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Las personas a las que se les venza el grado de discapacidad no tendrán que renovarlo

Se prorroga por un periodo de un año los plazos de vencimiento de las revisiones de grados de discapacidad y de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad

El Gobierno de Canarias ha acordado la prórroga automática de los plazos de vencimiento de las revisiones del grado de discapacidad reconocido con carácter temporal y sujeto a revisión obligatoria, en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2021 hasta el final de los efectos de la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.

Según Orden de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) con fecha de 25 de mayo, dicha prórroga del vencimiento de las revisiones del grado de discapacidad será de doce meses a contar desde la fecha en que se produzcan los respectivos vencimientos y afectará a todas las personas con discapacidad reconocida con residencia en Canarias.

Dicha prórroga de doce meses se extenderá igualmente desde su vencimiento a las tarjetas de discapacidad de estacionamiento de carácter temporal que sean solicitadas por las personas en situación de movilidad reducida en relación con el uso y disfrute de los transportes privados.

Según se indica en la Orden, esta situación ha venido determinada por las restricciones de aforo para la atención de las personas usuarias de los Centros de Valoración debido a la situación de alerta sanitaria generada por el Covid-19.

Hay que recordar que el retraso en la tramitación de los expedientes de renovación puede implicar que queden menguadas las posibilidades de las personas con discapacidad de integración educativa, laboral o social, así como el acceso a pensiones no contributivas de discapacidad, a la prestación familiar por hijo a cargo, a la tarjeta de aparcamiento, a subvenciones, a deducciones fiscales, a orientación e integración laboral, al ingreso en centros especializados, etc.

Ante esta situación, y con el fin de evitar este perjuicio, la Consejería de Derechos Sociales acuerda prorrogar de oficio de los plazos de vencimiento de las revisiones del grado de discapacidad y las tarjetas de discapacidad de estacionamiento por el periodo de un año.

La presente Orden constituye, a su vez, la renovación de la Orden línea publicada en el BOC de 12 de mayo de 2020 con este mismo fin, ante la continuidad de las circunstancias que motivaron la misma.

 

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Dependencia concede subvenciones a entidades sociales por 1,3 millones de euros para gastos derivados de la Covid

Según explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, un total de 34 entidades sociales reciben ayudas para afrontar los gastos extraordinarios generados por la actual situación de pandemia

Se trata de subvenciones dirigidas a programas de atención en las áreas de dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia y Juventud, ha concedido un total de 1.298.194,55 euros en ayudas directas distribuidas entre un total de 34 entidades del Tercer Sector que desarrollan programas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental.

“Cuando el pasado mes de abril preveíamos que la actual situación de crisis se iba a prolongar en el tiempo, desde la Dirección general nos pusimos en marcha para buscar fondos propios con los que ofrecer apoyo financiero a las entidades de Tercer Sector que desarrollan programas en las áreas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental”, explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien señaló que las ayudas ya han sido distribuidas entre todas las entidades sociales que solicitaron las mismas.

“El objetivo era ayudar a estas entidades a hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la actual situación generada por el Covid-19”, explicó Montero, quien matizó que “gracias a estas ayudas directas se ha permitido a las entidades sociales poder continuar prestando sus servicios y ampliar los mismos a los domicilios al tener los centros cerrados”.

De esta forma, a través de esta línea de ayudas se buscó reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.

Además, se incrementó y reforzó el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de los servicios, así como trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

Igualmente, se financió el reforzamiento de las plantillas de los servicios de atención a la dependencia y/o la discapacidad, en caso de que sea necesario realizar sustituciones o incrementos de plantilla por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla así como se apoyó la adquisición de medios de prevención (EPI).

Para la concesión de estas ayudas no procedía la concurrencia pública al entenderse la naturaleza específica para la que se solicita la subvención ante una situación especial provocada por la declaración del estado de alarma a partir del pasado 14 de marzo, que tiene unas consecuencias más allá de la duración del mismo, en el normal funcionamiento de los servicios de atención a las personas dependientes y/o con discapacidad así como la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades producidas.

 

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Santana destaca los avances en la atención a la dependencia en Canarias a pesar del Covid-19

“Durante el Estado de Alarma en casi toda España el sistema de atención a las personas en situación de dependencia colapsó, no solo por la Covid, sino también por cuestiones que se venían arrastrando de antes. Afortunadamente, podemos afirmar que en Canarias no fue así”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy en el Parlamento sobre la gestión en materia de dependencia durante la crisis del coronavirus.

En su intervención, Santana señaló que, según el informe ‘Impacto del Covid-19 en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)’ elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con datos a 31 de mayo de 2020, Canarias fue la tercera comunidad autónoma, detrás de la comunidad Valenciana y Baleares, en incrementar el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a mayo de 2019.

De hecho, según este informe, la cifra de personas que recibieron una prestación, tanto económica como en servicio, se incrementó en un 10,4%, 2.336 personas más, “lo que situó a las Islas como la tercera comunidad autónoma en incrementar el número de personas beneficiarias a pesar de la situación de alarma sanitaria”.

