El Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado hoy aprobó la distribución de fondos del nivel acordado para Canarias que pasan de 11,8 millones en 2022 casi 25 millones de euros en 2023

Además, se incrementan los fondos de subvenciones a entidades del Tercer Sector vinculadas al IRPF de 11,2 a 15 millones de euros, 4,3 millones de euros más

Canarias contará este año con un total de 24.875.299,07 euros para la financiación del nivel acordado según se acordó hoy viernes, 12 de mayo, en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que se abordó el reparto de créditos para la financiación en 2023 del nivel acordado, contemplado en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Esto supone un incremento de más del doble con respecto a 2022 cuando Canarias recibió por este concepto la cantidad de 11,8 millones de euros, un aumento que ha sido posible gracias al esfuerzo y a la notable mejoría de los criterios en la atención a las personas en situación de dependencia llevada a cabo por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario.

Hay que subrayar, que del global de 24,8 millones de euros, un total de 3.931.838 euros irán destinados al Fondo de Impulso del Acuerdo de Acreditación de Centros y Servicios del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia.

La partida global del nivel acordado de este año asciende a un total de 783 millones de euros aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a distribuir entre todas las comunidades autónomas, lo que supone la continuación del trabajo realizado en la apuesta por la mejora de la atención a las personas en situación de dependencia.

Los fondos del nivel acordado se distribuyen siguiendo los criterios directamente ligados a la reducción de la lista de espera, mejora de la calidad de centros y servicios y mejoras que redundan en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sistema.

Incremento de las ayudas vinculadas al IRPF en 4,5 millones de euros

Por otra parte, se acordó en el seno del Consejo Territorial el incremento de las partidas destinadas a las subvenciones otorgadas a las entidades del tercer sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En este sentido, se fijó que a Canarias le corresponde este año en total de 15.557.106,97 euros, lo que supone un incremento con respecto a 2022 del 40,46%, cuando la partida para estas ayudas se estableció en 11.192.449,03 euros.

Estas subvenciones están dirigidas a cubrir la atención integral a las necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza o exclusión, cualquiera que sea su causa, así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual.

Estos fueron algunos de los asuntos abordados en el Consejo Territorial sobre también se trataron la distribución de fondos para los programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, el Plan de Desarrollo Gitano y recomendaciones sobre la protección de las personas mayores y vulnerables ante olas de calor.

Etiquetas

• Consejería de Derechos Sociales
• Dependencia y Discapacidad

Esta partida supone un incremento en la inversión para los recursos para la atención de personas en situación de dependencia y discapacidad, a cuya financiación se destina este año un global 288 millones de euros

El Gobierno de Canarias incrementa este año un global de 15.770.986,78 euros a los Convenios establecidos con los siete Cabildos insulares a través de los cuales se financian de los servicios para prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad.

Este incremento se suma a la aportación realizada por los Cabildos insulares a estos Convenios, que es de 8.504.432,79 euros, lo que supone un incremento global, entre ambas Administraciones, de 24.275.419,57euros.

Esta cifra se suma a los 264.190.174 millones que se invierten en la financiación de estos acuerdos para la atención de personas en situación de dependencia y discapacidad, por lo que la inversión en 2023 para la atención a personas en situación de dependencia en las Islas será de 288.465.593,57 euros.

El aumento de la financiación se lleva a cabo con el fin de dar respuesta a las entidades sociales que reivindican el incremento de los precios plaza. Se trata de tercera vez en esta legislatura que se suben estos precios con el fin de adecuarlos a la realidad de los costes de los servicios.

A este respecto, el Gobierno de Canarias y Cabildos se han comprometido a realizar una mesa técnica en donde se estudien los costes reales de todos los servicios y poder adecuarlos de manera definitiva, sin perjuicio del incremento anual como consecuencia de la aplicación de los distintos convenios colectivos del sector o del IPC.

Este aumento de la financiación de estos convenios se materializa en el aumento en un 10% en las dotaciones en los sectores de Mayores y Discapacidad, en los servicios de centro de atención residencial y diurna, y en 30% en los hogares funcionales, tanto en el sector de mayores como para la atención de personas con discapacidad. Además, se incrementa en un 20% los centros de día en el sector de Discapacidad.

