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Los experceptores de la PCI podrán volver a solicitarla

La última nómina de la Prestación Canaria de Inserción cubre a 9.250 familias canarias

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, explicó en el pleno del Parlamento las medidas introducidas para mejorar la prestación

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, avanzó hoy en el pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del Partido Popular, una serie de medidas destinadas a mejorar la Prestación Canaria de Inserción (PCI) entre las que destaca la posibilidad que se le abre a antiguos perceptores de esta bonificación de solicitar de nuevo la prestación.

La responsable de las políticas sociales del Ejecutivo regional subrayó que ya son 9.250 las familias protegidas por esta prestación, recordando que “cuando llegamos al Gobierno, hace poco más de dos años, el dato era de 5.687. Y esto no es fruto de la casualidad. Es producto de las reformas que se han hecho para que la PCI abarque a más personas de lo que lo hace”.

Santana incidió durante su intervención parlamentaria en las modificaciones aplicadas a la prestación, avanzando “una buena noticia”. “Las familias que percibieron en su momento la PCI podrán volver a solicitarla. Algo que no sucedía hasta este momento. De esta forma protegeremos a más de 10.000 familias en el comienzo del próximo año”, añadió.

Asimismo, recordó que el Gobierno ya ha aprobado conceder un nuevo complemento de carácter extraordinario a las personas beneficiarias de esta ayuda social de 250 euros, tal y como se hizo en diciembre del pasado año.

Estas fueron algunas medidas anunciadas por la responsable del área social del Ejecutivo, medidas a las que se suman, entre otras, la continuidad del personal que tramita en los ayuntamientos mediante la tramitación anticipada del Plan concertado de Prestaciones Sociales; la ampliación de los periodos de ejecución para posibilitar el mantenimiento de los equipos profesionales y la incorporación de un total de 65 profesionales a la Dirección general de Derechos Sociales, de los cuales, un total de 40 realizarán su labor en el área de la PCI, que permitirá agilizar la gestión de la PCI durante 2022.

La modificación de la Ley de la Prestación “con el objetivo de volver a hacer beneficiaras a aquellas familias que ya lo fueron en el pasado y que tienen menores a cargo” o la adaptación de la PCI al Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como en complemento por menor a cargo de 50 euros mensuales y haciendo que no se computen los ingresos percibidos por pensiones alimenticias, para la determinación de la cuantía de la PCI, han sido otras de las medidas impulsadas por Derechos Sociales.

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Casi 8.500 familias canarias reciben la Prestación Canaria de Inserción en la nómina de agosto

Derechos Sociales incorpora a más de 800 unidades de convivencia en el último mes, su dato más alto desde octubre de 2017

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha incorporado a 800 nuevas personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en la nómina de agosto. En total, esta contribución del Ejecutivo regional a familias en situación de vulnerabilidad social alcanza en el pago de este mes a 8.476 personas, la cifra más alta desde el mes de octubre de 2017.

El área dirigida por Noemí Santana ha logrado en los dos años de la presente legislatura casi duplicar el número de familias vulnerables con acceso a esta renta mínima del Gobierno regional, ya que en el momento de tomar posesión en el mes de julio de 2019 eran 5.687 las que se beneficiaban de esta prestación.

La consejera destaca los cambios introducidos durante la presente legislatura para facilitar el acceso de la ciudadanía a esta medida. “Esto no es casualidad. Se debe a las modificaciones en la Prestación Canaria de Inserción, que han sido cuatro durante estos dos años de gobierno. Esto ha hecho que se mejore y se amplíe esta prestación”, subrayó.

Por su lado, Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales, explica además que en las coordenadas de la Consejería se encuentra la inclusión de nuevas altas en el sistema. “Estimamos que este dato seguirá al alza en los próximos meses por la agilización de las renovaciones y solicitudes de inicio que estamos haciendo”, señaló.

La incorporación de 800 altas a la nómina de la Prestación Canaria de Inserción llega, a su vez, pareja al complemento de 50 euros para familias con menores a cargo que se aplicó en el mes de julio con carácter retroactivo al mes de marzo.

La Prestación Canaria de Inserción se complementa a lo largo de esta legislatura con el impulso desde el área de Derechos Sociales del Ingreso Mínimo Vital. Dicha prestación ha contado desde el momento de su implantación con 15.467 resoluciones positivas.

