Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno impulsa la transparencia y la participación con la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto

La red promoverá la colaboración interadministrativa entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos en materia de transparencia, participación ciudadana y apertura de datos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, realizó este jueves la presentación de la Red Canaria de Gobierno Abierto a los siete cabildos insulares y a la Federación Canaria de Municipios, en virtud de la cual se suscribirá un convenio marco que permita, de forma permanente y estable, la coordinación, colaboración e intercambio de información de las leyes canarias 12/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 5/2010 de Fomento de la Participación Ciudadana, además de avanzar la elaboración y aprobación de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto.

Tal como señala la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana de Canarias, Marta Saavedra, la Red Canaria de Gobierno Abierto busca ser un punto de encuentro entre los organismos de la administración pública de Canarias, que nace para facilitar la colaboración, el intercambio de experiencias y la coordinación entre los responsables de las administraciones, así como la sensibilización y formación a los empleados públicos en materia de gobierno abierto.

La red normalizará la acción del gobierno abierto en todas las administraciones públicas a través de la colaboración interadministrativa, lo que hará que se afiancen conocimientos en materia de participación y colaboración ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas, con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad democrática.

También profundizará en la transparencia, en la publicidad institucional y el acceso a la información pública; en los datos abiertos para su uso en formatos accesibles y mejora en la reutilización, así como en la rendición de cuentas de las administraciones públicas de las Islas mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora, permitiendo que estos estén centralizados y sean homogéneos y reutilizables.

Así mismo, gracias a la integración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), se pretende crear un programa de formación general en gobierno abierto para los cargos electos, altos cargos y trabajadores de las distintas administraciones públicas del Archipiélago que contribuya a la sensibilización y formación en esta materia y también movilizará a los servidores públicos hacia una administración más transparente, participativa y colaborativa.

En el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del Gobierno Abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16, por cuanto propugna la configuración de un nuevo marco de gobernanza pública como catalizador de sociedades pacíficas e inclusivas, generador de instituciones sólidas, eficaces y responsables en la rendición de cuentas y en la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

En la presentación de este jueves estuvieron presentes el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, además de representantes de transparencia, participación ciudadana y modernización de los sietes cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios.

Etiquetas

El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

Etiquetas

Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

Etiquetas

La Comisión de Memoria Histórica se reunirá en septiembre tras el nombramiento de sus integrantes

La Comisión de Memoria Histórica se reunirá en septiembre tras el nombramiento de sus integrantes

Este órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor estará presidido por Julio Pérez como titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha firmado hoy la orden por la que se nombran a las personas integrantes de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, cuya sesión constitutiva se celebrará a principios del mes de septiembre. Este órgano colegiado tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista.

Entre las funciones de la Comisión Técnica están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018, elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, o informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.

Asimismo, le atañe la aprobación de sus normas de funcionamiento interno que sean necesarias en desarrollo del presente reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera; el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, y el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo la materia.

Integrantes de la Comisión Técnica

Julio Pérez, como titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica, presidirá la Comisión Técnica, tal y como se establece en el Decreto 5/2020, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho órgano consultivo y asesor. La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha sido designada como suplente de la Presidencia.

La composición de la comisión técnica de memoria Histórica se completa con las siguientes personas:

Vicepresidencia 1º

-María Antonia Perera Betancor. Directora General de Patrimonio Cultural (integrante nata).

-Juan J. Márquez Fandiño. Viceconsejero de Cultura (suplente).

Vicepresidencia 2º

-Manuela Armas Rodríguez. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (integrante nata).

-Gregorio Cabrera Déniz. Director General de Ordenación, Innovación y Calidad (suplente).

Vicepresidencia 3º

-Mercedes Pérez Schwartz. Presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife.

Vocalías

-Gregorio Arencibia Gorrín. Secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas.

-Félix Andrés González Lorenzo. Presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma.

-Francisco González Tena. Vicepresidente y Portavoz de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos.

-Juan José Pestano Brito. Director Laboratorio de Gené0ca, Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

-Germán Santana Pérez. Profesor titular, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-María Isabel Navarro Segura. Profesora titular, Universidad de La Laguna.