En el ámbito de Salud Mental, se aumenta la financiación en un 15% en viviendas y pisos tutelados y un 25% los recursos residenciales y centros de rehabilitación psicosocial.

Etiquetas

• Consejería de Derechos Sociales
• Dependencia y Discapacidad

Como reflejan los datos del IMSERSO, diciembre es el mes con mayor número de personas con el derecho a la dependencia reconocido desde la implantación de la Ley en el año 2007 en las islas

Canarias consigue reconocer el Programa Individual de Atención (PIA) a 8.000 personas en el año 2022 con casi 10.000 prestaciones concedidas. Diciembre se ha convertido por tanto en el mes con mayor número de personas con el derecho a la dependencia reconocido en Canarias (1.233 personas) desde la implantación de la Ley en el año 2007, tal y como recogen los datos oficiales del IMSERSO.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, señala la “excelente gestión” que se ha realizado en este último año y explica que, en la actualidad, Canarias atiende a 34.698 personas dependientes, con un total de 38.666 prestaciones, tanto económicas como de servicios.

“Las prestaciones económicas han supuesto un avance muy importante en la atención a las personas dependientes en 2022 -destaca- llegándose a abonar 12 millones de euros en atrasos a personas que llevaban mas de 10 años esperando por el reconocimiento de su derecho, además, se ha triplicado el número de prestaciones de servicios, tales como ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y teleasistencias, han llegado a triplicarse en este año”.

Canarias tiene un doble procedimiento, el reconocimiento del grado y del PÍA. Así en la primera fase del procedimiento, el relativo al grado, en 2022 se reconoció a 5.200 personas frente a las cifras negativas del año 2018 en donde Canarias decreció en 31 personas. En cuanto a los PÍA, Canarias ha pasado de las 2.283 personas atendidas en 2018 a 7.911 en 2022 y de las 2.390 prestaciones en 2018 a 9.919 en 2022, cuatro veces más que en 2018.

La consejera asegura que el propósito para 2023 es “mantener el ritmo de personas atendidas, que se reconozca el derecho que tan injustamente se les ha arrebatado a las personas dependientes durante tantos años”.

“Nos queda mucho camino aún -asevera- pero estamos consiguiendo, gracias al enorme esfuerzo del personal de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, unos resultados muy satisfactorios”.

Etiquetas

• Consejería de Derechos Sociales
• Dependencia y Discapacidad
• Noemí Santana
• PIA

El galardón, otorgado por la Cátedra en Innovación en Servicios Sociales y Dependencia de la UNED, será entregado el próximo 7 de octubre en Madrid

El servicio, que se desarrolla en el marco del Consorcio interadministrativo puesto en marcha por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y los Ayuntamientos, cuenta con una ficha financiera que asciende a casi 47 millones de euros

El Servicio de Atención Integral al Dependiente de la Isla de Lanzarote (SAIDIL) ha sido reconocido por la Cátedra en Innovación en Servicios Sociales y Dependencia de la UNED con el premio de Buenas Prácticas en Atención Domiciliaria 2022, en reconocimiento por su proyecto integral de intervención con el colectivo de personas dependientes de la isla.

“Se trata de un proyecto de suma importancia para Canarias ya que integra a las tres Administraciones públicas (Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos) y reconoce la labor y el esfuerzo realizado de cara a mejora la atención a las personas dependientes de nuestra comunidad”, asegura la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, quien resalta que “hemos conseguido que en Lanzarote exista una base de datos que nos permite conocer la situación de todas las personas dependientes o no para poder darles el servicio que les corresponda”.

El galardón, que se concede a los proyectos de avances e innovaciones que se desarrollan desde el ámbito local dirigidos a la atención en sus domicilios a las personas más vulnerables, reconoce la puesta en marcha de un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y Promoción a la Autonomía Insularizado, establecido en el marco de un Consorcio interadministrativo presentado el pasado mes de junio por la consejera regional de Derechos Sociales y la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo.

A través de esta organización especializada interadministrativa establecida entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y los Ayuntamientos. se asume la prestación de un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y Promoción a la Autonomía Insularizado, que permitirá mejora la cartera de servicios, basándose en la innovación y la gestión de recursos de forma escalonada, incluyendo servicios de telemedicina, domótica o teleasistencia avanzada en las viviendas.

