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El Gobierno logra el apoyo del Parlamento a la Ley de medidas urgentes para la gestión eficiente del empleo público

Nieves Lady Barreto recuerda que paralelamente se ha iniciado el proyecto de Ley del Empleo Público de Canarias para actualizar un marco normativo de casi 40 años

El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, agradeció el trabajo desarrollado en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia para culminar el proceso de conversión en ley del decreto ley 7/2024 aprobado por el Gobierno de Canarias el 31de julio y convalidado por la Cámara el 6 de diciembre. Se cumple así el compromiso de la consejera de tramitarlo como ley para poder incorporar aportaciones de los grupos parlamentarios, los sindicatos, los ayuntamientos y los Cabildos, a través de la FECAM y la FECAI, y el Consejo Consultivo de Canarias y dar a la norma la mayor seguridad jurídica.

Nieves Lady Barreto defendió la necesidad de esta ley “para tomar decisiones, poder solucionar problemas y agilizar procesos en Función Pública, mientras se inicia una transformación más profunda de la Administración Pública que aborde los cambios que se demandan para adaptarla a la realidad y a las necesidades de la población”. En este sentido, la consejera destacó que esta ley contempla aspectos relacionados con la ejecución de los procesos selectivos, la promoción interna, la constitución de las listas de empleo y la agilización de los procesos, entre otros, pero que va más allá porque recoge también el acuerdo de iniciar la tramitación de una nueva Ley del Empleo Público, con casi cuarenta años de vigencia.

Al respecto, la consejera recordó que se daba un plazo de seis meses y que el Consejo de Gobierno ha cumplido y ya ha iniciado el anteproyecto de Ley del Empleo Público de Canarias. “Forma parte de nuestra hoja de ruta y de nuestra agenda política”, apuntó.

La elaboración y tramitación de esta iniciativa legislativa constituye uno de los retos normativos más importantes de la Consejería de Presidencia en la presente legislatura, ya que además de dotar a la Comunidad Autónoma de Canarias de un nuevo marco legal en materia de empleo público dejando atrás la hasta ahora vigente Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, “somos conscientes de que debe concitar el mayor consenso posible entre todos los agentes actuantes en un sistema jurídico especialmente complejo como es el de la regulación del empleo público”. Por ello, la consejera valoró el trabajo que realiza tanto el personal como los responsables de la Dirección General de Función Pública y de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia para afrontar este proceso de modernización de la Administración.

 

 

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La Consejería de Presidencia forma al personal público en sistemas y modelos de gestión de la calidad

Estos instrumentos permiten mejorar la eficacia y optimizar los procesos administrativos de las instituciones canarias

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, forma al personal público de las Islas en sistemas y modelos de la calidad (SGC) que permiten una gestión más eficiente y transparente de las Administraciones Públicas. Asimismo, se explicaron los principios fundamentales de estos sistemas y cómo pueden aplicarse para evaluar y mejorar la eficacia del sector público.

La formación, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, analiza cómo la introducción de estos modelos en los servicios públicos puede optimizar la gestión por parte de la ciudadanía y de los profesionales y fortalecer la confianza por parte la ciudadanía canaria.

La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, destacó el valor que tienen este tipo de formaciones para hacer unas Administraciones públicas más eficientes y que presten un servicio de calidad a la ciudadanía canaria. Asimismo, recordó el compromiso del Ejecutivo regional por trabajar en la simplificación de los procedimientos administrativos.

La jornada formativa estuvo impartida por Oliver Ramírez, especialista en el Modelo de Excelencia Europeo, quien explicó cómo este sistema se ha convertido en una herramienta esencial para la gestión pública y cómo se puede aplicar en el trabajo diario.

 

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La Consejería de Presidencia dotará al edificio judicial de Arrecife de una planta fotovoltaica

Es el objetivo es acometer actuaciones de mejora de la eficiencia energética de los órganos judiciales de Canarias

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto, ha autorizado, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la aprobación del gasto relativo al contrato de servicio para la redacción del proyecto para la instalación de una planta fotovoltaica en el edificio judicial de Arrecife.

Nieves Lady Barreto ha señalado que la Consejería se ha marcado como objetivo la mejora de la eficiencia energética en los distintos órganos judiciales de la comunidad autónoma por lo que, de manera paulatina, se irán acometiendo actuaciones en función de las necesidades y posibilidades de cada edificio.

