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El Gobierno de Canarias garantiza la gratuidad del uso de las carreteras de interés general del Archipiélago

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda indica que las nuevas tasas para el transporte en la Red Estatal de Carreteras que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España no afectarán a las Islas

El Gobierno de Canarias ha garantizado hoy que los conductores que circulen por las carreteras de interés general del Archipiélago, consideradas como de alta capacidad y de titularidad de la Comunidad autónoma, no tendrán que hacer frente al pago de ninguna tasa a partir de 2024, tal y como prevé el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno del Estado ha enviado a la Comisión Europea. Este Plan incluye el pago de tasas por el uso de todas las vías de alta capacidad nacionales y regionales del territorio peninsular como forma de mitigar las emisiones contaminantes de los vehículos a motor. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario, que dirige Sebastián Franquis, aclara que el Archipiélago no está incluido dentro de la Red Estatal de Carreteras, que la Comunidad tiene plenas competencias en carreteras y que, además, la Ley de carreteras de Canarias garantiza la gratuidad de estas vías en toda la región.

La Ley 9/91 de Carreteras de Canarias, recoge expresamente en su artículo 22.2, dentro del Capítulo dedicado a la explotación de las mismas, lo siguiente: “Cada carretera será explotada directamente por su titular y su utilización será gratuita”. La Consejería considera que este argumento evidencia que no puede haber una imposición de tasas por el uso de las autovías y vías de alta capacidad de Canarias, ya que forman parte esencial de la red medular de conectividad y transporte de un territorio fragmentado como el del Archipiélago.

La Consejería es consciente que este debate no es nuevo, ya que el pago por el uso de las vías de alta capacidad está muy extendido en Europa como forma de mitigar los efectos contaminantes, un debate que ya fue planteado en legislaturas anteriores a la actual por el Gobierno del Estado. Sin embargo, la Consejería tiene constancia que en este preciso momento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no tiene una propuesta definida al respecto, incidiendo también en que estas tasas, en el caso de aprobarse, no se aplicarían con la coyuntura de crisis económica actual. En cualquier caso, desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se incide en que las vías de alta capacidad de las islas son imprescindibles para garantizar la conectividad de la ciudadanía y por tanto el Gobierno de Canarias descarta la posibilidad de instaurar este tipo de tasas.

Tasas aéreas

En cuanto a las tasas aéreas que recoge el citado Plan de Recuperación para corregir las emisiones contaminantes del sector de la aviación, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda exigirá en todo momento que se cumplan los preceptos recogidos en el REF, que en su artículo 4 recoge expresamente que, para ganar en competitividad, se aplicarán reducciones y bonificaciones sobre las tasas de los puertos y aeropuertos canarios con respecto a las que se aplican en el resto del territorio nacional.

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Canarias mantiene sus restricciones en pro del máximo control de la pandemia tras el fin del Estado de Alarma

Ángel Víctor Torres

Ángel Victor Torres insta a los canarios a seguir cumpliendo las medidas de prevención desde este sábado para continuar con el descenso de los contagios, que han dejado la Incidencia Acumulada a 7 días en 44,6, por debajo de los 50 que exigen varios países para viajar

El Consejo de Gobierno acuerda dar continuidad a los controles en los aeropuertos y puertos, al toque de queda y a la limitación de personas en las reuniones públicas y privadas, si bien remite su decisión al Tribunal Superior para su ratificación

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó esta tarde, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, el acuerdo adoptado por el que las Islas mantendrán las mismas restricciones para el control de la pandemia COVID que rigen ahora una vez que, este sábado, el Ejecutivo central levante previsiblemente el Estado de Alarma. Con esta decisión, y siguiendo las recomendaciones de los técnicos de Salud Pública y de su comité científico asesor, el Gobierno regional trata de seguir con las máximas medidas de seguridad y prevención desde este mismo sábado, siempre en función de la situación en cada isla y en coherencia con el sistema de semáforos implantado en el Archipiélago.

En una rueda de prensa en la sede de Presidencia, Torres informó de que también se ha decidido mantener los mismos niveles de ese semáforo que tenían hasta ahora las distintas islas. Así, Fuerteventura, La Gomera y La Palma permanecerán en el uno, mientras que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro seguirán en el nivel dos.

El presidente subrayó que la Incidencia Acumulada en el Archipiélago ha confirmado su línea descendente en los últimos días y hoy (jueves, 6 de mayo) se ha fijado en 44,6 casos por 100.000 habitantes a siete días y en 92,6, a 14 jornadas. Según remarcó, se trata de una buena noticia que debe seguir confirmándose, pero que deja ya a Canarias por debajo de los 50 casos en 7 días que pone como límite Alemania para permitir a sus ciudadanos viajar a un destino, lo que resulta clave para el principal sector económico del Archipiélago.

