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Dependencia reactiva las valoraciones a domicilio con un estricto protocolo de seguridad

“Somos conscientes de vulnerabilidad de la población a la que se va a visitar, por eso, somos estrictos tanto en las medidas de autoprotección del equipo que valora como de las personas solicitantes”, asegura la consejera del área, Noemí Santana

Las valoraciones se reanudarán desde mañana 2 de junio y al personal se le ha realizado test de diagnóstico de COVID-19

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, ha aprobado un protocolo conjuntamente con Sanidad diseñado para garantizar la seguridad tanto para el solicitante de reconocimiento de la situación de Dependencia como del personal valorador que realiza las visitas a domicilio. “Es prioridad de este Gobierno asegurar que tanto personas usuarias como valoradoras cuenten con la protección necesaria frente al Covid-19, especialmente en un sector de población tan vulnerable al virus como es la población dependiente”, aseguró la consejera del área, Noemí Santana.

Este medida afecta a las 44 valoradoras y trabajadoras sociales, 22 por provincia, que pueden desde mañana martes 2 de junio retomar la actividad que se paralizó hace 11 semanas debido a la situación de estado de alarma sanitaria. Las valoraciones comenzarán por La Gomera mañana martes, 2 de junio, mientras que en el resto de las Islas, será a partir del viernes, 5 de junio. El personal compatibilizará las valoraciones con el teletrabajo ya que muchas de las valoradoras tienen cargas familiares y, por tanto, para poder conciliar se han establecido turnos de trabajo que permita compatibilizar la reanudación de las visitas, que necesariamente deben ser presenciales, con la conciliación familiar.

El protocolo diseñado establece como medida preventiva la realización de los test de diagnóstico de COVID-19 al personal que hace las visitas domiciliarias. Así mismo, las valoradoras deberán realizar una autovigilancia cuidadosa de síntomas sospechosos dadas las características de vulnerabilidad de la población visitada.

Según explica el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, el protocolo concreta el conjunto de medidas que el personal valorador debe de cumplir al acudir al domicilio de los solicitantes del reconocimiento de la situación de Dependencia para la entrevista con la persona solicitante y/o con la persona cuidadora.

“El trabajo de este personal consiste en acceder a todas las estancias, comunes y no comunes, de la vivienda para la observación y aplicación del baremo de valoración para el reconocimiento de la situación de dependencia y para la elaboración del informe social. Y hay que tener en cuenta, asimismo, que frecuentemente se encuentran en el domicilio, en el momento de la visita, no solo la persona solicitante y su cuidador, sino otras personas del núcleo familiar, por tanto, es necesario definir un conjunto de medidas para que el personal pueda realizar el baremo de valoración de dependencia o el informe social, en un espacio con las garantías de protección”.

El personal valorador deberá contar con un equipo de protección que incluya la utilización de mascarilla higiénica para evitar contaminar el entorno y pantalla facial para proteger el rostro, además, deberá guardar la norma del mantenimiento de la distancia física de 2 metros siempre que sea posible, así como haber realizado higiene de manos.

En el hogar de la persona que se va a valorar, en el momento de concertar la cita para la visita a domicilio, se indicará a los interesados los requisitos que se deben cumplir en la medida de lo posible, como son ventilación del hogar, habilitación de un espacio de trabajo desinfectado donde poder ubicar el portátil y desarrollar la entrevista, mantenimiento de la distancia de 2 metros el mayor tiempo que resulte posible y que esté presente durante la entrevista solo la persona solicitante, su cuidador/a, así como el uso obligatorio de mascarillas por parte de la persona solicitante y su cuidador/a, y del resto de personas que se encuentren en el domicilio.

“Hay que tener en cuenta, indicó Montero, que el técnico valorador invierte una media de una hora u hora y media en realizar su trabajo y la mayoría de los solicitantes son de edad, muchos con de patologías previas, de ahí la importancia de extremar las medidas de protección en la atención con este colectivo de población tan sensible”.

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Más de 1.500 personas renovarán de forma automática los grados de discapacidad

Noemí Santana: “Ante esta situación de crisis sanitaria y la paralización de los trámites, hemos optado por la renovación automática por un plazo de un año con el fin de garantizar que las personas con discapacidad no vean afectados su derechos”

“Conscientes de la preocupación de las más de 1.500 personas tienen pendientes de renovar sus grados de discapacidad, y que ya algunas no han podido hacerlo por el actual estado de alarma, hemos logrado que se realice de forma automática por un año”, ha anunciado la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en relación a la Orden por la que se autorizan las prórrogas automáticas de los plazos de vencimiento de la revisión del grado de discapacidad reconocido con carácter temporal y revisable, publicada hoy martes, 12 de mayo, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Esta renovación afecta a las solicitudes que estaban pendientes desde el 14 de marzo y a las que correspondan hasta el 31 de diciembre. El grado de discapacidad quedará renovado por 12 meses desde la fecha de vencimiento.

