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La Consejería de Presidencia inicia una experiencia piloto para la evaluación del desempeño en la Administración

Se medirá la claridad y viabilidad del sistema propuesto y la utilidad de la herramienta informática diseñada como paso previo a la implantación del complemento de productividad.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha iniciado una experiencia piloto para la implantación de la evaluación del desempeño en la Administración General. Este pilotaje se desarrollará en diferentes fases con el personal de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos con el objetivo de medir la claridad y viabilidad del sistema propuesto y la utilidad de la herramienta informática diseñada. como paso previo a la implantación del complemento por la productividad el próximo año.

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional, el rendimiento y el logro de resultados del personal empleado público. El sistema tendrá efectos en distintos ámbitos de la gestión de personal, como la provisión y continuidad en los puestos de trabajo, la formación, la carrera profesional horizontal y las retribuciones complementarias vinculadas al desempeño.

Actualmente, el Ejecutivo autonómico tramita una orden conjunta de las consejerías de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que establecerá, previa negociación sindical, los criterios generales para la ordenación de la productividad y aprobará el manual que regulará los criterios de valoración y el procedimiento de evaluación.

El modelo se basa en principios de transparencia, objetividad, fiabilidad, periodicidad, adaptación a las funciones desempeñadas, imparcialidad, no discriminación y voluntariedad.

La evaluación medirá tanto el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos vinculados al Plan Estratégico del Gobierno de Canarias 2024-2027 como los resultados obtenidos en la actividad operativa de cada unidad administrativa. Para ello, el proceso de fijación y seguimiento de objetivos individuales se realizará mediante una herramienta informática diseñada para facilitar su utilización tanto por el personal como por los responsables de la evaluación.

En los próximos días Gobierno abrirá un proceso de consulta con las organizaciones sindicales y con el resto de los departamentos de la Administración autonómica. Las aportaciones recogidas permitirán introducir las mejoras necesarias antes de la aprobación definitiva del sistema.

La previsión es que el primer periodo oficial de evaluación se desarrolle durante 2027 y que el complemento de productividad derivado de los resultados pueda abonarse en 2028.

El nuevo modelo busca reforzar una cultura de gestión basada en el mérito, la capacidad y la orientación a resultados, alineando el reconocimiento profesional con el desempeño efectivo de las personas empleadas públicas. Asimismo, pretende incentivar la mejora continua, reconocer el valor añadido que aporta el trabajo de calidad, fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos públicos y contribuir a una Administración más eficaz y orientada a ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

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El comisionado del REF presenta en el Parlamento un nuevo incentivo para la conciliación y formación laboral

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, durante su intervención en la comisión parlamentaria de Economía, donde expuso su propuesta de la Reserva de Capitalización canaria

La medida, apoyada por el PP, CC, AHI, ASG y VOX, pretende canalizar la inversión empresarial hacia el capital humano para impulsar la productividad

José Ramón Barrera defiende la necesidad de incorporar al fuero canario un instrumento como la Reserva de Capitalización que dé solvencia a las micropymes

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, ha planteado este viernes en la Comisión de Economía del Parlamento de Canarias la incorporación de un nuevo incentivo fiscal basado en la Reserva de Capitalización, con el objetivo de reducir los costes de funcionamiento del tejido productivo local y fomentar la inversión en la capacitación y la conciliación familiar de los trabajadores.

Durante su intervención, Barrera subrayó la necesidad de modernizar el REF para adaptarlo a la realidad del tejido productivo canario, compuesto mayoritariamente por micropymes, y a lo que la sociedad necesita. En este sentido, defendió que “el modelo actual de incentivos tiene una limitada eficacia”, puesto que sólo otorga un alivio fiscal para compensar las desventajas de desarrollar una actividad en las islas si se realiza una inversión. Además, señaló que es procíclico y canaliza el beneficio empresarial hacia la acumulación de capital físico.

La propuesta del comisionado permitiría a las empresas mejorar su capitalización sin necesidad de ejecutar inversiones concretas, ofreciendo así una mayor flexibilidad en la gestión de sus recursos y mejorando su resiliencia ante crisis económicas.

A diferencia de otros incentivos del REF, esta nueva opción permitiría destinar los beneficios retenidos al refuerzo de los fondos propios, contribuyendo a mejorar la solvencia empresarial y reduciendo la dependencia de financiación externa. Asimismo, contribuiría a mejorar la productividad, al incentivar inversiones en capital humano y favorecer un crecimiento más sostenible.

