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Madrid y Canarias comienzan a negociar en buena sintonía la legitimidad del complemento a la PNC

Candelaria Delgado

Candelaria Delgado ha informado de que se ha celebrado una reunión técnica en que se acordó que el Estado no planteará recurso de inconstitucionalidad

Canarias ha mantenido una reunión con el Estado para abordar la posibilidad anunciada de que el complemento a las pensiones no contributivas reflejado en el presupuesto del Gobierno del Archipiélago para este 2026 sea considerado inconstitucional. Para analizar la situación, el Estado propuso reuniones periódicas que llevaran al buen fin de la ayuda, que iban a disfrutar más de 40.000 familias. El argumento de Canarias es que se ha buscado la “única fórmula para conseguir ayudar a estas familias, sin que el complemento, que procede de nuestros presupuestos, suponga que pierdan su derecho a la PNC por superar el límite máximo de percepciones”, informó la consejera.

En la primera reunión, técnica, el Estado se ha mostrado interesado en desbloquear la ayuda y, a falta de la concreción en un documento que plasme los acuerdos, y su ratificación legal, ha mostrado su intención de no presentar recurso de inconstitucionalidad sobre el suplemento canario.

Bienestar Social, por su parte, continúa con la tramitación del primer complemento, de doscientos euros, para pagar al final del mes de mayo, de forma separada a la nómina mensual, que es competencia estatal.

El complemento de 400 euros anuales a la PNC se pensó como respuesta a una necesidad de complementar las rentas más bajas, a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, debido a la lentitud del Estado en cumplir el mandato del Congreso de modificar la Ley de la Seguridad Social.

“Desde hace dos años”, explicó la consejera en comisión parlamentaria el pasado mes de noviembre, “el Gobierno de Canarias ha trabajado con mucha cautela. Sabemos que el límite de ingresos para acceder y mantener una PNC es muy estricto y que, si se supera, la persona puede perder la prestación. Para evitar ese efecto perverso impulsamos un debate en el Congreso de los Diputados para que el Estado reconociera de forma expresa la compatibilidad entre los complementos autonómicos y las pensiones no contributivas del sistema nacional. Esa iniciativa salió adelante y mandató a la Seguridad Social a articular una regulación que impida que una ayuda autonómica descuente o bloquee la pensión”, recordó. Delgado continuó explicando que “en paralelo, hemos trasladado al Estado una propuesta muy concreta: modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo de un complemento a las PNC en Canarias, como región ultraperiférica, sin que compute como ingreso; e incluir entre las rentas exentas de cómputo los complementos que puedan establecer las comunidades autónomas”.

“En nuestra comunidad, según los datos del Imserso, en Canarias hay 25.621 pensiones no contributivas de jubilación y 16.197 de incapacidad, lo que hace un total de 41.818 personas que viven con ingresos muy ajustados en un territorio insular, con costes de vida más altos y más dificultades de acceso a servicios”.

Canarias es la quinta comunidad autónoma de España en número absoluto de PNC, pese a ser una comunidad de tamaño demográfico medio, lo que da una idea del peso que estas prestaciones tienen en nuestra estructura social y del impacto que tiene cualquier mejora que podamos impulsar.

“Nuestra sorpresa fue la carta del Gobierno de España en la que se nos anunciaba la posible inconstitucionalidad de esta medida y su intención de bloquear este complemento para las personas más vulnerables de Canarias”, explicó.

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Bienestar Social publica los requisitos para el cobro del complemento de las pensiones no contributivas

La medida, recogida en el BOC, contempla el abono de 400 euros a los pensionistas, fraccionado en dos ingresos que se harán efectivos en los próximos meses de mayo y noviembre

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy (martes, 14 de abril) los requisitos para el cobro del complemento de las prestaciones no contributivas, aprobada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno autónomo, que se hará efectivo para aquellas personas que tengan reconocida una pensión de este tipo. Entre ellos se incluye que residan en la comunidad autónoma y que se encuentren de alta en las nóminas de mayo y noviembre de 2026 como perceptores de las mismas.

La medida contempla una cuantía de 400 euros para dicho complemento, que se fraccionará en dos abonos de 200 euros cada uno, que se harán efectivos en los próximos meses de mayo y noviembre.

