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El Ejecutivo inicia una ronda de contactos para presentar el proceso participativo de la Ley de Gobierno Abierto

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se reúnen con el Comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de Canarias

La futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, que en estos momentos elabora la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo canario, dirigida por Julio Pérez, iniciará este mes de marzo el proceso participativo que servirá para recabar aportaciones en la redacción del texto. Se trata del siguiente trámite a llevar a cabo, tras la fase de consulta pública previa cerrada el pasado mes de enero en el que la ciudadanía pudo realizar sus aportaciones al informe-propuesta y que contará con la participación de expertos en gobierno abierto, agentes clave implicados en las materia y ciudadanía en general.

Con vistas a animar a la participación de los distintos órganos institucionales de Canarias, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, iniciaron con el comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, una ronda de contactos para explicar los objetivos del proceso participativo, que se extenderá de marzo a junio de este año.

Alejandro Rodríguez recordó durante el encuentro, que tuvo lugar en el Parlamento de Canarias, que con el actual proceso participativo también se busca hacer pedagogía de la transparencia, la participación ciudadana y la apertura de datos, los tres pilares del Gobierno Abierto, y que las administraciones públicas velen por ellos y los adopten entre sus principios de actuación.

Por su parte, Marta Saavedra avanzó a Cerdán que la nueva ley, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública; y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se actualizará la normativa en materia de Transparencia en aspectos tan importantes como la regulación del derecho de acceso a la información pública, por cuyo cumplimiento vela el Comisionado de Transparencia.

La ley canaria de gobierno abierto regulará también la participación ciudadana y los datos abiertos, que con el avance tecnológico y la evolución de las nuevas herramientas digitales requieren de una normativa actualizada. Con el objeto de cumplir con la filosofía del gobierno abierto, se ha optado por llevar a cabo este proceso participativo para la redacción de la ley, cuyos elementos clave de alto consenso que se identifiquen, serán considerados por el equipo de redacción para su inclusión en la norma.

Por su parte, Cerdán indicó que el órgano que dirige propondrá iniciativas que permitan avanzar y profundizar en su materia y, en este sentido, señaló su preocupación por que se recoja un reglamento de sanciones a las instituciones por los incumplimientos en transparencia que se hagan de la futura ley.

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Comienza el trámite de la nueva Ley de Gobierno Abierto: información, datos y rendición de cuentas serán sus ejes

La nueva normativa sustituirá las actuales leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abre hasta el 24 de enero la consulta pública previa de la nueva ley

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inició este lunes, 14 de diciembre, la fase de consulta pública previa para la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de enero de 2021 a través del acceso web para la Participación Ciudadana.

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública, donde sus ejes principales son la transparencia, la apertura de datos públicos y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de diseño y toma de decisión sobre políticas públicas.

Con esta nueva reglamentación, tal como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se busca crear un marco normativo de gobierno abierto que coordine y desarrolle adecuadamente la apertura de datos a través de los datos abiertos, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También se pretende actualizar la legislación en materia de participación ciudadana, mejorar la redacción y revisar las exigencias de la normativa de transparencia y desarrollar una normativa propia de datos abiertos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, en el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del gobierno abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares de gobierno abierto, aprobadas en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana, y que hará que ambas confluyan en la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias.

La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información, a través de sus portales de transparencia. Con la nueva ley se actualizará esta normativa, incorporando la experiencia en su ejecución y desarrollo.

Respecto a la norma de participación ciudadana, esta data del año 2010, cuando prácticamente no existían referencias ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, por lo que ha quedado desfasada. De hecho, el pasado 30 de julio se acometió una reforma puntual de esta ley que permitió configurar el Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio, no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible.

En lo que respecta a la apertura de datos de las administraciones públicas de Canarias, no existe regulación de referencia dentro la comunidad autónoma y, por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de una norma de aplicación en esta área.

Así mismo, la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias ha de atender la perspectiva de género de forma integral, resultando pertinente su evaluación. Sin limitarse únicamente a la adecuación del lenguaje empleado, el futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, ha de potenciar la obtención de datos sobre el sexo de las personas en los diferentes ámbitos de actuación administrativa, así como su rango de edad, para una correcta valoración de la incidencia del género en los distintos aspectos relacionados con la administración pública y sus posibles efectos de cara a la ciudadanía en la toma de sus decisiones.

Tres objetivos esenciales

La regulación de Ley de Gobierno Abierto de Canarias tendrá tres objetivos esenciales. El primero de ellos será crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno y que coordine sus pilares, el segundo fomentar e impulsar la apertura de datos en formato abierto, la transparencia comunicada y la rendición de cuentas, y por último, facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, la norma tendrá que actualizar las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas de Canarias, evitando ambigüedades y fomentando que, en la medida de lo posible, estas se basen en datos abiertos.

También tendrá que profundizar en el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa e indirectamente en el interés público y su gobernanza, promoviendo los cauces efectivos que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y en la gestión de los servicios públicos.

Por último, establecerá un único punto de acceso a los datos de las administraciones públicas de Canarias en formato abierto, con el objetivo de incrementar, paulatinamente, el número e interés de los conjuntos de datos publicados, alineándose con la apertura de los datos de alto valor que se promueve desde la Unión Europea.

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