-Argelia Camino Pérez. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.

-Francisco José Macías Marín. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

-Berta Pérez Hernández. Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Modernización. Cabildo Insular de Tenerife. Por parte de la Federación Canaria de Islas (FECAI). Suplente:  Teodoro Claret Sosa Monzón. Consejero de Presidencia. Cabildo Insular de Gran Canaria)

-Juan Jesús Facundo Suárez. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento de Arucas. Por parte de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Suplente: Antonio Manuel Jiménez Medina. Técnico de Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de Arucas)

La Secretaría de la Comisión Técnica será ocupada por Elisabet Sanago Hernández, jefa de sección de Mediación de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

 

 

 

Etiquetas

Administraciones Públicas da cuenta de dos contratos por 60.000 euros para atender la crisis de la Covid-19

Son dos contrataciones de refuerzo destinadas al Servicio de Soporte (Oficina Técnica) del Sistema de Tramitación de Procedimientos de la Comunidad Autónoma, así como al mantenimiento de diversos sistemas de información corporativos de la Administración autonómica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dio cuenta hoy al Consejo de Gobierno de dos resoluciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para la tramitación de sendos expedientes de contratación, por el procedimiento de emergencia, con la finalidad de atender las incidencias provocadas por la COVID-19. Se trata de dos contratos de refuerzo; uno para el servicio de Soporte (Oficina Técnica) del sistema de tramitación de procedimientos de la Comunidad Autónoma de Canarias y, el otro, para el servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración canaria.

El refuerzo de la Oficina Técnica para el sistema de tramitación de procedimientos se debe a que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha obligado a la ciudadanía en general a utilizar la tramitación electrónica en su relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que ha provocado un aumento en la gestión que se tiene que hacer en el sistema tramitador de procedimientos corporativo (PLATEA y MayTe) con el consiguiente aumento de necesidades de soporte funcional y técnico. El importe de la contratación asciende a la cantidad 53.987,06 euros, cofinanciado por el FEDER, Programa Operativo 2014-2020.

El otro contrato, relacionado con el refuerzo del servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, asciende a la cantidad de 6.126,49 euros, también cofinanciado por el FEDER.

Esta contratación se justifica porque la crisis sanitaria ha generado un aumento de uso de las plataformas de Intermediación y de Libros de Resoluciones, Certificados y Órdenes, provocado en gran medida por el aumento de la demanda en los procedimientos ya existentes y por los nuevos procedimientos de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y renta de emergencia, así como un aumento del uso en la aplicación de SIMED para la tramitación de bajas del personal (sanitario incluido).

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha solicitado la inclusión de los dos expedientes, cuyo importe asciende a 60.113,55 euros, dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

El Gobierno quiere impulsar, a través de Radio ECCA, un plan general de “alfabetización digital” para toda Canarias

Lucas López, director general de Radio ECCA; Amparo Osorio, directora gerente de Radio ECCA; Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra, directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias; y Goretti Almeida, subdirectora educativa de Radio ECCA.

Se pretende el aprendizaje de los conocimientos básicos para el manejo de todos los recursos y servicios digitales, en general, y en especial de los que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el director general de Radio ECCA, Lucas López, acordaron, tras la reunión mantenida el pasado 1 de julio, preparar la creación y, en su caso, la puesta en marcha de un programa de “alfabetización digital” para la ciudadanía de las Islas.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones centrales de la emisora en Las Palmas de Gran Canaria y en él también estuvieron presentes el director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra; la directora gerente de Radio ECCA, Amparo Osorio; y la subdirectora educativa de Radio ECCA, Goretti Almeida.

Pérez planteó a la emisora la puesta en funcionamiento, en la segunda mitad de este año, de un programa educativo destinado al público en general que permita a la ciudadanía conocer las herramientas digitales con las que cuenta para hacer los trámites administrativos, de manera que acerque la administración electrónica a las personas que todavía no están familiarizadas con ella.

El consejero hizo hincapié en que el programa difunda los conocimientos básicos para el manejo del amplio abanico de recursos y servicios digitales que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía, pero también para los representantes de las asociaciones y fundaciones inscritas en el registro del Gobierno de Canarias.