Estas medidas se mantienen dentro de la hoja de ruta del área de Derechos Sociales, que apuesta por otras acciones que se resolverán en un futuro cercano, tal y como explica la consejera Noemí Santana. “Nosotras teníamos claro desde el principio que no queríamos dejar a nadie atrás y, por eso, el próximo año será una realidad una Renta de Ciudadanía que amplíe los derechos de nuestra gente. Pero, mientras tanto, queríamos modificar las prestaciones ya existentes para proteger a la gente ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir”, expuso.

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El Parlamento canario aprueba por unanimidad el decreto de ley que mejora la Prestación Canaria de Inserción

La medida garantiza un incremento de la ayuda en 50 euros con familias con menores a cargo y agiliza la renovación de las ayudas garantizando la cobertura social de las familias perceptoras

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que esta modificación responde a la voluntad del Gobierno de “llegar más y mejor a quien más lo necesita”

El Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad el decreto de Ley que mejora la Prestación Canaria de Inserción. Según afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, que la aprobación por unanimidad de este decreto de Ley demuestra que “mejorar la vida de nuestra gente debe de ser siempre el objetivo prioritario de los que gobiernan”. La consejera también ha agradecido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que la propuesta saliese adelante,

“Nuestro objetivo es claro: llegar más y mejor, a quien más lo necesita”, afirmó la consejera quien indicó que “cuando peor vienen dadas para la ciudadanía, es cuando el Gobierno debe hacer mayores esfuerzos para garantizar unas condiciones de vida dignas, especialmente para aquellos colectivos y familias que peor lo están pasando”. Un total de 7.507 personas son beneficiarias de esta ayuda, 14.264 personas contando las unidades de convivencia (datos a abril de 2021).

Según Santana, “esta modificación permitirá agilizar el proceso de renovación de la PCI y, lo que es más importante, dotar a las familias con personas menores de edad de un incremento de 50 euros mensuales que se comenzarán a abonar este mismo mes”. Para ello, la Consejería destinará una partida de 1,9 millones de euros. Esta medida se aplicará en el plazo de tres meses.

En relación a las renovaciones, la modificación de la Ley que regula la PCI ofrecerá una mayor protección a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas en las renovaciones por la falta de citas en los servicios sociales municipales, posibilitando la renovaciones de oficio hasta dos meses después de finalizado el percibo de la prestación, aunque no se hubiera solicitado dicha renovación en plazo, lo que permitirá ofrecer una cobertura económica al mayor número de familias en situación de exclusión social posible.

De esta forma, se agilizan los plazos y se reducen los trámites, ya que se permitirá que los ayuntamientos puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación que se hayan quedado fuera de plazo si subsisten las circunstancias de vulnerabilidad de las familias y se agilizan las renovaciones de aquellas familias que no han cambiado sus circunstancias, mediante informe social y declaración responsable.

Con las modificaciones realizadas, se sigue garantizando, hasta la entrada en vigor de la Ley de Renta de Ciudadanía, la función de la PCI como sistema complementario a las personas que no puedan acogerse al IMV y mejorando los apoyos que se precisen en los procesos de inclusión social y laboral, y facilitando las renovaciones de esta prestación.

Hay que recordar que la Consejería de Derechos Sociales llevó a Consejo de Gobierno del pasado 18 de marzo el proyecto de Decreto ley por el que se modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

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Canarias solicita traspasar en bloque a los beneficiarios de PCI al Ingreso Mínimo Vital

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se adhiere a la propuesta impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para impulsar una pasarela automática para que las personas beneficiarias de la PCI pasen directamente a ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

En Canarias, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos

Canarias muestra su apoyo a la propuesta de mejora en la tramitación del Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (IMV) con el fin de facilitar una transición más ágil entre las rentas autonómicas y el IMV. La adhesión a esta propuesta fue comunicada a la secretaria de Estado de Inclusión Social, Milagros Paniagua, en una reunión celebrada el pasado viernes, 5 de marzo.

La propuesta, impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se centra en la creación de una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas que gestionan las Comunidades Autónomas. En el Archipiélago canario, desde la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

De hecho, hace unas semanas, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, remitió una carta a sus homólogos en el resto de CCAA solicitando el apoyo a esta propuesta, ya que, “siendo como es el IMV un instrumento fundamental que da respuesta a una petición social histórica, sus casi 10 meses de puesta en funcionamiento han evidenciado la necesidad de algunos ajustes y mejoras que permitan una gestión más ágil y eficaz”.