El reconocimiento de un grado de discapacidad supone para la persona beneficiaria el acceso a pensiones no contributivas de discapacidad, o bien, la mejora de otras prestaciones como la familiar por hijo a cargo que concede la Seguridad Social, el acceso a la tarjeta de aparcamiento, a determinados subvenciones o deducciones fiscales concretas. “Ante esta situación de crisis sanitaria y la paralización de los trámites, hemos optado por la renovación automática por un plazo de un año con el fin de garantizar que las personas con discapacidad no vean afectados su derechos”, aseguró la consejera de Derechos Sociales.

La situación de alarma sanitaria generó el pasado mes de marzo el cierre de las oficinas de atención presencial y la imposibilidad de atender las solicitudes que se pudieran presentar, lo que acarreó dificultades para resolver los expedientes de renovación y de revisión de todos aquellos expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad, así como los procedimientos pendientes de resolución. Con esta orden, la dirección general de Dependencia y Discapacidad, que dirige Miguel Montero, soluciona el problema de estas 1.500 personas que estaban a la espera de una respuesta de la Administración.

La prórroga de doce meses se extiende a las tarjetas de discapacidad de estacionamiento de carácter temporal, reguladas por el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

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Unanimidad entre Gobierno y Cabildos para ampliar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, mantuvo hoy una reunión de trabajo con los siete Cabildos insulares para analizar del actual Plan

Noemí Santana afirmó que las inversiones que se realicen en el futuro deben priorizar las que cubran necesidades sociales

Unanimidad entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos Insulares para ampliar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Una ampliación que afectaría tanto a los plazos de ejecución como a nivel presupuestario y con la que todas las administraciones se mostraron a favor. Las corporaciones insulares, de hecho, se comprometieron a llevar este asunto a la próxima reunión de la Federación Canaria de Islas (FECAI).

“Ante la situación provocada por la alerta sanitaria, desde Derechos Sociales y en coordinación con los siete Cabildos insulares, ya estamos trabajando en el futuro de las infraestructuras sociosanitarias de las Islas”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la reunión celebrada con los siete Cabildos insulares para analizar la situación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias y valorar futuras acciones de mejora del mismo. En encuentro también contó con la presencia del director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero.

“Esta emergencia sanitaria nos ha dejado la experiencia de que es absolutamente necesario tener unos centros de calidad. Es por ello importante que las inversiones que se hagan a partir de ahora prioricen las necesidades sociales, y esta es una de ellas”, afirmó la consejera de Derechos Sociales tras el encuentro. Sobre esta cuestión algunos Cabildos se mostraron a favor de incluir esta medida en el Pacto por la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, que se negocia en estos momentos con partidos políticos, corporaciones insulares y municipales, así como agentes sociales.

Entre otras cuestiones, durante el encuentro se puso sobre la mesa la necesidad de caminar hacia un modelo consensuado que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que pueda dar una atención más personalizada. Asimismo, también se valoró la posibilidad de aumentar las ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un auténtico sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales. “Para establecer este nuevo modelo debemos ir de la mano con los Cabildos y coordinarnos para avanzar y mejorar la atención a la ciudadanía”, aseguró la consejera de Derechos Sociales.

Situación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias

“La situación provocada por el Covid-19 ha traído consigo una paralización de las obras de construcción y mejora de la red de centros residenciales y centros de día contemplada en el II Plan de Infraestructuras sociosanitarias, una situación que también ha provocado que tengamos que adoptar medidas como la ampliación de los plazos de ejecución de las mismas”, aseguró el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien indicó que el objetivo del Ejecutivo es llegar al ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores, lo que supone un déficit de plazas para Canarias en torno a las 7.000 plazas.

“Con este fin, desde el Ejecutivo contemplamos la ampliación de los plazos de ejecución así como de la ficha financiera, dando respuesta a las personas en situación de dependencia de nuestra comunidad y garantizar los cuidados adecuados para este sector vulnerable de la población”, aseguró.

Hay que recordar que el Ejecutivo canario ya acordó con los Cabildos en octubre del pasado año una prórroga y el reajuste de las anualidades y cuantías correspondientes fijadas en los acuerdos iniciales de los convenios suscritos con los Cabildos insulares para ampliar el plazo inicial de ejecución.

El II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias preveía una inversión global en el periodo 2017-2021 de 262.977.935 euros. De ese montante, el Gobierno de Canarias aporta 161.150.000 euros, y los cabildos, 101.827.935. Además, contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

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