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Las empresas de economía social canarias refuerzan su participación normativa

La nueva Ley canaria de Economía Social, aprobada hoy en el Parlamento autonómico, crea la Comisión de la Economía Social de Canarias, un órgano colegiado y consultivo, que permitirá a las empresas del sector intervenir de forma mucho más activa en el progreso del sector en el Archipiélago.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, agradeció hoy a todas las personas y colectivos que han participado en la redacción, presentación de alegaciones, enmiendas y, “en definitiva, en la mejora continua del texto que regula desde hoy las empresas de Economía Social de Canarias”, cuya ley se aprobó esta mañana en el Parlamento autonómico, después de dos años de tramitación.

La consejera citó especialmente a las dos ponentes de la Ley, María del Pino Domínguez e Inmaculada Galván, de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa, quienes redactaron el texto inicial, “a partir del que hemos trabajado todos y todas las demás”.

Máñez dio la enhorabuena también a todas las entidades del sector “han colaborado haciendo observaciones y propuestas de mejora, para que saliese adelante el mejor texto posible y con el mayor de los consensos”. La consejera aclaró que son entidades que, en su mayoría, formarán parte de la nueva Comisión de la Economía Social de Canarias, “que sitúa a las empresas del sector en el proceso de para las tomas de decisión futuras, con una labor consultiva y propositiva, que estoy convencida de que mejorará toda acción administrativa y política, a través de su participación directa en los procedimientos”.

 

Amplia participación pública

El Gobierno de Canarias presentó el actual texto después de un amplio proceso de participación pública desde el inicio de la legislatura. El proyecto de Ley de Economía Social de Canarias incluyó más de cincuenta observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores involucrados y los diferentes departamentos de la administración autonómica, mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos desde febrero de 2020.

Además, incorporó también en su totalidad las diversas recomendaciones del Consejo Consultivo de Canarias, para reparar el puntual solapamiento con la competencia básica de rango estatal, aunque el dictamen preceptivo del órgano independiente valoró de manera favorable la nueva norma, al concluir que se adecúa a los parámetros constitucionales y estatutarios de aplicación, y mediante el proceso de enmiendas parlamentarias se ha enriquecido un texto fundamental para el impulso firme de la economía social de Canarias como uno de los ejes del desarrollo sostenible e inclusivo del Archipiélago, por lo que dio las gracias a todos los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica.

Los objetivos de dotar al sector de una regulación propia, en sintonía con la realidad autonómica, y fomentar su consolidación, expansión y ordenación de manera más unificada y específica.

De este modo, el texto se presenta como una herramienta de impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado con el medio ambiente y pretende, tanto aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral como constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento en el Archipiélago territorio, con las personas como protagonistas. No obstante, forman parte de las empresas de Economía Social tanto las sociedades laborales o los centros especiales de empleo, como las cooperativas y formatos de empresa con modelos participativos de sus empleados.

De hecho, la nueva Comisión está constituida por:

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las cooperativas en Canarias (Asociación de Economía Social de Canarias -ASESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las sociedades laborales en Canarias (Asociación de Economía Social de Canarias -ASESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de los centros especiales de empleo en Canarias (Asociación Regional de Centros Especiales de Empleo de Economía Social de Canarias -ARCEESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de los centros especiales de empleo en su conjunto: de iniciativa social y de iniciativa empresarial (Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las empresas de inserción en Canarias (Asociación de Empresas de Inserción de Canarias -ADEICAN-, integrada en la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción -FAEDEI-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa en Canarias de las asociaciones y fundaciones que lleven a cabo actividad económica (Consejo Canario de Asociaciones y Consejo Autonómico de Fundaciones de Canarias, de la Asociación Española de Fundaciones).

Un/a vocal propuesto/a por la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias.

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las mutualidades en Canarias

Dos vocales, en representación de las organizaciones sindicales más representativas de Canarias

Dos vocales, en representación de las organizaciones empresariales más representativas de Canarias.

Un/a vocal, en representación de la Federación Canaria de Municipios.

Dos vocales, en representación de las universidades públicas de Canarias.

Un vocal, en representación de la Federación Canaria de Islas.

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El Parlamento convalida por unanimidad los decretos leyes del Gobierno canario sobre juegos y de medidas urgentes

El Parlamento convalida los decretos leyes del Gobierno sobre juegos y de medidas urgentes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, defendió ante la Diputación Permanente la conveniencia y necesidad de ambas normas, y la Cámara regional acordó, también de forma unánime, la tramitación de ambas como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia

La Diputación Permanente ha aprobado esta semana por unanimidad la convalidación de los decretos leyes de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, así como el de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativo para afrontar la crisis provocada por el Covid-19.

En ambos casos acordó, también por unanimidad, iniciar su tramitación en la Cámara regional como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, cuestiones ambas que solicitó y defendió en sendas intervenciones el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

En relación al primero, sobre la suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, Pérez explicó que el mismo modifica el ordenamiento jurídico canario con el rango de ley en materia de juegos y apuestas.

