuerzan. La Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística contará con 58,17 millones de euros y elevará un 13,53% los recursos destinados al programa de Formación Profesional Turística, que alcanza los 9,53 millones. A través de Hecansa se desarrollarán acciones de preparación para las pruebas de habilitación de guías turísticos y se intensificará la formación en turismo activo.

Promotur, Hecansa y Gesprotur

La consejera también detalló las aportaciones previstas para las empresas públicas adscritas a la Consejería. Promotur contará con 43 millones de euros, de los que 6,65 millones corresponden a la nueva responsabilidad de gestionar los patrocinios deportivos profesionales. Sin esta partida, los recursos para dar continuidad a su actividad anterior se sitúan en 36,36 millones de euros.

La promoción en mercados de mayor valor, la conectividad aérea, la inteligencia turística, la digitalización, la acción climática y el programa Regnext figuran entre las prioridades.

Hecansa recibirá 8,92 millones de euros, un 14,79% más. Esta aportación incluye 400.000 euros para las actividades del nuevo Centro Tecnológico y 50.000 euros para la formación y actualización profesional de guías turísticos. Se mantienen, además, 1,67 millones de euros para acciones formativas, 150.000 euros para becas y 500.000 euros para la modernización de los centros.

Por su parte, Gesprotur dispondrá de 6,9 millones de euros, un 9,56 % más, con una dotación destacada de 4,55 millones para proyectos FEDER y 1,09 millones para el Plan de Dinamización Turística.

351,5 millones de euros para formación e inserción laboral

En el área de Empleo, el presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SCE) se mantiene prácticamente estable con 351.501.582 euros para 2027, un 0,02% más que en el ejercicio anterior. Los recursos permitirán continuar con las políticas de formación, orientación e inserción laboral, tanto para personas desempleadas como ocupadas y atender las necesidades de cualificación de las empresas.

Durante su intervención, De León hizo referencia a los últimos datos del mercado laboral correspondientes al mes de octubre, que sitúan la afiliación a la Seguridad Social en Canarias en 989.058 personas, el nivel más alto de toda la serie histórica. Esta cifra supone 14.812 afiliaciones más que en septiembre y un crecimiento interanual del 3,22%, por encima de la media nacional. Además, octubre registró el segundo mejor dato de desempleo para este mes desde 2007 y destaca también la evolución del paro de larga duración, que se redujo en 4.259 personas en el último año.

Una de las partidas más relevantes del SCE corresponde al programa de inserción y reinserción ocupacional de personas desempleadas, que concentra el 64,53 % del presupuesto del organismo. Este programa financia actuaciones de formación, orientación profesional y apoyo al autoempleo. De León recordó que durante 2026 se desarrolló el mayor programa de formación para personas desempleadas de la historia de la comunidad autónoma, con una dotación de 67,5 millones de euros y alrededor de 40.000 participantes.

Otra de las novedades de las cuentas del próximo ejercicio es la incorporación de un millón de euros para la Capitalidad Española de la Economía Social, que ostentará Canarias durante 2027. La financiación permitirá desarrollar iniciativas destinadas a dar visibilidad a las entidades del sector, fomentar el emprendimiento colectivo, favorecer la creación de empleo estable y reforzar la colaboración entre administraciones y empresas.

Modernización de los servicios laborales

La Dirección General de Trabajo (DGT) contará con 8,47 millones de euros, un 11,66% más que en 2026. Entre las actuaciones previstas destaca la continuidad de la modernización del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC), con una partida cercana a los 800.000 euros para avanzar en su digitalización y en la prestación telemática de sus servicios.

Según expuso la consejera, este proceso, junto con el trabajo del personal del organismo, ha permitido reducir las listas de espera que se venían acumulando desde hace más de una década, hasta situar el tiempo medio para celebrar una conciliación en torno a los veinte días.

Las cuentas incluyen también las subvenciones para financiar camas elevables y carritos eléctricos en establecimientos hoteleros, en cumplimiento de la modificación legislativa aprobada por el Parlamento de Canarias y con el objetivo de mejorar la seguridad y la salud laboral de las camareras de pisos.

Por su parte, la Viceconsejería de Empleo mantiene un presupuesto de 1,34 millones de euros, del que 1,27 millones se destinan a Funcatra. También se consolida con 40.000 euros la financiación de las Cátedras de Diálogo Social de las universidades públicas canarias.

