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El anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía inicia su trámite normativo tras el visto bueno del Gobierno

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un periodo de 12 meses, renovable mientras se mantengan las causas de concesión

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias, que regulará la futura Renta de Ciudadanía en el Archipiélago. Con este trámite, el anteproyecto inicia el proceso normativo establecido hasta su llegada al Parlamento para su debate y aprobación posterior, que se prevé sea para junio de 2021.

El anteproyecto de Ley contempla la condición de la Renta de Ciudadanía como una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social. La cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.

Además, se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social, y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en la nueva norma.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronada durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años (de manera continuada o interrumpida); acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años, y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributiva,  que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución

La norma contempla que, con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada podrá presentar su solicitud de manera telemática, pudiendo ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

Articulado del anteproyecto

El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El título preliminar contiene las previsiones generales de la norma, como su objeto, los principios básicos, el modelo de atención, las personas titulares y beneficiarias, la unidad de convivencia, las personas titulares y beneficiarias, vivienda o alojamiento, así como la definición de las situaciones de exclusión social protegidas, junto con el reconocimiento del derecho a la inclusión social, que se configura como el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad.

El capítulo I establece el concepto, la naturaleza y las características de la renta de ciudadanía y el capítulo II está dedicado a los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas.

El título II está dedicado al proceso de inclusión social y el título III, al régimen sancionador determinando las infracciones y su graduación, las sanciones que llevan consigo y el procedimiento a seguir en este régimen.

Por último, el título IV recoge el régimen competencial y la financiación de la renta de ciudadanía, que se hará íntegramente con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma.

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Derechos Sociales presenta el anteproyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias

Noemí Santana: “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, cumplimos con el Estatuto de Autonomía y cumplimos con la ciudadanía canaria”

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses y se mantendrá hasta que la situación de exclusión social persista

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha presentado este miércoles el anteproyecto de ley de la Renta de Ciudadanía Canarias que pasará la semana que viene a Consejo de Gobierno y, posteriormente, al Parlamento de Canarias para su tramitación. “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, cumplimos con el Estatuto de Autonomía y cumplimos con la ciudadanía canaria”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en la presentación ante los medios de comunicación del cuerpo normativo del anteproyecto de Ley que regulará la futura renta de ciudadanía en el Archipiélago.

“Lo que presentamos hoy es un borrador del anteproyecto de Ley que esperamos que entre en junio de 2021 en el Parlamento para su debate y aprobación posterior, con lo calculamos que las familias podrán contar con esta ayuda a partir del cuarto trimestre del próximo año”, aclaró Santana.

La consejera destacó dos aspectos importantes de la propuesta. Por un lado, que la prestación se mantendría mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social. Y por otro lado, las cuantías de la misma que se equiparan a las del Ingreso Mínimo Vital.

La renta de ciudadanía es una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible, que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social, y la cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias. Se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en el anteproyecto.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronamiento durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a algunos de los requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución

Con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada presentará su solicitud de manera telemática, podrán ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El texto, que salió a información pública el pasado 9 de noviembre, se puede consultar AQUI.

 

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El Gobierno canario lleva a la sociedad el debate sobre el modelo de la futura renta de ciudadanía

Gobierno de Canarias Renta Ciudadana

El presidente de Canarias,  Ángel Víctor Torres, inauguró este lunes unas jornadas que “nos ayudarán a debatir entre todas y todos el modelo de renta ciudadana que queremos para Canarias”

Para la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, “este proyecto no es solo de este gobierno, es de toda la sociedad canaria”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, inauguró este lunes las jornadas Redistribuye Canarias. Artículo 24: ¿qué Renta de la Ciudadanía queremos? Las jornadas, organizadas por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, se han iniciado en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde el presidente destacó que “este Gobierno ha hecho un importante esfuerzo para incrementar el presupuesto en materia social en un 12 por ciento para el próximo año, lo que supone el mayor aumento que se ha hecho nunca en materia social en Canarias”.

En su intervención, Ángel Víctor Torres valoró positivamente esta iniciativa impulsada por el equipo de la consejera Noemí Santana e indicó que estas jornadas “suponen reconocer que Canarias cuenta con un grave problema dado que el 36 por ciento de su población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o/y en riesgo de exclusión social”. El presidente añadió que Canarias tiene dos emergencias, “la emergencia climática, para la cual ya estamos actuando, y la emergencia social, a la que haremos frente a través de la ley de Renta Ciudadana, con la que contaremos en 2020, porque queremos una Canarias más justa, más solidaria, con menos desequilibrio social”.