“Las cosas, por tanto, se están haciendo bien, las medidas han dado resultado y no debemos cambiar nada”, indicó Torres. Por eso, “y para seguir en ese descenso, se mantendrán las restricciones actuales y, en función de la pandemia en cada isla, se adaptarán en cada Consejo de Gobierno de los jueves”. De esta manera, Canarias mantendrá sus controles en los puertos y aeropuertos, el toque de queda, la limitación del número de personas en reuniones públicas o familiares, los cierres perimetrales, los límites en los actos públicos y en lugares de culto siempre en función de la situación en cada Isla.

Esta decisión se publicará este viernes en el Boletín Oficial de Canarias y se enviará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para su ratificación en lo que atañe a los derechos fundamentales, aunque el acuerdo estará vigente hasta esa decisión judicial. El presidente regional se mostró confiado en que, “por comparación y similitudes”, el Tribunal respalde la decisión porque, entre otras cosas, su Ejecutivo ha coordinado sus medidas con el Gobierno de Baleares, que el miércoles aprobó unas restricciones muy parecidas por su condición insular y hoy fueron apoyadas por el Tribunal Superior de esa comunidad. En caso contrario, y según anunció, lo recurrirán ante el Tribunal Supremo. Ambos gobiernos le han remitido al Ejecutivo central sus acuerdos y le han pedido que tenga en cuenta sus singularidades compartidas.

Torres se reunirá en la mañana de este viernes con representantes de la Federación Canaria de Cabildos (Fecai) y de municipios (Fecam) para explicar esta decisión, dado que también son competentes en materia sanitaria.

El presidente volvió a mostrarse como un ferviente defensor del certificado digital en la UE para garantizar una movilidad segura, de manera que, como ocurre ahora con los controles en Canarias, se pueda viajar a las Islas si se está vacunado totalmente y así se certifica, si se ha pasado la enfermedad o si se porta un test PCR negativo. “Así se lo hemos trasladado al Gobierno de España y también lo he dicho en la última conferencia de presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP)”. Además, Canarias seguirá costeando las pruebas para los residentes que regresen a las Islas y las personas que arriben sin esas condiciones deberán hacer cuarentena hasta demostrar que no padecen la COVID.

Datos de vacunación y mantenimiento del objetivo del 70% en este verano

Torres también detalló los datos de vacunación en las Islas, subrayó que ya hay 213.212 personas inmunizadas, que más de 460.000 cuentan con una dosis y que se mantiene el objetivo del 70% de vacunados en los meses de este verano.

Para el presidente, el Gobierno regional sigue con esta decisión la voluntad mayoritaria de la sociedad canaria de controlar al máximo la pandemia. “Para eso, hay que tomar ciertas restricciones y, ante cualquier repunte, que las autonomías podamos arbitrar nuestros propios mecanismos, como ya hicimos el 16 de marzo de 2020 para controlar los puertos y aeropuertos y la movilidad entre Islas, lo que resultó exitoso”.

Torres resaltó que, en los actuales niveles (1 y 2), “los canarios podemos movernos por todas las Islas sin problema” y que ni el Gobierno ni la sociedad isleña quieren toques de queda o restricciones, pero, para eso, aún hay que cumplir las normas, avanzar en la vacunación y mantener la buena tendencia actual.

El Gobierno avanza en la tramitación del anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía

Consejo de Gobierno de Canarias

El Consejo aprobó solicitar el preceptivo informe al Consejo Económico y Social antes de su envío al Parlamento

El Consejo del Gobierno ha aprobado remitir el anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias al Consejo Económico y Social y solicitar el preceptivo dictamen, paso previo para su posterior envío al Parlamento de Canarias y su debate y aprobación definitiva.

El anteproyecto de Ley regula la renta de ciudadanía en Canarias, que nace con vocación de ser una prestación de carácter universal para las personas y familias que lo necesiten. Además, se concibe como un derecho subjetivo, es decir, un derecho que corresponda a la persona mientras dure su situación, y que vaya de la mano con la inclusión social facilitando los mecanismos de inserción en la comunidad y en el mundo laboral, cuando esto sea posible.