No tendrán derecho al cobro del complemento las personas que estén en situación de suspensión, pendiente de trámite de reconocimiento, extinción o baja por traslado a otra comunidad.

El procedimiento de dicho pago se iniciará de oficio por parte de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, al igual que el abono del complemento económico.

La aprobación de esta medida se enmarca dentro de la apuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias por desarrollar actuaciones que ayuden a mejorar las condiciones de la población residente en el Archipiélago y por implementar políticas sociales que se adapten a las necesidades de la realidad social y cubran las deficiencias actuales.

Actualmente existen en Canarias en torno a 42.000 personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social, ya sea de jubilación o incapacidad, que oscilan entre los 569,32 euros y los 624,84 euros mensuales de media, respectivamente.

Dichas cuantías se encuentran por debajo de los 725 euros de ingresos mensuales que el Indicador Arope de 2024, que mide el riesgo pobreza, establece como índice para considerar a una persona en riesgo pobreza, lo que coloca a este colectivo en situación de pobreza severa o en riesgo de estarlo.

Desde el Gobierno de Canarias se están intensificando las medidas para hacer frente a esta situación a través de acciones como el citado complemento, con el que se pretende mejorar la cohesión social y promover la plena inclusión en la sociedad de las personas residentes en Canarias.

 

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Más de 57.400 familias vulnerables se beneficiarán de la ayuda extraordinaria de 250 euros

Las personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas, PCI y Fondos de Ayuda Social percibirán la ayuda este mes, informó hoy en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana

Los perceptores de la PCI de los municipios palmeros de Los Llanos, El Paso y Tazacorte contarán este mes con una ayuda con la misma cuantía que perciben

Un total de 52.457 familias canarias que perciben Pensiones No Contributivas, Fondos de Ayuda Social o una Prestación Canaria de Inserción, recibirán este mes la ayuda extraordinaria impulsada por Derechos Sociales, según informó hoy la consejera del área, Noemí Santana, en sede parlamentaria.

Santana explicó ante la Cámara el decreto-ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción, para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19, así como un suplemento extraordinario a las personas titulares de la PCI residentes en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos social, agrario y de uso del suelo.

En su intervención, la consejera de Derechos Sociales recordó que esta ayuda extraordinaria, cuya cuantía es de 250 euros y que se otorga a las familias en situación de vulneración social por segundo año consecutivo con el fin de paliar los gastos originados por el Covid-19, supone una inversión por parte de su departamento que asciende a un global de 13.207.468,62 euros.

Asimismo, el citado Decreto Ley contempla otras medidas de carácter urgentes aprobadas para atender a la población afectada por la erupción volcánica de La Palma. Se trata, por un lado, del suplemento extraordinario a las 431 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) residentes en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Para hacer frente a este abono extraordinario, Derechos Sociales destinará una partida de 200.000 euros.

“Esta ayuda será en la misma cuantía que vienen cobrando en su PCI, incluyendo el complemento por menor a cargo”, afirmó Santana quien explicó que las medidas aprobadas en el marco de este Decreto-ley alcanzará a unas 900 personas, entre perceptores de PCI, PNC, Fondo de Asistencia Social y Garantía de Ingresos Mínimos.

El Decreto-ley incluye, además, un conjunto de medidas dirigidas a simplificar la solicitud de las ayudas del sector platanero, “permitiendo que se haga todo el procedimiento a través de la organización de productores, por medio de las seis cooperativas que existen en La Palma, de tal forma que, los 5.000 afectados del sector tendrán que inscribirse, siendo todos los trámites a través de dichas cooperativas”.

Por último, en materia de vivienda, el citado decreto contempla medidas que tienen como objeto la instalación de viviendas prefabricadas, que se instalarán en parcelas de titularidad pública, estableciéndose un nuevo uso del suelo que será temporal, con un límite de tiempo de no más allá de siete años.

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El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI

Serán beneficiarios de esta ayuda única de 250 euros los actuales perceptores de la PNC y la PCI, algo más de 50.700 personas

La ayuda se dará de oficio, sin tener que presentar solicitud, y se hará efectivo el pago antes del 15 de enero de 2021

 

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.

Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.

Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.

Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.

Perfil del beneficiario

Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

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