El edificio judicial de Arrecife presenta unas condiciones favorables como son la ubicación en una zona con un elevado porcentaje de incidencia solar al año y su configuración arquitectónica, con una planta de azotea con una gran superficie que permite la instalación de la planta propuesta.

La instalación de una planta fotovoltaica en el edificio judicial supone, entre otras ventajas, la reducción del consumo de energía eléctrica, disminuyendo los costes que soporta la Administración, con el aprovechamiento y ahorro que supone la producción de energía renovable.

 

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La Consejería de Presidencia analiza los efectos de la creciente desinformación digital en la gestión de crisis

El encuentro con profesionales de los ámbitos de la seguridad, las emergencias y la comunicación se celebra el 5 de diciembre en la Facultad de Periodismo de la ULL

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, en colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) e Intracom Congreso Internacional, organiza la jornada ‘Stop Bulos. Cómo gestionar las situaciones de crisis frente a la desinformación en el ecosistema digital’, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el salón de actos de Periodismo.

La jornada contará con dos mesas de debate y una conferencia de clausura. La primera mesa abordará los efectos de la desinformación sobre la toma de decisiones en situación de crisis y estará moderada por la directora de la cátedra RTVE de la Universidad de Sevilla, María del Mar García Gordillo. En ella participará el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino; el subdirector de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, Néstor Padrón; el catedrático de la Universidad de Sevilla, Juan Carlos Suárez Villegas, y el profesor de Periodismo de la ULL, Rodrigo Fidel Rodríguez.

En una segunda mesa de debate, más centrada en la comunicación, se hablará de cómo combatir la desinformación en el ecosistema digital y estará moderada por el periodista Miguel Ángel Daswani. Contará con la participación de la directora de Operaciones en Maldita.es, Ximena Villagrán; la periodista chilena especialista en Ética de la Información, Constanza Hormazabal; el representante de la iniciativa de voluntarios digitales VOST, Josep Lluis Pouy; el subdirector del periódico El Día, Jorge Dávila, y el jefe de prensa de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, César Toledo.

La jornada concluirá con la conferencia de José Rúas Alejandro, profesor de la Universidad de Vigo, experto en comunicación institucional e investigador del impacto de las redes sociales en el periodismo, que expondrá algunas propuestas sobre la lucha democrática contra la desinformación.

Jornada sobre la gestión de crisis frente a la desinformación en el ecosistema digital

 

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La Consejería de Presidencia aprueba las bases generales de selección de personal funcionario de la Administración

Nieves Lady Barreto: “Hemos cumplido con uno de los compromisos que asumimos para modernizar la Administración y que sea más eficiente, gestionando un proceso participativo con la ciudadanía y las organizaciones sindicales”

Las bases generales, que entran hoy en vigor, aportarán a los futuros procesos selectivos mayor nivel de transparencia y seguridad jurídica

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado las órdenes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, por las que se aprueban las Bases Generales que han de regir los procesos para la selección del personal funcionario de carrera de la Administración General en los distintos Cuerpos, Escalas, Especialidades y agrupaciones profesionales. “Cumplimos con uno de los primeros compromisos adquiridos en el área de Función Pública para modernizar las bases de la Administración General y disponer de una nueva regulación de acceso al empleo público que simplifica los procesos, es más transparente y da mayor seguridad jurídica”, manifestó Nieves Lady Barreto.

La consejera añadió que “gestionamos para tener una Administración eficaz y eficiente y asumimos retos para solucionar los problemas” y destacó que las nuevas bases son el resultado de un proceso negociador y participativo, que han recogido la inmensa mayoría de las aportaciones de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales para corregir las debilidades detectadas en la norma de 2016 y poder introducir mejoras.

En este sentido, la participación de las organizaciones sindicales en el proceso de tramitación realizado por la Dirección General de Función Pública no se ha limitado a la negociación de las bases en la Mesa Sectorial de personal funcionario, sino que previamente se celebraron reuniones informativas donde se expusieron los contenidos a incluir en las bases y se confirió un trámite de audiencia a los sindicatos representados en dicha mesa para aportaciones y sugerencias.