El texto convalidado sustituye, y al mismo tiempo deroga y complementa, otro anterior que el Parlamento no llegó a someter al trámite de convalidación. Pérez agradeció la atención tanto del Parlamento como del Consejo Consultivo de Canarias el hecho de la sustitución de un decreto por otro, situación que calificó de no habitual.

El decreto convalidado resuelve la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021, como máximo, del sistema por el que se venían obteniendo las autorizaciones para salones recreativos y locales de apuestas, a diferencia del anterior, que no contemplaba plazo alguno. Desde diciembre de 2018 y hasta ahora, señaló el consejero, ha bastado una simple comunicación previa del solicitante para conseguir las mismas. El decreto contempla, asimismo, que la suspensión también abarque los llamados ‘corners’ (espacios situados dentro de casinos y bingos para desarrollar actividades de juego).

Pérez también remarcó que el decreto ley convalidado, a diferencia del anterior, modifica la composición de la Comisión de Juegos y Apuestas de Canarias, en la que ahora se integrarán las asociaciones formadas, en muchos casos, por madres, padres y personas conscientes de la lucha contra la adicción al juego, además de permitir su funcionamiento en modo telemático.

Pérez indicó que el decreto ley se justifica por el mandato parlamentario que deriva de una PNL aprobada por unanimidad en diciembre del año pasado por la que se encomendaba al Gobierno de Canarias llevar a cabo una reordenación de la actividad social y empresarial del juego, y al mismo tiempo, solicitaba una restricción del número de licencias en esta materia.

El Gobierno de Canarias, enfatizó el consejero, asume el mandato parlamentario como tal y coincide, además, con una sensación generalizada de que se ha producido un exceso de la actividad de juego y que algunos aspectos de la regulación actual deben corregirse.

Explicó que, si bien en otro momento pudo haber una situación que justificara el sistema denominado de ‘autoautorización’, en la actualidad ya no resulta conveniente porque el Ejecutivo autonómico ha detectado durante 2019 un incremento considerable de las autorizaciones y porque, de no controlarse ahora el crecimiento de la oferta del juego, será muy difícil llevar a cabo una nueva contención del mismo más adelante.

Medidas extraordinarias para el empleo

En relación al otro decreto, Pérez apuntó que contiene un bloque de medidas destinadas a sostener el empleo y, de forma específica, para prestar ayuda a los autónomos, un tipo de emprendedor que constituye el 44,4% del tejido empresarial de las Islas y al que el Gobierno de Canarias considera que debe prestar especial atención.

El decreto ley establece una línea de ayuda complementaria a la establecida por el Estado del 70% de la base reguladora cuando los autónomos hayan cesado en su actividad. Así, el Gobierno de Canarias ayudará con un 30% complementario, para lo que cuenta con una dotación presupuestaria de 11 millones de euros, si bien es verdad que todas las partidas relativas a las actuaciones Covid-19 son ampliables.

El consejero recordó que el BOC del lunes de esta semana, 27 de abril, publicó las bases que rigen la convocatoria de estas subvenciones, que a continuación se divulgarán en el Sistema Nacional de Subvenciones, tras lo cual se publicará la resolución que abre el plazo de presentación de solicitudes, que debería comenzar entre el 4 y 5 de mayo. Al ser complementaria, quien la solicite deberá acreditar que ha obtenido la ayuda del Estado.

Medidas fiscales y presupuestarias

El decreto también incluye medidas de carácter fiscal y presupuestario, explicó Pérez, como la mejora de la cobertura de los gastos Covid-19 mediante un sistema de aplicación presupuestaria flexible y rápido, así como la agilización del procedimiento de contratación administrativa y el fomento de la liquidez de la Administración Pública y de sus contratistas.

Entre otras medidas, indicó Pérez, se tramitarán por vía de emergencia las modificaciones de contratos ya suscritos, se suspende todo trámite que no sea esencial en la contratación, se simplifica la concesión de subvenciones directas, se autorizan los entregas anticipadas para los pagos  extrapresupuestarios, se mejoran las líneas de subvención directamente aplicables a la crisis del Covid-19, se permite habilitar créditos para dar cobertura a los gastos del Covid-19, se consideran ampliables todos los créditos destinados a atender los gastos necesarios para la gestión de esta crisis y se autoriza el endeudamiento a corto plazo hasta un 20% de los créditos iniciales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Medidas para el personal

Estas medidas se complementan con otras en materia de personal, que tienen por objeto facilitar la ejecución de las actuaciones relativas al Covid-19. Durante la crisis, explicó el consejero, todas las consejerías han tendido que llevar actuaciones relacionadas con dicha crisis y, para simplificar su ejecución, la Administración autonómica se ha reorganizado.

Entre otras acciones adoptadas a tal fin, destacó Pérez, se simplifica la gestión del personal y se somete a la dirección de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad determinadas áreas como las telecomunicaciones y la gestión de Función Pública para que se aplique el principio de mando único. También se facilita la movilidad del personal, de forma voluntaria y, a veces forzoso, para llevar el que se necesite a las áreas donde es más necesario como Servicios Sociales o Empleo.