Con esto se pretende que la ciudadanía aprenda, a través de este programa, a obtener el certificado digital, que conozca el funcionamiento de la Sede Electrónica, que acceda a los principales servicios y recursos digitales del Gobierno o que sepa descargarse y presentar los documentos necesarios para realizar las diferentes gestiones en línea.

Precisamente en los últimos meses, con motivo de la crisis generada por la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha avanzado en esta tarea. Así, con el Ingreso Canario de Emergencia se gestionaron, telefónicamente, 30.000 solicitudes que no necesitaron desplazamientos ni presentación de papeles, mientras que durante el Estado de Alarma se incrementó del 22% inicial al 54% actual la digitalización de documentos.

Alcanzar la tramitación electrónica íntegra de todos los procedimientos administrativos es uno de los objetivos prioritarios que este Gobierno se ha propuesta alcanzar en su mandato y para ello promueve un modelo de administración más eficaz, eficiente y cercana, con la que la ciudadanía, autónomos y empresas puedan relacionarse con comodidad, sencillez y seguridad jurídica, tanto presencial como telemáticamente.

Radio ECCA cuenta con programas firmados con el Gobierno de Canarias en los que se promueve el aprendizaje e inserción laboral de colectivos vulnerables, así como más de 400 acciones formativas, entre las que se incluyen tres titulaciones oficiales como son la Educación Secundaria, Bachillerato y el Ciclo Superior en Integración Social.

Etiquetas

Declarada de interés público la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Canarias

Entre sus fines sociales está impulsar y coordinar actuaciones en los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacional, la ayuda humanitaria o de emergencia, el comercio justo, la educación para una ciudadanía global, los derechos humanos o la justicia social

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Decreto por el que se declara de interés público de Canarias la Asociación Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Canarias (CONGDA), inscrita desde 1998 en el Registro de Asociaciones de Canarias, por entender que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el beneficio que para la sociedad canaria reporta su actividad.

Los fines sociales de la Asociación incluyen la coordinación e impulso del trabajo conjunto de las organizaciones y entidades miembros, la prestación de asistencia y apoyo mutuos y la representación de sus intereses y valores compartidos ante la sociedad, las Administraciones Públicas otras instituciones y entidades externas a la CONGDCA.

Dinamizar y reforzar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Canarias es otro de los fines de la Asociación, junto con el fomento del conocimiento sobre el Derecho al Desarrollo como derecho humano inalienable, colaborando para aumentar y mejorar la cooperación internacional al desarrollo, así como la realización de proyectos comunes, en respuesta a los intereses y objetivos de los pueblos menos favorecidos, esforzándose por no crear dependencias y formar la conciencia ciudadana en estos temas.

Otros de sus fines sociales son los de apoyar, impulsar, fomentar y coordinar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Canarias en los ámbitos de la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacional, la ayuda humanitaria o de emergencia, el comercio justo, la educación para una ciudadanía global, los derechos humanos, la justicia social, la participación ciudadana, así como la coherencia con las líneas estrategias (marcos de actuación) europeas e internacionales, en el ámbito del Desarrollo.

La Ley de Asociaciones de Canarias establece que podrán ser declaradas de interés público de Canarias las asociaciones de ámbito territorial autonómico inscritas en el Registro de Asociaciones que soliciten ser declaradas de interés público y que reúnan las circunstancias previstas en esa norma, las cuales cumple la Asociación Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de Canarias, que solicitó ser declarada de interés público el 20 de noviembre de 2019.

 

Aprobado el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Firma Pacto de Canarias

La iniciativa impulsada por el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, se firma en el Parlamento por todos los grupos políticos, salvo PP y Cs, y obtiene el respaldo de las administraciones locales e insulares (Fecam y Fecai) y de las organizaciones empresariales y sindicales representativas, más los colectivos sociales

Casi un mes después de ser propuesto con un documento base o de partida para su análisis, discusión y participación por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (el 1 de mayo pasado), el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias ya está aquí; ha llegado para quedarse.