Las bases generales entran hoy en vigor y regirán los futuros procesos selectivos, siendo los primeros que se convoquen los relativos a la Oferta de Empleo Público de Administración General del año 2021, cuya convocatoria se realizará en breve.

Estas bases generales permitirán a las personas aspirantes acreditar su conocimiento y en su caso la experiencia, a través de pruebas que, por un lado, valoren diferentes capacidades y habilidades más allá de los conocimientos teóricos estrictos y, de otra parte, que no se sustenten en exclusiva en la acreditación memorística de los mismos, lo que a su vez viene unido también a la necesidad de revisar los programas de contenidos exigibles.

Para ello, apuestan decididamente por un mayor nivel de transparencia y certeza jurídica en relación con las reglas sobre las que se desenvolverán los procesos selectivos. Se incorporan previsiones concretas en relación con los programas de temas exigibles, no sólo en cuanto a su publicidad y la antelación con la que deben aprobarse y publicarse sino también en la obligación de dividir entre los contenidos teóricos y los prácticos que han de ser objeto de valoración concreta en sus correspondientes pruebas o parte de éstas. También se proporciona mayor seguridad jurídica en cuanto al procedimiento y los plazos de sus diferentes trámites, regulando además de forma expresa las impugnaciones y alegaciones que contra cada una de las pruebas selectivas pueden formular las personas aspirantes.

Las bases incorporan previsiones relativas a la designación y funcionamiento de los tribunales calificadores, en aras de su especialización profesional y de su designación objetiva e imparcial, incorporando además la previsión legal de representación sindical ante el tribunal calificador.  Además, se incluyen reglas obligatorias de transparencia, publicidad y seguridad jurídica en distintos apartados de estas bases respecto a los acuerdos que adopte el tribunal calificador en la realización y valoración de las pruebas selectivas y de los méritos.

Contienen también previsiones relativas a garantizar la indemnidad de las pruebas selectivas, su confidencialidad, la regla general de anonimato salvo las excepciones de procesos selectivos en los que al menos una prueba debe realizarse conociendo la identidad de la persona aspirante al ser necesario la valoración de actitudes y aptitudes personales.

Cumpliendo el principio de seguridad jurídica, estas bases establecen una metodología única para todos los tribunales en relación con la determinación de la calificación de las pruebas selectivas que se basen en la valoración de sus miembros.

Se incorpora a nuestro sistema selectivo la posibilidad de conservación de calificaciones anteriores. También se adoptan medidas específicas de racionalización y eficiencia de los procesos selectivos, tales como primar la realización simultánea de los ejercicios por parte de todos los aspirantes frente a pruebas individuales, se potencia el anonimato en la mayor parte del proceso selectivo, se opta por la especialización de las pruebas según su contenido teórico o práctico.

En los procesos selectivos del Grupo C y de las agrupaciones profesionales E la fase de oposición se concentra en un solo ejercicio, mediante cuestionario tipo test, teórico-práctico y basado por completo en el anonimato de la persona aspirante.

Estas bases prevén también, de forma novedosa, la realización de una prueba adicional de eficiencia para el caso de que realizada la fase de oposición quedaren plazas desiertas y no fuera posible una nueva convocatoria de éstas por caducidad de la oferta de empleo público o por su próxima caducidad, de manera que, bajo determinadas circunstancias, las personas aspirantes que no hubiesen superado toda la fase de oposición puedan optar a dicha prueba.

Respecto a la fase de méritos, estas bases apuestan por una simplificación de los méritos centrándolos en aquellos que están directamente relacionados con la mejor idoneidad de las personas aspirantes, incorporando la experiencia previa en el sector público, como personal funcionario y en su caso como personal laboral, las titulaciones académicas distintas a la empleada para el acceso, así como la superación de pruebas selectivas anteriores.

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La Consejería de Presidencia facilitará el acceso remoto al gestor procesal Atlante a la Inspección de la Fiscalía

El objetivo es un desarrollo más ágil y eficiente de la Administración de Justicia

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto y la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, han firmado un convenio que permitirá el acceso remoto a los módulos del sistema procesal Atlante de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma a los integrantes de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de las funciones que tienen en el funcionamiento del Ministerio Fiscal, con el fin de mejorar la prestación del servicio público de Justicia.