Barrera explicó que esta herramienta se inspira en la Reserva de Capitalización vigente en el ámbito estatal desde 2015. Este mecanismo ha demostrado ofrecer seguridad jurídica y resultados positivos, lo que ha llevado al Gobierno central a reforzar progresivamente su alcance de un 10% inicial de reducción en el Impuesto sobre Sociedades al 20% aprobado en el año 2024. Sobre esta base, la propuesta para Canarias busca aumentar su intensidad a través del REF, siguiendo el modelo del diferencial que se aplica al cine y a la I+D+i, que tan buenos resultados están dando en el archipiélago.

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera, ha planteado este viernes en la Comisión de Economía del Parlamento de Canarias la incorporación de un nuevo incentivo fiscal basado en la Reserva de Capitalización, con el objetivo de reducir los costes de funcionamiento del tejido productivo local y fomentar la inversión en la capacitación y la conciliación familiar de los trabajadores.

Durante su intervención, Barrera subrayó la necesidad de modernizar el REF para adaptarlo a la realidad del tejido productivo canario, compuesto mayoritariamente por micropymes, y a lo que la sociedad necesita. En este sentido, defendió que “el modelo actual de incentivos tiene una limitada eficacia”, puesto que sólo otorga un alivio fiscal para compensar las desventajas de desarrollar una actividad en las islas si se realiza una inversión. Además, señaló que es procíclico y canaliza el beneficio empresarial hacia la acumulación de capital físico.

La propuesta del comisionado permitiría a las empresas mejorar su capitalización sin necesidad de ejecutar inversiones concretas, ofreciendo así una mayor flexibilidad en la gestión de sus recursos y mejorando su resiliencia ante crisis económicas.

A diferencia de otros incentivos del REF, esta nueva opción permitiría destinar los beneficios retenidos al refuerzo de los fondos propios, contribuyendo a mejorar la solvencia empresarial y reduciendo la dependencia de financiación externa. Asimismo, contribuiría a mejorar la productividad, al incentivar inversiones en capital humano y favorecer un crecimiento más sostenible.

Barrera explicó que esta herramienta se inspira en la Reserva de Capitalización vigente en el ámbito estatal desde 2015. Este mecanismo ha demostrado ofrecer seguridad jurídica y resultados positivos, lo que ha llevado al Gobierno central a reforzar progresivamente su alcance de un 10% inicial de reducción en el Impuesto sobre Sociedades al 20% aprobado en el año 2024. Sobre esta base, la propuesta para Canarias busca aumentar su intensidad a través del REF, siguiendo el modelo del diferencial que se aplica al cine y a la I+D+i, que tan buenos resultados están dando en el archipiélago.

En concreto, el planteamiento contempla una reducción significativa de la base imponible vinculada al incremento de los fondos propios, que podría alcanzar hasta el 40% con carácter general, ampliable hasta el 60% para la creación de empleo, la formación de la plantilla o la puesta en marcha de medidas de conciliación laboral.

Desde el punto de vista académico, la propuesta ha sido valorada por expertos de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, que, según expuso el comisionado, creen que tendría un “efecto positivo” por su capacidad para incrementar la competitividad, reducir el riesgo financiero y promover una mayor equidad territorial. Además, resaltan que sería complementaria a los incentivos existentes, como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), y que podría coexistir sin generar distorsiones.

Barrera incidió también en que la incorporación de este instrumento permitiría ampliar el alcance del REF, ofreciendo alternativas a empresas que actualmente no pueden acogerse plenamente a los incentivos por no acometer inversiones, y favoreciendo especialmente a las micropymes, que representan más del 90% del tejido productivo de las islas.

Los motivos que expuso José Ramón Barrera para argumentar su propuesta se enmarcan en una reflexión más amplia sobre la evolución del régimen isleño, en un contexto en el que la aplicación de los incentivos diseñados a principios de los noventa ha disminuido en las últimas décadas, tanto en número de empresas beneficiarias como en volumen de dotación.

Con esta iniciativa, el comisionado del REF plantea avanzar hacia un modelo más flexible, más social y adaptado a las necesidades reales del tejido empresarial canario, reforzando su capacidad de crecimiento y su competitividad en el largo plazo. “No creo que la solución esté en repartir la riqueza entre más gente sino en un avanzar hacia un modelo en el que todos generemos más riqueza para que la prosperidad sea mayor y compartida por todos”, concluyó Barrera.