Para el desarrollo del Servicio se cuenta con una ficha financiera que asciende a casi 47 millones de euros para los años 2022, 2023 y 2024, de cuyo global el Ejecutivo canario aporta más de 37,6 millones de euros.

A través de este recurso se atiende a más de 800 personas en situación de dependencia entre ayuda a domicilio y promoción de la autonomía personal, lo que cubre toda la lista de espera de Lanzarote y La Graciosa, así como incrementar el servicio de teleasistencia hasta llegar casi a las 200 personas atendidas.

El acto institucional de reconocimiento tendrá lugar en el marco del Congreso Nacional de Atención Domiciliaria el próximo día viernes, 7 de Octubre, a las 11,30 horas, en el Centro Cultural La Serna, en Fuenlabrada (Madrid).

Etiquetas

• Consejería de Derechos Sociales
• Dependencia
• Dependencia y Discapacidad
• Noemí Santana

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote sientan las bases de un plan de trabajo común para la creación de más plazas sociosanitarias con las que atender las demandas de la ciudadanía lanzaroteña.

La consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Noemí Santana, mantuvo el miércoles, 5 de marzo, un encuentro virtual con la presidenta del Cabildo insular, María Dolores Corujo, en el que también participó la directora general de Dependencia y Discapacidad, Marta Arocha, en el que abordaron la necesidad de trazar una hoja de ruta común en la creación de más plazas para la atención de personas en situación de dependencia y de discapacidad en la isla.

Durante el encuentro, Santana expresó la vocación del Gobierno regional en este proceso de trabajo compartido con el cabildo lanzaroteño. «El compromiso es claro: antes de que acabe la legislatura, Lanzarote contará con más plazas sociosanitarias», manifestó.

Por su parte, la presidenta del Cabildo lanzaroteño planteó la posibilidad de incluir el Proyecto de Atención Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad de Lanzarote dentro del Convenio de Dependencia, con el fin de que sea cofinanciado por el Gobierno de Canarias. “Necesitamos imperiosamente un cambio en el modelo de cuidados, fortaleciendo el sistema de atención a la dependencia. Nuestro objetivo es promover un cambio de modelo de atención residencial, para hacer de los centros residenciales entornos amables, cercanos y próximos a la comunidad donde las personas mayores han vivido y quieren seguir viviendo”, aseguró.

Tanto la consejera regional de Derechos Sociales como la directora general de Dependencia han valorado positivamente las propuestas planteadas por el Cabildo de Lanzarote y se han comprometido a estudiar las opciones más eficaces para integrar el Proyecto de Atención Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad de Lanzarote dentro del Convenio de Dependencia.

Etiquetas

• Dependencia y Discapacidad
• Lanzarote
• Marta Arocha
• Noemí Santana

Se trata de proyectos financiados en el marco de la convocatoria de subvenciones para la ejecución de programas dirigidos a la prevención de la discapacidad y/o la dependencia

Como novedad de esta convocatoria, se incluyen los programas ejecutados por los Ayuntamientos y dirigidos a promocionar la accesibilidad y adecuación de espacios públicos no administrativos

Un total de 125 proyectos dirigidos a fomentar los derechos de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia han resultado con financiación en el marco de la convocatoria de subvenciones de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad cuya resolución definitiva ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) con fecha 9 de diciembre.

Del total de proyectos, 125, un total de 114 proyectos recibirán la totalidad de la cuantía solicitada y 11 lo recibirán de forma parcial. Para ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará un montante global que asciende a 4.950.987,45 euros.

“Como novedad de este año y el pasado, hay que subrayar la línea dirigida a la mejora de la accesibilidad y adecuación de los edificios y espacios públicos no administrativos de ámbito municipal como muestra del compromiso municipalista de esta Consejería ”, manifestó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien destacó que, en esta convocatoria, un total 16 proyectos presentados por doce Ayuntamientos de las Islas cuentan con financiación para su ejecución, entre ellos, los ayuntamientos de La Matanza de Acentejo, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo y Los Silos, en Tenerife; Valsequillo, Tejeda y Moya, en Gran Canaria; Valverde de El Hierro; Valle Gran Rey en La Gomera, y Santa Cruz de La Palma, Tijarafe y Tazacorte, en La Palma.