Hoy, sábado 30 de mayo y Día de Canarias, en la jornada que conmemora el nacimiento de nuestra Comunidad Autónoma en 1983, hace 37 años, el Archipiélago ya cuenta con un Pacto respaldado por el amplio consenso político de los grupos parlamentarios, más del 80% del pleno del Parlamento de Canarias, y avalado por las administraciones públicas insulares y locales, con presencia de la Fecai y la Fecam, aparte de las organizaciones empresariales y sindicales representativas en el Archipiélago, las cámaras de Comercio de las Islas, los colegios profesionales de Trabajo Social y las entidades y colectivos del llamado Tercer Sector.

La rúbrica de ese Pacto para la Reactivación, necesario para proceder a la dinamización económica y a la protección sanitaria y social tras los efectos de la pandemia de la COVID-19, se produjo formalmente este sábado en el Parlamento de Canarias, donde estamparon su firma sobre el documento final hasta 16 representantes de instituciones y organizaciones de ámbitos diferentes. Ese acuerdo, que ya es el Pacto de Canarias, contó con los apoyos de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno autonómico, con el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, con mayoría absoluta en la Cámara regional. A estos partidos además se sumó Coalición Canaria-PNC, lo que elevó el apoyo a esa iniciativa en el plano político a más del 80% de los 70 diputados que conforman el Parlamento de Canarias. Solo se quedaron al margen de tan amplio consenso el PP y Ciudadanos, esta formación con dos diputados en el grupo Mixto.

Este Pacto para la Reactivación Social y Económica por la COVID-19 es de los primeros que se aprueba con amplio respaldo político y casi apoyo pleno en los ámbitos administrativo, económico, sindical y social en toda España.

Pensando en los colectivos más vulnerables

Tras confirmarse el amplio apoyo político a la iniciativa lanzada por Torres y el respaldo prácticamente total en los ámbitos administrativos, empresariales, sindicales y sociales de las Islas, el presidente de Canarias se mostró muy satisfecho por el “gran logro conseguido”, un éxito que “es de todos” y hay que atribuírselo, como antes en el mismo lugar se hizo con el Premio Canarias 2020, “a toda la sociedad isleña”. Torres subrayó que ya fija la mirada, junto a su Gobierno, para seguir actuando, ahora con esta nueva guía, y así “evitar que la pandemia derribe los cimientos del Estado del bienestar”.

Como explicó en su intervención el presidente de Canarias, la pandemia de la COVID-19 “nos ha amedrentado con la muerte, y también con la pobreza y las desigualdades”. Por eso, el proceso de reactivación en las Islas, cuya senda primero define el Pacto y luego concretará un plan de desarrollo de acciones con sus fichas financieras específicas, “debe plantearse en sus dimensiones social y económica con el objetivo claro de que nadie se quede atrás” en esta crisis y de que no se produzcan “recortes en los recursos de asistencias esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Éstas son áreas que no solo han de ser conservadas, sino potenciadas”, recalcó el presidente regional.

El Pacto firmado esta mañana es una manera de afrontar la construcción del futuro en Canarias y una forma de reconocer que, tras la pandemia de la COVID-19, “tendremos que hacer muchos esfuerzos”, indicó Torres. El Pacto que hoy se ratificó en el Parlamento de Canarias “es la herramienta más importante para lograr sobreponernos a la actual situación” de crisis, sostuvo el presidente autonómico, y ahora “se apoya para conservar los servicios públicos fundamentales; reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias; atender a los más vulnerables; mantener y recuperar el empleo; reimpulsar la actividad económica; agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos, e impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”. Éstos son los siete grandes bloques de actuación definidos en el Pacto.

Expuestas esas necesidades generales posCOVID-19 en las Islas, el presidente de Canarias remarcó que el apoyo a ese documento “compromete a los que lo han firmado a defender su contenido y nuestras singularidades en todos los ámbitos posibles: a escalas española y europea; a través de los representantes públicos en las Cortes y en las instituciones comunitarias, y por medio de la capacidad que tienen los empresarios, sindicatos y todas las organizaciones canarias que se han comprometido en la reactivación de nuestra tierra”, detalló Torres.