La iniciativa fue aplaudida por los grupos parlamentarios de la Agrupación Herreña Independiente, Socialistas de La Gomera, Vox, Partido Popular y Coalición Canaria. El diputado nacionalista y alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, destacó que “los problemas que motivaron esta propuesta no sólo siguen vigentes, sino que se han acentuado”. Por este motivo, dijo, dar un nuevo enfoque social a los instrumentos de nuestro fuero “es relevante y pertinente”. “Canarias debe adaptar su REF para impulsar un crecimiento más justo e inclusivo”, destacó.

En concreto, el planteamiento contempla una reducción significativa de la base imponible vinculada al incremento de los fondos propios, que podría alcanzar hasta el 40% con carácter general, ampliable hasta el 60% para la creación de empleo, la formación de la plantilla o la puesta en marcha de medidas de conciliación laboral.

Desde el punto de vista académico, la propuesta ha sido valorada por expertos de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, que, según expuso el comisionado, creen que tendría un “efecto positivo” por su capacidad para incrementar la competitividad, reducir el riesgo financiero y promover una mayor equidad territorial. Además, resaltan que sería complementaria a los incentivos existentes, como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), y que podría coexistir sin generar distorsiones.

Barrera incidió también en que la incorporación de este instrumento permitiría ampliar el alcance del REF, ofreciendo alternativas a empresas que actualmente no pueden acogerse plenamente a los incentivos por no acometer inversiones, y favoreciendo especialmente a las micropymes, que representan más del 90% del tejido productivo de las islas.

Los motivos que expuso José Ramón Barrera para argumentar su propuesta se enmarcan en una reflexión más amplia sobre la evolución del régimen isleño, en un contexto en el que la aplicación de los incentivos diseñados a principios de los noventa ha disminuido en las últimas décadas, tanto en número de empresas beneficiarias como en volumen de dotación.

Con esta iniciativa, el comisionado del REF plantea avanzar hacia un modelo más flexible, más social y adaptado a las necesidades reales del tejido empresarial canario, reforzando su capacidad de crecimiento y su competitividad en el largo plazo. “No creo que la solución esté en repartir la riqueza entre más gente sino en un avanzar hacia un modelo en el que todos generemos más riqueza para que la prosperidad sea mayor y compartida por todos”, concluyó Barrera.

La iniciativa fue aplaudida por los grupos parlamentarios de la Agrupación Herreña Independiente, Socialistas de La Gomera, Vox, Partido Popular y Coalición Canaria. El diputado nacionalista y alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, destacó que “los problemas que motivaron esta propuesta no sólo siguen vigentes, sino que se han acentuado”. Por este motivo, dijo, dar un nuevo enfoque social a los instrumentos de nuestro fuero “es relevante y pertinente”. “Canarias debe adaptar su REF para impulsar un crecimiento más justo e inclusivo”, destacó.

 

 

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Julio Pérez expone a Fepeco el contenido y los objetivos del decreto que regula el teletrabajo

Julio Pérez expone a Fepeco el contenido y los objetivos del decreto que regula el teletrabajo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta que la aprobación de la nueva norma, además de ser obligatoria, va a permitir medir la productividad de los empleados públicos

El presidente de la patronal de la construcción agradece la disponibilidad del Gobierno y confía en que su aplicación mejore también la agilidad y eficacia de la Administración Pública

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro con miembros de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), encabezados por su presidente, Óscar Izquierdo, donde les ha expuesto el contenido y los objetivos del recién aprobado decreto que regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes.

Acompañado de la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez, y los directores generales de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde, y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, el consejero ha indicado que la aprobación de este decreto es una obligación legal que, además, va a permitir medir la productividad del empleado público, al establecer un sistema de objetivos a cada uno de ellos.

Julio Pérez ha resaltado la necesidad de que los trabajadores tengan un plan personal de trabajo para poder acogerse a esta modalidad, régimen que es reversible, y ha detallado las circunstancias, requisitos –de carácter personal, organizativos o tecnológicos– y el procedimiento para hacerlo, así como los servicios que quedan excluidos debido a la naturaleza del puesto de trabajo, cuestiones que hasta ahora no estaban establecidas si se decidía optar por esta fórmula.

El presidente de Fepeco ha agradecido la disponibilidad del consejero y las explicaciones ofrecidas a la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife sobre el texto y propósitos del decreto, y ha mostrado su confianza en que su aplicación sirva para mejorar el rendimiento de los empleados públicos y también la agilidad y eficacia de la Administración.