Por este motivo, desde Canarias se solicita al resto de CCAA su apoyo a una enmienda, mediante la cual se pretende añadir al texto legislativo una nueva Disposición Transitoria que facilite el paso al IMV de las personas que tienen reconocida una prestación de alguna de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

De esta forma, se permitirá, con carácter excepcional y en el ámbito de un necesario periodo transitorio, que a todas las personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siendo el único requisito exigido el de no superar el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la unidad de convivencia.

Estos periodos transitorios son habituales, por ejemplo, en el ámbito europeo cuando se cambia de un programa a otro, con la intención de facilitar un tránsito fluido entre un periodo y otro, por lo que no sería descabellado utilizarlo también en el ámbito estatal.

A este respecto, Santana indicó que “desde Canarias consideramos que el reconocimiento por parte de las comunidades autónomas de una prestación de renta de inserción ya es una verificación y constatación suficiente de una situación de vulnerabilidad como las que el Ingreso Mínimo Vital quiere atender. La experiencia del tiempo transcurrido desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital ha mostrado la dificultad de establecer pasarelas automáticas entre estas rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital, cuya aspiración es precisamente constituirse en un “suelo” de protección homogéneo a nivel nacional que pueda ser complementado además por cada comunidad autónoma, en aplicación de sus competencias”.

“Además, continuó Santana, se ha constatado la dificultad de asumir con la rapidez suficiente la gestión del elevado volumen de solicitudes registradas. Por tanto, esta medida contribuirá a mejorar la protección de las personas beneficiarias de las rentas autonómicas y, a la vez, a agilizar la tramitación del resto de solicitudes”.

“Una enmienda de este tipo, de carácter transitorio y excepcional, facilitaría la pasarela de las y los beneficiarios de nuestras respectivas rentas al IMV de manera ágil. Ganarían la ciudadanía y ganaríamos las diferentes administraciones, tanto la regional como la estatal”, concluyó la consejera del Ejecutivo regional.

Casi 16.000 familias beneficiaras

A fecha 28 de febrero de 2021, en Canarias, un total de 8.944 unidades de convivencia están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar esta ayuda.

A estas hay que sumar las 7.357 familias que se encuentran actualmente percibiendo la PCI, de las cuales, unas 700 unidades de convivencia reciben ambas prestaciones de forma complementaria sin superar nunca las cuantías máximas que establece el IMV.

En total, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos.

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Crece en un 30% el número de familias que reciben la PCI en 2020

Durante 2020, Derechos Sociales resolvió 5.446 expedientes de Prestación Canaria de Inserción, un 27% más que el año anterior

El perfil de solicitante de la PCI en Canarias es una mujer, española, con estudios primarios y cabeza de familia. La inversión total ascendió a casi 43 millones de euros

La consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias resolvió 5.446 expedientes de Prestación Canaria de Inserción (PCI) en 2020, lo que representa un 27% más de solicitudes resueltas que el año anterior. El año 2020 se cerró con 7.396 familias recibiendo esta prestación, lo que supone un incremento del 30% con respecto al año 2019 cuando se cerró el año con 5.710 familias en nómina.

En total, durante todo el año, se gestionaron 84.527 nóminas de esta ayuda social, con una inversión global que ascendió a 42.846.590,54 euros, con una media por prestación de 506,90 euros.

Del global de los expedientes que fueron remitidos desde los Ayuntamientos canarios, el 77,69%, un total 4.231, fueron resueltos de forma favorable mientras que el 22,31%, 1.215 expedientes, fueron desestimados.

Por islas: 84.527, el 47,57% correspondieron a personas que residen en la isla de Tenerife y el 40,94% en la de Gran Canaria;  el 6,05% en la isla de La Palma; el 3,20% en Lanzarote, el 1,55% en Fuerteventura, el 0,42 % en El Hierro y el 0,26% en La Gomera.

Perfil de los solicitantes de PCI

El perfil de la persona solicitante de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en Canarias en 2020 fue el de una mujer, de nacionalidad española, con estudios primarios y cabeza de familia, según los datos extraídos de la memoria anual sobre esta ayuda social realizada por la Dirección general de Derechos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias.

Según estos datos, el 87,71 % de las personas solicitantes de esta ayuda social eran de nacionalidad española frente al 12,29% de personas extranjeras. En cuanto al tipo de hogar, el 45,89% correspondió a un hogar unipersonal mientras que el 31,18% correspondió a un hogar cuya cabeza de familia era una mujer y el 2,11% a un hogar con cabeza de familia un hombre. El 10,55% de los hogares correspondieron a un hogar biparental con hijos.