Finalmente, Funcatra dispondrá de 5,97 millones de euros para mantener sus actuaciones de apoyo al empleo y la formación. Se mantienen las principales aportaciones destinadas a su funcionamiento, al Observatorio Canario del Empleo (OBECAN) y a la Estrategia de Apoyo al Empleo.

Bienestar Social aprueba un sistema de incentivos para agilizar la valoración de la discapacidad

Imagen de teléfono con la tarjeta identificativa de discapacidad movil

La medida busca impulsar la dedicación en la tramitación de los expedientes, lo que conllevará la reducción de tiempos de espera y reconocerá el esfuerzo adicional del personal que participa en los procedimientos

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha aprobado el Instrumento de Planificación y Gestión de la Productividad del personal de los Centros de Valoración de la Discapacidad, una herramienta destinada a mejorar la capacidad de respuesta del servicio, agilizar la resolución de expedientes y avanzar en la reducción de las listas de espera.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Discapacidad, establece un sistema de incentivos económicos vinculado al cumplimiento de objetivos de actividad, calidad técnica y eficiencia en la tramitación. Su finalidad es reconocer y compensar el esfuerzo adicional de los profesionales que intervienen en los procedimientos de reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la atención que reciben las personas usuarias.

El instrumento contempla la participación del personal médico y sanitario, psicológico y de trabajo social que realiza las valoraciones, así como del personal auxiliar y administrativo vinculado a la gestión de los expedientes.

Entre los criterios establecidos figura un estándar orientativo de ocho valoraciones diarias para el personal técnico valorador, que podrá alcanzar hasta seis valoraciones adicionales al día dentro del sistema de productividad. En los periodos de verano y Navidad, estos estándares se adaptarán a las circunstancias específicas de la jornada y la disponibilidad de personal.

En el caso del personal administrativo, la productividad se medirá mediante bloques de tareas, cuya definición y cuantificación se concretarán en el correspondiente Plan Anual de Productividad.

El sistema no se limita al volumen de actividad, sino que incorpora criterios de calidad técnica, cumplimiento de los plazos de tramitación, correcta utilización de las herramientas corporativas y adecuada atención a las personas usuarias. Así, las valoraciones deberán quedar registradas y finalizadas en las aplicaciones correspondientes, garantizando la trazabilidad de los expedientes y la calidad de los informes emitidos.

La actividad adicional tendrá carácter voluntario y podrá desarrollarse dentro o fuera de la jornada ordinaria, con las garantías establecidas en materia de jornada laboral, descansos, desconexión digital y prevención de riesgos laborales. El instrumento contempla, asimismo, mecanismos de seguimiento y evaluación, así como ajustes para las jornadas parciales y las ausencias justificadas.

La aprobación de este instrumento constituye un paso en la estrategia de la Consejería para reforzar la capacidad operativa de los Centros de Valoración de la Discapacidad y dar respuesta al volumen de expedientes pendientes, mediante una herramienta que vincula el reconocimiento del desempeño profesional con la mejora de la eficacia y la calidad del servicio público.

Las cuantías económicas y las condiciones concretas de aplicación del complemento se determinarán en el Plan Anual de Productividad, en el marco de la negociación colectiva y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

 

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Zapata: “Presentamos un presupuesto de 142,3 millones y exigimos al Estado desbloquea los 230 de fondos europeos»

Las cuentas autonómicas no vinculadas a los fondos europeos extraordinarios alcanzan los 142,43 millones de euros, enfocándose, en el refuerzo de la seguridad energética, la protección del medio natural, la prevención de incendios y la gestión de residuos

Para este 2027 el programa de Biodiversidad crece un 16,58 % hasta los 11,68 millones de euros y se triplican las partidas para energía dirigidas al autoconsumo y al fomento del ahorro energético, con una dotación especial de ayudas para familias y tercer sector, pasando de 2,11 a 6,77 millones

El consejero Zapata denuncia que el gobierno de España mantiene bloqueados los 230 millones para la Transición Energética de remanente de Fondos MMR

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias contará en 2027 con un presupuesto de 142,43 millones de euros. Tras la finalización del marco extraordinario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) —que aportó más de 311 millones de euros en 2026—, las cuentas del departamento entran en una etapa de continuidad de las políticas ordinarias, registrando un repunte del 0,36% en su base autonómica no vinculada al MRR.