El objeto del convenio es desarrollar el procedimiento para que la Inspección de la Fiscalía General del Estado pueda examinar de forma remota, desde sus propios terminales informáticos y con carácter permanente, los módulos de Atlante, único gestor procesal utilizado por los órganos judiciales y fiscalías de Canarias para la tramitación de los procesos judiciales de manera completamente electrónica.

Este acceso se realizará en condiciones de seguridad mediante un número de identificación y clave propia que asegura su correcta utilización del gestor, utilizado por los órganos judiciales en las islas, sin necesidad de su traslado a la sede física y ahorrando recursos públicos

La actividad inspectora conlleva, necesariamente, el examen y análisis de los módulos de Atlante de las Fiscalías, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas procesales y de protección de datos de carácter personal, así como la agilidad y eficacia en la tramitación procesal.

La implantación del expediente judicial electrónico ha dado lugar a que los expedientes examinados sean cada vez en mayor proporción de carácter electrónico, sin soporte físico, lo que obliga a solicitar autorizaciones puntuales de acceso a los programas que permiten su consulta y visualización, autorizaciones que hasta ahora sólo permiten el acceso desde los terminales informáticos de la sede.

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La Consejería de Presidencia promueve mejoras en la atención a personas mayores en trámites con la Administración

Nieves Lady Barreto anunció las propuestas de su departamento para ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de este colectivo y eliminar la brecha digital

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, anunció hoy en la Comisión de Gobernación del Parlamento que su departamento trabaja en la planificación de nuevas acciones que permitan avanzar en una mejor atención a las personas mayores y facilitarles sus trámites con la Administración Pública.

Este servicio ya se presta con atención presencial a la ciudadanía, desde las sedes de la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana (OCIAC), ubicadas en los Edificios de Servicios Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, para facilitar las gestiones con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, evitando en todo momento la discriminación originada por la brecha digital y garantizando que se sientan respaldadas en sus relación con esta Administración Pública.

Además, Nieves Lady Barreto explicó que, a través de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, la intención es extender la prestación de estos servicios a las Oficinas Conjuntas con los Cabildos Insulares de las islas no capitalinas, en desarrollo de los convenios de colaboración suscritos entre ambas administraciones, de forma que esta asistencia se reciba también en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro en idénticas condiciones, evitando así la discriminación geográfica.

De otra parte, la consejera señaló que también se trabaja en la ampliación del ámbito de actuación de las OCIAC para hacer efectiva la asistencia específica, prevista en la normativa vigente, para aquellas personas que no disponen de medios electrónicos necesarios. Esta acción consiste en que un funcionario habilitado, previo consentimiento expreso de la persona interesada, actúe en su nombre en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

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Educación implementa un protocolo para la gestión de conflictos en el entorno laboral de los centros educativos

Protocolo

Se trata de una guía orientativa dirigida a docentes y Personal de Administración y Servicios (PAS) como instrumento de ayuda para la mejora de la convivencia, la prevención de los posibles conflictos y su gestión positiva

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal, pone en marcha un protocolo para la gestión de conflictos en el entorno laboral de los centros educativos, que pretende responder a la necesidad de convivir en un entorno de paz así como sensibilizar sobre la importancia de la construcción de una convivencia positiva basada en la escucha activa y la aceptación de la propia responsabilidad. El protocolo ha sido sometido a audiencia y negociación con las organizaciones sindicales.

Este instrumento de prevención y gestión positiva de conflictos sirve como guía para facilitar la convivencia y el buen clima laboral de los centros educativos e incluye los mecanismos de resolución precoz para evitar la escalada de los conflictos y prevenir riesgos psicosociales.

El protocolo está a disposición de cualquier docente o Personal de Administración y Servicios (PAS) para la resolución de conflictos del entorno laboral mediante la petición de ayuda para su gestión. Se trata de un compendio de diferentes alternativas cuyo objetivo es ayudar en la resolución pacífica de los problemas derivados de las relaciones laborales, para poder afrontarlos como una oportunidad de crecimiento personal y de fortalecimiento en las relaciones interpersonales.

