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Delgado insta al PSOE a que respalde la aceleración de los expedientes canarios del Ingreso Mínimo Vital

La consejera de Bienestar Social considera que si el Estado cumpliera podrían mejorarse los indicadores de servicios sociales

En Las Islas sólo recibe esta ayuda estatal el 4,2% de la población canaria que está bajo el umbral de la pobreza, cuando la media del Estado es de casi el doble

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, compareció hoy en el Pleno del Parlamento, a instancias del Grupo Socialista Canario, para explicar los aspectos recogidos en el último Índice de los Servicios Sociales, correspondiente a 2022, publicado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. En el transcurso de su intervención, la representante del Ejecutivo autonómico hizo un llamamiento a los solicitantes de la comparecencia para que respalden dentro de su organización política una aceleración de la tramitación de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital porque, según se recoge en este informe, “sólo lo recibe el 4,2% de la población canaria que está bajo el umbral de la pobreza cuando la media del Estado es de casi el doble”.

A juicio de la consejera, “si no tuviéramos que auxiliar casi en solitario con la Renta Canaria de Ciudadanía, contaríamos con más fondos para poder mejorar los indicadores de este informe”.

Candelaria Delgado señaló que “es lógico que este índice valore muy positivamente la mejora de Canarias en materia de Servicios Sociales porque la verdad es que en los últimos años se han aumentado los fondos y el personal para estas políticas y, lógicamente, ese incremento se ha traducido en la mejora de los indicadores”.

Sin embargo, insistió en que “no podemos dormirnos en los laureles por haber sacado un 5,09, porque el informe sigue siendo muy crítico con la prestación de estos servicios y nos queda mucho por mejorar en aspectos como el personal, porque en las islas hay un profesional de los servicios sociales por cada 3.241 habitantes, mientras que la media estatal es de un profesional por cada 1.651 habitantes, o en la revisión de los grados, elementos que no siempre figuran en este tipo de índices, pero que son fundamentales para los canarios y las canarias”.

“Queremos dar un vuelco a los servicios sociales de las Islas”, dijo Candelaria Delgado, “queremos que se cumplan los plazos, que funcionen los mecanismos que existen para que las personas en vulnerabilidad puedan contar con los fondos necesarios para prevenir el riesgo de pobreza, paliar situaciones de exclusión social, garantizar el desarrollo de una vida digna y promover la plena inclusión en la sociedad”. En definitiva, queremos alcanzar el objetivo básico de que se cumplan las leyes”.

En esta línea, explicó una serie de medidas que su departamento ha puesto en marcha en los últimos días para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y reducir las listas de espera, “una batería de herramientas que permitirán agilizar el acceso al sistema de dependencia en el Archipiélago”, dijo.

 

 

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Canarias solicita traspasar en bloque a los beneficiarios de PCI al Ingreso Mínimo Vital

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se adhiere a la propuesta impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para impulsar una pasarela automática para que las personas beneficiarias de la PCI pasen directamente a ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

En Canarias, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos

Canarias muestra su apoyo a la propuesta de mejora en la tramitación del Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (IMV) con el fin de facilitar una transición más ágil entre las rentas autonómicas y el IMV. La adhesión a esta propuesta fue comunicada a la secretaria de Estado de Inclusión Social, Milagros Paniagua, en una reunión celebrada el pasado viernes, 5 de marzo.

La propuesta, impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se centra en la creación de una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas que gestionan las Comunidades Autónomas. En el Archipiélago canario, desde la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

De hecho, hace unas semanas, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, remitió una carta a sus homólogos en el resto de CCAA solicitando el apoyo a esta propuesta, ya que, “siendo como es el IMV un instrumento fundamental que da respuesta a una petición social histórica, sus casi 10 meses de puesta en funcionamiento han evidenciado la necesidad de algunos ajustes y mejoras que permitan una gestión más ágil y eficaz”.

Por este motivo, desde Canarias se solicita al resto de CCAA su apoyo a una enmienda, mediante la cual se pretende añadir al texto legislativo una nueva Disposición Transitoria que facilite el paso al IMV de las personas que tienen reconocida una prestación de alguna de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

De esta forma, se permitirá, con carácter excepcional y en el ámbito de un necesario periodo transitorio, que a todas las personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siendo el único requisito exigido el de no superar el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la unidad de convivencia.

Estos periodos transitorios son habituales, por ejemplo, en el ámbito europeo cuando se cambia de un programa a otro, con la intención de facilitar un tránsito fluido entre un periodo y otro, por lo que no sería descabellado utilizarlo también en el ámbito estatal.

A este respecto, Santana indicó que “desde Canarias consideramos que el reconocimiento por parte de las comunidades autónomas de una prestación de renta de inserción ya es una verificación y constatación suficiente de una situación de vulnerabilidad como las que el Ingreso Mínimo Vital quiere atender. La experiencia del tiempo transcurrido desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital ha mostrado la dificultad de establecer pasarelas automáticas entre estas rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital, cuya aspiración es precisamente constituirse en un “suelo” de protección homogéneo a nivel nacional que pueda ser complementado además por cada comunidad autónoma, en aplicación de sus competencias”.

“Además, continuó Santana, se ha constatado la dificultad de asumir con la rapidez suficiente la gestión del elevado volumen de solicitudes registradas. Por tanto, esta medida contribuirá a mejorar la protección de las personas beneficiarias de las rentas autonómicas y, a la vez, a agilizar la tramitación del resto de solicitudes”.

“Una enmienda de este tipo, de carácter transitorio y excepcional, facilitaría la pasarela de las y los beneficiarios de nuestras respectivas rentas al IMV de manera ágil. Ganarían la ciudadanía y ganaríamos las diferentes administraciones, tanto la regional como la estatal”, concluyó la consejera del Ejecutivo regional.

Casi 16.000 familias beneficiaras

A fecha 28 de febrero de 2021, en Canarias, un total de 8.944 unidades de convivencia están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar esta ayuda.

A estas hay que sumar las 7.357 familias que se encuentran actualmente percibiendo la PCI, de las cuales, unas 700 unidades de convivencia reciben ambas prestaciones de forma complementaria sin superar nunca las cuantías máximas que establece el IMV.

En total, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos.

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