En un ejercicio en el que el Ejecutivo autonómico ha concentrado los nuevos recursos en el refuerzo de los servicios públicos fundamentales (Sanidad, Educación, Vivienda y Acción Social), la Consejería centrará su gestión en garantizar la seguridad del suministro y la transición energética, incrementar la protección de la biodiversidad y reforzar la prevención de incendios.

El consejero del área, Mariano H. Zapata, destacó que “este presupuesto responde a una fase de consolidación y responsabilidad donde protegemos nuestra base presupuestaria ordinaria y redoblamos esfuerzos en áreas clave para la ciudadanía”. Zapata remarcó además que “la transición ecológica no se detiene por el fin de los fondos extraordinarios europeos; nuestro compromiso es garantizar el aumento del autoconsumo, que el ahorro energético llegue de forma directa a los hogares canarios y que sigamos protegiendo el patrimonio natural del Archipiélago con hechos y con planificación”.

El  desarrollo energético, las renovables y apoyo a familias como prioridad
El área de Energía se consolida como la partida de mayor peso en la Consejería, alcanzando los 61,26 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5,41% respecto al presupuesto ordinario del ejercicio anterior. El objetivo central será impulsar el ahorro, la eficiencia y el avance de las energías renovables, además de la redacción del Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias (PIECan).

Dentro de esta partida, resalta el fuerte impulso a las transferencias de capital para familias y tercer sector destinadas al autoconsumo y a la eficiencia energética, que aumentan en 4,65 millones de euros al pasar de 2,11 a 6,77 millones de euros. Asimismo, la Consejería consigna una partida específica de 1 millón de euros para el soporte energético de las desaladoras de San Sebastián de La Gomera y Alajeró, asegurando una infraestructura hídrica crítica para la isla.

“Hablamos de un respaldo económico sin precedentes para que las familias canarias puedan sumarse a la transición energética, reduciendo su factura eléctrica mientras avanzamos hacia un modelo limpio y resiliente”, señaló Mariano H. Zapata.

Protección de la biodiversidad y lucha contra incendios
El programa de Biodiversidad experimenta uno de los mayores incrementos relativos en fondos ordinarios, con una dotación de 11,68 millones de euros, un 16,58% más que en 2026. Estos recursos se orientarán de forma directa al seguimiento de hábitats y la protección de especies amenazadas a través de herramientas como BIOCAN, así como al control de especies exóticas invasoras, con proyectos específicos como el control de la culebra real.

En materia forestal y prevención de emergencias, se asignan 10,3 millones de euros específicos a actuaciones de prevención y lucha contra incendios forestales, repartidos entre La Gomera (3,4 M€), El Hierro (3,4 M€) y La Palma (3,5 M€), en coordinación con la implantación del Plan Forestal de Canarias.

Por su parte, el programa de Parques Nacionales mantendrá la estabilidad financiera de sus dotaciones con 13,17 millones de euros destinados a la gestión, conservación y mejora de espacios emblemáticos de la red canaria, destacando las asignaciones para Garajonay (3,89 M€), La Caldera de Taburiente (1,94 M€) y Timanfaya (1,17M€).

Infraestructuras ambientales, residuos y acción climática
La Dirección General de Calidad Ambiental dispondrá de 18,29 millones de euros en 2027. La principal inversión estratégica continuará siendo la modernización y mejora del complejo ambiental de Zurita (Fuerteventura), que contará con una asignación de 8,80 millones de euros para sus plantas de compostaje y clasificación. Adicionalmente, se transferirán 2,5 millones de euros de fondos FEDER a los cabildos para proyectos de economía circular y se impulsará la redacción del nuevo Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN).

La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático mantendrá una asignación de 13,40 millones de euros. Con este presupuesto se reforzará la colaboración con las corporaciones locales mediante el Pacto de los Alcaldes, se avanzará en la implantación de la Red de refugios climáticos y se financiará el despliegue operativo de la Oficina Canaria de Acción Climática.