Las herramientas y procedimientos para la gestión positiva de los conflictos incluyen la “provención” (concepto que alude a la necesidad de proveerse de estrategias, habilidades y recursos que permitan afrontar y transformar los conflictos de manera no violenta para que pasen a representar una oportunidad de crecimiento personal y colectivo para todas las partes, la conciliación, la negociación, la mediación y otras prácticas restaurativas; además del arbitraje y del procedimiento disciplinario, cuando no haya sido posible un acuerdo mediado en el que “ambas partes resulten ganadoras”.

Este proceso se caracteriza por su positividad, al ser un procedimiento alternativo a la dinámica tradicional de confrontación de ganar o perder, ya que su finalidad primordial es transformar el conflicto en una situación más positiva, que cuida la relación entre los miembros de la comunidad educativa.

Entre las diferentes alternativas que se plantean, se potencia el uso de la mediación. En esta herramienta prevalece la cooperación, la persona mediadora colabora y guía a las partes, al tiempo que se facilita el entendimiento y la comunicación; la voluntariedad, dado que estas acuden de forma libre y pueden desistir en cualquier momento, así como la imparcialidad, porque la función de la persona mediadora es la de ayudar y asistir a las partes enfrentadas para que ellas mismas puedan entender lo que les está ocurriendo y cómo quieren solucionarlo, pero sin posicionarse a favor de una u otra.

De igual manera, la mediación pone en valor la independencia, porque las partes son las únicas que pueden decidir y tomar decisiones libres, sin la influencia de la persona que guía el proceso.

El documento puede consultarse a través del siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/protocolos/protocolo-gestion-conflictos-entorno-laboral/index.html

 

 

 

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El Gobierno finaliza la instalación del sistema de grabación Arconte-Áurea en todos los órganos judiciales canarios

El Gobierno finaliza la instalación del sistema de grabación Arconte-Áurea en todos los órganos judiciales canarios

La implantación ha tenido lugar en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de la Comunidad Autónoma de Canarias

Este sistema incluye nuevas funcionalidades, orientadas a facilitar el trabajo de los usuarios, con importantes avances, respecto al sistema anterior, y numerosas mejoras en materia de seguridad, aplicando la última tecnología disponible

Los profesionales pueden acceder, a través de la sede judicial electrónica, al servicio de descarga de vistas judiciales para obtener copia de las grabaciones de los juicios o vistas en los que hayan participado

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia destaca el esfuerzo para adaptarse al cambio y la colaboración de los funcionarios, especialmente el cuerpo auxiliar judicial

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha finalizado la instalación de todos los equipos de grabación del sistema Arconte-Áurea, en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La implantación de este sistema de grabación integrado y de última tecnología, en toda Canarias, por importe de 7.084.111,55 euros, procedentes de fondos europeos, resuelve los problemas derivados de la coexistencia de dos sistemas diferenciados, como ocurría hasta ahora, y permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, para la grabación, almacenamiento y gestión de toda la información generada en los actos judiciales, mejorando, al mismo tiempo, la calidad y seguridad de las grabaciones, al impedir que se produzcan fallos que puedan dar lugar a anulaciones de pruebas o repetición de juicios o vistas.

Por ejemplo, entre sus funcionalidades, Arconte-Áurea permite que el sistema compruebe automáticamente el funcionamiento del equipo. El propio dispositivo avisa si durante la grabación deja de entrar el sonido, para que no se produzca ningún error, y así evitar posibles anulaciones de pruebas.

Además, con Arconte-Áurea, los profesionales pueden descargar todas las grabaciones que se realizan de un procedimiento en el que hayan intervenido, accediendo al área privada de la sede judicial electrónica de Canarias, https://sede.justiciaencanarias.es/sede/. En un futuro próximo, con la plena implantación del expediente judicial electrónico y con el marco normativo preciso, los particulares no profesionales también podrán acceder y descargarse las grabaciones.

Dichas grabaciones cuentan con un marcado o índice de las intervenciones que tienen lugar durante el acto judicial, lo que facilita y agiliza su posterior búsqueda a los abogados, magistrados y demás personas si necesitaran acceder a esa documentación. El sistema también permite convertir a texto el contenido para permitir la búsqueda indexada por palabras, posicionamiento, subtitulado y otras funciones avanzadas.