Además, aclaró que, como novedad, las entidades cuentan con un plazo de ejecución para los proyectos de abono anticipado hasta el 30 de junio de 2022.

A esta convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, han podido acogerse las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Canarias y cuyos proyectos contemplen la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia así como de sus familias y entorno.

De esta forma, a través de esta línea de subvenciones, se financian, entre otros proyectos, programas de atención temprana, de promoción de la autonomía personal, iniciativas dirigidas a logar hogares accesibles, proyectos de especialización ambulatoria y a domicilio para personas con discapacidad o la protección mediante la tutela para personas con discapacidad intelectual.

Cinco líneas de actuación

La convocatoria ha contado con un total de cinco líneas de líneas de actuación que contemplan la financiación de proyectos dirigidos a la prevención de la discapacidad y/o la dependencia e integración social (programas de Atención temprana; proyectos para el desarrollo de modelos experimentales para la atención centrada en la persona que se encuentra en situación de discapacidad y/o dependencia y la Integración social de personas con discapacidad y/o dependencia) y los dirigidos a la protección de las personas con discapacidad y/o dependencia, que incluye los programas de tutela o curaleta.

Además, se han incluido programas dirigidos al apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional (proyectos de Respiro familiar; Acciones de acompañamiento a la familia y a la persona cuidadora no profesional y Formación y apoyo para familiares y personas cuidadoras no profesionales) y a la promoción de la vida autónoma e independiente (servicios de intérprete de lengua de signos española, servicio de guía-intérprete de personas sordo /ciegas / deficientes audiovisuales y servicio de agente de desarrollo comunitario y Asistencia personal en el domicilio y en el entorno, y transporte de personas y comida a domicilio).

Como quinta línea, se encuentran los proyectos de mejora de los servicios, que contempla los proyectos de Adecuación de servicios y Adecuación de edificios públicos no administrativos.

Etiquetas

• Dependencia y Discapacidad
• Dirección general de Dependencia y Discapacidad
• Miguel Montero

Se prorroga por un periodo de un año los plazos de vencimiento de las revisiones de grados de discapacidad y de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad

El Gobierno de Canarias ha acordado la prórroga automática de los plazos de vencimiento de las revisiones del grado de discapacidad reconocido con carácter temporal y sujeto a revisión obligatoria, en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2021 hasta el final de los efectos de la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.

Según Orden de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) con fecha de 25 de mayo, dicha prórroga del vencimiento de las revisiones del grado de discapacidad será de doce meses a contar desde la fecha en que se produzcan los respectivos vencimientos y afectará a todas las personas con discapacidad reconocida con residencia en Canarias.

Dicha prórroga de doce meses se extenderá igualmente desde su vencimiento a las tarjetas de discapacidad de estacionamiento de carácter temporal que sean solicitadas por las personas en situación de movilidad reducida en relación con el uso y disfrute de los transportes privados.

Según se indica en la Orden, esta situación ha venido determinada por las restricciones de aforo para la atención de las personas usuarias de los Centros de Valoración debido a la situación de alerta sanitaria generada por el Covid-19.

Hay que recordar que el retraso en la tramitación de los expedientes de renovación puede implicar que queden menguadas las posibilidades de las personas con discapacidad de integración educativa, laboral o social, así como el acceso a pensiones no contributivas de discapacidad, a la prestación familiar por hijo a cargo, a la tarjeta de aparcamiento, a subvenciones, a deducciones fiscales, a orientación e integración laboral, al ingreso en centros especializados, etc.

Ante esta situación, y con el fin de evitar este perjuicio, la Consejería de Derechos Sociales acuerda prorrogar de oficio de los plazos de vencimiento de las revisiones del grado de discapacidad y las tarjetas de discapacidad de estacionamiento por el periodo de un año.

La presente Orden constituye, a su vez, la renovación de la Orden línea publicada en el BOC de 12 de mayo de 2020 con este mismo fin, ante la continuidad de las circunstancias que motivaron la misma.