“Canarias -añadió- es, objetivamente, la comunidad autónoma más afectada por la pandemia en el ámbito económico porque la COVID-19 ha golpeado a nuestro principal sector productivo, el turismo, y además lo ha hecho en el peor momento: en plena temporada alta”, recordó el presidente regional.

Agradecimiento por el trabajo de los que apoyaron y los que no lo hicieron

Amplio consenso en la firma del Pacto para la reactivación
Amplio consenso en la firma del Pacto para la reactivación

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma en el país. A partir de entonces, lamentó Torres, “ya nada fue igual. Se truncó la normalidad. Canarias había empezado bien el año. Los datos de enero, febrero y los primeros 14 días de marzo invitaban al optimismo. Incluso se avanzaba que en 2021 podíamos tener unos índices históricos de empleo, con una tasa de paro inferior al 17%. La economía funcionaba. Las perspectivas eran halagüeñas. Pero el 14 de marzo todo se paró”, relató el presidente de Canarias como muestra de lo rápido que se desencadenaron los acontecimientos de esta crisis inicialmente sanitaria.

Ángel Víctor Torres también tuvo hoy unas palabras de agradecimiento “a los que han apoyado el Pacto con su firma y a quienes finalmente no lo han hecho. He de reconocerles a todas y todos el trabajo realizado”, afirmó. Luego admitió que “todo pacto implica renuncias y generosidad, abandonar posturas individuales y acordar propuestas colectivas. Cualquier pacto siempre es un paso adelante. Pactar nunca es una debilidad. Sinceramente, creo que es una fortaleza. Y en estos momentos, una necesidad. Seguiremos tendiendo la mano”, subrayó el presidente de Canarias.

A continuación, Torres indicó que “hoy, 30 de mayo y Día de Canarias, en este Parlamento, que empezó a funcionar hace exactamente 37 años, comienza una nueva travesía que, si la realizamos con determinación y unidad, la culminaremos con éxito los próximos años”.

El presidente de Canarias cerró su alocución con la afirmación de “que es eso lo que esperan los hombres y mujeres de Canarias: que demos una respuesta firme desde una postura común, coordinada y efectiva. Nuestro pueblo siempre ha demostrado una capacidad de lucha, constancia y resistencia indudables”, concluyó.

Las partes, directrices y previsión presupuestaria para 2020 del Pacto

El documento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas, el Pacto de Canarias, consta de tres bloques: uno, la declaración institucional; dos, el que desarrolla de forma más pormenorizada el Pacto en sí, y tres, el anexo con la previsión presupuestaria.

Esa segunda parte se divide en varios epígrafes y tiene su inicio en la definición del origen y las consecuencias elementales de la que primero fue una crisis sanitaria para luego convertirse en algo más integral con efectos económicas y sociales de gran impacto. El Pacto además analiza los efectos de la pandemia de la COVID-19 en esos tres ámbitos esenciales y estructura los campos generales de actuación en siete. Éstas son las prioridades estratégicas.

A partir de ahí, tras concretar los fines centrales que se persiguen, en esencia reactivar la economía, atender las demandas sociales básicas con solvencia y garantizar la cobertura sanitaria universal, el documento ya rubricado identifica los instrumentos más potentes para pasar a la acción, a saber: la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE); las relaciones Canarias-Estado; el papel de los cabildos y los ayuntamientos; la defensa de los cambios normativos; la capacidad inversora pública y privada; la internacionalización; el diálogo social permanente, y la articulación de una mesa de seguimiento del denominado Pacto de Canarias.

En el cuadro presupuestario que forma parte de ese anexo, que solo puede considerarse como una previsión, se aporta una cifra global de 18.535 millones de euros para 2020. Ese umbral resulta de la suma de las aportaciones previstas al menos desde cinco vías: Comunidad Autónoma de Canarias, que ya aporta su Presupuesto de ingresos para 2020 con la merma prevista por el descenso de la recaudación tributaria en 1.500 millones de euros (7.220 millones de euros); los fondos de los ayuntamientos (2.273 millones); los recursos de los cabildos (1.960); los fondos del Estado (3.163), y la financiación privada (3.919).

Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Discurso del presidente de Canarias

Etiquetas

El Gobierno eleva al Consultivo la regulación de la participación ciudadana en caso de emergencia

El Ejecutivo canario entiende que la colaboración de la ciudadanía, coordinada, fomentada e instrumentada a través de agrupaciones y entidades de voluntariado, se configura como un soporte básico en el ámbito de la autoprotección y de la solidaridad social

El Gobierno de Canarias ha tomado hoy en consideración y ha elevado al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto de decreto que tiene por objeto la regulación de la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias mediante las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil que se inscriban en el registro que se crea a tal fin. Con esta norma, propuesta conjunta de las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, se pretende regular el sistema de acreditación y organización del voluntariado que pueda actuar en los casos de emergencia como parte del sistema de protección civil de Canarias.

El Ejecutivo canario entiende que la colaboración y participación ciudadana, coordinada, fomentada e instrumentada a través de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y las Entidades de Voluntariado Acreditadas, se configura como un soporte básico en el ámbito de la autoprotección y de la solidaridad social. Dichas entidades y agrupaciones han generado un importante incremento de la capacidad preventiva y operativa de las Administraciones Públicas Canarias ante situaciones de emergencia, siendo reconocidas en la estructura operativa de los Planes de Protección Civil territoriales y especiales aplicables en las Islas.

Por tales razones, se considera de especial importancia impulsar y ordenar la actividad de este voluntariado, fomentar su capacitación, garantizar su seguridad, concretar las actividades y acciones

que pueden desarrollar y lograr una adecuada integración en el marco de la gestión de emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, y continuando con el trabajo iniciado la pasada legislatura, el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de Agrupaciones Locales de voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil en Canarias tiene como objetivo el impulso de la participación ciudadana en el sistema Canario de Seguridad y Emergencias y promueve la presencia igualitaria de hombres y mujeres. Además, regula la creación, organización, formación y funcionamiento de las Agrupaciones de Protección Civil; crea un registro de Agrupaciones y Entidades Colaboradoras y establece los requisitos para ser personal voluntario de protección civil. Fija además las obligaciones de las entidades en la dotación, formación, uniformidad e identidad y registro del voluntariado.

Así, se reglamenta el régimen general aplicable a la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, instrumentada a través de las Agrupaciones Locales que hayan sido inscritas en el registro que se crea, y estima conveniente coordinar con la normativa específica del voluntariado el Registro de las Entidades de Voluntariado Acreditadas que obtengan su reconocimiento como Entidades Colaboradoras en materia de Protección Civil.

Asimismo, regula el reconocimiento y registro de las entidades sin ánimo de lucro que, no siendo entidades de voluntariado, colaboran en la prestación de los Servicios de Protección Civil y Emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias. De este modo, se concretan bajo una misma denominación la determinación de lo que serán las Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, homologando para todas ellas los requisitos exigibles, tanto para las entidades de voluntariado, como resto de entidades sin ánimo de lucro que no sean de voluntariado y operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se dispone así de una información valiosa, tanto desde el ámbito preventivo, de implicación ciudadana, como para acometer con conocimiento preciso las eventuales activaciones de los planes de Protección Civil.

El proyecto de decreto asume aquellas cuestiones vinculadas tanto a la observancia de la igualdad entre hombres y mujeres, precisando que las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil han de ser vigilantes en el respeto de estos principios, como al acceso a la formación que han de recibir, y a la participación de la juventud.

Legislación

La participación ciudadana en el ámbito de la Protección Civil y las Emergencias tiene un reconocimiento expreso en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

En el mismo sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que el voluntariado de Protección Civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables, instrumentándose tal colaboración a través de las entidades de voluntariado, de acuerdo con el régimen jurídico, valores y principios que inspiran la acción voluntaria que se establecen en la normativa propia del voluntariado. Asimismo, prevé que los poderes públicos promoverán la participación y la formación del voluntariado en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.