Por lo tanto, a través de esta iniciativa legislativa, se reconoce el derecho a las personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla de acceder a una prestación social que permita cubrir las necesidades básicas y se regula el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Título preliminar, cuatro capítulos y 60 artículos

El anteproyecto de Ley que se remite al Consejo Económico y Social para el preceptivo informe previo a su tramitación parlamentaria se estructura en un título preliminar y cuatro títulos, distribuidos en 60 artículos, y además hay diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

El título preliminar contiene las previsiones generales de la norma, como su objeto, los principios básicos, el modelo de atención, las personas titulares y beneficiarias, la unidad de convivencia, vivienda o alojamiento, así como la definición de las situaciones de exclusión social protegidas, junto al reconocimiento del derecho a la inclusión social, que se configura como el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad.

Por su parte, el título I regula el derecho a las prestaciones económicas y se estructura en dos capítulos. El capítulo I se divide en siete secciones. La sección primera establece el concepto, la naturaleza y las características de la renta de ciudadanía. La sección segunda determina los requisitos de acceso, las modalidades y las incompatibilidades. La tercera desarrolla el importe, los estímulos al empleo, el devengo y el pago. La sección cuarta regula el procedimiento de la renta de ciudadanía.  La quinta establece el régimen de revisión, duración, modificación, renovación, suspensión y extinción. La sección sexta establece los derechos y las obligaciones de las personas beneficiarias y, por último, la sección séptima regula el ejercicio conjunto de los derechos a la prestación económica y a la inclusión social y/o inserción laboral.

El capítulo II está dedicado a los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas.

El título II está dedicado íntegramente al segundo de los derechos regulados por esta ley, es decir, al proceso de inclusión social. Se inicia con la determinación de los sujetos del mismo, destacando el carácter libre y voluntario que las personas tienen para su ejercicio.

El título III está dedicado al régimen sancionador, determinando las infracciones y su graduación, las sanciones que llevan consigo y el procedimiento a seguir en este régimen.

Por último, el título IV recoge el régimen competencial en el capítulo I, y la financiación de la renta de ciudadanía en el capítulo II. El primero establece la distribución de competencias entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y las administraciones municipales. El segundo establece la financiación de la renta y los convenios.

Y en la parte final de la ley, se recogen las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, incluyendo el calendario de implantación progresiva de la Ley.

El Gobierno aprueba el destino de 264.000 euros a proyectos turísticos en el norte de Gran Canaria y en Sardina

Las acciones se amparan en un convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy una inversión de 200.000 euros destinada al Centro Turístico de Sardina, en Gran Canaria, y otra de 64.000 euros para la valoración turística del Patrimonio Natural y Etnográfico del Norte de Gran Canaria. Ambas actuaciones están recogidas en el convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Comunidad Autónoma de Canarias en 2018, rubricado para la rehabilitación de infraestructuras y equipamientos en zonas turísticas.

El plazo de ejecución de dichas actuaciones era de tres años naturales a partir de la firma del convenio, término que se ha extendido hasta enero de 2022.

Al inicio del ejercicio 2019 se crearon las partidas presupuestarias específicas para amparar el crédito necesario para la ejecución de las actuaciones recogidas en el citado convenio. No obstante, en el pasado ejercicio 2020 no se habilitó la totalidad del presupuesto reflejado en el convenio para dichas actuaciones, consignándose únicamente el 50 % de dicho importe.

Durante estos dos últimos años, se han venido ejecutando las distintas actuaciones amparadas en el citado convenio; sin embargo, no se han incorporado al presupuesto de gastos 2021 de este departamento la totalidad de la cobertura necesaria para la ejecución de las actuaciones programadas en el citado acuerdo.

Esta circunstancia determina la generación de dichos créditos para dotar de la cobertura necesaria para su ejecución.

 

Autorizados 6,9 millones para mantenimiento de tecnología sanitaria en el Complejo Hospitalario de la Candelaria

Se utilizarán 4 millones para contratar, por 36 meses, el servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina, y 2,8 millones de euros, para licitar, por 48 meses, los de radiología

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy la realización de un gasto total de 6.927.573,69 euros para la contratación de los servicios de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina y de equipos de diagnóstico por imagen del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y sus centros dependientes.

El importe total autorizado incluye una primera autorización de gasto de 4.083.263,43 euros con destino a la licitación, mediante procedimiento abierto y armonizado de adjudicación y tramitación ordinaria, del servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina instalados en las dependencias del complejo hospitalario.

Estas dependencias están integradas por el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el Hospital del Tórax, el Centro de Atención Especializada Rumeu Hardisson, el Hospital del Sur, el Centro de Día de Salud Mental Salamanca, las Unidades de Salud Mental de Adeje y Ofra, la Unidad de Rehabilitación Pediátrica Centro Dr. Guigou y Unidad de Salud Mental Centro Dr. Guigou.