Etiquetas

• Consejería de Derechos Sociales
• Dependencia y Discapacidad
• Miguel Montero

Según explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, un total de 34 entidades sociales reciben ayudas para afrontar los gastos extraordinarios generados por la actual situación de pandemia

Se trata de subvenciones dirigidas a programas de atención en las áreas de dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia y Juventud, ha concedido un total de 1.298.194,55 euros en ayudas directas distribuidas entre un total de 34 entidades del Tercer Sector que desarrollan programas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental.

“Cuando el pasado mes de abril preveíamos que la actual situación de crisis se iba a prolongar en el tiempo, desde la Dirección general nos pusimos en marcha para buscar fondos propios con los que ofrecer apoyo financiero a las entidades de Tercer Sector que desarrollan programas en las áreas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental”, explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien señaló que las ayudas ya han sido distribuidas entre todas las entidades sociales que solicitaron las mismas.

“El objetivo era ayudar a estas entidades a hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la actual situación generada por el Covid-19”, explicó Montero, quien matizó que “gracias a estas ayudas directas se ha permitido a las entidades sociales poder continuar prestando sus servicios y ampliar los mismos a los domicilios al tener los centros cerrados”.

De esta forma, a través de esta línea de ayudas se buscó reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.

Además, se incrementó y reforzó el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de los servicios, así como trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

Igualmente, se financió el reforzamiento de las plantillas de los servicios de atención a la dependencia y/o la discapacidad, en caso de que sea necesario realizar sustituciones o incrementos de plantilla por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla así como se apoyó la adquisición de medios de prevención (EPI).

Para la concesión de estas ayudas no procedía la concurrencia pública al entenderse la naturaleza específica para la que se solicita la subvención ante una situación especial provocada por la declaración del estado de alarma a partir del pasado 14 de marzo, que tiene unas consecuencias más allá de la duración del mismo, en el normal funcionamiento de los servicios de atención a las personas dependientes y/o con discapacidad así como la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades producidas.

Etiquetas

• Consejería de Derechos Sociales
• Dependencia y Discapacidad
• Miguel Montero
• Noemí Santana

“Durante el Estado de Alarma en casi toda España el sistema de atención a las personas en situación de dependencia colapsó, no solo por la Covid, sino también por cuestiones que se venían arrastrando de antes. Afortunadamente, podemos afirmar que en Canarias no fue así”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy en el Parlamento sobre la gestión en materia de dependencia durante la crisis del coronavirus.

En su intervención, Santana señaló que, según el informe ‘Impacto del Covid-19 en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)’ elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con datos a 31 de mayo de 2020, Canarias fue la tercera comunidad autónoma, detrás de la comunidad Valenciana y Baleares, en incrementar el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a mayo de 2019.

De hecho, según este informe, la cifra de personas que recibieron una prestación, tanto económica como en servicio, se incrementó en un 10,4%, 2.336 personas más, “lo que situó a las Islas como la tercera comunidad autónoma en incrementar el número de personas beneficiarias a pesar de la situación de alarma sanitaria”.

En relación a la evolución de personas con derecho a prestación pendientes de recibirla, la consejera destacó también la evolución positiva ya que Canarias pasó de contar con 9.040 a finales del año pasado a 7.562 actuales, lo que implica una reducción del 15,5%, “un dato que ha ido descendiendo a lo largo de este año”.

En cuanto a la evolución de las resoluciones de grado, Santana aclaró que Canarias ha alcanzado una cifra estable de 38.000. A este respecto, indicó que “desde luego, no hemos avanzado mucho, pero comparados con otras comunidades somos la cuarta en dicho ranking con un 5,4% de avance a pesar de encontrarnos en una situación en la que no podíamos ir a visitar a las casas debido al Estado de Alarma”.

Por su parte, en cuanto al número de solicitudes, Canarias, con más 55.000 solicitudes registradas, fue la tercera Comunidad Autónoma que más aumentó en número de solicitudes, “un dato que resulta de la incorporación de 5.200 solicitudes que no se habían convertido en expedientes”, aclaró la consejera quien resaltó que el hecho de incorporar estas solicitudes provenientes de la legislatura anterior y que hacen que los datos parezcan peores, “ya que contamos con más solicitudes y por tanto un menor porcentaje de gente con expediente resuelto respecto a las solicitudes”.