A este respecto, la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, con el objeto de reconocer, ordenar y promover la acción voluntaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, como expresión de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de la ciudadanía en organizaciones sin ánimo de lucro y facilitar las relaciones entre las Administraciones Públicas, regula las entidades que desarrollen actividades de voluntariado, así como la actividad de las personas voluntarias integradas en éstas

Un proyecto sobre el reparto de tareas del hogar gana el Reto de Visualización Open Data por la igualdad

Visualización del proyecto sobre el reparto de tareas del hogar gana el Reto de Visualización Open Data por la igualdad

El proyecto Datos Abiertos para la Conciliación y la Corresponsabilidad presenta visualizaciones de datos abiertos sobre la situación de las mujeres en Canarias

El proyecto Datos Abiertos para la Conciliación y la Corresponsabilidad celebró la segunda fase del programa el pasado 21 de marzo de 2019. La convocatoria presentó los datos abiertos visualizados sobre la situación de las mujeres en Canarias. Las ganadoras del Reto Open Data Mujeres Canarias fueron el Equipo Violeta, compuesto Beatriz Santos (estadística), Lilia Ana Ramos (politóloga), Esther Sanromá (matemática), Beatriz León (socióloga) y Jessica Luis (consultora BI) con una visualización sobre el reparto de las tareas del hogar entre mujeres y hombres en Canarias.

En el acto, la CEO de Iniciativa Open Data, Lourdes Muñoz, destacó la importancia que tuvo la Expedición de Datos, el evento previo al Reto de Visualización, porque unió a diferentes perfiles de personas profesionales para cumplir el objetivo de identificar información desconocida sobre la igualdad de género en el archipiélago.

Muñoz presentó a las ganadoras de esta fase y explicó que la tercera parte del proyecto culminaría con una Exposición Virtual que recogería las visualizaciones generadas dentro de las temáticas del plan de corresponsabilidad y conciliación del Gobierno de Canarias, que son trabajo, ocio y conciliación familiar.

Asimismo, la exhibición de los resultados se acompañó de infografías para animar a las personas a explorar los datos. Con ello, se consigue una doble sensibilización a través de la divulgación de las diferencias entre mujeres y hombres y la perspectiva de ver los datos como una herramienta de información.

Por su parte, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Ascensión Toledo, resaltó haber encontrado el valor social y el apoyo a la apertura de los datos. “En la expedición vimos cuál es el resultado. Un resultado que es triste y que nos debe marcar qué decisiones profesionales y políticas hay que tomar para mejorar”, señaló. Además, detalló que la temática de conciliación y corresponsabilidad es fundamental para la sociedad y que los datos pueden ayudar a darle mayor relevancia.

La portavoz del Equipo Violeta, Beatriz Santos, explicó que partieron de una idea previa para visualizar la relación entre la salud mental y la desigualdad, la autovaloración del estado de salud, la excedencia por cuidado familiar y la actividad económica, pero quedaron descartadas debido a la dificultad de encontrar esos datos. Finalmente, se decantaron por la participación en las tareas del hogar, utilizando datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

“Como vemos en los gráficos, las mujeres son las que mayoritariamente se encargan de las tareas como preparación de la comida, limpieza, compras”, explicó la experta en estadística. También destacó que en las tareas que conllevan menos responsabilidad los hombres tienen más protagonismo, aunque sigue habiendo una gran desigualdad donde las mujeres siempre hacen todo tipo de tareas.

Asimismo, la técnica del Reto Iniciativa Open Data, Eli Vivas, la representante de la organización Innovations Humans Rights, Nuria Noguera, y el experto en visualización de datos e infografía del ISTAC, Jorge Hernández, evaluaron el trabajo realizado por las ganadoras. “Estos gráficos permiten demostrar y comprobar que no hay corresponsabilidad en las tareas del hogar y esto le aporta validez al estudio”, expuso Noguera.

Hernández valoró aspectos técnicos, como la elección de los colores o el tipo de gráfico con barras horizontales, que calificó como correctas. Vivas resaltó que era adecuado el uso de una leyenda por gráfico, puesto que así son informaciones diferentes e independientes y es más fácil de entender para los usuarios. Toledo finalizó la jornada con agradecimientos y explicó que este proyecto culmina con la exposición virtual, disponible ya en la web.

Etiquetas