El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, defendió ante la Diputación Permanente la conveniencia y necesidad de ambas normas, y la Cámara regional acordó, también de forma unánime, la tramitación de ambas como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia
La Diputación Permanente ha aprobado esta semana por unanimidad la convalidación de los decretos leyes de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, así como el de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativo para afrontar la crisis provocada por el Covid-19.
En ambos casos acordó, también por unanimidad, iniciar su tramitación en la Cámara regional como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, cuestiones ambas que solicitó y defendió en sendas intervenciones el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.
En relación al primero, sobre la suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, Pérez explicó que el mismo modifica el ordenamiento jurídico canario con el rango de ley en materia de juegos y apuestas.
El texto convalidado sustituye, y al mismo tiempo deroga y complementa, otro anterior que el Parlamento no llegó a someter al trámite de convalidación. Pérez agradeció la atención tanto del Parlamento como del Consejo Consultivo de Canarias el hecho de la sustitución de un decreto por otro, situación que calificó de no habitual.
El decreto convalidado resuelve la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021, como máximo, del sistema por el que se venían obteniendo las autorizaciones para salones recreativos y locales de apuestas, a diferencia del anterior, que no contemplaba plazo alguno. Desde diciembre de 2018 y hasta ahora, señaló el consejero, ha bastado una simple comunicación previa del solicitante para conseguir las mismas. El decreto contempla, asimismo, que la suspensión también abarque los llamados ‘corners’ (espacios situados dentro de casinos y bingos para desarrollar actividades de juego).
Pérez también remarcó que el decreto ley convalidado, a diferencia del anterior, modifica la composición de la Comisión de Juegos y Apuestas de Canarias, en la que ahora se integrarán las asociaciones formadas, en muchos casos, por madres, padres y personas conscientes de la lucha contra la adicción al juego, además de permitir su funcionamiento en modo telemático.
Pérez indicó que el decreto ley se justifica por el mandato parlamentario que deriva de una PNL aprobada por unanimidad en diciembre del año pasado por la que se encomendaba al Gobierno de Canarias llevar a cabo una reordenación de la actividad social y empresarial del juego, y al mismo tiempo, solicitaba una restricción del número de licencias en esta materia.
El Gobierno de Canarias, enfatizó el consejero, asume el mandato parlamentario como tal y coincide, además, con una sensación generalizada de que se ha producido un exceso de la actividad de juego y que algunos aspectos de la regulación actual deben corregirse.
Explicó que, si bien en otro momento pudo haber una situación que justificara el sistema denominado de ‘autoautorización’, en la actualidad ya no resulta conveniente porque el Ejecutivo autonómico ha detectado durante 2019 un incremento considerable de las autorizaciones y porque, de no controlarse ahora el crecimiento de la oferta del juego, será muy difícil llevar a cabo una nueva contención del mismo más adelante.
Medidas extraordinarias para el empleo
En relación al otro decreto, Pérez apuntó que contiene un bloque de medidas destinadas a sostener el empleo y, de forma específica, para prestar ayuda a los autónomos, un tipo de emprendedor que constituye el 44,4% del tejido empresarial de las Islas y al que el Gobierno de Canarias considera que debe prestar especial atención.
El decreto ley establece una línea de ayuda complementaria a la establecida por el Estado del 70% de la base reguladora cuando los autónomos hayan cesado en su actividad. Así, el Gobierno de Canarias ayudará con un 30% complementario, para lo que cuenta con una dotación presupuestaria de 11 millones de euros, si bien es verdad que todas las partidas relativas a las actuaciones Covid-19 son ampliables.
El consejero recordó que el BOC del lunes de esta semana, 27 de abril, publicó las bases que rigen la convocatoria de estas subvenciones, que a continuación se divulgarán en el Sistema Nacional de Subvenciones, tras lo cual se publicará la resolución que abre el plazo de presentación de solicitudes, que debería comenzar entre el 4 y 5 de mayo. Al ser complementaria, quien la solicite deberá acreditar que ha obtenido la ayuda del Estado.
Medidas fiscales y presupuestarias
El decreto también incluye medidas de carácter fiscal y presupuestario, explicó Pérez, como la mejora de la cobertura de los gastos Covid-19 mediante un sistema de aplicación presupuestaria flexible y rápido, así como la agilización del procedimiento de contratación administrativa y el fomento de la liquidez de la Administración Pública y de sus contratistas.
Entre otras medidas, indicó Pérez, se tramitarán por vía de emergencia las modificaciones de contratos ya suscritos, se suspende todo trámite que no sea esencial en la contratación, se simplifica la concesión de subvenciones directas, se autorizan los entregas anticipadas para los pagos extrapresupuestarios, se mejoran las líneas de subvención directamente aplicables a la crisis del Covid-19, se permite habilitar créditos para dar cobertura a los gastos del Covid-19, se consideran ampliables todos los créditos destinados a atender los gastos necesarios para la gestión de esta crisis y se autoriza el endeudamiento a corto plazo hasta un 20% de los créditos iniciales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.
Medidas para el personal
Estas medidas se complementan con otras en materia de personal, que tienen por objeto facilitar la ejecución de las actuaciones relativas al Covid-19. Durante la crisis, explicó el consejero, todas las consejerías han tendido que llevar actuaciones relacionadas con dicha crisis y, para simplificar su ejecución, la Administración autonómica se ha reorganizado.
Entre otras acciones adoptadas a tal fin, destacó Pérez, se simplifica la gestión del personal y se somete a la dirección de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad determinadas áreas como las telecomunicaciones y la gestión de Función Pública para que se aplique el principio de mando único. También se facilita la movilidad del personal, de forma voluntaria y, a veces forzoso, para llevar el que se necesite a las áreas donde es más necesario como Servicios Sociales o Empleo.