En la comisión, Santana enfatizó que la situación generada por la pandemia “ha puesto de relieve la necesidad de contar con mayor número de infraestructuras sociosanitarias”. A este respecto, aclaró que se ha  trabajado mano a mano con los Cabildos insulares con el fin de avanzar hacia un modelo que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que puedan dar una atención más personalizada, así como valorar el aumento de ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales, “que es algo que me consta que también se está trabajando desde el Estado”.

Ante todo lo expuesto, la consejera aclaró que “desde luego, falta muchísimo para tener en Canarias una situación de la dependencia como para presumir, pero según los datos estamos en el buen camino. Y, por  primera vez en mucho tiempo, nuestro Archipiélago destaca respecto a otras comunidades autónomas por lograr una serie de pequeños avances que para Canarias son muy grandes”.

Etiquetas

• Dependencia
• Dependencia y Discapacidad
• Derechos Sociales
• Gobierno de Canarias
• Noemí Santana

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, mantuvo hoy una reunión de trabajo con los siete Cabildos insulares para analizar del actual Plan

Noemí Santana afirmó que las inversiones que se realicen en el futuro deben priorizar las que cubran necesidades sociales

Unanimidad entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos Insulares para ampliar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Una ampliación que afectaría tanto a los plazos de ejecución como a nivel presupuestario y con la que todas las administraciones se mostraron a favor. Las corporaciones insulares, de hecho, se comprometieron a llevar este asunto a la próxima reunión de la Federación Canaria de Islas (FECAI).

“Ante la situación provocada por la alerta sanitaria, desde Derechos Sociales y en coordinación con los siete Cabildos insulares, ya estamos trabajando en el futuro de las infraestructuras sociosanitarias de las Islas”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la reunión celebrada con los siete Cabildos insulares para analizar la situación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias y valorar futuras acciones de mejora del mismo. En encuentro también contó con la presencia del director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero.

“Esta emergencia sanitaria nos ha dejado la experiencia de que es absolutamente necesario tener unos centros de calidad. Es por ello importante que las inversiones que se hagan a partir de ahora prioricen las necesidades sociales, y esta es una de ellas”, afirmó la consejera de Derechos Sociales tras el encuentro. Sobre esta cuestión algunos Cabildos se mostraron a favor de incluir esta medida en el Pacto por la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, que se negocia en estos momentos con partidos políticos, corporaciones insulares y municipales, así como agentes sociales.

Entre otras cuestiones, durante el encuentro se puso sobre la mesa la necesidad de caminar hacia un modelo consensuado que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que pueda dar una atención más personalizada. Asimismo, también se valoró la posibilidad de aumentar las ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un auténtico sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales. “Para establecer este nuevo modelo debemos ir de la mano con los Cabildos y coordinarnos para avanzar y mejorar la atención a la ciudadanía”, aseguró la consejera de Derechos Sociales.

Situación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias

“La situación provocada por el Covid-19 ha traído consigo una paralización de las obras de construcción y mejora de la red de centros residenciales y centros de día contemplada en el II Plan de Infraestructuras sociosanitarias, una situación que también ha provocado que tengamos que adoptar medidas como la ampliación de los plazos de ejecución de las mismas”, aseguró el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien indicó que el objetivo del Ejecutivo es llegar al ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores, lo que supone un déficit de plazas para Canarias en torno a las 7.000 plazas.

“Con este fin, desde el Ejecutivo contemplamos la ampliación de los plazos de ejecución así como de la ficha financiera, dando respuesta a las personas en situación de dependencia de nuestra comunidad y garantizar los cuidados adecuados para este sector vulnerable de la población”, aseguró.

Hay que recordar que el Ejecutivo canario ya acordó con los Cabildos en octubre del pasado año una prórroga y el reajuste de las anualidades y cuantías correspondientes fijadas en los acuerdos iniciales de los convenios suscritos con los Cabildos insulares para ampliar el plazo inicial de ejecución.

El II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias preveía una inversión global en el periodo 2017-2021 de 262.977.935 euros. De ese montante, el Gobierno de Canarias aporta 161.150.000 euros, y los cabildos, 101.827.935. Además, contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

Etiquetas

• Dependencia y Discapacidad
• Gobierno de Canarias
• II Plan Infraestructuras Sociosanitarias
• Miguel Montero
• Noemí Santana