La instalación de los equipos se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se llevó a cabo la sustitución del Arconte 1 por el Arconte-Áurea en todas las salas de vistas y polivalentes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. En la segunda, en el resto de órganos judiciales del archipiélago.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, este despliegue ha sido complejo técnicamente, no solo por su coincidencia con la pandemia, que incrementó las necesidades de dotación de sistemas de grabación y de videoconferencias, sino por el cumplimiento de la normativa Covid-19. Por todo ello, la sustitución de un sistema por otro ha sido un proceso arduo, en el que se ha intentado ocasionar la menor perturbación al funcionamiento de la Administración de Justicia.

La sustitución ha llevado aparejada la formación de los funcionarios de esta Administración, que han hecho un esfuerzo para adaptarse al cambio, especialmente el cuerpo de auxilio judicial, lo que ha querido remarcar Ceballos, quien ha destacado que gracias a su colaboración se han producido pocas incidencias.

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La Fundación Aon concede la Distinción 2021 al Pevolca por su ejemplar actuación en el volcán de Cumbre Vieja

La Fundación Aon concede la Distinción 2021 al Pevolca por su ejemplar actuación en el volcán de Cumbre Vieja

El Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España otorga este reconocimiento al Comité Científico del Pevolca por ser ejemplo de actuación unitaria y gestión colectiva frente a la crisis sismo-volcánica en la isla de La Palma

El jurado resalta la respuesta exitosa a la erupción, ejecutando planes de prevención, evacuación y albergue u obras de emergencia gracias a sus estudios y control del volcán

La placa conmemorativa será recogida, a petición de la Fundación Aon, por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en su calidad de director del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias, este miércoles en Madrid

El Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España ha otorgado su Distinción 2021 al Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), cuya gestión corresponde a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, por ser ejemplo de actuación unitaria y gestión colectiva frente a la crisis sismo-volcánica en la isla de La Palma.

El Comité Científico del Pevolca, compuesto por representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Agencia Española de Meteorología (Aemet), la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), al que se sumaron otros participantes invitados a muchas de sus sesiones, realizó el seguimiento y valoración permanente de la situación de la crisis y de las erupciones, que se sucedieron entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021, para conocer los efectos de la emergencia sobre la población afectada y los daños medioambientales, así como para determinar las medidas sanitarias y logísticas oportunas.

En el acta del jurado, se resalta que “gracias a sus estudios y control del volcán, se pudo ofrecer una respuesta exitosa a la erupción, ejecutando planes de prevención, evacuación y albergue u obras de emergencia, como la construcción de carreteras, un embarcadero, reposición de líneas eléctricas, puesta en marcha de desaladoras, entre otras muchas acciones”.

Con este galardón, cuya placa conmemorativa será recogida, a petición de la Fundación Aon, por Julio Pérez, en su calidad de director del Pevolca, este miércoles en Madrid, aprovechando un viaje del consejero, el Observatorio de Catástrofes ha querido reconocer la actuación ejemplar, la contribución relevante de los valores profesionales de organizaciones, instituciones, empresas o profesionales, y su dedicación a los riesgos catastróficos en el ámbito nacional. Este reconocimiento se concede anualmente desde el año 2016 por iniciativa del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España, siendo otorgado en años anteriores, entre otros, a los profesionales sanitarios, a la Unidad Militar de Emergencias (UME) o al Servicio de Emergencias de Cruz Roja Española.

El jurado encargado de fallar la entrega de la Distinción 2021 ha estado formado por Pedro Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España y del jurado; Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA; Flavia Rodríguez-Ponga, directora general del Consorcio de Compensación de Seguros; Juan Carlos López Porcel, presidente de AGERS; Gonzalo Iturmendi, secretario general de AGERS; Leonardo Marcos, director general de Protección Civil y Emergencias en España; Íñigo Vila, director del departamento de Emergencias de Cruz Roja Española; Jorge Serra Llopart, teniente coronel de la UME; Rafael Santos, presidenta del Instituto Español de Resiliencia; Mercedes Fernández, directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Raquel Caro Carretero, profesora del departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI); Marcos Borges, catedrático de la Escuela de Ingeniería Tecnun de la Universidad de Navarra; Alfonso Valera, CEO de Aon Benfield Iberia; y Jesús Martínez de Rioja, coordinador del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon.

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