El servicio incluye las tareas de mantenimiento preventivo y técnico legal, mantenimiento correctivo y gestión técnico-administrativa, durante un período de 36 meses, con posibilidad de prórroga por otros veinticuatro.

Asimismo, El Gobierno ha autorizado un segundo gasto, por 2.844.310,26 euros, con destino a la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos de diagnóstico por imagen de la marca Philips, instalados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Hospital del Sur y Centros de Atención Especializada, mediante procedimiento negociado armonizado sin publicidad y tramitación ordinaria, por un período de 48 meses.

Estos equipos de diagnóstico por imagen se utilizan en servicios críticos como radiología, medicina nuclear y cardiología y precisan una cobertura de servicio técnico que contemple el más estricto cumplimiento de los protocolos de mantenimiento establecidos en la documentación técnica del fabricante, según exige el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

La exclusividad se justifica al no existir competencia por razones técnicas, puesto que la empresa Philips Ibérica es la única entidad capaz de garantizar los medios materiales y humanos necesarios para asegurar el correcto mantenimiento de los equipos de alta tecnología de esta marca.

El Consejo recibe información de las contrataciones de emergencia para adquirir más recursos frente a la COVID-19

Se han contratado reactivos de laboratorio, materiales de protección y medicamentos, instalado puestos de triaje y ‘boxes’ de aislamiento; también se han reforzado los servicios de vigilancia y el alojamiento de personas positivas

El Consejo de Gobierno fue informado de diversas contrataciones realizadas por el Servicio Canario de la Salud por el procedimiento de emergencia con la finalidad de suministrar rápidamente a los centros sanitarios de los recursos y materiales necesarios durante la crisis sanitaria por la COVID-19, así como para el refuerzo y mantenimiento de determinados servicios.

Las contrataciones de emergencia cuya dación de cuenta se ha efectuado hoy incluyen:

-Contrato de emergencia con la empresa Illumina Productos de España, por importe de 186.805,76 euros, para el suministro de reactivos con destino al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, designado laboratorio de referencia para la secuenciación del SARS-CoV-2 en Canarias e integrado en la Red de secuenciación nacional liderada por el Instituto de Salud Carlos III.

-Contratos de emergencia realizadas para el suministro de material sanitario y farmacológico para hacer frente a los casos de infección por coronavirus por parte de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro, por importe total de 173.247,95 euros.

-Contratos de emergencia para la adecuación de los exteriores de distintos centros sanitarios de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote para organizar puestos de triaje en los accesos y la puesta en funcionamiento de los nuevos boxes de aislamiento de la unidad de urgencias del Hospital Doctor José Molina Orosa, por un importe total de 49.864,85 euros.

-Contratos de emergencia realizados por la Dirección de Área de Tenerife y la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura para la continuidad del servicio de alojamiento denominado Arcas de Noé, destinado al aislamiento de personas positivas en COVID-19, asintomáticas o socialmente vulnerables, por importes de 41.692,84 y 43.507,84 euros, respectivamente.

-Contrato de emergencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con la UTE Ilunion Seguridad-Ilunion Outsourcing para el refuerzo del servicio de vigilancia de seguridad de la Residencia de la Tercera Edad de Vistabella (San Pancracio), en San Cristóbal de La Laguna, entre el 23 y 28 de noviembre de 2020, por importe de 2.196,21 euros. Esta contratación fue necesaria para custodiar las zonas habilitadas para el depósito de los residuos sanitarios generados por la intervención sanitaria de la residencia en la que se declaró un brote de coronavirus.

El Consejo de Gobierno inyecta 250.000 euros a los museos de la Red canaria

Los 27 espacios recibirán estas ayudas a proyectos, en 2021, para la dinamización de actividades, conservación, restauración, difusión y digitalización de sus colecciones

El Consejo de Gobierno de Canarias, ha aprobado dotar a la Red de Museos de Canarias, integrada por 27 centros, de una línea de ayudas cuyo objetivo principal es dar apoyo a nuestras instituciones culturales, garantes de la conservación y difusión del patrimonio de las islas.

Coincidiendo con la próxima celebración del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, el Consejo de Gobierno acordó inyectar a los espacios de la Red, tal y como sucedió en 2020, una partida de 250.000 euros. Con ello se pretende dinamizar el sector profesional del patrimonio y las empresas vinculadas al estudio, la gestión, la conservación, difusión y digitalización, conformadas por personas historiadoras, arqueólogas, conservadoras-restauradoras, diseñadoras gráficas, imprentas, técnicas de tecnologías digitales, etcétera.