En relación a la evolución de personas con derecho a prestación pendientes de recibirla, la consejera destacó también la evolución positiva ya que Canarias pasó de contar con 9.040 a finales del año pasado a 7.562 actuales, lo que implica una reducción del 15,5%, “un dato que ha ido descendiendo a lo largo de este año”.

En cuanto a la evolución de las resoluciones de grado, Santana aclaró que Canarias ha alcanzado una cifra estable de 38.000. A este respecto, indicó que “desde luego, no hemos avanzado mucho, pero comparados con otras comunidades somos la cuarta en dicho ranking con un 5,4% de avance a pesar de encontrarnos en una situación en la que no podíamos ir a visitar a las casas debido al Estado de Alarma”.

Por su parte, en cuanto al número de solicitudes, Canarias, con más 55.000 solicitudes registradas, fue la tercera Comunidad Autónoma que más aumentó en número de solicitudes, “un dato que resulta de la incorporación de 5.200 solicitudes que no se habían convertido en expedientes”, aclaró la consejera quien resaltó que el hecho de incorporar estas solicitudes provenientes de la legislatura anterior y que hacen que los datos parezcan peores, “ya que contamos con más solicitudes y por tanto un menor porcentaje de gente con expediente resuelto respecto a las solicitudes”.

En la comisión, Santana enfatizó que la situación generada por la pandemia “ha puesto de relieve la necesidad de contar con mayor número de infraestructuras sociosanitarias”. A este respecto, aclaró que se ha  trabajado mano a mano con los Cabildos insulares con el fin de avanzar hacia un modelo que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que puedan dar una atención más personalizada, así como valorar el aumento de ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales, “que es algo que me consta que también se está trabajando desde el Estado”.

 

Ante todo lo expuesto, la consejera aclaró que “desde luego, falta muchísimo para tener en Canarias una situación de la dependencia como para presumir, pero según los datos estamos en el buen camino. Y, por  primera vez en mucho tiempo, nuestro Archipiélago destaca respecto a otras comunidades autónomas por lograr una serie de pequeños avances que para Canarias son muy grandes”.

 

 

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Unanimidad entre Gobierno y Cabildos para ampliar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, mantuvo hoy una reunión de trabajo con los siete Cabildos insulares para analizar del actual Plan

Noemí Santana afirmó que las inversiones que se realicen en el futuro deben priorizar las que cubran necesidades sociales

Unanimidad entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos Insulares para ampliar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Una ampliación que afectaría tanto a los plazos de ejecución como a nivel presupuestario y con la que todas las administraciones se mostraron a favor. Las corporaciones insulares, de hecho, se comprometieron a llevar este asunto a la próxima reunión de la Federación Canaria de Islas (FECAI).

“Ante la situación provocada por la alerta sanitaria, desde Derechos Sociales y en coordinación con los siete Cabildos insulares, ya estamos trabajando en el futuro de las infraestructuras sociosanitarias de las Islas”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la reunión celebrada con los siete Cabildos insulares para analizar la situación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias y valorar futuras acciones de mejora del mismo. En encuentro también contó con la presencia del director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero.

“Esta emergencia sanitaria nos ha dejado la experiencia de que es absolutamente necesario tener unos centros de calidad. Es por ello importante que las inversiones que se hagan a partir de ahora prioricen las necesidades sociales, y esta es una de ellas”, afirmó la consejera de Derechos Sociales tras el encuentro. Sobre esta cuestión algunos Cabildos se mostraron a favor de incluir esta medida en el Pacto por la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, que se negocia en estos momentos con partidos políticos, corporaciones insulares y municipales, así como agentes sociales.

Entre otras cuestiones, durante el encuentro se puso sobre la mesa la necesidad de caminar hacia un modelo consensuado que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que pueda dar una atención más personalizada. Asimismo, también se valoró la posibilidad de aumentar las ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un auténtico sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales. “Para establecer este nuevo modelo debemos ir de la mano con los Cabildos y coordinarnos para avanzar y mejorar la atención a la ciudadanía”, aseguró la consejera de Derechos Sociales.

Situación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias

“La situación provocada por el Covid-19 ha traído consigo una paralización de las obras de construcción y mejora de la red de centros residenciales y centros de día contemplada en el II Plan de Infraestructuras sociosanitarias, una situación que también ha provocado que tengamos que adoptar medidas como la ampliación de los plazos de ejecución de las mismas”, aseguró el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien indicó que el objetivo del Ejecutivo es llegar al ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores, lo que supone un déficit de plazas para Canarias en torno a las 7.000 plazas.

“Con este fin, desde el Ejecutivo contemplamos la ampliación de los plazos de ejecución así como de la ficha financiera, dando respuesta a las personas en situación de dependencia de nuestra comunidad y garantizar los cuidados adecuados para este sector vulnerable de la población”, aseguró.

Hay que recordar que el Ejecutivo canario ya acordó con los Cabildos en octubre del pasado año una prórroga y el reajuste de las anualidades y cuantías correspondientes fijadas en los acuerdos iniciales de los convenios suscritos con los Cabildos insulares para ampliar el plazo inicial de ejecución.

El II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias preveía una inversión global en el periodo 2017-2021 de 262.977.935 euros. De ese montante, el Gobierno de Canarias aporta 161.150.000 euros, y los cabildos, 101.827.935. Además, contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

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