Exigencia de gestión y reclamación de fondos pendientes
El consejero Mariano H. Zapata concluyó su intervención subrayando la firme exigencia de gestión para el próximo curso presupuestario: “Con la conclusión de los fondos MRR finaliza una época de financiación extraordinaria. Esto nos exige elevar la eficiencia administrativa al máximo nivel para ejecutar cada euro consignado en favor de las islas”.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico mantiene de forma paralela la reclamación ante el Gobierno de España para desbloquear los 230 millones de fondos,  con el fin de incorporar estos créditos al presupuesto en cuanto queden liberados para poder avanzar y desarrollar transición.

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Miranda destaca el potencial de Canarias para convertirse en referente internacional de la innovación aeronáutica

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno autonómico clausura Aerial Cities 2026, un foro que ha reunido en Fuerteventura a más de 150 representantes del sector aeronáutico internacional

El titular autonómico destaca las oportunidades que ofrecen los drones para mejorar la protección ambiental, la gestión del territorio y la respuesta ante las emergencias

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, destacó este jueves el potencial del archipiélago para consolidarse como un entorno de referencia para la innovación aeronáutica, durante la clausura de Aerial Cities 2026, un encuentro internacional que ha reunido en Fuerteventura a más de 150 representantes del sector.

Miranda señaló que los drones y los sistemas aéreos no tripulados han dejado de ser una tecnología de futuro para convertirse en herramientas con aplicaciones reales en ámbitos como la protección del medio ambiente, la gestión de emergencias, la vigilancia de infraestructuras y la planificación territorial.

En este sentido, subrayó que Canarias cuenta con condiciones singulares para el desarrollo de esta industria, derivadas de su condición de archipiélago, sus características geográficas y meteorológicas y su posición estratégica. Unas oportunidades que, según ha indicado, requieren planificación, inversión, cooperación y una apuesta sostenida por la innovación.

El consejero puso como ejemplo el trabajo desarrollado en Fuerteventura a través del Canarias Stratoport, una infraestructura de referencia para el desarrollo y la experimentación con sistemas aéreos no tripulados y nuevas tecnologías de gran altura. Impulsada desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura, esta iniciativa ha incorporado nuevas instalaciones, como el edificio ISSEC, y ha supuesto una inversión regional e insular superior a los 50 millones de euros.

El Stratoport ha superado ya las 600 horas de vuelo con sistemas no tripulados, en las que han participado diez operadores diferentes. Además, se han desarrollado vuelos de larga duración y operaciones a más de 25 kilómetros de altura, hitos que, en palabras de Miranda, reflejan el potencial de estas instalaciones y contribuyen a situar a Fuerteventura en el mapa internacional de la innovación aeronáutica.

Durante su intervención, el titular de Política Territorial destacó también la importancia de conectar estos avances tecnológicos con las necesidades reales de las islas. En esta línea, ha recordado que, a través del programa Canarias GeoInnovation 2030, se impulsan proyectos para mejorar la gestión de los recursos naturales, vigilar los espacios protegidos, prevenir incendios forestales y reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Miranda incidió en que disponer de información territorial más precisa y actualizada permite mejorar la planificación, anticiparse a los riesgos y adoptar decisiones más eficaces desde las administraciones públicas. El objetivo, ha señalado, es que la tecnología se convierta en una herramienta al servicio de las personas y del territorio.

El consejero defendió, asimismo, la necesidad de mantener la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para impulsar un sector que puede abrir nuevas oportunidades de inversión, atraer talento, generar empleo cualificado y favorecer la diversificación económica del archipiélago.

En este proceso, consideró imprescindible avanzar también en la integración segura de las aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo, así como abordar de forma conjunta los retos regulatorios, la coordinación con la aviación convencional y la aceptación social de estas nuevas operaciones.

Por último, Miranda agradeció a los organizadores y a las entidades participantes su apuesta por Fuerteventura como sede de Aerial Cities 2026 y expresó su deseo de que las jornadas hayan servido para abrir nuevas vías de colaboración y convertir los contactos y propuestas surgidos durante el encuentro en proyectos concretos.

El consejero reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias de acompañar el desarrollo de esta industria, favorecer la innovación y contribuir a que sus oportunidades se traduzcan en más diversificación económica, conocimiento y bienestar para el conjunto del archipiélago.