Esta línea de ayudas a proyectos de modernización y conservación obtuvieron en el anterior ejercicio una excelente respuesta por parte de los centros, que aprovecharon el periodo de suspensión obligado de actividad a causa de las restricciones sanitarias, para refrescar sus espacios expositivos, actualizando por completo una sala, rediseñando el discurso expositivo o renovando el número de piezas expuestas, o bien reforzando sus unidades didácticas facilitando al público descubrir las riquezas de la exposición de sus colecciones a través de proyectos interactivos, de realidad aumentada y de ludificación de sus fondos. En total, casi 40 empresas se benefician de esta medida.

La Dirección General de Patrimonio Cultural tiene como objetivo transformar esta acción en un apoyo regular a los museos de la Red a través de una subvención directa nominal, de ahí esta nueva línea de ayudas en 2021.

En paralelo, la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural puso en marcha un nuevo recurso digital que permite realizar visitas virtuales guiadas a los museos de la Red canaria. Una herramienta dirigida, principalmente, a los centros educativos, que podrán realizar un recorrido por los espacios museísticos acompañados de una guía con la que podrán interactuar para aclarar cualquier duda o ampliar información.

La herramienta permite que los museos canarios puedan ser visitados desde cualquier lugar del mundo, sin tener que desplazarse, a través de una experiencia totalmente inmersiva e interactiva. Las personas usuarias pueden recorrer cada rincón del inmueble sin perder ningún tipo de detalle, pudiéndose detener en cada obra o escultura e incluso acceder a información adicional relacionada con ella.

Gracias a esta tecnología, podemos obtener incluso una vista en 3 dimensiones de todo el edificio, percibiendo la arquitectura de estos lugares emblemáticos, que nos va a servir el día de mañana para conocer el estado y conservación de los mismos, no solo de la estructura arquitectónica sino del contenido del museo.

La Red de Museos de Canarias fue creada en 2017, haciéndose eco de la voluntad expresa de profesionales de patrimonio reunido en noviembre de 2016 en La Orotava en el Iº Congreso de Museos de Canarias. Para participar de la Red de Museos de Canarias y ser considerado como tal centro, la institución debe cumplir los términos de la Ley de Patrimonio Cultural, tanto nacional como autonómica y estar dotado de los medios técnicos y humanos que permitan las funciones básicas de conservación, adquisición, documentación, investigación y difusión; disponer de un inventario y registros de los fondos y exhibición ordenada de éstos; un inmueble que garantice la visita pública y la condiciones de seguridad y conservación; tener un horario semanal mínimo de visita pública estable y visible; un plan de seguridad, plan museológico, dotación presupuestaria, estructura organizativa y personal cualificado; permitir la protección, y conservación de los bienes; fomentar el acceso público y promover iniciativas de difusión.

 

Aprobados nuevos títulos de Grado y Máster por las universidades Europea de Canarias y la del Atlántico Medio

El Consejo de Gobierno autoriza asimismo la supresión del Máster en Acceso a la Abogacía, al no contar con demanda suficiente

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 6 de mayo, la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención de diversos títulos oficiales de Grado por la Universidad Europea de Canarias, y de Máster, por la Universidad del Atlántico Medio.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la implantación de los estudios para obtener el Máster Universitario en Dirección de Eventos y Protocolo, en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, en Educación Bilingüe y en Tecnología Digital Aplicada a la Enseñanza por la Universidad del Atlántico Medio, y de graduado o graduada en Nutrición Humana y Dietética, y en Dirección y Gestión de Centros Educativos, por la Universidad Europea de Canarias.

Además, el Ejecutivo autonómico ha autorizado la supresión del título oficial de Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad del Atlántico Medio, que no se llegó a implantar por cuestiones económicas y debido a que dicha institución no contaba con un volumen mínimo de estudiantes del Grado en Derecho y no existía demanda de alumnado de otras universidades.

El Real Decreto 1393/2007 desarrolla la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, que se articulan en tres ciclos:

-De Grado, que tiene como finalidad la obtención por parte del alumnado de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

-De Máster, dirigido a la adquisición por el estudiantado de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.

-Y de Doctorado, que conduce a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.

La Ley Orgánica 6/2001 establece que para impartir enseñanzas oficiales y expedir títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional, las universidades privadas deberán poseer la autorización de la Comunidad Autónoma, obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el plan de estudios se ajusta a lo exigido por el Gobierno, y cursar la correspondiente solicitud.