Por franjas de edad, el perfil más numeroso de personas solicitantes de la PCI tenían entre 50 y 60 años, un 30,16%, seguido de la franja de entre 40 y 50 años, con un 22,55% de los solicitantes. El 19,54 por ciento contaban con entre 30 y 40 años y el 17,18% con más de 60 años. Los solicitantes menores de 30 años fueron un 10,58% del total.

En cuanto al nivel de estudios, el 40,81% contaban con estudios primarios mientras que el 10,40% no tienen estudios. Por su parte, el 25,70 por ciento cuentan con Graduado Escolar y el 17,14%  con Bachiller o Formación profesional en su nivel de formación académica.

Renovaciones de la ayuda

En relación a las renovaciones de las ayudas, según la memoria de gestión relativa al año 2020, un total de 634 personas que ya habían recibido esta ayuda social volvieron a recibirla en 2020, un 14,34% del total de las ayudas concedidas (5.446).

Igualmente, se indica que el 19% de los solicitantes de las ayudas en 2020, correspondieron a perceptores que ya habían percibido esta ayuda económica social, un total de 1.018 personas.

 

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El Ingreso Canario de Emergencia llega a más de 28.000 personas

Entre la PCI y el ICE, 43.390 personas en situación de vulnerabilidad social han recibido ayuda económica en junio

La gestión de la ayuda vía telemática facilitó que los solicitantes no tuvieran que desplazarse ni entregar la documentación en papel

Un total de 28.023 personas se beneficiaron del Ingreso Canario de Emergencia que concedió la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de dar cobertura a las familias que carecían de recursos económicos suficientes para subsistir con motivo de la situación de alarma sanitaria generada por el Covid-19.

“Se trata de unidades de convivencia que cumplieron con todos los requisitos para poder ser perceptoras de esta ayuda, es decir, no contar con ingresos desde el mes de marzo incluido y contar con un patrimonio menor de 50.000 euros”, explica la consejera del área, Noemí Santana, quien señala que las familias beneficiarias han recibido ya sus ingresos en cuenta, estableciéndose el abono de las mismas con una periodicidad semanal comenzando el primero el 22 de mayo y finalizando el 26 de junio, justo un mes después desde que se cerró el plazo de solicitud. Para la atención de estas ayudas el Gobierno destinó una partida económica de 6.324.183,96 euros.

“Nunca antes la Comunidad autónoma había resuelto un volumen tan elevado de solicitudes en un período de tiempo tan corto”,  indica la consejera de Derechos Sociales, quien señala que “el conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para dar cobertura a las familias en situación de vulnerabilidad social cuya situación se ha agravado por la crisis sanitaria del Covid-19, ha permitido que, sumando a las personas perceptoras del ICE y de la PCI, hemos llegado 43.390 personas atendidas en el mes de junio”.

De hecho, a cierre de junio de 2020, la Prestación Canaria de Inserción se ha concedido a 8.100 unidades convivencia (15.390 personas), “lo que supone un 40% más que antes del confinamiento y un 43% que en el mismo mes del año pasado, con un gasto medio mensual de 4 millones de euros”, señala la responsable regional de Derechos Sociales.

Para gestionar el ICE, el Gobierno creó un aplicativo informático específico para el proceso que contó con la implicación de más de 100 técnicos en el proceso de resolución, siendo la primera vez que una ayuda social ha podido ser solicitada sin que la persona solicitante tuviera que desplazarse dado que todos los datos se han comprobado de forma telemática.

Tipología de familias y ayudas concedidas por municipios

El Ingreso Canario de Inserción (ICE) llegó a un total de 28.023 personas, de las cuales 8.593 conforman familias de un solo miembro, 8.078 de 2 miembros, 6.366 de 3 miembros y 4.986 de 4 miembros o más.

Por municipios, los diez municipios que más ayudas recibieron fueron Las Palmas de Gran Canaria, con 3.408 ayudas concedidas; Santa Cruz de Tenerife con 2.282 ayudas; La Laguna con 1.505;  Arona con 720; Telde con 643; Santa Lucía de Tirajana con 520; Adeje con 400; Granadilla de Abona con 388; Arrecife de Lanzarote con 303 y Tacoronte con 205.

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