Gobierno de Canarias Renta Ciudadana
Ángel Víctor Torres, en un instante de la inauguración de las jornadas.

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, afirmó que para revertir la dura realidad que afrontamos en las Islas “necesitamos reflexionar sobre cómo podemos diseñar un mejor futuro a partir de tres claves: el desarrollo real de los servicios públicos con mayor dotación presupuestaria y de recursos humanos; impulsar un sistema productivo nuevo e inclusivo que genere empleo en condiciones y con salarios más dignos, y concretar el desarrollo real del artículo 24 del estatuto y de la Ley de Servicios Sociales, herramienta indispensable para lograr una disminución real de la pobreza en nuestra comunidad”. La viceconsejera destacó que este proyecto no debe ser solo del actual Gobierno, sino “de toda la sociedad, incluyendo a la oposición, grupos parlamentarios, sindicatos, oenegés, tercer sector y la ciudadanía en general”.

En el acto de inauguración, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, se congratuló por la celebración de estas jornadas y aclaró que, en su opinión, es “absolutamente necesario que se ponga en marcha la renta ciudadana como instrumento para paliar la difícil situación de la ciudadanía canaria”.

El presidente del Consejo Social de la ULPGC, Jesús León Lima, subrayó la importancia de la colaboración establecida con la consejería de Derechos Sociales “para el trabajo en común en relación a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía de las Islas”.

Las jornadas, que tienen lugar los días 9 y 10 de diciembre en el paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tienen como fin dar a conocer las principios y objetivos el proyecto de ley regulador de la Renta Ciudadana, así como recoger sugerencias, observaciones y propuestas sobre la misma, y están abiertas a entidades del Tercer Sector, administraciones y ciudadanía, en general.

Mesa de debate

Tras la inauguración se celebró la primera mesa de debate bajo el título ‘La renta de ciudadanía como mecanismo de inclusión social y garantía de derechos’, que contó con la participación de Andrés Carbonero Martínez, director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra; Beatriz Artolazabal Albeniz, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; y Helena Ferrando Calatayud, secretaría Autonómica Atención Primaria y Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

Helena Ferrando Calatayud, secretaría Autonómica Atención Primaria y Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, hizo alusión a la interrelación de todos los sectores sociales, económicos, de sanidad y de empleo para el correcto funcionamiento del proyecto de renta ciudadana.

El director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra, Andrés Carbonero Martínez, expuso la experiencia desarrollada en Navarra en torno a la aplicación y regulación del derecho a la inclusión social.

Por su parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, explicó la importancia de las políticas activas de empleo en el desarrollo de los itinerarios de inserción social y de lucha contra la exclusión.

Programa 10 diciembre

Las jornadas, que tienen lugar en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los días 9 y 10 de diciembre, continuarán este martes, 10 de diciembre, con el siguiente programa:

  • Comienzo a las 9,00 horas, con la celebración de una mesa debate en torno a La realidad de la exclusión social en Canarias, a cargo de Noemí Hernández Rodríguez, técnica de análisis y denuncia del área de comunicación de Cáritas; Fernando Antonio Rodríguez García. EAPN Canarias. Informe AROPE; y Lorenzo Juan González Marrero, sociólogo responsable UTAP del Gobierno de Canarias, con la moderación de Luisa del Rosario, periodista de Canarias 7.
  • A las 10:30 y hasta la 12:00 horas, se celebra una mesa redonda bajo el título El inacabado estado del bienestar en Canarias, con participación de Koldobi Velasco Vázquez, profesora de Trabajo Social (ULPGC); y Antonio González Viétiez, economista, con la moderación de Cira Morote, periodista de La Provincia.
  • De 12:30 a 14:00 horas, se celebra una mesa redonda sobre Renta de ciudadanía e inclusión social, con la participación de Lluís Batlle Bastardas, coordinador operativo del proyecto B-MINCOME. Barcelona; Miguel Laparra Navarro, de la Universidad Pública de Navarra. ALTER Grupo de investigación; Ana Arriba González de Durana, de la Universidad Alcalá de Henares y Graciela Malgesini Rey, de EAPN España, moderada por Jennifer Jiménez, periodista de Canarias Ahora.
  • La jornada de tarde comienza a las 16:00 con el debate De la Prestación Canaria de Inserción a la Renta Ciudadana, con introducción por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, del proyecto de renta ciudadana en Canarias y posterior debate, moderado por el periodista Tomás Galván. La jornada será clausurada a las 18,00 horas.

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