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Castilla ofrece a los grupos políticos cooperar en el laboratorio turístico de seguridad

Diputación Permanente del Parlamento de canarias.

La consejera regional de Turismo ya se ha dirigido al secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, para informarle del proyecto de las Islas para que de soporte y validación a los protocolos desarrollados

La Consejería de Turismo implantará la nueva estrategia en la cadena de valor turística a partir de junio para posibilitar la reapertura de Canarias cuanto antes

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, solicitó este viernes a los grupos políticos su implicación y participación directa en el proyecto de recuperación de la actividad turística en las Islas. En su comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, Castilla hizo partícipe a los miembros de este Órgano del proyecto de laboratorio de rediseño de procesos de toda la cadena de valor de la actividad turística, en el que se está ya trabajando, con el objeto de poder reabrir cuanto antes la actividad turística de las Islas en condiciones de seguridad sanitaria, tanto para los residentes como para los turistas

A través de este laboratorio, la Consejería pretende definir, testar y poner en marcha nuevos protocolos y procedimientos en todos los servicios que participan en la actividad turística, un proyecto sobre el que ofreció a los representantes parlamentarios su participación a través de la designación de un representante de cada uno de los grupos políticos a los que hacer partícipe de la estrategia y medidas a adoptar y conocer su valoración.

Yaiza Castilla expuso en su primera parte de la intervención las graves consecuencias económicas y sociales que el cierre turístico está provocando en las Islas dado el peso que tiene el turismo en nuestra economía (superior al 35% ) y en el empleo (casi 350.000 personas y el 40% del total del empleo).

Además, apuntó al hecho de que el turismo aporta a las arcas públicas el 34,9% del total de impuestos que se recauda en la CCAA (unos 200 millones de euros mensuales), “por lo que cada mes que estemos cerrados ya no es solo que se deje de ingresar recursos, tanto para las empresas como para las arcas públicas, es que mantener a ese 40% de la población con capacidad de trabajar de las islas en situación de paro es sumamente complicado.”

Ante este panorama, el objetivo que desde su Departamento se han marcado es acortar al máximo los plazos hasta la reapertura turística en las islas. “No podemos quedarnos parados hasta que la amenaza sanitaria pase, porque las consecuencias para nuestra economía y nuestro bienestar social son inasumibles”, dijo.

No obstante, puntualizó que dicha apertura “tiene que ser, “de forma irrenunciable, bajo la premisa de la seguridad y la reciprocidad en dicha seguridad tanto en origen como en destino, pues de nada servirá una precipitación en la apertura si ponemos en riesgo nuestra integridad, pues tendríamos que volver a la indeseable situación que estamos viviendo desde hace seis semanas o incluso más si nos remontamos a lo ocurrido en el H10 del sur de Tenerife”

Yaiza Castilla compareció en el Parlamento de Canarias.
Yaiza Castilla compareció en el Parlamento de Canarias.

Al respecto informó que el proyecto que se está liderando desde el Gobierno de Canarias lleva aparejada la implicación del sector empresarial y la participación de profesionales de cada uno de los servicios prestados a los turistas, desde su llegada al aeropuerto, recogida, transporte hasta el hotel (taxis y guaguas), recepción e identificación en el hotel, estado de las habitaciones y procesos de limpieza de las mismas, control de alimentación y bebidas, medidas de distanciamiento social (aforos en restaurantes, bares, etc..), uso de hamacas, excursiones, ocio nocturno, alquiler de coches, y un largo etcétera de puntos de contacto, “que hay que revisar para implantar nuevas formas de hacer las cosas transmitiendo higiene, seguridad y calidad”.

La titular de Turismo explicó en su intervención los componentes del proyecto de laboratorio de protocolos turísticos de seguridad y en el que será necesario colaborar con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Turismo (OMT) a cuyo secretario general, Zurab Pololikashvili, ya se ha dirigido Castilla, para informarle del proyecto de las Islas y que den soporte y validación a los protocolos desarrollados. Una oportunidad, además, de que puedan servir de manual de uso en todos los destinos turísticos del mundo.

Yaiza Castilla hizo partícipe a los miembros de la Diputación Permanente de la creación de los equipos de trabajo multidisciplinares con perfil técnico que se están empezando a encargar del análisis y redacción de los protocolos de actuación de todo el sector turístico, y en el que además también se contará con epidemiólogos.

Igualmente, esta iniciativa contará con la participación social, para lo que se abrirán los canales para ello, a través de una web participativa donde recoger las aportaciones de la ciudadanía, dado el carácter transversal de este proyecto

Castilla informó, asimismo, que el laboratorio contará con un soporte jurídico, de forma que se traslade a normativa algunos de los elementos definidos en el análisis de procesos con el fin de asegurar su cumplimiento mediante una obligación legal que refleje sanciones en caso de infracciones que comprometan la seguridad de las Islas.

Por último y una vez esté desarrollado el nuevo modelo de gestión turística, la consejera apuntó que se va a cuantificar la financiación necesaria para su implantación y el establecimiento de medidas económicas extraordinarias, en la medida de las posibilidades presupuestarias que permita el Estado y la Comisión Europea.

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