Durante el encuentro, se han puesto también sobre la mesa las ventajas que ofrece la utilización de la administración electrónica y conocer el funcionamiento de los mecanismos públicos a la hora de relacionarse son la Administración, y, en este sentido, Julio Pérez ha recordado que todos los servicios de atención al público se mantienen de forma presencial, que la cita previa se da para el mismo día, aunque se atiende sin cita previa a quien acude sin ella, y que, además, se puede acceder a la línea telefónica del 012, que está permanentemente disponible y atiende diariamente miles de llamadas.

Igualmente, ha enumerado algunas de las medidas adoptadas y en las que se trabaja para simplificar a la ciudadanía su relación con la Administración, bien incrementando el número de conceptos a resolver a través de la interoperabilidad, lo que agiliza los procedimientos, o bien con la introducción de herramientas que amplíen, por ejemplo, el número de entidades financieras en las que realizar los pagos desde la sede electrónica.

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Julio Pérez: “La dotación de más recursos es importante, pero de nada sirve si no están bien administrados”

Julio Pérez: “La dotación de más recursos es importante, pero de nada sirve si no están bien administrados”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad demanda también avances en organización y mejoras en la eficiencia con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor

Destaca que el Gobierno de Canarias ha respondido a la obligación de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil con la creación de dos nuevos juzgados, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria, ambos con plantilla completa

Resalta, igualmente, que se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos a disposición de la Administración de Justicia para que pueda hacer frente a cargas de trabajo superiores y mantener las altas tasas de resolución

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado, recientemente, que, si bien el incremento en la dotación de recursos es importante, de nada sirve si no están bien administrados. Por ello, ha apuntado que un aumento de los medios humanos y materiales debe venir acompañado de los necesarios avances en organización y mejora de la eficiencia, con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor, siendo este un reto que tanto la Administración Pública como la sociedad deben asumir como prioritario.

Las palabras de Julio Pérez han sido pronunciadas con motivo de la inauguración del Congreso Nacional ‘Reestructuración y Reforma Concursal: un primer examen seis meses después’, celebrado en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Un evento organizado, además de por esta entidad, por los colegios oficiales de Economistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como por el Aula de Formación del Colegio de Abogados de Las Palmas, y dirigido a profesionales con el fin de analizar el impacto de las reformas llevadas a cabo en la Ley Concursal.

Durante su intervención, el consejero destacó la evolución de la legislación en este ámbito y los importantes cambios producidos en la forma en que la sociedad y las instituciones públicas abordan los procesos de insolvencia, introduciéndose mecanismos tan necesarios como la segunda oportunidad o los procedimientos especiales para personas físicas.

Como responsable del área de Justicia en el Gobierno de Canarias, ha destacado la obligación de su departamento de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil, que, como toda la justicia en las islas, aborda cargas de trabajo superiores a las que serían adecuadas y que, sin embargo, mantiene una alta tasa de resolución.

En este sentido, ha dicho que a este compromiso se ha respondido creando en los últimos años dos nuevos juzgados –Mercantil 2, en Santa Cruz de Tenerife, y Mercantil 3, en Las Palmas de Gran Canaria–, dotados de plantilla completa, y se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos al servicio de la Administración de Justicia.

Junto a Julio Pérez, también han participado en la inauguración el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho; el vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Jorge Zurita; y el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas Luis Calonge. Entre los asistentes se encontraba la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo.

A lo largo de las dos jornadas en las que se ha desarrollado el Congreso, se han abordado, mediante distintas mesas, diferentes materias. Entre ellas, “Estatuto Jurídico de los agentes intervinientes en el concurso de acreedores. Administración Concursal. Retribución y otras cuestiones discutidas. Otros agentes: principales novedades”; “El Concurso de Persona Natural. El Epi: La buena fe y procedimiento. El crédito público en el Epi. Cuestiones prejudiciales. El tratamiento de la vivienda habitual”; “Procedimiento especial de microempresa: ámbito objetivo y subjetivo. Especialidades procedimentales. Comunicación de negociaciones. Apertura del procedimiento especial. Procedimiento de liquidación”; y “Procedimiento especial de Microempresa (2): procedimiento de continuación: cuestiones. Nombramiento de administrador concursal. Calificación abreviada”.

Además, los participantes han tenido la oportunidad de abordar otros asuntos como “Cuestiones procesales. Principales novedades. Principio de agilidad y eficiencia: reglas de liquidación. El incidente concursal”; “Planes de reestructuración: ámbito objetivo. Extensión. Reglas de cómputo. Efectos. Formación de clases”; y “Planes de reestructuración (2): aprobación y homologación de los planes de reestructuración. Protección de la financiación. Incumplimiento. El experto de la reestructuración. La contratación publica en los supuestos de reestructuración y de concurso de acreedores”.

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